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La militarización en las fronteras de El Salvador : solución al problema de la violencia (Artículo internacional)

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Academic year: 2017

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roles de la policía y el ejército puedan ser distorsionados. Pese a ello, estas funciones cambian vía decreto ejecutivo con la finalidad de combatir el contrabando, el tráfico de drogas, la trata de personas, u otros delitos no sólo en las fronteras sino en el territorio nacional.

El plan global antidelincuencia contempla un intenso movimiento hacia las fronteras salvadoreñas; configurando la idea del “enemigo externo” que influye negativamente en el Estado y en la sociedad, con la presencia y desarrollo del comercio ilegal, del crimen organizado, de la trata de personas, y del incremento de la delincuencia, etc.

Esta política pública incide directamente en la sociedad salvadoreña y no solamente ha implicado una acción represiva, sino que deja de lado una perspectiva tanto económica como política, que pueda revertir los problemas estructurales de la violencia desde diferentes perspectivas. Dichos problemas no deben restringirse únicamente a la militarización dentro del territorio nacional y de sus fronteras compartidas con Guatemala y Honduras. Si esto persistiese tal como está, la realidad nos hablaría de un Estado que prácticamente resultaría más eficaz desde la perspectiva de la “guerra” que en la lucha contra la violencia desde lo estructural.

Fuente:

Dalton, Juan José (2010) “El Salvador implica al Ejército en la lucha contra la delincuencia común”, Diario El País, Documento electrónico: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Salvador/implica/Ejercito /lucha/delincuencia/comun/elpepuint/20100629elpepuint_2/Tes Observatorio Centroamericano Sobre Violencia (2010) “Homicidios registrados en El Salvador” Documento electrónico: http://ocavi.com/docs_files/file_719.pdf

Diana Mejía M.

La militarización en las fronteras de El Salvador:

¿Solución al problema de la violencia?

Fronteras 4 - 2010

Ilustración: Diego Olalla G.

a militarización de las fronteras de El Salvador, como política de seguridad pública, no sólo obedece a los altos niveles de violencia que vive este país; sino que también se relaciona con las políticas públicas de orden mundial establecidas desde los Estados Unidos, cuyo objetivo central es la lucha antidrogas, principalmente.

Mauricio Funes, Presi-dente de El Salvador plantea una acción política en la que los militares se movilizan por accio-nes de seguridad pública; esta decisión política, sin duda alguna, muestra un escenario similar al que viviera este país en 1992 cuando concluyó la guerra civil.

Según el Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI), El Salvador es uno de los

países con más altos niveles de violencia, presentando los siguientes datos absolutos: en el 2007 se registraron 3.497 homicidios; durante el 2008 la cifra descendió a 3.179; en el 2009 hubo 4.349 casos de homicidios; y, durante los dos primeros meses del 2010 ocurrieron 741 homicidios registrados. La relación con estas cifras absolutas, evidencia, según datos de la Policía Nacional Civil, que El Salvador tiene una tasa de homicidios a nivel nacional que tiende a crecer de 56 en el 2008 a 71 en el 2009.

Indudablemente, las decisiones en cuanto a políticas públicas están atravesadas por una serie de actores (sector empresarial, gobierno, Estado, sociedad, etc.) que se ven afectados por la creciente problemática de la criminalidad en este país. Esto posibilita que la economía nacional y la convivencia social se vean afectadas.

Funes ha sido fuertemente criticado por varios planes antidelincuenciales que no han logrado disminuir la violencia en la sociedad salvadoreña. A pesar de ello, ha sido partícipe de una serie de consultas con diversos sectores para combatir la criminalidad. La nueva acción política marca una distancia trascendental, cuando se decide pasar de una enunciada política de prevención a una fuerte política de represión.

La nueva directriz que apunta a disminuir la violencia en El Salvador busca enfrentar a las pandillas o maras entendidas como organizaciones delictivas armadas. Se sostiene la urgencia de implementar un plan que implica incrementar la acción militar al trabajo de la policía. Esto a pesar de que constitucionalmente los soldados no deberían operar desde las calles, ni participar en labores de seguridad pública, sino únicamente en defensa de la soberanía nacional, lo cual contribuye a que los

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