Narrativas construidas sobre los derechos humanos y el impacto psicológico de la violencia en sindicalistas colombianos

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NARRATIVAS CONSTRUIDAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA VIOLENCIA EN SINDICALISTAS COLOMBIANOS

Trabajo de Grado

VÍCTOR JOSÉ RANGEL VARGAS MARTHA CECILIA LOZANO ARDILA*

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Bogotá D.C., Marzo de 2011

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Pág.

0. INTRODUCCIÓN 10

0.1 Problema 11

0.2 Fundamentación bibliográfica 16

0.2.1 Contexto histórico de los derechos humanos y del sindicalismo en Colombia

16

0.2.2 Breve historia de la violencia ejercida sobre el sector sindical colombiano

21

0.2.3 Efectos psicosociales de la guerra y la violencia. Hacia una aproximación teórico-conceptual

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0.3 Objetivos 41

0.3.1 Objetivo general 41

0.3.2 Objetivos específicos 41

0.3.3 Categorías

0.3.4 Subcategorías

42 43

1. MÉTODO 44

1.1 Enfoque y método de investigación 44

1.2 Participantes 45

Criterios éticos 45

1.3 Instrumentos 45

1.4 Procedimiento 46

2. RESULTADOS 48

3. DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

53 65

REFERENCIAS 67

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0. INTRODUCCION

En el marco de la realidad social y política de Colombia, es innegable que la guerra y la violencia han marcado en muchos sentidos las vidas de las personas. Durante largas décadas el país ha sido el escenario para el surgimiento de distintos grupos armados al margen de la ley que, persiguiendo intereses políticos o económicos, asesinan, secuestran, desplazan campesinos, desaparecen a sus contradictores o, en el mejor de los casos, extorsionan y corrompen. Guerrillas rurales y urbanas, grupos paramilitares, carteles de narcotraficantes, bandas de delincuencia común e incluso a veces la misma fuerza pública, ejercen una violenta presión contra muchas poblaciones y diversos sectores. Ingentes masas de campesinos, comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas, estudiantes y trabajadores, entre otros, día a día se ven afectados directa o indirectamente por las expresiones de la guerra interna o de conflictos de diversa índole.

Y dentro de todos los sectores golpeados por esta violencia, quizás uno de los más golpeados sea el movimiento obrero; desde hace ya casi un siglo los trabajadores organizados en asociaciones y/o sindicatos han sido víctimas de masacres, asesinatos selectivos, torturas y desapariciones forzadas, por parte del mismo sector patronal y en ocasiones con la complicidad del propio Estado. No hay que olvidar la tristemente célebre Masacre de las bananeras; las detenciones arbitrarias de los sindicalistas de Barrancabermeja durante las huelgas de 1924 y 1927; los asesinatos y deportaciones a trabajadores del sector ferroviario, braseros y navegantes del río Magdalena; todos ellos hitos que se han ido desdibujando de la memoria colectiva de la nación. Recientemente las muertes de sindicalistas a manos de grupos paramilitares, el genocidio de prácticamente todos los miembros de la Unión Patriótica y la violencia dirigida contra este sector, denotan un modus operandi que socava profundamente los derechos humanos y las reivindicaciones laborales en Colombia.

Dado este panorama se hace necesario entonces rescatar las voces de quienes, como los sindicalistas, han sufrido el impacto de la guerra y la violencia en carne propia, pues a lo largo de sus relatos pueden descifrarse elementos que, coincidiendo con la responsabilidad que tiene la Academia, y dentro de ella disciplinas como la psicología, aporten miradas a un campo problémico que no debe diluirse en la rapidez y superficialidad del cúmulo de informaciones y sucesos del diario vivir, sino que por su contundencia ameritan explorarse.

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análisis de esta problemática concreta. Al rastrear las narrativas de algunos sujetos víctimas de la violencia en Colombia, se quiere abrir un campo de indagación que confronte las perspectivas y enfoques planteados desde la propia disciplina en cuestión -psicología- con las prácticas discursivas -y/o su eventual transformación- individuales y quizá colectivas, de quienes se inscriben en la condición de sindicalistas.

Para acotar lo anterior, este trabajo se desarrollará con base en la siguiente estructura: una primera parte en la cual se efectuará un rastreo histórico sobre la violencia en contra del movimiento sindical colombiano, esbozando también un marco ampliado de derechos que se focalizará en las reivindicaciones, límites o retrocesos de los trabajadores acerca de esos derechos, y en el rol desempeñado por el Estado -como garante o no de tales derechos-, en el período comprendido entre 1991 y 2008. Allí mismo se abordará lo referente a la psicología social de la guerra, donde se recogerán principalmente los aportes realizados por Martín-Baró al respecto. Un segundo apartado atinente a la metodología y el enfoque metodológico implementado, en donde se pretende indagar por las narrativas de algunos sindicalistas víctimas de la violencia en el país, así como los instrumentos y el procedimiento usado. La tercera parte comprenderá lo relativo al análisis sobre los sentidos otorgados por sindicalistas víctimas de la violencia al entramado de categorías derivadas de los contextos teórico e histórico, con base en el análisis e interpretación de sus narrativas e historias de vida. Por último, en la parte de discusión y conclusiones, se quiere contribuir a ampliar el campo problemático tratado y su eventual apertura a nuevas búsquedas de análisis e interpretación desde la psicología.

En la medida que se entienda y conozca el problema de las luchas sindicales desde las víctimas de la violencia, posiblemente se empezarán a crear espacios de entendimiento, comprensión y reflexión desde una perspectiva diferente a la predominante en la sociedad colombiana, lo cual permitirá tener más elementos de análisis para un tema tan complejo como el sindicalismo y los efectos psicológicos de la violencia estructural que afecta al país desde hace tanto tiempo.

0.1El Problema

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González, 2002; Informes de Amnistía Internacional, 2009; y de Naciones Unidas, 2006). Es así como en Colombia, la situación de los derechos humanos es una de las más críticas de Latinoamérica y del mundo. Sistemáticamente se producen ejecuciones extrajudiciales, amenazas, torturas, secuestros, masacres y desapariciones forzadas agenciadas mayoritariamente por grupos armados ilegales y, en otras ocasiones, también por las mismas fuerzas de seguridad del Estado (Paredes, 2003; Borrero y Paredes, 2005, 2006; CINEP, 1996; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2006).

Recientemente, con el advenimiento de la política de seguridad democrática, agenciada por la administración Uribe frente al descalabro de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en San Vicente del Caguán, la violencia ha entrado en una nueva fase de escalamiento, pues las posturas de los distintos actores intervinientes se han radicalizado. Así como, siguiendo el discurso de la política mundial, Colombia ha implementado la categoría de terrorismo, denominando así a todos los grupos armados ilegales; de la misma forma el paramilitarismo y las redes de tráfico de narcóticos han generado una violencia que, junto con las milicias de la guerrilla, han urbanizado el conflicto trasladándolo del campo a las principales ciudades del país (Paredes, 2003; Borrero, 2004; Borrero y Paredes, 2005, 2006).

Aunque el actual gobierno niegue y trate de minimizar la violación de los derechos humanos acometidos por agentes estatales, son conocidos los diferentes procesos judiciales en contra del propio Estado, por ejemplo en los denominados falsos positivos, y por la práctica de desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas. Al respecto el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el miércoles 29 de noviembre de 2006, en su página de internet refiere:

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En este contexto de violencia política y social, tal vez los sectores más afectados sean los conformados por las poblaciones desplazadas, el campesinado, las mujeres, las comunidades indígenas y afro descendientes, los estudiantes y profesores de universidades públicas, los partidos de izquierda y los sindicalistas colombianos. Desde hace muchos años estos grupos han sido objeto de la violación de sus derechos y se han constituido en las principales víctimas del conflicto interno que vive el país.

Dado el anterior panorama, este estudio se propone entonces dar una mirada a los orígenes y efectos psicológicos de la violencia devenida en un escenario que atañe a las dinámicas de la misma y su impacto, particularmente sobre algunos sindicalistas colombianos víctimas de ésta.

De allí que sea oportuno revisar el contexto y el estatuto otorgado al conflicto interno que vive Colombia desde hace algunas décadas, pues dada la continuidad de un estado de beligerancia -por no decir de guerra perpetua-, el país ha sufrido un proceso de deshumanización que apunta a lo planteado por Samayoa (en Martín-Baró, 2000) en tanto:

(…) la noción de deshumanización que se aborda se limita al fenómeno de pérdida o empobrecimiento colectivo de los siguientes atributos: a) capacidad de pensar lúcidamente, con lo que ello implica de identificación y superación de temores irracionales, prejuicios y todo aquello que imponga desde dentro de las personas una relación predominantemente defensiva (en el sentido psicodinámico) con el mundo, b) voluntad y capacidad de comunicarse con veracidad y eficacia, con lo que ello implica de libertad, honestidad, flexibilidad, tolerancia y respeto, c) sensibilidad ante el sufrimiento y sentido solidario y d) esperanza (p. 44).

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Por ende, las inquietudes que orientan la investigación se sitúan en mirar cómo esa violencia agenciada en los órdenes planteados y por diferentes actores, afecta las narrativas e historias de vida de los sindicalistas colombianos que han sido víctimas de ésta, para aportar al análisis de la temática a la luz de la psicología social. En ese sentido, la pregunta que orienta la realización del estudio se cifra en descubrir, mediante las narrativas ¿cuáles son los sentidos y significados construidos sobre los derechos humanos y cuál ha sido el impacto psicológico de la violencia en algunos sindicalistas colombianos víctimas de ésta, a la luz de los elementos aportados por la psicología social de la guerra?

El desarrollo de esta investigación cobra importancia para la sociedad, toda vez que desea aportar elementos de análisis para entender cómo los propios sujetos víctimas de la violencia en Colombia, en este caso los sindicalistas, han construido sentidos a partir de la afectación de su integridad física y psicológica en la dinámica inscrita en la defensa de su integridad y la exigibilidad de sus derechos. Pues, de acuerdo con Martín-Baró (2000), quien desde la psicología se preocupó por analizar el impacto de la guerra y la violencia sobre las personas, el trauma psicosocial generado por la guerra y la violencia, acarrea un conjunto de efectos individuales y colectivos que desestabilizan y obstaculizan el adecuado desarrollo de una sociedad. Cuando la situación de violencia golpea al ser humano, se producen en él consecuencias de índole psicológica y física que repercuten en la salud mental de todo un pueblo. Por ende este trabajo constituye, desde el ámbito de la psicología social de la guerra, una oportunidad para reafirmar y/o ampliar este horizonte teórico-conceptual en Colombia.

Por otra parte, la narrativa, como eje metodológico de este trabajo, plantea una interesante perspectiva para abordar las realidades personales y sociales. La narrativa propone un ejercicio que procura la construcción de relatos de vida o relatos autobiográficos, en donde un sujeto reconstruye acciones personales y sociales ya realizadas, que aunque vistas desde la singularidad permiten explorar “los sentidos y significados” de un contexto sociocultural en que éste vive su experiencia (Lindón, 1999). Y en esos sentidos y significados devenidos en los relatos, se revela una temporalidad extractada de la cotidianidad de la vida, en la cual es posible propiciar un movimiento reflexivo y de encuentro con la alteridad, pues como afirma Pearce (1994, en Fried Schnitman 1998, p. 278):

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proceso de completar; lo que el primer interlocutor agrega contribuye algo más a completarlo, y así sucesivamente.

Además, como lo señalan Tappan (1997) y Bolívar (2002), estos relatos son inicialmente textos auto-interpretados por la persona como experiencias construidas a en una parte de su vida y que posteriormente quien investiga las convierte en historias en contexto.

Finalmente, el propósito de un trabajo como el aquí planteado deviene en términos de lo que puede catalogarse como una situación de injusticia social y, por ende, se inscribe en el marco del Ser y la naturaleza de la Pontificia Universidad Javeriana (Documentos institucionales, en: http://www.javeriana.edu.co, fecha de consulta: 20 de noviembre de 2009), donde se propone:

Mediante las funciones específicas de toda institución universitaria en búsqueda del saber y abierta a todos los aspectos de la realidad, (…) servir a la comunidad humana, en especial a la colombiana, procurando la instauración de una sociedad más civilizada, más culta y más justa.

Atendiendo a una situación concreta de violencia y violación a una serie de derechos fundamentales contra un sector específico de la población colombiana: los sindicalistas, quienes a lo largo de la historia del país han sido víctimas de este flagelo, el presente trabajo destaca una de las claves de la Misión universitaria, en tanto: “prioritariamente la investigación y la formación integral centrada en los currículos” (PUJ, 1992) apuntan a solventar problemáticas sociales y ante todo humanas dentro del contexto colombiano. Para efectos de este estudio, particularmente tales problemáticas se pueden definir como:

La crisis ética y la instrumentalización del ser humano.

La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad.

La discriminación social y la concentración del poder económico y político. La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones.

(PUJ, 1992)

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20 de noviembre de 2009). Visto desde esta perspectiva, la preocupación por indagar los sentidos conferidos a los derechos humanos y el impacto psicológico que han sufrido sindicalistas víctimas de la violencia en Colombia, a la luz de sus narrativas, se encuadra en el propósito fundamental planteado por la Facultad para la formación de profesionales en esta disciplina.

0.2 Fundamentación bibliográfica

El referente teórico que da soporte a esta investigación se desarrolla teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales:

1.Breve descripción del contexto histórico de los derechos humanos y del movimiento sindical en Colombia.

2.Rastreo del ejercicio de la violencia sobre el sector sindical del país, enfatizando en la historia reciente de este fenómeno.

3.Definición de un marco teórico-conceptual que da cuenta de los elementos propios de la psicología social pertinentes para construir la base del trabajo.

0.2.1 Contexto histórico de los derechos humanos y del sindicalismo en Colombia

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) fue el resultado de muchos años de luchas por la dignidad del ser humano. Allí quedaron plasmados todos los derechos desde una perspectiva de integralidad, en donde todos son igualmente importantes, se interrelacionan y complementan entre sí. Sin embargo, los Estados firmantes no estimaron que tal Declaración fuera de cumplimiento obligatorio desde el punto de vista jurídico, por lo cual se empezó a pensar en instrumentos que demarcaran sus obligaciones en este sentido.

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proclive a mantener la preeminencia de los derechos civiles y políticos, por considerarlos indispensables para el mantenimiento de la libertad y la democracia.

Fue así como la Guerra fría imposibilitó la formulación de un tratado único sobre los derechos humanos, por ende se hizo necesario crear dos pactos internacionales, los cuales en el año de 1966 se redactaron y anexaron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (González, 2006).

El Estado colombiano adquirió unas obligaciones de orden jurídico con la comunidad internacional y con sus asociados cuando ratificó, por medio de la Ley 74 de 19681, su adhesión a los citados pactos. Más recientemente y visto a la luz del Artículo 93 de la Constitución Nacional de 1991, se vuelven a ratificar estos tratados en los siguientes términos:

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (p.18).

Por lo demás, el discurso de los derechos proclama que todos los países garantes de los Pactos tienen la tarea de promover, proteger, respetar, satisfacer y velar por la aplicación de los siguientes derechos: el derecho a la vida y a la seguridad, el derecho a trabajar en condiciones dignas, justas y favorables; el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y a óptimos niveles de salud física y mental; el derecho a la educación y a disfrutar de los beneficios de la libertad cultural y el progreso científico; a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, a la no discriminación entre hombres y mujeres para acceder a estos derechos; el derecho a trabajar dignamente, a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos; el derecho a la huelga, a la protección de la madre gestante, a la protección de la niñez y de las y los jóvenes; derecho a un nivel de vida adecuado y a la alimentación. Igualmente, la

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Constitución Política de 1991 consagra y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos2.

Como puede verse, una gran gama de estos derechos alude a las garantías económicas y sociales que debe proveer un Estado Social de Derecho. Sobre este asunto es importante considerar la siguiente afirmación:

La política estatal especial de protección de los DESC tiene como fuente el carácter social del Estado de Derecho consagrado en la Constitución colombiana. Sin embargo, su especialidad radica en que tiene un enfoque específico para las poblaciones vulnerables, lo que significa que el deber estatal de protección en estos casos es cualificado, con miras a lograr que estas poblaciones alcancen una igualdad real o material (Corporación Viva la Ciudadanía, 2007, p.4).

Ahora bien, puede observarse como los derechos sindicales también obtuvieron reconocimiento internacional tan solo después de de la Segunda Guerra Mundial. Los convenios esenciales pactados por los miembros de la OIT para garantizar la libertad sindical y la protección de los derechos en el trabajo de asociación, contratación y huelga son los Convenios (C): C-87: Libertad sindical y protección del derecho de sindicación; C-98:

Derecho de sindicación y negociación colectiva; C-29: Trabajo forzoso; C- 105: Abolición del trabajo forzoso; C- 138: Edad mínima; C-100: Igualdad de remuneración; C- 111:

Discriminación, empleo y ocupación, y C-182: Sobre la abolición de las peores formas de trabajo infantil.

Estos Convenios son vinculantes y obligan a que los Estados inscritos en la OIT los pongan en vigencia dentro de sus territorios. En el caso de Colombia, los Convenios anteriormente expuestos, cobraron vigor y se transformaron en normas de orden interno mediante proyecto de Ley de la República. Es así, como el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia expone que Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna(p. 18), lo cual da soporte jurídico para el cumplimiento de dichos convenios.

2 Para ampliar la mirada en torno a los derechos fundamentales, se sugiere revisar la Constitución Política de 1991,

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Esta reivindicaciones laborales que se pactaron en los mencionados convenios no nacieron de la noche a la mañana sino que son producto de toda una historia sindical manchada de sangre y horror.

La lucha sindical obrera nace entre los años 1920 y 1930 con el surgimiento de los primeros sindicatos organizados por oficios y por localidades. Sin embargo, para la misma fecha existen los trabajadores ferroviarios, braceros y navegantes del rio magdalena quienes estallan huelgas pero fracasan porque no tienen ninguna organización, pero debido a un espíritu de solidaridad laboral emprendida por algunos trabajadores de la capital y del mismo gremio en otras latitudes del país, se consolida en 1919 una especie de huelga en los ferrocarriles que finaliza con éxito (Pécaut, 1982).

A partir de ésta fecha el movimiento obrero aparentemente se encuentra más organizado, y es así como en Octubre de 1924 aparece la primera huelga del país en Barrancabermeja dado el incumplimiento de un pacto firmado en marzo de ese mismo año por la empresa petrolera donde se prometía mejores condiciones de trabajo y un mejor trato por parte del personal extranjero; los huelguistas se tomaron la ciudad, desmontaron los rieles de la carrilera, prorrumpieron en gritos revolucionarios. Ante dicha situación, según la versión oficial, 1200 trabajadores fueron suspendidos y expulsados de la ciudad (Urrutia, 1989).

Para el año de 1926 estalla una huelga propiciada nuevamente por el sector ferrovial, la cual se extiende a diferentes ciudades y pueblos del país, logrando así importantes resultados para estos trabajadores (salario doble en los días festivos, indemnizaciones por accidentes laborales, un sistema de seguro colectivos, pago de horas extras sobre una base especial). Estos beneficios obtenidos por los trabajadores empiezan a generalizarse abarcando a obreros de otros sectores (Pécaut, 1982).

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impiden continuar la lucha una vez detenidos sus líderes. A pesar de los logros que iban consiguiendo estos primeros movimientos, también se evidenciaba una desorganización que se reflejaba en el poco impacto de sus exigencias laborales ante sus patronos. Los trabajadores tampoco podían recurrir al arbitraje del Estado porque éste desconoce de antemano la legitimidad de sus acciones, por lo cual se empieza a fraguar, de la mano de los jefes liberales, cierta conciencia colectiva contra estas brutales formas de dominación patronal. Bajo este caldeado ambiente en el año de 1926 se crea el Partido Socialista Revolucionario el cual acogía a trabajadores pero también a veteranos liberales, por lo cual no se puede afirmar que era un partido propiamente obrero (Pécaut, 1982, Urrutia, 1976, Tirado, 1989).

Un año después de la huelga petrolera, hacia finales de 1928 se presenta la huelga de las bananeras motivada sobre todo por la vinculación indirecta, por intermedio de subcontratistas colombianos, de 25.000 trabajadores en las plantaciones de Santa Marta lo cual afectaba directamente a los trabajadores porque se les desconocían muchos de sus derechos laborales; además los trabajadores exigían mejores condiciones higiénicas, la supresión de almacenes y tiendas de la compañía y un aumento de los salarios. El inspector de Trabajo declara que esas peticiones son legítimas y es encarcelado por el Ejército Nacional que estaba a merced de la empresa bananera. El movimiento huelguístico estalla el 13 de Noviembre de 1928 y las tropas militares detienen preventivamente a cuatrocientos trabajadores; ya para el 4 de diciembre se declara el estado de sitio en el Departamento y el General Cortés Vargas asume el poder civil y militar. El gerente de la Compañía le solicita al presidente de la nación que actué contra los amotinados furiosos, estando pues esta región bajo el imperio de la anarquía y del más crudo comunismo, y es así como el 6 de diciembre el General Cortés Vargas ordena abrir fuego contra la multitud huelguista reunida en la plaza de Ciénaga. En los siguientes días son asesinados y desaparecidos cientos de trabajadores (Pécaut, 1982, 2003, Urrutia, 1976).

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elemento esencial para la política de desarrollo nacional, en la medida que favorece la ampliación del mercado interno. A partir de 1936 se consuma la adhesión del sindicalismo al partido liberal, éste respaldo consolida aún más al movimiento sindical y empiezan a surgir nuevos sindicatos. A pesar de la legalización del sindicalismo, los conflictos se multiplican y continúan las huelgas y las violaciones a los derechos laborales (Pécaut, 1989).

Aparte de lo planteado, cabe mencionar cómo diversas dinámicas y fenómenos políticos, económicos y culturales como las desviaciones del bipartidismo, la corrupción, la explotación del ser humano por el dinero, el abuso del tener y del poder, el gamonalismo, la injerencia externa de los asuntos internos del país, el desinterés de muchos gobernantes por los intereses del común, entre otros, generan violencias de todo orden, desigualdades sociales y pobreza, en donde los sindicalistas aparecen como una de las poblaciones más afectadas (Esguerra, 2002).

Es así, como el movimiento sindical en Colombia ha sido y sigue siendo objeto de violaciones sistemáticas de sus derechos sindicales y humanos. Desde su creación dicho gremio se ha considerado peligroso y subversivo para el orden social, más con el reconocimiento de sus derechos -mediante pactos, convenios y leyes- han podido contrarrestar estas graves injusticias. En la actualidad el gremio sindical colombiano no ha dejado de luchar por la exigibilidad de todos sus derechos laborales, y por una vida más digna y justa para el trabajador colombiano.

0.2.2 Breve historia de la violencia ejercida sobre el sector sindical colombiano

Desde que la clase obrera trabajadora empezó a hacer una serie de peticiones laborales, se ha evidenciado un permanente conflicto entre el movimiento obrero, los empresarios y el Estado. Ejemplo de la anterior, son la ya mencionada masacre de las bananeras, las huelgas y luchas de los trabajadores del sector ferroviario, petrolero, cañero, entre otros (Tirado, 1989).

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Según el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en su boletín de prensa del 20 de marzo de 2007, la empresa Chiquita Brands (anteriormente United Fruit Company) fue condenada y hallada culpable por la justicia de los Estados Unidos por financiar grupos paramilitares, los cuales son responsables de crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y sindicalistas en Colombia:

Fueron precisamente los cientos de crímenes cometidos en esta zona, acrecentados en la década de los noventa, y la evidencia irrefutable de la financiación por parte de

Chiquita Brands y otras empresas transnacionales a grupos paramilitares, por los cuales el Tribunal Permanente de los Pueblos, acusara el mes de abril de 2006, a dicha empresa por las „violaciones graves y masivas de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical; por desprecio de la dignidad y de la vida de los trabajadores y sus comunidades, así como por el respaldo a políticas económicas que contribuyen al deterioro dramático de las condiciones de vida y salud de una parte creciente de la población colombiana y así mismo declarara responsable a los órganos del Estado Colombiano como autores y/o cómplices de los crímenes de lesa humanidad documentados. (p.1)

Dado lo anterior, y como ya se mencionó, es claro que el Estado colombiano tiene la obligación constitucional de garantizar y proteger los derechos humanos y sindicales de todos los ciudadanos del país. No obstante, en un ámbito más particular, puede afirmarse que en Colombia los movimientos sindicales, las poblaciones desplazadas, el campesinado, las minorías étnicas, los grupos indígenas y afro descendientes, el sector de la educación y sectores de la población estigmatizados como grupos y partidos de izquierda, durante décadas han sido víctimas del conflicto interno y de la violación de sus derechos.

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Actualmente, la Escuela Nacional Sindical, mediante el Sistema de Seguimiento a los Derechos Humanos, SINDERH, ha registrado que en el año 2008, se han producido hacía los trabajadores sindicalizados: 1 allanamiento ilegal, 111 amenazas, 2 atentados con o sin lesiones personales, 4 desapariciones, 2 desplazamientos forzados, 14 detenciones arbitrarias, 34 homicidios, 9 hostigamientos, y 2 sindicalistas torturados.

De manera similar, Amnistía Internacional en su informe anual de 2008, sobre los derechos humanos en la República de Colombia, ratifica cómo:

(…) la mayoría de los homicidios de sindicalistas han sido obra de grupos paramilitares, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad o con la conformidad de éstas. Las fuerzas de seguridad y la guerrilla también han sido responsables directos de homicidios y amenazas contra sindicalistas, unos homicidios y amenazas que tienen un objetivo claro: minar y desacreditar el trabajo de estos activistas. (p. 6).

Es así, como el gobierno colombiano -encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez-, las fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares o de extrema derecha, han alegado que muchos de los abusos sufridos por los sindicalistas no son consecuencia de su labor sindical3, y a su vez han tildado a los sindicatos, al igual que a las organizaciones de derechos humanos y a otras organizaciones sociales, de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Estas acusaciones han venido muchas veces seguidas de amenazas o ataques contra estas poblaciones.

A su vez, Amnistía Internacional, en su informe del año 2009, evidencia que se produjo un aumento en las amenazas hacia los sindicalistas y defensores de derechos humanos, sobre todo en torno al 6 de Marzo, fecha en que se realizaron manifestaciones en Colombia y en el extranjero para protestar contra la violación sistemática de los derechos humanos cometidas por paramilitares y las fuerzas de seguridad. A diferencia del informe de la Escuela Nacional Sindical, Amnistía Internacional cuenta dentro de sus estadísticas con el asesinato de 46 sindicalistas para el año 2008, frete a 39 del 2007, además cerca de 12 defensores y defensoras de los derechos humanos murieron de forma violenta en 2008, una cifra similar a la registrada en 2007.

3 Según el informe de Amnistía Internacional 2009, se ha recibido incesante información que indica que las amenazas de

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Por otra parte, la International Trade Unión Confederation en su informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales 2009, informa que dado el énfasis que pone el gobierno nacional en seguridad se ha reducido en 60% el número de homicidios, pero en el 2008 se produjo un incremento preocupante de 25% en los casos de violencia antisindical con 49 sindicalistas asesinados, de los cuales 16 fueron cometidos a dirigentes sindicales. Igualmente han continuado los atentados, las desapariciones y las amenazas de muerte. Cabe subrayar que a menudo se asesina o amenaza a familiares de sindicalistas, no sólo con el objetivo de impedir intimidar en la labor sindical, sino también para evadir de alguna manera el número de violaciones registradas contra sindicalistas.

Las políticas y leyes en materia laboral siguen excluyendo de la protección social y laboral a más de dos terceras partes de los trabajadores/as, al negar y eludir los derechos laborales mínimos a más de 12 millones de trabajadores/as. El Estado colombiano establece legislación y prácticas contrarias al trabajo decente, dejando a casi el 70% de los trabajadores en condiciones de precariedad laboral. Las Cooperativas de Trabajo Asociado son una muestra de esta precariedad laboral. El conflicto interno en Colombia sigue ocasionando extensos abusos perpetrados por grupos armados irregulares y fuerzas gubernamentales. El Gobierno colombiano asestó serios golpes a las FARC en 2008. No obstante, la guerrilla continúa secuestrando, reclutando niños, usando minas antipersonales, entre otros abusos. Desmembramientos de grupos paramilitares, que nunca se desmovilizaron totalmente, aparecen cada vez más activos, amenazando y matando civiles, entre los que figuran sindicalistas y defensores de derechos humanos. La justicia colombiana ha progresado en sus investigaciones respecto a los abusos de los paramilitares, pero en 2008 la Administración de Uribe trató de obstaculizar dichas investigaciones (International Trade Unión Confederation, 2009, p. 2).

En el mismo informe, la International Trade Unión Confederation, afirma como diversas empresas nacionales e internacionales continúan atentado contra el sindicalismo en Colombia, a saber:

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trabajadores/as con objeto de que los afiliados al sindicato se acojan a planes de jubilación o, en su defecto, iniciar procesos ficticios para despedirlos a fin de cumplir con la cuota mensual de bajas impuesta por los mandos superiores en España y reducir así la nómina de personal (p.4).

A las condiciones anteriores se suma la situación de los sindicalistas vinculados a la industria del carbón:

Los trabajadores estibadores en la empresa de carbón Carbosan Ltda., (propiedad de Carboandes y de la Sociedad Portuaria de Santa Marta) decidieron constituir un sindicato de conformidad con las normas vigentes, para mejorar sus deplorables condiciones de trabajo. Denunciaban tener que realizar jornadas de 12 horas continuas, alternando siete días en horario diurno y los siguientes siete días en horario nocturno, seguidos de siete días de descanso no remunerados. No se les reconocían las remuneraciones dispuestas por la ley como primas, vacaciones, descansos, sobre tiempo, remuneraciones nocturnas, dominicales y festivos, ni continuidad en el empleo, aún cuando la contratista Todo Servicios Ldta., pagaba las respectivas cotizaciones como si el trabajo se realizase sin interrupción. El Ministerio de Protección Social denegó la inscripción del sindicato con el absurdo argumento de que se trataba de trabajadores en misión y por lo tanto no tenían los derechos de organización y contratación, clara y triste evidencia de que el Ministerio está al servicio de los empresarios y de las multinacionales. Tras fracasar el intento de constituir un sindicato, 50 trabajadores fueron despedidos (International Trade Unión Confederation, 2009, p. 4).

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De la misma manera, Chaparro (2009) afirma que aunque han sido bastantes los logros alcanzados por el movimiento sindical obrero en cuanto a mejores salarios, condiciones de trabajo, empleo estable y el acceso a bienes y servicios básicos para la dignidad del trabajador; aún hoy las agremiaciones sindicales continúan luchando por alcanzar una mejor calidad de vida para el trabajador y sus allegados. Sin embargo, el ejercicio del sindicalismo en Colombia no ha sido sencillo. Por una parte hay persecuciones y asesinatos hacia sus miembros, y por otra, el gobierno formula políticas en contra de las asociaciones sindicales que van en contravía de los derechos laborales alcanzados. Estas políticas estatales buscan viabilizar las políticas internacionales ajustadas al nuevo orden mundial en el reparto del poder, en tanto favorecen los intereses de los grandes empresarios colombianos y de las multinacionales que explotan los recursos naturales de diversos países, denominados del Tercer Mundo, con miras a incrementar su capital, expropiando, desplazando y violando los derechos de los habitantes de las zonas en que actúan.

0.2.3 Efectos psicosociales de la guerra y la violencia. Hacia una aproximación teórico-conceptual

Aunque puedan llegar a ser muchos los enfoques o los estudios adelantados al respecto de los orígenes y efectos de la violencia generada por los conflictos y las guerras, el fundamento teórico de este trabajo está dado por algunos autores más cercanos a la situación en Latinoamérica y, especialmente, al caso colombiano.

En ese sentido y teniendo en cuenta ciertas generalidades, parece pertinente comenzar aportando una visión de lo que constituye una buena salud mental, en tanto muchas de las consecuencias de los fenómenos que devienen en el conflicto y la guerra impactan significativamente esta condición de los sujetos.

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pueden entenderse con base en sus propias características y rasgos (concepción de la salud mental desde el punto de vista médico); sino reconocer al hombre/mujer como seres históricos, cuyas relaciones se entrelazan en las relaciones sociales de su entorno y dentro de su cotidianidad.

En este sentido y de acuerdo con el acontecer de las relaciones de los individuos en la sociedad, va a depender la salud mental de un pueblo. Una sociedad relativamente pacífica, que asegure condiciones de vida digna a sus ciudadanos, posibilitará el goce de una salud mental sana; pero si la población es víctima de la violencia, la pobreza y el maltrato en general, estas circunstancias repercutirán en la vivencia de una salud mental problemática para todos y todas y, por ende, en la salud física. “La salud mental incide sobre la salud física del individuo, pero también sobre la salud social. Cualquier atentado contra la dignidad rebaja al hombre al privarle de una parte de su esencia humana(Zaragoza, 2004, en De la Corte, Blanco y Sabucedo, 2004, p. 12).

La situación de violencia y guerra vivida por una población, trae consigo heridas físicas, sociales, culturales, económicas y psicológicas expresadas en traumas que repercuten en la comunidad en general y en sus miembros. Nuevamente cito a Martín-Baró, quien aporta una interesante definición de trauma, al respecto sostiene que:

En psicología se suele hablar del trauma para referirse a una vivencia o experiencia que afecta de tal manera a la persona que la deja marcada, es decir, deja en ella un residuo permanente. Si se utiliza el término de trauma es porque se entiende que este residuo es negativo, que se trata de una herida, es decir, de una huella desfavorable para la vida de la persona (…). (2000, p. 77)

Otra visión aportada desde el mismo plano psicológico señala que:

(…) el trauma implica un sentimiento de desamparo, de estar a merced de lo externo, una ruptura de la propia existencia, con pérdida de la seguridad y una fuerte y negativa respuesta de estrés, más allá de la experiencia humana habitual (Moreno, De la Corte y Sabucedo, 2004, en De la Corte, Blanco y Sabucedo, p. 174).

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De acuerdo con Samayosa (1987), en Martín-Baró, (2000), la noción de deshumanización producida en los conflictos bélicos está en el orden del empobrecimiento o pérdida colectiva de los siguientes atributos:

a) Capacidad de pensar lúcidamente, con lo que ello implica de identificación y superación de temores irracionales, prejuicios y todo aquello que impronta desde dentro de las personas una relación predominantemente defensiva (en el sentido psicodinámico) con el mundo, b) voluntad y capacidad de comunicarse con veracidad y eficacia, con lo que ello implica de libertad, honestidad, flexibilidad, tolerancia y respeto, c) sensibilidad ante el sufrimiento y sentido solidario y d) esperanza (p. 44).

Bajo esta perspectiva de deshumanización por el conflicto, es clave mencionar cómo desde allí se limita el pleno desarrollo psicológico y físico de los sujetos y de la sociedad en su conjunto. Los tipos de violencia y específicamente la atinente al conflicto interno armado, genera un trauma psicosocial que favorece la construcción de una población con miedos, desconfiada, insegura, temerosa, deshumanizada, con sentimientos de odio, venganza y angustia; en últimas, una sociedad polarizada entre buenos y malos. Una sociedad con tales características no permite que sus miembros gocen de una adecuada salud mental, lo cual incide en la imposibilidad de construir una vida mejor, o mejores condiciones en donde todos y todas puedan gozar de igualdad de oportunidades de cara a su acceso a recursos básicos como salud, vivienda, educación, trabajo, recreación, cultura y participación política. En ese sentido,

(…) Que la vida se haya vuelto algo tan impredecible; que las acciones propias y ajenas se vean tan necesitadas (por la gravedad de sus consecuencias) de justificación; que el conocimiento y la valoración de los acontecimientos de interés público estén tan restringidos y desfigurados; que la identificación con ideas y la pertenencia a grupos generen tanto conflicto; que el sufrimiento sea tan grande y la sensación de impotencia tan devastadora; son todos factores que se combinan en distintas proporciones para configurar una condición global de considerable precariedad psicológica y social (…) Y esa precariedad de equilibrio personal y social (a diversos niveles) ha ido volviendo al hombre (…) cada vez más proclive a formas deshumanizantes de adaptación (Samayoa, 1987 en Martín-Baró, 2000:, p. 48).

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diferentes mediaciones con otros grupos e individuos. Ello implica que la herida producida por la violencia es dialéctica y dependerá de la vivencia de cada persona, de acuerdo con sus características, sus condiciones psicológicas, económicas, culturales y sociales, y por el grado de participación en el conflicto… “Al desquiciamiento social corresponde el desquiciamiento personal y aún somático, hasta llegar a formas complejas de alienación psicótica observadas en algunos jóvenes de poblaciones conflictivas” (Martín - Baró, 2000, p. 81).

La guerra y el mecanismo de violencia que se produce en la misma, traen consigo una serie de consecuencias a nivel personal y grupal que desestabilizan e impiden un adecuado desarrollo de la persona en la sociedad. Cuando la situación de violencia golpea al ser humano, se producen en él consecuencias de índole psicológica y física que repercuten en la salud mental de todo un pueblo.

Los seres humanos, cuando se encuentran inmersos en un contexto de guerra, experimentan situaciones y vivencias a las cuales no están acostumbrados, modificando así su cotidianidad. Esto se aplica aún más para la población civil que no está acostumbrada al uso de las armas y de la violencia como forma de resolver sus conflictos. Adaptarse a estos nuevos sucesos traumáticos y estresantes implica hacer un esfuerzo personal, familiar y del conjunto de la sociedad, que es muy complicado realizar en tiempo de guerra, porque la atención de los sujetos está marcada por el hecho de sobrevivir a sus nuevas circunstancias.

En el conflicto armado se produce la pérdida de elementos vitales para mantener la identidad de las personas (territorio, familia, pertenencias, estatus, entre otros). El sentido hacia el futuro también se pierde, se sitúa el temor y se produce una desestructuración de la vida cotidiana y psíquica que, sólo en algunos casos, se reorganiza sin consecuencias nocivas. Muchas personas pierden las referencias básicas que sustentan su identidad y se limita a sobrevivir a la barbarie (De la Corte, Blanco y Sabucedo, 2004).

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También suele presentarse ansiedad, representada en un malestar generalizado atribuible a un proceso o circunstancia que la persona no controla, ante la cual no sabe actuar y que muchas veces desconoce. Esta respuesta es típica en las personas que no pueden exteriorizar ni manejar la tensión nerviosa ocasionada por la violencia. En épocas de guerra, el miedo puede motivar conductas de evitación o prevención que lo mitigan y que ayudan a afrontarlo. Por su parte, la ansiedad y sobre todo la posterior angustia con la que va a menudo asociada, provoca alteraciones en el ánimo de las personas que degeneran en tensiones paralizadoras, éstas pueden manifestarse en dolencias físicas, como ya se mencionó. Estos problemas psicosomáticos se presentan en forma de sudoración excesiva, trastornos digestivos como diarreas, estreñimientos, vómitos, desvanecimientos y ataques de asma.

La vida emocional de las personas se ve afectada por los conflictos bélicos. Ante el desplazamiento forzado, o ante la pérdida de un ser querido, de la libertad o de su patrimonio, la persona puede generar cuadros intensos de ira e insensibilidad emocional. Cuando se pierde alguien o algo querido, suele manifestarse hiperactividad, gritos, espasmos, parálisis funcionales, tics. Con el transcurrir del tiempo estos sentimientos son sustituidos por una insensibilidad emocional, es decir, se suscita una especie de hibernación de los sentimientos que opera como mecanismo defensivo de adaptación ante la permanente realidad de sufrimiento.

La sensación de culpa suele presentarse en situaciones de guerra como dispositivo/estrategia para dar sentido a algo que no lo tiene, como una forma de tener algún control sobre lo sucedido. Es importante que la culpa se elabore adecuadamente o si no, podría caerse en un problema de victimización permanente del sujeto, en donde no es posible comprender ni identificar al verdadero causante de la situación violenta en que se encuentra la población.

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Por otra parte, según Martín-Baró (2000), la guerra podría calificarse con tres términos: violencia, polarización social y mentira. Sobre la violencia se ha hablado en párrafos anteriores, por ende, va a abordarse particularmente en esta parte lo referente a los otros aspectos.

La polarización social o intensificación de las actitudes y emociones negativas, implica la división de la población en cuanto induce a que se tome partido por alguno de los agentes en la contienda y de las ideologías presentes en la guerra. La neutralidad va desapareciendo y el ciudadano civil es utilizado e insertado como actor del conflicto bélico:

De parte y parte se ha hecho un esfuerzo concertado y consciente no sólo por mantener la polarización social, sino por extenderla y profundizarla. A fin de lograr este objetivo, ambos contendientes han tratado de enfatizar los elementos de antagonismo, en lugar de los elementos de posible acuerdo, y han explotado cuanto han podido las fuentes del resentimiento y el odio intergrupal. Unos y otros se han presentado mutuamente como la encarnación del mal, como „el enemigo‟ al que hay que eliminar (Baró, 2004, p. 72).

Según Beristain (1999), en De la Corte, Blanco y Sabucedo (2004), este fenómeno de polarizar la sociedad permite mantener y ahondar los conflictos políticos y la guerra, en la medida que va estructurando posturas extremas rígidas, socialmente compartidas por sectores de la población y avaladas por estos mismos. Es posible que algunas instituciones como la familia, la iglesia, la escuela y algunas organizaciones sociales también sean obligadas a posicionarse en algún polo del conflicto; lo cual implica un rápido crecimiento de la polarización de la población.

La polarización social es un efecto psicológico de la violencia y, como tal, puede entenderse como el estrechamiento del campo perceptivo (nosotros/ellos) que contiene una fuerte carga emocional (aceptación y rechazo de hechos sin pensar más allá) e involucra a la persona (cualquier hecho parece afectarle). Tal fenómeno con frecuencia resquebraja el sentido común, pues los pensamientos y los comportamientos de la gente son influenciados por algún actor/sector partícipe en el conflicto armado. En este sentido, la polarización social fragmenta las relaciones humanas, propiciando así un deterioro de la salud mental en las personas.

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En condiciones de polarización social, quienes viven en ese clima tienen el peligro de que sus mentes se estructuren en términos dicotómicos, lo cual es preocupante desde el punto de vista psicológico porque afecta a la persona en términos de la resolución creativa de sus dificultades. Lo anterior puede inducir una salida violenta de los problemas (Martín - Baró, 2000).

Por otra parte, dentro de los efectos psicosociales de la guerra, y nuevamente en palabras de Martín-Baró (p. 155), pueden mencionarse el miedo y el uso del terror. Estos dispositivos se han construido como instrumentos psicológicos planeados científicamente con fines políticos, su intención es influir en la conducta social y política de una población. El miedo puede inhibir el comportamiento de las personas, su funcionamiento psíquico es desestructurado en la mayoría de ocasiones y genera sentimientos de pasividad y aceptación ante una situación de violencia. Muchas veces, cuando los sujetos sienten miedo, se resignan a la pérdida de sus derechos y expectativas, porque creen que este estado de cosas es transitorio y que podrán mejorar con el tiempo.

Para Elizabeth Lira Kornfeld (1984) en Baró, (2000: 175), el miedo es entendido “como un fenómeno subjetivo de efectos inicialmente privados que, al producirse simultáneamente en miles de personas en una sociedad, adquiere una relevancia insospechada en la conducta social y política”. El miedo, en un contexto de conflicto armado, es masivo y perceptible, pero a su vez es privado, encubierto y renegado, y toma un lugar importante en las motivaciones de las conductas colectivas.

Miedo, angustia, ansiedad, temor, terror, pánico, espanto y horror son estados afectivos desencadenados por la percepción de un peligro actual o probable en el futuro y que proviene del mundo interno del sujeto o de su contexto social. Este peligro puede ser identificado como una amenaza vital que al inicio puede manifestarse como un sentimiento de inseguridad ante un riesgo y luego transformarse en miedo. A medida que dicha amenaza se vuelve inminente, es posible que se pase del miedo a sensaciones de terror, e incluso a presentarse ataques de pánico.

La inseguridad y el temor aparecen generalmente cuando se presenta un cambio en el entorno vital y social, o por una fantasía de cambio que altera la vida cotidiana. Es así como la fantasía y la realidad ocasiona procesos de inseguridad susceptibles de registrarse como un miedo al cambio que amenaza el estilo de vida o la vida misma.

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espera, es la angustia frente a algo. En contextos de conflicto armado se presenta la angustia por la expectativa que trae el impacto de la violencia; pero sobre todo, por la impotencia anticipada frente a la situación peligrosa.

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su cuarta versión (DSMIV, p. 480); la aparición temporal y aislada de miedo o malestares intensos, acompañado por algunos de los siguientes síntomas, puede considerarse como una crisis de angustia:

1. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardiaca; 2. Sudoración.

3. Temblores o sacudidas.

4. Sensación de ahogo o falta de aliento. 5. Sensación de atragantarse.

6. Opresión o malestar toráxico. 7. Náuseas o molestias abdominales. 8. Inestabilidad, mareo o desmayo.

9. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno mismo).

10.Miedo a perder el control o volverse loco. 11.Miedo a morir.

12.Parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo). 13.Escalofríos o sofocación.

Para Lira Kornfeld (1984), la comprensión psicológica del miedo experimentado como consecuencia de la violencia y el conflicto armado puede afectar el equilibrio emocional, alterar el funcionamiento psíquico y desencadenar procesos psicopatológicos. Para ella, esta sensación de temor, puede generar conductas específicas como resultado de procesos adaptativos frente a una amenaza.

Por otra parte, la frustración y el sentimiento de fracaso ante la imposibilidad de poder hacer algo ante este contexto de violencia, se apoderan de los sujetos y les crean una profunda desvalorización, lo cual implica una amenaza para los procesos que constituyen el soporte de la identidad.

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simplemente contraria al sistema establecido como horizonte vital” (Martín - Baró, 2000, p. 169). Las personas se ven atacadas en su carácter de sujetos políticos, lo cual es, en un gran porcentaje de casos, el eje que articula el proyecto de vida. Así pues, pierde su perspectiva a futuro y se remite a pensar y a comportarse según el dictamen de sus agresores.

Adicionalmente y, tal vez, uno de los impactos psicosociales más devastadores de la guerra, la violencia y la represión, es la pérdida del tejido social. En efecto, cuando la sociedad se encuentra polarizada por agentes violentos, se produce la emergencia de fantasías desintegradoras, persecutorias y autodestructivas en los sujetos. Las personas no confían en nadie, el otro es visto como posible enemigo y se presenta un alejamiento de los demás. El propio cuerpo es ahora el lugar donde se actualiza y se convierte el enfrentamiento externo en puramente interior (Rozitchner, (1979) en Martín - Baró, (2000).

También es usual que se presente una falta de expresión verbal, pues el dolor, el sufrimiento o el trauma vividos por alguien no pueden transmitirse con palabras. La persona se va encerrando, se retrae y se aparta de los demás; se produce un aislamiento, un distanciamiento extremo del colectivo y tampoco puede hablarse a sí misma; la comunicación intrapersonal es acallada por la violencia. La intimidad es suplantada por una relación de terror.

Sufrir la violencia causa “angustia, insomnio, desintegración, fallas de concentración y memoria, melancolía y abatimiento, temores, agitación, irritabilidad, pérdida de apetito, síntomas psicosomáticos, delirio” (Rozitchner, 1979 en Martín - Baró, (2000, p. 131). Asimismo, se suscita una desintegración del ser humano, de su corporeidad y materialidad, campos donde se elabora y se produce resistencia. El sujeto se inmoviliza ante la impotencia de poder hacer algo frente a la violencia.

También se presenta una alteración de las funciones ideo-asociativas. Hay una dificultad para pensar y plantear problemas, para objetivar y discriminar los hechos. Existe una falta de proyecto futuro y una ruptura con la existencia del sujeto como ente político, es decir, se provoca una destrucción en la capacidad de pensar el mundo exterior como modo de articular y potencializar su propia subjetividad en su comprensión objetiva. La persona no sabe cómo hacer frente a los obstáculos históricos, no puede concebir la situación de violencia y se halla inmóvil para hacer algo ante ésta.

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La impotencia y la retracción de los poderes del cuerpo histórico sólo actualizan el drama sin solución en la repetición incansable de lo mismo, forma de enfrentamiento estéril que choca una y otra vez contra la presencia al infinito de un racconto cuyo secreto no se alcanza a develar, modificar ni trascender. Expresa el extremo límite donde el obstáculo se impone masivamente como una roca viva hecha con el apelmazamiento estéril de la propia sustancia personal (p. 132).

Por lo demás, se produce una desaparición de la memoria. El sujeto excluye su propia historicidad y, por ende, se excluye de su historicidad social; borra defensivamente lo que se convierte en “causa” del presente. Simultáneamente, la violencia:

Impide diferenciar la realidad de la fantasía; se perturba el límite entre ambas. La dura y crítica realidad externa se mezcla y se funde con las fantasías y los miedos internos. Es así, como los límites entre lo real y lo fantaseado desaparecen, las fantasías más temibles pueden identificarse en el contexto social violento (p. 132).

Otra se las consecuencias de la violencia sobre los seres humanos es la aparición del miedo. A continuación se tratarán algunos elementos sobre el miedo trabajados por Kornfeld en Martín-Baró (2000).

Dinámica de la angustia y la culpa. Las más de las veces, las personas reprimidas han sido víctimas de agresión por comportamientos que ellos mismos consideran legítimos a partir de sus convencimientos, motivo por el cual, en la mayoría de los casos, conocen anticipadamente el riesgo de ser asesinadas, torturadas o agredidas.

Esta “espera” relativamente prevista como inevitable, genera niveles de angustia anticipatoria constante, desarrollada a partir de la conciencia que el sujeto tiene de su vulneración psicológica y física.

La única posibilidad que tiene la persona de suprimir o evitar la angustia es renunciando a su proyecto político o de vida, cuestión que da sentido a su existencia. Desistir de éste desencadena un alto nivel de culpa consigo mismo y los otros. Es así como la relación del sujeto con la realidad se altera y, por lo tanto, la angustia y la culpa le suscitan un conflicto privado (íntimo) desligado de la situación externa que la provocó.

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sujetos con base en experiencias directas o indirectas. La amenaza vital se encuentra ligada a ideas o actuaciones políticas, y es difícil percibir las circunstancias en las cuales se llevará a cabo. Tal circunstancia dificulta planear una respuesta apropiada para dicha situación, propiciándose así la represión o el desplazamiento de la reacción del sujeto ante la situación amenazante hacia terceros que pueden resultar menos peligrosos.

Dinámica de la inhibición. Entre las conductas relacionadas con el miedo en situaciones de conflicto armado y represiones políticas se observa que la mayoría de las personas tiende al silencio inexpresivo, auto inhibitorio, auto censurado, que conlleva al aislamiento social. Es así como el sujeto se enfrenta a la carencia de movimientos, a la incapacidad para la acción y su pensar se hace lento. Tales comportamientos se presentan para evitar todo aquello que genere angustia.

Alejarse de aquellas situaciones que les provocan angustia trae consigo sentimientos de culpabilidad en las personas, pues sienten no estar haciendo lo debido de acuerdo con sus convicciones y de cara al contexto social donde se encuentran inmersas, del cual tienen sentido de pertenencia y personalidad.

La culpa aparece como la necesidad de responder a las preguntas sobre cómo y por qué sucedieron los hechos violentos, y también por el imperativo de proteger al objeto perdido. Ante las peculiaridades de los sucesos que nunca se aclaran o que se ocultan en los contextos violentos represivos, la autoinculpación provee las respuestas que esa realidad externa niega.

Por otro lado, una de las manifestaciones más importantes de una situación política represiva alude a la tortura como una forma de violencia traducida en una relación instaurada dentro de un contexto social, político e histórico determinado, donde se producen acciones deliberadas graves para la degradación del ser humano. La tortura tiene como objetivo la humillación, el aislamiento, la presión psicológica y el dolor físico, para obtener información de los sujetos en contextos de violencia y para intimidar a sus allegados (Amnistía Internacional, 1984). La tortura es una experiencia de agresión sobre quien la padece.

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funcionamiento anterior, produciéndose así un estado de emergencia (Lira y Weinstein, 1984, 1981, en Martín-Baró, p. 336).

El torturado es lastimado en su dignidad, la noción de sí mismo es gravemente lesionada y se presenta una pérdida en la autonomía porque ser torturado implica someterse al otro (Dobles Oropeza (1986) en Martín–Baró, 1990, p. 197-200). En palabras de Enrique Bustos (1987) en Martín–Baró, p. 211), la tortura, como herramienta de control político busca la desintegración psíquica de los sujetos.

La tortura es una de las experiencias traumáticas más desquiciantes y dramáticas que puede sufrir un ser humano, en ella se observan muchos de los elementos comunes a todo trauma agudo: la intensidad y masividad de la agresión física recibida, el carácter de extrema amenaza vital, un importante grado de impotencia y / o pasividad del sujeto (Lira y Weinstein, (1984) en Martín-Baró, 2000, p. 349).

Para algunos autores como David Becker, María Isabel Castillo, Elena Gómez, Juana Kovalskys y Elizabeth Lira (1988) citados por Martín – Baró, 2000, p. 286), en las personas que han sido detenidas por razones políticas, que han sido torturadas o han sufrido amenazas de muerte, y en los familiares de las personas detenidas por cuestiones políticas, se observan sintomatologías que pueden describirse así:

Reacciones depresivas; reacciones agresivas; trastornos del sueño (insomnio o pesadillas); episodios psicóticos transitorios; reacciones angustiosas con manifestaciones diversas tales como: dificultad de concentración, confusión y culpa; procesos de duelo alterados.

(…) Trastornos en el funcionamiento familiar tales como pérdida (parcial) de la estructura familiar, pérdida de, o mantención rígida de límites del sistema familiar. (…) En relación a los trastornos de conducta observamos: problemas de aprendizaje, alteraciones de alimentación, y conductas psicopáticas y antisociales en adolescentes (Martín-Baró, 2000, p. 286).

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prolongada de estrés también suelen presentarse “cuadros depresivos y angustiosos, alteración parcial de la estructura familiar, dificultad en la comunicación y las relaciones humanas y algún grado de alteración del contacto con la realidad” (p. 287).

Por su parte, para Augusto Murillo Perdomo (1987) en Martín-Baró, 2000, p. 319): “El torturado siente psicológicamente y da sentido a la agresión en función de su individualidad personal y de su situación en un determinado grupo y sociedad”.

Como característica general, la tortura trae como consecuencia una profunda ansiedad en la cual subyacen variados síntomas: “estados de profunda depresión, incapacidad de concentrarse, cambio continuo de actividad, trastornos de memoria, insomnios, sentimientos paranoides y trastornos sexuales, especialmente impotencias secundarias” Perdomo (1987) en Martín-Baró, 2000, p. 320). Cuando las personas sufren golpes en el cráneo viven la angustia de haber sufrido un daño cerebral que los hace inválidos de por vida. Adicionalmente, en los estados de depresión a veces se producen intentos de suicidio.

Por otra parte, cabe mencionar que durante el proceso psicopatológico del encarcelamiento y la tortura “todos los actos iniciales de entrada a la cárcel -chequeos, despojo de ropas y objetos personales, cambio de nombre por un número, las vejaciones personales” (Martín-Baró, 2000, p. 321), son vividos por el sujeto como renuncia a su identidad individual y social para adquirir la de reo en completa indefensión. “El aislamiento inicial del preso intensifica la pérdida de todos los puntos de referencia de la identidad cotidiana” (p. 321).

La tortura viola en múltiples formas el espacio físico y moral que le permite a los sujetos definir su identidad personal, negándose así su realidad y valor. La imposibilidad de revelarse y expresar dicha identidad personal, política y social, contra el sistema represivo que utiliza el maltrato verbal, físico y psicológico, provoca su degradación y le confieren un sentimiento de impotencia y vergüenza.

Autores como Lira y Wienstein (1984) sostienen que la sintomatología producida en el torturado varía según la estructura de su personalidad; el contexto social, económico y político en que se encuentra inmerso y el tratamiento psicológico que se haga. En personas torturadas que no han recibido un tratamiento psicológico oportuno es posible observar un empobrecimiento de la vida psíquica, depresión y alteración de la personalidad.

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1. Bloqueo o disminución de diversas funciones del yo.

2. Accesos de emoción incontrolables, especialmente de ansiedad.

3. Insomnio o perturbaciones graves en el dormir, con sueños típicos en los que el trauma es experimentado una y otra vez.

4. Repeticiones diurnas de la situación traumática, ya sea bajo la forma de fantasmas, pensamientos o sensaciones.

5. Complicaciones psiconeuróticas secundarias.

Otros síntomas de la represión política presentes a largo plazo (1 a 15 años) y suscitados en las víctimas de este fenómeno, ya sean directas o indirectas, son cuadros crónicos de depresión, el silencio y la negación de lo sucedido como la forma más frecuente de relacionarse entre sí. Nuevamente se tiene la presencia de sentimientos de culpa, en tanto la comunicación entre las familias se manifiesta en un aislamiento y en un comportamiento evasivo.

La represión política hace que la persona se margine socialmente, pues busca evitar la amenaza externa. También se da un proceso de auto marginación porque la víctima genera sentimientos de esperanza y desesperación -privados- en el propio sujeto o en su grupo familiar.

Las psicopatologías observadas en circunstancias de represión política implican sintomatologías angustiosas y depresivas, como el resultado de situaciones traumáticas extremas dadas por la misma represión, sumado a un contexto económico y social de miseria, de sobreexplotación y exclusión, lo cual se ha denominado violencia estructural. Estas psicopatologías pueden convertirse en un daño psicológico “al incorporarse como parte del proceso singular y específico del sujeto o de la familia de reaccionar y adaptarse a la experiencia vivida, en la mayoría de los casos incorporando el daño y la perturbación en dicha adaptación” (Martín – Baró, 2000, p. 290).

Como se ha expuesto a lo largo de este documento, las experiencias traumáticas vividas implican daños psicológicos específicos (ansiedad, miedo, depresión, comportamientos evasivos), adicionalmente acarrean unas pérdidas que determinan un proceso de duelo.

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ser querido pero guardan la esperanza de que aparezca, razón por la cual el proceso no puede llevarse a cabo normalmente, pues se produce un duelo alterado. En procesos de duelo alterado aparece una serie de dinámicas, por ejemplo:

1. La negación. Desde el punto de vista de la realidad intrapsíquica, la pérdida real no es admisible. En algunos casos no se acepta la pérdida, no se habla de ella y se evita que otras personas lo hagan. En otros, se produce una desgastante hiperactividad que ocupa la mayor parte del tiempo y no da espacio para llorar, ni entretenerse, si estar solo. Ambas reacciones pueden aparecer en momentos distintos, pero con el transcurso del tiempo es difícil mantener esta negación. En aras de mantener dicho estado de negación, la persona se retrae cada vez más del núcleo familiar y del entorno social. 2. La identificación con la muerte. Luego de la pérdida de una persona querida se observa

en el proceso de duelo una identificación con la muerte; la persona presenta un deseo explícito de morir; se desarrollan conductas de alto riesgo y autodestrucción, y se elaboran fantasías permanentes sobre la muerte y el modo como murió el ser querido. 3. La contradicción. Luego de vivenciar un hecho traumático, la persona quiere

reorganizar su vida, intenta olvidar la destrucción causada sobre sí y quiere volver a ser un ser íntegro. Durante este proceso el sujeto experimenta situaciones contradictorias múltiples, dado que no puede organizar su proyecto de vida y sus vínculos afectivos, especialmente cuando la amenaza vital sigue presente.

4. Privatización del daño. Las circunstancias traumáticas experimentadas en las represiones políticas son vividas y privatizadas por el propio sujeto, desconociendo el carácter político -social que dio origen al trauma. Vivir el trauma como responsabilidad individual implica auto culparse por lo sucedido y la generación de un resquebrajamiento de la salud mental del sujeto.

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