La Confianza Legítima Pilar de la Actividad Oficial 

ENSAYO. LA CONFIANZA LEGÍTIMA: PILAR DE LA ACTIVIDAD. OFICIAL.. AUTOR:. GUILLERMO ENRIQUE ARELLANO CASTILLO. UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MEDELLIN FACULTAD DE DERECHO. ESPECIALIZACION DERECHO ADMINISTRATIVO 2014. ENSAYO:. LA CONFIANZA LEGÍTIMA: PILAR DE LA ACTIVIDAD OFICIAL.. Es necesario abordar un tema que viene desarrollándose desde distintas. perspectivas haciendo algunas precisiones, que nos permitirán contextualizar. mucho mejor el principio de la Confianza Legitima y sus preceptos, que son en. nuestro concepto no solo importantes, si no que también inherentes a la. existencia del Estado y el Contrato Social, cuyo desconocimiento ha sido nefasto.. Bajo riesgo de caer en interpretaciones ligeras, concibamos el principio de la. Confianza Legitima como el principio oculto de la actividad oficial, por cuestiones. que abordaremos en su momento y orden.. Empecemos por sintetizar que la buena fe, Principio fuente de la Confianza. legitima según la jurisprudencia, ha sido, uno de los principios fundamentales del. derecho, reflejado en el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones. jurídicas, y el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En. general, los hombres proceden de buena fe, además, el proceder de mala fe,. cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria. al orden jurídico y moral. . La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de. ser un principio general de derecho para transformarse en un postulado. constitucional, su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en. cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones. entre los particulares y entre estos y el Estado. En este contexto, la buena fe. presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica.. Para puntualizar definamos el principio de la buena fe como esa presunción de. ética y moral que todos debemos observar, ese comportamiento sujeto a lo. socialmente aceptable. Ahora desde una perspectiva un poco mas relacionada. con el derecho público podríamos hablar de la legitimidad de los actos oficiales.. Debemos mencionar que la buena fe, goza de un lugar preferente dentro de los. principios del derecho, pues fundamenta los ordenamientos normativos y es punto. neurálgico de muchos de los conflictos jurídicos, por ser un concepto totalmente. opuesto al dolo y sinónimo de la ausencia de este, por lo que merece la calidad de. ser reconocido como Principio General del Derecho, al menos en nuestro. concepto.. En palabras de TAFUR MORALES “lealtad, honradez, rectitud del móvil, en la. celebración y ejecución de los actos jurídicos” definición esta, bastante completa. según el análisis realizado hasta ahora. La aplicación de la buena fe, en toda. relación jurídica, en el entendido de que dicha relación se desarrolla en. condiciones jurídicamente viables, conocidas y aceptadas, permitiría blindar. la relación, evitando así la aparición de divergencias que se transformen en. conflictos jurídicos.. . Es esta la posición, que hace posible el desarrollo de uno de los principios . posiblemente mas trascendentes, para el ejercicio de la actividad oficial, en. nuestro parecer, como lo es el de la Confianza Legitima, vista como la. protección de la expectativa de trato jurídico, así como el disfrute de la. seguridad jurídica, que es en fin último lo perseguido por el derecho. legislado, las mal comprendidas, además desprotegidas meras expectativas. de derecho, y el postulado del Estado participativo.. No solo tratándose de actos administrativos es necesario procurar una solida. relación jurídica basada en normas conocidas y aceptadas, claro, susceptibles de. cambios, pero también de periodos de transición, si es en realidad la satisfacción. del conglomerado social lo que se busca, sino que debe hacerse extensiva a todos. los actos de la administración independientemente del órgano que provengan.. Es nada más que eso, la solidez jurídica, lo que persigue la Confianza legitima, la. tranquilidad de que el ciudadano se encuentra en determinada situación reglada, y. que dicha situación no será alterada abruptamente, al menos sin tenérsele en. cuenta o ofrecérsele una transición, por tratarse de una decisión que le causa. directa afectación, reiteramos, tratándose del sistema participativo, del que a. veces presumimos más de la cuenta.. Si vemos detalladamente, entenderemos que se trata de proteger la gestión oficial,. evitando espacios que generen divergencias, lo que se traducirá en una mejor. calidad y pulcritud en la gestión.. Sencillamente se trata aplicar un ejercicio de evaluación del riesgo, o más bien. principio de prevención como se le conoce en Derecho Ambiental, a los actos,. para que de las decisiones no solo se presuma la legalidad, si no que también la. pertinencia, la equidad, y se procure el orden justo, que en la actualidad solo. estamos acostumbrados a perseguir por medio de las providencias judiciales. . No nos queda duda que la buena fe, agrupa en sus postulados una serie de. conceptos que permiten señalar cuál es el objeto de la función pública, entendida. como la satisfacción del ciudadano, mediante un adecuado trato jurídico. La buena. fe no solo se debe entender como Principio del Derecho si no también como. herramienta de la actividad oficial.. . Visto de otra forma, generalmente, todo conflicto, en donde aparece. vinculada la administración, tiene rasgos de ser provocado por el. desconocimiento de la Confianza legítima o expectativa de trato jurídico, que. sin duda provoca el inconformismo y la reclamación por via jurisdiccional. del afectado.. Figuras jurídicas existentes en el ordenamiento, protegen las expectativas de. Derecho hoy en día, no de otra forma podemos entender la Extensión de la. Jurisprudencia, exigible actualmente a todas las entidades, que aun en presencia. de claros antecedentes judiciales, de forma obstinada, insisten en aplicar formulas. caprichosas, para desconocer los derechos.. Para resumir, nuestra posición este principio busca no solo proteger los intereses. del administrado, si no que ante todo blindar la gestión de la administración, que al. realizar ejercicio preventivo, un estudio previo de riesgo minucioso, así como a los. antecedentes de determinado problema jurídico, podrá resolver, aplicando la. formula más conveniente además de solida, para las partes involucradas, para. tranquilidad y satisfacción del administrado y también de la administración.. . Queda claro que el diseño de una bien elaborada estructura normativa obedece a. que las relaciones de la vida en sociedad deben estar reguladas, por parámetros. comúnmente aceptados, tratándose claro esta, de un Estado democrático. Es esa. motivación básica de los lineamientos legales.. Hasta aquí hemos venido creando el escenario propicio para adentrarnos con más. facilidad en la estructura de lo público, estructura que sin duda evoluciona. constantemente en procura del conglomerado social y cuyos intentos de retroceso. no pueden ser permitidos.. Es necesario reconocer que sin duda el Estado Colombiano está diseñado para. favorecer los intereses de la comunidad, brindar satisfacción al conglomerado. social, y de paso demostrar que el contrato social cumple su finalidad por medio. de la protección a la expectativa de trato jurídico, el amparo o protección y límite. legal con que se recubre a cada uno de los miembros de la sociedad, es sin duda. una de las formas en las que se desarrolla el pacto de la generalidad.. No de otra manera lo podemos entender cuando nos encontramos frente a un. muy bien estructurado Estado, que va mas allá de la tridivisión de poderes,. entendiendo que hay que evitar a toda costa la concentración de facultades en un. solo órgano, o peor aun en un solo funcionario.. Para abarcar un poco más y contextualizarnos debemos decir que por Estado. social de Derecho entendemos una estructura estatal al servicio de los intereses. de la sociedad, regulada por el derecho, cuyo funcionamiento y decisiones se. desarrollan con la participación de los ciudadanos, en torno a una democracia, y. en donde se permiten las distintas posturas o ideologías políticas.. Estamos sin duda frente a uno de los estados mejor estructurados, La Republica. de Colombia, además de los tres poderes públicos cuenta con unos Órganos de. control Independientes, una Organización Electoral, y unos organismos. autónomos, diseño estatal y Maquinaria esplendida, pero con un operador más. bien caprichoso, cuyo potencial no ha podido o no desea explotar.. . Ahora bien aterrizando un poco en nuestra realidad, el marco jurídico colombiano. es muy completo, podríamos decir que completo en exceso, tan excesivo que. llega a empalagar, es así como miles y miles de normas jurídicas se promulgan, a. veces sin respetar la jerarquía que estas deben observar, o los derechos. adquiridos, las expectativas de derecho y en el peor de los casos violatorias de los. Derechos Fundamentales, situaciones que nos ponen en medio de grandes. contradicciones normativas cuya consecuencia es la inseguridad jurídica, que. tanto afecta a los Colombianos, y cuyo responsable es sin duda el órgano. legislador, no el ciudadano, cuyo ejercicio electoral también constituye una. expectativa, y quien siempre debe aceptar las decisiones de la administración,. asumir las consecuencias, como resultado también de una mal interpretada. presunción de legalidad de los actos.. La legalidad no está en la firma del funcionario, por el hecho de serlo, ni en el. membrete del papel oficial, la legalidad está en el trabajo responsable y de. calidad, que hace este servidor antes de plasmar su rúbrica, o decidir, ritualidad. esta que se presume.. Retomando la bien elaborada estructura oficial, encontramos múltiples figuras. jurídicas necesarias para accionar este engranaje. La Función pública cuenta con. herramientas de diario uso, como lo son; el proceso legislativo, el judicial y el. administrativo, cuyos resultados son los actos de la administración, y como. elemento esencial como ya lo hemos dejado ver, debe tenerse el respeto por la. Confianza Legitima en todos sus matices, objeto de análisis en este escrito, con la. advertencia de que las posturas expuestas al respecto pueden en principio. parecer radicales según la interpretación, o todo lo contrario.. . Entrando un poco más en materia debemos mencionar que este bosquejo antes. delineado busca propiciar el escenario perfecto para poder comprender cuál es el. verdadero espíritu del acto de la administración, como la unidad mas básica de la. gestión oficial, y El principio de la Confianza legitima, que en mi concepto es. la columna faltante de la estructura, de nuestro Derecho Administrativo aun. en desarrollo.. Quedando claro el fundamento de la existencia de un Poder público, o más. puntualmente, de una administración y un administrado, no es posible desconocer. lo que la gestión de la entidad pública debe perseguir siempre, que no es otra. cosa que la satisfacción de las expectativas de derecho del ciudadano,. fundadas en la realidad jurídica.. La pregunta salta a la vista, no existe motivo por el cual las decisiones no se. tomen desde la posición del ciudadano desprevenido, que tiene su confianza en la. administración, en un marco normativo y que hasta este momento siente que su. contribución, no se destina al cumplimiento de los fines del Estado. Pero en el. contexto funcional de nuestro Estado existe una explicación para esto; digamos. que hay dos grandes defectos que no permiten que el engranaje ya mencionado. sea bien operado, son los dos pilares de la corrupción: la contratación pública y los. nombramientos sometidos claro a las prácticas clientelistas. Así es, están. claramente identificados los focos de riesgo, pero nuestros operarios de esta gran. estructura no parecen estar interesados en trabajar en procura de la sociedad, y. así optimizar la Competitividad. Esta es una pequeña metáfora, que revela. claramente la mayor quizá de las problemáticas del sector público, puesto que de. otra forma no se explica su irregular o defectuoso funcionamiento, así como. tampoco la falta de aplicación del criterio de prevención, y la confianza legitima ya. revisados. . Es lamentable descubrir, que en ocasiones nos encontramos frente a. entidades en donde la premisa general, no es la de hacer las cosas bien, si. no la de hacer las cosas con la menor falla posible, y lo menos visible, como si. lo pretendido fuese esconder las falencias, en vez de erradicarlas, pretendiéndose. aceptar o justificar el mal funcionamiento institucional. Para no ir tan lejos, las tan. señaladas nominas paralelas, que desangran el presupuesto público, y de las que. se benefician principalmente los recomendados de las maquinarias corruptas, bajo. la figura del Contrato de Prestación de Servicios. No tenemos la intención de. estigmatizar dichas formas de relación jurídica, pues también se debe reconocer. que dicha herramienta contractual es bien implementada en algunos casos, en. donde se celebra un contrato con un ciudadano comprometido, responsable, y de. buena fe. Pero son poco los casos en los que existe buen uso y aplicación del. contrato de Prestación de servicios, en muchas ocasiones usado para vincular. “personal fantasma”. . Vemos con claridad en este momento, por que las decisiones tomadas en muchas. de las esferas de lo público no son las decisiones que llenan precisamente las. expectativas, pues es notorio que deben estar viciadas, o más bien propiciadas. por intereses o circunstancias que de ninguna manera se pueden llamar políticas,. pues la política es una herramienta útil y para el beneficio de la sociedad, además. necesaria y no se puede confundir con la corrupción o la politiquería. . Con estas reflexiones, queda claro el punto de vista, y la intencionalidad de. rescatar lo publico, pero no quiero dejar de presentar una situación en mi. consideración cómica y que siempre me ha generado inquietud, también. relacionada con la transparencia, la ética y la moral con que se deben adoptar las. decisiones, procurando la eficacia y eficiencia de la gestión. Se trata de la forma . cómo nuestra Constitución establece en cabeza del legislativo, un órgano. totalmente político, la elección del Procurador General de la Nación y el Contralor. General de la Republica, representantes de órganos de control autónomos e. independientes ambos, que por la naturaleza de las funciones asignadas están. llamados ejercer sus funciones alejados de los escenarios de la permanente. contienda política, para proceder siempre con total independencia e imparcialidad.. Situaciones como esta pienso que son dignas de atención, si es que todos. remamos en el mismo sentido, no es muy alentador institucionalmente hablando,. en procura de evitar el cuestionamiento, que una de las ramas del poder público,. quizás la más desprestigiada y politizada, como lo es el legislativo, intervenga en. la designación de los mencionados funcionarios de los organismos de control, lo. que sin duda le resta la tan presumida independencia. Es algo claramente ilógico,. y podría decirse que absurdo.. . Hemos hablado al menos tácitamente de los principios orientadores de la función. pública, su incidencia en el accionar administrativo, y sin ninguna duda podemos. afirmar que la posición que plantearemos con respecto a él, desde la perspectiva. del Principio de la Confianza legitima, fundamentados en la satisfacción del. ciudadano, pero también la protección y justificación de la gestión administrativa,. encuentra un punto de equilibrio entre el Estado y el conglomerado social,. que no necesariamente deben estar contrapuestos, o a la expectativa de una. confrontación.. Veamos, es una hipótesis sencilla pero con un trasfondo complejo, que demuestra. por que la funcionalidad de muchos servidores se ve afectada, lo cual. expondremos con un ejemplo, quizás de la vida real: Pepito Pérez es designado. Director de la penitenciaria “el Cocuyo” por recomendación del Senador Jacinto. Reyes. Como es común, no existe proceso de selección objetivo, ni siquiera. verificación de antecedentes. Hasta este punto todo está bien, el problema se. presenta cuando el senador mencionado, o un allegado, es aprendido por la. comisión de algún delito y recluido en dicha Penitenciaria. Es claro el panorama y. certera la predicción, de actos de corrupción, que se presentaran en esta. penitenciaria tomada como ejemplo, pero en el mismo escenario cabe otro caso,. pensemos en un director muy ético pero sin las calidades académicas para. desempeñarse como tal, cuyo nombramiento es más un regalo que un logro.. Puede estarse propiciando un caos al interior de la penitenciaria, o peor aún, de. un despacho judicial si trasladamos el ejemplo a la Rama judicial, en donde los. nombramientos por fuera del concurso de méritos son algo frecuente. Con toda. seguridad este es un escenario aterrador, con matices delictivos. . Eso pasa en todo contexto con los favores adeudados en el sector público, por. eso la ley es muy puntual en proteger la imparcialidad y objetividad del empleado. público, lo cual busca aislándolo de las contiendas políticas y los favores, a través. del merito, y con el impedimento de la participación en política.. Perfecto es este momento para abordar el principio de la Confianza legitima. que no solo protege el interés y las expectativas de quien acude a la. administración, si no que también protege la calidad de la gestión, por. cuanto asegura que las determinaciones tomadas, difícilmente serán. cuestionadas si se fundamentan en precedentes sólidos claros de hecho y. de derecho. . No es descabellado pensar que la extensión de la Jurisprudencia, figura de. reciente creación en la Ley 1437 de 2011, es la primera materialización legal. del principio de la Confianza Legitima y la protección de la expectativa,. constantemente atropellada.. Abordemos el estudio del Principio de la Confianza legítima, mencionando que en. Colombia, quizá por aquello de la incertidumbre jurídica, vienen haciendo carrera. las prácticas jurídicas discriminatorias, dicho de otra forma el reconocimiento o. desconocimiento de derechos y su aplicación de forma caprichosa con total. ausencia de objetividad o criterio. A esto nos ha llevado la inseguridad jurídica, la. inestabilidad y poca seriedad del órgano legislativo. . Me pregunto aun con asombro que hace diferentes al prepensionado, merecedor. de una fuerte protección a su expectativa de adquirir el derecho a pensionarse,. aun por encima del interés general del merito, y al actor popular, que habiendo. activado el aparato jurisdiccional ve modificadas intempestivamente por la Ley. 1425 de 2010 las normas en medio del proceso judicial, en perjuicio, tal y como. sucedió. Este ultimo, al parecer indigno de protección, ante los ojos del Congreso,. aun cuando actúa en ejercicio de acción publica, no encontró amparo alguno a su. expectativa, ante esta modificación intempestiva. Es que acaso son unos. ciudadanos diferentes a otros, o quien esta exento de una posible situación no. prevista o del infortunio que altere su condición. Es que alguno de los dos merece. un trato más garantista que el otro por parte de la ley, que supuestamente es. general y abstracta. Se pensaría, que está más cerca de obtener una decisión. definitiva y jurídicamente estable por parte del estado, quien ya activo su. maquinaria, y se encuentra más cerca del Juez, es decir de la sentencia, en ese. sentido si ni siquiera en sede judicial existe seguridad, no se sabe en donde la. podamos encontrar. En fin, tan solo el legislativo puede establecer quien es. merecedor de las transiciones, o prorrogas normativas. . Es hora de trabajar sobre un piso jurídico firme y de respetar las situaciones. jurídicas constituidas, ya que el ciudadano no debe pagar las consecuencias de un. órgano legislativo deficiente, puesto que es merecedor de respeto y de . protección con respecto de modificaciones abruptas y perjudiciales.. Pues sí, el régimen de transición en materia pensional, la calidad especial de. prepensionado para el servidor público provisional, son figuras que protegen una. expectativa, en lenguaje más coloquial, una posibilidad, en lenguaje técnico, la. estabilidad jurídica. Y debo decirlo sin reparo la figura del prepensionado como. muchas otras, es a mi criterio una figura amañada e inconstitucional.. Después de estos necesarios comentarios es momento de plasmar una definición. apropiada del principio de la Confianza Legitima, partiendo de un análisis,. partamos de la lógica, desprendiéndonos un poco de los tecnicismos y llegaremos. a un concepto básico de “confianza en la ley” o más bien confianza en el trato que. debo recibir con fundamento en la ley aplicable. Es una posición como vemos más. cercana al concepto de seguridad jurídica que al de buena fe que muchos. aceptan, en medio del vacío que deja el que tan importante principio no esté. textualmente plasmado, como es costumbre en nuestro sistema legislado.. Si, pueden existir principios implícitos, de acuerdo con la clasificación que brinda. J.Wroblewski, pero para su aplicación necesitamos operadores arriesgados, que. con posición firme logren extraer del derecho aquellas figuras que sin estar. escritas detalladamente, existen entre líneas.. . La confianza legítima es el derecho a que se respete la expectativa de trato. jurídico, y así mismo se procure por la seguridad jurídica. La confianza. legitima tal y como se visualiza desde la perspectiva de la Seguridad jurídica. y la legalidad, proporcionaría al acto administrativo un parámetro claro que. integra todos los principios del derecho administrativo y la función pública. . Toda gestión oficial, necesariamente debe efectuarse desde la claridad. brindada por la confianza legítima, protegiendo no solo el cumplimiento de la. expectativa del ciudadano, sino que también asegurando una actividad. pública ajustada a esa legalidad, que se presume de los actos. administrativos, y de todas las actuaciones públicas. Solidificando así una. gestión coherente con la realidad jurídica, las expectativas del ciudadano y. que en fin protege la calidad del resultado de la administración, que en todo. momento será justificable y de alto nivel. . Se trata de una evaluación de riesgo o mas bien de viabilidad, que. necesariamente todo servidor público debe hacer antes de tomar esas. decisiones que son de relevancia jurídica, para el ciudadano, y también para. la entidad. . Es hora de revisar que tan ajustadas a las expectativas jurídicas, no a las. expectativas personales, están siendo las decisiones, y obtener de una vez un. diagnostico sobre que tanto contribuyen las entidades en su quehacer a ese ideal. de Estado Social de Derecho, y el cumplimiento de sus fines.. No debe mal interpretarse, en el entendido de que todas las peticiones deban ser. despachadas favorablemente, en absoluto, tan solo se trata de que antes de. resolver, revisemos un poco los antecedentes, el derecho, y la jurisprudencia. como ahora se pretende con la monumental figura de la extensión de la. Jurisprudencia. Pues se estaba convirtiendo en costumbre aceptada, el obligar al. ciudadano a acudir a los estrados judiciales aun cuando la administración, de. antemano pronosticaba el resultado del proceso judicial, en mi concepto algo. inaudito y antiético, más aun en un Estado Social de Derecho.. Ahora bien, siguiendo con el desarrollo del Principio de la Confianza Legitima,. como pilar de la Actividad oficial, es necesario proponer su aplicación, una vez. vistos algunos de los beneficios, como formula para erradicar la inseguridad. jurídica, como una herramienta de justa, legal y oportuna resolución de conflictos,. en donde no el margen de error sea convertido a su mínima expresión. Desde el. escenario del Derecho Administrativo y del Derecho Contencioso. Administrativo, debe empezarse a cimentar el criterio de que todas las. situaciones que afecten al ciudadano y las relaciones de este con el Estado,. deben desarrollarse en los términos de la Confianza legítima, y bajo las. condiciones que este principio garantista de la legalidad y de la. Constitucionalidad propone.. Es una tarea ardua, y ambiciosa, la de posicionar la Confianza legitima como. formula eficaz, en la lucha contra la inseguridad jurídica, y los errores. administrativos, mas aun cuando se encuentra poco o ningún compromiso en el. Órgano legislativo, en donde las transiciones, extensiones o prebendas legislativas. se utilizan sin un criterio ni motivación claras, restándole credibilidad y fuerza, a. tan valiosas herramientas, que desde la función legislativa se pueden usar. realmente para beneficiar al conglomerado y rescatar la institucionalidad. . No esta demás, empezar a revisar, la gestión legislativa, desde la perspectiva de. la moralidad administrativa, puesto que es inaudito, que en Colombia, en donde la. problemática de la corrupción siempre esta en ascenso, no existan controles de. tipo disciplinario, para quienes están llamados a realizar un serio y objetivo estudio. de la Constitución, en la elaboración de las normas que regirán los destinos de. toda la Nación. Cada vez que una norma es declarada inconstitucional en sede. judicial, claramente se esta señalando que los intervinientes en su creación, no se. sujetaron a sus preceptos, lo cual no le es permitido a ningún agente oficial, según. la Ley disciplinaria Vigente. Peor aun, insistir en promulgar normas contrarias a la. Constitución, ante la existencia de antecedentes y advertencias, es un claro indicio. de desobediencia, e inobservancia del orden Estatal, como sucedió con los. reiterados intentos del Congreso por sepultar los concursos de méritos para. acceso a los cargos públicos. El dolo es evidente en muchos de los actos del. legislativo, y la falta de sanciones, quebranta el orden social y jurídico. No es. posible que se abuse del ejercicio de funciones, ni que los recursos de los. colombianos se desgasten en un órgano legislativo que nos significa, grandes. inversiones, pero pequeños resultados, que además ha sido reconocido por u. poca eficiencia y compromiso.. La Responsabilidad por el hecho del legislador debe ser declarada, cuantas veces. sea necesaria, para generar conciencia al interior del órgano, y evitar que nuestro. congreso siga destruyendo las instituciones, provocando el constante. cuestionamiento, y desprestigio. . La extensión de la jurisprudencia es sin duda, un gran avance en materia de. unificación jurídica, que propiciara desde las administraciones, el reconocimiento. de las expectativas de derecho, así como la verificación normativa y. jurisprudencial de los asuntos que se deban resolver.. Un aspecto que no se podría dejar de abordar, por su significancia, en el. desarrollo de la actividad publica, es el tema de los nombramientos, o. vinculaciones de personal al sector oficial. Situación que sin duda incide. directamente en el resultado de la gestión, positivamente solo si los. nombramientos han sido efectuados con la seriedad y objetividad que señalan la. normas. La confianza legitima debe estar presente también en todos y cada uno. de los actos de nombramiento, ya que el ciudadano presume que el servidor. publico que lo atiende, que esta a cargo de su asunto, y con la tarea de resolver,. ha sido designado en legal forma, con la plena observancia de los formalismos. que impone un acto tan serio por sus implicaciones, en la administración. . La presunción de que las decisiones, y demás funciones desarrolladas por la. entidad oficial, son llevadas a cabo por los servidores mas idóneos, escogidos. objetivamente a través del sistema del merito, y que por lo tanto cada asunto. corresponderá a alguien capaz, cuyo único interés es el cabal cumplimiento de su. labor, de forma objetiva y con sujeción a las normas vigentes, hace parte, sin. duda, de la expectativa del trato que el ciudadano debe recibir del Estado, y del. derecho a que respeten las formalidades en la designación de cualquier servidor,. de la misma forma en que se respetan cuando se trata de los cargos de elección. popular. Es la Constitución la que ordena la aplicación de los concursos de. méritos, y el ciudadano desprevenido presume que este se aplica, y que el. servidor que ocupa un despacho cualquiera, lo ha superado con el mejor de los. puntajes.. Aquel nombramiento que se haga por fuera de los parámetros de la norma,. vulnera la Confianza legitima ciudadana, esta viciado de nulidad, y por lo tanto se. tratara de un funcionario carente de competencia cuyos actos serán del todo. nulos. . La Corte Constitucional, en varias oportunidades a señalado el principio del merito. como uno de los pilares de la Constitución Política de Colombia, y también ha. determinado que su no aplicación constituye un Estado de cosas inconstitucional,. de lo que se desprende la obligación de aplicar los procesos de selección, así. como el derecho que tenemos los ciudadanos de que nuestros servidores públicos. sean escogidos a partir de rigurosos y transparentes mecanismos de selección.. Otra apreciación, relacionada con la designación de los funcionarios oficiales,. tiene que ver con la a necesaria formación para acceder a los espacios decisorios. de la administración, pues es inaudito que en la época actual, existan dignatarios. de elección popular, en todos los niveles de la administración, que no cuenten con. ningún tipo de educación superior o al menos alguna formación relacionada con la. función publica. No se trata de restringir el derecho a ser elegido, se trata de. propiciar que quien desee ser elegido, lo asuma con la responsabilidad que exige. el cargo, ante la eventual posibilidad de ocupar ese espacio decisivo en la. administración. Dicho de otro modo, el requisito para ser elegido debe ir más allá. de ser ciudadano Colombiano. Al revisar los manuales de funciones de las. entidades, se encuentra que para acceder a otros cargos de nivel inferior se. exigen títulos de idoneidad y formación especial, aun para acceder al nivel. asistencial o técnico. En ese sentido, debemos reconocer que existe laxitud, y que. desde el punto de vista organizacional, es necesario que el nivel directivo o. gerencial, de cualquier organización, más aun del sector publico, cuente al menos. con formación relacionada, ya que los destinos de cualquier ente oficial deben. asumirse con seriedad.. Dentro de los diversos planteamientos, debe hacerse una final apreciación, y es. que mientras no exista seguridad jurídica, y se blinde de la inestabilidad a las. normas, estas no lograran cumplir su papel en la sociedad.. Las normas jurídicas deben ser el polo a tierra, de todo operador estatal,. quien debe evitar las conjeturas o la aplicación de criterios personales,. entendiendo que una vez expedida esta, ha generado derechos, y en otros. casos expectativas de derechos, que no le pueden ser arrebatadas al. ciudadano de forma intempestiva.. . La actividad oficial, desarrollada a través de diversas formas, todas ellas. contentivas de situaciones jurídicas relevantes, debe entenderse desde la. solidez que brinda a cualquier acto, el sello de seriedad y calidad que. imprime sin lugar a dudas el Principio de la Confianza legitima. En resumen. se traduce como el respeto por los mandatos normativos, sus prerrogativas. y prohibiciones, que deben contemplarse siempre, desde la credibilidad que. tiene el ciudadano en la norma y la seguridad de su cabal aplicación, que. debe brindar el Estado. . “Tan solo es posible saber hasta donde se ha llegado, si se recuerda de. donde se ha partido”. GUILLERMO ENRIQUE ARELLANO CASTILLO

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