El principio de interpretación conforme a la constitución como criterio hermenéutico del Tribunal Constitucional

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Escuela de Posgrado

Maestría en Derecho Constitucional

EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN CONFORME A LA

CONSTITUCIÓN COMO CRITERIO HERMENÉUTICO DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tesis para optar el grado académico de

Magíster en Derecho Constitucional que presenta

Aldo Blume Rocha

Asesor: Enrique Bernales Ballesteros

Miembros del Jurado:

Francisco Eguiguren Praeli

Enrique Bernales Ballesteros

Abraham García Chávarri

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Dedicatoria

A mi padre, cuyo ejemplo de dedicación y sacrificio a todo nivel inspira mi vocación por el Derecho Constitucional y por ser un destacado profesional y, sobre todo, una mejor persona.

A mi madre, por su constante e invaluable apoyo y consejo.

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Índice

Página

Introducción……… ……….6

Capítulo I: La interpretación constitucional y el principio de interpretación conforme a la Constitución………...12

I.1 La interpretación constitucional y sus particularidades……….12

I.2 Los ámbitos de la interpretación constitucional………...21

I.3 Los principios de interpretación constitucional………...23

I.4 El principio de interpretación conforme a la Constitución……….27

I.4.1 Significado y fundamento………...27

I.4.1.1 Dimensión pasiva: Criterio orientador en el ejercicio del control constitucional………32

I.4.1.2 Dimensión activa: Principio general del ordenamiento jurídico………47

I.4.2 Límites...………...57

I.4.3 Tratamiento en la legislación peruana………..65

I.4.4 Tratamiento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional…...66

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supremo intérprete de la Constitución……… ……...…………...73

II.1.1 Naturaleza y características………..73

II.1.2 El supremo intérprete de la Constitución………...76

II.2 La sentencia constitucional y sus múltiples acepciones………..81

II.2.1 El concepto de sentencia: La sentencia según la teoría general del proceso………...82

II.2.2 La sentencia constitucional en sentido genérico: La sentencia en el marco del Estado Constitucional de Derecho…...87

II.2.3 La sentencia constitucional en sentido descriptivo:La sentencia emitida en el marco de los procesos constitucionales………...93

II.2.3.1 Sentencias constitucionales en el marco de los procesos constitucionales predominantemente subjetivos o de tutela de derechos fundamentales: hábeas corpus, amparo,hábeas data y cumplimiento………...96

II.2.3.2 Sentencias constitucionales en el marco de los procesos constitucionales predominantemente objetivos o de defensa de la Constitución: inconstitucionalidad, acción popular y competencial………100

II.2.4 La sentencia constitucional en sentido estricto: Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional………...103

II.2.4.1 Las resoluciones del Tribunal Constitucional………104

II.2.4.1.1 Admisibilidad………106

II.2.4.1.2 Improcedencia……….107

II.2.4.1.3 La sentencia interlocutoria denegatoria………..110

II.2.4.1.4 Otros casos………..111

II.2.4.2 Las sentencias del Tribunal Constitucional………...112

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II.3 Las sentencias interpretativas………...127

II.3.1 Presupuesto y concepto………..127

II.3.2 Clasificación………...133

II.3.3 Efectos………...141

II.3.4 Límites………...142

II.4 La aplicación del principio de interpretación conforme la Constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional………..143

II.4.1 STC N.° 0042-2004-AI/TC (Caso Ley de Tributación Municipal)……..149

II.4.2 STC N.° 002-2010-AI/TC (Caso Régimen CAS)………...165

II.4.3 STC N.° 0033-2010-AI/TC (Caso Ley Aseguramiento Universal en Salud)………...181

II.4.4 STC N.° 02964-2011-PHC/TC (Caso Art. 423.3 Código Procesal Penal)………...193

Conclusiones………...201

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Introducción

No cabe duda que una de las actividades más importantes en el quehacer de los juristas, sobre todo en el contexto de sociedades cada vez más complejas y con múltiples problemas y necesidades, como es el caso de las sociedades contemporáneas, radica en la interpretación jurídica. Esta actividad, consistente en términos generales, en la operación intelectual en virtud de la cual se adscribe o se otorga un contenido o significado a aquellas normas que regulan los distintos ámbitos de la sociedad, es justamente la que permite concretizar tales normas en la realidad y otorgar respuestas frente a las situaciones o problemas planteados por las distintas circunstancias históricas, sociales y políticas. En otras palabras, es a través de la interpretación jurídica como se pone de manifiesto la naturaleza dinámica e instrumental del Derecho, en tanto permite que este se adapte a los distintos desafíos que la realidad le presenta.

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entonces, tanto lex legis, es decir, la ley de leyes, la norma que ostenta la mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, comonorma normarum, es decir, la norma que regula las formas de producción de las distintas fuentes de Derecho presentes dentro del ordenamiento jurídico. Por tanto, a efectos de hacer valer la particular importancia que ostenta la Constitución, los valores y principios en ella contenidos deben ser adecuadamente interpretados y ser tenidos en cuenta por los operadores del Derecho. Como lo explicaremos más adelante, la interpretación constitucional, ya sea tanto por la norma que constituye el objeto de su actividad como por los sujetos que la realizan, presenta determinadas particularidades frente a la interpretación jurídico clásica y se rige por determinados principios, siendo uno de tales principios el principio de interpretación conforme a la Constitución.

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como principio de interpretación aplicable en el marco del control constitucional sino como principio general de todo el ordenamiento jurídico.

Usualmente se piensa que el espacio de la legalidad, es decir, la interpretación y aplicación de las leyes, es el espacio del juez ordinario mientras que el espacio de la constitucionalidad, la interpretación y aplicación de la Constitución, se encuentra reservado al juez constitucional, concretamente al Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el contexto de un Estado Constitucional de Derecho, los espacios de legalidad y constitucionalidad ya no pueden ser concebidos como compartimentos estancos en la medida en que en este contexto la Constitución es la premisa fundamental del ordenamiento jurídico y toda la actividad normativa debe respetar los parámetros constitucionales. Dichos espacios se encuentran por el contrario plenamente interrelacionados, siendo justamente el principio de interpretación conforme a la Constitución, como será explicado a lo largo del presente trabajo, la expresión máxima de dicha intersección.

Así, siguiendo a Alonso García, creemos que “pretender que la legalidad ordinaria y la legalidad constitucional son ámbitos del ordenamiento jurídico perfectamente separados o separables es, pura y simplemente, irreal. Dado que los ordenamientos preceden históricamente a las Constituciones, todo momento constituyente parte de esa realidad jurídica previa, bien para rechazarla, bien para darle apoyo (llegando incluso a “constitucionalizar” normas concretas), bien para mostrarse indiferente con la misma. Pero ocurre que, además, la realidad jurídica es el dato sobre el que operan los principios generales del ordenamiento, recogidos, en gran medida, en la Constitución”1.

Del mismo modo, al no ser posible hablar de constitucionalidad y legalidad como compartimentos separados tampoco será posible hablar de jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria como órganos que no guardan conexidad alguna. Creemos que el principio de interpretación conforme a la Constitución es un elemento clave para determinar los espacios de interacción de ambas jurisdicciones, especialmente en lo que respecta a su actividad interpretativa. En efecto, como lo

1 ALONSO GARCÍA, Enrique. ”La Interpretación de la Constitución”. Madrid: Centro de Estudios

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señala Aragón Reyes, “ya no se trata de dos jurisdicciones (una de “constitucionalidad” y otra de “legalidad”) estrictamente separadas, ni por el Derecho que aplican (ambas ahora aplican la Constitución y la ley) ni por los actos sometidos a su conocimiento (ambas entienden de actos y reglamentos, e incluso, en relación con la ley, sólo tiene el Tribunal Constitucional el monopolio de rechazo, pero no el control exclusivo de ella)2.

Evidentemente, esto plantea la interrogante acerca de si el principio de interpretación conforme a la Constitución tiene como implicancia la absoluta subordinación de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción constitucional o, en otras palabras, si es que el Tribunal Constitucional, al ostentar la condición de supremo intérprete de la Constitución, deviene también en el tribunal supremo definitivo, debiendo considerarse vinculante no solamente la interpretación que este realiza de la Constitución sino inclusive la interpretación que este realiza de las leyes en el ejercicio de su función jurisdiccional. De hecho, algunos autores, como el ya citado Aragón Reyes, parecen pensar en este sentido al afirmar lo siguiente: “Por otro lado, la necesidad subsiguiente, de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con la Constitución, significará que todos los jueces han de llevar a cabo tal interpretación constitucional y, lo que es más indicativo aún, que tal interpretación han de efectuarla según las pautas determinadas por el supremo aplicador e intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, que así se convierte, de manera inexorable, en el supremo tribunal del Estado, por encima “del Tribunal Supremo”3.

Por nuestra parte, somos de la opinión que la respuesta frente a este interrogante no debe ser planteada en términos unívocos sino que únicamente puede ser contestada teniendo en cuenta la especial complejidad del problema. Así, a lo largo del presente trabajo, pretendemos explicar cómo es que el principio de interpretación conforme a la Constitución puede ser útil a efectos de delimitar los alcances de las competencias del Tribunal Constitucional y del juez ordinario en su actividad jurídico-interpretativa.

2 ARAGÓN REYES, Manuel. “El juez ordinario entre legalidad y constitucionalidad”. En: A.A.V.V. La

vinculación del juez a la ley. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1997, p. 182.

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Para tales efectos, la presente investigación se encuentra estructurada en dos capítulos. En el primero de ellos se realiza una breve descripción de la teoría de la interpretación constitucional y de su especificidad, así como de los principios contenidos en ella, con especial referencia a los ámbitos en que se desenvuelve dicha actividad interpretativa. Luego se realiza un estudio detallado del principio de interpretación conforme a la Constitución, el cual comprende su significado, fundamento, límites y tratamiento por parte de la legislación peruana y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El primer capítulo se encuentra referido al estudio del principio de interpretación conforme a la Constitución y tiene por objetivo demostrar que este principio puede ser entendido en dos sentidos: uno clásico, como principio que apunta a preservar la existencia de la ley dentro del ordenamiento jurídico otorgándole un sentido interpretativo que la haga compatible con la Constitución; y uno nuevo, como criterio orientador de la actividad interpretativa de los operadores del Derecho, en especial de los intérpretes judiciales (Tribunal Constitucional y juez ordinario). Asimismo, revisaremos cuáles son los límites que deben ser tomados en cuenta a efectos de la utilización de este principio, tanto en su sentido clásico como en su sentido nuevo. Este capítulo se erige como el marco conceptual que tendremos de referencia en lo largo del presente trabajo.

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CAPÍTULO I:

La interpretación constitucional y el principio de interpretación conforme a la Constitución

I.1 La interpretación constitucional y sus particularidades

En la medida en que vamos a profundizar en el estudio del principio de interpretación conforme a la Constitución, a efectos de develar el completo alcance de este concepto, consideramos que ello implica tener claramente identificado el marco teórico en el que se inscribe dicho principio. En ese sentido, resulta imprescindible entender cuál es el rol de este principio en el interesante fenómeno que resulta ser la interpretación constitucional y las particularidades del mismo en el contexto de la interpretación jurídica.

Según Guastini, la interpretación jurídica pertenece al género de la interpretación textual. Denota o bien la actividad de averiguar o decidir el significado de algún documento o texto jurídico, o bien el resultado o producto de esta actividad, el significado mismo4. Particular cuestión en ese sentido supone reflexionar acerca de si la interpretación jurídica es una operación intelectual que representa un acto de decisión por parte de quien la realiza o un mero acto de

4 GUASTINI, Riccardo. “Estudios sobre la interpretación jurídica”. México D.F.: Porrúa, 2000, pp.

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descubrimiento de un sentido o significado. En otras palabras, nos referimos a la interrogante acerca de si la interpretación jurídica es un acto de aplicación del Derecho o un acto de creación del Derecho. En la medida en que no resulta objeto del presente trabajo pretender contestar a tan complicada interrogante, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un difícil debate que dista de ser resuelto, nos limitaremos a apuntar meramente la incidencia de dicha interrogante a efectos de analizar los alcances de la interpretación judicial, especialmente en lo que respecta al Tribunal Constitucional, como será visto con más detalle en líneas posteriores.

La interpretación jurídica puede ser entendida entonces bajo dos conceptos, uno restringido y otro amplio. El primero de ellos hace referencia a la atribución de un significado a una formulación normativa en presencia de dudas o controversias en torno a su campo de aplicación. Por tanto, en este contexto, solo hay lugar a interpretación ante textos oscuros o casos difíciles. En cambio, el segundo de ellos, el concepto amplio, hace referencia al mero hecho de atribuir significado a una formulación normativa, independientemente de dudas o controversias. De acuerdo a este concepto, se requieren siempre valoraciones, elecciones y decisiones. Quienes adoptan este concepto distinguen entre textos legislativos y normas (significado de los textos), siendo el objeto de interpretación los textos y el interpretar el producir una norma, de modo tal que las normas son producidas por los intérpretes. El concepto de interpretación jurídica también suele ser empleado para hacer referencia al conjunto de trabajo de los juristas o, incluso en un sentido peyorativo, al falseamiento de la ley5.

Para objeto del presente trabajo, en el que analizaremos la actividad interpretativa del Tribunal Constitucional en el ejercicio del control concentrado de constitucionalidad, cuando hablemos de interpretación jurídica estamos haciendo referencia a la interpretación jurídica en sentido amplio. Dicha acepción tiene la ventaja además de que permite rechazar la acusación que se suele imputar desde el Poder Legislativo relacionada a una supuesta interferencia de los jueces en la actividad legislativa por cuanto, desde este punto de vista, las normas no son los

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textos jurídicos dictados por el legislador sino la interpretación que de tales textos realizan los operadores del Derecho, especialmente los jueces.

Entendida la interpretación jurídica bajo esta acepción amplia, resulta importante también destacar la particularidad que la interpretación constitucional ostenta dentro de este fenómeno. En efecto, siguiendo lo apuntado por Guastini6, dicha particularidad radica no tanto en la actividad interpretativa en sí misma considerada sino en los siguientes factores:

a) Agentes de la interpretación constitucional: entendidos como destinatarios de las normas contenidas en la Constitución. Dependiendo de cómo se entienda la función política de la Constitución, estos pueden variar. Así, si se concibe la Constitución esencialmente como una limitación del poder político, se entiende que los destinatarios de sus normas y, por consiguiente, intérpretes de las mismas, son los órganos constitucionales supremos (sin considerar a los jueces). En cambio, si se concibe la Constitución como regulación de las relaciones sociales, se entiende que la norma constitucional es de eficacia directa y que debe ser aplicada por parte de los jueces comunes al resolver las controversias que se les presentan. Bajo tal contexto, se favorece la interpretación conforme de la legislación ordinaria y la sobreinterpretación.

Los intérpretes también pueden variar dependiendo del régimen jurídico de la Constitución. Así, en caso la Constitución sea de régimen flexible, es decir, sin control jurisdiccional y sin necesidad de un procedimiento agravado para reformar la norma constitucional, se entiende que el único intérprete oficial es el legislador. En cambio, en caso la Constitución sea de régimen rígido, dependiendo del modelo de control constitucional por el que se haya optado, serán intérpretes de la Constitución todos los jueces, en el caso del control difuso, o el juez constitucional, en el caso del control concentrado. En este último caso, el órgano que ejerce el control constitucional, comúnmente denominado Tribunal Constitucional, ostenta una posición privilegiada en el ejercicio de la interpretación constitucional.

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b) Técnicas de la interpretación constitucional: Estas también son variables en atención a diversas circunstancias. Así, para el caso de aquellas Constituciones que resultan otorgadas, ya sea por un soberano o por una asamblea, ostenta especial importancia en la interpretación constitucional la intención del legislador constituyente. En cambio, para aquellas Constituciones que resultan consecuencia de un pacto entre varias partes, como puede ser el caso entre un soberano y una asamblea, se debe tomar en cuenta las intenciones de las partes.

Asimismo, muchas de las técnicas de interpretación clásicas presentan distintas particularidades cuando son empleadas a efectos de realizar interpretación constitucional. En efecto, en la medida en que la Constitución establece el marco regulador para el ejercicio del poder, una interpretación liberal resulta favorecida en la medida en que esta apunta a restringir el poder estatal y a extender los derechos de la libertad. De otro lado, la interpretación literal no resulta ser siempre el método indicado a emplear pues la Constitución suele contener normas de principio, de contenido eminentemente prescriptivo. Además, la Constitución demanda en muchas ocasiones una interpretación evolutiva pues, dado su carácter marco, contiene un significado que debe ser adaptado a las cambiantes circunstancias políticas y sociales.

En la misma línea, Díaz Revorio sostiene que, si bien los elementos y criterios propios de la interpretación jurídica son aplicables a la interpretación constitucional, si bien con algunos matices, pero resultan en sí mismos insuficientes y deben ser completados con otros criterios propios7. A criterio de dicho autor, la particularidad de la interpretación constitucional se presenta en los siguientes factores8:

a) Por el objeto de interpretación: La Constitución es una norma que presenta particularidades por su condición de norma marco que contiene mandatos para los poderes públicos, las cuales pueden ser resumidas en características tales como:

7 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier. “Interpretación de la Constitución y Justicia Constitucional”.

México D.F.: Porrúa, 2009, pp. 5-20.

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- Carácter abierto (ambigüedad): Contiene fórmulas de compromiso y conceptos jurídicos indeterminados.

- Politicidad: Decide sobre problemas políticamente relevantes. Este es un elemento presente en la elaboración de la Constitución así como en su desarrollo e interpretación misma.

- Carácter axiológico o valorativo: Contiene valores y principios generales (libertad, igualdad, justicia, dignidad, entre otros). Son límites para los poderes públicos pero a la vez son interpretados por ellos. También son criterios de interpretación.

b) Por el método de interpretación: Este presenta matices pero no es radicalmente diferente que el utilizado en la interpretación de las leyes ordinarias. Como ejemplo de ello, podemos mencionar los siguientes criterios:

- Criterio gramatical, el cual se encuentra referido al sentido propio de las palabras expresadas en el texto constitucional. Puede servir como punto de partida pero, dada la presencia de términos generales y ambiguos en la redacción de la Constitución este método resulta insuficiente.

- Criterio sistemático, en el cual encontramos el argumento a coherentia, es decir, la no incompatibilidad o contradicción; el argumento sedes materiae o de ubicación en el texto normativo; y el de unidad de la Constitución.

- Criterio histórico, el cual hace referencia a los antecedentes históricos y legislativos. Ostenta un carácter secundario pues más sirve de apoyo a otros. - Criterio teleológico, el cual tiene en cuenta los fines presentes en la

Constitución. Este criterio influye y condiciona en gran medida a los demás pues muchas normas constitucionales contienen fines o valores que informan todo el ordenamiento jurídico.

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- Criterios propios de la interpretación constitucional: unidad de la Constitución, concordancia práctica, fuerza normativa de la Constitución y corrección funcional.

c) Por los sujetos de interpretación: Todos los sujetos realizan esta tarea pero existen posiciones que deben ser destacadas, como es el caso del legislador, del Tribunal Constitucional y los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial. Así, es posible distinguir entre un intérprete primario y cotidiano de la Norma Fundamental, que viene a ser el legislador por cuanto su actividad presupone una interpretación de la Constitución; y un intérprete secundario, que vienen a ser el Tribunal Constitucional, en la medida en que su interpretación sólo se produce en caso de conflictos constitucionales, y a instancia de parte legitimada. Ostenta la condición de supremo intérprete de la Constitución y su interpretación prevalece sobre la de cualquier otro órgano o poder del Estado, siendo que, conforme será analizado con más detalle más adelante, en su ejercicio de control constitucional el Tribunal Constitucional califica las interpretaciones que han realizado de la Constitución otros intérpretes, como es el caso del Poder Judicial y del legislador, y está en la capacidad de revisar los actos que contienen tales interpretaciones y anularlos.

A ello hay que agregar también que la especificidad de las normas constitucionales, como normas abiertas y de alto contenido político, no necesariamente hace que su análisis desde la perspectiva clásica de la teoría de la interpretación quede inhabilitada pero requiere de todos modos el desarrollo de ciertos aspectos, como es el caso de los contenidos de valor, que resultan menos usuales en la interpretación de la ley. En otras palabras, si bien toda interpretación implica un cierto grado de carácter político, este es mayor en el caso de la interpretación constitucional.

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comprender, en el curso del tiempo, situaciones muchas veces no contempladas por el constituyente”9. El mismo autor, recogiendo las ideas de Pablo Lucas Verdú, sostiene también que la particularidad de la interpretación constitucional radica en la mayor trascendencia e influencia que tiene esta en el ordenamiento jurídico en su conjunto pues la interpretación constitucional es indispensable para la convivencia política, a diferencia de la interpretación de las normas de derecho privado, que solamente es camino previo para arreglar conflictos de intereses privados10.

Es más, autores como Canosa Usera, abogan no solamente por la especificidad de una teoría especial de interpretación de la Constitución sino, inclusive, por la superioridad de esta sobre las teorías hermenéuticas clásicas a efectos de interpretar el contenido de las normas constitucionales. Así, para dicho autor “la teoría de la interpretación se integra como parte fundamentalísima de la Ciencia Jurídica, y dentro de ésta es posible distinguir algunas teorías hermenéuticas particulares entre ellas: la referida al Derecho Constitucional. Estas teorías particulares comparten los principios básicos que conforman la teoría general. Dada la importancia y rango del objeto de la hermenéutica constitucional, ésta podría ser colocada en posición de preeminencia jerárquica y se identificaría, en ocasiones, con la teoría general misma cuando tuviera que valorar un precepto de derecho derivado y el resultado de la interpretación constitucional sobre esa disposición estuviera en desacuerdo con el producto de la interpretación inspirada en los cánones hermenéuticos propios de la rama a la que pertenece el precepto en cuestión”11.

Por nuestra parte, creemos que la interpretación conforme a la Constitución implica tener en cuenta la Constitución como parámetro interpretativo y no representa meramente un intento por salvaguardar la norma legal cuestionada. Tratamos la especificidad de la interpretación constitucional y de sus criterios a efectos de resaltar la importancia de tomarlos en cuenta en la interpretación judicial a todos los niveles.

9 LINARES QUINTANA, Segundo. “Tratado de Interpretación Constitucional”. Buenos Aires:

Abeledo Perrot, 1998, p. 121.

10 Ibíd.

11 CANOSA USERA, Raúl. “Interpretación constitucional y fórmula política”. Madrid: Centro de

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A efectos de entender propiamente en qué consiste la interpretación constitucional, tendremos como punto de referencia para el presente trabajo las ideas desarrolladas al respecto por el connotado jurista alemán Konrad Hesse, según el cual la interpretación constitucional es concretización de la Constitución en la realidad, a efectos de dar solución a un problema12. En ese sentido, la interpretación constitucional no puede ser concebida meramente como un fenómeno abstracto o meramente teórico sino que justamente es un mecanismo o herramienta que permite que los postulados de la Constitución tengan verdadera eficacia en la realidad. En efecto, la interpretación constitucional en sentido estricto se plantea como problema cada vez que ha de darse respuesta a una cuestión que la Constitución no permite resolver de forma concluyente13. De hecho, “precisamente

lo que no aparece de forma clara como contenido de la Constitución es lo que debe ser determinado mediante la incorporación de la “realidad” de cuya ordenación se trata. En este sentido, la interpretación constitucional tiene carácter creativo: el contenido de la norma interpretada sólo queda completo con su interpretación. Ahora bien, sólo en ese sentido posee carácter creativo: la actividad interpretativa queda vinculada a la norma”14.

En cuanto a la importancia de la interpretación constitucional, Hesse señala que esta radica en su imperiosa necesidad dado el carácter abierto y amplio de las normas contenidas en la Constitución. Debido a esta circunstancia, los problemas de interpretación surgen con mayor frecuencia que en otros sectores del ordenamiento cuyas normas son más detalladas. Dicha importancia aumenta ante la presencia de una jurisdicción constitucional de amplias proporciones15. A ello habría que agregar que esa circunstancia se complejiza más en un ordenamiento como en el peruano, en el que conviven tanto el control concentrado (Tribunal Constitucional) como el control difuso de constitucionalidad (el juez ordinario).

12 HESSE, Konrad. “La interpretación constitucional”. En: AA.VV. Escritos de Derecho

Constitucional. Madrid: CEC, Reimpresión 2012, p. 34.

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En cuanto al cometido de la interpretación constitucional, Hesse apunta que se debe hallar el resultado constitucionalmente correcto a través de un procedimiento racional y controlable, el fundamentar este resultado de modo igualmente racional y controlable, creando, de este modo, certeza y previsibilidad jurídicas, y no, acaso, el de la simple decisión por la decisión16.

Como puede observarse, Hesse se inclina por una concepción creadora de la interpretación constitucional, en el sentido de que considera que los contenidos de la Constitución no se encuentran predeterminados de manera absoluta sino que precisan de ser completados en atención a las circunstancias de la realidad, con ocasión del problema que se presenta frente a los tribunales. Por ello, siguiendo el criterio del destacado jurista alemán, no puede suponerse la existencia de una voluntad del constituyente en aquellos casos en los que no hay un criterio inequívoco, de modo tal que los criterios tradicionales de interpretación, que apuntan a descubrir la voluntad del constituyente o de la Constitución, resultan insuficientes al resolver la tarea de interpretación de manera imperfecta, suponiendo una voluntad del constituyente supuesta o ficticia que no puede sostenerse en principio seguros17.

Esta visión de la interpretación constitucional como concretización de la Constitución, cuya base reiteramos radica en la asociación de la norma constitucional con la realidad, requiere del empleo de una metodología en particular, cuyos pasos son descritos por Hesse pueden ser resumidos de la siguiente manera18:

a) Precomprensión: El intérprete no puede captar el contenido de la norma desde un punto de vista cuasi arquimédico situado fuera de la existencia histórica sino únicamente desde la concreta situación histórica en la que se encuentra, cuya plasmación ha conformado sus hábitos mentales, condicionando sus conocimientos y sus prejuicios. En otras palabras, no puede realizarse interpretación constitucional sin que el intérprete sea plenamente consciente de

16 Ibíd.

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sus propias circunstancias históricas así como de aquellas correspondientes tanto a la norma constitucional objeto de interpretación como al problema al que se pretende dar solución.

b) Comprensión y concretización: No puede haber interpretación constitucional desvinculada de un problema o tópico en la realidad que se pretende resolver. Esta operación de concretización de los valores y principios enunciados en la Constitución exige tener en cuenta tanto la presencia del programa normativo como del ámbito normativo19. El primero hace referencia propiamente al texto o

enunciado de la norma a concretar, siempre teniendo en cuenta su significación vinculante para la solución del problema. Aquí se aplican los métodos de interpretación tradicionales. En cambio, el segundo, el ámbito normativo, se encuentra referido a aquellos hechos y circunstancias sobre las cuales la norma incide. Ya que lo que las normas de la Constitución persiguen es la ordenación de la realidad de las situaciones vitales concretas, habrá que aprehender dicha realidad en los términos marcados en el programa normativo, en su forma y carácter materialmente – y con frecuencia también jurídicamente – determinados.

De otro lado, no hay que perder de vista que esta concepción de la interpretación constitucional como concretización de la Constitución no se encuentra exenta de límites. Estos se sitúan allí donde no existe algo establecido de forma vinculante por la Constitución, donde acaban las posibilidades de una comprensión lógica del texto de la norma o donde una determinada solución se encontrase en clara contradicción con el texto de la norma. No se admite ni el quebrantamiento constitucional ni la reforma de la Constitución20.

I.2 Los ámbitos de la interpretación constitucional

En la medida en que en el presente trabajo pretenderemos analizar la incidencia del principio de interpretación conforme a la Constitución en la actividad interpretativa de los operadores judiciales, concretamente del Tribunal Constitucional y su relación con el juez ordinario, creemos conveniente aclarar

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también la concepción de Constitución que tomamos como premisa y que deviene en punto de referencia ineludible a efectos de dilucidar las relaciones y/o vinculaciones interpretativas entre tales operadores judiciales.

En ese sentido, tal como lo apunta Díaz Revorio, la interpretación constitucional es una labor que se verá directamente influenciada por el propio concepto de Constitución que se defienda. En el contexto de un Estado Constitucional de Derecho, como en efecto lo veremos con detalle más adelante, el legislador tiende a pasar de creador a aplicador del Derecho y el Tribunal Constitucional, de aplicador a creador del Derecho21.

Para efectos de la presente investigación nos adscribimos al concepto de Constitución defendida por Robert Alexy en su teoría de los principios, el cual plantea un concepto intermedio entre Constitución como orden marco, el cual derivaría en un Estado de legislación en el que no hay límites materiales para la actividad legislativa, y la Constitución como orden fundamental, el cual derivaría en un Estado jurisdiccional en el cual el legislador se encuentra vinculado por estrictos parámetros constitucionales, cuya interpretación se encarga a los jueces, sin ningún margen de discrecionalidad pues se entiende que en la Constitución se encuentran predeterminadas en mayor o menor medida todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico. En otras palabras, Alexy distingue entre un modelo meramente procedimental de la Constitución, en el que no hay límites para el legislador, y un modelo puramente material de la Constitución, en el que no hay discrecionalidad del legislador, para proponer un modelo material procedimental de Constitución, en el cual hay discrecionalidad del legislador para algunas cosas y para otras no22.

Así, Alexy señala lo siguiente: “El modelo del marco ha sido descrito hasta ahora con ayuda de los conceptos de mandato, prohibición y de lo discrecional. Esto también puede hacerse con ayuda de los conceptos de necesidad, imposibilidad y posibilidad. Lo que está ordenado por la Constitución es constitucionalmente

21 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier. Op. Cit., p. 1.

22 ALEXY, Robert. “Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales”. En: Revista Española de

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necesario; lo que está prohibido por la Constitución es constitucionalmente imposible y lo que la Constitución confía a la discrecionalidad del Legislador es tan solo constitucionalmente posible, porque para la Constitución no es necesario ni imposible”23. Estas tres categorías, lo constitucionalmente necesario, lo constitucionalmente imposible y lo constitucionalmente posible, serán sumamente útiles a efectos de determinar los márgenes de interpretación con los que cuentan tanto el Tribunal Constitucional como el juez ordinario, en la medida en que, en principio, la actividad interpretativa del Tribunal Constitucional cobrará mayor relevancia en los ámbitos de lo constitucionalmente necesario y lo constitucionalmente imposible, mas no tanto así en el ámbito de lo constitucionalmente posible.

Asimismo, según la teoría de los principios, una buena Constitución tiene que combinar estos dos aspectos; debe ser tanto un orden fundamental como un orden marco. Esto es posible, si, en primer lugar, la Constitución ordena y prohíbe algunas cosas, es decir, establece un marco; si, en segundo lugar, confía otras cosas a la discrecionalidad de los poderes públicos, o sea, deja abiertos márgenes de acción; y, en tercer lugar, si mediante sus mandatos y prohibiciones decide aquellas cuestiones fundamentales para la sociedad que pueden y deben ser decididas por una Constitución24.

I.3 Los principios de interpretación constitucional

Siguiendo las ideas de Hesse, a los principios de interpretación constitucional les corresponde la misión de orientar y encauzar el proceso de relación, coordinación y valoración de los puntos de vista o consideraciones que deben llevar a la solución del problema25.

a) Principio de unidad de la Constitución

23 ALEXY, Robert. Op. Cit., p. 22. 24 Ibíd.

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La relación e interdependencia existentes entre los distintos elementos de la Constitución obligan a no contemplar en ningún caso sólo la norma aislada sino siempre además el conjunto en que debe ser situada; todas las normas constitucionales han de ser interpretadas de tal manera que se eviten contradicciones con otras normas constitucionales. La única solución del problema coherente con este principio es la que se encuentre en consonancia con las decisiones básicas de la Constitución y evite su limitación unilateral a aspectos parciales.

b) Principio de concordancia práctica

Los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos deben ser coordinados de tal modo en la solución del problema que todos ellos conserven su entidad. No se debe realizar uno a costa del otro. Se exige una labor de optimización, se hace preciso establecer los límites de ambos bienes a fin de que ambos alcances una efectividad óptima. Ello se debe hacer en atención al principio de proporcionalidad.

c) Principio de corrección funcional

Si la Constitución regula de una determinada manera el cometido respectivo de los agentes de las funciones estatales, el órgano de interpretación debe mantenerse en el marco de las funciones a él encomendadas; dicho órgano no deberá modificar la distribución de las funciones a través del modo y del resultado de dicha interpretación. Esto es aplicable en particular a las relaciones entre legislador y Tribunal Constitucional: puesto que al Tribunal Constitucional sólo le corresponde, frente al legislador, una función de control, le está vedado una interpretación que condujese a una restricción de la libertad conformadora del legislador más allá de los límites establecidos por la Constitución o, incluso, una conformación llevada a cabo por el tribunal mismo.

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Si la Constitución se propone la creación y mantenimiento de la unidad política ello exige otorgar preferencia en la solución de los problemas jurídico-constitucionales a aquellos puntos de vista que promuevan y mantengan dicha unidad.

e) Fuerza normativa

Dado que la Constitución pretende verse “actualizada”, y siendo así que las posibilidades y condicionamientos históricos de dicha “actualización” van cambiando, preciso será dar preferencia en la solución de los problemas jurídico-constitucionales a aquellos puntos de vista que ayuden a las normas de la Constitución a obtener la máxima eficacia, bajo las circunstancias de cada caso.

Cabe precisar que nos hemos limitado a reseñar brevemente los principios de interpretación constitucional en la medida en que el estudio de estos conceptos no constituye propiamente el objeto del presente trabajo sino que solamente representan ideas a tener en cuenta para una mejor comprensión del principio de interpretación conforme a la Constitución, cuyo estudio e implicancias en la actividad judicial interpretativa es la materia esencial de la presente investigación.

De otro lado, también hay que destacar que el Tribunal Constitucional no ha sido ajeno al desarrollo de conceptos relacionados a la interpretación constitucional. Así, tal como lo expone Marcial Rubio, el supremo intérprete de la Constitución, con relación a dicha materia, ha hecho referencia a los siguientes criterios:

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sentencias: STC N° 2209-2002-PA/TC, STC N° 0005-2003-AI/TC (fundamento 35), STC N° 0010-2002-AI/TC (fundamento 104), STC N° 0578-2003-PA/TC26.

b) Interpretación institucional: Es una especie de la interpretación sistemática. Lo particular es que no solamente se interrelacionan las normas entre sí sino también las instituciones constitucionales. Esto significa, en el trabajo metodológico concreto, que cuando abordemos un problema de relevancia constitucional no basta con ir exclusivamente a la norma aplicable. Siempre tendremos que ver una mirada panorámica a la Constitución, ver qué otras instituciones están relacionadas con el caso y armonizarlas todas para encontrar la verdadera norma aplicable. Como ejemplo del desarrollo de este criterio podemos citar la siguiente sentencia: STC N° 0006-2003-AI/TC (en la cual se desarrolla una interpretación del artículo 100 de la Constitución, el cual hace referencia al antejuicio constitucional)27.

c) Interpretación social: No puede haber una desvinculación entre derecho y sociedad, pero, además, los fines constitucionales deben cumplirse en la realidad. Por consiguiente, el derecho constitucional no puede aplicarse al margen de la realidad social concreta a la que, precisamente, se aplica con sus objetivos y finalidades. La teleología del derecho constitucional es eminentemente social pues organiza a la sociedad en sus mayores aspectos y, por consiguiente, el criterio social de interpretación debe estar presente en la metodología de trabajo. Como ejemplo del desarrollo de este criterio podemos citar la siguiente sentencia: STC N° 0001-2003-PA/TC (fundamento 9)28.

d) Interpretación teleológica: La telelología se define como la teoría de las causas finales, de los fines últimos a los cuales está destinada determinada institución, en nuestro caso la Constitución Política del Estado. La garantía de la vigencia de los derechos humanos o constitucionales debe ser asumida

26 RUBIO CORREA, Marcial Antonio. “La interpretación de la Constitución según el Tribunal

Constitucional”. Lima: PUCP, 2013, p.68

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27

por el Estado como una responsabilidad teleológica, es decir, como perteneciente a sus propios fines esenciales. En el artículo 44 de la Constitución está la teleología de contenido del Estado y en el 43 está la forma. A esto hay que añadir diversas finalidades específicas esparcidas a lo largo del texto constitucional. Cada uno de estos fines es un principio informador de la interpretación constitucional en su conjunto. Como ejemplos del desarrollo de este criterio podemos citar las siguientes sentencias: STC N° 0001-2009-AI/TC, STC N° 2727-2002-PA, STC N° 0008-2003-AI/TC29.

I.4 El principio de interpretación conforme a la Constitución

I.4.1 Significado y fundamento

Como punto de partida, debemos tener en cuenta que este es un principio dirigido a la interpretación de la ley o de las normas infraconstitucionales antes que a la interpretación de la propia Constitución. En ese sentido, como bien lo apunta Guastini30, no se trata propiamente de un principio de interpretación constitucional sino de un principio de interpretación de las leyes.

La concepción de este principio como herramienta de preservación de la ley sujeta a control constitucional es una idea presente desde su origen, el cual tiene lugar en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y se remonta, según lo refiere Edgar Carpio31, a 1796, concretamente al caso Hylton vs. United

States y al voto formulado por elvocalSamuel Chase, quien llegó a expresar “si la

Corte tiene tal poder (de declarar la inconstitucionalidad), soy libre de declarar que nunca lo ejerceré si no se trata de un caso muy claro”. Este principio fue acogido por la Corte plenamente en 1819, en el caso Dartmouth College vs. Woodward, en el cual el presidente de la Corte, John Marshall, afirmó que había que presumir la

29 RUBIO CORREA, Marcial. Op. Cit., pp. 84-85.

30 GUASTINI,Riccardo. “Teoría e ideología de la interpretación constitucional”. Madrid: Trotta, 2008,

p. 72.

31 CARPIO

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validez de la ley por el debido respeto a la sabiduría e integridad del cuerpo legislativo que la sancionó hasta que su inconstitucionalidad sea probada más allá de toda duda razonable32.

Los orígenes del principio se remontan a la práctica constitucional de los Estados Unidos en donde se formuló la idea de interpretar las leyes “in harmony with the Constitution” y en la actualidad forma parte del acervo jurisprudencial elaborado por los organismos encargados de ejercer el control de constitucionalidad en otros países. Así, por ejemplo, en Alemania la “Verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen,” ha sido adoptada por el Tribunal Constitucional Federal desde fecha muy temprana; en Italia la “interpretazione della norma conforme alla Constituzione” hace parte del repertorio de técnicas empleadas por la Corte Constituzionale; en Francia “l’interpretation conforme á la Constitution” se inscribe dentro del marco de las decisiones tomadas con fundamento en la técnica de “la déclaration de conformité sous reserve” y en España “el Tribunal Constitucional formuló el principio desde su primera sentencia de inconstitucionalidad” de 2 de febrero de 198133.

De otro lado, cabe tener en cuenta los distintos ámbitos dentro de los cuales es posible encontrar fundamentos a este principio, como es el caso del punto de vista del ordenamiento jurídico y el punto de vista del principio democrático, los cuales nos permitirán después enunciar la doble dimensión que este ostenta. En ese sentido, siguiendo al profesor Sánchez Sánchez, es posible encontrar el fundamento del principio de interpretación conforme a la Constitución en los siguientes ámbitos34:

a) Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico

- La unidad del ordenamiento jurídico

La concurrencia de la ley y de la Constitución en razón de la interpretación de la primera de conformidad con la segunda expresa la unidad del Derecho y esa

32 Ibíd.

33SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Abraham. “Sentencias interpretativas y control de constitucionalidad en

Colombia”. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, p. 489.

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unidad se afirma a un mismo tiempo tanto negativa como positivamente en la aplicación del principio estudiado. Negativamente, por cuanto la depuración del Ordenamiento que se realiza mediante la identificación de la inconstitucionalidad de las normas legales contrarias a la Constitución asegura la neutralización de elementos no susceptibles de pertenencia al sistema y, positivamente, porque merced a la constitucionalidad condicionada del precepto acusado se conservan en el Ordenamiento las lecturas que por avenirse a la Constitución mantienen con ella la unidad de sentido que les permite hacer parte del conjunto35. En ese sentido, este principio es manifestación de la interacción entre los ámbitos de la constitucionalidad y de la legalidad y dicha interrelación tiene como premisa la pertenencia a un mismo ordenamiento jurídico.

- La coherencia del ordenamiento jurídico

La interpretación de la ley conforme a la Constitución, en manos del Tribunal Constitucional se revela como un instrumento al servicio de la tutela de la coherencia del Ordenamiento jurídico, característica en la cual, por esta circunstancia, tiene también fundamento. Se tutela la coherencia frente a dos antinomias: la primera, que se produce entre las normas derivadas del precepto legal a interpretar; y la segunda, que se produce entre las normas legales contrarias a la Constitución y los contenidos de ésta36. En ese sentido, este principio permite resguardar tanto la coherencia interna de los preceptos legales como la constitucionalidad de estos, entendida esta como el vínculo de armonía y concordancia plena existente entre la Constitución y las normas de rango inferior.

- El horror vacui

El principio de interpretación conforme a la Constitución permite evitar el eventual vacío generado por la declaración de inconstitucionalidad del precepto legal enjuiciado, preservando de este modo la integridad del ordenamiento jurídico. La interpretación de la ley conforme a la Constitución encuentra así en la necesidad de procurar la integridad del ordenamiento jurídico y, concretamente, en el propósito de evitar las perniciosas consecuencias del vacío generado por una declaración de inconstitucionalidad uno de sus fundamentos teóricos.

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b) Desde el punto de vista del principio democrático

El principio de interpretación conforme aparece insertado, entonces, dentro del concepto de presunción de constitucionalidad. En otros términos, la presunción de constitucionalidad es más extensa que el principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución, porque la dignidad democrática de la ley no sólo pesa cuando se interpreta la ley y cuando se escoge de entre sus distintos significados, sino que también pesa al momento de interpretar la Constitución y al momento de seleccionar entre varias lecturas razonables del texto constitucional37.

Otra explicación acerca de los fundamentos del principio de interpretación conforme a la Constitución que apunta hacia la doble dimensión del principio, la cual explicaremos con más detalle a lo largo del presente trabajo, es la otorgada por el profesor Figueroa. De acuerdo a este autor, los factores que dan fundamento al principio de interpretación conforme a la Constitución son los siguientes38:

a) La supremacía constitucional

En tanto la Constitución es concebida como la norma suprema del ordenamiento jurídico, presenta condicionamientos tanto de validez como de orden hermenéutico para las otras normas. Los condicionamientos de validez se encuentran referidos tanto a las condiciones de forma, es decir, lo que respecta a la creación y origen de las normas, entendiendo la Constitución como norma

normarum en el cual se encuentran establecidas las fuentes del Derecho del

ordenamiento jurídico; como a las condiciones de fondo, es decir, lo que respecto al contenido sustancial o material condensado en la Constitución, la cual es entendida como un orden fundacional con vocación de permanencia. En cambio, el condicionamiento hermenéutico se encuentra referido a la obligación de interpretar el ordenamiento jurídico, en cualquier momento de su aplicación –por operadores públicos o por operadores privados, por Tribunales o por órganos

37 SÁNCHEZ SANCHEZ, Abraham. Op. Cit., pp. 600-601.

38 FIGUEROA MEJÍA, Giovanni. “Las sentencias constitucionales atípicas en el derecho comparado

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legislativos o administrativos-, en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales, sin distinguir entre aplicación directa y efectos programáticos.

b) Unidad del ordenamiento jurídico

Aquí corresponde tener en cuenta tanto un argumento sistemático, conforme al cual el significado que se atribuye a una norma jurídica debe tener en cuenta el contexto en el cual esta norma se encuentra ubicada dentro del sistema. En ese sentido, la Constitución constituye el contexto necesario de todas y cada una de las normas del ordenamiento a efectos de su interpretación y aplicación; como un argumento de coherencia, conforme al cual el ordenamiento jurídico se presupone como una totalidad ordenada y coherente, de modo tal que las normas deben ser interpretadas buscando evitar contradicciones entre ellas.

c) La necesidad de interpretar todo el ordenamiento jurídico desde la Constitución

Es la consecuencia de las premisas anteriores. La Constitución deviene entonces en el contexto necesario de todas y cada una de las leyes, reglamentos y normas del ordenamiento jurídico a efectos de su interpretación y aplicación. Ello lleva a tener en cuenta como hipótesis implícitas las siguientes: i) La Constitución como fundamento de una nueva teoría de interpretación de la ley y de los actos normativos; y ii) La subordinación de la función paramétrica de la Constitución a la función interpretativa de la misma.

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los contenidos de la Constitución. Así pues en el marco de la interpretación conforme las normas constitucionales no son solamente “normas parámetro” sino también “normas de contenido” en la determinación del contenido de las leyes ordinarias. Por el contrario no es posible la interpretación conforme en contra del “texto y sentido” o en contra de la finalidad legislativa”39.

A continuación, pasaremos a estudiar en detalle los alcances de este importante principio, el cual, conforme lo iremos explicando a lo largo del presente trabajo, van más allá del ejercicio del control constitucional de las leyes, trascendiendo el ámbito en el cual tuvo su origen. En ese sentido, sostenemos que este principio, atendiendo a los efectos que tiene en el ordenamiento jurídico, presenta una doble dimensión o faceta. Por un lado, una dimensión pasiva, operando como criterio orientador en la actividad interpretativa de los jueces en el ejercicio del control de constitucionalidad, especialmente en el caso del Tribunal Constitucional, según el cual se busca preservar la permanencia de la norma enjuiciada dentro del ordenamiento jurídico acogiendo, dentro de las posibles interpretaciones que tiene dicha norma, aquella que resulta compatible con la Constitución; y, por otro lado, una dimensión activa, operando como principio general del ordenamiento jurídico, según el cual la norma constitucional se erige en parámetro de interpretación de todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico. La primera de tales dimensiones hace referencia al sentido clásico en el que ha venido siendo entendido este concepto, como principio de conservación de la ley o de declaración de inconstitucionalidad como ultima ratio; y la segunda, a su redimensionamiento en el contexto del Estado Constitucional del Derecho, como manifestación de la constitucionalización del ordenamiento jurídico.

I.4.1.1 Dimensión pasiva:

Criterio orientador en el ejercicio del control constitucional

Siguiendo al profesor Lothar Kuhlen40, esta dimensión del principio es aquella en la cual este es entendido como aquel en virtud del cual, cuando existen varias

39 HESSE, Konrad. Op. Cit., p. 72.

40 KUHLEN, Lothar. “La interpretación conforme a la Constitución de las leyes penales”. Madrid:

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posibilidades interpretativas para la norma objeto de examen, dentro de las cuales existen algunas que son compatibles con la Constitución y otras que no lo son, debe escogerse una de las variantes que resultan constitucionales, excluyendo la aplicación de aquellos sentidos interpretativos que no se ajustan a la Constitución. En otras palabras, el mandato de la interpretación conforme a la Constitución indica que no hay que escoger ninguna de las variantes interpretativas constitucionales, sino una de las que son conformes a la Constitución41.

En la misma línea, el destacado jurista alemán Konrad Hesse, apunta que “según este principio, una ley no ha de ser declarada nula cuando puede ser interpretada en consonancia con la Constitución. Esta “consonancia” no solo existe allí donde la ley, sin el recurso a puntos de vista jurídico-constitucionales permite una interpretación compatible con la Constitución; puede tener igualmente lugar cuando un contenido ambiguo o indeterminado de la ley resulta precisado gracias a los contenidos de la Constitución. Así pues en el marco de la interpretación conforme las normas constitucionales no son solamente “normas parámetro” sino también “normas de contenido” en la determinación del contenido de las leyes ordinarias. Por el contrario no es posible la interpretación conforme en contra del “texto y sentido” o en contra de la finalidad legislativa”42.

Como puede apreciarse, ambos de los juristas citados definen el principio citado como un criterio que tiende a la defensa de la norma cuestionada, en el sentido de que se mantiene su vigencia dentro del ordenamiento jurídico condicionada a aplicar su sentido interpretativo conforme a la Constitución, antes que a la defensa de la supremacía interpretativa por parte del Tribunal Constitucional. De hecho, conforme tendremos oportunidad de desarrollar más adelante, dicho principio no ampara la creación de normas por parte de los magistrados constitucionales que no se deriven de la disposición sujeta a análisis. No obstante, tanto Hesse como Kuhlen describen también ciertas particularidades del concepto que resulta preciso destacar.

41 Ibíd.

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En el caso de Hesse, conforme a lo reseñado líneas arriba, podemos observar que no limita la aplicación de este principio a aquellos casos en los cuales resulta meridianamente claro identificar un sentido interpretativo de la ley compatible con la Constitución sino, inclusive, en aquellos casos en los cuales determinar el conjunto de sentidos interpretativos de la ley resulta una tarea compleja dada la ambigüedad e indeterminación de sus disposiciones. En tales casos, a diferencia de los primeros, a entender de este jurista alemán, las normas constitucionales ya no son solamente “normas parámetro” sino que pasan a dar contenido propiamente a la ley objeto de control, actuando como “normas de contenido”.

En el caso de Kuhlen, resulta importante destacar la distinción que hace de este principio en relación a la declaración de inconstitucionalidad y a una interpretación orientada a la Constitución, estableciendo un orden de menor a mayor intensidad, el cual puede ser resumido de la siguiente manera43:

a) Interpretación orientada a la Constitución.- Se trata de un mandato de menor intensidad al dictado por el principio de interpretación conforme a la Constitución pues a este nivel ya no se trata de excluir aquellos sentidos interpretativos que resultan incompatible con la Constitución sino que lo se busca es tener en cuenta las diversas previsiones jurídico-constitucionales relevantes a la hora de elegir entre diversas variantes interpretativas conformes a la Constitución.

b) Interpretación conforme a la Constitución.- Conforme a lo ya expresado líneas arriba, se trata de un mandato que implica la exclusión, dentro del conjunto de sentidos interpretativos que es posible atribuir a una ley o a una norma infraconstitucional, de aquellos que resultan incompatibles con la Constitución.

c) Declaración de inconstitucionalidad.- Ante la imposibilidad de otorgar a la ley o a la norma infraconstitucional cuestionada un sentido interpretativo que resulte compatible con la Constitución, lo que procede es declarar la inconstitucionalidad de aquella norma y expulsarla del ordenamiento jurídico o inaplicarla, según se trate de un modelo difuso o concentrado de control de constitucionalidad.

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Mientras que en el caso de la interpretación conforme a la Constitución y en la declaración de inconstitucionalidad se evidencia un componente negativo, en la medida en que en ambos casos se da como resultado la exclusión, ya sea de un sentido interpretativo o del complejo normativo en su conjunto; en el caso de la interpretación orientada a la Constitución, de lo que se trata es de realizar un análisis tendiente a ubicar, dentro de aquellos sentidos interpretativos que resultan compatibles con las normas constitucionales a aquel que concretiza tales normas de la mejor manera.

Según Kuhlen44, entre la interpretación conforme a la Constitución y la

interpretación orientada a la Constitución se da una relación similar a la que existe entre reglas y principios. Siguiendo esta línea de pensamiento, la primera vendría a actuar como regla en la medida en que obliga estrictamente a una consecuencia jurídica determinada, el rechazo de aquellas posibilidades interpretativas contrarias a la Constitución en beneficio de aquellas que sí resultan compatibles con la Constitución. En cambio, la segunda vendría a operar como principio, en la medida en que propugna una ponderación entre los distintos sentidos interpretativos que resultan compatibles con la Constitución a efectos de determinar cuál es la mejor concreción de la Carta Fundamental.

Nuestro interés en desarrollar esta distinción conceptual estriba en que la misma, conforme será explicado posteriormente, tiene una importancia fundamental a efectos de otorgar a la categoría de supremo intérprete de la Constitución que ostenta el Tribunal Constitucional su verdadera dimensión en lo que respecta a la interpretación que dicha instancia hace de las leyes.

De otro lado, en lo que respecta concretamente a los fundamentos que se encuentran detrás de este principio, además de la presunción de constitucionalidad de las leyes en atención al debido respeto a la decisión del legislador enunciado por la Corte Suprema de Estados Unidos, podemos añadir, de conformidad con lo

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señalado tanto por Kuhlen45 como por Hesse46, los principios de supremacía jurídica de la Constitución y de unidad, tanto de la Constitución como del ordenamiento jurídico. Siendo la Constitución la norma más importante del ordenamiento jurídico en la cual se encuentran contenidos principios y valores que irradian a todas las normas jurídicas que conforman tal ordenamiento, resulta inadmisible otorgar a las leyes o a cualquier otra norma infraconstitucional un sentido interpretativo que contradiga alguno o varios de aquellos principios y valores constitucionales.

También es posible hablar de un fundamento eminentemente práctico por cuanto este principio tiende a evitar los costos derivados de un nuevo proceso legislativo, en la medida en que lo que se busca es preservar la vigencia de la ley cuestionada, y de un aumento en la carga procesal de los magistrados constitucionales47.

De otra parte, en lo que concierne a la pregunta acerca de quiénes están llamados a aplicar el principio de interpretación conforme a la Constitución, es decir, quiénes son los sujetos a quienes resulta aplicable este principio, estimamos que este debe ser respetado por todos los operadores jurídicos en la medida en que la Constitución, como norma jurídica suprema en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, resulta vinculante para todos y debe ser tomada en cuenta en todo ejercicio interpretativo de las normas jurídicas. Sin embargo, serán los encargados de la función jurisdiccional, tanto los jueces ordinarios como los magistrados constitucionales, los principales llamados a atender este principio. Respecto a este último punto, resulta importante destacar la observación realizada por Lothar Kuhlen en el sentido de que no es de recibo el argumento según el cual la aplicación de este principio por parte de los jueces ordinarios supone un quebrantamiento del monopolio que ostenta el Tribunal Constitucional respecto a la expulsión de las normas inconstitucionales del ordenamiento jurídico ya que la decisión de los jueces ordinarios respecto a la norma enjuiciada no alcanza a tener estos efectos generales48.

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Como hemos podido observar, desde este punto de vista, el principio de interpretación conforme a la Constitución no es en sentido estricto un principio de interpretación constitucional por cuanto no se encuentra dirigido a la interpretación de normas constitucionales. En efecto, la operación que este presupone, esto es, hallar un sentido de la disposición legislativa conforme con la norma suprema, no recae sobre una disposición constitucional. Mediante su utilización, en efecto, quien lo emplea (juez o Tribunal Constitucional) no busca encontrar, o asignar, un sentido interpretativo a alguna disposición constitucional49.

Así, en realidad, la necesidad de interpretar la ley conforme con la Constitución es una técnica inmanente o consustancial a la justicia constitucional, más que un criterio de interpretación de normas, como se ha dicho, puesto que impone la regla a todo juez constitucional de no declarar la invalidez de una disposición legislativa si es que ésta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme con la Constitución50.

Cabe resaltar, de otra parte, que el ejercicio del control concentrado de constitucionalidad implica un doble ejercicio interpretativo pues es objeto de interpretación tanto la norma constitucional, la cual sirve de parámetro de control, como la norma legal objeto de enjuiciamiento, la cual es objeto de control. Así, Canosa Usera habla de la duplicidad paralela del objeto interpretativo: por un lado el texto impugnado cuya adecuación a la Carta se discute; y, por otro, el mismo texto constitucional51. A nuestro juicio, el principio de interpretación conforme a la Constitución opera en el primero de tales planos.

Asimismo, el referido autor introduce como matiz que cuando se hace referencia a la ley objeto de control, se hace referencia al texto única y exclusivamente y no a las normas que otros jueces o juez en particular pudieran haber realizado de ese texto. Significa esto a su entender la no vinculación de la

49 CARPIO MARCOS, Edgar. Op.Cit., pp. 159-160. 50 Ibíd.

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interpretación que el juez ordinario pueda haber realizado de la norma objeto de control para el magistrado constitucional52.

Si bien es cierto el principio de interpretación conforme a la Constitución no puede ser calificado, en estricto, como principio de interpretación constitucional, sino, más bien, como un criterio orientador o técnica interpretativa en el ejercicio del control de constitucionalidad; ello no quiere decir que no guarde relación con la interpretación constitucional en la medida en que su utilización es necesaria a efectos de dotar al control constitucional de un sentido positivo. Así, conforme lo explica Bidart Campos, hay interpretación constitucional tanto cuando se interpretan normas de la Constitución como cuando se interpretan normas infraconstitucionales en relación (descalificadora o no) con las normas de la Constitución53. Esta tarea

interpretativa permite defender la Constitución ya no solamente en un sentido negativo, es decir, decretando la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma infraconstitucional, sino en un sentido positivo, para insertar coherentemente a las normas infraconstitucionales en el plexo jurídico sin detrimento de la Constitución, buscando la integración de la norma enjuiciada antes que su expulsión54. Por ello, a efectos de estudiar los alcances de este principio, hemos hecho referencia tanto a la especificidad de la interpretación constitucional como a los principios propios de dicha materia.

A entender del referido jurista argentino, cada vez que se verifica control constitucional se lleva a cabo interpretación constitucional, y cada vez que el órgano de jurisdicción constitucional realiza interpretación constitucional ejerce, simultáneamente control constitucional55.

Si se quiere poner de manifiesto aún de manera más clara la complejidad del ejercicio interpretativo que puede llevarse a cabo con el control de constitucionalidad, podemos hacer referencia a los tres pasos implicados en el ejercicio del control constitucional de las leyes descritos por Pierluigi Chiassoni en

52 Ibíd.

53 BIDART CAMPOS, Germán. “La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción

constitucional”. Buenos Aires: Ediar, 1987, p. 210.

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