Unificación Jurisprudencial Versus el Procedente Judicial 

UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL VERSUS. EL PRESEDENTE JUDICIAL. CARLOS ANDRÉS CÁRDENAS GÓEZ. CC. # 79781405 Bogotá D.C. TUTORA. DIANA ELIZABETH ZULUAGA. POSGRADO.. ESPECIALIZACIÓN. DERECHO ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.. POSGRADOS – DERECHO. MEDELLÍN – ANTIOQUÍA. 2014.. UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL VERSUS. EL PRESEDENTE JUDICIAL. A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, en su. (artículo 1 CN) en el cual señala que: “Colombia es un Estado social de. derecho organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con. autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativas y. pluralista, fundada en el respecto de la dignidad humana, en el trabajo y. la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del. interés general” 1. De igual manera en su (artículo 113 CN) señala que:. “Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial.. Además de los órganos que la integran existen otros autónomos e. independiente, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero. colaboraran armónicamente para la realización de sus fines” 2. A partir de dichos postulados constitucionales, se viene construyendo en. Estado social de derecho democrática colombiano, donde las. organizaciones del Estado deben contribuir día tras día en la cimentación. de un Estado más garantista de los derecho fundamentales de los. ciudadanos, teoría que se consolidaba en que la Constitución es norma de. norma tal lo señala en (artículo 4 CN), de igual forma se afirmaba que los. 1 Constitución Política De Colombia de 1.991 – Principios y Fundamentos Del Estado Colombiano – Legis.. 2 Constitución Política De Colombia de 1.991 – La estructura del Estado – Legis. 2. jueces solo están sometidos al imperio de la ley (art. 230 CN), en tanto se. considera que los jueces podían aplicar la doctrina probable cuando. concurrían las siguientes características: “La doctrina probable pude ser. definida como una técnica de vinculación al precedente después de. presentarse una serie de decisiones constantes sobre el mismo punto. Esta. técnica tiene antecedentes en el derecho romano en lo que se llamaba la. perpetuo similiter judicatarum. En Colombia, como se indica en la. Sentencia C-836 de 2001, la figura tuvo origen en la doctrina legal más. probable, consagrada en el artículo 10º de la Ley 153 de 1887.. Posteriormente en la Ley 105 de 1890 se especificó aún más los casos en. que resultaba obligatorio para los jueces seguir la interpretación hecha. por la Corte Suprema y cambió el nombre de doctrina legal más probable. a doctrina legal. Finalmente en el artículo 4º de la Ley 169 de 1896. estableció el artículo vigente de la doctrina probable para la Corte. Suprema de Justicia”3.. En Sentencia C-634 de 2011 la Corte Constitucional ha planteado que la. interpretación de la ley a la cual hace mención la constitución en su artículo. 230, significa para la jurisprudencia que la sujeción de la actividad judicial. a la ley no puede entenderse en términos reducidos con una aplicación de la. legislación de manera escrita, sino en la “(…) aplicación del conjunto de. normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la. interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual. informa la totalidad del ordenamiento jurídico”. Ahora bien la figura de extensión de las sentencia unificadas en lo. contencioso administrativo, puede ser un instrumento muy poderoso en la. defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, mecanismo. 3 C-537-10 - Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PÉREZ - expediente D-7942. 3. introducida en la reforma del código de procedimiento administrativo y de. lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011); cuya figura tiene por. objetivo extender los efectos de una sentencia unificada dictada por el. Consejo de Estado, en procura de la defensa de derechos de ciudadanos que. la se asemejen supuestos facticos y jurídicos.. La extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado es una figura. jurídica contemplada en el artículo 102 de la ley 1437 de 2011 (código de. procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. C.P.A.C.A), por medio de la cual se busca lograr la efectividad y la igual. de los derechos de los administrados por parte de la administración.. Por medio de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado las. personas podrán solicitar a la autoridad administrativa correspondiente, que. se les extiendan los efectos de una sentencia de unificación, en la cual se. haya reconocido un derecho; quien solicite la extensión de la jurisprudencia. deberá acreditar los mismos supuestos fácticos y jurídicos que sustentaron. la sentencia de unificación.. La extensión de las sentencias de unificación, sino de un registro del tema. en general y como un todo, a continuación se hará un relato que. comprenderá tres normas básicas: los artículos 10, 102 y 269 del código. vigente.. El artículo 10 de nuevo código consagró como deber de las autoridades el. aplicar la normatividad pertinente “de manera uniforme a situaciones que. tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos”. La perogrullada de esta. disposición solo se justifica por la introducción de la segunda parte de la. norma en parte también obvia, en virtud de la cual es también deber de las 4. autoridades “tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial. del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas. normas”.. La obviedad consiste en que: i) al ejercer el poder, las autoridades no. pueden hacer cosa distinta de lo que las normas disponen, pues el ejercicio. de sus competencias se encuentra igualmente reglado (arts. 7 y 121 de la. Constitución). Basta entonces recordar el contenido del principio de. igualdad en su acepción más básica igualdad ante la ley o igualdad de trato,. para entender que el mismo ha de incorporarse siempre en el ejercicio de. competencias regladas y, como consecuencia de ello, aplicar las mismas. normas a hechos semejantes. Así mismo ii) la existencia de órganos. autorizados para señalar el entendimiento que debe darse a una norma que. en su aplicación resulte compleja, apareja tomarse en serio dicha autoridad,. so pena de generar un costo alto en términos de seguridad jurídica, pues la. alternativa es que cada órgano de aplicación le dé su propia (mejor). interpretación a la norma.. A la postre el usuario de la administración es el que sufre las consecuencias. de la desigualdad del trato otorgado merced a los manes de la. hermenéutica. Pero esta obviedad ha sido permanentemente desatendida. por las autoridades encargadas de resolver asuntos de su competencia sobre. casos semejantes, como se constata con el aumento de la litigiosidad en. materia laboral, en donde a pesar de la existencia no solo de normas. suficientes para resolver los conflictos, sino particularmente de una. consolidada línea jurisprudencial en temas como pensiones, prestaciones y. salarios, la administración continúa haciendo caso omiso a tales mandatos.. 5. Las voces autorizadas de dos miembros de la comisión redactora del. Código: Luis Fernando Álvarez, y Augusto Hernández Becerra. Para el. primero “con esta disposición se busca, por una parte, que la. administración decida de manera igual aquellas situaciones que presentan. circunstancias idénticas;4 y por otra, que el servidor público tenga la. obligación de decidir lo ya resuelto por la justicia, evitando que el. ciudadano deba acudir ante el juez para buscar un fallo sobre una situación. que ya ha sido judicialmente resuelta. Con esta disposición sustancial, que. se encuentra debidamente desarrollada a través de un procedimiento. administrativo detalladamente regulado y un proceso judicial también. adecuadamente reglamentado, se busca proteger los derechos de los. asociados y evitarles que tengan que acudir ante la justicia para buscar. decisiones sobre asuntos ya resueltos por esta (…) En síntesis, es. importante recalcar que el procedimiento administrativo tiene que buscar. un objetivo, y el objetivo es que el ciudadano no tenga que ir ante el juez. para resolver los problemas que se plantean ante la administración. Como. sucede en el derecho comparado, el éxito del nuevo procedimiento. administrativo, dependerá de que se logre disminuir la necesidad que tiene. el ciudadano de acudir a la sede judicial para resolver sus conflictos. administrativos. Ese es el primer reto de la nueva regulación” Y para el. segundo “el desarrollo de la doctrina del precedente jurisprudencial que se. propone en la Ley 1437 contribuirá a garantizar de mejor manera el. derecho colectivo a la seguridad jurídica, la certidumbre en el derecho de. cada quien y la procedibilidad de los fallos judiciales. Su aplicación en sede. administrativa redundará, por tanto, en mejor servicio, en eficaz garantía de. los derechos de todas las personas, en disminución de la litigiosidad. originada en actos ilegales y, por tanto, en menor congestión de la justicia”.. 4 La realización del principio de igualdad y el respeto general debido por la administración al ordenamiento jurídico, son aspectos que también se destacan como finalidad de la extensión de la jurisprudencia.. 6. Por su parte el artículo 102 instituyó la petición especial de la extensión de. las sentencias de unificación en adelante: petición especial, la que además. de cumplir los requerimientos generales del derecho de petición, exige,. esencialmente, i) una justificación razonada que no es otra que la solicitud. del reconocimiento de un derecho a partir de la existencia de un fallo. unificado del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, como. adelante se verá que igualmente reconoce un derecho, caso que el. peticionario considera igual al suyo y por lo mismo susceptible de ser. extendido en su favor; ii) las pruebas que pretende hacer valer y iii) la. identificación precisa del fallo objeto de extensión.. Existen solo tres razones por las que la administración puede negar la. solicitud especial de extensión de una sentencia de unificación, lo que. permite afirmar que la regla es que la petición se conceda salvo esos tres. casos, que son, en síntesis los siguientes: i) que el peticionario no tenga el. derecho solicitado, ii) que el tema de que trata la jurisprudencia cuya. extensión se pide no sea igual a la que es objeto de solicitud y iii) que la. administración no esté de acuerdo con la interpretación dada por el Consejo. de Estado en el fallo correspondiente.. Sin perjuicio de lo que adelante se dirá en torno a la primera causal de. rechazo de la petición de extensión de una sentencia de unificación debate. dogmático, por ahora se destaca el hecho de que la misma lo que trata es de. verificar que el solicitante está realmente amparado en normas jurídicas. para hacer valer su pretensión sustancial a través de la petición de. extensión de la jurisprudencia. Por ejemplo, si lo pretendido es el. reconocimiento de una pensión de jubilación, es deber de la administración. constatar que el peticionario cumple con todos los requisitos exigidos para. 7. el efecto, tales como la edad, el tiempo de servicio y las semanas de. cotización. Y allí puede encontrarse que, en efecto, el solicitante no tenga. derecho a la pensión porque no cumple aún con alguno de los requisitos. legales exigidos.. Los precedentes son herramientas jurídicas, mediante las cuales los jueces. toman decisiones basadas en casos ya tratados con anterioridad, y con los. que se guarda una relación de semejanza. Con ello, se entiende que éstos –. los precedentes - no son creados de la noche a la mañana, sino que se van. dando durante el correr del tiempo, siempre en relación a los casos que se. vayan presentando.. Ante ello, tenemos tres consideraciones a tomar. La primera de ellas, es que. con los precedentes se producen normas obligatorias aunque se aparte de la. ley, en ese sentido asumimos que en una sociedad tan cambiante como en. la que nos encontramos hoy en día, las situaciones que se presentan en un. caso determinado, muchas veces desobedece la lógica que se perseguía en. la decisión de una sentencia anterior respecto al mismo tema en conflicto,. provocando que el resultado de esta decisión sea distinta ahora.. Una segunda consideración a tomar, es que son frutos de estándares. preexistentes y creaciones de otros nuevos. Acá podemos poner el ejemplo. del caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la cual, debido a la. naturaleza jurídica en la que se desenvuelve su aparato jurídico, sus. decisiones se rigen en estricto a decisiones ya declaradas con anterioridad. sobre determinados temas, haciendo muy poco probable que se pronuncien. de manera distinta.. 8. Y, en tercer lugar, por un tema más de índole social, podemos decir que la. ideología y moral se conjuga con el Derecho preexistente para dar lugar a. decisiones, como otros órganos de producción. Sin embargo ello no. siempre es así, ya que, a causa de la diversidad cultural que existe en. nuestro país, un juez en una determinada provincia, cuya realidad cultural. es otra, podría ocurrir que la decisión que él tome no necesariamente estará. ligada al precedente del tema en conflicto, ejerciendo su discrecionalidad. para el caso en concreto.. Con ello podemos inferir que no existe precedente vinculante como tal, en. estricto. Lo que se busca con el precedente en nuestro país es algo distinto.. Se comete el error de leerlo de manera “romana”, de acuerdo a nuestra. naturaleza jurídica, a cómo funciona nuestro ordenamiento, siendo su. creación en la rama anglosajona; sin embargo, consideramos que lo que se. debe realizar es una lectura crítica; ya que el precedente es también toda. sentencia, declarada por los Tribunal y las altas Cortes, que busca justicia. en un caso futuro.. La teoría del precedente judicial en los actuales momentos ha resultado ser. una herramienta de gran valor y así lo viene aceptando nuestro sistema. jurídico. Esa teoría permite desarrollar el derecho constitucional, penal y. procesal penal, entre otros, mediante una correcta aceptación de la. jurisprudencia comparada.. Uno de los objetivos específicos, en establecer líneas jurisprudenciales y. localizar sus reglas estructurales, es lograr ubicar una decisión judicial,. dentro de la pertinencia de una línea jurisprudencial y por otra parte,. 9. manejar la teoría del precedente es establecer cuando se está frente a una. “ratio decidendi , obiter dicta o decisum”, permitiendo y desarrollando. habilidades, destrezas, conocimientos y valores para la interpretación y. aplicación directa de la constitución política, y con más razón dentro del. sistema penal acusatorio , de índole oral - adversarial.. En Colombia la idea de control de constitucionalidad fue adoptada en 1910,. pero con la llegada de la constitución política de 1991, se dota al intérprete. de mecanismos o herramientas para realizar su actividad, dentro del marco. del estado social y democrático de derecho, que compromete la garantía. real de los derechos fundamentales como uno de los fines del estado.. Una corriente jurídica surgida a partir del año 1995, veía en la. jurisprudencia una fuente principal del derecho, y fue así como la sentencia. C-083 del 1º de marzo de 1995, con la ponencia del doctor Carlos Gaviria. Díaz, aunque considera la jurisprudencia como un criterio auxiliar, precisa. dicho fallo lo que debe entenderse por doctrina constitucional, contenido en. el Artículo 8° de la Ley 153 de 1887. con posterioridad emergió la. sentencia T-123 de marzo 21 de 1995, con ponencia del magistrado. Eduardo Cifuentes Muñoz por lo que se expresa la necesidad de que casos. iguales recibieran una trato igual por parte de los jueces, asegurando a la. vez, la unidad argumentativa y doctrinal y en este fallo se acota, es donde. se habla "precedente", considerando como tales aquellas decisiones. judiciales de las altas cortes que, si han sido tomadas en un determinado. sentido, deben seguir aplicándose en ese mismo sentido, por cuanto se ha. formado una llamada línea jurisprudencial, en que solo es aceptable la. decisión aparte de ella, si se la justifica de manera suficiente y adecuada.. Pero solo será en la sentencia SU-047 de 1999, donde se hablará. exclusivamente de lo que debe entenderse por figura del precedente. 10. judicial, con las naturales recomendaciones para el juez constitucional, de. que sus decisiones deben llevarnos a una seguridad jurídica; a la protección. de la libertad ciudadana, el principio de igualdad y un mecanismo de. control de la propia actividad judicial.. La teoría del precedente judicial en Colombia es importante por cuanto la. motivación razonada de las providencias judiciales; una aplicación al caso. concreto jurisprudencial unificada; el desarrollo del derecho a través de los. cambios jurisprudenciales; el conocimiento por parte de la sociedad o. comunidad de las decisiones judiciales y el respeto a los principios de. seguridad e igualdad jurídica.. El precedente judicial es de gran ayuda en la interpretación de la norma. jurídica y ponemos un ejemplo, supongamos que se discuta si la entrevista. a un imputado por parte de policía judicial en el sistema penal acusatorio. constituya medio de conocimiento o de prueba y por ende, que se pueda. valorar como elemento material probatorio.. Como una puede ser la posición de la defensa, otra la de la fiscalía y otra la. del juez de control de garantías, la línea jurisprudencial en este caso sería. de gran ayuda para el operador de justicia y las partes en la tesis que se. debe aceptar. Invitamos a los nuevos abogados que se inician en estas lides. estudiar también el precedente judicial de una norma, como herramienta de. ayuda en la interpretación de la ley.. PRECEDENTE JUDICIAL DICTADO POR LAS ALTAS CORTES-Obligación de las autoridades públicas. Todas las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa. 11. sujeción, las autoridades administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional. La anterior afirmación se fundamenta en que la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a la buena fe de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política.5. 5 Sentencia C-539/11 - Magistrado Ponente: LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA - expediente D-8351 12

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