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Washington y la territorialidad de la dominación

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Seminario Paramilitarismo y despojo. Torre II de Humanidades de la UNAM. 28 de agosto de 2012.

Paramilitarismo y despojo

Washington y la territorialidad de la dominación

El caso México

Carlos Fazio1

Introducción.- Desde comienzos del siglo XXI, ante las amenazas a su hegemonía por competidores interimperialistas, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación de territorios y refuncionalización del espacio en el Hemisferio Occidental. Mediante un proceso de reingeniería militar post-Panamá, la región en general, y Colombia en particular, han sido convertidas en una auténtica plataforma de guerra, así sea guerra comercial, frente a la competencia extracontinental.

Por vía paralela, el reposicionamiento militar estadunidense en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos y megaproyectos como los contenidos en el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá, el Tratado de Libre Comercio de Centro América y República Dominicana (CAFTA-RD), el IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), el abortado proyecto de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, que combinan intereses económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus materias primas y recursos estratégicos, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica).

Como resumió en 2007 el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, “se trata de transformar el territorio; adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo”.2

1 Carlos Fazio, nacido en Montevideo, Uruguay y naturalizado mexicano, es periodista de profesión y se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Es colaborador habitual del diario La Jornada y corresponsal del semanario Brecha,

de Montevideo. Ha sido consultor de UNESCO y UNICEF, y director de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI). Es miembro del Capítulo México de la Red de

Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Fue ponente en los Foros Social Mundial de Génova (2001) y México (2008 y 2010). Es autor de los libros La cruz y el martillo. Una biografía política de monseñor Sergio Méndez Arceo; El Tercer Vínculo. De la teoría del caos a la militarización de México; Samuel Ruiz. El caminante; Juan Pablo II. El guerrero de Dios;En el nombre del padre. Depredadores sexuales en la Iglesia, y El eje Wojtyla –Ratzinger. ¿La dictadura del Papa?

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México no escapa a esa lógica expansionista imperial. Al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994), que vinculó a México de manera asimétrica y subordinada a Estados Unidos, siguieron el Plan Puebla Panamá (2001), la ASPAN (o TLCAN militarizado, 2005), que contiene una redefinición de facto de la frontera entre ambos países (de acuerdo con los objetivos de seguridad de Washington y en detrimento de la soberanía mexicana), y el Plan México (o Iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia, 2007), que implicó una acelerada readecuación de las Fuerzas Armadas y las distintas fuerzas policiales mexicanas por asesores e instructores de operación e inteligencia estadunidenses, combinada con una reanudación de las actividades paramilitares y el aterrizaje en el territorio mexicano de compañías privadas de seguridad subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.

Con ese marco, y en particular desde la llegada al gobierno de Felipe Calderón (diciembre de 2006), se ha venido desarrollando un creciente proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización de México, bajo control estadunidense.

La dominación de espectro completo y México

La actual fase de intervención estadunidense en México responde a la agenda militar global de la Casa Blanca definida en un documento del Pentágono de marzo de 2005. Como parte de una guerra imperial de conquista, el plan, que apoya los intereses de las corporaciones de Estados Unidos en todo el orbe, incluye operaciones militares ofensivas (directas, sicológicas o encubiertas) dirigidas contra países que no son hostiles a Washington, pero que son considerados estratégicos desde el punto de vista de los intereses del complejo militar, industrial, energético.3

Una orientación confidencial en el nuevo enfoque “proactivo” del Pentágono era el establecimiento de asociaciones con Estados debilitados y gobiernos tambaleantes. Bajo el disfraz de la guerra al terrorismo y la contención de Estados delincuentes, se promovía el envío de fuerzas especiales (boinas verdes) en operaciones militares de mantenimiento del orden (funciones de policía). El documento impulsaba la adopción de “soluciones menos doctrinarias” que incluyeran el envío de pequeños equipos de soldados “culturalmente espabilados” para entrenar y dirigir a las fuerzas autóctonas en tácticas de contrainsurgencia. En las labores de capacitación destacaba la participación del Cuerpo de Marines, aunque una parte de esas actividades serían realizadas por compañías privadas de seguridad subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.4 La tercerización de los conflictos vía empresas de mercenarios como Dyncorp

o Blackwater –que se encargan de tareas propias de la guerra sucia que se apartan de la “doctrina”−, es una forma habitual de eludir los códigos de guerra o de derechos humanos por parte del personal militar reconocido oficialmente, lo que termina diluyendo las responsabilidades. Además de que constituyen una vía paralela para adoctrinar y penetrar a las fuerzas armadas y las policías de los Estados nativos.

3 Ver Greg Jaffe, “Rumsfeld detalla un gran cambio militar en un nuevo documento”, The Wall Street Journal, 11 de marzo de 2005, y Michel Chossudovsky, “Los planes de EE.UU. para la dominación militar global”, Globalresearch (http://globalresearch.ca/articles/CHO503A.html), 29 de marzo de 2005.

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Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadunidense en curso responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos (guerras contra no-Estados o contra enemigos asimétricos, no convencionales o irregulares, verbigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas), que podrían actuar en Estados fallidos o ser patrocinados por Estados delincuentes. Lo que ha derivado en las guerras asimétricas de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los Estados.5

La ocupación integral de México forma parte de la “dominación de espectro completo”, noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001,6 que

abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento. Esto es, colocar en la sociedad sentidos “comunes”, que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la formación y manipulación de una “opinión pública” legitimadora del modelo. Ergo, masas conformistas que acepten de manera acrítica y pasiva a la autoridad y la jerarquía social, para el mantenimiento y la reproducción del orden establecido.

Como plantea Noam Chomsky, para la fabricación del consenso resultan clave las imágenes y la narrativa de los medios de difusión masiva, con sus mitos, mentiras y falsedades.7 Apelando a la sicología y otras herramientas, a través de los medios se

construye la imagen del poder (con su lógica de aplastamiento de las cosmovisiones, la memoria histórica y las utopías), y se imponen a la sociedad la cultura del miedo y la cultura de la delación.

La fabricación de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la “seguridad nacional” estadunidense y/o la “seguridad hemisférica”. Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto, fue introduciendo de manera furtiva a México en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte.

La ASPAN incluye una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital transnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad −justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional− y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.8

5 Ver Ana Esther Ceceña, Rodrigo Yedra y David Barrios, Un continente bajo amenaza.

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Quito, Ecuador, 2009.

6 Ibíd.

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El manejo de una red de medios sistémicos bajo control monopólico privado permite, también, la construcción social del miedo,9 la fabricación del “enemigo

interno” y el aterrizaje de doctrinas y matrices de opinión como las referentes a los

Estados fallidos y los Estados delincuentes, que por constituir un “riesgo” a la seguridad nacional de Estados Unidos deben quedar bajo su control y tutela. Ayer Colombia, Afganistán, Irak. Hoy Libia, Paquistán, Siria, México.

La fabricación mediática de México como Estado fallido durante la transición Bush/Obama en la Casa Blanca (enero-febrero de 2009), incluía la previsión de un “colapso rápido y sorpresivo”, lo que según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USJFCOM, por sus siglas en inglés) no dejaría más opción que la intervención militar directa de Washington.10 Entonces, la posibilidad de

un colapso fue atribuida al accionar de grupos de la economía criminal y llevó a una acelerada militarización del país, con la injerencia directa de elementos del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigación, la agencia antidrogas DEA y otras dependencias estadunidenses en el territorio nacional, bajo la mampara de la Iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia.11

De manera sospechosa, a mayor militarización −vía la presencia del Ejército, la Marina de Guerra y las policías militarizadas en las calles y carreteras del país−, mayor violencia. Una violencia caótica y de apariencia demencial, pero planificada, que de manera encubierta fue protagonizada y potenciada por grupos paramilitares y mercenarios que actúan bajo la fachada de empresas de contratistas privados, según el guión diseñado por el Pentágono en marzo de 2005. Igual que antes en Colombia y Afganistán y después de la invasión, en Irak.

Pero dado que en México los movimientos rebeldes permanecen en una tregua armada y/o de acumulación de fuerzas en la clandestinidad, a través del terrorismo mediático se han venido impulsando matrices de opinión que permitan la aplicación de prácticas contrainsurgentes afines a la dominación de espectro completo y la guerra de

8 En marzo de 2005, en Waco, Texas, el presidente Vicente Fox adhirió a un acuerdo ejecutivo con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, denominado Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Los puntos nodales de la ASPAN (o TLC militarizado), fueron seguridad y energía, y la construcción de Norteamérica como un nuevo espacio político y económico para la competencia interimperialista de Estados Unidos con la Europa comunitaria y la región Asia-Pacífico. Desde su concreción, la ASPAN ha venido funcionando con un “gobierno sombra” de las elites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. Además, dicho acuerdo −que en México elude el control del Senado de la

República, encargado por la Constitución de vigilar los acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo−, tuvo como objetivo establecer un “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico inmediato a los Estados Unidos, bajo el mando de un nuevo comando militar del Pentágono creado en 2002: el Comando Norte.

9 Ver Carlos Fazio, “La construcción social del miedo”. Ponencia en el Foro Social Mundial México 2008, Jornada de Acción Global del FSM, Zócalo de la Ciudad de México, 25 de enero de 2008.

10 Carlos Benavides, “EU: México es susceptible de intervención”, El Universal, 13 de enero de 2009, y David Brooks, “Colapso rápido y repentino en México, de los mayores riesgos a futuro, alertan en EU”.

La Jornada, 16 de enero de 2009.

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ocupación integral, tales como “narcoinsurgencia” y “narcoterrorismo”, utilizadas de manera reiterada por el ex jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, general Víctor Renuart,12 la secretaria de Estado, Hillary Clinton y otros funcionarios

estadunidenses.13

El eje Wayne/Kilrain y la balcanización de México

La ocupación integral de México se inscribe dentro de las “guerras en curso” del Pentágono en el mundo. Con Felipe Calderón los estrategas militares estadunidenses obtuvieron vía libre para sus acciones de “contranarcoterrorismo” en el territorio nacional. Con esa bandera, el Departamento de Defensa estadunidense desplegó tres agencias de inteligencia y espionaje en México: la Agencia de Inteligencia Militar (DIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que operan desde la Oficina Bilateral de Inteligencia, instalada en Paseo de la Reforma 265, en el Distrito Federal.14

En apariencia, el “curso” de la guerra de ocupación integral en México no ha tenido buenos resultados. El 13 de marzo, el jefe del Comando Norte del Pentágono, Charles Jacoby, cuestionó ante el Senado de su país el saldo de la lucha antidrogas. Al testimoniar ante el Comité de Servicios Armados, el general Jacoby consideró “inaceptable” la cifra de muertos y dijo que era muy temprano para estimar si se está “ganando o perdiendo” la guerra. Afirmó que la estrategia de “decapitación” de grupos criminales ha sido exitosa pero no ha tenido un efecto positivo aceptable y la violencia se ha incrementado.15

Símil del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, anunciada por George W. Bush en Washington el 22 de octubre de 2007, fue diseñada como un paquete de asistencia militar (en especie) a México, por un monto de 1,400 millones de dólares para el trienio 2008-2010. Según el documento inaugural, el “nuevo paradigma de cooperación” entre Estados Unidos y México en materia de seguridad estuvo dirigido a hacer frente a “amenazas comunes” asimétricas, mismas que fueron identificadas como organizaciones transnacionales del crimen organizado, en particular las dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas. Con un dato adicional: la virtual equiparación (desde la óptica punitiva estadunidense) de tres términos y sus manifestaciones concretas: terroristas, narcotraficantes y migrantes sin documentación válida (indocumentados). En su parte sustantiva, el millonario paquete de asistencia militar incluyó aviones y helicópteros de combate; barcos, lanchas; armamento y equipo bélico, radares y sofisticados instrumentos para monitoreo aéreo e intervención de comunicaciones; software para análisis de datos asociados a inteligencia financiera, y recursos para sufragar cursos de entrenamiento y asesorías del Pentágono, la CIA, el FBI, la DEA y otros organismos de seguridad estadunidenses a sus contrapartes mexicanas. También incluyó recursos para la instrumentación de reformas judiciales, penales y de procuración de justicia, áreas que de manera paulatina serían homologadas a las de Estados Unidos.

12 J. Jaime Hernández, “EU afina capacitación a Sedena en lucha a narco”. El Universal, 18 de marzo de 2009.

13

“Hillary: narco mexicano, terrorista e insurgente”. El Universal, 17 de octubre de 2010.

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El 28 de marzo de 2012, el secretario de Defensa, Leon Panetta, señaló que el número de muertos en México llegó a 150 mil, cifra que triplica la manejada oficialmente por las autoridades locales, de 47 mil 500 para el período 2006-2011. Ex jefe de la CIA y una de las personas mejor informadas de Washington, Panetta hizo esa afirmación durante la primera reunión de ministros de Defensa de Canadá, Estados Unidos y México, en Ottawa, en presencia de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina de México, Guillermo Galván y Francisco Saynez.16 La declaración fue seguida de un

dudoso desmentido.17

Los aparentes malos resultados de la guerra en México podrían obedecer a una lógica distinta de la que se pregona de manera pública. El número de muertos y el aumento de una violencia caótica de apariencia demencial podrían obedecer a una política de desestabilización y exterminio que, utilizando mano de obra militar y policial mexicana y agentes encubiertos extranjeros, podría estar dirigida a debilitar aún más al país para propiciar una balcanización de México; en particular, el desmembramiento de los estados fronterizos del norte del país y su mar patrimonial en el Golfo de México.

En mayo de 2010 México y Estados Unidos emitieron la “Declaración para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI”. La franja fronteriza fue definida entonces como un área clave de la llamada “seguridad energética colectiva”, que incluye la generación e interconexión de electricidad y la exploración y explotación segura y eficiente de hidrocarburos (petróleo, gas) y agua.18

A siete años de la entrada en vigor de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005) y cinco del lanzamiento de la Iniciativa Mérida (2007) que militarizó varios estados del norte de México, no se entiende que siendo la “seguridad energética colectiva” la prioridad número uno de Washington, Tamaulipas reúna las características de un Estado fallido. Rico en hidrocarburos, incluidos los yacimientos de gas “shale” en la Cuenca de Burgos, Tamaulipas limita además con Texas (estado petrolero por excelencia de Estados Unidos) y con el Golfo de México, asiento de los hoyos de dona (el “tesorito” en aguas profundas de la propaganda privatizadora de Felipe Calderón de comienzos de sexenio) y considerado el mare nostrum de la Unión Americana.

Como señala John Saxe-Fernández, el Caribe es una pieza central de la estrategia oceánica de Estados Unidos, ya que es el vínculo entre ese país y el teatro de 15 David Brooks, “Prematuro, saber si México va ganando la batalla al narco: EU”, La Jornada, “Cuestiona EU saldo de lucha antinarco”, redacción de El Universal y “Sin efectos palpables, la aprehensión de capos: EU”, redacción de Milenio, 14 de marzo de 2012.

16 Redacción, “Van 150 mil muertos en México por la narcoviolencia: Panetta”. La Jornada, 28 de marzo de 2012.

17

David Brooks, “Los 150 mil muertos por la violencia, en el continente americano, aclara el Pentágono”. La Jornada, 29 de marzo de 2012.

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operaciones militares en el Atlántico. El envío de combustibles, materiales estratégicos y bélicos en tiempos de paz y el tránsito de fuerzas estadunidenses hacia Europa en tiempos de guerra, “hacen que el dominio sobre las líneas de comunicación marítima del Caribe, el Golfo de México, el Canal de Panamá y, eventualmente el Istmo de Tehuantepec, resulten vitales en la planeación oceánica de Estados Unidos”.19

Dado que Tamaulipas y el Golfo de México son puntos sensibles de la “seguridad energética” de Washington, ¿se estará asistiendo en Tamaulipas a una violencia provocada cuyo fin es el desplazamiento forzado de población y una eventual balcanización de esa porción del territorio nacional? ¿Obedecerá a la misma estrategia la escalada de violencia desestabilizadora en estados como Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California?

La lógica de una desestabilización encubierta dirigida a provocar un desmembramiento territorial podría explicar la llegada al país del embajador Earl Anthony Wayne y del agregado militar Colin J. Kilrain.

Perteneciente a una generación de diplomáticos expertos en intervenciones, Wayne, quien se desempañaba como embajador adjunto en Afganistán, fue escogido en función de los intereses expansionistas de Estados Unidos.20 Especialista en administrar

a la llamada “comunidad de inteligencia”, a su perfil de experto en contrainsurgencia, terrorismo, lavado de dinero y aseguramiento de activos de la economía criminal, Wayne suma habilidades en temas económicos, comerciales y energéticos. Su nombramiento está cargado de simbolismos. Si el defenestrado Carlos Pascual era especialista en Estados fallidos, el relevista Wayne viene de Kabul, donde estaba dirigiendo una invasión bajo la pantalla de combatir al terrorismo.21 Su misión, ahora, es

profundizar la estrategia de desestabilización en México. Llegó a hacerse cargo de la “guerra” de Calderón y a orientar la sucesión presidencial.

El arribo en marzo del nuevo agregado militar de Estados Unidos, contralmirante Colin Kilrain, quien hasta su nombramiento se desempeñaba como director encargado de combate al terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) en Washington, refuerza esa percepción.22 Antes de su misión en el CNS, Kilrain

era comandante de las fuerzas especiales SEAL−acrónimo de sea, air and land: mar, aire y tierra−, las unidades de élite de la Marina. En los años 90 participó en la invasión 19 John Saxe-Fernández, “Cuba en la Tercera Cuenca”. Revista Memoria, México, junio de 2004.

20 Earl Anthony Wayne presentó sus cartas credenciales como nuevo embajador de Estados Unidos en México, al presidente Felipe Calderón, el 13 de septiembre de 2011. Ver Jorge Ramos, “La relación bilateral, más que sólo seguridad, dice Wayne”, El Universal, y Claudia Herrera Beltrán, “Trabajaré muy de cerca con autoridades de seguridad, dice Earl Anthony Wayne, nuevo embajador de EU”, La Jornada, 14 de septiembre de 2011.

21

Ver Roberto Garduño, “EU enviará como embajador a un policía especialista en terrorismo: Muñoz Ledo”, La Jornada, 28 de mayo de 2011, y Notimex, “A México, el número 2 de EU en Afganistán”,

Milenio, 25 de mayo de 2011.

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militar a Haití y en la guerra de los Balcanes que fragmentó a la ex Yugoslavia; después apoyó la Operación Libertad Duradera en Afganistán y se integró a la Operación Libertad para Irak, desde donde coordinaba acciones en Pakistán.23

Con el envío de Wayne y Kilrain el mensaje de Barack Obama es claro: la guerra debe continuar. A ello obedecería el abrupto cambio de discurso del presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván. Del lenguaje triunfalista (“vamos ganando al narco por goleada”), Calderón pasó a la aceptación de que grupos criminales “han conformado un Estado paralelo” en algunas partes del territorio mexicano, e “imponen su ley y cobran cuotas”.24 A su vez, el general

Galván admitió que en algunas regiones del país la delincuencia “se apropió de las instituciones del Estado”, lo que constituye una “grave amenaza para la seguridad interior”. La admisión de México como Estado fallido es la excusa perfecta para profundizar una intervención encubierta que podría derivar en una balcanización del país.

Una represión aterrorizante y manipuladora

En su fase actual, la lógica de una desestabilización encubierta con fines de una balcanización territorial −parcial o total− de México se apoya en la guerra psicológica y en la guerra sucia. A ambas modalidades bélicas les es consustancial la propaganda. La propaganda de guerra. Mediante la propaganda se fabrica la “verdad oficial”. En el proceso de manufacturación de una verdad colectiva el objetivo es lograr que aparezca como verdadero lo falso. La realidad cotidiana es negada como tal y redefinida por la propaganda gubernamental. Los continuos partes oficiales (del Ejército, la Marina, la Policía Federal o estatal) se convierten en la “realidad”, por más obvia que sea su distorsión de los hechos. En ese ambiente de mentira institucionalizada los medios realizan una verdadera inversión orwelliana de las palabras. Y como en toda guerra el “enemigo” llega a ser −aunque no siempre de manera explícita− la referencia fundamental del quehacer social, identificar quién es enemigo de quién y de qué manera lo es, son preguntas que en muchos casos tienen menos que ver con realidades objetivas que con construcciones elaboradas mediante una calculada manipulación de la realidad. Como principal procedimiento de la guerra sicológica, la propaganda consiste en “el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva (…) con miras a alterar o controlar opiniones, ideas y valores y, en última instancia, a cambiar actitudes manifiestas según líneas predeterminadas”.25

Frente a la inercia y debilidad de la conciencia pública, la ambivalencia y confusión de las capas medias de la población son explotadas mediante la propaganda. Los medios son uno de los principales vehículos de la propaganda. El poder real tiene conciencia que los medios son un poder. Y lo utilizan para incrementar el propio. Máxime, cuando, 23

Ver Jorge Carrasco Araizaga, “La guerra de Calderón también es del Pentágono”, revista Proceso No. 1836, 8 de enero de 2012.

24 Jorge Ramos y Eduardo Camacho, “Impone el narco su ley y cuotas: FCH”. El Universal, 18 de abril de 2012.

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como en el caso del duopolio de la televisión, las familias propietarias forman parte de la plutocracia mexicana.

Si la guerra sicológica busca la destrucción del enemigo real o potencial no mediante su eliminación física sino por medio de su conquista síquica, la guerra sucia se dirige contra la población civil, y como no existe una justificación, ni política ni legal, para dirigir a las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado contra la sociedad, la tarea se encomienda a organizaciones clandestinas o escuadrones de la muerte −grupos de hombres armados vestidos de civil− que secuestran, torturan, asesinan o desaparecen sospechosos de colaborar con el “enemigo”.

Ambas formas de guerra constituyen maneras de negar la realidad y buscan alcanzar la victoria sobre el enemigo por medio de la violencia y generando terror en la población. La guerra sucia se sirve de la represión aterrorizante. Es decir, de la ejecución visible de actos crueles que desencadenan en la población un miedo masivo, incontenible y paralizante. A su vez, la guerra sicológica utiliza la represión manipuladora, generando miedo mediante una sistemática e imprevisible dosificación de amenazas y estímulos, premios y castigos, actos de amedrentamiento y muestras de apoyo condicionado.

En diciembre de 2006, para justificar la militarización del país como vía para profundizar el plan de reordenamiento territorial de facto contenido en el Plan Puebla Panamá (2001) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (Aspan, 2005), Felipe Calderón y sus patrocinadores en Washington tuvieron que fabricar un nuevo “enemigo”. Dado que Andrés Manuel López Obrador desactivó la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral para evitar un baño de sangre, y que tras los laboratorios de la mano dura en Atenco y Oaxaca (2006), las guerrillas siguieron en sendas fases de construcción pacífica de autonomía territorial (el EZLN) y de acumulación de fuerza (el EPR), los estrategas de la “guerra” de Calderón tuvieron que fabricar un nuevo “peligro” para México. El enemigo sustituto pasó a ser el narcotráfico, como la modalidad más visible de lo que se ha dado en llamar el crimen organizado.

Hermano gemelo −en su gestación− del calderonismo, la irrupción mediática del grupo criminal la Familia Michoacana en 2006 sintetizó y exhibió la nueva matriz de opinión que habría de ser impuesta a la población desde los medios masivos: la violencia caótica con su sanguinolenta estela de cuerpos degollados, desmembrados, torturados y balaceados obedecería a una guerra entre grupos delincuenciales por el control de los territorios, las rutas y los mercados de la economía criminal. Una guerra de distracción −salvaje y de apariencia demencial, pero planificada para ese fin−, que por la vía de inflar, potenciar y posicionar en el escenario público organizaciones criminales reales o ficticias (el grupo de Joaquín El Chapo Guzmán, Los Zetas, La Mano con Ojos y otras sorpresas), permitió desviar la atención de la nueva guerra de conquista del capital transnacional por los territorios y los recursos geoestratégicos, con sus megaproyectos y una integración energética transfronteriza en curso.

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Una militarización que con la excusa de acabar con “enclaves criminales” y “zonas sin ley” y recuperar “espacios sin gobierno” bajo control de una “narcoinsurgencia multilateral”,26 contribuye a la omnipresencia del control prepotente

y de la amenaza represiva, como vía para imponer un nuevo reordenamiento territorial que contempla desde el rediseño de los espacios geopolíticos y la disolución de las actuales fronteras, hasta el reforzamiento de la presencia directa de los cuerpos de seguridad estadunidenses en la geografía mexicana, incluidos cuarteles de inteligencia y el libre tránsito de agentes de la CIA, el FBI, la DEA u otros similares en el marco de un Estado contrainsurgente en ciernes.

Paramilitarismo y barbarie

Aparte de la irresponsable pretensión de inducir a la población mexicana a un alineamiento orgánico, legitimador, con el Estado, la guerra reguladora sin fin que, en clave de cruzada, dice librar Felipe Calderón contra los cárteles de la economía criminal, se suma la intención encubierta de fomentar y/o permitir el accionar de grupos civiles de autodefensa armada, una salida que en países como Colombia derivó en la paramilitarización estatal. Al respecto, los primeros casos sonados en estos últimos tres años de vértigo en México, fueron los de la comunidad mormona de Le Barón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, y sendas matanzas de jóvenes “desechables” perpetradas por escuadrones de la muerte en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Navolato, Sinaloa.

En julio de 2009, tras el secuestro y ejecución de dos líderes de Le Barón por un grupo de sicarios, el gobernador José Reyes Baeza anunció la creación de una “policía comunitaria” provista con armas largas y cortas de alto poder y equipos de radiocomunicación. Luego dio marcha atrás, pero la absurda decisión de armar a la población civil para que hiciera justicia por su propia mano llamó la atención, porque Chihuahua era la entidad más militarizada del país y estaba virtualmente en estado de sitio. En ese contexto, el 1 de septiembre de ese año un comando de cuatro hombres armados irrumpió en el centro de rehabilitación Aliviane, especializado en adictos a las drogas en Ciudad Juárez, formó con violencia a 22 jóvenes contra una pared interior y los rafagueó con disparos de AK-47, conocidos como cuernos de chivo. Cinco jóvenes están desaparecidos. Un día antes, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia, había declarado que los centros de rehabilitación se han convertido en un “semillero” de criminales, porque los cárteles reclutan allí adolescentes considerados “desechables”. Según la procuradora de Justicia estatal, Patricia González, el múltiple homicidio fue parte de una guerra de “exterminio”.

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asesinados por “escuadrones de la muerte”. Para justificar sus crímenes los asesinos dejaron “mensajes” adheridos a las ropas de sus víctimas, calificadas como “ratas”. Ambas matanzas reunían elementos comunes. Se estaría ante el exterminio de “jóvenes desechables” por vengadores anónimos, lo que en Brasil y Colombia se conoce como “limpieza social”. Con un antecedente adicional: en mayo de 2009, un periódico capitalino entrevistó al jefe de un comando parapolicial autodenominado El Grupo, financiado por empresarios, comerciantes y profesionales. Según la versión, el comando de ajusticiamiento privado actuaba en México desde hacía 12 años, y habría surgido del “hartazgo ciudadano” ante la incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia. ¿Su misión?, Negociar con secuestradores la liberación de sus víctimas, pero también perseguir, capturar, interrogar, torturar y decidir quién muere. El Grupo recluta civiles, uniformados en activo y ex policías. “Hacemos justicia donde el Estado no la aplica”. Una justicia anónima, vengativa, extralegal. Según la fuente, a algunos “monstruos” los alcanza “Dios”. El método puede ser un tiro en la cabeza y “hacer aparecer como que la víctima cayó en un enfrentamiento en la calle” (sic). ¿Falsos positivos en México, como en Colombia?

El Grupo opera de modo clandestino, pero buena parte de sus acciones de inteligencia, rastreo de redes telefónicas, seguimiento fotográfico y operativos de captura son realizados de manera conjunta con autoridades policiales federales, estatales y municipales; mandos que saben de sus estrategias y los métodos que aplican, entre ellos, la tortura. A él se sumarían Los Linces, Los Matazetas y otros inventos. Marcela Gómez Zalce consignó entonces que Felipe Calderón había recomendado en privado a empresarios de Ciudad Juárez y Monterrey la contratación de servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros. Lo que a su juicio demostraría la fallida estrategia gubernamental anticrimen, y la legalización de facto del paramilitarismo. El ex diputado Alfonso Suárez del Real acusó al gobierno federal de fomentar la creación de grupos paramilitares, con lo que se estaría renunciando a una de las prerrogativas esenciales del Estado: el monopolio legítimo de la violencia.

Sin embargo, se podría estar ante un nuevo fenómeno: la “colombianización” de México, por la vía de la paramilitarización del país bajo protección oficial. El paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente, a la manera de una “tercera fuerza” que actúa con autonomía propia. Es, como en la matanza de Acteal, Chiapas (1997), una estrategia del Estado ligada al Ejército y basada en la doctrina de contrainsurgencia clásica de la Escuela Francesa, asimilada y perfeccionada por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En el caso mexicano existe una relación estructural, histórica, entre quienes practicaron la guerra sucia y los cárteles de la economía criminal. Los viejos guerreros sucios que asesinaron y desaparecieron civiles y guerrilleros en los años 60 y 70, entre ellos muchos mandos castrenses y policiales, nutrieron la nueva generación de narcotraficantes, secuestradores y asaltantes, y hoy podrían ser refuncionalizados por el gobierno con fines de control social.

La fascinación por la mano dura y el acostumbramiento

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En su momento, los expertos pusieron al Operativo Conjunto Chihuahua, bajo el mando del general Jesús Espitia, como emblema del fracaso de Felipe Calderón en su “guerra” al crimen. Pero se podría estar asistiendo a un fenómeno diferente. La extrema derecha utiliza el miedo cuando está desarmada y el terror cuando está armada. Y como en toda propuesta autoritaria de rasgos neofascistas, lo más paradójico es que la inconformidad contra el orden existente se manipula demagógicamente para consolidarlo, y perpetuar así la miseria, la exclusión política y la violencia. La lógica es la misma de siempre: se trata de inflar al enemigo −los judíos, los negros, los comunistas, los subversivos, los indios, los narcos− para canalizar en su contra los propósitos más reaccionarios generados por las contradicciones de clase y la crisis social y política.

En ese contexto, la violencia irracional no cesa. A los 18 fusilados del albergue El Aliviane, en Chihuahua, y los 10 “jóvenes desechables” ejecutados en Navolato, Sinaloa, se sumaron 10 más, el 16 de septiembre, en otro centro de rehabilitación para adictos en Ciudad Juárez. Según el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, “no es casualidad: es parte de la guerra entre grupos criminales”. Así, a la política del acostumbramiento se suma ahora la de la “normalidad”. Y como las matanzas son “normales” entre ellos (los “indeseables”), el Estado justifica los crímenes y se lava las manos. Al fin y al cabo no son humanos. Sólo que Gustavo de la Rosa, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, estimó en 2009 en “más de 300, tal vez 500”, los jóvenes ejecutados en la entidad en actos de “limpieza” o discriminación por motivos de condición social. El diputado local, Víctor Quintana, lo atribuyó a escuadrones de la muerte dedicados a “exterminar” adictos.

No eran los únicos casos. El 27 de agosto, en Copándaro, Michoacán, cuatro jóvenes aparecieron asesinados maniatados, semidesnudos, con huellas de tortura, impactos de bala y una letra z marcada en la frente con un objeto punzocortante. El 1º. de septiembre, tres jóvenes limpiaparabrisas fueron ejecutados en Gómez Palacio, Durango. Sin aparente conexión, en Culiacán, Sinaloa, diez policías fueron ejecutados en septiembre de ese año, luego de que apareciera una amenazadora manta con la leyenda “Empezó la limpia de ministeriales X ratas y extorsionadores, así como ustedes han matado mucha gente inocente, agárrense investigadores y Oriones. Att. G.belico” (sic).

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Sin embargo, pese al discurso negacionista oficial, cabe reiterar que en sus diferentes modalidades, el paramilitarismo es un hecho político ligado históricamente con las estructuras militares y policiales del Estado. En países como Colombia suplanta ya a los mismos partidos, sus creadores. El paramilitarismo forma parte del proceso de institucionalización del orden autoritario. Su función es exterminar opositores y/o a la “escoria social” y paralizar al movimiento de masas por el terror, conservando al mismo tiempo las formas legales y representativas caducas, al hacer clandestina la represión estatal. La “estética” de la discriminación es parte de la estrategia paramilitar, que no se trata simplemente de un proyecto armado de guerra sucia, sino de la consolidación de un modelo de sociedad. Ante la mirada cómplice de muchos y la pasividad de las mayorías, los cuerpos seccionados, mutilados, lacerados con sevicia, buscan garantizar la eficacia simbólica del mensaje enviado al colectivo social: la alteración del cuerpo del enemigo, en función del sometimiento de la población civil al control y la subordinación, a través del miedo, como principio operativo.

En ese contexto, cabe recordar el análisis titulado “La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico” (2008), donde la Sedena alertaba sobre el riesgo de la inviabilidad del país ante la “previsible simbiosis” entre cárteles criminales y “grupos armados desafectos al gobierno”, objetivos a “aniquilar” mediante una cruzada

nacional de tipo contrainsurgente.

La brecha chiapaneca

En el marco de la estrategia de ocupación de espectro completo (full espectrum) que lleva a cabo Estados Unidos en México, por sus características particulares Chiapas ocupa un lugar central en el mapa del Pentágono. La geografía chiapaneca forma parte de la “brecha” (the gap) en la que se ubican las zonas de peligro sobre las que el hegemón del sistema capitalista mundial debe tener una política agresiva de prevención, disuasión, control e imposición de normas de funcionamiento afines a los intereses corporativos con casa matriz en la nación imperial, pero también de persecución, desarticulación y eliminación de disidentes o insurrectos, considerados enemigos. Cabe reiterar que no se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. La guerra es la forma esencial de reproducción del actual sistema de dominación; la guerra es consustancial a la actual fase de conquista y reconquista neocolonial de territorios y espacios sociales. Pero es también un negocio; una forma para imponer la producción de nuevas mercancías y abrir mercados con la finalidad de obtener ganancias. En ese contexto, la brecha chiapaneca está ubicada en un área intensiva en biodiversidad, donde también existen grandes recursos acuíferos, petróleo y minerales de uso estratégico, todo lo que da un sentido práctico rentable a su apropiación territorial y espacial.

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plural, de verdadera democracia participativa con sus Juntas de Buen Gobierno, sus municipios autónomos y sus autoridades comunitarias.

Por todo eso, el EZLN, sus bases de apoyo y aliados significan un peligro real, un desafío estratégico para Washington y las grandes corporaciones de los sectores militar, petrolero, minero, biotecnológico, agroalimentario, farmacéutico, hotelero, refresquero y del falso ecoturismo, que hoy libran una sórdida guerra por la tierra y el territorio chiapaneco. Quienes se encuentran en los espacios y territorios donde existen agua, bosques, conocimientos ancestrales, códigos genéticos y otras “mercancías”, son, quiéranlo o no, enemigos del capital. Por eso asistimos a una ofensiva conservadora, que bajo la forma de una guerra integral encubierta, asimétrica, irregular, prolongada y de desgaste busca disciplinar, doblegar y/o eliminar la resistencia del campesinado indígena rebelde, para llevar a cabo una reestructuración del territorio de acuerdo a los intereses y requerimientos monopólicos clasistas. Se trata de una guerra privatizadora, de despeje territorial y despojo social, que echa mano de la militarización y paramilitarización del conflicto, de la contención de los movimientos sociales y la criminalización de la protesta, para facilitar la libre acumulación capitalista de parte de las transnacionales y sus aliados vernáculos, mediante un agresivo modelo dominante de agricultura y del espacio rural; un modelo de muerte en beneficio del gran capital. En la que fue una de sus últimas apariciones públicas en diciembre de 2007, el

subcomandante Marcos advirtió sobre la reactivación de las agresiones militares, policiales y paramilitares en la zona de influencia zapatista. Dijo: “Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras”. Anunció entonces que el EZLN entraría a una nueva fase de silencio y que se preparaba para resistir solo −abandonado por la intelectualidad progresista y de izquierda ante el supuesto “bajo rating mediático y teórico” del zapatismo− la defensa de la tierra y del territorio recuperado desde 1994 y bajo control de las autonomías, ante la nueva ofensiva que preparaba el émulo de Victoriano Huerta, Felipe Calderón, con su capitalismo de cuartel.

Desde entonces, como parte de la misma estrategia de ocupación de espectro completo diseñada por el Pentágono, la geografía chiapaneca se llenó de retenes y vehículos militares artillados; reaparecieron los operativos de disuasión e inteligencia, los patrullajes y sobrevuelos en zonas consideradas focos rojos, y se reposicionó al Ejército en comunidades con antecedentes de resistencia civil, al tiempo que autoridades locales y federales llevaron a cabo desalojos violentos y reubicaciones forzosas de comunidades indígenas en la Reserva de Biosfera de Montes Azules y otras áreas, como parte de una estrategia de despeje y control territorial que, disfrazada de un “espíritu conservacionista”, busca desplazar a la población para facilitar la apropiación y mercantilización de la tierra y los recursos naturales por el gran capital. Eso explica, también, que articulados desde la sede de la XXXI Zona Militar de Rancho Nuevo, grupos paramilitares como la OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos) y el llamado Ejército de Dios (éste bajo disfraz evangélico) estén hostigando y destruyendo comunidades zapatistas.

¿Soberanías paralelas en enclaves criminales?

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había comenzado a remplazar funciones del Estado como la recaudación de impuestos,27

pareció avalar la matriz manufacturada en Washington tres años antes, que definía a México como un Estado fallido. Y aunque era admitir el tácito fracaso de su “guerra” a las drogas después de cinco largos años de terror y muerte, Calderón volvió a redondear la idea en Puerto Vallarta, Jalisco, tres días después, en el Foro Económico Mundial para América Latina. Dijo allí: “Los cárteles de la droga han conformado un Estado paralelo al suplir funciones de gobierno (…) Imponen su ley y cobran cuotas (…) Estos señores tienen un comportamiento monopólico y no quieren que entre su competencia. En lugar de vencer con precio y calidad, se matan. Eso genera caos en algunas regiones (donde) buscan controlar ciudades y territorios”.28

Según John P. Sullivan, experto en contrainsurgencia y contraterrorismo de la Asociación de Inteligencia del Cuerpo de Infantes de Marina de Estados Unidos, un área donde el narcotráfico ha logrado establecer “soberanías paralelas” o “enclaves criminales” arrebatándole funciones al Estado mexicano, es Tamaulipas.29 Para el

también teniente de la policía de Los Ángeles, California, Tamaulipas es un ejemplo de “Estado fracasado” a nivel subnacional o de un “estado criminal liberado”, donde el gobierno de Calderón ha perdido el control; lo que de seguir la tendencia podría derivar en un “Estado criminal sustituto”.

Autor de un informe sobre el tema en marzo de 2012,30 en realidad, el “aporte”

del académico de los marines es la hipótesis de que los grupos de traficantes de drogas mexicanos han devenido en “insurgencias criminales beligerantes”. A su juicio, la novedosa evolución difiere del terrorismo y la insurgencia convencional, ya que “su única motivación política es ganar autonomía y control económico sobre el territorio”, llenando el “hueco” que deja el Estado y creando “enclaves criminales”.31 Según

Sullivan, en municipios como Ciudad Juárez (Chihuahua) y Nuevo Laredo (Tamaulipas) o porciones de estados como Michoacán, grupos delincuenciales dominan mediante una “cuidadosa combinación de violencia simbólica, ataques a la policía y corrupción”; recaudan impuestos, recogen información de inteligencia, amenazan a la prensa, hacen

27 José Antonio Román, “Calderón dice que el narco empezó a suplir funciones del Estado, revela Humala”. La Jornada, 15 de abril de 2012.

28

Jorge Ramos y Eduardo Camacho, “Impone el narco su ley y cuotas: FCH”. El Universal, 18 de abril de 2012.

29 Marco Appel, “Ante el Estado fallido, narcoestado sustituto”. Proceso No. 1853, ya citado.

30 John P. Sullivan, “De las guerras contra las drogas a la insurgencia criminal: los cárteles mexicanos, enclaves e insurgencia criminal en México y Centroamérica y sus implicaciones para la seguridad global”, ya citado.

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negocios e imponen una versión de orden que sirve a sus intereses, mientras fomentan la percepción de que son “protectores” de la comunidad.

Símil de los “señores de la guerra” de Afganistán, Los Zetas –agrega Sullivan− controlan pedazos de territorio en la península de Yucatán, el noroeste de Durango y los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, configurando zonas “neofeudales” en el marco de un “Estado paralelo”. Según él, México es víctima de un poderoso “narcoligopolio” o un adversario “parapolítico”.32

De acuerdo con Dolia Estévez, corresponsal de los noticieros de MVS en Washington, el término “insurgencia criminal” acuñado por Sullivan –cuyos trabajos se divulgan en Smal Wars Journal, una publicación cibernética fundada por ex marines−33

fue introducido al lenguaje del Pentágono y la doctrina de seguridad estadunidense. El viraje conceptual habría sido estimulado a comienzos de la administración de Barack Obama por el subsecretario de Estado, James Steinberg, considerado la mano derecha de la titular del ramo, Hillary Clinton, sobre quien tendría una gran influencia intelectual. Y la Clinton fue uno de los vehículos principales para posicionar mediáticamente la matriz de Sullivan; incluso llegó a comparar a México con la Colombia de hace 20 años. A la sazón, Sullivan –a quien Estévez señala como hombre del Pentágono− es el enlace entre el subsecretario Steinberg y el Centro para una Nueva Seguridad Americana.34

En ese contexto, se entenderían las coincidencias discursiva y conceptual del Felipe Calderón de finales de sexenio, con las matrices de opinión contenidas en el nada inocente análisis “académico” de Sullivan. Aunque en un intento de control de daños con vistas al futuro, en 2010 Calderón cambió su “guerra a las drogas” por “lucha por la seguridad pública”, simplemente se estaría ajustando al guión que viene de Washington. La existencia de una “insurgencia criminal” en México justificaría la aplicación del manual de contrainsurgencia.

Un par de datos adicionales resultan sugerentes: en marzo de 2009 se divulgó un documento del Departamento de Defensa estadunidense, según el cual, como parte de un “paquete contraterrorista”, se asignaba una partida discrecional por casi 13 millones de dólares para “liberar territorios” en México (al margen de la Iniciativa Mérida).35 En

marzo de 2010, Estados Unidos y México pactaron un plan binacional con sendos programas piloto en las zonas fronterizas de Ciudad Juárez-El Paso y Tijuana-San

32 Ibíd.

33 Small Wars Journal (http://smallwarsjournal.com), es un sitio “no gubernamental” administrado por la Small Wars Foundation, creada por integrantes del Cuerpo de Infantes de Marina para promover la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos.

34

Culturadelalegalidad.wordpress.com/.../dolia-estevez-el-origen-del-concepto de “insurgencia criminal”. En Consultores en Investigación y Análisis de Medios, S.C., 26 de octubre de 2010.

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Diego, para frenar las actividades de las organizaciones criminales en esos corredores.36

Asimismo, según revelaciones de Wikileaks y del New York Times, al igual que en Afganistán, Irak y Pakistán, desde 2009 aviones no tripulados Predator (drones) de Estados Unidos sobrevuelan la frontera méxico-estadunidense, presuntamente, para “localizar redes del narcotráfico”.37

Sin embargo, lejos de decrecer, la violencia aumentó. Y se registraron graves violaciones a los derechos humanos (detenciones ilegales, tortura, ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzosas) atribuidas a mandos militares en Baja California y Chihuahua. Para entonces, comenzaba a convulsionarse Tamaulipas con la ejecución del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú y la aparición de fosas clandestina en San Fernando. En la escalada de desestabilización seguirían otros tres estados fronterizos con Estados Unidos: Nuevo León, Coahuila y Sonora, a los que se sumaría más tarde Veracruz, sobre el Golfo de México.

En abril-mayo de 2012, en vísperas de los comicios presidenciales, la ejecución del general Mario Acosta Chaparro, epítome de la guerra sucia de los años 70 y del cerco contrainsurgente contra el EZLN en los 90;38 el hallazgo de nueve cadáveres

colgados de un puente en Nuevo Laredo, Tamaulipas,39 y de 49 cuerpos mutilados en

Cadereyta, Nuevo León,40 así como la detención de tres generales y un teniente coronel

del Ejército por presuntos vínculos con el crimen organizado,41 fueron otros tantos

ingredientes que se suman al caldo de cultivo que alimenta la matriz de México como un Estado falllido. A lo que habría que agregar, hoy, el caso de los dos agentes de la CIA emboscados y baleados en Tres Marías, Morelos, el 24 de agosto.

36

Paloma Alcántara y Lorena López, “Pactan plan binacional para Tijuana y Juárez”.

Milenio, 24 de marzo de 2010.

37

Ver Andrea Becerril y Víctor Ballinas, “México pidió y controla los vuelos de EU, dice Espinosa”, La Jornada, 18 de marzo de 2011; Doris Gómora, “Desde 2009 hay aviones espías en México: EU”, El Universal, 17 de marzo de 2011.

38 Gustavo Castillo, Arturo García y Alejandro Cruz, “Ejecutan a tiros al general retirado Acosta Chaparro”, La Jornada, y Claudia Bolaños y Marcos Muedano, “Asesinan al general Acosta Chaparro”,

El Universal, 21 de abril de 2012.

39

“Decapitan a 14 y cuelgan a nueva en Nuevo Laredo”, redacción de Milenio, 5 de mayo de 2012.

40

“Hallan en Cadereyta, Nuevo León, 49 cuerpos mutilados”, redacción de La Jornada, y “Encuentran 49 cuerpos mutilados en Cadereyta”, redacción de Milenio, 14 de mayo de 2012.

41

Gustavo Castillo García, “Arrestan al ex subsecretario de la Sedena Tomás Ángeles por vínculos con el

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Cabe recordar que en 1998, en la fase previa a la implementación del Plan Colombia, el Pentágono definió a ese país como un Estado fallido, y que años antes, en los 80, Washington y sucesivos gobiernos colombianos acuñaron y posicionaron mediáticamente el término narcoguerrilla aplicado a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), con el objetivo de dar pretexto ideológico y moral a la contrainsurgencia, y encubrir, por añadidura, la infiltración de altos organismos del Estado por parte del narcotráfico, por conducto de los paramilitares, lo que derivó en el escándalo de la narcoparapolítica durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe, que fueron altamente funcionales a la administración Bush en su proyecto de restauración conservadora en el subcontinente americano.

En la actualidad, vía la “guerra” a las drogas de Felipe Calderón, la administración Obama-Clinton va camino a lograr la consolidación de otra plataforma militar en el área, al tiempo que a través de la estimulación de una violencia caótica, avanza en sus planes para una cuadriculación y un reordenamiento territorial y espacial de México, en función de los intereses del gran capital transnacional.

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