FEMINICIDIO: MANIFESTACIÓN DE LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA

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FEMINICIDIO: MANIFESTACIÓN DE LA

IMPUNIDAD EN GUATEMALA

Edda Gaviola Equipo de Investigación sobre Violencia contra las Mujeres y Feminicidio del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH.

1. GUATEMALA UNA SOCIEDAD DE POST CONFLICTO

El enfrentamiento armado interno (1960 – 1996) dejó una cauda de víctimas y terror que aún necesitamos entender mejor. Las cifras y los números de víctimas oscilan entre los 200,000 y 250,000. Hasta que un registro nacional de víctimas no se realice,

dependemos de los datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH),

oficialmente registrados y aceptados, que se basan en una muestra de 42,275 víctimas de una o más violaciones. De éstas, sólo el 85% fueron identificadas de forma

individual. Según la CEH, del 62% de las víctimas cuyo registro permitió identificar su sexo, el 25% eran mujeres. Esto implica que una de cada cuatro víctimas del

enfrentamiento armado eran mujeres.

Todo posconflicto está marcado por las características del enfrentamiento armado y el proceso de paz que lo precede. El posconflicto necesariamente conlleva que ciertos patrones de conducta de la época del enfrentamiento se repiten en el período de la paz. Un manejo adecuado del posconflicto implicaría la atención del pasado y sus secuelas, particularmente de aquellas conductas que reproducen el enfrentamiento y por otro lado, ir resolviendo las causas estructurales que provocaron el conflicto.

Los Acuerdo de Paz y la democracia inconclusa

A punto de cumplir los diez años de la firma de los Acuerdos de Paz (29 de diciembre de 1996), Guatemala ha hecho un recorrido doloroso, intenso, lleno de esperanzas pero también de excesivas frustraciones, pues los retos en la construcción de la paz, de un verdadero Estado multilingüe, multiétnico y pluricultural, así como la democratización y el desarrollo aún son gigantescos.

La debilidad histórica del Estado aunada a los 36 años de terror militar han dejado una huella inedeleble en el cuerpo de hombres y mujeres y graves dificultades para construir una verdadera democracia. Los Acuerdos de Paz que debieron ser el marco fundacional de esta nueva democracia se han diluido hasta casi ser sólo una referencia obligada en la discursividad oficial que, en tres gobiernos consecutivos han ido perdiendo la

orientación, el sentido y el espíritu que puso fin a la guerra.

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medianos. Guatemala ocupa el 98º lugar en el índice de desarrollo relacionado con la mujer (IDM), con un valor de 0,635, lo que refleja una grave discriminación de las mujeres para acceder al desarrollo.

Según el Banco Mundial, el 75% de los guatemaltecos vive por debajo del umbral de la pobreza y, según se informa, el 81% de la población indígena es extremadamente pobre. Los ingresos per cápita estimados de las mujeres en 2002 fueron de 2,007 dólares, mientras que los de los hombres fueron de 6,092 dólares Actualmente, el 20% más pobre de la población percibe el 2,6% de los ingresos, mientras que el 20% más rico percibe el 64,1%.

En el 2002 el acceso de las mujeres a la población económicamente activa es de un 42% frente a un 80 % de los hombres. Dentro de ese menor porcentaje de acceso al empleo, en algunos trabajos como el agrícola o las maquilas, las mujeres sufren violaciones a sus derechos laborales sistemáticamente que se refleja, entre otras situaciones, en menor retribución salarial por igual trabajo. Por su parte, las trabajadoras de casa particular, en su mayoría mujeres indígenas, no están sujetas a ninguna regulación laboral ni a las políticas de seguridad social.

Se calcula que el 2% de los guatemaltecos posee entre el 70% y el 75% de toda la tierra productiva, lo cual deja a los grupos más pobres, en su mayoría pueblos indígenas, sin recursos suficientes. El 77% de los pequeños agricultores de Guatemala no son

propietarios de la tierra que trabajan; el 60% de ellos son de ascendencia maya. Las mujeres indígenas rurales (el 64% de todas las mujeres indígenas) son

predominantemente trabajadoras familiares y por lo tanto no son remuneradas. Además tienen poco o ningún acceso a la propiedad de la tierra, el crédito u otros recursos productivos. Para el 2002, únicamente el 5.1% de las propiedades de la tierra eran de mujeres.

Según los informes analizados del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el 66% de las niñas de las zonas rurales abandonan la escuela antes del tercer grado y únicamente una de cada ocho niñas se gradúa de sexto grado a causa de las barreras económicas, culturales, de infraestructuras y de nutrición y salud que limitan el acceso de la población femenina a la educación. Por su parte, la tasa de mortalidad materna es de 153 por 100.000 mujeres para el 2002, siendo una de las más elevadas de la región.

El sistema de justicia sigue teniendo debilidades estructurales graves que se traducen en violaciones constantes del Derecho del acceso a la justicia por parte de la población guatemalteca y específicamente de las mujeres y de la población indígena.

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los jóvenes. Con aún débiles articulaciones los movimientos sociales existen y hacen oír su voz contra los TLC, la minería y su secuela de destrucción de la biósfera maya, por la vía de la organización comunitaria y las consultas municipales o departamentales y la manifestación pública. El desarrollo de la institucionalidad de la paz corrió por cuenta de esta nueva ciudadanía, su debilidad es adjudicable a los poderes tradicionales de las grandes familias, los militares o de grupos emergentes de dudoso origen incrustados en todos los poderes del Estado y ahí sí, jugando con la alternancia del poder.

El imperio de la Impunidad (Justicia Transicional)

Un elemento clave del postconflicto y de la posibilidad futura de la construcción de relaciones armónicas y en equilibrio es la garantía de no repetición. Esta se construye sobre la base de la verdad, la justicia y el cambio de los patrones de conducta que permitieron las violaciones de derechos humanos graves. Dicha garantía es

probablemente una de las tareas del posconflicto que requiere atención especializada y seria por parte del Estado.

En el caso de Guatemala, es precisamente lo anterior lo que se dejó en un segundo plano. Aunque el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) fue un aporte invaluable para la comprensión de la verdad sobre el enfrentamiento armado, la no aceptación de su conclusión sobre la comisión de genocidio por parte de tres gobiernos en línea, la campaña de descrédito impulsada por el ejército y sectores afines sin la acción decidida del Estado para contradecirla y la débil actuación en materia de las recomendaciones para construir la garantía de no repetición, han truncado este necesario proceso del posconflicto.

Para el análisis del fenómeno actual de los asesinatos de mujeres, es particularmente relevante evaluar el nivel de atención a las consecuencias y efectos en la sociedad de la violencia vivida durante el conflicto armado interno. Entre las consecuencias

identificadas por la CEH, se encuentra el terror. El Estado guatemalteco cultivó el terror durante los treinta y seis años del enfrentamiento armado. La violencia se realizó de forma cíclica y simbólica. Hechos como dejar cadáveres con señales de tortura en sitios públicos, las masacres generalizadas y las ejecuciones arbitrarias selectivas buscaron generar terror en la población. La práctica de dejar a las mujeres violadas ejecutadas con objetos en las vaginas y las violaciones sistemáticas en los destacamentos militares y de patrulleros de autodefensa civil, servía para profundizar el terror entre las mujeres y el resto de la población.

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Estratégico (SAE) y la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS) y el sistema de inteligencia civil, entre otros.

Una rápida revisión de la lista muestra que de todos estos elementos ninguna fue realizada de forma seria y profesional para garantizar que las personas recuperaran la confianza en las instituciones. La impunidad no sólo no se ha roto sino se ha

profundizado en los últimos años; ningún oficial del ejército está cumpliendo condena por la comisión de genocidio o delitos que provocaron el terror. La Policía Nacional Civil tiene en sus filas policías corruptos y responsables de crímenes, generando más desconfianza en la población. El ejército no se ha reconvertido, su reducción puede llegar a ser pasajera y no ha existido un real cambio de mentalidad desde un enfoque de derechos humanos, siendo uno de los puntos de inflexión la no aceptación de los horrores del pasado. La disolución del EMP fue un proceso complejo que dejó en su lugar una SAAS que está formada por miembros de empresas privadas de seguridad y una SAE que continúa haciendo operaciones de inteligencia. El sistema nacional de inteligencia civil es aún un tema pendiente de la agenda.

En otras palabras, ni la impunidad se ha roto ni las instituciones encargadas de la seguridad del Estado se han democratizado. En materia de reparación y programas de salud mental orientados hacia la víctima, éstas aún no han iniciado. Del lado del

victimario, no se realizaron programas de salud mental para la reinserción de militares o paramilitares a la sociedad. Sin embargo, en contradicción con lo anterior, a partir del 2002, el gobierno de Guatemala inició un proceso de pago a los ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) que levantó el concepto de “héroe” ligado a la práctica de las PAC, grupo que estuvo involucrado en la comisión de violaciones de derechos humanos y específicamente en violaciones de los derechos de las mujeres.

Por si fuera poco el hecho que las medidas de reparación y reconstrucción de la confianza no se tomaron durante los primeros años del posconflicto, la sociedad se ve expuesta a fenómenos que profundizan el terror: los linchamientos y los ataques a los defensores de derechos humanos, operadores de justicia y políticos de la oposición.

La garantía de la no repetición se está perdiendo no sólo por la ausencia de medidas reparadoras de confianza, sino también por la ausencia de atención a los patrones de conducta generados y profundizados por el enfrentamiento armado.

En materia de la violencia sexual, podría decirse que la pervivencia del fenómeno es, en parte, responsabilidad del Estado, el cual no ha sido proactivo en el reconocimiento de su rol protagónico e histórico en la misma, así como en el abordaje general que se ha venido dando a la temática desde diferentes sectores.

Como indica Amandine Fulchiron los dos grandes proyectos de verdad histórica: el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica y el de la Comisión de

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ni las organizaciones de derechos humanos, incluso ni el movimiento de mujeres, han trabajado por la visibilización y denuncia de los graves hechos de violencia sexual que sufrieron las mujeres durante el conflicto armado.

Es así como no hay nada en los Acuerdos de Paz que refleje una preocupación sobre lo ocurrido a las mujeres dentro del enfrentamiento armado interno respecto a esta

temática. Aunque el Programa Nacional de Resarcimiento creado en el 2002 reconoce la reparación psicosocial para mujeres víctimas de la violencia sexual, su

implementación no ha ocurrido y es cuestionada su utilidad por parte de algunas organizaciones de víctimas.

De haberse atendido las consecuencias de la violencia sexual, algunas acciones, entre otras muchas, debieron orientarse hacia: el interior del ejército para asegurarse que ninguno de sus estamentos mantuviera capacitaciones sobre formas de violencia sexual y que fuese explícito el repudio por parte de los altos mandos a la política oficial de ejercer violencia sexual en contra de las mujeres; una campaña de reeducación dirigida a soldados y patrulleros –y su entorno- que sirvieron en los períodos en los que la violencia sexual se ejerció de forma masiva y sistemática; campañas masivas de no violencia en contra de las mujeres, partiendo de la idea de que las imágenes de

desprecio y degradación de la vida y sexualidad de las mujeres quedaron implantadas en el subconsciente colectivo. Más importante aún, debió iniciarse una serie de procesos judiciales para castigar a los responsables. A la fecha, sólo el comisionado militar Cándido Noriega fue sentenciado por la comisión de asesinatos y violación sexual continuada en contra de las viudas de las personas ejecutadas por él. Aún cuando estas acciones debieron realizarse con mucha anterioridad, la gravedad del tema y las profundas consecuencias que tuvo y tiene en la vida de las mujeres, hace que sea necesaria su implementación actualmente.

En conclusión, la garantía de no repetición ha sido violada tanto por la ausencia de acciones para reconocer y profundizar la verdad, la ausencia de justicia y la ausencia de cambios, como por la no atención de las secuelas en la conducta social durante el enfrentamiento armado.

Todo lo que pasa en Guatemala, quiérase o no, refiere al pasado, que no ha sido cerrado ni resuelto. Las formas de la violencia en el enfrentamiento armado se siguen recreando en el presente haciendo que el terror permanezca, así como la violencia engendrada por la pobreza que provocó el enfrentamiento mismo y que sigue sin resolverse.

En efecto, desde el fin del conflicto se ha podido observar, cada vez con más claridad, que los militares responsables de las masivas violaciones a derechos humanos durante la época más aguda de la represión, son parte de las estructuras clandestinas que

sobreviven desde la guerra y se transforman con vinculos nítidos con el crimen organizado. Esta percepción fue probada en el caso Bámaca Velásquez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su sentencia del 25 de noviembre del 2000, consideró

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razones de corrupción y temor de los aplicadores de justicia de “accionar en contra de oficiales del Ejército que todavía gozan de un gran poder político”.

“Con el tiempo y ante la ausencia de depuración de los servicios de seguridad e inteligencia, miembros de estos grupos mantuvieron su relación orgánica y estructural con el aparato de Estado, a la vez que desarrollaron y acrecentaron su poder, campos de acción y vínculos con el crimen organizado”. Estos grupos están involucrados en muchas de las actuales violaciones a los derechos humanos y una investigación seria e imparcial daría luces sobre este fenómeno.

La Seguridad Ciudadana

El paradigma de la seguridad en democracia fue asumido por las mesas de trabajo creadas en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, en particular el de Fortalecimiento del Poder Civil. La discusión llevó a elaborar la Política de Seguridad Democrática (POLSEDE) y su hija, la Política de Seguridad Ciudadana (POLSEC). Ambas políticas diseñaron una serie de propuestas para abordar la seguridad desde una nueva perspectiva. Sin embargo, la mayor parte de las propuestas se quedaron

engavetadas o aplicadas a medias, quedando pendientes la mayor parte de propuestas legislativas o de políticas públicas.

Los atrasos para implementar las políticas tendientes a fortalecer el poder civil y a generar las bases para el cambio de paradigma se han constituido en una profunda debilidad ante la emergencia de los nuevos paradigmas de la seguridad. El 11 de

septiembre del 2001, los ataques terroristas al World Trade Center, en Nueva York, han ido generando un cambio de paradigma en los conceptos de seguridad de Estados Unidos, orientándose a concepciones de la guerra fría en materia de seguridad nacional. Las medidas de seguridad draconianas ante la amenaza del terrorismo se están

imponiendo por sobre los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos. La seguridad del status quo se impone sobre la seguridad de las personas y los colectivos fuera del ámbito de aquellos que ostentan el poder.

Aunque estas políticas empezaron primero a afectar a los Estados Unidos de Norte América y los países aliados y objeto de su “guerra en contra del terrorismo”, en el 2004 el imperio dirigió su mirada hacia América Latina y una nueva agenda de seguridad hemisférica se está imponiendo. El viejo combate en contra del narcotráfico en el Continente tiene ahora tres componentes más: la lucha antiterrorista, el tráfico ilegal de personas y el combate a las pandillas juveniles o maras.

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Norteamérica. El involucramiento del gobierno de ese país en ambas iniciativas implica que los conceptos de seguridad y paz que se han estado desarrollando desde el país del Norte son los que predominarán, en lugar de las propuestas de seguridad democrática y humana que se han estado impulsando desde los sistemas interamericano e

internacional.

En este marco, la priorización por las acciones de “limpieza social” que afecta

principalmente a jóvenes y de las medidas represivas sobre las preventivas que atiendan tanto las vulnerabilidades como las amenazas, van a seguir en aumento.

Situación política general en el que los asesinatos de mujeres emergen como problema social

El continuum de la violencia contra las mujeres se explica desde la persistencia de relaciones desiguales de poder que generan un entorno socioeconómico y político que permite la perpetuación de la violencia contra las mujeres en el ámbito del hogar, el acoso sexual, la discriminación y, en casos extremos, el asesinato. En el contexto anterior, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos actualmente en una ruptura del continuum. El número cada vez más creciente de asesinatos de mujeres es lo que llama a estudiar con más profundidad el fenómeno y a buscar la explicación de por qué ahora y no hace diez años.

Entre enero y junio del 2003 empezaron a emerger a la opinión pública dos fenómenos: los asesinatos de jóvenes pandilleros a manos de policías o particulares, y los asesinatos de mujeres. De hecho, entre marzo y junio se publicó una serie de reportajes que

narraban la situación que vivían las mujeres. El primero, “Acosadas por la Muerte” en el que su autor daba cuenta de un aumento dramático en el mes de marzo, del número de mujeres asesinadas con saña con respecto a los meses de enero y febrero. Por otra parte, en ocasión del inicio de la Campaña “Por la vida de las mujeres: ni una muerta más” de la Red de la No Violencia contra las Mujeres, fue publicado otro artículo del mismo género, “Indiferencia, el peor crimen contra las mujeres”, que describía la situación de las mujeres desaparecidas..

La situación política de la época era particularmente difícil y en su momento estos hechos fueron leídos como parte del deterioro de la misma. A inicios del 2003, la confrontación del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) con la mayor parte de la sociedad civil organizada y el empresariado hacía dudar de la limpieza de las elecciones que se avecinaban. El debate público se desarrollaba en torno a la posibilidad de la inscripción de Efraín Ríos Montt, el genocida, como candidato a la Presidencia de la República y la certeza de que se preparaba un fraude electoral.

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secuestrada y torturada Emma Julieta Cruz Pu, en Tucurú, Alta Verapaz; ambas

activistas que promovían talleres sobre violencia intrafamiliar. Durante el 2003, más de 70 periodistas recibieron una variedad de atentados y amenazas de muerte. Los políticos de oposición tuvieron que lamentar 15 asesinatos en contra de militantes y más de 90 incidentes de amenazas e intimidaciones.

Asimismo, el 2003 implicó el reconocimiento por parte del Estado de la existencia y persistencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, CIACS. Estas estructuras son grupos paramilitares –de sicarios- y aparatos de inteligencia que

funcionaron durante el enfrentamiento armado interno para la ejecución de operaciones de inteligencia y violencia selectiva. Con el tiempo y el advenimiento de un régimen democrático tutelado, en 1985, su existencia se volvió clandestina, sin embargo han seguido operando hasta el presente.

El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos establecía, en 1994, el compromiso de la desarticulación de los CIACS debido a la amenaza que conllevaban para la vigencia misma del Estado. El asesinato de Jorge Carpio Nicolle, primo del Presidente Ramiro de León, era un ejemplo latente de los extremos a los que los sicarios podían llegar. Sin embargo, después de la firma de la paz, las acciones de desarticulación no se

concretaron con la profundidad necesaria. De hecho, aún el asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera, que claramente involucraba a estos grupos, quiso ser desvirtuado como un crimen pasional o de delincuencia común.

Entre el 2000 y el 2003, la mayor parte de los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos fue descalificada como proveniente de delincuencia común. Sin embargo, en varios casos las agresiones fueron realizadas mediante la utilización de personas del mundo criminal como sicarios o actores materiales de acciones que requerían el soporte de un operativo de inteligencia militar. La discusión sobre la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) permitió la generalización de información y discusión que empezó a identificar la existencia de estos grupos y sus relaciones con el mundo criminal, en general, y del crimen organizado, en particular.

En ese contexto, las acciones de “limpieza social” y los asesinatos de mujeres presentaban características de violencia generada por los aparatos clandestinos de seguridad, en el marco de una política de terror. Esto es similar a lo ocurrido entre 1999 y 2000, cuando el incremento dramático en el número de linchamientos y su

vinculación con personas que fueron agentes del Estado –comisionados militares o patrulleros de autodefensa civil- motivó una verificación profunda del hecho por parte de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA.

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incrementar el poder del instigador. Ejecuciones y torturas demostrativas del pasado se repitieron en el presente, con lógicas distintas, pero con el mismo resultado.

Los linchamientos registrados entre 1994 y 1997 tenían como punto común que los instigadores visitaban antes o después de los hechos las bases militares. Esto provocó la percepción entre la comunidad de derechos humanos, de que los linchamientos

perseguían un fin político tendiente a destruir el proceso de paz. Sin embargo, dicho extremo no logró ser probado aunque algunas verificaciones de MINUGUA si mostraron esa preocupación.

La debilidad del Estado ante acciones de poderes fácticos, sean estos locales -ex comisionados militares- o nacionales –aparatos clandestinos de seguridad- es tal, que durante los últimos años hemos presenciado como la violencia común es manipulada para poner o deponer Ministros de Gobernación y Directores de Policía Nacional Civil. Robo de bancos, furgones y camiones de gasolina, así como secuestros de personas, mantienen un patrón cíclico que requiere aún investigación y profundización para ratificar o desmentir la percepción existente sobre la relación de la violencia común con las estructuras clandestinas.

Uno de los retos de las sociedades posconflicto es, indudablemente, el abordaje de la seguridad. Entre 1996 y 1998, la problemática de la seguridad no obtenía mucha atención mediática porque la sociedad civil, en general, estaba involucrada de lleno en la promesa de los compromisos de paz y los retos para la construcción de una

Guatemala diferente.

A partir de 1999, la situación de la seguridad empezó a tomar cada vez más relevancia en el mundo político. El FRG obtuvo su victoria basado en un discurso de seguridad y, sin embargo, la inseguridad marcó los últimos dos años de ese gobierno. En el 2003, la población defendió la democracia a través de la participación electoral, que impidió cualquier fraude temido. El voto de castigo hacia el FRG se centró en la figura de Ríos Montt, como su candidato presidencial –que representa ese retroceso al pasado y las ofertas no cumplidas de seguridad- manteniendo el apoyo hacia el instituto político a través de la elección de diputados y alcaldes en número mayor al esperado como partido gobernante.

Aunque la plataforma política de la Gran Alianza Nacional (GANA) no tenía como centro la seguridad, la presencia del General Otto Pérez Molina mandaba un mensaje sobre la posible respuesta ante la inseguridad: mano dura. Sin lugar a dudas, la seguridad ha sido el talón de Aquiles del actual gobierno. La violencia general ha aumentado en los últimos tres años, además de los asesinatos de mujeres y los

incidentes de limpieza social contra jóvenes; encontramos asaltos violentos a buses con no pocos resultados fatales, aumento de los índices de robo de vehículos y la

persistencia de los secuestros.

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social que se mantiene, ya que el número de asesinatos se ha incrementado en los últimos meses. De hecho, el Director de la Policía Nacional Civil (PNC) Edwin

Sperinsen informó en el transcurso del año pasado, que el aumento de muertes violentas de mujeres había llegado a la proporción de un asesinato de mujer por cada cuatro hombres, un índice similar a lo que sucedió durante el conflicto armado interno.

2. LOS ASESINATOS DE MUJERES

En Guatemala se comienza a hablar de forma más pública, de muertes violentas de mujeres en el 2001 dando comienzo ese año una campaña denominada “Por la vida de las mujeres, ni una muerte más” para impulsar acciones proactivas para denunciar todo tipo de violencia. Dicha campaña fue iniciada por Red de la No Violencia contra la Mujer” que engloba diferentes organizaciones de mujeres y mujeres en lo individual teniendo como propósito denunciar la situación de violencia que sufren las mujeres en Guatemala e incidir sobre políticas públicas encaminadas a erradicar esa violencia.

En particular, los asesinatos de Ana Berta y Elsa Mariela Hernández Loarca que aparecieron dentro de toneles de basura en la Colonia 4 de Febrero de la Ciudad de Guatemala, durante los primeros meses del 2003, lograron remover la conciencia pública y hacer visibles estos hechos para la mayoría de la población. Esto, a pesar, que desde el 2000 se venían registrando asesinatos con niveles de ensañamiento muy altos. La brutalidad y el número de mujeres asesinadas no sólo llamó la atención pública, sino también motivó la visita de relatoras especiales tanto de Comisión de Derechos

Humanos de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta situación de violencia extrema en contra de las mujeres ha abierto un debate al interior del movimiento sobre la posición política a adoptar y la terminología a utilizar para describir estos hechos. Desde CALDH se ha visto necesario profundizar y analizar con detalle estas muertes violentas y realizar una conceptualización sobre la base de lo que está sucediendo en otros países como México, Chile y Costa Rica para intentar caracterizar lo que sucede en Guatemala.

Siguiendo el planteamiento conceptual de Marcela Lagarde, se parte de entender que el feminicidio es un estado de violencia contra las mujeres que abarca diferentes tipos de violencia, todas ejercidas de forma cruel y como demostración de odio hacía las

mujeres, que se produce de manera sistemática en un lugar y en un tiempo determinado, amparado en la impunidad y tolerancia del Estado teniendo como resultado, en algunas ocasiones, la muerte violenta de las mujeres y que por tanto, este estado generalizado de formas de violencia extrema es un agravamiento del continuum de la violencia histórica en contra de las mujeres.

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contra las mujeres. Estas características se aplican a la situación que se vive en Guatemala.

Algunos rasgos que caracterizan estas muertes violentas de mujeres en Guatemala son:

1. Expresión de dominación, poder o control de los hombres hacia las mujeres, la muerte violenta de las mujeres es la demostración extrema de la dominación de los hombres hacia las mujeres y es consecuencia directa del continuum de violencia que las mujeres sufren cotidianamente. Se han presentado diferentes casos en los que el grado de ensañamiento es evidente.

2. El carácter sexual como el eje estructural y articulador sobre el que se sustenta cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

3. Premeditación o intencionalidad. Se ha podido establecer que en algunos asesinatos existió un elevado grado de preparación y planificación de las muertes.

4. Responsabilidad colectiva. Diferentes grados de responsabilidad: Directa: de los victimarios, Indirecta del Estado en todos los casos ya que tiene entre sus

deberes garantizar la vida de las mujeres de Guatemala y proteger sus derechos humanos empezando por el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad y seguridad personales entre otros.

5. Impunidad. Un porcentaje ínfimo de casos ha llegado a juicio oral, lo cual demuestra una absoluta impunidad para los victimarios.

Los diversos informes sobre la situación de los asesinatos de las mujeres dan cuenta de la poca información que existe sobre las características de los mismos. La ausencia de voluntad política para tratar estos temas se traduce en falta de profesionalismo en el manejo de la escena del crimen, deficiencias de los informes del médico forense y una casi nula investigación criminal que impide saber claramente de qué hablamos.

Ante tales vacíos de información, este documento ha querido rescatar los datos más relevantes de los últimos informes publicados en Guatemala respecto al tema, e intentar proporcionar un panorama general sobre esta situación.

En ocasiones, la información periodística ha dado cuenta con más detalle sobre casos que desgraciadamente luego no se han traducido en informes criminalísticos serios. Sin embargo, esta ha comenzado a reflejar el grado de crueldad con que han sido cometidos los asesinatos, reportando casos de desmembramientos, violencia sexual, tortura y ensañamiento. Por ende, como lo señala GGM en el Diagnóstico Situacional de las Muertes Violentas de Mujeres, esta información ha servido para analizar la forma en que estos asesinatos se han caracterizado por actos de extrema violencia.

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Cuadro No. 1

Año Homicidio de mujeres

2001 307

2002 317

2003 383

2004 531

2005 665

Fuente: Datos de la PNC

En cuanto a los datos finales por año, existen discrepancias entre el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil. Por ejemplo, en la reunión sobre los asesinatos de mujeres convocada por la bancada del FRG, el 21 de junio de 2005, el Ministerio Público daba cuenta de 817 asesinatos durante el 2004, dato que contrasta claramente con los de la PNC, que reportó 527 en el mismo periodo. En general, se ha privilegiado como fuente a la Policía Nacional Civil porque su sistema de registro está más desarrollado que el del Ministerio Público, lo que no quiere decir que sea un buen registro.

Según datos de la PNC, correspondientes al período enero-octubre del 2004 y mismo período del 2005, los asesinatos se están produciendo predominantemente en la capital. Véase el cuadro a continuación:

Cuadro 2

Homicidios de mujeres por Departamento. Enero a Octubre del 2004/2005

Departamento

Casos Enero a Octubre 2004

Casos Enero a Octubre 2005

Guatemala 183 170

Escuintla 31 50

Jutiapa 21 15

Chimaltenango 18 17

Izabal 17 24

Quetzaltenango 14 17

San Marcos 12 17

Quiché 11 15

Santa Rosa 10 9

Suchitepéquez 10 10

Chiquimula 10 15

Petén 9 36

Huehuetenango 8 11

Totonicapán 8 7

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Retalhuleu 7 2

Jalapa 6 18

Sololá 5 5

Sacatepéquez 4 9

Alta Ver. 3 14

Baja Ver. 3 4

El Progreso 0 6

Totales a Octubre 398 484

Fuente: Para los datos del 2004 Informe sobre Feminicidio en Guatemala presentado por Diputada Alba Estela Maldonado y para el 2005, datos de la PNC

Por supuesto, la situación de los asesinatos de mujeres es un fenómeno que preocupa más allá de los números. En esa línea, al finalizar su visita a Guatemala, en septiembre de 2004, la Dra. Susana Villarán, Relatora Especial sobre los derechos de la mujer, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que “la problemática de asesinatos de mujeres no es simplemente una cuestión numérica. Tanto los datos como los testimonios recibidos indican que actualmente aparecen más cadáveres de mujeres que antes, con señales de tortura y, en ciertos casos, mutilados.”

Una de las críticas hechas a la atención que se presta a los asesinatos de mujeres ha sido que la misma es desmedida con respecto a la frecuencia de hombres víctimas del mismo delito penal. Claro está que la frecuencia en mujeres es menor, pero lo que preocupa es el grado de ensañamiento, la intencionalidad, así como el contexto general de

denegación de los derechos de las mujeres en el que se encuentra Guatemala, unido a la discriminación que sufren los casos de asesinatos de mujeres en su tratamiento de investigación criminal.

Complementando lo anterior, es de especial relevancia destacar que, según los datos proporcionados por la PNC para los tres últimos años, la cantidad de muertes violentas de hombres se incrementó en un 36% mientras que la de mujeres se elevó en un 56% ello significa que la cantidad de muertes violentas de mujeres se ha incrementado 20 puntos porcentuales más que la de los hombres.

En el Informe sobre el Feminicidio en Guatemala se reporta la tasa de victimización de los asesinatos. Como puede observarse en la siguiente gráfica, el 2004 también

representa un aumento en la relación de víctimas hombre-mujer.

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90.62%

9.38%

91.27%

8.73%

90.96%

9.04%

88.57%

11.43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2001 2002 2003 Oct. 2004

Tasa de victimización - Delito Asesinato (2001 - 2004)

Masculino Femenino

Fuente: PNC

Fuente: Informe sobre Feminicidio en Guatemala presentado por Diputada Alba Estela Maldonado. 2005

Ensañamiento y Violencia Sexual

Existen distintos informes en torno al ensañamiento y presencia de violencia sexual en contra de las mujeres. El Procurador de Derechos Humanos, en su informe del 2004 sobre muertes violentas ocurridas en el 2003, claramente establece que “En los casos de las mujeres la brutalidad sí es única en los casos de mutilación, respecto de casos de hombres. Aunque en muchos casos de mujeres asesinadas hay violencia sexual, también es cierto hay casos de mujeres con mutilación y sin violencia sexual, lo cual muestra una saña particular que se refleja en las cortadas en el rostro, y la idea inherente de desfigurar la belleza de la mujer, el cercenamiento de órganos, las violaciones anales.”

En la misma línea, su último Informe sobre muertes violentas de mujeres en el 2004 establece que, aún cuando el principal arma utilizado en las muertes en hombres y mujeres es el arma de fuego, a los hombres se les quita la vida en un 83% mediante ese instrumento, que no necesariamente implica violencia física directa, mientras que a las mujeres se les aplican formas de violencia física directa en el 32.99% de los casos, a través del uso de arma blanca, objetos contundentes y estrangulamiento.

El Informe de Amnistía señala que la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público les manifestó que el 28% de los 152 casos investigados entre enero y octubre del 2004 era de víctimas que presentaban señales de agresión sexual y en un 31% hubo amenazas previas. Sin embargo, el Diagnóstico Situacional sobre las muertes violentas de las mujeres, que utiliza los datos de la PNC, reporta que durante el período comprendido entre agosto del 2003 a junio del 2004, sólo 6 de 160 casos estudiados establecieron la presencia de signos de ataque sexual, pero no hay forma de determinar si en los otros 154 casos el forense afirmó la existencia o no de estos signos, lo cual contrasta con la información que aparece en el mismo estudio que indica que “Las causas más

frecuentes de muertes de mujeres son: por arma de fuego, arma blanca, asfixia y traumatismos varios. Existen patrones en los cuerpos de las mujeres asesinadas:

(15)

cual diferencia los patrones encontrados en los cuerpos de hombres”.

Estos datos reflejan que existen vacíos y contradicciones en el tratamiento de esta información y que varían según las fuentes utilizadas. Esto se debe a la grave falta de la debida diligencia en la investigación, que provoca que en la mayoría de las muertes las autopsias no busquen signos de violencia sexual y/o se limiten a establecer el arma utilizado, sin explicitar los tipos de violencia que se inflingieron en el cuerpo de la víctima con anterioridad a la muerte. Esta situación hace que sea muy difícil determinar el número real de casos. No obstante, los casos son suficientemente significativos en la mayoría de los informes para establecer el ensañamiento y crueldad utilizada en los asesinatos de mujeres y el carácter sexual de los mismos.

¿A quiénes están asesinando?

Los asesinatos a mujeres aparentemente están ocurriendo en su mayoría en la noche, aunque el número de casos en los que se desconoce la hora de la muerte (esto debido a las graves deficiencias en los informes forenses) es tan alto que es imposible afirmar con certeza ningún horario. La gráfica a continuación resume la conducta de 160 casos estudiados en el Diagnóstico Situacional sobre las muertes violentas de las mujeres. El mayor número de muertes: 53, se reportó durante la noche (19:00 a 24:00 Hrs.), 9 casos ocurrieron en la madrugada (00:00 a 6:00), 25 en la tarde (13:00 a 18:00 hrs.) y 21 en la mañana (07:00 a 12:00 hrs.). El horario de las muertes se desconoce en 52 de los casos.

Gráfica 2

Horario de las muertes violentas de las mujeres

9

21

53

25

52

madrugada noc he se

desc onoc e

Fuente: Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC. (2005)

(16)

Por otra parte, el Diagnóstico Situacional estableció que aunque se ignoraba la

ocupación de la mayor parte de víctimas de homicidio durante el estudio, un 31.5% de la víctimas eran mujeres activas fuera del hogar, ya sea como trabajadoras o estudiantes, mientras que un 27.5% se dedicaba a trabajo en el hogar. Los datos se encuentran en la gráfica siguiente:

Gráfica 3

Ocupación de las víctimas

20

7 5

14 4

44

66

Ama de casa

Estudiante

Profesional

Trabajadora de casa particular Operaria de maquila Comerciante

Sin especificar

Fuente: Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC. (2005)

El informe de Amnistía Internacional sobre este tema, indica que gran número de ellas eran de extracción social pobre y trabajaban por salarios muy bajos en comercios, casas particulares o fábricas. Algunas eran trabajadoras migrantes de países centroamericanos vecinos. También había entre ellas mujeres de grupos especialmente marginales,

incluidas miembros y ex miembros de maras y trabajadoras del sexo.

Las mujeres asesinadas oscilan entre los 14 y 35 años de edad, pocos han sido los casos de mujeres mayores. Según estadísticas de la Oficina de Atención a la Víctima de la PNC, al 02 de octubre de 2005 se contabilizan 484 asesinatos en este año, de las cuales el 85% eran de situación económica baja y en su mayoría ladina. Reporta también que 68 eran amas de casa, 26 estudiantes y 36 se ignora; sin embargo el Ministerio de Gobernación reporta hasta el 2 de octubre 2,005, 382 homicidios con muestras de heridas de arma de fuego, de arma blanca, corto contundente, golpes de cualquier tipo, quemaduras e intoxicación por órganos fosforados; y 95 casos de mujeres que han muerto por causas como ahogamiento o suspendidas del cuello, que investigan, lo que suma 477, habiendo una diferencia de 7 casos.

(17)

el Diagnóstico Situacional, según el cual en el 58% de los casos las mujeres eran solteras, mientras que en el 10% eran casadas, unidas o viudas. En el restante 32% se desconoce el estado civil de las víctimas. Este hecho tiene relación con la edad de las mismas. Como puede observarse en la siguiente gráfica, extraída siempre del

Diagnóstico Situacional, la mayor frecuencia de homicidio de mujeres se encuentra entre niñas de 13 años y mujeres jóvenes de 22 años.

Gráfica 4

Edad de las víctimas

69

35

30

12 14

13 a 22 años 23 a 32 años 33 a 42 años 43 a 52 años 53 a más años

Fuente: Grupo Guatemalteco de Mujeres con datos de la PNC. (2005)

En la misma línea, el Informe del Procurador, del 2005, establece que la mayor cantidad de víctimas de muerte violenta se concentra en un rango de 11 a 30 años de edad, representando el 53.3%. Estos datos pueden arrojar que se trata de adolescentes y mujeres que comienzan o se encuentran desarrollando mayor actividad en el contexto social y económico y por tanto más visibles y activas en el ámbito público, con todo lo que ese hecho conlleva en términos de ruptura de estereotipos convencionales o tradicionales de los roles de género que deben desempeñar las mujeres.

Los victimarios en la Impunidad

Del lado de los victimarios la información se torna más compleja, ya que las deficiencias de la investigación criminal inciden directamente en la ausencia de identificación de los mismos. En el caso de las muertes de mujeres, el porcentaje investigado es de 26 de cada cien según el Diagnóstico Situacional. Este estudio establece que en 118 de las muertes no se cuenta con datos precisos sobre las personas sospechosas del delito. En 42 de los casos, este dato se subdivide de la siguiente manera: en 22 de las muertes las personas sospechosas eran conocidas por la víctima, mientras en las otras 20 eran desconocidas.

(18)

Contrastando con lo anterior, según la información proporcionada por la PNC de los 170 asesinatos cometidos entre enero y el 2 de octubre de 2005 en el departamento de Guatemala, los móviles fueron:

1 58 por Venganza personal

2 31 Maras

3 18 Nexos con narcotráfico

4 13 Robo / asalto

5 7 Problemas Pasionales

Un dato relevantes es que según la PNC ellos establecen el móvil de acuerdo a la forma como aparecen los cuerpos.

Finalmente, respecto al móvil de los hechos, el Informe del Procurador de los Derechos Humanos del 2005 reporta que, para el 2004, las autoridades policiales identifican diferentes causas respecto a los asesinatos de mujeres, estableciendo en un 63% causa ignorada, en un 13% maras, en un 8% robo, seguido de 4.6% violencia

intrafamiliar, en un 3% violación y, por ultimo, un 4% englobaría motivos pasionales, venganza, riña. Este grave y relevante vacío respecto a la información sobre los móviles de los asesinatos demuestra la falta de investigación que existe en estos casos, el tratamiento tan superficial que se le da al tema y por tanto, la impunidad existente.

3.- RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE AL FEMINICIDIO.

La respuesta del Estado ante esta situación tan grave es a todas luces insuficiente y no se ha implementado acciones específicas tendientes a reducir dicha situación, lo cual refleja una profunda falta de voluntad política para enfrentar esta situación.

GOBIERNO

En el Ministerio de Gobernación se creó en septiembre del 2004 la Sección de

Homicidios de Mujeres la cual atiende los casos a nivel nacional, con sede en la ciudad capital. El gabinete de policía tiene laboratorio de grafología, balística y comparación de armas. Sin embargo sus recursos humanos son muy limitados y los mismos carecen de cualquier formación sobre el tema, lo cual hace que sus análisis sobre los casos de muertes violentas de mujeres carezcan de cualquier componente técnico e investigativo riguroso, tendiendo a encuadrar un gran número de asesinatos como crímenes

pasionales.

Casos Registrados año 2005. Homicidio de Mujeres

Capital y Municipios 246

Departamentos 419

Total 665

(19)

Comparativo General Hechos Violentos

Capital 197

Departamentos 273

Total 470

Comparativo General Hechos No Violentos

Capital 49

Departamentos 146

Total 195

Cuadro Demostrativo por Profesión de Personas Fallecidas de Sexo Femenino año 2005, en el Departamento de Guatemala y sus Municipios.

Ama de Casa 104

Estudiante 33

Se ignora 58

Un análisis del registro estadístico de esta oficina respecto a la presentación de los datos del 2005 nos plantea graves carencias técnicas referidas aspectos centrales de toda investigación criminalística que se reflejan en lo siguiente:

1. Bajo el título de Homicidios de mujeres, se clasifican con poco rigor técnico

hechos violentos y hechos no violentos en el departamento de Guatemala. En este segundo apartado se contemplan supuestos como golpes, calcinadas, asfixia por sumersión entre otros, que es difícil entender que se traten de hechos no violentos ya que una muerte producida por golpes siempre denota violencia en el hecho. De igual forma en el apartado de hechos no violentos aparece el apartado de:“por establecer”. ¿Cuál sería el criterio de colocar estos casos en hechos no violentos sino se tiene conocimiento de cómo ocurrieron?

2. Esta situación se vuelve a identificar en la clasificación de hechos violentos o hechos no violentos por departamentos. En este caso aparecen como hechos no violentos además de los anteriores: el politraumatismo.

3. Respecto a la tipología de los móviles, se siguen presentando de forma

extremadamente ambiguo, general y donde cabe cualquier tipo de asesinato. De nuevo no se toma en cuenta que la mayoría de asesinatos contra mujeres se basan en su condición de ser mujer y tienen móviles más específicos que venganza personal o problemas pasionales, etc. Estas clasificaciones de nuevo invisibilizan la cuestión especifica de violencia en contra de las mujeres y tienen muy poca fundamentación y rigurosidad técnica.

4. Llama la atención que los datos sobre ocupación o profesión de las mujeres asesinadas tenga como segundo numero de casos: “se ignora”. Causa

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5. Respecto a las cifras que aparecen sobre el año 2004 preocupa que estas cifras difieren de las presentadas por la misma PNC con anterioridad sobre ese mismo año. Tomando en cuenta que la PNC es una de las fuentes más fiables

actualmente para estas cifras, causa preocupación que ya no coincidan las cifras, siendo más bajas que las anteriores.

A manera de conclusión estos datos estadísticos no se pueden considerar una herramienta técnica de calidad, la información no aporta elementos sustantivos centrados específicamente en el fenómeno de homicidios de mujeres, se siguen con patrones generales. Refleja falta de profundización y formación en materia de investigación criminal en cuanto a clasificaciones de hechos, de móviles, principalmente.

Lo mas preocupante es que estas aseveraciones y recomendaciones se han realizado en repetidas ocasiones desde organizaciones de mujeres, de derechos humanos en cuanto a la necesidad de elevar la formación dándole un carácter mas especifico y mejorar la calidad investigativa para estos casos y estos datos denotan los mismos vacíos y debilidades de años anteriores, sólo que con un nivel mayor de

manipulación. Todo esto por supuesto vuelve a dejar en entredicho la voluntad política real de investigar y esclarecer estos graves hechos.

Otra preocupación estriba en que de la Sección de Coordinación de la Subdirección General de Seguridad pública de la PNC y con sello del Ministerio de Gobernación se informan 518 homicidios de mujeres durante el año 2005.

Hasta octubre del 2005, el Ministerio de Gobernación reportaba 222 personas capturadas, en investigación 131 sospechosos, se busca ejecutar la captura de 4

sindicados y se ha pedido al Ministerio Publico la captura de 31 delincuentes. Y el MP reporta 12 casos resueltos.

En paralelo es necesario añadir dos antecedentes que deben ser considerados para el análisis de otras formas de operar de la PNC y de las políticas de seguridad

implementadas por el gobierno: a través del patrullaje combinado de efectivos policiales y militares es que en el 2004 el número de personas entre 14 y 29 años detenidas,

ascendió a 32,676, hombres 31,089 y mujeres 1,587, de éstos, un promedio de 5,000 se podría calcular como integrantes de pandillas, siendo las principales causas de las detenciones, robo, ebriedad y escándalo, tenencia de droga, riña, portación de arma de fuego y en menor número, homicidios y violaciones. De estas, 5,214 fueron detenidas por robo; sólo 1154 personas tenían orden de captura previa; 206 fueron detenidas por homicidios; 135 por violación, entre los delitos más graves.

(21)

condición de pobreza y estigma social (tener tatuajes o ejercer el sexo servicio) es determinante, más que la comisión de hechos ilícitos. Se entrevistó a 154 mujeres que se encontraban privadas de libertad que equivalen al 75% de las mujeres detenidas en ese momento. El 64% de las mujeres informó que se les quitaron los bienes que portaban consigo, como dinero, joyas, celulares, al momento de ser ingresadas a la instalación policial. Únicamente el 2% de mujeres indicaron que les fue devuelto lo que les quitaron los policías. Un 30% no sabe que ocurrió con esos bienes y el resto (68%)

cree que los policías se lo robaron.

1 35 mujeres (46%) indicaron que sufrieron comentarios sexuales sobre sus cuerpos.

2 21 mujeres (28%) afirmaron que fueron víctimas de manoseos,

3 25 mujeres (33%) denunciaron que les fueron hechas propuestas sexuales.

4 5 mujeres entrevistadas (6%) denunciaron haber sido violadas sexualmente en el interior de las instalaciones policiales.

27 mujeres (35%) fueron amenazadas de muerte en la comisaría o instalación policial el propósito: evitar que se denuncien los vejámenes sufridos durante la detención y su ingreso a las mismas.

El tipo de amenazas eran:

“Si me volvían a encontrar me mataban y tiraban al barranco” Entrevistada No. 93

“Que si yo seguía poniéndolos en mal, que por eso muchas habían desaparecido, que donde me miraran no iba a estar libre”. Entrevistada No. 96

“Si decía algo me iban a descuartizar, que si no veía a las mujeres que aparecían muertas”. Entrevistada No.57

“Me dijeron que a varias la violan, matan y dejan por allí”. Entrevistada No. 127

El Ministerio Público

El Ministerio Público creó la Fiscalía de la Mujer con el mandato de conocer la

investigación de los asesinatos de mujeres y también los delitos contra familia y niñez, lo cual supuso un desbordamiento de su capacidad de respuesta y un gran retraso en las investigaciones con grandes deficiencias de recursos humanos, materiales y

económicos. Pese a que la recomendación general fue fortalecer las capacidades investigativas y el recurso humano y financiero de dicha fiscalía, la respuesta institucional fue la creación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida como respuesta, dentro de la política institucional al problema de la seguridad pública en el país.

(22)

agilización de la investigación, pues son más de 2,000 casos pendientes. Sin embargo un dato importante es que no cuenta con una Unidad de análisis específica que pueda generar una metodología acertada de investigación, con patrones, hipótesis entre otras cosas. En este proceso hubo pérdida de evidencias como ya es costumbre en este tipo de situaciones.

Por otro lado, se creó la unidad de escena del crimen para proteger y garantizar pruebas materiales, instancia de la cual se espera responda profesionalmente. Y además se está haciendo un esfuerzo para llevar estadísticas de los procesos de investigación.

En enero del 2005 año el MP planteó que tenía 19 casos pendiente de debate de más de 1,500 asesinatos, según estadística de la PNC, a la fecha sólo ha habido sentencia en 14 casos, la mayoría ocurridos en el 2,003 y uno del 2,005 por confesión y, de esos 14 7 fueron por homicidios.

La fiscalía de delitos contra mujeres del MP cubre sólo algunos de los municipios del Departamento de Guatemala. En los otros departamentos y municipios es

responsabilidad de las agencias municipales y departamentales, donde ingresan todos los delitos sin especificación ni especialización. La oficina de homicidios de mujeres de la PNC cubre el departamento de Guatemala con todos sus municipios y funcionan unidades del SIC en Quetzaltenango, Petén, Escuintla, Huehuetenango, Chiquimula y Alta Verapaz, o sea 7 de los 22 departamentos del país.

Existen algunas experiencias que en su origen fueron interesantes y que sin embargo actualmente están bloqueadas por falta de asignación en el presupuesto nacional. Por ejemplo el mandato de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer -CONAPREVI- cuya misión era la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, a través de políticas

públicas. El Gobierno central encargado de la ejecución presupuestaria, no le otorga la calidad de comisión fundamental y estratégica para la erradicación de la violencia en Guatemala, y no obstante, sin dichos recursos ha desarrollado estrategias y acciones tales como el diseño del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres –PLANOVI 2004-2014, que aún no ha sido implementado por carecer de presupuesto.

Como indicó Susana Villaran en su visita: “En la respuesta institucional desde el

Estado, se observan vacíos y problemas importantes respecto al marco jurídico nacional, tanto a nivel de los aspectos declarativos de las leyes, como en su parte operativa o reglamentaria. Principalmente están dados por la existencia aún de normas

discriminatorias en el conjunto de leyes nacionales y a todos los niveles y la inoperancia de las instituciones del sistema judicial que se conjuga con la corrupción e impunidad existente a nivel nacional, en el proceso de aplicación de la ley “.

Las instituciones que engloban el sistema de justicia no cuentan con políticas especiales de atención al problema de las muertes violentas de mujeres sino que utilizan los

(23)

política.

No cuentan con el recurso presupuestario y humano suficiente, capacitado para brindar una adecuada atención a estos casos. Indican que no se cuenta con las instalaciones físicas adecuadas y equipo para atender este tipo de casos, lo cual implica una atención deficiente y casi nula respecto de la fase de las investigaciones. Por otro lado los laboratorios no agilizan los resultados.

Las instituciones no cuentan con suficientes vehículos en buen estado y en la Policía Nacional Civil hay problemas con el combustible para las patrullas.

La Medicina Forense posee infraestructura inadecuada, los vehículos son insuficientes y poco adecuados por lo que se pierden evidencias durante el traslado de cuerpos. El servicio no es unificado ya que existe medicina forense del Organismo Judicial y del Ministerio Público, lo que provoca duplicidad de funciones. No se cuenta con un Instituto Médico Forense con todas las áreas necesarias de trabajo y con la definición clara de funciones de cara al Ministerio Público y del Organismo Judicial. No se

realizan estudios específicos que establezcan las causas de las muertes de las mujeres de forma detallada, no se realizan estudios pormenorizados que determinen si se ha

producido algún tipo de violencia sexual.

Uno de los obstáculos en la respuesta institucional al problema, es la insensibilidad y falta de capacitación adecuada del personal que atiende en distintos órganos encargados de administrar justicia.

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar manda la obligatoriedad de registrar las denuncias recibidas de casos de violencia intrafamiliar, por parte de: a) El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Mujer, de la Oficina de Atención Permanente y de la Oficina de Atención a la Víctima; b) la Procuraduría General de la Nación, Unidad de Protección a los Derechos de la Mujer; c) la Policía Nacional; d) los Juzgados de Familia; e) los Bufetes Populares; y f) la Procuraduría de los Derechos Humanos. Establece además que la sección de estadigrafía del Organismo Judicial será la instancia oficial encargada de centralizar y consolidar la información estadística proveniente de las instituciones mencionadas, a través de la boleta oficial de registro creada para el efecto. Esa disposición, sin embargo, no es observada

estrictamente, dificultando la obtención de cifras definitivas que pueden mostrar la verdadera magnitud de la problemática.

El organismo Judicial lleva un registro interno en cada uno de los juzgados, libro donde anotan todos los delitos que están conociendo, Gestión Penal recibe la información de todos los juzgados, lleva un registro estadístico de los casos y remite la información a Estadística Judicial.

(24)

El conjunto de instituciones no cuentan con políticas de registro, procesamiento y uso de la información. Se observan deficiencias tanto en el acopio como en el

procesamiento de los datos.

No existen criterios comunes a nivel interinstitucional, con hilos conductores que organicen coherentemente la información y la construcción de los datos. Los procedimientos de acopio de la información no son los mismos, así como no están claros los pasos y los roles institucionales en el proceso de recabar la información y encontrar evidencias forenses. Esto tiene un impacto determinante en la fase de la Investigación Criminológica, responsabilidad del Ministerio Público y en el diseño de políticas y su operativización al respecto, para detener las muertes violentas de mujeres.

4.- INTERVENCIÓN DE INSTANCIAS INTERNACIONALES DE

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y/O DE LAS

MUJERES

Durante el año 2004 se produjeron dos visitas muy importantes.

En primer lugar en febrero del 2004 la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia en contra de las Mujeres, Yakin Ertürk quien realizo una visita al país durante la cual tuvo la oportunidad de reunirse con organizaciones de mujeres que trabajan en el tema, familiares de mujeres victimas de asesinatos y de otros tipos de violencia,

instancias gubernamentales claves, instancias estatales de defensa y promoción de derechos humanos como es la Procuraduría de Derechos Humanos. Su trabajo se centró en conocer la situación que vive el país en torno a las muertes violentas de las mujeres y otros tipos de violencia que sufren las mujeres a través de recopilar información.

Posteriormente en febrero de este año 2005 presentó un Informe ante la Comision de Derechos Humanos de Naciones Unidas titulado “Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de Género: la violencia contra la mujer”. Informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

Posteriormente se recibió la visita de la Relatora de los Derechos de la Mujer de la corte Interamericana de Derechos Humanos, Susana Villarán teniendo como fin conocer personalmente la situación actual de la violencia en contra de las mujeres en Guatemala. Realizó sesiones de entrevistas muy similares a la anterior relatora de NNUU y se desplazó a algunos lugares del país. Al final de su estadía presentó algunas primeras impresiones de lo que había observado en Guatemala, siendo algunas de las relevantes:

"Una manifestación grave del ciclo de violencia contra la mujer es la impunidad en la cual quedan dichas violaciones a los derechos fundamentales de la mujer".

"El bajo número de condenas en casos de asesinatos de mujeres o violencia intrafamiliar refleja notoriamente que la gran mayoría de dichos hechos de violencia queda sin

resolución"

(25)

la ropa que usan, o por las horas en las que están en la calle".

“Algunos asesinatos son ejemplificadores, en los cuales los abusos reflejados en el cuerpo de la víctima y los lugares en los que fueron dejados los cadáveres, persiguen el objetivo de enviar un mensaje de terror e intimidación".

Su informe aún no ha sido publicado y se espera con interés en Guatemala.

Amnistía Internacional a finales del 2003 y durante el 2004 realizó diferentes visitas al país con el mismo propósito de conocer las condiciones y analizar las causas de la situación que violencia extrema que se vive en Guatemala respecto a la violencia en contra de las mujeres. Como resultado de este trabajo se presentó un informe muy interesante que analiza, dentro de las limitantes que existen sobre la información disponible, algunas de las causas de la violencia, la insuficiente respuesta del Estado y la falta de protección de la vida de las mujeres en Guatemala.

Estas visitas de organismos internacionales, regionales y ongs han sido muy valiosas para visibilizar y denunciar la situación que se vive en Guatemala respecto a este tema, y a través de sus informes dan insumos claves para poder analizar y enfrentar esta situación.

5.- AMENAZAS CONTRA QUIENES PARTICIPAN EN LA

BÚSQUEDA DE JUSTICIA

Se han dado casos en los que los familiares han sufrido amenazas por reclamar justicia para las victimas. En algunos casos las amenazas han venido por los mismos victimarios quienes acosan y amenazan impunemente a los familiares. Específicamente en dos casos se ha dado esta situación. Uno es el caso de Rosa Franco, la madre de la joven asesinada Maria Isabel Veliz Franco ha estado siendo victima de amenazas constantes desde que comenzó con la denuncia pública del caso de su hija, el cual se encuentra en la total impunidad por la evidente ineficiencia y falta de interés del MP y la PNC. Otro caso grave es el de los familiares de Nancy Karina Peralta quienes también han sido víctimas de amenazas en su camino de búsqueda de justicia. Por su parte, la Asociación

Sobrevivientes, con Norma Cruz como voz publica de la asociación ha sufrido en su persona amenazas vía telefónica en los meses pasados. Esta Asociación da asistencia legal y psicológica a víctimas de violencia sexual principalmente y a familiares de mujeres asesinadas lo cual les ha llevado a sufrir hostigamientos de forma periódica.

6.- RECOMENDACIONES

En el ámbito estatal:

Coordinación interinstitucional:

(26)

Es importante la coordinación con otras instancias que impulsan políticas públicas para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres.

Registro y estadística:

La información generada por cada una de las instituciones involucradas, debe incluirse en un sistema estandarizado, que de cuenta de la magnitud del problema, para proponer estrategias de intervención.

El Instituto Nacional de Estadística, debería estar en coordinación y acompañado por CONAPREVI para desarrollar sistemas estandarizados.

Fortalecimiento Institucional:

Programas de fortalecimiento institucional a las instituciones claves que incluyan la evaluación del desempeño, formación y capacitación especializada sobre el tratamiento de violencia en contra de las mujeres. Designación de recursos humanos, logísticos y presupuestarios para la respuesta institucional eficaz al problema, en cuanto a cobertura, mecanismos y procedimientos. Asignar partidas presupuestarias suficientes y oportunas para el fortalecimiento de las instituciones especializadas.

Creación del Instituto Nacional de Medicina Forense, para la unificación de acciones.

Investigación criminológica:

Protocolos de intervención: necesarios para que todos los prestatarios y prestatarias, sepan qué hacer en cada situación y así contribuir adecuadamente con la investigación criminológica. Deben ir enfocados en dos direcciones: una, hacia la investigación criminal y otra, a recabar datos para la creación de políticas y registros estadísticos nacionales.

Toda la investigación criminal, el recabar evidencias y procesamiento de datos, debe ser orientado por un análisis que dé cuenta de la especificidad de género.

CONAPREVI:

Diseño de investigaciones, especialmente cualitativas, que permitan un mejor conocimiento de la problemática, y sobre el impacto psicosocial de las muertes

violentas de mujeres en familiares de las víctimas, para identificar las consecuencias del problema, brindarles el apoyo necesario e implementar políticas de resarcimiento que contemplen acciones encaminadas a la dignificación de las víctimas.

Implementar en el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural las políticas contenidas en el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la violencia

Intrafamiliar y contra las Mujeres PLANOVI 2004-2014, dotándolo de los recursos necesarios para su ejecución.

Ministerio Público:

(27)

personal del MP sobre el tema de tratamiento de casos de violencia en contra de las mujeres.

Fortalecer en el corto plazo, el programa de protección de testigos y testigas que garantice la seguridad e integridad de las personas.

Investigar rigurosamente los casos de asesinatos en los que están involucrados agentes del Estado.

Ministerio de Gobernación:

Diseño de una política especifica de Estado en torno a la seguridad de las mujeres.

Desarrollar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las Medidas Cautelares emitidas por los juzgados competentes. Profesionalización del personal encargado de las investigaciones criminológicas.

El Estado desde su ámbito de actuación debe promover cambios estructurales que favorezcan unas relaciones mas igualitarias entre hombres y mujeres con políticas públicas que favorezcan las necesidades básicas y estratégicas de las mujeres, con designaciones presupuestarias adecuadas para implementar esas políticas, con cambios legislativos que protejan los derechos de las mujeres, con materiales educativos que favorezcan la equidad entre mujeres y hombres, con campañas de sensibilización que condenen eficazmente la violencia en contra de las mujeres y presente sus causas reales, entre otras muchas líneas de acción. Lo que se considera urgente y necesario es que sino se trabaja sobre las causas estructurales sobre las que sustenta la violencia nunca se podrá eliminar realmente.

Organizaciones de mujeres:

Realizar procesos de auditoria social para verificar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala, difundiéndolos y articulándolos con los informes de relatoras y relatores específicos. Diseño de estrategias de

articulación con los diferentes movimientos sociales.

Análisis profundo de la situación actual de violencia con intercambios teóricos y prácticos y espacios de discusión y articulación. Creando posiciones mas políticas y criticas frente al tema.

Organizaciones del movimiento social:

Incorporar en su agenda política el tema de la violencia en contra de las mujeres y la actual situación de feminicidio desarrollando acciones más proactivas en el tema y mas solidarias.

Medios de comunicación:

(28)

Para ello, el personal de los medios informativos debe informarse y comprender el fenómeno, para lograr mejorar la calidad de sus esfuerzos, adquiriendo mejores

Figure

Cuadro No. 1

Cuadro No.

1 p.12
Cuadro 2 Homicidios de mujeres por Departamento. Enero a Octubre del 2004/2005

Cuadro 2

Homicidios de mujeres por Departamento. Enero a Octubre del 2004/2005 p.12
Cuadro Demostrativo por Profesión de Personas Fallecidas de Sexo Femenino año

Cuadro Demostrativo

por Profesión de Personas Fallecidas de Sexo Femenino año p.19

Referencias

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