La Caracterización de la Ley 1437 de 2011 Tiene Contemplados los Principios que se Anejan del Derecho Penal en Materia Administrativa Sancionatoria como Garantías de un Debido Proceso Administrativo 

LA CARACTERIZACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011, TIENE CONTEMPLADOS LOS. PRINCIPIOS QUE SE ANEJAN DEL DERECHO PENAL EN MATERIA. ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA, COMO GARANTÍAS DE UN DEBIDO. PROCESO ADMINISTRATIVO.. JUAN CARLOS MESA SALZAR1. Resumen:. Para los procesos de investigación y sanción administrativa no se encontraba. procedimiento expedito, en el otrora Decreto 01 de 1984, por ese motivo y dando un. vuelco a los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio, siendo un. proceso regulado y especial para la administración pública integrando así infinidad de. procesos en uno sólo, brindando garantías al debido proceso para que las actuaciones. administrativas se adelanten de conformidad con las normas de procedimiento y. competencia establecidas en la Ley 1437 de 2011. . Palabras Clave: debido proceso, proceso sancionatorio administrativo,. constitucionalización del derecho administrativo, integración del derecho administrativo,. Principios de derecho penal, proceso contencioso administrativo.. Abstract: . For processes research and administrative penalty not was procedure and expeditious,. at while decree 01 of 1984, by that reason and given the upset to the procedures. administrative of character punitive, that this is a process regulated and special for the. administration published integrand so infinity of processes in one or single, by providing. Warranty to the due process for that actions administrative is overtaking of according. with the standards the procedure the competition established in the law 1437 of 2011.. 1 Abogado de la Institución Universidad de Envigado, artículo presentado para optar al título de especialista en Derecho Administrativo Universidad Santo Tomás.. INTRODUCIÓN. Acerca de los principios fundamentales del derecho administrativo están ínsitos en la. estructura misma del Estado: en su organización, en sus medios operativos y en sus. fines. La organización advierte la posibilidad de superar dificultades en las relaciones. de gobierno para lograr los fines; los medios operativos son los adecuados a éstos; y. en el cual deben coexistir elementos de técnica y justa armonía. En este orden cuando. se concibe y habla de organización y fines se está pensando, necesariamente, en la. concepción jurídico-social que anima a determinado o a cierto Estado. En la base de su. estructura yace, nada menos, que el problema de la libertad y dignidad humana. O sea,. como lo subraya la doctrina, la necesidad de organizar jurídicamente la vida del Estado. crea el “derecho constitucional” y mientras este proceso subsista, como ideal supremo. o meta esencial, habrá que hablar, quiérase o no, del derecho constitucional cualquier. sea su contenido diferencial y especifico.. Por lo que el Estado Social de Derecho brinda garantías a la libertad humana y de los. derechos del individuo, donde la estructura es la constitución o ley puesta o supuesta. como lo definió KELSEN en su obra, marca unos principio y normas rectoras básicas y. fundamentales, para que el Estado consiguiese un funcionamiento armónico y. articulado, con las otras ramas del poder público. Ya que la Nación debe ser un garante. y protector de sus propios acciones, pues sus actos de administración pública pueden. en veces, producir daños, perjuicios a los ciudadanos menoscabado de esa forma sus. propios propósitos y principios.. Por lo anterior hoy se sostiene el concepto de la constitucionalización del derecho,. como una forma de irrigar toda su principialistica en el ámbito normativo, para dar como. garantía los principios generales del derecho, que serán en igual medida esparcidos. dentro de los diferentes estatutos, códigos y leyes que traten derechos fundamentales.. En la praxis diaria que se observa dentro de los diferentes procesos administrativos,. con relación a los procedimientos de Inspección, Vigilancia y Control, que son. competencia de los Nación, Departamentos y Municipios, pues se le asignan. competencias para adelantar asuntos de ésta índole, es indispensable la sujeción al. Código Contencioso Administrativo, para seguir las directrices que esté referencia.. Pero es de resaltar que el Decreto 01 del 2 de enero de 1984, no brindaba los. lineamientos necesarios para realizar el proceso sancionatorio como tal, por lo tanto los. procesos de control eran llevados en procura de los principios de un debido proceso,. protegiendo unas garantías mínimas, pero sin los parámetros necesarios para llevar los. acabo, ya que en ocasiones se presentan vacíos jurídicos frente al tema. Luego de la. Derogación que hace la Ley 1437 de julio 2 de 2011 al anterior Código, se debe ajustar. los procesos de inspección, vigilancia y control a la nueva principialistica que nos. presenta la nueva norma, para así realizar los cambios necesarios que se ajusten a los. procesos que aún no se regulan por normas especiales, ya que la administración tiene. un sin número de procesos que hoy día aún falta unificación real y material de sus. procesos, por lo que la nobilísima norma pretende encuadrar una gran parte de estos. procesos administrativos sancionatorios; un claro ejemplo de ello es el Decreto 1318. del 6 de julio de 1988 modificado por el Decreto 1093 de 1989, que facultando a los. Gobernadores de los Departamentos y al Alcalde Mayor del Distrito Especial de. Bogotá, para ejercer la función de Inspección y Vigilancia sobre las Instituciones de. Utilidad Común, Fundaciones Corporaciones Asociaciones, Organizaciones comunales. etc. . Desde esta óptica buscaremos analizar qué implicaciones se derivan de la aplicación. de la nueva norma, es decir el proceso sancionatorio que no se encuentre regulado por. leyes especiales, se sujetarán a la parte primera del Código ley 1437 de 2011, en virtud. de los principios de legalidad, y del control de legalidad que ejercen para su caso el. juez contencioso administrativo, que deberá dar le aplicabilidad a los principios de. presunción de inocencia, no reformatio in pejus y no bis in ídem, y demás a principios. que no se enuncian en el nuevo Código contencioso administrativo, ya que el objeto es. analizar los anteriormente enunciados e indagar si es de acogida por analogía otros. tantos que rijan el derecho penal. . JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FUNCIONES Y SU. INSERCIÓN EN COLOMBIA. La jurisdicción contenciosa administrativa nace en Colombia con el acto legislativo No.. 3 de 1910, donde en su artículo 42, establecerá la jurisdicción contencioso-. administrativa, como un órgano Consultivo como así lo consagro la constitución de. 1886 en su título xiii, artículo 141.- Son atribuciones del Consejo de Estado:. “Actuar como Cuerpo Supremo consultivo del Gobierno, en asuntos de administración,. debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos que determinen la Constitución y. las leyes. Los dictámenes del Consejo no son obligatorios para el Gobierno, excepto. cuando vote la conmutación de la pena de muerte”.. Decidir, sin ulterior recurso, las cuestiones contencioso-administrativas, si la ley. estableciere esta jurisdicción, ya deba conocer de ellas en primera y única instancia, o. ya en grado de apelación.. Ley 130 de diciembre 13 de 1913 desarrolla el acto legislativo 3 de 1910, sobre la. jurisdicción de lo contencioso administrativa tiene por objeto la revisión de los actos de. las corporaciones o empleados administrativos en el ejercicio de sus funciones, o con. pretexto de ejercerlas, a petición del Ministerio Público, de los ciudadanos en general, o. de las personas que se crean vulneradas en sus derechos, en los casos y dentro de los. límites señalados en la presente Ley. Esta jurisdicción se ejerce por el Tribunal. Supremo y los Tribunales Seccionales de lo Contencioso Administrativo.. Ley 167 del 24 diciembre de 1941 de las indemnizaciones a cargo del Estado por. causa de trabajos públicos nacionales; De los recursos contenciosos administrativos. contra los decretos, resoluciones y otros actos del Gobierno, de los ministros o de. cualquiera autoridad, funcionario o persona administrativa del orden nacional, que. pongan fin a una actuación administrativa y que no estén expresamente atribuidos a. una jurisdicción distinta. Le otorga funciones de control al exceso de poder del. ejecutivo- control de los actos discrecionales. Reparación del daño.. Decreto 528 del 1 de abril de 1964 la jurisdicción contencioso administrativa está. instituida para definir los negocios originados en las decisiones que tome la. administración, en las operaciones que ejecute y en los hechos que ocurran con motivo. de sus actividades.. Decreto 01 de 1984 “Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo artículo . 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las. controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades. públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos. órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos. y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.. Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos. políticos o de gobierno.. La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en. juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias. del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no. tendrán control jurisdiccional”.. De esta forma se muestra el progreso en lo que concierne al proceso normativo con. relación a la jurisdicción contencioso administrativo de Colombia, evolución que ha. llevado al reconocimiento del control que pueden ejercer los ciudadanos a la. administración pública, como así lo consagro el decreto 01 de 1984, reconociendo la. facultad que tenían los administrados de conocer de primera mano los procesos. administrativos, ya que antes de esta norma sólo la constitución de 1886 en su artículo. 45 permitía las peticiones respetuosas (derecho de petición en intereses particular). pero con la inserción a la norma especial, al contexto administrativo se da un salto y. avance pues de esa manera las entidades públicas de carácter nacional,. departamental, municipal y particulares que ejercen funciones públicas (empresas de. servicios públicos, empresas industriales y comerciales). Mediante su ejercicio se. realiza un control a la autoridad y particulares, de manera que su importancia es. manifiesta. Es de resaltar que no consiste simplemente en el derecho de obtener. respuesta por parte de la autoridad sino de que hay una resolución del asunto. solicitado, lo cual si bien no implica que la decisión sea favorable. Tampoco se. satisface sin adentrar a tomar una decisión de fondo. . En el proceso evolutivo colombiano tuvo una gran injerencia el derecho administrativo. de Francia, aunque nuestro derecho es reglado y el francés es netamente. jurisprudencial “common law”. Se reafirma que, como ha sucedido en diversos países,. en muchos aspectos se ha venido presentando paralelamente a la evolución del. derecho administrativo francés, es decir, que los principios y normas especiales para la. administración se han venido importando al derecho colombiano a medida que van. surgiendo e imponiéndose en el derecho francés.. Como definición contemporánea del derecho administrativo se podrá definir “2como el. conjunto de principios y reglas jurídicas que rigen la actividad administrativa de las. entidades públicas y de las personas privadas que participan en esa actividad o que. son afectadas por ella” . EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON OTROS CAMPOS DEL. DERECHO. Con el derecho constitucional: las relaciones más estrechas del derecho administrativo. se presenta con el derecho constitucional, pues, ambos hacen parte del derecho. público y tiene por objeto el estudio de la administración, ya que la fuente originaria del. derecho administrativo es la constitución política, ya que es el marco sobre el cual se. establece la función administrativa y soporta los principios rectores de la misma. De ahí. que muchos principios son extraídos de la norma superior y aplicados en las normas. ordinarias o especial según el caso. . 2 Rodríguez L (2007) Derecho administrativo General y Colombiano. Bogotá. Editorial Temis. Decimoquinta Edición. . Es por medio del derecho administrativo que identificamos la organización y la actividad. de la administración pública y es el derecho administrativo quien lo desarrolla, la. constitución establece que en materia de organización administrativa encontramos,. entre otros, al presidente de la república, los ministros, los directores de departamentos. administrativos, los departamentos y los municipios, pero es mediante el derecho. administrativo por el que conocemos en detalle estas autoridades y organismos.. Con el derecho internacional: es de resaltar que el derecho administrativo es de. carácter interno, pero en igual medida esta postura ha ido cambiando con el paso de. los años, pues se tiene unas relaciones tradicionalmente reconocidas con el derecho. internacional, por cuanto la aplicación práctica de acuerdos internacionales en cada. uno de los países parte de los acuerdos, requieren con frecuencia la expedición de. normas internas que los desarrollen, tanto del órgano legislativo como de las. autoridades administrativas, las cuales, por regla general, son fuente del derecho. administrativo. Un claro desarrollo de esta postura son los innumerables acuerdos que. hoy día se firman como el TLC con países aliados en los cuales se cede soberanía. económica frente a estos acuerdos. Es del resorte del ejecutivo como máxima. autoridad administrativa lograr concretar la totalidad del estos tratados para robustecer. los lazos económicos en un mundo que hoy declina su soberanía ya que la. globalización es la tendencia a nivel mundial.. Con el derecho civil o privado: La autonomía del derecho administrativo está limitada. especialmente por las aplicaciones que hace del derecho civil, pues a pesar de que. aquel busca crear normas y principios especiales para la administración, la. especialidad de esas normas y principio está dada por su diferencia con los aplicables. a los particulares, que son fundamentalmente destacar las soluciones privadas. Es así. como en materia de responsabilidad del Estado, hasta no hace mucho la jurisprudencia. administrativa colombina venía aplicando las normas que con sangra el Código civil. para la responsabilidad de los particulares y sólo desde hace algún tiempo ha. empezado a aplicar principios propios del derecho administrativo. Por ejemplo, las. nociones de compraventa, arrendamiento, depósito, etc., son propias de la. normatividad civil, que el derecho administrativo simplemente están sujetas a. reglamentaciones especiales, sin que en sí mismo el concepto sea especial. Otra. situación particular entre el derecho civil y el administrativo se presenta en la facultad. de delegación, mientras en el derecho privado se delega para obrar, pero se retiene la. responsabilidad, el mandatario obra por cuenta y riesgo del comitente o mandante,. artículo 2.142 C.C. en cambio en el derecho público se delega tanto la una como la. otra. Al respecto el artículo 211 inciso 2º reza “La delegación exime de responsabilidad. al delegante, la cual corresponde exclusivamente al delegatario, cuyos actos o. resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquél, reasumiendo la responsabilidad. consiguiente”.. Con el derecho comercial: Sobre este aspecto es de conocimiento general que hoy la. administración ha llegado a ejercer con cierto auge actividades de carácter industrial y. comercial, sometiéndose así a las normas que regulan este aspecto de las actividades. comerciales, subyugándose a las ritualidades del derecho comercial que rigen a los. comerciantes e industriales privados, que son del resorte del Código de comercio. Las. empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. están sometidas, por regla general y por mandato de la ley, a las mencionadas normas,. a pesar de ser entidades oficiales, ya que poseen más del 50% del capital estatal.. Ejemplo de ello la ley 142 y 143 de 1994 que reglamenta las empresas de servicios. públicos.. Con el derecho laboral: Las relaciones del Estado con sus servidores se han. caracterizado por un desarrollo propio, con normas y principios en algunos casos. diferentes del derecho laboral común. Ejemplo de esto podemos observar la ley 1950. de 1973 y la más reciente ley 909 de 2004, con sus modificaciones en la materia de la. carrera administrativa, que implementa la estabilidad laboral en el sector público, por. medio de méritos propios de los funcionarios, dando por terminado la burocracia que se. maneja en la administración pública. Pero en igual medida los conceptos de. prestaciones sociales si son propios del derecho laboral, así estén reglamentados de. diferente forma. La figura del contrato de trabajo en el derecho administrativo tiene las. mismas connotaciones que la legislación laboral.. Con el derecho penal: A primera vista parece difícil encontrar relaciones del derecho. administrativo con el derecho penal, sobre todo si se tiene en cuenta que este último se. encarga de juzgar una a los empleados del Estado cuando incurren en infracciones. delictivas. No obstante, debemos hacer notar que la administración con cierta. frecuencia utiliza el procedimiento de la sanción cuando los particulares o sus. funcionarios incurren en infracciones de tipo administrativo. Por ejemplo, la. administración impone multas a los particulares cuando ellos no obedecen sus. reglamentaciones. También pueden suspender o destituir a un funcionario cuando. incurre en faltas disciplinarias. En esos casos, la administración acude con frecuencia. al derecho penal para la utilizar de allí algunos principios, como los consistentes en que. no pueden aplicarse sanciones no previstas en la ley vigente, que el indiciado tiene. derecho a conocer de que se le acusa, rendir descargos o versión libre y solicitar o. aportar pruebas. Además, como otro aspecto en las relaciones con el derecho penal, la. administración es la encargada de prestar el servicio carcelario, es decir, es ella quien. ejecuta en la práctica las penas.. Relación del derecho administrativo con la contratación estatal: para el caso de la. contratación estatal vemos que las entidades públicas gozan de unas prerrogativas. excepcionales para cumplir con los fines estatales, es por ello que las normas que. regulan la materia, y tienen ínsito unas cláusulas exorbitantes que permiten a la entidad. proteger el interés propio, cuando el contratista incumple con las obligaciones. contractuales pactadas y no cumplen con las expectativas contractuales, de ese modo. podemos observar, como la ley 80 de 1993 en el artículo 58, consagra “las sanciones”. como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute en la relación con. su actuación contractual, y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en. la Constitución Política y la ley, las personas (Entidades del Estado, servidores. públicos, contratistas, consultores, interventores y asesores).. El contenido de los actos sancionatorios, encontramos el artículo 59 ibídem, cuando. expresa que la determinación de la responsabilidad del contenido de los actos. sancionatorios, la harán las autoridades competentes en providencia motivada en la. que se precisarán los hechos que la generan, los motivos y circunstancias para la. cuantificación de las indemnizaciones a que haya lugar y los elementos utilizados para. la dosimetría sancionatoria. Así en ella se señalarán los medios de impugnación y. defensa que procedan contra tales actos administrativos, el término que se disponga. para ello y la autoridad ante quien deba intentarse.. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria y en la contratación. estatal, por lo tanto el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, establece que el debido. proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones. contractuales. Con desarrollo a lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los. contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de. Contratación de la Administración Pública, tendrá la facultad de imponer las multas de. forma unilateral que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a. cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del. afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido. proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las. obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con. el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. En. igual propósito el decreto 1510 de 2013 prescribe en su artículo 14 “información de. multas, sanciones, inhabilidades y actividades contractuales. Vemos la injerencia del. derecho administrativo en todo lo relacionado a los contratos estatales, donde cada. actuación administrativa tendrá un control posterior por parte de las entidades de. control y por los contratistas cuando se sienta vulnerado en su derecho como parte en. los procesos de la contratación pública.. Es de resalta que sobre este aspecto la ley 1437 de 2011 consagra el procedimiento. administrativo sancionatorio que se regirá por este Código, y la ley 80 de 1993 como. norma especial que rige en particular la contratación, y tiene unos lineamientos. mínimos para procurar un debido proceso, ¿pero podrá el contratista alegar que se. aplique el procedimiento del C.P.A.C.A, en pro de un debido proceso administrativo ya. que es norma general que rigen a la autoridad administrativa y la función pública?. . Buscando la aplicación materia del principio del non bis in ídem, y un principio fundante. como el in dubio pro reo, que para el caso será la aplicación de la norma más favorable. frente a los hechos dañinos que se causaron a la administración pública. . El problema suscitado se centra en determinar, si es ajustado a la legalidad que el. procedimiento para la imposición de las multas se confíe a cada entidad estatal o si con. ello se incurre en un desbordamiento de la potestad reglamentaria, cuando la entidad. contratante imponga multas sucesivas por los mismos hechos, y, no se corrigen por el. contratista? . ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. Derecho administrativo sancionador la represión de los ilícitos ya no corresponde de. manera exclusiva al poder judicial - derecho punitivo del Estado - Sanción directa por la. Administración, en términos de la doctrina y la jurisprudencia constitucional, supone. una ruptura del principio clásico de la tridivisión de poderes, en la medida en que la. represión de los ilícitos ya no corresponde de manera exclusiva al poder judicial, y más. concretamente a la justicia penal. En efecto, el modelo absoluto de separación de. funciones del poder público, se reveló como insuficiente ante el incremento de deberes. y obligaciones de los particulares, como de funciones públicas de los servidores del. Estado, que ante su incumplimiento merecían la imposición de una sanción. Sin. embargo, no todas las infracciones eran susceptibles del mismo tratamiento, pues en. atención a los intereses que se pretendían proteger con cada una las disciplinas del. derecho punitivo del Estado, se distinguieron aquellas que serían objeto de sanción. directa por la Administración, y aquellas otras que se reservarían para la justicia penal.. Autoridades administrativas - Poder de sanción en la actualidad, es innegable que a. través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la preservación y. restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no. sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas. contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las. autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos. que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades. públicas.. Es entonces en la existencia de una pena o castigo, en donde se distinguen el derecho. administrativo sancionador de otras instituciones que se proponen defender y amparar. el mantenimiento del orden jurídico, como lo son, por ejemplo, las acciones públicas en. defensa de la Constitución, frente a las cuales las órdenes de protección pueden. limitarse a la simple exigencia de una acción u omisión de determinados actos (C.P.. arts. 86 y 88).. Se reconoce que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las. competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen, pues es indudable. que si un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una obligación o para regular. una conducta con miras a lograr la realización del interés general, el incumplimiento de. ese mandato correlativamente debe implicar la asignación de atribuciones. sancionatorias bien sea al mismo órgano que impuso la obligación o a otro distinto, con. el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de los. castigos correspondientes. . La potestad sancionadora como potestad propia de la administración es necesaria para. el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines.. (...). Permite realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de. competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios. funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una. disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realización de sus. cometidos.3. Potestad sancionadora comparación y distinción con los conceptos de poder de policía. y función de policía de otro lado, para abrir mucho más el concepto el Código de. Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, nos proporciona la información pertinente con. relación que órganos ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera. especial dentro de la competencia que le facultad la ley, el artículo 202 en los. numerales 1,2,4 otorgando funciones especializadas de policía judicial dentro del. proceso penal, pero diferenciando la Administración, y distinción con los conceptos de. poder de policía y función de policía, en los siguientes términos:. - “Por una parte, se distingue del poder de policía, en cuanto éste lejos de pretender. preservar la vigencia del orden jurídico mediante la represión o sanción de. comportamientos contrarios al mismo, se limita a regular el alcance de la libertad. ciudadana mediante normas generales e impersonales, a fin de asegurar la estabilidad. del orden público conforme a los parámetros de la salubridad, moralidad, seguridad y. tranquilidad pública.. - Por la otra, la potestad sancionadora es distinta de la función de policía, pues ésta. supone el ejercicio de facultades asignadas a las autoridades administrativas en. ejercicio del poder de policía, con miras a garantizar el orden público en sus diversas. 3 Corte Constitución. Sentencia C-214 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell. . facetas, y no a consagrar los distintos instrumentos de coacción que permitan. sancionar el incumplimiento de los mandatos impuestos por las normas jurídicas a sus. destinatarios. . Potestad sancionadora realización de los fines del Estado: En consecuencia, la. potestad sancionadora de la Administración permite asegurar la realización de los fines. del Estado, al otorgarle a las autoridades administrativas la facultad de imponer una. sanción o castigo ante el incumplimiento de las normas jurídicas que exigen un. determinado comportamiento a los particulares o a los servidores públicos, a fin de. preservar el mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la. organización estatal”.4. (...). “El poder de policía lo ejerce, de manera general, el Congreso de la República por. medio de la expedición de leyes que reglamentan el ejercicio de la libertad cuando éste. trasciende el ámbito privado e íntimo. Este poder también es ejercido en forma. excepcional, por el Presidente de la República en los estados de guerra exterior,. conmoción interior y emergencia. La función de policía es ejercida por las autoridades. de la rama ejecutiva (como los alcaldes, inspectores y superintendentes) en. cumplimiento de competencias determinadas por la ley.”5. GARANTIA DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS LIMITACIÓN DEL JUEZ AD. QUEM O EL SUPERIOR JERARQUICO O FUNCIONAL, AL DECIDIR RECURSO. DEL APELANTE ÚNICO.. Otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la. competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha. de desatarse la apelación interpuesta contra una sentencia la constituye la garantía de. la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con. su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación. que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único. mediante la sentencia de primera instancia. Dicha garantía, que le imposibilita al juez. de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y. que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de. quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración. constitucional en el artículo 31. . 4 Corte Constitucional. Sentencia C-366 de 1996. M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez. 5 Corte Constitucional. Sentencia C-492 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.. CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 31 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada. o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar. la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.. NON REFORMATIO IN PEJUS . La no reformatio in pejus –al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de. los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela– no tiene alcance absoluto. o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes. restricciones de carácter general, a saber: i).- En primer lugar debe resaltarse que la. imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del. apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo. interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como. aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias. apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque. diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o. integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual. materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas; ii).- En segundo lugar ha. de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos. inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre. que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “… aun cuando. fuere desfavorable al apelante” (artículo 328, inciso 4, C. G.P. ley 1564 de 2012).. FUENTE FORMAL: CODIGO GENERAL DEL PROCESO artículo 328 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.. A la luz de esta garantía, que le impone al juez de la segunda instancia el deber de. respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resultaren. desfavorables para el apelante único y que el mismo no hubiere cuestionado por. considerarlos no perjudiciales para sus derechos o intereses, conecta perfectamente. con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el. juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo. 357 del C. de P. C., en razón de la cual “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo. desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia. en la parte que no fue objeto del recurso”, de lo cual se desprende con claridad que si. la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el. fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda. instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente. único –y con ello para el resto de las partes del proceso–, los demás aspectos de ese. fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no. hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición. evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como. perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de. primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por. encontrarse conforme con ellos. De esta manera resulta claro que el límite material. para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los. propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera. diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual,. simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación frente a los temas no analizados. y escudriñados por el operador judicial.6. Frente al tema tratado observamos puntos convergentes pero donde se puede. visualizar puntos más garantista, y, donde este principio tiene conexidad con otros. derechos fundamentales dando así un núcleo duro, ya que su concatenación con otros. derechos de primera generación ofrece garantías que exacerban otros principios como. el principio de justicia, en relación a ello examinamos la sentencia del Consejero de. estado Enrique Gil Botero. “establece el derecho fundamental a la non reformatio in. pejus, proscribiendo así que el superior jerárquico, al examinar el recurso presentado. por el apelante único, haga gravosa o más penosa la decisión adoptada por el fallador. de primera instancia. La interdicción a la reforma en peor, que se encuentra. íntimamente ligada a los derechos al debido proceso, de defensa, de doble instancia,. entre otros, también se relaciona con el principio de congruencia de las decisiones. judiciales, por tanto, el ad quem tendrá competencia para abordar el juicio propuesto. por el recurrente, pero circunscribiéndose al objeto propuesto en la apelación, esto es,. sin examinar otros aspectos de la decisión, y mucho menos su integralidad, a no ser. que existan puntos cuyo análisis sea imprescindible para resolver el problema. formulado. Sumado a lo anterior, la competencia del juez también se restringe de forma 6 trece (13) de febrero de dos mil trece (2013) Radicación número: 50001-23-31-0001999-00165-01(25310). Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ. negativa cuando sólo una de las partes del litigio apela la decisión del a quo, en este. caso, el fallador de instancia no puede reformarla en peor, esto es, agravando las. condiciones del recurrente al momento de interponer el recurso, por ende, tendrá que. respetar y mantener como mínimo la providencia recurrida, materializando así el. derecho de defensa y el principio de impugnación”.7 Subraya fuera del texto. Frente a este principio fundamental de la C.P de 1991, y consagrado en el derecho. penal como principio rector, hoy día empotrado dentro del procedimiento administrativo. sancionatorio ley 1437 de 2011, fundamenta que los autoridades administrativos deben. ceñirse a unos parámetros mínimos, para realizar los procedimientos que le son. propios en el proceso de vigilancia inspección y control que le son delegados por el. legislador o por el ejecutivo en sede legislativa y por delegación. El funcionario. administrativo deberá guardar los parámetros consignados en los principios, reglas y. jurisprudencia para así llevar a buen fin un proceso administrativo sancionatorio, ya que. su acto o resolución puede ser recurrida ante el superior o ante los jueces. administrativos para que resuelvan la legalidad y formalidad del procedimiento. administrativo . PRINCIPIO DE INOCENCIA. En aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29). La garantía. constitucional debe interpretarse en armonía con los múltiples tratados internacionales. suscritos por Colombia e incorporados a nuestro sistema jurídico de conformidad con lo. dispuesto por el artículo 93 C.P. por ello esto no es ajeno al derecho administrativo ya. que se debe guardar la ritualidad del procedimiento frente a los temas que se traten en. relación a los procesos sancionatorios que se lleven por la autoridad administrativa;. desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho. reconoce -sin discriminación alguna- la primacía de los derechos inalienables de la. persona (art. 5 C.P.) y, por lo mismo, la constitución, sin ambages, señala, dentro de. los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos los de. libertad, como ámbitos de autodeterminación de los individuos (art. 2 C.P.), en el marco. de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 C.P.). La duda. es un aspecto eminentemente técnico que atañe a la aplicación, por defecto de prueba,. del principio In dubio pro reo. Por lo que dentro del proceso no se puede presumir la. culpa y mucho menos emitir un acto administrativo sancionatorio sin determinar que se. infringió y no se cumplió con el debido proceso administrativo, por lo que la. administración se encuentra obligada a probar fehacientemente que el servidor público. 7 dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010) Radicación número: 18001-23-31-000-1997-01198-01(18357). ENRIQUE GIL BOTERO. cometió la falta materialmente catalogada como sancionatorio. Y en caso de existir. duda sobre el hecho o comportamiento asumido por el funcionario o particular en. relación con el bien jurídico legalmente protegido, sin que fuere posible establecer. conexidad alguna con su trasgresión, la administración está en la obligación de. resolverla a favor del investigado, pues las pruebas deben conducir indefectiblemente,. como debe ser, a demostrar una verdad real o material de los hechos. Siendo así la. autoridad administrativa será sujeto de los recursos ordinarios que serán impetrados. por el sancionado, ante el superior jerárquico o funcional para buscar no dejar la. decisión en firme hasta resolución del recurso, y si llegase a avizorar que dentro del. acto administrativo infringió los medios de control para su promulgación procederá. contra ellos una de las causales de nulidad del acto administrativo; y Procederá cuando. hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin. competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y. defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de. quien los profirió. Esto busca proteger los derechos del sancionado frente a la. expedición del acto sancionatorio administrativo de carácter particular, generando una. obligación especial para el sancionado que no debe soportar. . DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICIÓN . En materia administrativa, la jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las. garantías mínimas previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso. Las. garantías mínimas previas tienen que ver con aquellas garantías mínimas que. necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o. procedimiento administrativo, tales como (i) el derecho de acceso a la administración. de justicia con la presencia de un juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las. actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la. imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente. sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones. propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable y. sin dilaciones injustificadas y, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que. se alleguen en su contra. A su vez, las garantías mínimas posteriores se refieren a la. posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los. recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.. Algunos de los derechos sustanciales tutelados por las normas superiores relativas al. debido proceso son prevalentes por su misma naturaleza. Tal el derecho a no ser. juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa, o el principio de. favorabilidad, los cuales no admiten limitaciones. Otros derechos, en cambio, y tal es el. caso del derecho de defensa y de contradicción, pueden verse limitados para. garantizar intereses legítimos alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no resulte. desconocido, y las limitaciones establecidas sean razonables y proporcionadas. En. efecto, una posición según la cual no fuera legítimo limitar el derecho de defensa,. llevaría a extremos en los cuales se haría imposible adelantar el proceso para llegar al. fin último (…) de esclarecer la verdad real, y haría nugatorio el derecho también. superior a un debido proceso “sin dilaciones injustificadas” (C.P art. 29). Así por. ejemplo, si al incriminado hubiera de oírsele cuantas veces quisiera, o si fuera. necesario practicar todo tipo de pruebas sin consideración a su conducencia o. pertinencia, el trámite se haría excesivamente dilatado y no se realizaría tampoco el. principio de celeridad al que se refiere el artículo 228 superior cuando indica que los. términos procesales deben ser observados con diligencia”. En este mismo sentido, ya. se había pronunciado la Corte de tiempo atrás en la sentencia C-475 de 1997, al. sostener que si los derechos del procesado -como el derecho de defensa- tuvieren. primacía absoluta, no podría establecerse un término definitivo para acometer la. defensa, ni restringirse la oportunidad para practicar o controvertir las pruebas, ni. negarse la práctica de pruebas inconducentes cuando hubieren sido solicitadas por el. procesado. De manera que, predicar la supremacía infranqueable del derecho de. defensa equivaldría, a someter el proceso a las decisiones del procesado. Para la. Corte, la concepción absolutista de los derechos en conflicto puede conducir a. resultados lógica y conceptualmente inaceptables, razón por la cual debe optarse por. preferir que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible, para lo cual. deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren. su coexistencia armónica. En relación con la mayor o menor extensión temporal de los. términos procesales, y de la labor de control que corresponde al juez o la. administración en la materia, sostuvo la Corte que “a no ser que de manera evidente el. término, relacionado con derechos materiales de las personas, se halle irrisorio, o que. se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no puede deducirse a priori. que el término reducido contraríe de suyo mandatos constitucionales”.8. En relación con el plexo de garantías que involucra el ejercicio del derecho de defensa,. en el contexto de un sistema acusatorio, la corporación ha sentado las siguientes. reglas: “(i) ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos. se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa; (ii) el. derecho de defensa es general y universal, y en ese contexto no es restringible al. menos desde el punto de vista temporal; (iii) el ejercicio del derecho de defensa surge. desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y. solo culmina cuando finalice dicho proceso; (iv) el derecho de defensa, como derecho. fundamental constitucional, es un derecho que prima facie puede ser ejercido. directamente por un procesado al interior de un proceso; (v) el procesado puede hacer. valer por sí mismo sus argumentos y razones dentro de un proceso; (vi) el derecho de. defensa se empieza a ejercer desde el momento mismo que se inicia las. 8 Sentencia C-315/12. averiguaciones previas y se tenga conocimiento de ello; (vii) constituye una de las. principales garantías del debido proceso, y representa la oportunidad reconocida a toda. persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser. oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y. objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se. estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga; y (viii) la. importancia del derecho de defensa, en el contexto de las garantías procesales, radica. en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y. evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación. o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre. la base de lo actuado; (ix) en el contexto de los procesos penales, el derecho a. impugnar la sentencia condenatoria adquiere carácter fundamental, por lo que el. Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad de tal derecho”9.. PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM . El principio non bis in idem se encuentra estipulado en el inciso 4º del artículo 29 de la. Constitución. En él se establece que “quien sea sindicado tiene derecho (…) a no ser. juzgado dos veces por el mismo hecho”. Este postulado se fundamenta, según lo ha. establecido la jurisprudencia de esta corporación, en los principios de seguridad jurídica. y la justicia material. Así lo destacó desde la sentencia T-537 de 2002, la Corte sostuvo. que: “Este principio implica que el Estado se halla legitimado para imponer, luego de. los procedimientos legales respectivos, sanciones penales o disciplinarias cuando. demuestre la ocurrencia de delitos o de faltas y concurra prueba que acredite la. responsabilidad de quienes en ellos intervinieron pero que una vez tomada una. decisión definitiva sobre el hecho constitutivo del delito o de la falta y sobre la. responsabilidad o inocencia del implicado, no puede retomar nuevamente ese hecho. para someterlo a una nueva valoración y decisión. En virtud de ese principio, cualquier. persona cuenta con la seguridad de que las decisiones definitivas que se han proferido. en los procesos tramitados en su contra, con miras a establecer su responsabilidad. penal o disciplinaria, realizan la justicia en cada caso particular e impiden que los. mismos hechos puedan ser objeto de posteriores debates. Por ello se dice que el. principio non bis in ídem es una manifestación de la seguridad jurídica y una afirmación. de la justicia material.”10 En cuanto al alcance de este derecho, en desarrollo de la. interpretación constitucional del artículo 29 de la Carta, la Corte ha identificado el. principio non bis in idem como un derecho fundamental de aplicación inmediata, que. hace parte del debido proceso, que protege a cualquier sujeto activo de una infracción. de carácter penal, disciplinario, o administrativo mediante la prohibición de dos o más. 9 Sentencia C-371/11. 10 Sentencia T-537 de 2002. juicios y sanciones por un mismo hecho. La función que cumple el non bis in idem, ha. dicho la Corte, radica en “evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su. disposición, trate varias veces, si fracasó en su primer intento, de castigar a una. persona por la conducta por él realizada, lo cual colocaría a dicha persona en la. situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad e. inseguridad. Por eso, éste principio no se circunscribe a preservar la cosa juzgada sino. que impide que las leyes permitan, o que las autoridades busquen por los medios a su. alcance, que una persona sea colocada en la situación descrita. De ahí que la. Constitución prohíba que un individuo sea “juzgado dos veces por el mismo hecho.” . Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido al principio del non bis in idem un. espectro mayor, al admitir que no es solo una prohibición dirigida a las autoridades. judiciales con el fin de impedir que una persona ya juzgada y sentenciada, vuelva a ser. investigada y/o juzgada por la misma conducta. Ha dicho que es también un derecho. fundamental que el legislador debe respetar. De manera que una norma legal viola este. derecho cuando permite que una persona sea objeto de múltiples sanciones, o juicios. sucesivos, por los mismos hechos, ante una misma jurisdicción. La seguridad jurídica y. la justicia material se verían afectadas, no sólo en razón de una doble sanción, sino por. el hecho de someter a una persona a juicios sucesivos por el mismo hecho. Al. interpretar el alcance de la garantía constitucional, la jurisprudencia colombiana ha. precisado que un mismo supuesto fáctico puede eventualmente llevar a dos. consecuencias negativas para la misma persona, pero advirtió que se vulnera el non. bis in idem cuando se presenta una triple identidad (objeto, causa y persona) en las dos. imputaciones : “Ello es así porque la proscripción de generar dos o más juzgamientos. por un mismo hecho exige mucho más que la simple identidad del supuesto de hecho. que desencadena los distintos procesos (...) Es cierto que toda persona tiene derecho a. la emisión de una decisión definitiva en los conflictos suscitados y a la proscripción de. la facultad estatal de reconsiderar esa decisión definitiva pues es claro que con un tal. proceder se extendería un manto de inseguridad jurídica sobre las decisiones de los. poderes públicos y se socavarían las bases mismas del Estado de derecho. Sin. embargo, para que tal derecho se consolide se requiere mucho más que la simple. identidad en la situación de hecho que sirve de punto de partida a esas diversas. actuaciones, circunstancia que explica por qué la jurisprudencia y la doctrina,. recogiendo decantadas elaboraciones, exijan la triple identidad de objeto, causa y. persona entre dos actuaciones para afirmar la vulneración del principio non bis in idem.. (...)”. Para definir los supuestos de aplicación del principio non bis in idem la Corte ha. señalado que deben concurrir tres identidades. Así, la sentencia C-244 de 1996. establece que: “Este principio que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, tiene. como objetivo primordial evitar la duplicidad de sanciones, sólo tiene operancia en los. casos en que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a. la cual se le hace la imputación. "La identidad en la persona significa que el sujeto. incriminado debe ser la misma persona física en dos procesos de la misma índole”. "La. identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la . aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie. fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza”. "La identidad en la causa. se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos”.. Igualmente, para la Corporación la prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que. un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones,. siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas. finalidades. Esta Corte ha precisado que el non bis in ídem veda es que exista una. doble sanción, cuando hay identidad de sujetos, acciones, fundamentos normativos y. finalidad y alcances de la sanción. Según la jurisprudencia de la Corte, existen. múltiples razones por las cuales puede no existir identidad de causa. En este sentido. ha indicado que la causa de los juzgamientos concurrentes es distinguible cuando. difieren la naturaleza jurídica de las sanciones, su finalidad, el bien jurídico tutelado, la. norma que se confronta con el comportamiento sancionable o la jurisdicción que. impone la sanción”11.. CONCLUSIONES . La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y. posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las. garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que. necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o. procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a. la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la. imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las. garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez. jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la. jurisdicción contenciosa administrativa.. De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha expresado que de la aplicación del. principio del debido proceso administrativo se derivan consecuencias importantes, tanto. para los asociados, como para la administración pública. Desde la perspectiva de los. asociados, del derecho al debido proceso se desprenden las garantías de (i) conocer las. actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer con. plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las. demás garantías establecidas en su beneficio.. 11 Sentencia C-244 de 1996. En lo que respecta a la administración, todas las manifestaciones del ejercicio de la. función pública administrativa se encuentran cobijadas por el debido proceso, tales como. (i) la formación y ejecución de actos administrativos; (ii) las peticiones presentadas por. los particulares; y (iii) los procesos que se adelanten contra la administración por los. ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.12. El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia. constitucional cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la. administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso. administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración. para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este. tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la. Administración: (i) persigue la realización de los principios constitucionales que. gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es,. igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se. diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al. control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso.13 Por. tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la. jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso. administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso.. De esta manera el derecho al debido proceso administrativo se vulnera por parte de. las autoridades públicas, cuando estas no respetan las normas sustanciales y. procedimentales previamente establecidas por las leyes y los reglamentos y con ello se. vulnera de contera el derecho de acceso a la administración de justicia.14. En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las. actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige a. la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 6º, 29 y 209. Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y. garantizan los derechos de los administrados.15. 12Ibidem. 13Ver sentencia C-506 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 14Ver Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 15Consultar Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. . BIBLIOGRAFÍA. López, D. (2009). El derecho de los jueces. Bogotá. 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M.P. Jaime Córdoba Triviño.. Sentencia C-089/11. Sentencia C-121/12. Sentencia del catorce (14) de agosto de dos mil ocho (2008). Radicación número:. 88001-23-31-000-2005-00028-01(1980-06) Consejero ponente: ALFONSO VARGAS. RINCON.

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