Historia

Capítulo VI

La ilusión democrática

La República se puso de pie luego de la implosión del régimen militar. Pero ello no sucedió como consecuencia de una cruzada pa­ triótica que luchó para desalojar un Gobierno nacido de un golpe de Estado contra un presidente constitucional. La devolución institucional ocurrió como resultado de tres factores que derrumbaron el régimen procesista: el colapso económico, la derrota en la guerra de Malvinas y el desprestigio internacional como consecuencia de los miles de des­ aparecidos, cuyo esclarecimiento fue exigido por familiares de las víc­ timas, organizaciones de derechos humanos y Gobiernos extranjeros.

Fue el final sin gloria de un régimen de facto que había comenzado con el apoyo de una parte importante de la población y que, sin haberse legitimado por la lucha contra el terrorismo, pretendió por una ley de autoamnistía evadir la responsabilidad por los excesos cometidos por los militares, trátese ya de las altas jerarquías castrenses como de los oficiales de menor graduación. ¡

Los valores liberales y republicanos'se alzaron como paradigmas frente a una sociedad cansada de la intolerancia, de la corrupción, de­ cepcionada por el inútil sacrificio de la guerra, una sociedad frustrada de ver el país relegado a un destino secundario, desacreditado en el concierto internacional, vencido por el fracaso económico luego de tan­ ta prédica triunfalista. La deuda pública generada por el Proceso pasó a convertirse en una carga insoportable^para las futuras generaciones.

La nación argentina se aprestaba a inaugurar una nueva esperanza. Fue como un renacimiento en todos los órdenes, un encuentro de la

política con los ideales fundacionales, un alivio para los perseguidos, una ilusión de volver a encontrar un rumbo ascendente para un país que había caído en el abismo de la violencia interior y de la derrota in­ ternacional.

Este capítulo describe algunos aspectos de la acción desarrollada por las seis presidencias que se sucedieron desde entonces: Raúl Alfon- sín (1983-1989), Carlos Saúl Menem (con dos mandatos: 1989-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001), Adolfo Rodríguez Saá (una semana en 2001), Eduardo Duhalde (2002-2003), Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011).

Durante este período cada Gobierno tuvo su propio enfoque po- . lítico, sus recetas, sus prioridades internas y externas, incluso la forma de concebir el funcionamiento de los distintos poderes del Estado, la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias y el ejercicio de las garantías constitucionales.

Restaurar la democracia implicaba restablecer el funcionamiento equilibrado de un orden político, cuya arquitectura reposaba, como he­ mos afirmado, de tres instituciones básicas: el Estado, la vigencia de las reglas fundamentales del Derecho y un Gobierno que rindiese cuentas ante el pueblo. Sin embargo el recorrido de la experiencia de la gestión política desde la restauración de 1983 indica que la ambición que ex­ presaba el pueblo argentino no fue enteramente satisfecha. En efecto, muchos de los Gobiernos nacionales y provinciales de este período tra­ taron, por todos los medios, legales e ilegales, de evitar la alternancia — en algunos casos, los clanes familiares aseguraron la continuidad— . Se resistieron a rendir cuentas ante el pueblo e impusieron la primacía de sus intereses políticos a las reglas del Derecho. Durante este período, algunos Gobiernos han puesto en práctica políticas y decisiones sin la debida intervención del Parlamento cuando así lo establece la Constitu­ ción y no han acatado sentencias del Poder Judicial.

A partir del año 2003, el orden político no ha logrado restablecerse, está desvencijado: el Gobierno domina al Estado, la rendición de cuen- . tas es una utopía inconcebible para un poder hegemónico que ha igno­

La república de las leyes es un proyecto aún por realizar. Han pasa­ do casi tres décadas desde el día en que soñamos haber cambiado defi­ nitivamente, pero sin que muchos se den cuenta de ello, hemos vuelto a repetir la historia.

La democracia prometida

Con un clima festivo,' ante un Congreso delirante de entusiasmo, Raúl Alfonsín inauguró un nuevo ciclo democrático en presencia de los expresidentes Isabel Perón y Arturo Frondizi, los vicepresidentes de Cuba y de los Estados Unidos y los presidentes de Nicaragua y de Venezuela. Llegaba para poner fin a las «peleas estériles», «superar an­ tagonismos» y convocar a un «movimiento nacional, popular, racional y transformador». La Argentina renacía con la esperanza de una ju­ ventud que quiso desterrar para siempre la persecución y la intoleran­ cia, así como la prepotencia de dictaduras y terrorismos que habían sembrado el terror y la muerte en todos los niveles de la sociedad ar­ gentina. La llave del triunfo de la fórmula Alfonsín-Martínez frente a la fórmula Luder-Bittel, a pesar de que semanas antes del comido nin­

gún pronóstico lo anunciaba, fue haber puesto en un mismo terreno a los sindicalistas y los militares, consagrando la idea de que existía un «pacto militar-sindical».

Raúl Alfonsín ganó las elecciones de 1983'recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Era la primera vez que el radicalismo triun­ faba frente al peronismo, y prometía que «nunca más debe haber civi­ les tocando la puerta de los cuarteles». Pretendía encarnar la república recuperada de las cenizas de la tragedia del Proceso militar, exorcizar el maleficio que significaban los.golpes de Estado, cuya primera víctima había sido Hipólito Yrigoyen en 1930 y su secuela de Gobiernos auto­ ritarios que habían entregado al país a la dependencia del extranjéro, mientras su economía tocaba fondo, agobiada por la deuda y el déficit fiscal. Era el renacer del mito fundador para una ciudadanía cansada de repetir decepciones, de postergar promesas, de soportar la prepotencia

del poder autoritario y sin apelación. El 10 de diciembre de 1983, Raúl

Alfonsín, desde la Asamblea Legislativa declaraba:

(...) Hoy convocamos a los argentinos no solamente en nombre de la legitimidad de origen deíGobierno democrá­ tico, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad.

Debemos ayudar a nacer al nuevo sindicato... sin intro­ misión del Estado, de los partidos o de los empresarios (...).

(La deuda externa) se abonará en la medida que las ex­

portaciones argentinas puedan expandirse en el futuro. (...) dotar a las Fuerzas Armadas de una clara doctrina de defensa nacional, eliminando definitivamente la llamada doctrina de seguridad nacional.

Dos temas debían ser encarados con urgencia: la cuestión militar

y el reordenamiento sindical. Por separado trataremos el primer tema,

que mereció gran atención y decisiones políticas que, sí bien fueron

cambiando en el curso de la gestión alfonsinista, pudieron concretar­

se dejando un sello sin duda imborrable en la memoria colectiva del

püeblo.

En la cuestión sindical, a pesar de la precariedad y la confusión que

reinaba en la mayoría de los gremios, el Gobierno no tuvo éxito. Fue

su primer fracaso intentar aprobar una legislación que promoviese el

surgimiento de un nuevo modelo sindical en el que sus procesos elec­

torales fuesen «controlados por el Poder Judicial (...) con expresión ade­

cuada de las minorías». Esos fueron algunos de los objetivos señalados

por Alfonsín en su discurso inaugural.

Los radicales sabían que si no cambiaban las reglas del juego del

funcionamiento de los sindicatos, estas organizaciones, cuyos dirigen­

tes sobrevivieron gracias a la buena voluntad del gobierno militar, ter­

minarían siendo sus enemigos ante la disolución de la oposición que

representaba el peronismo político, como consecuencia de la derrota

Rápidamente, para enfrentar los proyectos del Gobierno, la CGT Azopardo, orientada por un sector que había colaborado con el régi­

men militar, y la CGT Brasil, integrada por los Veinticinco, típicamente peronista, crearon una conducción colegiada. Jorge Triaca y Antonio Baldasini representaban la primera y Osvaldo Borda y Saúl Ubaldini, la segunda1.Todos los intentos de cambiar las Reglas y los métodos de las organizaciones sindicales y las negociaciones que tuvieron lugar con tal fin resultaron un fracaso.

La suerte del gobierno de Alfonsín resultó ser una paradoja. Tuvo el coraje político ele juzgar a los militares responsables del Proceso de Reorganización Nacional y de crear una Comisión que investigó sus crí­ menes, pero al final dictó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que exculparon o frenaron las causas que muchas víctimas o familiares de desaparecidos habían iniciado. Llegó para restaurar una economía exhausta y revisar una deuda externa de dudosa legitimidad, pero pron­ to se echó un manto de silencio y olvido sobre el desastre que había desarticulado el aparato productivo del país. Por otra parte, el Gobierno continuó con la práctica de adoptar medidas de estatización de la deu­ da privada a través de circulares del Banco Central —iniciada por el Pro­ ceso—, transfiriendo así recursos del Estado a grupos privados. Antes de la asunción de responsabilidades gubernamentales, en diciembre de 1983, el tema de la deuda externa había sido objeto de una querella en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.° 2. El juez a cargo, Dr. Balles­ teros, continuó la investigación. Pero nada se hizo a nivel de la admi­ nistración para indagar el origen de los títulos de lavoluminosá deuda.

Es indudable que Alfonsín y sus colaboradores pusieron su esfuer­ zo y competencia profesional al servicio del gran cambio que preten­ dían para la Argentina, tras una trágica historia de violencias, golpes y vaciamientos económicos. Pero las intenciones no siempre se traducen en hechos. La deuda externa se convalidó y la economía fue devorada

por la hiperinflación. " 4 . ;

Durante el proceso militar había tenido lugar una transformación én la naturaleza de los vínculos que ligaban los intereses económicos y el Estado. Se formó una trama de complicidades y colusiones que per­

mitió acumular riquezas a algunos grupos y atar la suerte de la evolu­

ción de muchas empresas a las decisiones oficiales. Esta trama, a la que

nos referiremos en el capítulo siguiente, se transfirió o extendió con la

restauración de la democracia. Durante el gobierno radical apareció la

figura del «operador político». La sanción de leyes y los acuerdos políti­

cos en los momentos de turbulencia se logró gracias a la intervención

de estos operadores que continuaron cumpliendo la función de repre­

sentantes de grupos de interés e intermediarios «facilitadores» durante

los siguientes años de la democracia. Muchos políticos y los represen­

tantes parlamentarios se fueron, paulatinamente, transformando en

gestores que actuarían entre el Estado y los intereses privados. Poco a

poco, el Estado quedó rodeado por la ciudadela de los negocios, y los

«operadores políticos» fueron quienes, a través de su influencia, conci-

liaron el interés público con el interés privado en beneficio de este úl­

timo. Es decir, «la política» no logró su autonomía frente a los intereses

sectoriales.

Los acreedores externos acosaban al Gobierno para que se les pa­

garan los intereses de la deuda y los grupos económicos privados im­

pulsaban la reforma del sector público para frenar el déficit que produ­

cía la administración desastrosa de las empresas del Estado.

Durante toda la gestión de Alfonsín, el país vivió en estado de so­

bresalto. Más.aún, en no pocas oportunidades, el presidente apeló al

concepto de «libanización». Varios frentes de tormenta se alternaban

entre alertas, a veces justificadas, y peligros imaginados por quienes los

creaban. Conspiraciones, desestabilización de la economía, ambigüe­

dad de la oposición que no siempre apoyó al Gobierno en su gestión.

El radicalismo jugó a la escisión de la oposición peronista, alentando

complicidades con los sectores renovadores del Justicialismo contra la

corriente que representaba el peronismo tradicional, mayoritariamente,

de cuño sindical.

acompañados por algunos partidos de menor importancia, de orienta­ ción centrista, socialista y de izquierda. No suscribieron él acta ni el Par­ tido Intransigente ni el comunista, ni la Unión de Centro Democrático que representaba la derecha liberal. Poca repercusión tuvo este intento ante el sonoro plan de lucha de los sindicatos que lograrían hacerle a Alfonsín catorce paros generales. El idealismo de Alfonsín chocó contra la dureza de la oposición.

Para superar esa confrontación, en el plenario del Comité Nacional de la UCR convocado en Parque Norte, el 1 de diciembre de 1985, el presidente Alfonsín, apelando a la posibilidad de un gran acuerdo, lanzó la idea de un «tercer movimiento histórico», conjugando en la unidad de todo el pueblo las corrientes políticas que siguieron a Yrigoyen y a Perón. El presidente invirtió todo su talento en movilizar a los jóvenes y a la nación toda detrás de esta convocatoria de unidad. El discurso de Alfonsín reiteró nociones como «pacto democrático»,' «pacto social», y «proyecto de país» que se asentaría en tres pilares: la democracia par- ticipativa, la ética de solidaridad y la modernización2. En realidad, este discurso era un llamado a partir de la centralidad del cargo presidencial, pero por encima del partido radical. No era el llamado a una alianza, sino una convocatoria a todos los actores a compartir principios y pro­ cedimientos de la democracia y a rechazar para siempre la tentación dictatorial. Se creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, se lanzaron propuestas para modernizar el Estado y hasta se propuso, precipitadamente, mudar la sede del Gobierno nacional a Viedma, para evitar un «centralismo» que era considerado el mal histórico.

Nada pudo cambiar el derrotero de una sociedad en la que aflora­ ban tantas debilidades:la dependencia del Estado de los acreedores privados y organismos financieros externos, la resistencia de los gre­ mios acantonados en la defensa de los «intereses» de los trabajadores,

t

la codicia de los sectores de más altos ingresos que reclamaban divisas ’ para fugar sus capitales al exterior, en fin, el desentendimiento dé los partidos de la oposición a comprometerse en un salvataje que limitaría su probable juego electoral. (Felipe de la Balze calcula que, en 1989, los capitales fugados al exterior ascendían a 50.000.000.000 dólares3).

Muchos apostaron al fracaso del Gobierno. A fines de 1988, el Fon­ do Monetario Internacional y el Banco Mundial, alentados por Domingo Cavallo, suspendieron los créditos a la

Argentina4-Alfonsín tuvo a su lado en la Junta Coordinadora Nacional, orien­ tada entre otros por Enrique Nosiglia, Federico Storani y Leopoldo Moreau, a un conjunto de jóvenes inteligentes, que dinamizaron su relación con la sociedad y, sobre todo, facilitaron una sinergia con el peronismo renovador, luego que la derrota electoral de los radicales en 1987 impulsó a Antonio Cañero y a José Manuel de la Sota a liderar un movimiento interno que tuvo como propuesta modernizar al pe­ ronismo.

Debemos traer a la memoria el hecho de que las elecciones de 1985 tuvieron como escenario el estado de sitio. Algunas semanas después de la reunión de Parque Norte, los peronistas renovadores produjeron el

Documento Fundacional de la Renovación Peronista, donde si bien com­

partían los principios de sus homólogos radicales, criticaban a los que li­ mitaban la democracia al sufragio y los enunciados de los «teóricos» del alfonsinismo. Hubo, sin duda, entre los alfonsinistas y los renovadores del peronismo diferencias de enfoque frente a lo que era el «proyecto de país»s.

Como expresa Gerardo Aboy Carlés en un artículo sobre el tema, «el naufragio de la gran concentración convocada en Parque Norte queda­ ría de manifiesto a partir de octubre de 1986, cuando el llamado a una convergencia programática por parte del presidente comenzará a enca­ rrilarse por el camino de una alianza electoral con pequeñas fuerzas de derecha y centro- derecha para los comicios legislativos y provinciales d e l 987»6.

Cuando Carlos Menem ganó las elecciones internas del peronismo, en julio de 1988, aquel cambió de posición, criticó el Plan Primavera y desarrolló una dialéctica contra las ideas socialdemócratas de Alfonsín.

radicalismo. Denunció en su dialéctica electoral los pactos de las élites en contra o por encima de los intereses del pueblo y fustigó las políticas impulsadas por el conservadorismo liberal. ¡

El 6 de febrero de 1989, una nueva devaluación provocó una in­ mensa pérdida de ahorros a millares de personas. La aceleración del au­ mento de los precios había comenzado y, con ella, la debacle de la eco­ nomía como veremos más adelante. Los precios registraron una suba de 2426% entre enero y julio de 1989.

Alfonsín llevó a cabo'una política internacional que incentivó los vínculos con América~Latina y, en especial, con el Brasil, país con el que firmó en 1986 el Programa de Integración y Cooperación Argentina-Bra- sil, origen del futuro Mercosur. Puso fin a las desavenencias bilaterales, y ambos países iniciaron una cooperación nuclear que es hoy ejemplo en el mundo. Durante su gestión, la Argentina fue un miembro activo del grupo de países en desarrollo, criticó la política intervencionista del presidente Reagan en Centroamérica, impulsó la creación del Grupo Contadora (1984), integrado por el Perú, el Brasil, el Uruguay y nuestro país con el fin de encontrar una solución a la deuda externa. En 1986, fue miembro fundador del grupo Cairns (países agrícolas de zona tem­

plada), y nuestro país fue uno de los que impulsaron la apertura de un nuevo ciclo de negociaciones comerciales en el GATT que se llamó la Rueda Uruguay.

Cuando el Papa entregó, el 18 de octubre de 1984, una nueva pro­ puesta como mediador en la disputa del Beagle, el Gobierno llamó a una consulta popular no vinculante que permitió terminar ese conflic­ to, y así, el 29 de noviembre de 1984, los cancilleres Dante Caputo y Jaime del Valle suscribieron en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad Argentino-Chilena.

En el caso de las islas Malvinas, la política exterior fue menos afor­ tunada, pues intentó sin éxito normalizar las relaciones diplomáticas en una reunión que tuvo lugar en Berna los días 18 y 19 de julio de 1984 y, por otra parte, a raíz de la decisión argentina de otorgar permisos de pesca, a la Unión Soviética y a Bulgaria, Gran Bretaña decidió convertir la zona de exclusión en torno a las Islas en una «zona de pesca» de

cientas millas. Fue un error garrafal de nuestra política exterior, pues la administración de las Islas empezó a otorgar sus propias concesiones, lo que le brindó una autonomía económica que los kelpers no tenían hasta entonces.

Las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989, realizadas en medio del naufragio económico, dieron el triunfo al Frente Justicialista Popular, encarnado en la fórmula Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhal- de. Si bien el mando debía transferirse ellO de diciembre, una serie de factores profundizaron la gravedad del cuadro y obligaron a adelantar el cambio. El 26 de mayo comenzaron los saqueos en el Gran Buenos Ai­ res, Córdoba, Salta, Santa Fe, Rosario.Todos recordamos las tristes esce­ nas por televisión. El presidente declaró el estado de sitio. El periodista Mariano Grondona pedía «sacar los tanques a la calle».

Por otra parte, los grupos económicos, atemorizados por el caos y la pérdida del valor de la moneda, se sumaron a la conmoción general, reteniendo mercaderías en stock y remarcando dos veces por día los precios. Menem, ya electo presidente, no respaldó ninguna medida de Alfonsín en la emergencia. Finalmente, Alfonsín y el vicepresidente, Víc­ tor Hipólito Martínez, decidieron renunciar y el Gobierno electo asumió cinco meses antes de la fecha fijada por el calendario electoral.

Carlos Menem llegó a la presidencia con un claro triunfo sobre Eduardo Angeloz, lo que le permitió obtener la mayoría absoluta en el Senado y una ventaja importante en Diputados: 127 legisladores, uno menos que los necesarios para tener la mayoría absoluta. El 8 de julio de

1988, Raúl Alfonsín le colocó la banda presidencial.

' A pesar de las turbulencias, las múltiples dificultades y de haber te­ nido que adelantar la entrega del poder por las circunstancias reinantes, la república recuperada celebró el primer traspaso pacífico defunciones entre dos presidentes elegidos de acuerdo con lo que establece la Cons­ titución, lo que no tenía lugar desde hacía dieciséis años cuando Perón asumió su tercera presidencia en octubre de 1973.

El pueblo volcado a las calles acompañó con emoción el paso del Regimiento de Granaderos a Caballo, escoltando al nuevo presidente de la nación hacia el edificio del Congreso. En el recinto se cantó de pie

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el Himno Nacional. A pesar de la incertidumbre la Argentina volvía a mirar su futuro con confianza.

La cuestión militar

.

La restauración de 1983 tuvo grandes diferencias respecto de lo ocurrido en otras oportunidades, puesto que el Golpe de Estado de • 1976 fue un golpe apoyado por sectores civiles para —así decían—

hacer frente a la violencia de la guerrilla ante lo que se calificaba de incompetente al gobierno de la señora de Perón.

El discurso militar, al concluir el Proceso de Reorganización Nacio­ nal, intentó justificar su legitimidad en la «derrota de la subversión». Algunos sectores del peronismo, y sobre todo, el candidato que fue de­ rrotado en la elección de 1983, ítalo Luder, defendían'el prestigio de las Fuerzas Armadas como institución fundacional del país, mientras que el presidente Alfonsín, liderando un radicalismo triunfante, debía definir1 una política audaz y novedosa que marcara un hito en la historia argen­ tina. Y esa política se centró en el enjuiciamiento de las cúpulas militares del Proceso. Debe recordarse que en 1983 los militares, en su mayoría, apoyaron a Alfonsín y no a Luder.

Este cambio frente a la tradición de las amnistías y olvidos se fue expresando en forma paulatina a partir de los intensos debates y las discusiones que tuvieron lugar en el seno del grupo radical, aun antes de asumir el poder el 10 de diciembrexde 1983. La primera cuestión que había que resolver era la autoamnistía. Luego se procedió a la reforma del Código de Justicia/Militar para preparar el andamiaje legal de los juicios a los comandantes. Al anular la autoamnistía, se resolvió un pro­ blema de fondo que era la aplicación al reo de la ley más benigna. El tema más complejo y dramático fue cómo tratar las responsabilidades' en los diferentes niveles de las Fuerzas Armadas. Al principio, la fórmula fue juzgar las cúpulas y a los «represores paradigmáticos» que habían ordenado la represión ilegal y eximir de los procesos judiciales a los que habían actuado recibiendo órdenes. Muchos sectores que

ron a Alfonsín sostenían la propuesta según la cual los juicios debían limitarse, es decir, debían ser «simbólicos».Trataremos esta cuestión con más detalle en el capítulo IX.

Horacio Jaunarena opinaba que se debía establecer una distinción, «sin prueba en contrario» entre los que daban las órdenes y los que las cumplían. A su juicio, era una cuestión que había que definir previa­ mente. Hubo una reunión para tratar a quienes o hasta qué nivel de responsabilidad se procesaba, que se extendió durante dos días, en el Estudio Jurídico de Antonio Tróccoli, futuro ministro del Interior, en la que participaron Carlos Niño, Jaime Malamud Gotti, Raúl Borras y Ho­ racio Jaunarena. No se llegó a ningún acuerdo, por lo que Jaunarena pidió ser escuchado por el presidente Alfonsín, quien lo citó para el día siguiente en una audiencia en la que también estuvieron presentes Car­ los Aleonada Aramburu, Antonio Tróccoli y Raúl Borrás. Al llegar tarde a la reunión la posición de Jaunarena no fue escuchada por Alfonsín y por lo tanto no fue tomada en cuenta. La decisión fue enviar a juicio a los comandantes de las Juntas. La cuarta definición tuvo lugar con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Si bien las Fuerzas Armadas, como institución, habían digerido las condenas al generalato responsable de lo que sucedió a partir del 24 de marzo de 1976, los oficiales jóvenes no querían ver destruidas siis ca­ rreras ni ser abandonados a su suerte frente a las asociaciones de dere­ chos humanos y los familiares de las víctimas de la represión. Los fallos habían atribuido responsabilidad a los comandantes a través de la «ac­ ción ficta», pero la investigación de numerosos asesinatos, secuestros y torturas abrieron las vías para iniciar acciones legales contra muchos responsables subalternos. Ello expuso a la oficialidad de menor rango a ser blanco de acciones legales incontrolables, contrariando lo que había sido el objetivo limitado de la estrategia emprendida en el primer mo­ mento del gobierno de Alfonsín.

El discurso de los derechos humanos escapó del control guberna­ mental. Todos tenían algo que reclamar. La sociedad era la víctima; y el Estado, el victimario. El presidente Alfonsín, que en todo momento había intentado mantener la ecuanimidad, se vio superado por una

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lancha de demandas. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas había iniciado unas trescientas causas, pero la Cámara se las sustrajo, alegan­ do dilaciones (junio de 1986). Las organizaciones se movilizaron contra cualquier limitación de los juicios.

En las Fuerzas Armadas, la efervescencia amenazaba el orden y la disciplina. Cuando la Cámara Federal condenó ai general Camps, a Mi­ guel Etchecolatz y otros militares y policías por secuestro y tormento,

pero no por desapariciones, figura no contemplada en el CódigoPenal, las Madres de la Plaza de Mayo dieron un grito de alarma, acusando a los jueces de aplicarla «política del olvido».

Según dice Jaunarena en su libro La Casa está en orden, asesorado por el grupo de filósofos del Derecho Carlos Niño y Jaime Malamud Gotti, Alfonsín «resolvió establecer una distinción entre los niveles de responsabilidad para juzgar los delitos cometidos: aquellos que ha­ bían dado las ordenes, aquellos que habían actuado'cumpliendo esas órdenes, y aquellos que habían cometido excesos en dichos cumpli­

mientos». *

El 14 de abril de 1987, el mayor Ernesto Barreiro se refugió en un regimiento y se negó a abandonarlo cuando fue citado por la Cáma­

ra Federal de Córdoba. Al intentar capturar a Barreiro, se produjo en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo un levantamiento lidera­ do por el teniente coronel Aldo Rico: exigía frenar los juicios y-que

las autoridades prometieran no sancionar a los rebeldes. Fue esta la sublevación de Semana Santa, que no tuvo él propósito de derrocar al Gobierno sino de demostrar que este no controlaba a las Fuerzas Armadas y que, en todo caso, ellas tenían una autonomía que era pre­ ferible no despreciar. /

En un apasionado discurso ante la Asamblea Legislativa, luego de afirmar que «el tiempo de los golpes» había terminado, Alfonsín dijo que la democracia no se negociaba7. El presidente aprovechó la situación ’

que despertaba tantos fantasmas en la conciencia de los argentinos) y el domingo 19 de abril todos los partidos firmaron el Acta de Compromiso Democrático, apelando al respeto de la ley y haciendo un llamado a la

«responsabilidad de las conductas» de todos los argentinos.

Antes de que varias otras unidades se plegaran al movimiento —las fuerzas que se comisionaron para reprimir se disgregaron durante su desplazamiento— y ante el serio riesgo de no poder ejercer la fuerza para reducir a los sublevados, Alfonsín aceptó la exigencia de Rico de reunirse con él para desactivar la sedición. El ministro de Defensa Hora­ cio Jaunarena y el presidente evaluaron que era menos costoso aceptar entrevistarse con el sedicioso que el triunfo aleatorio de aplastar el mo­ tín. Después de reunirse con el oficial «carapintada», héroe de Malvinas, Alfonsín pudo decirle a los argentinos: «La casa está en orden. Felices Pascuas».

Finalmente, se aprobó la ley conocida como «de obediencia debi­ da» que liberaba de penas a quienes habían cometido delitos bajo el mando de otros. El proyecto de esta ley ya había sido decidido antes de los sucesos de Semana Santa. Sin embargo, para las Fuerzas Armadas la ley de Obediencia Debida era insuficiente, pues pedían que se recono­ ciera a los vencedores de la guerra antisubversiva y que se dictara una amnistía general.

El gobierno de Alfonsín estaba aprisionado por una contradicción: por un lado, cumplir con su política de sancionar a los responsables mi­ litares y, por otro lado, desactivar los juicios contra la oficialidad con las leyes de punto final y de obediencia debida. Los peronistas, ya vislum­ brando un triunfo electoral, rechazaron lo que parecía el doble discurso de Alfonsín, acusaron al Gobierno de negociaciones concesivas y ratifi­ caron su posición contraria a la amnistía.

con satisfacción declarar: «la democracia en el país está consolidada y hemos puesto otra vez la casa en orden»8.

Los carapintadas y sus reclamos seguían vivos a fines de 1988, pero con otro referente como líder: el corone] Mohamed Alí Seineldín. La po­ lítica de Alfonsín no amedrentó a los militares. Ocurrió, entonces, la ter­ cera sublevación. En noviembre de 1988, algünos comahdos de Campo de Mayo se sublevaron bajo el mando del coronel Seineldín, que había entrado subrepticiamente del extranjero. El Coronel Seineldín era un personaje carismático. El'ministro de Defensa quiso, meses antes de la sublevación, conocerpersonalmente a este militar con tanto.ascendien- te en círculos políticos del peronismo y en el Ejército. En ocasión de uno de sus viajes desde Panamá, donde prestaba servicios como agregado militar, Horacio Jaunarena conversó largamente con él, y sus razona­ mientos lo dejaron «estupefacto». En sus memorias, cuenta que luego de escucharlo no sabía si interpretar sus ideas como las que partían de «una cabeza rígidamente formadas en convicciones fundamentalistas, como expresiones de una mentalidad nazi-fascista, o simplemente fru-; to del extravío y la confusión»9.

A Seineldín, las cosas no le salieron como había previsto. No tuvo las adhesiones que esperaba recoger. Los sublevados amenazaron avanzar sobre Buenos Aires y se acantonaron en el Batallón de Arsenales de Villa Martelli. El enfrentamiento entre militares, vecinos y efectivos pro_dujo tres muertos y 43 heridos. La sublevación, a pesar del apoyo que tuvo entre algunos los militares, se logró detener, gracias a una negociación entre Seineldín y el jefe del Ejército, general Isidro Bonifacio Cáceres. El coronel sublevado tuvo la osadía de dejar en claro que no cesaría en su actitud hasta que no se cumplieran los objetivos que el Gobierno en parte respetó (aumento de los salarios, y partidas suplementarias para equipamiento). El Ejército había vuelto a ser un actor protagónico de la política, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por someterlo al

poder civil. — •

de-recha que preparaban la anunciada «revolución nacional» fueron caldo

de cultivo para nuevas expresiones de conflicto armado. Efectivamente,

el 23 de enero de 1989, grupos irregulares, residuos de los setenta, que

llevaban la insignia de Movimiento Todos por la Patria (MTP), militantes

de izquierda y guerrilleros de distinto origen, asaltaron el Regimiento 3

de La Tablada. Fue una operación de distracción y sorpresa, comandada

por un exjefe militar del ERP, Enrique Gorriarán Merlo.

El Ejército lanzó un ataque para recuperar el cuartel, lo que se lo­

gró rápidamente. Ya varios oficiales y conscriptos habían muerto defen­

diendo la guarnición. Al,menos 39 perdieron la vida, y hubo 50 heridos,

Este nuevo alzamiento, que causó la muerte de tantos jóvenes, le­

vantó una voz de alarma en la sociedad, pues se temió el regreso de la

violencia. El Ejército, al demostrar su capacidad de enfrentar a la guerri­

lla, salió favorecido en sus argumentos. El gobierno de Alfonsín deslu­

cido, contradecía en los hechos su prédica inicial, sin haber logrado el

respeto de los militares ni la solidaridad de las organizaciones, con el

peronismo haciendo juegos dialécticos, completó el descrédito que lo

acosaba.

A pesar del coraje demostrado al abrir el juicio de las Juntas y de su

convicción de hacer todo lo posible por asegurar la primacía del poder

civil y la vigencia de las instituciones republicanas, Alfonsín terrpinó su

gobierno sin resolver la cuestión miliar.

Todavía después de la transferencia del Gobierno al próximo pre­

sidente constitucional, las Fuerzas Armadas, aun aceptando en el dis­

curso su sujeción a las autoridades de la república siguieron cultivando

la secreta ilusión de conservar, en parte, el rol que venían cumpliendo

desde la década de los treinta.

bre de 1983, día en que asumió la presidencia de la nación. La Argentina había cambiado definitivamente.

i

Pérdida de autonomía: la hiperinflación

En su discurso inaugural, Alfonsín se expresó sin vueltas: el estado del país «es deplorable y, en algunos casos, catastrófico, con la eco­ nomía desarticulada y deformada, con vastos sectores de la población acosados por las más duras manifestaciones de empobrecimiento». El ingreso por habitante era el mismo que el de hacía más de una década; el producto industrial, igual al de 1972.

Alfonsín pasó a la historia por haber inculpado a los jefes militares por sus responsabilidades en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y en el ejercicio posterior del Gobierno. Pero hubo una grave res­ ponsabilidad que el radicalismo no asumió. Hacer un inventario de la situación económica del Estado y, sobre todo, una revisión de la abulta-' dísima deuda externa (e interna) que dejó el Proceso. Más aún, todavía no se ha explicado por qué continuó la política de estatización de la deuda privada que tan gravosa resultó para el erario público.

El ministro de Economía Bernardo Grinspun hizo lo imposible por llegar a acuerdos con los bancos acreedores, habló en el Consejo de las Américas, en la Asamblea del BID, en el Comité Interino del Fondo y ante los miembros del Club de París, pero tanto los bancos privados como los organismos financieros reclamaban un acuerdo previo con el FMI. Para evitar el riesgo de la cesación de pagos, suspendió los pagos de los intereses de la d,euda hasta el 30 de junio de 1984 (México había declarado una moratoria de su deuda en agosto de 1982). Un grupo de países apoyó al Gobierno que reinstalaba la democracia, participando en un «crédito puente» de quinientos millones. Fueron el Brasil, Colom­ bia, los Estados Unidos, México y Venezuela para evitar que, de acuer­ do con las reglamentaciones de la reserva de los Estados Unidos, se declarara en mora la deuda argentina y pudieran quebrar los bancos norteamericanos. Más que una muestra de solidaridad, fue una acción

orquestada por el Tesoro de los Estados Unidos a favor de los bancos

de ese país.

Asimismo, se realizaron gestiones con varios países de la región,

con dificultades en materia de deuda, para conformar el Consenso de

Cartagena, que intentó, sin mucho éxito, concertar una posición común

frente a los acreedores. La idea de la moratoria, sobre todo, colectiva

—club de deudores— era temida por los acreedores. El apoyo que Al­

fonsín recibió de Reagan cuando concurrió a la Asamblea de la ONU

auguraba seguridades para conseguir el financiamiento externo que

luego no resultó fácil.

El primer año de gobierno (1984) mostró un cuadro económico de­

cepcionante: los precios aumentaron 688%, y el dólar pasó de 23 a 179

pesos por unidad.'Las negociaciones con los acreedores externos no

fueron exitosas, y ante de una inflación que se desató en 1985 llegando

al 1000 % anual, hubo un déficit fiscal reacio a reducirse. Grinspun no

tuvo otra alternativa que iniciar una negociación con el FMI para obte­

ner un crédito

stand by.

Esto implicaría ajustes, siempre resistidos en la

Argentina y siempre a cargo de los asalariados y los jubilados. La CGT

convocó a un acto durante el cual acusó a Alfonsín de ser continuador

de |a dictadura.

El nuevo acuerdo con el Fondo requería bajar el gasto público, efectuar una reforma tributaria y unificar el mercado de cambios (Clarín, 3 de febrero de 1985)9. El Fondo se había transformado, de hecho, en el representante técnico de los acreedores encargado de elaborar un programa que luego supervisaría o cuyo cumplimiento, seguiría. El no poder frenar la inflación que, en 1984, alcanzó 626,7%* (fuente: BCRA y Ministerio de Economía) y las tensiones suscitadas con los acreedores llevaron a los empresarios y a algunos grupos de radicales cercanos a Raúl Prebisch y al presidente del Banco Central, Enrique García Vázquez, a escamotearle el apoyo a Grinspun.

Hubo muchos tironeos con el Fondo y, en algún momento —luego de que el Ministerio de Economía enviara una carta de intención que fue rechazada por aquel—, la Argentina intentó crear un «cíub de deu­ dores», pero esta amenaza no se pudo concretar. La actitud confrontati- va que desarrolló Grinspun con los acreedores, no tuvo éxito. Entonces, el ministro se avino a enviar, en septiembre, otra carta al Fondo. Cuando se firmó el acuerdo con el FMI, en diciembre de 1984, la suerte del bata- lladorfuncionario estaba sellada, no tanto por lo que sucedía en el fren­ te interno, sino por los pésimos resultados de la economía argentina al cumplirse el primer año de gobierno. Es posible afirmar que ni Grins­ pun —un funcionario que defendió el interés nacional con pasión— ni el gobierno de Alfonsín creían que el acuerdo con el FMI mejoraría la situación. Dos meses después, el 18 de febrero de 1985, Grinspun fue reemplazado por Juan Vital Sourrouille.

La situación de la deuda heredada del Proceso limitó, evidente­ mente, la libertad de acción del gobierno de Alfonsín, sobre todo/por­ que hubo en esa época varios países —aparte de México— en dificulta­ des para honrar sus deudas. El grado de exposición de los diez mayores bancos norteamericanos con los países latinoamericanos (la Argentina, el Brasil, México, Venezuela y Chile), salvo en un caso, superaba amplia­ mente el capital de estos. Por ejemplo, solo la deuda argentina con el

Manufacturer Hannover representaba el 47,8% de su capital10.

'El gobierno de Alfonsín, a pesar de que en su discurso inaugural ha­ bía dicho que «la deuda se abonaría en la medida que las exportaciones

argentinas puedan expandirse en el futuro», la reconoció sin discusión, y se pagaron los vencimientos.

Al asumir Sourrouille, la economía no podía mostrar peores resulta­ dos. La experiencia del nuevo ministro se había desarrollado en centros de estudio e institutos académicos, alejado de la gestión administrati­ va del Estado. Al ser designado, era secretario de Planificación y había sido miembro del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA), liderado por Jorge Sábato y Dante Caputo, que había enriquecido con ideas al alfonsinismo.

A fines de noviembre de 1984, Sourrouille, le había entregado al presidente Alfonsín, unos «lineamientos» enfocados a completar el pro­ ceso de industrialización asistida. Se trataba de conciliar estabilización y crecimiento industrial. Como lo comentaría tiempo después el propio Sourrouille, el segundo objetivo del plan de estabilización era revertir el desastre de las finanzas públicas y el tercero, la inflación11. Sourrouille cambió el enfoque para tratar con los deudores y los empresarios y se embarcó en una negociación «amigable» con los extranjeros y sumisa con los intereses locales12.

El 26 de abril, Alfonsín se adelantó para anunciar desde el balcón de la Casa de Gobierno, lo que estaba obligado a hacer empujado por las circunstancias: «una economía de guerra». El 14 de junio se anunció el «Plan Austral». Este contempló un amplio abanico de medidas eco­ nómicas que se referían a las finanzas públicas, la renegociación de la deuda externa y los precios, e impulsaba una reforma tributaria que incrementaba las retenciones a la exportación y el impuesto a los com­ bustibles. Uno de los objetivos era reducir el déficit del 8% al 2,5% del PBI. JorgeTodesca resume el contenido del Plan como sigue:

El Gobierno se comprometía a no emitir más dinero para financiar el gasto público; se congelaban los precios de los bie­ nes y servicios privados, las tarifas públicas y el tipo de cambio,- se reducía un conjunto de gastos públicos y se aumentaban los impuestos al comercio exterior. También nació una nueva moneda, el «Austral», en reemplazo del peso argentino, con un

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valor de $ 1.000 unidades de la «vieja moneda» y acompañada de una devaluación del 18%, con lo que el tipo de cambio se ubicó en 0,80 centavos de austral por dólar. Junto con el cam­ bio de signo monetario se puso en marcha un mecanismo de desindexación de los contratos (el «desagio») que obligaba a las partes a efectuar un descuento sobre los valores a futuro pactados en las transacciones. Fue una medida inteligente, porque ayudó a detener la inercia inflacionaria, aunque su ' aplicación implicó’renegociar infinitos contratos. • '*

* (Jorge Todesca, El mito del país rico)

A este plan, se le agregaron, posteriormente, incentivos fiscales para exportaciones, un drawback y varias exenciones de impuestos. El resultado del Plan fue sorprendente, pues la inflación se desaceleró del 30,5% en junio al 1,9% en octubre, aunque al final délaño la actividad económica se había reducido un 4,4%. Alfonsín recobró su imagen, la UCR ganó con 42% las elecciones de noviembre, aun cuando el clima 1 político seguía perturbándolo por las tensiones que provocaba la cues­ tión militar.

Ante las dudas que algunos empresarios plantearon vista la falta de divisas, Sourrouille respondió orgulloso: «Tenemos todo el apoyo del se­ cretario del Tesoro, Paul Volcker»13. Los primeros éxitos del Plan Austral se debilitaron, y la CGT fue la protagonista de un inevitable enfrenta­ miento entre la preocupación por mantener el salario de los trabajado­ res y el congelamiento salarial del Plan\ entré el rechazo a que fuesen los más débiles quienes soportasen el ajuste y el rigor exigido por el FMI. En enero de 1987, Sourroujlle logró negociar un nuevo perdón con el FMI y suscribió un acuerdo a fin de obtener fondos. Demostró a los funciona­ rios del organismo internacional que había logrado un nuevo paquete fiscal, una ley de coparticipación y que había iniciado los primeros pa­ sos de la capitalización de la deudar

El cuadro era muy difícil para el Gobierno jaqueado por varios lados desde, el principio de 1987: los militares —Rico era una pesadilla—, con más levantamientos; los sindicalistas, con más huelgas —hicieron

ticuatro—; los acreedores, con más reclamos y los grupos empresarios, con sus ambigüedades. A partir de septiembre, cuando las elecciones legislativas dieron el triunfo al Partido Justicialista (41,5% frente a una UCR en retroceso con 37,4%), la fragilidad política hizo del Gobierno una ciudadela acorralada. Su autoridad se quebró cuando, invalidando el congelamiento de precios convalidó un aumento de salarios nego­ ciado por los metalúrgicos por encima del techo máximo que se había convenido en las negociaciones paritarias.

Empecemos por describir las propuestas de los actores externos. En octubre de 1985, se lanzó el llamado Plan Baker, en el cual se plantearon las reformas que debían realizar los países deudores. El primer punto fue resolver el problema de las empresas públicas en los países deudo­ res, mal administradas y deficitarias; la solución no era reformarlas o dar créditos para paliar el deterioro de las inversiones, sino «privatizarlas». El segundo punto fue la apertura de las economías para reconstituir su capacidad de compra. La gestión económica argentina aceptó esta pro­ puesta de venta de activos públicos y reconoció los bonos de deuda como medio de pago de las empresas del Estado.

La segunda propuesta, también aceptada, se incorporaría a la polí­ tica argentina. En febrero de 1987, el Ministerio de Economía y el Banco

Mundial concertaron un business plan con préstamos de dos mil millo­ nes de dólares destinados a modificar la política comercial, racionalizar del sector público y reformar el sector financiero.

El Gobierno lanzó, a principios de 1988, una propuesta de privatiza­ ciones que fue rechazada por el justicialismo en el Congreso. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terrágno, presentó y defendió ante el Senado, durante los meses de abril y mayo de 1988, la venta del 40% de Aerolíneas Argentinas y ENTEL a las empresas SAS y Telefónica de España, además de plantearse la participación privada en la explo­ ración y explotación del petróleo, la privatización de petroquímicas y la reestructuración de Fabricaciones Militares. Se creó un Directorio de Empresas del Estado bajo cuya tutela se colocaron todas las empresas públicas. Las privatizaciones incluyeron un plan — el Plan Houston— «promercado», para permitir la incorporación de capitales privados en

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la exploración y explotación del petróleo. Estos proyectos se anegaron por la falta de consenso político en el Parlamento.

Mientras que el Departamento de Estado y el Banco Mundial soste­ nían que los países debían privatizar sus empresas públicas y abrir sus economías, el FMI mantenía sus preferencias por las políticas de ajuste. Hubo una pugna entre las dos posturas. Cuando/en agosto de 1988, se lanzó el Plan Primavera, cuyo objetivo era evitar el estallido hiperinfla- cionario, la Argentina, de hecho, en mayo de ese año, había entrado en una moratoria de pago. Aún sin acuerdo del FMI, el Tesoro de Estados Unidos organizó un crédito puente para ayudar a la Argentina. Hay que recordar que el proceso de estatización de la deuda comenzado por el gobierno militar fue continuado por Alfonsín. En septiembre de 1984, se capitalizó la deuda externa privada con seguro de cambio (Comunica­ ción A 532 del BCRA). Luego el proceso continuó porvdiversas circulares en julio y agosto de 1987 y en mayo de 1988. Poco a'poco, todos o la gran mayoría de los intelectuales del radicalismo aceptaron las ideas y propuestas de privatización, apertura y capitalización de deudas como parte de la única solución que veían para el caso argentino. Pero la situa­ ción del país, donde los conflictos sociales y las protestas callejeras re­ crudecían, no dejaba de degradarse. El presidente fue abucheado cuan­ do participó en la tradicional exposición de la Sociedad Rural Argentina. En diciembre, estalló la sublevación militar de Seineldín, seguida al mes siguiente por el asalto del cuartel de la Tablada por el movimiento gue­ rrillero Todos por la Patria, lo que exasperó a una sociedad que ya sufría por el deterioro de todos los servicios:transportes, teléfonos, salud, et- céteraTEI 6 de febrero de 1989, el Banco Central anunció que ese día se retiraba del mercado y que solo vendería dólares para pagar

importa-/

dones (vendía aproximadamente cuatrocientos cincuenta millones por día). En enero, el dólar que valía ! 7 australes pasó a cotizar 535 australes, es decir, se produjo un aumento de 2100% en un mes. A partir de febre­ ro, comenzó una corrida bancaria, con fuertes compras de divisas por parte de los bancos privados y extranjeros.

-Fue una situación que llevó al país al borde de la disolución cuan­ do el pánico se apoderó de los sectores de modestos recursos,

sándolos a asaltar negocios y supermercados. El desabastecimiento, el

desempleo, la imposibilidad de confiar en los bancos hicieron, por mo­

mentos, casi imposible el sistema de transacciones. Transitamos cerca

del abismo, el caos. Si bien el PB creció el 3% de 1983 a 1989, el PB per

cápita disminuyó un 10%. Se redujo el gasto público, que en 1983 repre­

sentaba el producto 50,7% del PBI, y en 1990 fue el 43,2% del producto.

El déficit fiscal también se redujo del 16,1% del Producto Bruto al 7,3%

en el mismo lapso. En 1988, la deuda pasó a ser de 60 100 millones de

dólares. La Argentina protagonizó una de las catorce hiperinflaciones

que ocurrieron en la historia de la humanidad. La historia recuerda las

del siglo xx. En Alemania (1922-23), donde en un mes la inflación alcan­

zó 3,25 millones %; en Hungría (agosto 1945 y julio de 1946), donde

alcanzó 19 800%: en'Bolivia (1984/5), donde llegó a 19 000 %.

El presidente Alfonsín no imaginó nunca que su mandato, iniciado

en la euforia del alba de un nuevo tiempo para la Argentina, terminaría

entre lágrimas y decepciones, y que destruiría los sueños de un pueblo

que creyó que había encontrado el camino hacia su destino.

Contrito ante el Parlamento, con voz trémula, en su última inaugu­

ración de las sesiones ordinarias del Congreso, confesó, quizá con el do­

lor de un estoico romano: «Hay cosas que no supimos hacer, hay cosas

que quisimos hacer y hay cosas que no pudimos hacer».

Ape-tunidades que brindaba la Argentina, en la necesidad de construir un Estado adaptado a la era de cambio que se vivía. Menem se proponía cambiar el rumbo de una Argentina ahogada en el papelerío burocrá­ tico, paralizada por el miedo a la competencia, inhibida por prejuicios de ideologías superadas por una juventud ávida de comunicarse y par­ ticipar. La Argentina podía formar parte del «PriimérMundo». Ese era su desafío. Su objetivo. «Argentina, levántate y anda» fue la última frase del discurso inaugural que Carlos Menem pronunció ante la Asamblea Legislativa el 8 de julio de 1989. Las caóticas circunstancias del país y la imposible gobernabilidad por parte de Alfonsín habían obligado a adelantar en varios meses la entrega del gobierno a su sucesor.

Menem había ganado las elecciones por 47% sobre 32% de los vo­ tos que cosechó el radical Eduardo Angeloz. Debe recordarse que Me­ nem había sido ungido candidato a través de las primeras elecciones internas, sin las manipulaciones que habían tenido lugar en el Partido Justicialista. Triunfó con el 53% de los votos en esas internas contra el 46% de Antonio Cafiero, lo cual le daba una doble legitimidad para go­ bernar un país quebrado. Es interesante recordar que el primer texto en el que se planteaba la renovación del peronismo, titulado «La renova­ ción peronista. Un proyecto y una voluntad para transformar la Argenti­ na», hecho público el 31 de diciembre de 1985, llevaba la firma de Anto­ nio Cafiero, Carlos Grosso y Carlos Menem. En el apartado «Democracia, modernidad y libertad», el documento planteaba la polis desde una perspectiva que difería del enfoque radical14. De allí, que Carlos Menem tenía el título de ser un iniciador de la renovación peronista, pero a di­ ferencia de los seguidores de Cafiero más afines al radicalismo, Menem planteó una dura crítica al gobierno de Alfonsín, a la vez que bregó por la unidad del peronismo.

Carlos Menem no propuso un programa detallado, sino que convocó a la nación a asumir un cambio de actitud, porque era imprescindible «superar los crueles enfrentamientos que nos dividieron hace más de una década».

Era, sin duda, un reconocimiento de la realidad antes de plantear la consigna histórica del peronismo: «justicia social, soberanía política e independencia económica». La hiperinflación era su primera batalla. Luego solo enunció algunos temas: el federalismo, la descentralización administrativa, la evasión fiscal. La justicia social sería el eje ordenador de su enfoque hacia la persona.

Para nosotros la justicia social pasa hoy por la elimina­ ción de todo tipo de privilegio: del privilegio de la impuni­ dad, del privilegio de las prebendas, del privilegio de la bu­ rocracia, del privilegio de la especulación, del privilegio de la falta de competencia. (Carlos Menem, discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa del 8 julio de 1989)

Menem, en su discurso inaugural, insistió en el concepto de res­ ponsabilidad colectiva por lo que pasó y frente a los desafíos para el fu­ turo: «A la Argentina la saneamos entre todos o la Argentina se muere». Nunca se había pronunciado una frase tan dramática para diagnosticar el estado del país.

Carlos Menem, primera generación de argentino nacido en la tie­ rra de Facundo Quiroga y de Joaquín V. González, había recorrido todo el país durante su campaña; parecía ser el símbolo de la reivindicación del interior contra la nomenclatura partidaria. Su postura ideológica lo colocaba a las antípodas de la moda socialdemócrata. Su figura evoca­ ba tradiciones viejas, de caudillos del interior, pero su lenguaje percutía en las cuestiones de la actualidad productiva, tecnológica o cultural con criterio desprejuiciado y moderno. Durante su campaña eíectoral, hizo viajes por los países europeos, donde se entrevistó con los más importantes patrones de la industria y de la banca. Cuando desayu­ nó en la residencia del barón David de Rothschild— presidente del

fa-458 .

moso grupo financiero— le transmitió que llevaría adelante un plan cuyo contenido hizo exclamar a su anfitrión: «Si es así, yo me mudo a

la Argentina». j

Los sindicatos, desde antes de su asunción, habían pretendido ro­ dearlo y condicionarlo hasta presentarle (Lorenzo Miguel y Saúl Ubal- dini) listas de exigencias que incluían embajadas, empresas públicas, medios. Menem no se sometió: «llego sin ningún tipo de condiciona­ miento y no le debo facturas a nadie». De la misma forma que no quiso involucrase en un apoyo que al final de su gobierno Alfonsín pedía en medio del naufragio, Menem llegó libre de compromisos para encarar lo que quiso ser, más que un plan de salvataje, un programa para trans­ formar a fondo a la Argentina. Puso en marcha un programa neoliberal que respondía a lo que se llamó «economía popular de mercado».

La suba de precios provocó saqueos en el conurbano y en varias

\

ciudades del interior. Mientras el país vivía entre «la parálisis, el terror, la esperanza», como dice Jorge Todesca, falleció el primer ministro de Economía Miguel Roig14. El único que mantuvo la fe en esos días acia­ gos fue el presidente, quien recorría todos los ámbitos empresarios dando muestras de seguridad. Anunció en la Sociedad Rural Argentina la reducción de las retenciones, halagó a los industriales el «Día de la In­ dustria», concurrió a las reuniones de IDEA (Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos) y ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa). Debía explicar a cada paso el gran giro de su gobierno respecto de la doctrina justicialista. Explicar el nuevo rumbo como una actualización de la doctrina en esos tiempos en que pronto implósionaría el mundo bipolar de la guerra fría.

/

Yo estoy poniendo en marcha el verdadero justicialis- mo. El justicialismo aggiornado, actualizado. Es una actuali- ' zación a la que Perón hizo referencia varias veces. No es nada del otro mundo, pero no nos olvidemos que el peronismo, como cualquier otra ideología política (...) tiene y tuvo que ’’ •* superar etapas. (Carlos Menem, declaraciones al Cronista Co­

mercial, 2 de julio de 1989)

El gobierno de Menem, en sus dos mandatos, pudo llevar adelante tres principales decisiones o políticas que transformarían la Argentina como durante ninguna otra presidencia se hizo, salvo la primera presi­ dencia de Julio A. Roca. Los hitos fueron los siguientes:

1. Cambió el papel del Estado frente al ciudadano y la sociedad de acuerdo con criterios radicalmente opuestos a la concep­ ción que tenía el peronismo en la materia. Llevó a cabo un proceso de privatizaciones de empresas públicas que signi­ ficó una gran transferencia de actividades de servicios y pro­ ducción al sector privado.

2. Se aprobó Ley de Convertibilidad a partir de 1991, y se llevaron a cabo negociaciones financieras que cambiaron la configura­ ción de la'deuda pública.

3. Su política internacional transformó los parámetros que la Ar­ gentina había respetado hasta su gobierno, modificando sus contenidos a fin de hacerlos más favorables a las grandes po­ tencias del mundo occidental.

El efecto que la puesta en marcha de estas decisiones políticas tuvo sobre la sociedad fue sorprendente. Menem apareció como algo nuevo en una sociedad que durante una generación padeció el autoritarismo represivo, la utopía libertaria de la izquierda, el liberalismo dependiente y las desapariciones, para terminar en la hiperinflación. Nadie hizo tanto para cambiar el lenguaje político en un país que parecía condenado a una sempiterna repetición.

Las primeras decisiones estratégicas que servirían de marco de re­ ferencia durante los dos gobiernos de Menem son la Ley 23696 de Re­ forma del Estado, aprobada el 17 de agosto de 1989, y la Ley 23697 de Emergencia Económica, sancionada el 1 de septiembre de aquel año.

Si bien estas dos leyes no modificaron la situación inmediata, fue­ ron bien recibidas por los intereses empresarios, que veían abrirse pers­ pectivas de negocios por los acuerdos externos que anticipaba el uso de los títulos de deuda contra compra de activos públicos.

A partir de ese momento, y durante todo su mandato, Menem utili­ zó, cuando las circunstancias lo requirieron, los Decretos de Necesidad y

Urgencia que autorizaban estas leyes, para soslayar la autoridad del Par­ lamento. Este tipo de disposiciones no estaban previstas en la Constitu­ ción, pero si lo estuvieron en la reforma de 1994. Sin embargo, Menem las utilizó a su gusto cuando, a su juicio, no debían dilatarse las decisio­ nes. Más aún, cuando los proyectos de ley que el presidente mandaba al Congreso eran modificados en puntos que el-consideraba esencia­ les, no tenía empacho en vetar parcialmente esas leyes. Por ejemplo, los cambios introducidos por Diputados a la Ley de Reforma del Estado para incrementar las indemnizaciones por despido fueron vetados por el Poder Ejecutivo.

La crisis económica, sumada a la Ley de Emergencia, otorgó al pre­ sidente un espacio de autoridad y decisión que pocos mandatarios han tenido en la historia argentina. Se fue constituyendo una verdadera doctrina que no podía criticarse; las propuestas presidenciales no po­ dían ser puestas en dudas sin una severa reprimenda. Los militantes pe­ ronistas que no compartían la doctrina eran tildados de traidores o se­ guían un camino más práctico y universal: someterse al poder de turnó. De allí que algunos críticos posteriores se hayan referido a la «mayoría automática».

En lo que respecta al apoyo de los sectores productivos, tanto el sector agropecuario como el industrial, fueron favorables a los princi­ pios generales de la política, pero críticos respecto de las medidas con­ cretas. Si bien Eduardo Zavalía, presidente de la Sociedad Rural Argen­ tina, apoyó desde el principio la política, el sector fue categórico en re­ chazar la propuesta de privatización del Banco de la Nación15. También, al principio del gobierno de Menem, aquel señaló «un fuerte desequili­ brio de los precios relativos, perjudicando particularmente a los bienes transables que están expuestos a la competencia externa». Se quejó de que muchos productores «no encuentran los medios para nivelar sus cuentas, ni para tecnificarse, ni para realizar las inversiones necesarias que aseguren su futuro»16.

Al final del segundo gobierno, las relaciones se tensaron con el sec- tór rural. En la Exposición Anual de la Sociedad Rural Argentina de 1988, su presidente, Enrique Crotto, describió el peligro de la globalización.

La globalización hace que las crisis financieras de re­ giones o países afecten la economía de casi todo el mundo. Paradójicamente, en nuestro país sufrimos los perjuicios sin recibir los beneficios, ya que la baja de los alimentos en los mercados mundiales repercutió enseguida en la re­ ducción de nuestros precios, pero la baja del petróleo de casi un 30% no se reflejó en nuestros costos, y no obstante laboramos con un gasoil de los más caros del mundo. (En­ rique Crotto, Exposición Anual de 1998)

El ministro de Economía Roque Fernández los acusó de ser «evaso- res». Del 19 al 21 de abril, la SRA, CRA, FA y Coniagro convocaron a un paro agropecuario. Los sectores rurales reprochaban al Gobierno la falta de iniciativas para paliar las dificultades del campo y, sobre todo, protes­ taban por los «costos fiscales» que soportaban. La combatividad de los ruralistas fue intensa. En la tapa de la publicación mensual de la CRA se pudo leer: «Más que un paro, una voz que dice basta».

A mediados del año 1999, el presidente Menem se sintió obligado a defender su política neoliberal17.

El campo tuvo períodos muy buenos y no sé cuáles son ; los aportes lógicos que le hizo al país, teniendo en cuenta que, si hay un sector que es evasor por excelencia, es del campo. Lamento tener que decir esto, pero este es el único Gobierno que eliminó las retenciones a las exportaciones, que eliminó un montón de impuestos distorsivos a la activi­ dad del campo y que más los apoyó en todo lo que hace a la infraestructura para poder sacar la producción de la Argen­ tina (...). No puede ser que cuando viene un período más o menos malo, de vacas flacas, le estén reclamando al Gobier­ no una ayuda un aporte. ¿Y el resto de la comunidad? (Carlos' Menem, La Nación, 20 de mayo de 1999)

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La relación entre Cavallo y parte de los industriales habían sido ris­ pidas. El ministro afirmó que al abrir el mercado interno no se preocu­ paría de las actividades fabriles. En una Asamblea della UIA, en abril de

1992, cuando un fabricante de juguetes alzó su voz para quejarse «de la mano de obra esclava de las cárceles chinas», Cavallo sin inmutarse le respondió: «Obviamente, el negocio estaba en vender juguetes más que en fabricarlos ¿Qué tiene eso de raro?». Sin duda, el presidente de la UIA, Jorge Blanco Villegas, que al principio no disentía con la filosofía, aunque sí con alguna medida, fue cambiando de posición. El Consejo Académico de la Fundación Unión Industrial Argentina realizó una eva­ luación sobre los posibles riesgos de la convertibilidad. Afirmaba en una parte del estudio que «hay un estrangulamiento externo encubierto» por las altas tasas de interés que se haría explícito si la tasa de interés descendiese a nivel internacional y el flujo de capitales se redujera18.

En el Anuario 1994-95 de la UIA, Blanco Villegas proponía más ac­ ciones del Estado para asegurar la apertura y evitar el dumping; asimis­ mo, atacó a los «fundamentalistas del mercado»19.

14 000 establecimientos que debieron bajar sus persia­ nas son una evidencia de los dolores que esta adecuación a las transformaciones provocó a la actividad industrial. (Jorge Blanco Villegas, ¿nuar/o J 99495. Unión Industrial Argentina)

-En 1995 Blanco Villegas, escribió en la revista Apertura un artículo en el que afirmaba que muchos «montados» en la ola de antiestatismo querían vender «gato por liebre». Ratificó así su posición: «Los industria­ les estamos en contra de la apertura indiscriminada, la apertura inge­ nua, y a favor de una apertura administrada, como la que emplean los Estados Unidos, la Unión Europea o Japón».

Roberto Rocca, presidente deTechint, presentó un estudio elabora­ do por un equipo encabezado por José Luis Machinea y Pablo Gerchu-

noff donde, sorpresivamente, la paridad peso-dólar sobre las exporta­ ciones industriales no fue tema central. Sí lo fue la competencia ruinosa de los productos brasileños.

Hasta el final de la presidencia de Menem, la UIA tuvo una relación contradictoria con la política del Gobierno. El discurso de cierre de la V Conferencia Industrial que Osvaldo Rial realizó en Córdoba entre el 18 y el 20 de agosto de 1999 es revelador de la posición del sector. «Los industriales de las pequeñas y medianas empresas encontraron tre­ mendas restricciones para acceder al crédito. Nuestra banca privada se dedica a financiar al Estado Nacional y los estados deficitarios provincia­ les (...). Si nosotros, para producir, tuviéramos la ineficiencia del sistema financiero, seguramente no exportaríamos a ningún país del mundo» (Osvaldo Rial, UIA Anuario 1999,18 de agosto de 1999).

Si observamos la política puesta en práctica durante los dos perío­ dos, es posible afirmar que, la política del gobierno de Menem preservó su coherencia ideológica. En lo inmediato podemos, ensayar algunos juicios sobre los resultados finales de esa década.

En primer lugar, fue un gobierno innovador, y eso es un valor en un país que repite sus fracasos. Menem imprimió una dinámica de innova­ ción en los sectores productivos y en el movimiento de ideas. Sacudió las estructuras, pasó hondo en la tierra la hoja del arado, posibilitó una rápida mejora de la infraestructura (sobre todo, en la telefonía), hubo reformas de excelencia a nivel mundial como en el sector de produc­ ción y distribución de electricidad, pero otras medidas a la larga fueron, francamente negativas, como la privatización de los ferrocarriles. Re­

lanzó el espíritu de emprendimiento que se expandió por todo el país y movilizó a la población, pero al mismo tiempo descolocó a muchos empresarios nacionales que tuvieron que cerrar las puertas de sus in­ dustrias ante la apertura indiscriminada del mercado internacional. El objetivo de las reformas fue remover los obstáculos que, a su juicio, frenaban el crecimiento de la Argentina, pero el continuo recurso del endeudamiento del Estado — a partir de la reforma de las jubilaciones en 1994— provocó un colapso financiero que desacreditó gran parte de las innovaciones.

La mayoría de las reformas fueron urgidas por un tiempo político que exigía resultados rápidos. Más tarde fueron duramente criticadas por no haber preservado los intereses del Estado, no haber previsto

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resguardos o plazos de adaptación de la producción nacional y porque estas reformas se llevaron a cabo en una atmósfera de sospechosa colu­ sión entre funcionarios y empresarios. ¡

Un segundo comentario es que las medidas del gobierno de Menem favorecieron la consolidación de un capitalismo de amigos ligados al poder, y que se transfirieron recursos del Estado a ese sec­ tor prebendario. Favoreció la concentración y, en algunos casos, el cierre o la desnacionalización de numerosas empresas argentinas. En la industria, los capitales extranjeros ganaron espacio a costa de los nacionales.

En el sector financiero, hubo concentración y extranjerización: se pasó de 281 entidades en 1991 a 119 en 1991; en esos años, el capital extranjero pasó de manejar el 17% de los depósitos bancarios a absor­ ber el 45%. En 1994, las empresas nacionales producíán el 65,5% de las ventas totales del sector industrial; en 1998, solo el 30,5%.

La política de transformación, impuesta a una sociedad cansada de ensayos fallidos, fue llevada a cabo sin un trabajo de información a nivel de la opinión pública ni una pedagogía a nivel de los sindicatos y la so­ ciedad política que la aceptó más que por convicción, porque era impa­ rable en aquellas dramáticas circunstancias de principios de la década de los noventa. Se usaron los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) no previstos en la Constitución de 1853 y la transferencia sine die de po­ deres del Congreso hacia el Poder Ejecutivo. Menem, bajo este aspecto, fue el antecesor del hiperpresidencialismo que ejercitó más adelante

Néstor Kirchner.

Durante el gobierno de Menem tuvo lugar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Gran Bre­ taña, interrumpidas desde la guerra con Malvinas. Por la declaración de

Madrid, firmada el 13 de octubre de 1989, las partes reafirmaron su com­ promiso de «respetar permanentemente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular, la obligación de solucionar’las con­ troversias exclusivamente por medios pacíficos». No hubo una negocia-• ción previa sobre las muchas cuestiones importantes que quedaron en

el aire — pesca, explotación de hidrocarburos,'uso de puertos,