3 .Los contratos de las Administraciones Públicas

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INDICE

1. Antecedentes históricos de la contratación administrativa.

2. El contrato público.

3 .Los Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Los Contratos Administrativos.

4.1. Contratos administrativos nominativos.

4.2. Contratos administrativos especiales.

4.3. Contratos Mixtos.

4.4. Contratos privados de la Administración.

5. Elementos de los Contratos Administrativos.

6. Requisitos para los Contratos Administrativos.

7. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos administrativos.

7.1. Procedimientos de adjudicación.

7.2. Formas de adjudicación.

8. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

8.1. Ejecución del contrato.

8.2. Modificación de los contratos.

8.3. Extinción de los contratos.

9. Órganos establecidos por la Ley de los Contratos Administrativos.

9.1. Juntas de contratación.

9.2. Mesas de contratación.

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1. Antecedentes históricos de la

contratación administrativa

Como primera aproximación a la idea de lo que es la contratación administrativa, conviene hacer una breve referencia al proceso evolutivo a través del cual se llega a la Administración Pública actual.

Históricamente, la Administración Pública funciona más bien como un aparto meramente represor y al servicio del monarca absoluto, sin someterse a las normas jurídicas en su funcionamiento.

A raíz de la Revolución Francesa (1789) la Administración pasa a estar al servicio del ciudadano y su funcionamiento queda sujeto a normas jurídicas.

Las normas jurídicas específicamente públicas, al irse desarrollando e incrementando, con el tiempo dieron lugar al nacimiento de una rama especial del Derecho, el Derecho administrativo, en cuanto Derecho regulador del funcionamiento y de los derechos y obligaciones de la Administración Pública, diferenciado del Derecho privado, cuyo ámbito queda ceñido exclusivamente a las relaciones entre particulares.

En aquellos primeros momentos del Derecho administrativo, no existían los contratos administrativos como figura jurídica peculiar, ya que el aparato administrativo era autosuficiente para atender por sí mismo las necesidades de la sociedad en el reducto sector de la sociedad en que intervenía.

2. El contrato público

El contrato público es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes es una Administración pública cuando actúa como tal, y en el que está sometido a un régimen jurídico exorbitante del Derecho privado que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la Administración.

Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la Administración ejerce determinadas prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo.

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Una causa adicional de la trascendencia del contrato administrativo, proviene de la idea de la colaboración de los sujetos privados con la Administración, en donde el particular no se comporta como un contratista ordinario. El contrato administrativo es entonces una de las técnicas de colaboración de los administrados con la administración. El contratista, no obstante que pretende un beneficio económico, obtiene dicho beneficio cumpliendo con la tarea de coadyuvar al cumplimiento de cometidos públicos por parte del Estado

3 .Los contratos de las Administraciones Públicas

Las administraciones públicas para poder llevar acabo las tareas encomendadas por la sociedad, tienen que recurrir a la contratación de obras, suministros o servicios.

Tipos de modelos contractuales:

 Los contratos administrativos: Su objetivo directo es la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y la realización de suministros.

 Los contratos de Derecho Privado cumplidos por la Administración: son aquellos que tienen la facultad de utilizar una prestación mediante el abono de una tarifa o tasa....

Requisitos para que exista el contrato administrativo:

 El sujeto  El contrato ha tenido que ser concluido por una persona jurídica pública (Estado, Comunidades Autónomas, entidades públicas...)  El objeto  El contrato ha de tener por objeto la organización o el

funcionamiento de un servicio público, entendiendo como servicio público toda actividad que ha sido asumida por una colectividad pública por estimar que esta es necesaria al interés general.

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contrato administrativo, Cláusulas exorbitantes es la que excede del Derecho Privado, esto es, aquella que otorga facultades a la Administración y cargas a los particulares. Ejemplo de ello Decisión Ejecutiva, interpretación Unilateral y existencia de Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

 La forma, generalmente a través de un documento administrativo.

 La jurisdicción, para entender los litigios que surjan, es el Contencioso-administrativo.

4. Los Contratos Administrativos

La Administración, como cualquier particular, necesita contratar con terceros determinados servicios para atender a sus necesidades de funcionamiento. Nace así la figura de los contratos administrativos, diferenciados de los contratos civiles en función del sujeto, del objeto y de la causa del contrato.

Interesa resaltar que cuando la Administración necesita contratar con un tercero lo hará mediante un contrato administrativo o mediante un contrato privado, dependiendo de la voluntad del legislador la determinación de las modalidades de contratos que, en un momento social determinado, adquieran la condición de administrativos, en función de la propia evolución histórica de la actividad administrativa pública.

Los contratos que celebre la Administración tendrán carácter administrativo o carácter privado, y esta diferenciación es de una trascendencia fundamental a la hora de delimitar el régimen jurídico que resulte aplicable al negocio a celebrar o en la ejecución del contrato, así como el orden jurisdiccional competente para conocer de las controversias que surjan entre las partes.

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4.1. Contratos administrativos nominativos

El TRLCAP clasifica básicamente los contratos administrativos nominativos en :

 Contratos de obras: son los que tiene por objeto la construcción de un inmueble (edificios, carreteras, puertos), la realización de trabajos que modifiquen el terreno (dragados, sondeos) o los destinados a reforma, reparación, conservación o demolición de inmuebles.

 Contratos de gestión de servicios públicos: Son aquellos mediante los cuales la Administración encomienda la gestión de un servicio público a personas naturales o jurídicas.

 Contratos de suministros: Aquellos que tienen por objeto la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento, con o sin opción de compra, o la adquisición de productos o bienes muebles, salvo los relativos a propiedades incorporales y valores negociables, que se regirán por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas aplicable a cada caso.

 Contratos de consultoría y asistencia: Son contratos de consultoría y asistencia aquellos que tengan por objeto:

a. Estudiar y elaborar informes, estudios, planes, anteproyectos, proyectos de carácter técnico, organizativo, económico o social, así como la dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras, instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos.

b. Llevar a cabo, en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las siguientes prestaciones:

1. Investigación y estudios para la realización de cualquier trabajo técnico.

2. Asesoramiento para la gestión de bienes públicos y organización de servicios del mismo carácter.

3. Estudio y asistencia en la redacción de proyectos, anteproyectos, modificación de unos y otros, dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras e instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos.

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en función de su titulación académica, así como los contratos para el desarrollo de actividades de formación del personal de las Administraciones públicas.

Los contratos referentes a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, tienen la consideración de contratos privados.

4.2. Contratos administrativos especiales

Por contratos administrativos especiales debemos entender los que tienen un objeto distinto de los expresados para los contratos nominativos, pero que no obstante tienen una naturaleza administrativa especial:

 Por resultar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante.

 Por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella.

 Por declararlo así una Ley de carácter estatal.

4.3. Contratos Mixtos

Cuando un contrato administrativo contenga prestaciones correspondientes a otro u otros administrativos de distinta clase se atenderá, para su calificación y aplicación de las normas que lo regulen, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.

4.4. Contratos privados de la Administración

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Elementos de los contratos administrativos

Elemento Subjetivo

Elemento Objetivo

Elemento Causal

Elemento Formal

Los demás contratos que pueda realizar la Administración, al no ser significativamente frecuentes en el funcionamiento ordinario de aquélla, se regirán por la rama del Derecho que les corresponda, como cualquier contrato hecho entre particulares, si bien la normas de procedimiento administrativo, en cuanto a la preparación y adjudicación serán siempre de aplicación, en base a la ya comentada necesidad de controlar el gasto público y salvaguardar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.

Finalizaremos señalando que el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos privados, si bien, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción (Art 9 TRLCAP).

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Elementos de contratos administrativos

Elemento subjetivo

Los sujetos de los contratos administrativos son:

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- El contratista: es la parte contratante encargada de ejecutar la obra o servicio que necesita la Administración. Los requisitos que deben cumplir las personas físicas o jurídicas que contraten con la Administración son:

 La capacidad de obrar.

 Solvencia económica, financiera y técnica.

 Que no se hallen inhabilitados por alguna causa.

 Que estén clasificadas como contratistas del Estado.

 Que estén clasificadas como contratistas del Estado; la clasificación se exige en función de dos variables: tipo de contrato e importe

Elemento objetivo

El objeto de los contratos administrativos tiene que ser determinado y deberá tener un precio cierto.

Elemento causal

La causa de los contratos de la Administración Pública se encuentra en el interés social, la necesidad pública habrá de ser real, lícita y verdadera

Elemento formal

Los contratos públicos se formalizarán en documento administrativo, dentro del plazo de 30 días a contar desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación, salvo que el contratista solicite su formalización en escritura pública, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

6. Requisitos para los contratos administrativos

Los contratos de las Administraciones Públicas se ajustarán a los principios

de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Requisitos:

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 La determinación del objeto del contrato.  La fijación del precio.

 La existencia de crédito adecuado y suficiente.

 La tramitación del expediente, al que se incorporaran los pliegos.

 La fiscalización previa de los actos administrativos relativo a los contratos.  La aprobación del gasto por el órgano competente.

 Formalización del contrato

7. Procedimientos y formas de adjudicación

de los contratos administrativos

La selección del contratista por la Administración se centra en fórmulas de licitación pública a través de las cuales se pretende como doble objetivo el garantizar la libertad de concurrencia y la igualdad de los licitadores.

Estas fórmulas de licitación tienen en común la publicidad de la contratación, así como el secreto de las proposiciones. Todas ellas comprenden y salvo excepciones:

 Convocatoria pública.

 Un plazo para que los licitadores presentes sus proposiciones y demás documentos preceptivos.

 Un acto solemne y público de apertura de las plicas presentadas por los licitadores.

7.1. Procedimientos de adjudicación

La adjudicación de los contratos podrá llevarse a cabo por procedimiento abierto, restringido o negociado.

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 Restringido: En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados expresamente por la Administración, previa solicitud de los mismos.

 Negociado: En el procedimiento negociado el contrato será adjudicado al empresario justificadamente elegido por la Administración, previa consulta y negociación de los términos del contrato con uno o varios empresarios.

7.2. Formas de adjudicación

Tanto en el procedimiento abierto como en el restringido la adjudicación podrá efectuarse por dos formas: por subasta o por concurso

 Subasta: La subasta versará sobre un tipo expresado en dinero, con adjudicación al licitador que, sin exceder de aquel, oferte el precio más bajo.

 Concurso: En el concurso la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los pliegos, sin atender exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del derecho de la Administración a declararlo desierto.

Los órganos de contratación utilizarán normalmente la subasta y el concurso como formas de adjudicación. En todo caso, deberá justificarse en el expediente la elección del procedimiento y forma utilizados.

8. Ejecución, modificación y extinción de los

contratos

8.1. Ejecución del contrato

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parciales para la ejecución sucesiva del contrato, el contratista también deberá cumplirlos.

La regulación de la demora en la ejecución o incumplimiento del objeto del contrato, así como la facultad de la Administración para resolver los contratos por demora o para prorrogarlos, es la siguiente:

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,12 por cada 601,01 euros del precio del contrato.

 El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente.

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

 La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.

 Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

De acuerdo con la regulación que establece el TRLCAP, los daños causados a terceros por el contratista deben ser indemnizados por éste, salvo cuando el daño hubiera sido causado como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o de vicios del proyecto.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la obligación del contratista en los contratos administrativos es una obligación de resultado y, por tanto, los riesgos derivados de la ejecución del contrato deben recaer directamente sobre el contratista, quedando liberada la Administración. En definitiva, que los contratos administrativos se ejecutan con arreglo al principio de riesgo y ventura del contratista. Ahora bien, este principio no significa que el contratista haya de asumir las alteraciones en el precio debidas al ejercicio del ius variandi por la Administración, pues tales alteraciones han de ser debidamente indemnizadas para mantener el equilibrio de las prestaciones originariamente pactadas.

Por lo que respecta al pago del precio pactado, esta es la principal obligación que debe cumplir la Administración frente al contratista en los contratos que celebre. Sin embrago, en la práctica ha demostrado que son frecuentes los retrasos de las Administraciones a la hora de hacer frente al pago de sus obligaciones, razón por la cual es necesaria una norma al objeto de satisfacer las reivindicaciones de los contratistas.

Los principales aspectos de la regulación que hace el TRLCAP del pago del precio son los siguientes:

 El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcialmente mediante abonos a cuenta.

 El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato.

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obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, de las cantidades adeudadas.

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia.

 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

Para terminar con el análisis de la ejecución de los contratos administrativos, indicar que los créditos que los contratistas tengan frente a la Administración podrán ser cedidos a terceros, es decir, se admite la transmisión de los derechos de cobro.

La doctrina se ha planteado la cuestión de si una vez transferido a un tercero el derecho de cobro, con conocimiento de la Administración, este derecho a entrado en el patrimonio de dicho tercero, quedando a salvo de las acciones administrativas ante posibles daños y perjuicios exigibles al contratista.

8.2. Modificación de los contratos

La potestad de modificar unilateralmente el objeto de los contratos, constituye sin duda la más importante de las prerrogativas de que gozan las Administraciones públicas en los contratos administrativos y una de las más claras manifestaciones de las especialidades que presentan los contratos civiles.

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Pese a las grandes novedades que introdujo a este respecto la Ley 53/1999, lo cierto es que la preocupación de la Ley quedo circunscrita a los contratos de gran cuantía económica (6.010.121,04 euros), lo que deja fuera del ámbito de aplicación de la norma a la mayoría de los contratos celebrados por las Entidades Locales.

8.3. Extinción de los contratos

Los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución.

 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

 La resolución de los contratos estará basada en las siguientes causas:

 Muerte o incapacidad

 Declaración de quiebra o de suspensión de pagos,

 Mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista,

 Demora en el cumplimiento de los plazos,

 Falta de pago por parte de la Administración

9. Órganos consultivos y órganos de contratación

La Junta de Contratación es el órgano específico de la Administración General del Estado y demás entes públicos estatales, en materia de contratación administrativa. Esta adscrito al Ministerio de Hacienda y sus competencias son las siguientes: registro de contratos y contratistas, clasificación de los mismos, elaborar y proponer disposiciones reglamentarias, realizar investigaciones y encuestas, etc.

Los órganos de contratación son los siguientes:

 En la Administración General del Estado son los ministros y los secretarios de Estado. En los organismos autonómicos y entidades públicas estatalesson órganos de contratación sus representantes legítimos (presidentes, directores generales).

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9.1. Juntas de contratación

Las juntas de contratación se podrán constituir en los departamentos ministeriales y en sus organismos autónomos, estas actuarán como órganos de contratación dentro de los límites cuantitativos y para los tipos de contratos que determine el ministro dentro de los siguientes:

Contratos de obras de reparación simple y de conservación y mantenimiento. Contratos de suministros que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro.

Contratos de consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos específicos, y contratos no habituales.

9.2. Mesas de contratación

Las mesas de contratación asistirán al órgano de contratación de la Administración, estarán formadas por un presidente, los vocales que se determinen y un secretario designado por el órgano de Contratación La mesa de contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos considere necesarios. Cuando el órgano contratante no adjudique el contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la mesa de contratación, deberá motivar su decisión. La notificación de la adjudicación se hará a los participantes en la licitación y después se comunicará al Registro Público de Contratación. Cuando el importe de la adjudicación supere los 60.101,21 €, se publicará en el BOE.

10. Registro público de contratos

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Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta obligación legal, y en desarrollo de lo previsto en el artículo 115 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la ORDEN EHA/1077/2005, de 31 de marzo, ha establecido los formatos y especificaciones de los medios informáticos y telemáticos que se utilizarán para la remisión de los datos de los contratos adjudicados con posterioridad al 1 de enero de 2005 que no hubieran sido comunicados a la fecha de entrada en vigor de la Orden.

Con el mismo fin, el Ministerio de Economía y Hacienda pone a disposición de todos los órganos de contratación de las distintas Administraciones públicas las aplicaciones informáticas necesarias para la gestión telemática de dichas comunicaciones.

Para su utilización, los responsables de los órganos obligados a notificar los contratos adjudicados o modificados deberán registrarse inicialmente en el sistema, cumplimentando para ello el formulario electrónico de Petición de Acceso al sistema de notificación telemática de contratos. Una vez procesada dicha petición, podrá utilizar las funciones disponibles para la notificación telemática de los datos de contratos, o habilitar a otros usuarios de su organización para su cumplimentación.

Para las modificaciones de los contratos adjudicados con anterioridad al 1 de enero de 2005 seguirá vigente el modelo ya existente con anterioridad a la publicación de la Orden. Dicho modelo permite la cumplimentación informática mediante fichero Excel.

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