Las Pruebas y su Práctica en Casos de Responsabilidad Médica 

LAS PRUEBAS Y SU PRACTICA EN CASOS DE RESPONSABILIDAD MÉDICA. VICTORIA IRENE RAMIREZ SANTOS. UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. FACULTAD DE DERECHO . PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO. MEDELLIN. 2016. Introducción. En muchos de los eventos de la vida diaria las personas se ven. enfrentadas a tomar una decisión o postura respecto de algo, y para tomar la. misma, se analizan los pro y los contra que cada una de las posibilidades con el. fin de establecer cuál es la que más conviene o brinda mayores beneficios; de. igual manera cuando los jueces se encuentran ante un caso dentro el cual debe. dictar un fallo definitivo, se enfrente a una tarea difícil, porque con su decisión . pueden resultar afectas algunas personas, pero igualmente beneficiadas otras.. Por ello cada proceso, caso o situación a zanjar requiere del análisis detallado,. la certeza y de la mayor claridad sobre el mismo, para que de esta manera el. juez de acuerdo a su sana crítica y obrando en derecho pueda fallar de manera. justa y convencido de que la decisión adoptada es la correcta y se aproxima a. la realidad de lo sucedido. . Para tomar un decisión ajustada a derecho, el juez requiere de. elementos de convicción que le permitan determinar o aproximarse a la realidad. de lo sucedido, dichos elementos de convicción no son otra cosa que las. pruebas y evidencias con las cuales se pretende demostrar un determinado. suceso. Por ello, las pruebas juegan un papel importantísimo no solo en el. proceso judicial, sino en todos los eventos de la vida, y mucho más en los casos. de responsabilidad médica, por lo que en el presente trabajo se hace un análisis. sobre la práctica de la pruebas, a quien corresponde probar en cada caso en. concreto, o quién tiene la carga de la prueba; .para que el juez, basado en los. argumentos y en la pruebas que cada una de las partes en litigio le pone de. presente resuelva el conflicto, para lo cual entonces debe valorar las pruebas. que se aportan o practican; convirtiéndose en el sustrato sobre el cual el. operador judicial basa sus decisiones, son las que le permiten resolver sus. inquietudes respecto de un evento determinado para tener los elementos. pertinentes a fin de inclinarse por una u otra postura.. La importancia y trascendencia de la práctica de las pruebas en las. controversias en las que se demanda la responsabilidad médica, radica en que. muchas veces la práctica de las misma es muy difícil en razón a la especialidad. de la medicina y por ello en muchas oportunidades los demandantes se. enfrentan a situaciones difíciles para probar los hechos en los que basa su. demanda; con el presente trabajo se examinará cual ha sido la posición del. Consejo de Estado sobre a quién le corresponde probar determinados hechos,. así como las posturas que la jurisprudencia ha tendido respecto a lo que se ha. denominado la carga dinámica de la prueba, es decir la posibilidad que tiene el. Juez en cada caso en particular de decretar a que parte le corresponde aportar. la evidencia o probar un hecho determinado.. Las pruebas y su práctica en casos de responsabilidad médica. Las pruebas son la herramienta y fuente primordial para decidir, no solo. en los casos de carácter judicial, sino en cualquier evento de la vida cotidiana;. pero en los casos judiciales cobran mayor importancia, porque se decide sobre. los derechos de dos o más personas que se encuentran en conflicto, y quien. aporte las pruebas más convincente, será quien gane la contienda.. En los casos de responsabilidad médica, las pruebas tienen aún más. importancia, puesto que su práctica tiene alguna dificultad, en atención a que la. medicina es un área del conocimiento específico lo que significa que quien. resulte afectado con algún tratamiento médico, tiene la dificultad de aportar las. pruebas que le permitan probar que lo sucedido es por una falla, error o. negligencia del quienes tenían a su cargo la responsabilidad de su salud, es. decir, de los médicos y/o de las entidades de salud (EPS, IPS, Hospitales, etc.).. Por lo anterior entonces, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado. algunos aspectos sobre una institución denominada “la carga de la prueba”, que. consiste en las posibilidad que tienen las partes de probar sus afirmaciones y. sus negaciones, tales como las pretensiones y las excepciones, de tal manera. que si no se prueban, conlleva a que se desestimen las mismas. Para Devis. Echandía la carga de la prueba tiene una doble connotación, en primer lugar es. una regla para el juez en la medida en que le indica cómo fallar ante la ausencia. de prueba, y en segundo lugar, es una regla para las partes, a quienes les. indica cuáles hechos deben probar para que sean estimadas las pretensiones o. las excepciones. (Devis Ecahndia, 1998).. La importancia entonces de definir en quien recae la carga de la prueba,. consiste en que el juez, en un caso en que no puede comprobarse la verdad de. la afirmación de algún hecho importante, su decisión se debe dictar en contra. de la parte sobre la que recae la carga de la prueba con respecto a la. afirmación del hecho no aclarado, esto implica entonces que quien debe probar. un hecho en particular, es decir, tiene la carga de la prueba, y no lo prueba,. muy seguramente el fallo será en su contra, pues el juez al momento de. argumentar su decisión tendrá que hacerlo con fundamento en los hechos. probados, de lo contrario podría verse inmerso en investigación penal y. disciplinaria.. Además de lo anterior, es importante anotar que la carga de la prueba. “parte del supuesto de que son los sujetos de derechos que intervienen en el. proceso, sobre los que gravita fundamentalmente el deber de procurar que las. pruebas se practiquen o aporten” (Lopez Blanco, 2001, pág. 26), con lo que el. autor quiere resaltar que son las partes (accionante y accionado) quienes están. en la obligación de aportar todas las evidencias y pruebas que permitan afirmar. sus pretensiones y/o excepciones.. De lo anterior entonces, surge una pregunta importante, ¿Quién tiene la. carga de la prueba en materia de responsabilidad médica?, y la pregunta se. genera, porque en el caso de la sentencia analizada, además de haberse. tratado temas como la acción de reparación directa, la responsabilidad médico. sanitaria, daño a la salud, y otros de igual importancia; se suscitó una situación. importante con las pruebas y dictámenes presentados en la etapa probatoria;. pues en desarrollo del procedimiento quirúrgico mediante el cual se realizó una. cirugía de remplazo de cadera, a la paciente le quemaron su glúteo con una. placa metálica de polo a tierra, quemadura que le dejo una profunda cicatriz que. la afecto física y psicológicamente.. La disyuntiva respecto a la responsabilidad médica se presentó, porque. los médicos que realizaron el procedimiento negaron que la quemadura en el. glúteo se hubiese producido durante el procedimiento, y que la misma se debió. a una reacción alérgica a los medicamentos por parte de la paciente; pero en. atención a los estudios y conceptos de otros profesional de la medicina y del. instituto de medicina legal se pudo demostrar que se trataba de una quemadura. y no de reacción alergica, lo que entonces permitió a los jueces de primera y. segunda instancia tener la certeza de declarar la responsabilidad de la Caja. Nacional de Previsión Social “CAJANAL”, por las lesiones causadas a la. demandante.. Determinar cómo se atribuye la obligación al aparato estatal para que. repare los perjuicios derivados del servicio médico y hospitalario, supone fijar. con precisión, en cada caso en concreto, cuál es la carga probatoria que debe. asumir cada parte en el proceso contenciosos administrativo y, puntualmente. establecer quien debe de probar la falla en el servicio, cuando el daño. antijurídico provenga de sistema médico que suministra el Estado.. Ahora bien, es importante anotar que la doctrina habla de las. obligaciones de medio y de resultado; y del tipo de obligación asumida. dependerá la carga de la prueba de las partes en un proceso de. responsabilidad civil. Será una obligación de resultado cuando la prestación sea. definida según el fin que tiene el acreedor para celebrar el contrato, mientras. que se tratará sencillamente de una obligación de medio, “cuando el deudor no. se compromete a realizar u obtener un determinado resultado, sino sólo a poner. los medios que de ordinario conducen a ello (Uribe Holguin, 1980). Así pues, en. una acción de responsabilidad por obligaciones de resultado, el demandado. sólo se exonera demostrando que la causa del incumplimiento ha sido un. elemento extraño (bien fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa. exclusiva de la víctima), sin que sirva de nada demostrar que pese a haber sido. cuidadoso y diligente, no alcanzó el resultado esperado; mientras que el. demandado por incumplimiento de una obligación de medio tendrá que. demostrar la ausencia de culpa tal como lo estableció la Corte Suprema de. Justicia en sentencia del 31 de mayo de 1938.. Ahora bien, en principio la mayoría de intervenciones quirúrgicas y. tratamientos médicos implican obligaciones de medio, por cuanto suele existir. incertidumbre frente a los resultados, cuyos riesgos asume en cada caso el. paciente que ha manifestado su consentimiento informado para el tratamiento o. intervención. Esto se explica porque, en principio, los médicos actúan sobre. personas que tienen alteraciones de la salud “lo que implica el desarrollo de. diversos procesos en sus organismos, que tienen una evolución propia y, sin. duda, en mayor o menor grado, inciden por sí mismos en la modificación o. agravación de su estado al margen de la intervención de aquéllos” (Sentecia. 14696, 2004). En el caso de la sentencia objeto de estudio, si bien es cierto se. trataba de una obligación de medio, pero pese a que era una cirugía de. reconstrucción de cadera, debido a la negligencia y falta de cuidado mientras se. realizaba el procedimiento, se quemó el glúteo a la paciente, configurándose así. los elementos de la responsabilidad médica, el daño (glúteo quemado), falla en. el servicio o culpa y nexo de causalidad.. De otra parte, se ha reiterado por el consejo de estado que la cirugía. estética y la obstetricia constituyen casos excepcionales de responsabilidad. médica que, por lo tanto, no se encuadran dentro de la categoría de las. obligaciones de medio sino en regímenes de responsabilidad más exigentes,. precisamente porque no se comparte el supuesto de hecho que justifique un. tratamiento uniforme, pues los médicos en estos casos, no actúan sobre. personas que presentan alteraciones a la salud sino sobre personas saludables. que buscan un resultado al cual el médico se compromete.. La importancia de determinar quién tiene la carga de la prueba en. materia de responsabilidad médica, radica en que, siendo el demandante quien. debe cumplir dicha carga, en el evento en el que no logre probar los supuestos. que fundamentan sus pretensiones de reparación, dichas pretensiones deberán. ser desestimadas; por el contrario, si se determina que existe la posibilidad de. invertir dicha carga en cabeza del demandado, será el equipo médico. demandado quien deberá demostrar que actuó con la debida diligencia y el. debido cuidado, y en caso de no probarlo, las pretensiones de la demanda. estarán llamadas a prosperar. . Es precisamente esta materia, sobre cómo distribuir la carga de la. prueba dentro de un proceso de responsabilidad médica lo que genera muchas. de las discusiones a nivel doctrinal y jurisprudencial, pues la doctrina tiene. varias posturas al respecto; por una lado la teoría general del proceso establece. varios criterios, entre ellos el que impone la carga de probar al demandante,. pero también al demandado si propone excepciones. Otra postura señala que. quien debe probar es quien hace una afirmación y exonera de la carga a quien. hace una negación; un tercer criterio establece que corresponde probar a aquel. que sostenga un hecho anormal y libera a quien afirma un hecho normal, pero y. ¿qué es normal y anormal entonces?. En términos generales se establece que. quien alega un hecho debe probarlo.. De igual manera el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. establece que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas. que consagren el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así las cosas de. conformidad con dicha legislación procesal civil, correspondía al demandante. probar los supuestos de hecho de las normas sobre las cuales fundaba sus. pretensiones. Entonces, en materia de responsabilidad médica, cuando el. demandante pretenda que se apliquen los efectos jurídicos de la. responsabilidad a la institución de salud y al médico, tendría la carga de proba. la negligencia, imprudencia, impericia o la violación de los reglamentos por. parte del médico y/o de la entidad de salud.. De otra parte, expone Azula Camacho, que para la distribución de la. prueba debe tenerse en cuenta la dificultad que existe para probar los hechos;. y por ello si bien en algunos eventos la carga de la prueba recae en la parte. determinada, esta se puede invertir en la contraparte, cuando sea esta quien. tenga mejor condición para probar (Azula Camacho, 1995). Lo anterior es lo. que se ha denominado como “carga dinámica de la prueba”, reglamentada en el. artículo 167 del Código General del Proceso, al establecer que “según las. particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir. la carga al decretar en cualquier momento del proceso antes de fallar, que la. parte que se encuentra en una situación más favorable para aportar la. evidencia o probar un hecho, lo haga”.. Se establece igualmente en el mismo artículo del Código General que se. considera una de las partes en “mejor posición para probar un hecho en virtud. de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de. prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido. directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de. indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras. circunstancias similares”. Con lo anterior, se podría decir que en los casos de. responsabilidad médica, la carga de muchas de las pruebas se distribuiría en. los médicos y las instituciones de salud, tal como jurisprudencialmente se ha. determinado que si bien la carga de la prueba en principio recae en la parte. demandante, se pude trasladar al demandado cuando considere que éste se. encuentra en mejor condición de probar.. Ahora bien, pese a lo expuesto anteriormente, respecto a la carga. dinámica de la prueba en lo que tiene que ver con responsabilidad médica, . jurisprudencialmente se presentan posiciones cambiantes y no existe. unanimidad sobre la misma; es así como la Corte Suprema de Justicia en. algunos de su fallos reitera la importancia de interpretar la responsabilidad. médica con cierta discreción, en la medida en que hacer que el médico soporte. cargas excesivas imposibilita el ejercicio de la profesión, y le impone la carga de. la prueba; pero en otros fallos ha señalado que el demandante debe probar la. culpa del médico, descartando la posibilidad de presumirla. (Exp. 5507, 2001). Dicha modalidad de carga procesal, fue empleada por el Consejo de. Estado para resolver casos de responsabilidad administrativa por la actividad. médica, en el período comprendido entre los años 1990 y 2006, dada la. dificultad que representaba para el paciente probar los hechos constitutivos de. la falla del servicio médico estatal. En su primera fase, la carga probatoria. dinámica fue utilizada pero con una inversión probatoria que se tornó estática,. es decir, la presunción permanente de la falla del servicio. Luego, se unificaron. conceptos para determinar que la carga dinámica probatoria debía ser aplicada. siguiendo sus lineamientos, y no a través de la petrificación de una regla de. prueba. Empero, en el año 2006 esta modalidad de carga procesal fue. abandonada para retornar a la falla probada, en la cual el accionante debe. probar todos los supuestos fácticos de la demanda. Así pues, el Consejo de Estado ha marcado una posición respecto a la. aplicación del principio de carga dinámica de la prueba en la responsabilidad. derivada de la prestación médica, estableciendo que la misma es una. excepción al principio de la culpa probada, en la que se determina que es el. demandante quien debe probar la falla en el servicio. Ha reseñado la. importancia al principio de carga dinámica de la prueba en la medida en que las. circunstancias técnicas y de conocimiento especializado que caracterizan el. actuar médico son desconocidas por el demandante e implican una dificultad. excesiva en su carga probatoria o en ocasiones incluso la imposibilidad de. ejercerla.. En ese sentido el Consejo de Estado ha presentado su criterio de. aplicación para la inversión de la carga probatoria, concluyendo que la. demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial será. carga de la parte demandante, a menos que aquélla resulte extraordinariamente. difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva.. Sólo en eventos como estos y de manera excepcional, la Sala ha considerado. procedente la inversión del deber probatorio. (Exp 15.283, 2006).. Precisa este alto tribunal que no se trata de una inversión total de la. carga de la prueba, y que no se quiere la inflexibilidad en la carga probatoria. que generaría una especie de culpa presunta en cabeza del médico, sino que. se busca que a partir del caso en concreto se defina la dificultad o imposibilidad. del demandante de cumplir con dicha carga. Idéntico pensamiento se tenía. desde la década de los sesenta, en esa corporación, cuando subrayaba que. algunos interrogantes eran de carácter profesional, técnico, especializado, a los. que el común de las personas no tienen acceso por falta de conocimiento y era. por lo que en estos eventos la carga de la prueba se traslada del paciente. común y corriente, lego e ignorante en la ciencia médica, a quienes son. expertos en la misma. (Sentencia 7274, 1992).. De igual manera, la sección tercera del Consejo de Estado en sentencia. del 30 de julio de 1992, (Expediente 6897, 1992) señaló abiertamente que la. administración pública sanitaria, en estos casos, se encuentra mejor capacitada. para probar que su actuar se ciñó a los lineamientos profesionales respectivos,. ya que el paciente, en la mayoría de los casos de intervenciones quirúrgicas, no. cuenta con los conocimientos ni los elementos necesarios para acreditar la. responsabilidad medico hospitalaria, afirmando que el demandado se encuentra. en mejor posición probatoria para certificar que su conducta fue ajustada a los. procedimientos técnicos y científicos indicados para cada caso en concreto,. pues son ellos quienes poseen los conocimientos profesionales para asumir la. carga probatoria. . En dicha sentencia, el Consejo de Estado estableció en primer lugar que. por regla general le corresponde al demandante demostrar los hechos y cargos. relacionado en la demanda, pero en muchos de los casos de intervenciones. médicas o quirúrgicas se presentan situaciones que hacen casi imposible al. paciente aportar las pruebas que le permitan demostrar la falla en que pudo. haber incurrido el sistema de salud, lo que se constituye en una barrera al. paciente obligado a probar aspectos científicos o técnicas profesionales sobre. las cuales se fundamentan los cargos por imprudencia, negligencia o impericia. formulados contra la entidad demandada. En atención a lo anterior, en segundo. lugar consideró el Consejo de Estado, que resulta beneficioso para la. administración de justicia, que en lugar de someter al paciente o su familia, a. demostrar que existieron fallas técnico-científicas en el servicio médico, fueran. los médicos, quienes resolvieran las inquietudes y cuestionamientos que se. generen en determinado proceso por su actuar, pues son ellos quienes cuentan. con el conocimiento técnico y científico, para demostrar que su actuar carece de. culpa. . Así las cosas, la tarea del juzgador es mucho más compleja y exigente,. pues es él quien debe establecer, en cada caso en concreto, cual es la parte. que se encuentra en condiciones más favorables para demostrar cada uno de. los hechos importantes o que requieren ser probados en relación con la. conducta del demandado para tomar una decisión de fondo. Es allí donde se. pone de manifiesto el principio de equidad como criterio auxiliar consagrado en. el artículo 230 Constitucional, en el marco de un proceso y con relación a la. carga de la prueba, en la que se debe de tener en cuenta que en determinados. casos es más fácil probar un hecho a una parte que a la otra.. En conclusión y como se ha podido observar, el Consejo de Estado, no. ha establecido de manera categórica que siempre sea la parte demandada, es. decir médicos e instituciones hospitalarias, a quienes se le impone el deber de. demostrar que actuaron en debida forma, porque todo se reduciría a exponer. que la falla en el servicio médico no debe ser probada por el demandante, sino. que debe ser desvirtuada por el demandado; es decir se estaría presumiendo. de entra la culpa del demandado. . Ahora bien, es importante recordar que en responsabilidad médica son. muchas las posibles formas de culpa. Porque puede ocurrir desde la tardanza. en la atención, hasta la falta de cuidados postoperatorios, pasando por. diagnósticos errados, impericia en el acto médico, el olvido de elementos. quirúrgicos dentro del paciente y, en general, cualquier incumplimiento de los. deberes principales y secundarios que van implícitos en el juramento. hipocrático, por ello cada caso debe ser analizado de manera particular y no es. posible generalizar respecto quien debe probar.. De igual manera debe recordarse que al médico no es dable exigirle. milagros ni imposibles; pero sí está obligado a conocer concienzudamente todo. lo relacionado con su profesión; a no intentar aquello que escapa a sus. posibilidades, a intervenir, poniendo al servicio de su ministerio todos los. conocimientos del caso, toda la diligencia, todo el cuidado, toda la prudencia,. idoneidad y diligencia en el ejercicio de su profesión. Por ellos el eje de la. responsabilidad médica gira sobre lo siguiente: hacer todo aquello que esté. indicado hacer, consideración habida al grado de progreso de los conocimientos. médicos y a los recursos disponibles en el correspondiente medio; y abstenerse. de hacer todo aquello que no deba hacerse, en atención a las mismas. circunstancias (Perez Vives, 1955). Lo anterior quiere decir, que El comportamiento del médico y de la. institución prestadora del servicio deben juzgarse a la luz de la “lex artis”, o. regla de la técnica de actuación de la profesión médica, esto es, de “las. características especiales de quien lo ejerce, el estado de desarrollo del área. profesional de la cual se trate, la complejidad del acto médico, la disponibilidad. de elementos, el contexto económico del momento y las circunstancias. específicas de cada enfermedad y cada paciente” (Sección Tercera, 1997). En. la misma sentencia se establece que a nadie puede exigírsele el don de la. infalibilidad, sino que se deber juzgar cada caso según la disponibilidad de. medios, el estado del arte y la posibilidad que tenía el médico tratante de. actualizar su conocimiento, porque “la falla del servicio no puede predicarse de. un estado ideal sino que debe ser relativa a las circunstancias concretas en que. dicho servicio se desarrolla”. REFERENCIAS. Devis Echandia, H. (1998). Compendio de Derecho Procesal. Pruebas Judiciales. Bogotá. ABC.. López Blanco, H. (2001). Procedimiento Civil. Pruebas. Bogotá: Dupre.. Uribe Holguin, Ricardo (1980) De las obligaciones y del Contrato en General. Bogota, Colombia:. Rosarista.. Sentencia 14696 (Consejo de Estado. Sección Tercera, MP. Maurico Gómez Fajardo. 1 de junio. de 2004). Azula Camacho, J. (1995). Manual de derecho procesal. Bogotá: Temis S.A.. Expediente 5507 (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. MP. José Fernando Ramírez. Gómez. 30 de enero de 2001.). Expediente 15.283 (Consejo de Estado. Sección Tercera. MP. Mauricio Fajardo Gómez. 13 de. junio 2006).. Sentencia 7274 (Consejo de Estado. MP. Daniel Suarez Hernández. 13 de agosto de 1992).. Expediente 6897 (Consejo de Estado. Sección Tercera. MP. Daniel Suarez Hernandez. 30 de julio. de 1992). Expediente 5099 (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 19 de Febrero de 1999). Perez Vives, A. (1955). Teoria Genral de la Obligaciones (Vol. III). Bogotá, Colombia: Temis.

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