GOBERNANZA LOCAL CON
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
EN EL CONSEJO COMUNITARIO
LA PLATA - BAHÍA MÁLAGA,
GOBERNANZA LOCAL CON TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL CONSEJO COMUNITARIO LA PLATA ‐ BAHÍA MÁLAGA, PACÍFICO COLOMBIANO
CONTENIDO
RESUMEN ... 6
INTRODUCCION – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ... 7
1. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN – MARCO DE ANTECEDENTES ... 9
1.1. Comunidades negras, unidad familiar, perspectiva de género y participación de las mujeres9 1.2. Titulación colectiva para las comunidades negras ... 11
1.3. Territorio, Consejo Comunitario y Gobernanza ... 13
2. MARCO CONCEPTUAL ... 14
2.1. Gobernanza y género ... 14
2.2. Transversalidad de Género ... 15
2.3. Recursos de uso comunitario ... 16
2.4. Sistemas Socio ecológicos ... 17
2.5. Características Consejos Comunitarios ‐ Comunidades Negras ... 18
3. METODOLOGÍA ... 19
4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO ... 22
4.1. Características biofísicas y demográficas ... 22
4.2. Necesidades Básicas ... 25
Salud ... 26
Educación y atención a la primera infancia. ... 27
Energía ... 28
Agua potable ... 29
Aguas residuales ... 29
Residuos sólidos ... 30
Comunicaciones ... 30
Transporte ... 31
4.3. Espacios de usos del territorio ... 31
4.4. Medicina tradicional, tradiciones culturales y religión ... 31
4.5. Zonificación del territorio colectivo: áreas de conservación ... 32
El Parque Natural Regional (PNR) La Sierpe ... 33
El Distrito de Manejo Integrado (DMI) La Plata ... 33
El Parque Nacional Natural (PNN) Uramba‐Bahía Málaga ... 33
4.6. Caracterización del Consejo Comunitario La Plata – Bahía Málaga: organización y análisis del Consejo Comunitario, a la luz de los ocho principios establecidos por Ostrom (2009) ... 34
5. PARTICIPACION CON TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA GOBERNANZA DEL TERRITORIO .... 43
5.1. Administración del consejo comunitario: cargos y control ... 43
5.2. Participación de hombres y mujeres en los procesos de conformación del consejo comunitario, titulación del territorio colectivo y planes de manejo de las figuras de conservación regional y nacional ... 49
6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, RELACIÓN CON GÉNERO Y GOBERNANZA EN CADA UNA DE LAS VEREDAS DEL TERRITORIO COLECTIVO ... 53
6.1. Principales actividades productivas ... 54
6.2. Prácticas tradicionales de producción ... 56
6.2.1. Recolección de Piangua (Anadara tuberculosa y Anadara similis) ... 56
6.2.2. Pesca ... 62
6.2.3. Corte de Madera ... 64
6.2.4. Cacería ... 66
6.2.5. Agricultura ... 67
6.3. Relación entre actividades productivas y gobernanza con transversalidad de género ... 67
7. CONCLUSIONES ... 68
8. RECOMENDACIONES ... 72
BIBLIOGRAFIA ... 73
ANEXOS ... 77
Lista de Tablas
Tabla 1. Configuración de comités veredales en el territorio colectivo La Plata‐Bahía Málaga. Información tomada de las actas celebradas en cada una de las veredas y validadas por cada comunidad (Fundación Simbiosis, CI, 2012).
Tabla 2. Composición de la junta directiva según el género, del Consejo comunitario La Plata– Bahía Málaga en el año 2003
Tabla 3. Composición de la junta directiva según el género, del Consejo comunitario La Plata– Bahía Málaga en el año 2006
Tabla 4. Participación de los consejos comunitarios de Juanchaco, Ladrilleros, Puerto España‐ Miramar, La Barra y la comunidad negra de la Plata‐Bahía Málaga según el género, en la socialización del proceso de consulta previa en el 2009
Tabla 5. Participación de los consejos comunitarios de Juanchaco, Ladrilleros, Puerto España‐ Miramar, La Barra y la comunidad negra de la Plata‐Bahía Málaga según el género, en el acta de protocolización del proceso de consulta previa en el 2009
Lista de Figuras
Figura 1. Comparación de la distribución de las áreas en la cuenca del Pacífico, antes y después de la ley 70 de 1993. Fuente INCODER, 2009.
Figura 2. Mapa político del territorio colectivo de la comunidad negra de La Plata‐Bahía Málaga. Tomado del Código de Régimen Interno del 2003. Ubicación de las veredas del estudio, Mangaña (amarillo), La Plata (rojo), Miramar (azul) y La Sierpe (morado).
Figura 3. Número de familias por comunidad. Fuente: INCODER 2012
Figura 4. Proporción por sexos en la población total del Consejo Comunitario de Bahía Málaga Figura 5. Distribución por rango de edad de la población del Consejo Comunitario de Bahía Málaga Figura 6. Fotografía puesto de Salud de la vereda de La Plata
Figura 7. Fotografía puesto de salud de la vereda La Sierpe
Figura 8. Fotografía de las escuelas de las veredas La Plata y La Sierpe
Figura 9. Fotografía del salón comunal donde funciona la escuela de la vereda Miramar y escuela de la vereda Mangaña
Figura 10. Estufa y pipa de gas utilizada en Miramar y fogón de leña en Mangaña
Figura 11. Fotografía casas típicas palafíticas de la vereda La Plata y casa de material sobre el suelo de la vereda Miramar
Figura 12. Fotografía de las formas domesticas de cultivar las hierbas medicinales
Figura 13. Diagrama de relacionamiento de actores desde la perspectiva de la comunidad La Plata – Bahía Málaga.
Figura 14. Organigrama para el territorio colectivo del consejo comunitario de La Plata‐Bahía Málaga, según el código de régimen interno 2003 y modificado por la autora de acuerdo con la actualización de los órganos de gobierno.
Figura 15. Comparación de la cantidad y el tipo de cargos ocupados por hombres y mujeres en los consejos comunitarios de cada vereda.
Figura 16. Cantidad de cargos y tipo de cargos desempeñados por hombres y mujeres en el Consejo Comunitario La Plata‐Bahía Málaga en el Pacífico Colombiano.
Figura 17. Actividades Productivas del Consejo Comunitario La Plata Bahía Málaga y porcentaje de la población que se dedican a ellos.
Figura 18. Porcentaje de tiempo invertido a las principales actividades económicas de la región en cada vereda.
Figura 20. Fotografía de Mujer y niña extrayendo piangua
Figura 21. Fotografía de canoa o potrillo en la que se transporta el grupo de extractores de la piangua y canastas artesanales y baldes para recolectar el producto
Figura 22. Extracción de la Piangua, distribución por género en la Plata‐Bahía Málaga y énfasis en cada uno de los géneros con número total de quienes se dedican y quienes no a la recolección de Piangua, a. Énfasis en Hombres y b. Énfasis en mujeres.
Figura 23. Porcentaje de la cantidad de hombres que se dedican a la extracción de Piangua de acuerdo a la edad.
Figura 24. Porcentaje de la cantidad de mujeres que se dedican a la extracción de Piangua de acuerdo a la edad.
Figura 25. Comparación de la distribución por género de personas dedicadas a la extracción de Piangua en porcentaje en cada una de las veredas del estudio.
Figura 26. Comparación entre las veredas en estudio de la cantidad de hombres y mujeres recolectores de piangua por edad.
Figura 27. Número de personas de las comunidades de La Plata, La Sierpe, Miramar y Mangaña de Bahía Málaga que realizan actividades económicas importantes diferentes a la piangua
Figura 28. Fotografía de pesca con trasmallo y atarraya Figura 29. Fotografía de pescador de empalizada
Figura 30. Fotografía de corte de árboles con motosierra y de bloques de madera in situ Figura 31. Chorizo de trozas y chapas (trozas desenrolladas)
RESUMEN
El tema principal del presente trabajo es el análisis de la gobernanza del territorio colectivo adjudicado a una comunidad negra del Pacífico colombiano, con un enfoque de transversalidad de género, desde su constitución y la evolución en los últimos 10 años. Se tuvo en cuenta como estudio de caso al Consejo Comunitario de la comunidad negra La Plata‐Bahía Málaga (departamento del Valle del Cauca), el cual fue constituido en el año 2003, con 7.713 hectáreas de territorio de titulación colectiva hasta diciembre del 2012, fecha en la cual el territorio se amplió hasta 38.037.13 Ha (resolución 2802 INCODER 2012), por gestión de la comunidad; actualmente se encuentra integrado por 153 familias, 579 personas.
Como objetivo general se propuso determinar el grado de participación y contribución de hombres y mujeres en el desarrollo de la capacidad de autodeterminación, autonomía y estructuración de los elementos relevantes en el sistema de gobernanza del Consejo Comunitario de la comunidad negra de La Plata – Bahía Málaga.
La gobernanza del territorio colectivo de la comunidad negra La Plata‐Bahía Málaga del Pacífico Colombiano, se entiende como el mecanismo institucional informal que conecta actores públicos con los privados y el gobierno, mediante la construcción de consensos que dan forma a las decisiones y acciones al interior del territorio colectivo.
INTRODUCCION – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La planeación de los territorios y la construcción de los instrumentos como los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo municipal y departamental, deben obedecer a las condiciones propias de sus comunidades y a la dinámica del territorio para su gobernabilidad. En Colombia existen en la constitución Nacional de 1991, derechos y deberes para los territorios indígenas, bajo el esquema de cabildos y para los territorios colectivos titulados a las comunidades negras, bajo el esquema de consejos comunitarios. Esta última figura, muy joven en la historia de la planeación y administración del territorio en Colombia, tiene características propias que deben ser analizadas y comprendidas para estructurar una propuesta de ordenamiento y desarrollo territorial para la región Pacífica de Colombia y en particular para la interacción y redes que genera con las administraciones locales, regionales y nacionales.
Lo que se ha observado en las visitas realizadas al consejo comunitario del territorio colectivo de La Plata – Bahía Málaga y en el desarrollo de propuestas con la comunidad, es que hay diferencias de género en la gobernanza de este territorio, lo cual a su vez parece estar relacionado con las divisiones de género en los ámbitos doméstico y productivo. Los hombres tienen una amplia participación en los espacios públicos, lo cual se ha facilitado por sus muy bajas o nulas responsabilidades en el ámbito doméstico, e incluso a veces en el productivo, con dedicación exclusiva a la administración del territorio pero sin remuneración por esta tarea. Esto les ha permitido fortalecer su participación en la toma de decisiones en la comunidad y en la interlocución con las entidades estatales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, entre otros.
Por su parte, las mujeres han tenido una baja participación en los talleres y reuniones que el Consejo Comunitario ha llevado a cabo con las entidades del Estado y ONGs para tomar decisiones relacionadas con la planeación o la inversión en el territorio colectivo. Esta baja participación ha estado relacionada con las principales responsabilidades femeninas en este territorio, como son las domésticas y algunas productivas, con la responsabilidad casi exclusiva de la consecución de los recursos para lograr una adecuada alimentación para su grupo familiar. La diferenciación por géneros en las actividades productivas, se evidencia en que para la mujer se privilegia la extracción de la piangua y en algunos casos se complementa con la pesca, mientras que los hombres se dedican a la pesca, la extracción de la madera y la cacería, aunque la tendencia en los últimos años es el aumento en la participación de hombres en las actividades de extracción de la piangua. En la cacería, “las mujeres solo acompañan con la preparación de los alimentos” de acuerdo con lo expresado por algunos hombres de la comunidad. La participación de las mujeres en las actividades productivas ha implicado a su vez una mayor participación y empoderamiento de ellas en las discusiones, toma de decisiones y acuerdos de estrategias a nivel comunitario, que afectan el ámbito productivo en el cual ellas se desempeñan, como la ordenación del recurso piangua, las actividades eco‐turísticas como la Ruta de la piangua y los senderos ecológicos, ámbitos en los cuales la participación de mujeres y jóvenes es mayor que la de los hombres.
se generan en la arena del territorio y los profundos cambios en la noción de autoridad, que según Hoffman (2007), pasó de ser tradicional, dispersa y policéfala, como respuesta a la alta movilidad de los hombres durante algunas temporadas del año, a ser legal y organizada. Previamente, la organización para la administración comunitaria, de estos territorios, como en el resto del país, se caracterizaba por las Juntas de Acción Comunal, las cuales tenían un radio de acción limitado sin autoridad sobre el territorio.
Estos escenarios con diferencias de género para la toma de decisiones en el ámbito productivo y en el de inversión y planeación del territorio, claramente determinan rutas no convergentes para la gobernanza del territorio colectivo en el sentido que los hombres toman unas decisiones y las mujeres otras, pero aparentemente no hay diálogo entre los grupos, imposibilitando la construcción de consensos para la toma de decisiones y acciones al interior del territorio colectivo.
Teniendo en cuenta todos estos hechos, que han sido observados en campo y no han sido aún sistematizados ni analizados con el fin de entender las dinámicas de género en los procesos de gobernanza del territorio colectivo del Consejo comunitario La Plata‐Bahía Málaga, se propone en el presente trabajo un análisis de la gobernanza con un enfoque de transversalidad de género o “mainstreaming gender” que implica entender no sólo cómo hombres y mujeres participan diferenciadamente en la gobernanza, sino también qué elementos determinan que esto sea así, como por ejemplo, la interrelación entre los diferentes ámbitos (productivo, reproductivo, comunitario, político y cultural) y la participación diferenciada por género en dichos ámbitos.
El principal componente de la gobernanza analizado en este trabajo, es el de la autodeterminación o autonomía, dado que fue establecido en el código de régimen interno del Consejo Comunitario de La Plata‐Bahía Málaga como el principio fundamental de la gobernanza del territorio colectivo. Su artículo quinto reza: “fundamentados en nuestra particularidad étnica y cultural como pueblo y en las normas especiales que nos amparan, nos administramos por nosotros mismos, dentro de un marco de relación horizontal con las instancias de Gobierno del Estado Colombiano que somos parte” (Carabalí, 2005). Según Semper (2006), este principio de autodeterminación o autonomía, se entiende como “la capacidad de un grupo de darse forma de organización social, económica y políticas propias, poseer el derecho a designar autoridades propias, diseñar sus relaciones en virtud de sus tradiciones y sus actividades económicas, preservar su lenguaje, poseer formas de educación y salud propios”.
Las preguntas que surgieron para este trabajo fueron: ¿qué tanto hombres y mujeres han participado y contribuido en el desarrollo de la capacidad de autodeterminación o autonomía en el Consejo Comunitario La Plata‐Bahía Málaga?, ¿cómo se ha dado esta participación y contribución diferenciadas por género? y ¿qué factores han determinado esto? Como objetivo general se propuso para este trabajo determinar el grado de participación y contribución de hombres y mujeres en el desarrollo de la capacidad de autodeterminación, autonomía y estructuración de los elementos relevantes en el sistema de gobernanza del Consejo Comunitario de la comunidad negra de La Plata – Bahía Málaga. Como Objetivos Específicos se plantearon:
‐ Analizar con transversalidad de género cada una de las etapas (antes y durante) de la construcción e implementación de los instrumentos de planeación para la administración del territorio colectivo.
‐ Identificar los mecanismos y estrategias para la toma de decisiones colectivas y sistemas de control en las instancias de la Asamblea General, Junta Directiva del Consejo Comunitario y comités funcionales y veredales, y analizarlos utilizando el enfoque de la transversalidad de género, en los procesos de gobernanza local.
‐ Analizar la interrelación entre las actividades productivas, domésticas y comunitarias y su incidencia en la participación de hombres y mujeres en las decisiones en el territorio.
Lo que se realizó para responder las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos propuestos, fue un acercamiento, a través de distintas instituciones como Fundación Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales del Chocó Biogeográfico “Simbiosis”, la Organización No Gubernamental “Conservación Internacional” y la Pontificia Universidad Javeriana, a la comunidad del Consejo Comunitario de La Plata – Bahía Málaga durante los años 2012 y 2013; este acercamiento se realizó con talleres, encuestas, entrevistas, etc. las cuales permitieron conocer acuerdos, mecanismos de trabajo y toma de decisiones al interior del Consejo Comunitario.
1. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN – MARCO DE ANTECEDENTES
1.1. Comunidades negras, unidad familiar, perspectiva de género y participación de las mujeres Como antecedente de gran importancia para la generación de conocimiento en este tema, se destaca El Plan Pacífico (1993/1994), en el cual el enfoque de género permitió identificar nuevas dinámicas de intervención al interior de las estrategias culturales de adaptación seguidas por la población, estrategias que se manifestaron en una acentuada movilidad regulada institucionalmente por el sistema de relaciones sociales y de parentesco entre las diferentes veredas asentadas a lo largo del territorio.
comprender la capacidad que han tenido las comunidades para afrontar las variaciones en su estructura social e incluso familiar generadas por la declaratoria de la ley 70 de 1993 (Escobar, 2010; Motta, 1995; Florez, 2007). En este aspecto, autores como Claudia Mosquera (2007), resalta que si bien es cierto fue un avance significativo el reconocimiento de Colombia como país pluriétnico y multicultural, se interpreta las comunidades étnicas como cohesionadas, armónicas y monolíticas y resalta que el concepto de etnia ha sido originado a partir de lo indígena, generando una confusión para los afrocolombianos al asumir una “identidad imaginada”proyectada y construida de acuerdo a una noción pre‐establecida de “multiculturalidad de estado”. Adicionalmente se reconoce la pedagogia de la alteridad, para las comunidades negras rurales, como un proceso orientado a la apropiación del contenido, implicaciones y alcances del proceso de titulación colectiva (Martínez, 2010) y las dinámicas que le imprimen los actores de acuerdo con sus interpretaciones, costumbres y nuevas propuestas de autoridad y autogobierno.
Una recopilación bibliográfica realizada por Camacho (2004) da cuenta de que los estudios antropológicos de mujeres negras comenzaron en los años ochenta y se centraron, en gran parte, en el papel de mujeres, en la familia extensa y el parentesco. En los años noventa, con el auge por la conservación, biodiversidad y desarrollo, se despierta un interés importante por incorporar los estudios de género, pero básicamente asimilando el término género a mujer. Los estudios de identidades masculinas negras de género han sido escasos, siendo la antropóloga Mara Viveros en Escobar (2010) pionera en el análisis de la masculinidad en Colombia con referencias a las identidades negras.
En las comunidades negras del litoral pacífico las tres características que determinan las dinámicas de género han sido: la matrifocalidad del parentesco, explicada en términos de la dinámica de la esclavitud, y en donde la mujer además de ser el eje de la familia es también la fuente principal de ingresos, y participa en actividades y organizaciones comunitarias locales; la poliginia (también explicada en términos semejantes); y la complementariedad de género de las tareas (Motta, 1995; Camacho, 2004; Escobar, 2010).
Varios autores entre los que se destacan Escobar (2010), Camacho (2004) y Florez (2007) reconocen el perfil excepcionalmente alto de las mujeres en algunos sectores del movimiento negro del Pacífico, particularmente en el caso del Programa de Comunidades Negras (PCN), donde las mujeres se destacan como líderes en todos los niveles, en contraste con muchos otros movimientos étnicos y populares. Sin embargo, dentro del PCN la lucha de las políticas de las identidades negras no se ha traducido en una articulación explícita con la dimensión de género. Según Florez (2007) esta debilidad debe analizarse integralmente, ahondando especialmente en las “tácticas de des‐sujeción” para trascender las fronteras de la identidad negra, teniendo en cuenta las estrategias utilizadas por las activistas para posicionarse y las prácticas diarias que perturban los patrones culturales de género.
incluyendo la especialización del conocimiento por género, mujeres y hombres tienen tareas complementarias según sus respectivos conocimientos y sus roles. Mientras los hombres se destinan a las tareas que requieren fuerza física y mayor tiempo lejos del ambiente familiar, las mujeres están encargadas de los aspectos productivos y del espacio doméstico, asegurando así la socialización y la integración de la familia, el sentimiento de pertenencia a un lugar y la identidad cultural (Escobar, 2010).
En términos de la participación de las mujeres a nivel mundial, la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 expresó que “sin la activa participación de las mujeres y la incorporación en todos los niveles de decisión las metas de igualdad, desarrollo y paz no pueden ser alcanzadas”. Por su parte, la FAO (2007), ha establecido que la participación como proceso social por medio del cual los distintos integrantes de la población, en función de los intereses propios (clase, grupo y género, entre otros), intervienen directamente y por medio de sus representantes en la implementación de los distintos aspectos de la vida colectiva, presenta como debilidad más significativa, la carencia de participación femenina en los procesos de toma de decisiones que están relacionados con sus vidas y comunidades, a pesar de la disponibilidad que presentan para las iniciativas de desarrollo local y su estratégico papel en la transferencia de conocimiento a los jóvenes.
En estudios realizados en Colombia, la participación de la mujer en los órganos de poder y de toma de decisiones, difiere sustancialmente dependiendo de la región y contexto analizado. Mientras que para la región andina la característica en general corresponde a la falta de representación y participación en los órganos de poder y de toma de decisiones de su comunidad, en investigaciones realizadas en la zona de Nariño, en Playa Bazán, la participación de la mujer es tan activa, que ha generado conflictos en las instancias de poder como el Consejo Comunitario y disputas de representatividad y protagonismo en esta región. Esta intervención activa, en un proceso participativo, se expresa en relaciones de poder, ya que los actores involucrados buscan imponer sus intereses, y finalmente aquellos actores que poseen algunas “ventajas comparativas” tienen mayor poder en la toma de decisiones (Maya, Farah, & Ramos, 2011).
1.2. Titulación colectiva para las comunidades negras
El reconocimiento de los derechos que tienen las comunidades negras como pueblo tribal, sobre el territorio que ancestralmente han ocupado fue inicialmente reconocido en el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento jurídico internacional vinculante, adoptado por Colombia mediante la ley 21 de 1991. Esta ley trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 reconoce sus derechos sociales y políticos. Colombia fue el primer caso de América Latina en asignar tierras colectivas a grupos étnicos minoritarios no indígenas como las comunidades negras de la Costa del Pacífico (Villa y Sánchez, 1998; Plant y Hvaalkof 2001 citado en Vélez, 2009).
ancestral sino en el que se realiza, crea y recrea la cultura en el presente. Esta ley establece los procedimientos y las instancias de gobierno que deben crearse al interior de las comunidades para administrar el territorio y las responsabilidades para delimitar y asignar áreas de usufructo en las tierras adjudicadas, proteger el derecho a la propiedad colectiva y la identidad cultural, velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y hacer de amigables componedores en los conflictos intercomunitarios (Art. 5°, Ley 70 de 1993). Estos procedimientos se formalizaron con la expedición del decreto 1745 de 1995, reglamentario del capítulo III de la ley 70 (Martínez, 2010). Para Martínez (2010), la aplicación de esta ley ha significado una reforma agraria en el Pacífico, cuya dimensión puede comprenderse por el alcance que ha tenido la titulación de 5.218.895 ha, correspondientes al 48% del territorio de la cuenca del Pacífico como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 1. Comparación de la distribución de las áreas en la cuenca del Pacífico, antes y después de la ley 70 de 1993. Fuente INCODER, 2009.
El Estado colombiano, mediante la Ley 70 de 1993, dio a las comunidades negras la administración de sus territorios colectivos y la autonomía para decidir al interior de los territorios colectivos adjudicados normas para la conservación y aprovechamiento de los ecosistemas que hasta ese momento correspondían a la reserva forestal, contemplada en la Ley 2 de 1959.
Las comunidades negras lograron un reconocimiento similar al que alcanzaron los pueblos indígenas en la Constitución, para quienes se consagró el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena. Sin embargo, la Ley 70 se constituye en el único instrumento con el que cuentan las negritudes para defender sus derechos sobre el territorio, dado que aún no tienen mecanismos de fortalecimiento, como el apoyo financiero del 4% proveniente de las transferencias de la nación,
• 9 millones de Ha entre territorios indígenas y
territorios colectivos de
comunidades negras, en una zona
que reciben por ley los indígenas, por lo que las estrategias de bienestar para sus comunidades y el fortalecimiento en la gobernanza de su territorio estará afectado por la generación y captación de recursos económicos que les permita consolidar el capital financiero y repercute en los capitales humanos, sociales y de infraestructura .
1.3. Territorio, Consejo Comunitario y Gobernanza
De acuerdo con la historia de las comunidades negras, autores como Martínez (2010), manifiestan que no existe para los consejos comunitarios beneficiados por un territorio colectivo, de un registro de formas tradicionales de autoridad en el manejo de los espacios colectivos o en el control de los consejos en las comunidades lo cual redunda a su vez en una débil gobernabilidad de los mismos.
La ley 70 de 1993 establece, como condición para administrar el territorio colectivo, la obligación constitucional de cambiar su forma de gobierno para acceder a la titulación colectiva, siendo el primer paso a cumplir la conformación de los Consejos Comunitarios como máxima autoridad en el territorio. Esto implicó un profundo cambio en la noción de autoridad.
Previamente, la organización comunitaria, como en el resto del país, se caracterizaba por estar regida a través de la Junta de Acción Comunal, la cual tenía un radio de acción limitado, sin autoridad sobre el territorio. Estas mismas personas, han tenido que cambiar su esquema de gobierno y responsabilidad hacia la administración de su territorio, y algunas de las personas que formaban parte de la Junta de Acción Comunal, pasaron a integrar la junta directiva del Consejo Comunitario, pero sin dependencia formal directa de alguna figura de gobierno municipal como lo tenían hasta ese momento, sino ajustándose a las normas establecidas por la asamblea general y consignadas en el código de régimen interno. Al comparar las estructuras de gobierno en la antigua junta de acción comunal y la junta directiva del nuevo consejo comunitario, en relación con la representatividad a nivel de género, las mujeres se mantienen en el cargo de secretaria responsable de documentos y actas.
Durante el mes de agosto del 2007 a febrero del 2008, en una investigación realizada por Vélez (2009), se encuestaron y entrevistaron 82 líderes de las comunidades negras, en su mayoría representantes legales y presidentes de los Consejos Comunitarios titulados y no titulados de Buenaventura, recogiendo la visión de los líderes sobre el efecto de la titulación colectiva en el manejo del territorio y los recursos naturales, coincidiendo como tema principal en la necesidad del fortalecimiento del autogobierno, como principio de permanencia del esquema de administración de los territorios colectivos. Una segunda visión, revisada con esta investigación fue la situación a 2013, en uno de los consejos comunitarios más importantes, el de La Plata – Bahía Málaga y la consolidación de la gobernanza en estos procesos, que ha permitido el acceso a recursos nacionales e internacionales para la formulación e implementación de estrategias productivas aplicables en su territorio que apuntan al mejoramiento de las condiciones de vida y la posibilidad de disminuir la deserción entre sus habitantes del territorio colectivo hacia Buenaventura principalmente.
2. MARCO CONCEPTUAL 2.1. Gobernanza y género
Gobernanza es un término amplio, que tiene diversas definiciones dependiendo de quién está hablando de ello y el contexto en el que se utiliza. En síntesis, se aborda la gobernanza como “el mecanismo institucional informal que conecta actores públicos con los privados y el gobierno, mediante la construcción de consensos (colaboración comunitaria incluyendo asuntos socio‐ económicos) que dan forma a las decisiones y acciones (implementar un programa o iniciativas) en una región particular en la cual existen muchos intereses en juego” (Natera, 2004).
Estas decisiones tienen un gran impacto en la manera en que las mujeres y los hombres conducen sus vidas, en las normas que se espera que observen, y en las estructuras que determinan dónde, cómo viven y trabajan. Así mismo, determinan cómo acceden a los recursos y si los servicios tienen en cuenta necesidades e intereses de mujeres y hombres (Brody, 2009).
La gobernanza en relación con el uso de los recursos naturales, es definida como los acuerdos, instituciones y costumbres formales e informales que determinan la forma en que se aprovechan los recursos o el medioambiente, cómo se evalúan y analizan los problemas y oportunidades, qué comportamientos se estiman aceptables o censurables, y qué reglas y sanciones conviene aplicar para configurar los patrones de uso de recursos y el medio ambiente (FAO, 2010).
Involucrar activamente a las mujeres en la definición de políticas y procesos a nivel nacional y local, en la conformación de las entidades que los producen, significa que se han incluido las diferentes necesidades y situaciones de hombres y mujeres, y se ha contribuido a la igualdad de género. De tal forma que podría pensarse en la gobernanza sensible al género, como un medio importante para que la transformación social sea más amplia, debido a que las instituciones ayudarán a interpretar las percepciones de los roles que desempeñan en la sociedad los hombres y las mujeres (Brody, 2009).
Este proceso de construcción conjunta de la gobernanza es estratégico, para lograr el cumplimiento de normas, en la cual se han involucrado a las mujeres usuarias de los recursos de propiedad común, lo cual hace la diferencia en la identificación y aplicación de los mecanismos de control y vigilancia de los mismos. A la luz de la aplicación del índice de severidad, propuesto por Agarwal, por medio del cual se mide la respuesta de las mujeres a aplicar medidas de control a un recurso natural del cual depende su seguridad alimentaria, el género permite hacer una diferencia significativa en la elección de las reglas específicas, pero no siempre en la dirección esperada para su aplicación (Agarwal, 2009). Dada su dependencia sustancial y diaria de los recursos de uso común, en especial de la piangua para el territorio colectivo, podría esperarse que las mujeres que conforman el consejo comunitario de La Plata pudieran optar hacia normas menos estrictas de control para la extracción.
La relación entre el género y la gobernanza, ha sido con demasiada frecuencia abordada desde el ámbito público (relación con entidades de gobierno, actividades productivas) y desde el privado (ámbito doméstico y reproductivo), asociando al hombre en lo público y a la mujer en lo privado, con el resultado de que los esfuerzos de las mujeres para obtener una voz en las decisiones comunitarias, a menudo han sido ignoradas. De hecho, las vidas de hombres y mujeres están profunda y sistemáticamente condicionadas por una serie de normas y expectativas sociales, por lo que la gobernanza debe abordarse en un sentido más amplio con transversalidad de género en los ámbitos público y privado (Nussbaum, Basu, Tambiah, & Gopal, 2003).
Para consolidar la gobernanza local es necesario asegurar la participación de todos los actores involucrados en esta arena, no solo por iniciativa de hombres y mujeres sino respaldados por instituciones formales, como en el caso de la ley 731 del 2002 la cual dicta normas para favorecer a las mujeres rurales. Se destaca como obligatorio en el capítulo quinto de esta ley, la participación del 30% de las mujeres afrocolombianas rurales en los órganos de decisión de los Consejos Comunitarios y en las Consultivas de sus comunidades (Mosquera, 2012).
2.2. Transversalidad de Género
propósito de la incorporación de la transversalidad de género es promover cambios en las prácticas institucionales y promover el progreso hacia los objetivos de igualdad y empoderamiento de género, la conceptualización de las necesidades de integración con atención especial en la comprensión de la problemática de la desigualdad de género y la articulación de la relación entre la incorporación de la perspectiva de género y el cambio social. En realidad, se trata de un enfoque transformador, dotado de un cuerpo teórico propio, que apunta a analizar los impactos diferenciados del sistema de género en hombres y mujeres, permitiendo tener en cuenta las especificidades de las personas como seres integrales y que, al mismo tiempo, ayuda a implementar medidas para corregir las desigualdades (Rigat‐Pflaum, 2008). Tradicionalmente se asume los estudios con enfoque de género bajo la denominación de perspectiva de género, pero para dar mayor especificidad a la utilización de este enfoque en temas de política y gobernanza, se ha acuñado el término de transversalidad de género, para centrar este análisis en la formulación de políticas y construcción de procesos de gobernanza con la integración del género en cada una de las etapas.
La transversalidad de género como estrategia específica permite evaluar el impacto que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción planificada, incluidas la legislación y las políticas o los programas, en cualquier sector y en todos los niveles.
De esta forma, autores como Rigat‐Pflaum (2008) plantean la transversalidad de género como el instrumento adecuado para reconocer las diferencias de género y el análisis de situaciones e intereses diferentes de hombres y mujeres en los programas y proyectos de desarrollo. Al igual que la implementación de acciones concretas para detectar debilidades estructurales que impiden el acceso de las mujeres a recursos tangibles e intangibles.
La transversalización de género ofrece, entonces, la posibilidad de introducir un mayor grado de rendición de cuentas y credibilidad en la gobernanza. Al tratar de responder a las necesidades de hombres y mujeres, se promueve la democracia, la justicia social y el desarrollo humano sostenible, mediante la corrección del sesgo masculino que existe previamente en las políticas de conservación. De hecho, la transversalización de la igualdad de género no es únicamente una cuestión de eficiencia y sostenibilidad, sino que es primordialmente un asunto de derechos humanos y justicia social (PNUD, 2006).
Un aspecto clave a tener en cuenta en la interpretación de la gobernanza y participación en los instrumentos de planeación, con transversalidad de género, es el tiempo limitado de las mujeres para realizar actividades diferentes a las del hogar. Las mujeres tienen, además, la responsabilidad casi exclusiva de administrar los recursos para lograr mantener una adecuada alimentación de la familia (FAO, 2005).
2.3. Recursos de uso comunitario
abierto (Open Access) y un régimen de propiedad común (Common Property Regime) (Berkes et al. 1989 en Vélez, 2009).
La gobernanza local en el territorio colectivo de la Plata‐Bahía Málaga, está enmarcada por los acuerdos que la comunidad logre sobre sus recursos naturales. De hecho, para su comprensión, autores como Vélez (2009), parten de la diferencia entre los recursos bajo un régimen de acceso abierto y un régimen de propiedad común. En un régimen de acceso abierto, efectivamente, se puede llegar a la degradación y destrucción de los recursos, ya que no están definidos los derechos de propiedad y cualquier persona puede extraer los recursos (Berkes et al. 1989 en Vélez, 2009). En cambio, en los recursos de propiedad común, “miembros de un grupo claramente demarcado tienen el derecho legal de excluir a personas que no son miembros”, y éste es el primer paso para usar sosteniblemente los recursos (Ostrom, 2009; Vélez, 2009).
Los recursos de uso comunitario son aquellos donde no hay un límite espacio‐temporal claro para su extracción, es decir, muchas personas de una o diferentes comunidades pueden acceder a él sin restricciones en el tiempo de extracción o los lugares donde probablemente todos llegarán a extraer los recursos. El problema principal de este tipo de recursos es que si alguna persona extrae mayor cantidad de recursos pone en riesgo su subsistencia y la de toda la comunidad (Maya & Ramos, 2006).
De hecho, todas las actividades productivas en el Consejo Comunitario de la Plata se realizan con base en el uso de los recursos naturales de uso común (pesca, piangua, extracción de madera y cacería), que presentan las dos características que los tipifican, la excluibilidad y la sustractibilidad, por lo que no pueden ser clasificados ni como bienes privados puros, ni como bienes públicos puros (Cárdenas, Maya, & López, 2003). Su nueva condición y la responsabilidad en la administración y control sobre los recursos naturales de su territorio colectivo, los incluye en la categoría de recursos naturales de propiedad común, apoyados en la definición referida a la propiedad que tiene una comunidad de usuarios sobre un recurso determinado (Schlager, E., & Ostrom, E., 1992). Por lo tanto, la planeación y uso sostenible de estos recursos en cabeza del Consejo Comunitario se convierten en un reto para la regulación al acceso y la excluibilidad.
2.4. Sistemas Socio ecológicos
El marco teórico del Sistema Socio‐ecológico (SES) aún no ha sido completamente definido, pero integra componentes que interactúan entre la “gente” y la “naturaleza”, sin que exista un límite definido entre los sistemas sociales y ecológicos que interactúan en un territorio definido. Ostrom (2009) identifica que en el SES subsisten un entorno social, uno económico y uno político enmarcado en un sistema natural, de tal forma que los sistemas se interrelacionan entre unidades del recurso y usuarios. Se identifican como componentes del SES el capital natural (Ecosistemas), los usuarios de los servicios del ecosistema, las organizaciones sociales y la infraestructura social y física (Anderies, Janssen, & Ostrom, 2004).
bienestar humano, o lo que es lo mismo, entre ecosistemas y sistemas sociales. De hecho, en un proceso de co‐evolución, los sistemas humanos y los ecosistemas se han ido moldeando y adaptando conjuntamente, convirtiéndose en un sistema integrado de humanos en la naturaleza denominado sistema socio ecológico o socio ecosistema (Anderies, Janssen, & Ostrom, 2004).
El manejo participativo identificado por Van Eijs (2002), como comanejo o cogestión es definido como un proceso colaborativo y participativo de regulación y toma de decisiones entre representantes de grupos de usuarios, gobierno, entidades, instituciones de investigación y representantes de la población local. Implica un replanteamiento de la teoría tradicional del manejo unilateral de los recursos naturales y obliga a la comunidad científica, a los administradores y tomadores de decisiones a revisar la aplicabilidad de las medidas de manejo; además reconoce la importancia y relevancia de los derechos ancestrales, conocimientos empíricos y las costumbres de los pobladores.
2.5. Características Consejos Comunitarios ‐ Comunidades Negras
La investigadora María Alejandra Vélez (2008), realizó una interesante evaluación de la complejidad de los gobiernos locales conformados bajo la estructura de los “Consejos comunitarios de las comunidades negras” a quienes se habían adjudicado los territorios colectivos.
El nuevo escenario para direccionar el destino de estas comunidades parte de que a las comunidades negras del Pacífico colombiano, se les ha reconocido y titulado colectivamente su territorio, tienen todos los derechos menos el de alienación. Es decir, los territorios colectivos de comunidades negras en Colombia no pueden participar en el mercado legal de tierras. Esto, según Eggertsson 2003 (en Vélez, 2008), es normalmente definido para perpetuar un grupo social, y en este caso étnico, como las comunidades negras. Sin embargo, estos derechos de jure no garantizan el establecimiento de instituciones robustas y estables de autogobierno, evaluadas a luz de los ocho principios de Ostrom (1990, 2205), si no se diseñan reglas y se acuerdan instituciones formales y no formales con una conexión clara y fluida con entidades del orden local, regional y nacional que permitan un desarrollo territorial coherente con el nuevo esquema de autogobierno.
Ostrom (1990), citado en Vélez (2009) ha identificado ocho principios que caracterizan a las instituciones estables para el gobierno sostenible de los recursos naturales:
Principio 1: Definición clara de los límites
Principio 2: Diseño de reglas consistentes con las condiciones ecológicas Principio 3: Arreglos de decisión colectiva
Principio 4: Monitoreo
Principio 5: Sanciones graduales
Principio 6: Mecanismos de resolución de conflictos
Principio 7: Reconocimiento mínimo de los derechos para organizarse Principio 8: Presencia de múltiples niveles de gobierno e instituciones
Comunitarios (CC). La ley no especifica cuántas personas deben formar un CC y está abierta a que cualquier grupo de familias negras con presencia histórica en el territorio y que compartan la tradición, la cultura y las formas tradicionales de producción puedan formar un CC. De esta manera, el número de familias de cada CC varía de acuerdo con los lazos familiares, los límites geográficos, el nivel de organización local y el rol de agentes externos que acompañan a las comunidades en el proceso de formación de los consejos.
3. METODOLOGÍA
La orientación con la que se abordó el problema fue desde el enfoque cualitativo, el cual se basa en una aproximación interpretativa y holística que permite caracterizar una situación problema. El método que se utilizó fue un estudio de caso en el territorio colectivo del consejo comunitario La Plata – Bahía Málaga, pues permitió entender a profundidad la realidad del problema llevando a cabo una investigación cualitativa. Durante el año 2012 y primer semestre del año 2013, se realizaron 3 visitas de una semana, al territorio colectivo La Plata‐ Bahía Málaga y a cada una de las veredas, Mangaña, La Sierpe y Miramar, y 4 visitas a Buenaventura y Cali para las entrevistas a profundidad. De esta manera y considerando previamente el nivel de interacción que ha tenido la comunidad con otras investigaciones e investigadores, minimizando la indiferencia o cansancio de sus habitantes, se utilizaron las entrevistas semiestructuradas a personas clave de las veredas, con todos los integrantes del consejo comunitario y entrevistas a profundidad con el presidente de la junta directiva, y las personas con mayor permanencia en el territorio; dos talleres con hombres y mujeres para elaborar el diagrama de Venn además de la identificación conjunta de las actividades productivas, y observación no participante en el territorio de La Plata‐ Bahía Málaga, durante las actuaciones y participaciones de la junta directiva del Consejo Comunitario, con instituciones privadas y de gobierno para la toma de decisiones como herramientas válidas para un Diagnóstico Rural Participativo (DRP). Posteriormente se realizó una triangulación de los resultados obtenidos a partir de los instrumentos aplicados.
Para analizar con transversalidad de género cada una de las etapas (antes y durante) de la construcción e implementación de los instrumentos de planeación para la administración del territorio colectivo y los procesos de declaratoria de las áreas de conservación regionales y nacionales, se realizó una revisión de información secundaria de todas las actas y registros identificando la presencia de hombres y mujeres en cada uno de los procesos del territorio y la región.
recursos financieros, humanos, físicos, tecnológicos e institucionales, y el nivel de interacción que tienen para ejercer la planeación y administración.
Para identificar los mecanismos y estrategias para la toma de decisiones colectivas y sistemas de control en las instancias de la Asamblea General, Junta Directiva del Consejo Comunitario y comités funcionales y veredales, y analizarlos utilizando el enfoque de la transversalidad de género, en los procesos de gobernanza local, se hizo observación no participante durante los procesos de toma de decisiones, en los espacios locales, regionales y nacionales, para no generar ninguna reactividad frente a los participantes. De forma complementaria, para lograr la percepción de los representantes de cada una de las veredas, se hicieron 10 entrevistas semiestructuradas con las personas que desempeñan los diversos cargos en el Consejo, en estas se incluyeron las mujeres que desempeñan el cargo de tesoreras de las veredas Mangaña y Miramar, recién elegidas en cargos de responsabilidad al interior del Consejo comunitario y representantes de sus veredas.
Para analizar la interrelación entre las actividades productivas, domésticas y comunitarias y su incidencia en la participación de hombres y mujeres en las decisiones en el territorio se realizaron censos en cada una de las cuatro veredas, identificando por cada una de las familias las actividades productivas adelantadas, edad y tiempo de dedicación en la actividad productiva señalada. Para realizar la recopilación de estos datos se contó inicialmente con el apoyo de dos pasantes de la facultad de ecología de la Universidad Pontificia Javeriana, quien en un trabajo de dos meses permanentes en el territorio, visitaron cada una de las casas, posteriormente con el apoyo de una fundación local, la Fundación Simbiosis y la ONG Conservación Internacional, en el periodo enero de 2012 – Marzo de 2013, se completó el censo a 181 personas en las 4 veredas.
Se realizaron entrevistas a profundidad en cada una de las veredas y en particular a 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres que conforman actualmente la junta del consejo, comités funcionales y los comités Veredales, o han estado en la comunidad a lo largo del proceso de la conformación del Consejo Comunitario, para tratar temas sobre acceso, control, condición posición, y los intereses prácticos y estratégicos que se reflejan en los ámbitos domésticos, productivos y comunitarios.
Después de obtener toda esta información a partir del uso de los distintos instrumentos ya nombrados y con la colaboración de diferentes entidades y personas relacionadas con las veredas que hicieron parte de este estudio, se evaluó toda la información, se plasmó en este trabajo de distintas maneras (gráficas, diagramas, tablas, etc.), y en algunos casos se analizó la información utilizando estadística descriptiva y finalmente se hizo un análisis de todo lo que se obtuvo, se filtró y se discutió teniendo en cuenta la bibliografía revisada.
Para una mayor comprensión de la metodología empleada para cada uno de los objetivos específicos, se relacionan cada uno de los instrumentos metodológicos elegidos:
Objetivo Específico Instrumento metodológico 1. Analizar con transversalidad de género cada
construcción e implementación de los instrumentos de planeación para la administración del territorio colectivo
registros de participación para cada uno de los instrumentos.
‐Construcción con la comunidad del gráfico histórico relacionando las etapas previas y durante los procesos de titulación colectiva, elaboración del código interno del consejo y la adopción del Plan de Manejo Integrado, así como la construcción actual del Plan de Manejo del área marina protegida
2. Identificar los mecanismos y estrategias para la toma de decisiones colectivas y sistemas de control en las instancias de la Asamblea General, Junta Directiva del Consejo Comunitario y comités funcionales y veredales, y analizarlos utilizando el enfoque de la transversalidad de género, en los procesos de gobernanza local.
‐Elaboración del diagrama de Venn en talleres en cada una de las cuatro vereda con la percepción diferenciada de los actores por género y uno conjunto, caracterizando los flujos de recursos financieros, humanos, físicos, tecnológicos e institucionales, y nivel de interacción que tienen para ejercer la planeación, y administración
‐Entrevistas semiestructuradas a actores claves hombres y mujeres considerando como criterio de selección, la condición y posición al interior del consejo comunitario y en cada una de las cuatro veredas.
3. Analizar la interrelación entre las actividades productivas, domésticas y comunitarias y su incidencia en la participación de hombres y mujeres en las decisiones en el territorio.
Taller en donde se aplique la herramienta “un día en la vida de…” o “el reloj de 24 horas” tanto para hombres y mujeres de distintas edades.
Realización de entrevistas a profundidad a algunos hombres y mujeres que conforman actualmente la junta del concejo, comités funcionales y los comités veredales, para tratar temas sobre acceso, control, condición posición, y los intereses prácticos y estratégicos que se reflejan en los ámbitos domésticos, productivos y comunitarios.
Realización de entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres que no pertenecen a ningún comité en cada vereda, para tratar los mismos temas mencionados arriba.
Observación no participante durante los procesos de toma de decisiones.
4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 4.1. Características biofísicas y demográficas
El Territorio Colectivo del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata‐Bahía Málaga, se ubica en el departamento del Valle del Cauca, al Nor‐Occidente del Distrito de Buenaventura, corregimiento de Bahía Málaga, en la zona costera del Pacífico Colombiano en el rango altitudinal 0‐100 msnm (INCODER, 2009). Con área final adjudicada de 38.037,13 Has. (Resolución 2802, INCODER 2012). El acceso, muy restringido, debido a la irregularidad en la oferta de transporte, y a 3 horas en promedio de Buenaventura, siendo el principal acceso la vía marítima (Fig. 2).
El territorio colectivo incluye cuatro veredas, espacialmente separadas y con conexión únicamente por vía marítima, lo que hace más difícil implementar de forma homogénea las estrategias acordadas por el colectivo a través de la asamblea de familias: el archipiélago de La Plata en el cual se ubica la vereda La Plata, centro de las actividades de la comunidad; hacia el noroccidente sobre el continente, la vereda Mangaña; hacia el sur sobre el continente en la parte más alta la vereda Miramar; y cercana a la cascada de la Sierpe, la vereda La Sierpe hacia el sur‐occidente del archipiélago, como se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 2. Mapa político del territorio colectivo de la comunidad negra de La Plata‐Bahía Málaga. Tomado del Código de Régimen Interno del 2003. Ubicación de las veredas del estudio, Mangaña
El área registra un clima con temperaturas promedio de 25,7°C, abundantes lluvias sin contrastes marcados en la distribución y humedad relativa excesiva del 88%, casi constante a lo largo del año (Fundación CENIPACIFICO, 1986).
Según la Fundación CENIPACIFICO (1986) en Invemar, Univalle e Inciva (2006), la riqueza en fauna está representada por 1.247 especies distribuidas en diferentes grupos. La vegetación es exuberante y diversa, con árboles cuya altura promedio es de 30m y hay gran cantidad de epífitas, bejucos y lianas. La elevada pluviosidad, conjugada con el relieve abrupto, hace que se presenten suelos con grados extremos de alteración en sus componentes, los cuales inciden en sus vocaciones eminentemente forestales. La cobertura vegetal forma varios estratos con doseles espesos que impiden la entrada directa de los rayos solares a los niveles inferiores, lo cual hace que se mantenga un alto grado de humedad dentro del bosque y en el suelo. Esta área ha sido declarada como una de las más diversas del mundo en cuanto a plantas se refiere; se han encontrado 265 especies en 0,1 ha, con individuos cuyo diámetro es mayor de 2,5 cm y 106 especies con diámetro superior a 4 cm.
El origen de los asentamientos de las poblaciones en las diferentes zonas del territorio de Bahía Málaga corresponde a un proceso bien definido. Las investigaciones obtenidas mediante entrevistas en cada una de las veredas apoyadas por la fundación SIMBIOSIS (2012), Rodallega H. et al. 2013 narran que alrededor del año 1600, familias afrodescendientes asentadas en otros ríos del Pacífico colombiano, fueron llegando a diferentes zonas de la Bahía y a medida que encontraban terrenos donde vivir y trabajar, establecían sus viviendas sobre las riberas de los ríos en forma dispersa. Fue apenas a partir de 1900 que las familias contemplaron la posibilidad de agruparse y conformar centros poblados para lograr apoyo estatal en la construcción de escuelas, centros de salud y el nombramiento de docentes y promotoras de salud.
• Vereda La Plata: las familias inician el proceso de conformación de centros o núcleos poblados en lo que hoy se conoce como La Plata, hacia finales de 1800 y comienzos de 1900. Narra la tradición oral que el nombre de la vereda de La Plata se debe a que por los años 1800, los primeros pobladores de la región vendieron el territorio a un ciudadano de origen chino, considerado también como uno de los primeros pobladores, que vivía en la isla y tenía mucha plata. Detrás de los primeros pobladores fueron llegando otras familias provenientes tanto del norte, como del sur de la costa Pacífica (Chocó, Calima, Guapi, López de Micay, San Juan, Rio Naya, Los Rastrojos, Nariño y Satinga).
finca. Se tomaban las decisiones de manera conjunta y la resolución de conflictos la hacían en la Inspección de la vereda La Plata, por ser unos de los caseríos más poblados. La muerte de nativos y el estudio de los jóvenes han ocasionado el desplazamiento de 20 familias hacia Buenaventura y Cali; hasta el momento han retornado 10 familias a la vereda por causa de la violencia y falta de oportunidades en la ciudad.
• Vereda Miramar: es una de las comunidades más nuevas de la región, fue fundada en el año 2007. El nombre de esta vereda surge porque tiene una linda vista al mar; los primeros pobladores fueron nativos de la región, procedentes de las otras veredas ya constituidas y de los alrededores que llegaron aportando en los procesos de construcción y bienestar colectivo en la región, consolidada alrededor de su líder religioso.
• Vereda Mangaña: es una comunidad pequeña que se fundó en el año 2002. El primer nombre de la vereda fue Perla Nueva, ahora se llama Mangaña por una semilla originaria del lugar. Los primeros pobladores llegaron inicialmente a Buenaventura y luego a Bahía Málaga, a donde fueron en lanchas a motor y otros en canoas pequeñas en busca de una mejor calidad y condición de vida. Los primeros líderes de la vereda empezaron a hacer sus gestiones en busca de una mejor forma de trabajo; para lo cual idearon los trabajos en mingas y mano cambiada para la pesca, la rocería del colino, la construcción de las casas y para buscar soluciones a las problemáticas de la vereda.
De acuerdo con el censo realizado por el INCODER en el 2012, en el Consejo Comunitario de Bahía Málaga habitan 579 personas distribuidas en 153 familias, en las diferentes veredas, así: en La Plata habitan 70 familias, en La Sierpe 30, en Miramar 31 y en Mangaña 22 familias, como se ve en la Figura 3.
Figura 3. Número de familias por comunidad. Fuente: INCODER 2012
Figura 4. Proporción por sexos en la población total del Consejo Comunitario de Bahía Málaga El mayor porcentaje de personas se encuentra en el rango entre 27 y 59 años con un porcentaje del 30% de la población, seguido de los niños entre 0 y 9 años con el 25%, luego los adolescentes entre 10 y 18 años con el 24% y los jóvenes entre 19 y 26 años con el 14%. El menor resultado lo obtuvo la población por encima de 60 años con un 7%, correspondiente a 40 personas como se muestra a continuación.
Figura 5. Distribución por rango de edad de la población del Consejo Comunitario de Bahía Málaga
En la conformación de la pareja, prima la unión libre con un porcentaje del 27%, correspondiente a 160 personas censadas. En segundo lugar, están las personas solteras con un 26%, seguido por los casados quienes constituyen sólo el 9%. Esto muestra una tendencia de los habitantes de la comunidad a conformar hogares sin formalidad.
4.2. Necesidades Básicas
La consolidación de la gobernanza con la participación de hombres y mujeres y la capacidad de generar políticas y estrategias de desarrollo para consolidar el bienestar de sus habitantes y encontrar la figura de administración acertada, en este complejo sistema socio ecológico, depende de la capacidad para atender las necesidades básicas, en una zona con los más altos índices de desigualdad del país.
