18 190914 El sistema integral DP 18 y 19. SET

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(1)

EL SISTEMA INTEGRAL DEL

DERECHO PENAL

Profesor Eduardo Alcócer Povis

(2)

El sistema integral del Derecho penal

La dogmática sustantiva y el proceso penal no son

subsistemas aislados, sino que ambos a su vez

responden al sistema que los alberga: el sistema penal.

No es posible considerar que uno tenga una

preeminencia sobre el otro, sino que ambos tienen un

valor equivalente.

No nos encontramos frente a islas cuya comunicación

directa no es posible, sino que «nos hallamos frente a

piezas de un reloj que para funcionar bien deben estar

del todo sincronizadas».

(3)

Expresiones del sistema integral del

Derecho penal

La función del Derecho penal, los fines de la pena y el

fin del proceso penal.

El merecimiento de pena, la necesidad de pena y la

necesidad de proceso penal.

El principio de culpabilidad, legalidad, presunción de

inocencia y el derecho de defensa: el principio de

imputación necesaria.

El tiempo y el Derecho penal: La reincidencia como

agravante de pena y la prescripción de la acción penal.

La detención por flagrancia y la prisión preventiva:

análisis desde el Derecho penal.

(4)

La función del Derecho penal, los fines de la

pena y el fin del proceso penal.

El Derecho Penal busca prevenir la realización

de comportamientos que afecten o pongan en

riesgo bienes jurídicos. Para ello establece

normas y sanciones.

La pena es una sanción mediante la cual se

busca retribuir proporcionadamente el «mal

causado» y prevenir la comisión de delitos.

La pena es consecuencia de un hecho

realizado y producto de un proceso penal.

(5)

Un proceso penal indebido no previene, no

restablece la confianza en el derecho (prevención

general positiva).

Un sistema penal ineficaz (no da respuesta a la

criminalidad) tampoco restablece la confianza en

el sistema, todo lo contrario, impulsa la «justicia

por propia mano».

La prisión preventiva no tiene como fin evitar la

reiteración delictiva (no es una medida

asegurativa o de internamiento aplicable a

sujetos peligrosos).

(6)

Para Roxin

“el fin de un proceso se cumple con

una decisión materialmente correcta,

obtenida de conformidad con el ordenamiento

jurídico procesal y que restablezca la paz

jurídica”.

El objeto del proceso es hallar la verdad

histórica.

(7)

¿Qué sucede cuando comienza a cuestionarse la pena y las diferentes finalidades que de ella se han ido predicando? ¿Qué hacer ante la aparición de nuevas formas de criminalidad (terrorismo, drogas, medio ambiente, entre otras) frente a las que los órganos y medios procesales ordinarios se demuestran ineficaces? ¿Qué medidas se deben tomar cuando el proceso y con él la administración de justicia es acusada de lenta, y por ello de injusta, y se producen tensiones entre la necesidad de un proceso eficaz (entendido fundamentalmente como rápido) y un proceso con las debidas garantías? Estas dudas, y otras, expresan la necesidad que se supere el “clásico” divorcio entre Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

(8)

La primera y segunda velocidad del

derecho penal y del proceso penal

La conjunción de una serie de factores, como la

tendencia a una intervención mínima del

Derecho penal y la distinción entre dos tipos de

criminalidad: bagatelaria y por ello no necesitada

de respuesta penal y la “gran” criminalidad, ha

provocado que desde la perspectiva procesal se

produzca un tratamiento procesal diferenciado

(posibilidad de criterios de oportunidad para la

criminalidad de bagatela y endurecimiento del

tratamiento penal respecto de la “gran”

criminalidad”).

(9)

El merecimiento de pena, la

necesidad de pena y la necesidad de

proceso penal

El merecimiento de pena: afectación al bien

jurídico por un sujeto que tiene capacidad de ser

declarado culpable y que realizó una conducta

típica y antijurídica.

La necesidad de pena: fijada por criterios de

prevención o de política criminal (por ejemplo, las

excusas absolutorias o el principio de oportunidad

o acuerdo reparatorio).

La necesidad de proceso: las salidas alternativas.

(10)

El principio de culpabilidad, legalidad, presunción de inocencia y el derecho de defensa: el principio de imputación necesaria.

¿Qué es la imputación necesaria?

- Imputar es atribuir a una persona la realización

de un hecho. Es darle un significado al

comportamiento.

- Al imputar a una persona un delito, el Estado

debe describir correctamente los hechos, realizar

un correcto juicio de subsunción y presentar las

pruebas pertinentes (Ejecutoria vinculante RN

957-2011-Ucayali).

- La imputación se da en toda etapa del proceso

penal.

(11)

GRADOS DEL CONOCIMIENTO GRADOS DEL CONOCIMIENTO

Para la toma de decisiones trascendentes en el NCPP

ACUSACIÓN DETENCIÓN PRELIMINAR FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PRISIÓN PREVENTIVA

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

CONDENA

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA FASE INTERMEDIA JUZGAMIENTO HECHO

DELICTUOSO

“Sospecha de la comisión”

(Art. 329º.1)

“Razones plausibles” (Art. 261º.1. 6)

“Indicios reveladores” (Art. 336º.1) “Elementos de convicción fundados y graves” (Art. 268º.1. a)

“Elementos de convicción suficientes” (Art. 349º.1.c, 344º.2. b) “Prueba suficiente” (Art. II Título

Preliminar)

Certeza

Probabilidad

(12)

Una excepción a la exigencia de la imputación:

las diligencias preliminares. Por ejemplo,

cuando se encuentra un hombre muerto en la

calle y este tenía una herida de bala en la

cabeza.

En los delitos especiales (institucionales)

siempre habrá una imputación.

(13)

JURISPRUDENCIA

(14)

Jurisprudencia

En la CASACIÓN N° 347-2011-LIMA se ha

establecido como doctrina jurisprudencial que la

interrupción del plazo de prescripción de la acción

penal a razón de actuaciones del Ministerio Público

únicamente podrá invocarse si es que

se ha

(15)

Resolución 120-2014-PCNM

(16)

El tiempo y el Derecho penal

El paso del tiempo como dato de la realidad

con efectos normativos.

El paso del tiempo, concepto que penetra los

contornos del DP sustantivo, procesal y de la

determinación de la pena.

Ejemplos: la prescripción, el plazo razonable

del proceso y la reincidencia.

(17)

La reincidencia: el legislador ha considerado

que será reincidente quien vuelve a cometer

un delito doloso, pasado 5 años desde el

cumplimiento de la pena.

El plazo razonable: una duración excesiva del

proceso elimina la necesidad de intervención

del Estado.

(18)

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

PENAL

(19)

Fundamento

19

EO

(20)

Tribunal Constitucional

Desde el punto de vista penal, la prescripción es una causa

de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la

acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la

renuncia del Estado al ius puniendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción,

existiendo apenas memoria social de la misma” (Exp.

1805-2005-HC/TC).

Mediante la prescripción “se limita la potestad punitiva del

Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto

autor o autores del mismo” (Exp. 2522-2005-HC/TC).

(21)

Pronunciamientos

de

la

Corte

Suprema sobre el fundamento de la

prescripción

El Acuerdo Plenario n.° 8-2008/CJ-116 afirma lo siguiente:

-“La presencia de la prescripción en el ordenamiento jurídico solamente puede explicarse de manera satisfactoria si se tiene en cuenta la función del Derecho penal”

-La prescripción radica en “la falta de lesividad de tales hechos: los acontecimientos que ya forman parte del pasado no ponen en peligro el modelo social vigente y, por tanto, carecen de contenido lesivo que justifique su sanción”

21

EO

(22)

Pronunciamientos

de

la

Corte

Suprema sobre el fundamento de la

prescripción

En el Acuerdo Plenario 1-2010/CJ-116 se indica lo siguiente: “Dicha institución sustantiva está inspirada en el interés de la sociedad de que no haya delitos impunes, pero limitando a los órganos encargados de la persecución penal”.

22

EO

(23)

Fundamento

El fundamento de la prescripción es, por tanto, que el

paso del tiempo decae la

necesidad de pena

. La

prevención general y la prevención especial se ven

mermadas hasta extinguirse por motivo del transcurso

del tiempo. El “llamado de la norma” tiene una

actualidad determinada a los efectos intimidatorios,

mientras que la resocialización del individuo sólo

puede operar en un tiempo circunscrito.

La prescripción se funda en la función que cumple el

Derecho penal: la de ejercer o no el

iuspuniendi

por

razones de necesidad

.

23

EO

(24)

Problemas

La duplicidad del plazo de prescripción de la

acción penal en los delitos contra el

patrimonio del Estado cometido por

funcionarios y servidores públicos.

Alcances del art. 339.1 del CPP 2004 que

dispone la suspensión del curso de la

prescripción de la acción penal cuando se

emite la disposición de la formalización de la

investigación preparatoria.

La prescripción y la comunicabilidad de la

situación especial a los

extraneus

.

24

EO

(25)

La duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal en los delitos contra el

patrimonio del Estado cometido por

funcionarios y servidores públicos

(26)

¿Para determinar la ampliación del plazo de prescripción resulta exigible una relación funcional entre el sujeto activo cualificado (funcionario y servidor público) y el patrimonio del Estado?

La finalidad de la duplicidad del plazo de prescripción del art. 80 CP:

• Endurecer el trato penal al ciudadano que comete un delito en virtud de

la función pública que ostenta y por su vinculación con el patrimonio del Estado.

• La doble vulneración de normas: “no abusar de la función” y

“salvaguardar el patrimonio del Estado”.

CONCLUSIÓN: el último párrafo del art. 80 del CP exige un vínculo funcional (de derecho) entre el sujeto activo y el patrimonio del Estado. Sólo a él o ella se le puede duplicar el plazo de prescripción pues la necesidad de pena se ve incrementada cuando se presenta dicha circunstancia.

CONCLUSIÓN: el último párrafo del art. 80 del CP exige un vínculo funcional (de derecho) entre el sujeto activo y el patrimonio del Estado. Sólo a él o ella se le puede duplicar el plazo de prescripción pues la necesidad de pena se ve incrementada cuando se presenta dicha circunstancia.

(27)

Respecto a los alcances del art.

339.1 del CPP 2004

Art. 339.1 CPP:

«La formalización de la investigación suspenderá el curso de la

prescripción de la acción penal».

Suspensión Interrupción Art. 84 CP.- Si el comienzo o la

continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido.

Art. 83 CP.- La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el

tiempo transcurrido (…)

(…) Se interrumpe igualmente la

prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso.

27

EO

(28)

Respecto a los alcances del art. 339.1

del CPP 2004 en cuanto al plazo de

prescripción – Acuerdo Plenario n.°

01-2010

Se estableció como precedente vinculante que

dicho precepto legal prescribe una “suspensión

sui generis

”, diferente a prescrita en el artículo

84 del Código Penal, que deja sin efecto el

tiempo transcurrido entre la formalización de la

investigación preparatoria hasta la culminación

del proceso con una sentencia o resolución

judicial que le ponga fin, o en su caso hasta que

sea aceptada la solicitud de sobreseimiento del

Fiscal.

28

EO

(29)

Respecto a los alcances del art. 339.1 del CPP 2004 –

Acuerdo Plenario n.° 01-2010

A consideración de la Corte Suprema, es obligación

del Estado proveer los mecanismos necesarios para

la realización de la pretensión punitiva derivada de

un delito, en la medida que el acto de formalización

de la investigación preparatoria demuestra que

existen posibilidades de éxito en la investigación del

presunto delito y que la infracción debe ser

sancionada; motivo por el cual, la ley le otorga mayor

tiempo para la persecución del delito

29

EO

(30)

Respecto a los alcances del art. 339 del NCPP en

cuanto al plazo de prescripción – Acuerdo Plenario

n.° 01-2010

A criterio de la jurisprudencia vinculante,

dicha “suspensión

sui generis

” no afectaría del

derecho al plazo razonable del proceso, pues

la prescripción es una autolimitación del

Estado, pero no un derecho del imputado en

desmedro del interés social en la persecución

del delito.

30

EO

(31)

Existe jurisprudencia que ha resuelto con criterio diferente a lo determinado por la Corte suprema en el Acuerdo Plenario 01-2010

«nos apartamos del Acuerdo Plenario n.° 1-2010/CJ-116 en el desarrollo del tercer tema, en el entendido que el art. 339°.1 del CPP, se debe entender como interrupción y no suspensión. Ello debido a que, en tanto existen normas contradictorias que regulan la suspensión y la interrupción de la prescripción, en caso de duda insalvable sobre la ley aplicable, debe estarse a lo dispuesto por la ley más favorable, de conformidad con lo establecido en los arts. 11 de la Constitución y el VII.4 del Título Preliminar del CPP» (Exp. 00592-2008-49-1302-JR-PE-01 / Sala Penal de

Apelaciones de Huarua) 31

EO

(32)

Existe jurisprudencia que ha resuelto con criterio diferente a lo determinado por la Corte suprema en el Acuerdo Plenario 01-2010

«Se ha producido una antinomia entre las hipótesis normativas del

art. 84 del CP y el art. 339.1 del CPP; en la medida que, para la norma sustantiva la formalización de investigación preparatoria es una causa de interrupción; mientras que, para la norma adjetiva es una causa de

suspensión. (…) Para resolver la antinomia resulta aplicable el

principio de favorabilidad en donde se reafirma que en caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe ser la más favorable al reo; por tanto, tratándose de la prescripción penal, la norma más beneficiosa está contenida en el CP, por adecuarse más a su naturaleza jurídica, como una garantía del individuo ante la persecución penal estatal,

que no puede prolongarse ad infinitum. (…)» (Exp. : 4430-2008-19 –

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo)

32

EO

(33)

Acuerdo Plenario n.° 3-2012

Se señaló que

“la suspensión de la prescripción en el

(34)

Acuerdo Plenario n.° 3-2012

Sin embargo, no se advierte lo siguiente:

Al establecer un punto de inflexión causado por la

actividad del Ministerio Público (quien emite la

disposición de formalización de investigación

preparatoria, dándose un plazo determinado de

prescripción), materialmente se está regulando una

nueva causa de interrupción, no de suspensión.

Tampoco se aclara el momento en que debiera

(35)

La prescripción y la comunicabilidad de la situación

especial a los extraneus

Acuerdo Plenario 2-2011/CJ-116

:

“El autor del delito –de infracción de deber- no puede ser cualquier persona, sino sólo aquél funcionario o servidor público que ocupa un status especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. La infracción del mismo lo convierte en autor, con independencia del dominio de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica, pues el fundamento está construido por la posición que domina en relación al deber estatal que le corresponde: conducirse correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de la Administración Pública y con los bienes que se encuentran bajo su ámbito. En este espacio, por ejemplo, deberá disponer correctamente del patrimonio estatal que administra”

“El autor del delito –de infracción de deber- no puede ser cualquier persona, sino sólo aquél funcionario o servidor público que ocupa un status especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. La infracción del mismo lo convierte en autor, con independencia del dominio de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica, pues el fundamento está construido por la posición que domina en relación al deber estatal que le corresponde: conducirse correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de la Administración Pública y con los bienes que se encuentran bajo su ámbito. En este espacio, por ejemplo, deberá disponer correctamente del patrimonio estatal que administra”

35

EO

(36)

La prescripción y la comunicabilidad de la situación especial a los extraneus - Acuerdo Plenario 2-2011/CJ-116

En esa medida: «la calidad de funcionario o servidor público del autor ha sido prevista como una condición especial de deberes que fundamenta la mayor extensión del término de la prescripción, por la distinta posición que éstos ocupan en la sociedad y porque de ellos se espera una actitud de compromiso especial frente a la Administración Pública. Ello implica deberes de protección, ausencia de defraudación de la confianza pública depositada en él y compromiso real con el ente estatal por la situación de mayor riesgo para el bien jurídico que tienen por el poder que ostentan».

«En consecuencia, los que no detentan esas condiciones, no infringen el deber jurídico especial que vincula al funcionario o servidor público y, en ese sentido, no son

merecedores de un mayor reproche penal en vinculación con la extensión del plazo de la prescripción. Es ese contexto, el marco concretado para el autor de un delito de infracción de deber, en términos de prescripción, no puede sostener una mayor extensión de los mismos para el extraneus».

36

EO

(37)

DETENCIÓN EN FLAGRANCIA

(38)
(39)

La flagrancia en la doctrina

Flagrancia estricta: Cuando el sujeto es sorprendido en el

mismo momento de estar ejecutando el delito.

Cuasiflagrancia: Cuando ya se ha ejecutado el delito, pero

es detenido poco después ya que no se le perdió de vista desde entonces

Presunción de flagrancia: Cuando sólo hay indicios

(40)

CPP 2004

“Artículo 259.- Detención Policial

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.

2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.

(41)
(42)

¿Cuál es el alcance del concepto “delito” en la

detención por flagrancia? ¿Se debe de haber

observado que una persona ha realizado una

conducta típica, injustificada, culpable y

punible?

ASPECTOS

(43)

¿Para detener a una persona en flagrancia

delictiva es necesario que el Policía realice un

ejercicio de subsunción típica?

Por ejemplo, ¿la simple cercanía al lugar donde acontece un delito es suficiente para calificar la flagrancia delictiva? Dicho dato objetivo o fáctico no es suficiente para considerar que una persona fue percibida en “flagrante” delito. Decir lo contrario llevaría a la errónea conclusión de que “todas las personas, incluyendo autoridades distintas a la interviniente, estarían inmersas en la pretendida flagrancia” (STC 1324-2000-HC/TC, caso Cuatro Suyos)

(44)

TIPICIDAD

Por ejemplo, un Policía observa que una persona (cuya cara está cubierta por un “pasamontaña”) ingresa –por el techo- a una casa ajena. Dicho Policía también observa que dos personas -que trabajan como “seguridad” de dicha Urbanización vecinal y que poseen armas- están cerca al lugar de los hechos y no hacen nada para evitar el acto criminal, siendo “testigos” del mismo. ¿A quiénes debe detener el Policía?

(45)

¿Es legítima la detención en “flagrancia” de

una persona basada solamente en el

“cumplimiento” del aspecto subjetivo del

tipo?

En la STC 1923-2006-HC/TC (Caso Chipulina Fernández Dávila) se consideró legítima la detención de una persona por el solo hecho de haber acudido –al Aeropuerto- a despedir a un supuesto traficante de drogas. El TC consideró que esa circunstancia “revelaba un aparente conocimiento de la carga ilícita que se portaba”

(46)

ANTIJURIDICIDAD

Por ejemplo, una persona dispara y mata al agresor de su

novia cuando esta última estaba siendo violada sexualmente. ¿El Policía –quien llegó al lugar de los hechos en el momento del acto de defensa- debe detener a quien disparó? ¿Acaso no actuó en legítima defensa de terceros?

Por ejemplo, una persona dispara y mata al agresor de su

(47)

CULPABILIDAD

Por ejemplo, un Policía observa a un joven de 16 años en el

momento que sustrae un celular a una mujer. ¿El Policía lo debe detener?

Por ejemplo, un Policía observa a un joven de 16 años en el

(48)

PUNIBILIDAD

Por ejemplo, un Policía observa que un joven de 20 años

sustrae (sin violencia ni amenaza) un celular a una mujer. El celular tiene un valor en el mercado de 400 soles. ¿El Policía lo debe detener?

Por ejemplo, un Policía observa que un joven de 20 años

(49)

¿La llamada “urgencia” en la intervención

policial rige en los delitos permanentes?

En la STC 3691-2009-HC/TC (Caso Luz Emerita Sánchez) se indica lo siguiente: “(…) en los delitos permanentes no se configuraría, en principio, la situación de urgencia que impida recabar la

autorización judicial correspondiente. Por consiguiente, en los

delitos de tenencia de armas, drogas, contrabando y otros, cuya posesión continuada se indica como almacenada al interior de un domicilio, se requerirá la previa autorización judicial; pues, aun cuando puedan presentarse de manera concurrente los requisitos de la flagrancia delictiva, en los delitos permanentes se presenta el decaimiento del supuesto de la extrema urgencia”.

En la STC 3691-2009-HC/TC (Caso Luz Emerita Sánchez) se indica lo siguiente: “(…) en los delitos permanentes no se configuraría, en principio, la situación de urgencia que impida recabar la

autorización judicial correspondiente. Por consiguiente, en los

(50)

¿En los delitos instantáneos siempre existe

“urgencia” que habilite la intervención

policial?

En la STC 3691-2009-HC/TC se indica lo siguiente: “La intervención urgente sancionada para los casos de flagrancia se justifica constitucionalmente respecto de los delitos de consumación instantánea”.

(51)

¿Es legítima la detención en flagrancia de un

“autor mediato”?

Por ejemplo, se detiene a una persona bajo el alcance de la “flagrancia”, por la presunta comisión de delitos “contra el patrimonio (hurto agravado), contra la tranquilidad pública y contra la seguridad del Estado”. La detención se realizó por su “condición de dirigente del paro regional que se llevó a cabo entre el 7 y el 9 de julio de 2008, que causó el incendio de la sede del Gobierno Regional de Madre de Dios (…) fue detenido veinticuatro horas después del incendio y saqueo de las instalaciones del Gobierno Regional y que por su capacidad de convocatoria sobre quienes ocasionaron los daños, debía ser investigado” (STC 5423-2008-HC/TC, caso Segundo López).

(52)

La prisión provisional

Medida cautelar personal.

Privación de la libertad del imputado que se

cumple en un establecimiento penitenciario.

Es jurisdiccional. Dictada por autoridad judicial

en un proceso penal.

Tiene carácter provisional, pero se sujeta a

plazos máximos

Cumple fines estrictamente cautelares.

(53)

Evitar la frustración del proceso impidiendo la

fuga del reo.

Asegurar el éxito de la investigación.

Evitar la manipulación de futuros medios

probatorios.

¿Evitar la reiteración delictiva?

¿Satisfacer de manera inmediata las

demandas sociales de seguridad?

(54)

Suficiencia probatoria (Art. 268.1.a)

Pena probable superior a cuatro años(Art.

268.1.b)

Peligro procesal (Art. 268.1.c): peligro de fuga

y peligro de obstaculización

(55)

Elementos de convicción: evidencias y/o

indicios obtenidos en base a la valoración del

material inicial aportado por el fiscal.

Se exige la probabilidad (no la certeza) de la

comisión de un

delito

y la vinculación del

imputado como

autor o partícipe

.

(56)

Pena probable a imponerse mayor a cuatro años.

Prognosis de la sanción en la que se debe valorar

aspectos referidos a la determinación de la pena

para el caso concreto (imputabilidad restringida,

tentativa, error de prohibición).

Análisis realizado en base a los primeros

recaudos acompañados a la solicitud del fiscal.

b) Que la

sanción

a imponerse sea

superior a cuatro

(57)

Dos vertientes: peligro de fuga y peligro

procesal.

Antecedentes del imputado

¿está referido no

solo a los antecedentes penales y judiciales,

sino a todas aquellas referencias circunscritas

al «estilo de vida» del imputado?

(58)

Para su calificación se tendrá en cuenta:

Arraigo en el país

: establecimiento permanente,

atendiendo al domicilio, residencia, asiento de

familia, negocios, trabajo.

Gravedad de la pena

Importancia del daño resarcible y la actitud que

adopta el imputado

: envergadura del daño y

comportamiento del imputado frente a este.

Comportamiento del imputado durante el

procedimiento u otro anterior

: ¿pasado

procesal?

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