Crónicas del indio acostado: historias de despojo en San Juan de Arama

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Crónicas del Indio Acostado: historias de despojo en San Juan de Arama

Nathalia Guerrero Duque

Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora Social con énfasis en Periodismo

Director

Juan Camilo Maldonado Tovar

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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

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Bogotá, D. C. 1 de junio de 2015 Señora

Marisol Cano

Decana de la Facultad de Comunicación Social Pontificia Universidad Javeriana

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente yo, NATHALIA GUERRERO DUQUE, identificada con el número de cédula 1.020.772.395 de Bogotá, me permito presentarle mi trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora Social con énfasis en periodismo. Este proyecto recibe el nombre “Crónicas del Indio Acostado: historias de despojo en San Juan de Arama”. El trabajo de grado comprende una modalidad de producto, con el fin de aplicar los métodos de producción de mi campo profesional, en este caso el periodismo, y obtener como resultado una pieza acorde a estos procesos, que a través de crónicas individuales sobre despojo de tierras en el pueblo, va develando los principales actores y ejes de este hecho victimizante en San Juan de Arama. Espero sea de su total agrado.

Gracias por su atención.

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Bogotá, 1 de junio de 2015

Señora Marisol Cano

Decana Académica de la Facultad de Comunicación Social Pontificia Universidad Javeriana

Cordial y respetuoso saludo:

De manera atenta me permito presentar el trabajo de grado titulado “Crónicas del Indio Acostado: historias de despojo en San Juan de Arama”, elaborado por la estudiante

Nathalia Guerrero, como requisito para obtener el título de Comunicadora Social con énfasis en Periodismo.

El trabajo realizado por la estudiante fue un proceso de continuo aprendizaje que, estoy seguro, representó una experiencia significativa para su formación universitaria y su ejercicio profesional.

Cordialmente,

Juan Camilo Maldonado Tovar

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FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO Autor: Nathalia Guerrero

Campo profesional: Periodismo

Asesor del trabajo: Juan Camilo Maldonado

Título del trabajo de grado: Crónicas del Indio Acostado: historias de despojo en San Juan de Arama

Tema central: Proceso de despojo de tierras en Colombia

Subtemas afines: Tenencia de tierras, restitución de tierras, conflicto agrarrio.

Fecha de presentación: 1 de junio de 2015

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RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO

Objetivo o propósito central del trabajo:

Comprender el proceso de despojo en San Juan de Arama desde sus diferentes aristas, a partir de los relatos de los habitantes sanjuaneros víctimas de este hecho victimizante, los cuales en conjunto representan diversos perfiles que completan el panorama de despojo en la población.

Contenido

1. Agradecimientos 2. Introducción

- Planteamiento del problema - Justificación del problema - Preguntas de investigación - Objetivos de investigación - Objetivo general y específicos 3. Metodología

4. Cronograma

5. La tierra y la guerra: Marco conceptual - Despojo

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- Conflicto agrario - Restitución

6. San Juan de Arama: la tierra del Indio Acostado

7. Crónicas del Indio Acostado: historias de despojo en San Juan de Arama - Doble huida

- Volver

- Al lado del río Güejar - Acá sigo

- El fin de la paz

Autores principales

1. Alejandro Reyes 2. Absalón Machado 3. Darío Fajardo

4. Francisco Gutiérrez Sanín 5. Gonzalo Sánchez 6. Marisol Gómez

Conceptos clave

1. Despojo

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3. Conflicto agrario 4. Restitución

Proceso metodológico

1. Revisión del estado del arte 2. Definición del problema

3. Definición de los ejes conceptuales 4. Construcción del marco conceptual

5. Estudio previo acerca de las posibles historias de despojo 6. Trabajo de campo en el pueblo de San Juan de Arama 7. Realización de las entrevistas

8. Selección de las entrevistas 9. Transcripción de las entrevistas

10. Realización de las crónicas

Presentación de los autores principales trabajados en la investigación

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circunscriben conceptos como reformas agrarias, restitución de tierras, tenencia de la tierra, y cómo los actores se definen alrededor de estas dinámicas.

El antropólogo Francisco Gutiérrez Sanín también es un autor pilar de mi investigación, pues en sus texto Propiedad, seguridad y despojo: el caso paramilitar (2014), el autor se aproxima a la dinámica de la apropiación de la tierra en el país, es decir, la relación del colombiano con la tierra, y en este caso se enfoca en la afectación de esta dinámica por parte de los grupos paramilitares.

A pesar de no ser un autor específico, un texto clave para la fundamentación de mi trabajo es una producción del Centro de Memoria Histórica que se llama El despojo de tierras y territorios: una aproximación conceptual (2009). Como su título lo indica, el texto trata de definir el concepto de despojo y de abandono de tierras, y cómo estos conceptos y su aplicación en la historia del país se consideran fenómenos que afectan las relaciones sociales y políticas que se tienen frente a un territorio. También se esfuerza en hacer una división de las modalidades de despojo.

Aunque durante el marco conceptual no se mencionan, los autores Marisol Gómez y Alfredo Molano fueron importantes para la realización del producto, pues sirvieron como inspiración y guía narrativa para lograr lo que yo deseaba al final: relatos vividos acerca de la problemática escogida, narrados en primera persona. A través de trabajos como

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Reseña del trabajo

A primera vista, este trabajo de grado se puede ver como otra de las tantas profundizaciones que se han hecho para tratar de sacar conclusiones respecto a una de las problemáticas más latentes de nuestro país, que es el conflicto existente en la relación que tiene el hombre con la tierra en Colombia. El trabajo se preocupa al inicio por las causas de la violencia en Colombia, y escoge la tierra como una de las principales razones por las que nuestro país lleva casi seis décadas sumergido en una guerra interna.

El trabajo empieza a desarrollarse a partir de cuatro bases conceptuales, cuatro términos que guían el camino para el producto final: despojo, tenencia de la tierra, conflicto agrario y restitución. A partir de una revisión del estado del arte se intentan definir estos cuatro términos, sustentar su importancia para el producto final de este proyecto de grado, y aterrizar cada término al contexto colombiano.

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El trabajo, en vez de volverse una discusión en una sola vía acerca de conceptos y dinámicas que ya se han repasado varias veces acá en el país, trata sobre cómo ocurren estos mismos procesos en un pueblo pequeño en el Meta, que está ubicado en una de las zonas más conflictivas del país. El formato de narración escogido para estas historias de despojo son crónicas en primera persona, que se lograron gracias a un proceso de entrevistas realizadas en el pueblo, con víctimas principalmente de despojo de tierras, que accedieron a contar sus historias.

Los relatos entonces explican el proceso de despojo en San Juan de Arama, ubicado temporal y espacialmente en el pueblo, exponiendo el panorama de esta problemática y los diferentes ejes que se atraviesan en la realidad de este concepto, gracias a la diversidad de las historias. Narcotráfico, secuestro, asesinatos selectivos, desplazamientos, despojo de bienes y reclutamiento de menores, son algunas de las problemáticas paralelas que se encuentran circunscritas en el proceso de despojo de tierras en este pueblo.

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CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ... 1

Agradecimientos

Quiero agradecer, anteponiéndolos frente a todos los pensamientos que se me puedan cruzar, a mi familia. Gracias por la vida que se han esforzado por darme, por cada día de crianza, y por siempre ser capaces de darme una nueva oportunidad. Cada semestre fui muy consciente del esfuerzo que todos hicieron para mantenerme en esta universidad, y siempre traté de retribuirles en lo académico. Ahora se viene una nueva etapa que ya ha ido empezando, y quiero hacerlos muy orgullosos con todo lo que haga de ahora en adelante.

Quiero agradecer a mi tutor de tesis Juan Camilo. No solo por ser mi tutor de tesis, sino mi jefe, mi editor, mi consejero, y sobre todo mi amigo. Desde que te conozco has acompañado muchos de los procesos más importantes de mi vida, y espero honestamente seguir estando hombro a hombro contigo, al frente de ese barco Vice que tenemos que timonear con todos. Gracias por la paciencia estos meses, y por los regaños, al fin lo logramos.

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1. Introducción

A comienzos de marzo de 1998 me devolvía con mi familia de nuestra finca en los Llanos Orientales y nuestro vehículo quedó atrapado en el segundo retén que planeó alias “Romaña”, cerca a los túneles de Monterredondo, en el municipio de Guayabetal. Tenía seis años y no entendía por qué tuve que quedarme esa tarde más de seis horas debajo de diferentes carros con mi cara contra el pavimento, escuchando el silbido de las balas provocadas por el fuego cruzado entre lo que luego distinguiría como la guerrilla de las Farc y las Fuerzas Militares, a pesar de que debajo del carro para mí todas las botas eran iguales. Ese día bajo las órdenes de “Romaña” sus hombres asesinaron a dos civiles y secuestraron a otros 32 en lo que los medios de comunicación empezaron a bautizar como “pescas milagrosas”, una mezcla entre retenes guerrilleros y secuestro, nueva forma de financiación para las Farc y nuevo factor de miedo para la gente que se movilizaba por las vías terrestres de Colombia.

Nuestra finca en los Llanos está ubicada en San Juan de Arama, un municipio de 9.200 habitantes, mejor conocido como “la puerta de entrada a la Sierra de la Macarena”o “la tierra del Indio Acostado”. San Juan de Arama se sitúa dentro de una zona denominada el Ariari Guayabero. Para la época de la toma guerrillera, en 1998, en la región se ubicaron los frentes 7, 26, 27, 40 y 43 de la guerrilla de las Farc.

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El episodio determinó la forma en las que fui comprendiendo al país, y a este se le fueron sumando más. Después de volver al pueblo, la situación estuvo lejos de mejorar, y cada visita era una cifra diferente de la gente que había sido asesinada, secuestrada o desplazada. Asesinaban vecinos, hijos de amigos, o vendedores conocidos por todo el pueblo. No puedo decir que fuimos víctimas directas de la época guerrillera y paramilitar de San Juan de Arama, pero al menos sé con certeza que fuimos víctimas secundarias. Caímos en una toma guerrillera, nos abstuvimos de ir en algunas épocas, fuimos a funerales, lloramos varios muertos y años después casi nos convertimos en víctimas de despojo por parte de grupos paramilitares. Tuvimos miedo muchos años. Y es el miedo el común denominador, el hilo más básico que nos enhebra a todos como víctimas en este país.

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Basándose en la Ley de víctimas y restitución de tierras, la Unidad de Víctimas se ha encargado de tipificar la violencia en nuestro país con cifras contundentes, y ha distinguido trece hechos victimizantes, trece mecánicas que siguen reproduciendo la violencia en Colombia. Estos son el abandono o despojo forzado de tierras, los actos terroristas, las amenazas, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, la desaparición forzada, el desplazamiento, el homicidio, las minas antipersona, la pérdida de bienes muebles o inmuebles, la tortura y el reclutamiento infantil.

De estos trece hechos victimizantes decidí que mi trabajo de grado se centraría específicamente en el despojo ¿Por qué escoger el despojo? Si se revisan las cifras históricas que tiene el Registro Único de Víctimas sobre despojo en el Meta, se encuentran solo 332 casos. Si se comparan estos números con las cifras por desplazamiento en el departamento, 190.205 casos hasta 2014, la diferencia es abismal. En muchos casos de desplazamiento forzado existe el despojo de tierras, pero las víctimas no se registran por este último hecho victimizante debido a desinformación. En este sentido, resulta importante visibilizar un tipo de violencia que desconocen las víctimas en el momento de registrarse.

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Ahora, muchos años después, hemos vuelto a hablar de paz, y necesariamente debíamos hablar de tierra. No gratuitamente fue este el primer punto a discutir en las negociaciones de paz de La Habana, en donde se recogieron todos los temas que relacionaban de una manera u otra a la tierra y sus problemáticas en nuestro país, y se concluyeron implementaciones como un fondo de tierras gratuito para la población campesina, créditos y subsidios más completos para la compra de terrenos y procesos de reconversión en el uso de la tierra. También consideraron importante delimitar por fin la frontera agrícola, e incluir a los campesinos en una mayor participación a la hora de hacer un reordenamiento territorial. Si actualmente estamos volviendo a hablar de tierra, ¿por qué no realizar un trabajo que hable sobre ella?

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Mi trabajo de grado adquiere un valor periodístico debido a la investigación y al trabajo de campo realizado, un periodismo de inmersión de casi un mes, en donde a partir de historias reales de primera mano, se construyeron relatos en primera persona, crónicas periodísticas que sirven como registro, y como un producto relacionado con mi énfasis.

Antes de escuchar y entender estas historias, construí una base conceptual a partir de diversos autores y entidades como Centro de Memoria Histórica, el Incoder, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Alejandro Reyes, Marisol Gómez, Absalón Machado, Darío Fajardo, Francisco Gutiérrez Sanín y Gonzalo Sánchez, para comprender el despojo empezando por sus antecedentes desde inicios del siglo pasado, las reformas que influenciaron y afectaron el departamento del Meta, los conflictos en la tenencia de la tierra en este territorio, la confluencia de grupos al margen de la ley en el pueblo durante distintas épocas, el problema de titulación de sus tierras y el enfrentamiento entre estos grupos por el control del pueblo, y cómo este enfrentamiento afectó y determinó la relación de sus habitantes con el suelo que pisan.

Luego de jerarquizar los logros que pretendía con este trabajo de grado, decidí que el objetivo principal de mi trabajo iba a ser la comprensión del proceso de despojo en San Juan de Arama desde sus diferentes aristas, a partir de los relatos de los habitantes sanjuaneros víctimas de este hecho victimizante, los cuales en conjunto representan diversos perfiles que completan el panorama de despojo en la población.

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- Comprender la relación de tenencia de la tierra que se ha desarrollado en San Juan de Arama, y los usos legales e ilegales que perpetradores y despojados le han dado a esta.

- Comprender cómo se ha llevado a cabo el proceso de despojo en San Juan de Arama, teniendo en cuenta actores, modalidades, titulaciones y nuevos usos de la tierra.

- Entender el conflicto agrario en nuestro país a través de diferentes autores y distinguir las causas que llevaron a esto sobre todo en el departamento del Meta, más específicamente en San Juan de Arama.

- Poder definir el concepto de restitución como proceso y comprender cómo se ha llevado a cabo en San Juan de Arama en los últimos años.

Sin embargo, más allá del compromiso que adquirí desde el inicio de esta carrera por hacer un trabajo de grado, si examino las razones verdaderas de esto que estoy haciendo, la más grande es una sensación, un sentimiento de que le debo esto a San Juan de Arama. A pesar de no haber nacido en el pueblo, y de no haber vivido más que las temporadas vacacionales en el lugar, San Juan de Arama se ha convertido para mi familia en el lugar en donde todos, imaginando un futuro ojalá lejano, queremos terminar nuestros días. En su reciente novela, La Oculta, uno de los personajes que crea el autor Héctor Abad Faciolince suelta la siguiente frase: “Jon me enseñó qué quiere decir nostalgia. Nostos en griego me dijo es ‘regreso’, y algia ‘dolor’, así como mialgia es dolor de los músculos, así mismo nostalgia es el dolor del

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de mi país, algo que muchos jóvenes de mi edad siguen sin entender, creyéndolo algo ajeno a las calles y carreras que transitan en la ciudad.

Esta vez quise hacer un viaje de regreso físico, palpable. Un viaje de regreso donde no solo regreso yo, sino que me llevo de la mano a muchas personas, que me cuentan sus recuerdos, sus angustias y dolores frente a una problemática tan latente como lo es el despojo. Es un viaje de regreso al que no estoy obligada, pero que quiero hacer en honor a un pueblo en el que, sin importar lo convulsionado de sus días en el pasado, siempre encontré un pedacito de remanso.

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Este proyecto se inscribe en la modalidad producto. En este caso el producto consiste en cinco crónicas narradas en primera persona, en las que cinco personajes diferentes narran sus historias de despojo, exponiendo al mismo tiempo otras problemáticas que rodean este hecho victimizante, ya sean como causa o consecuencia de este. Por esto mismo, el enfoque de este trabajo de grado es netamente cualitativo.

Según Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, y Pilar Baptista Lucio (2006), el enfoque cualitativo de una investigación se define como:

Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es un enfoque naturalista (porque estudia a seres vivos en su ambiente natural) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen).

Otra descripción sobre las investigaciones cualitativas es que se fundamentan en procesos inductivos, es decir, se exploran y se describen realidades individuales para poder llegar a una perspectiva más general. Por esto mismo es que este trabajo escogió como metodología la entrevista a profundidad, debido a que esta lo que hace es una exploración minuciosa de un caso específico (ya sea una situación, una persona, una historia, etc.), la cual se puede hacer repetidas veces dentro de una población para exponer un fenómeno determinado en una perspectiva amplia. Es como tratar de enfocar el mismo panorama parándose desde distintas posiciones.

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posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender qué busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general”. Así, de igual forma, se realizó el producto de este trabajo de grado.

Estos cinco personajes contaron con las siguientes características. La primera de ellas es que accedieran a contar sus experiencias, algo a lo que no todos los habitantes del pueblo estuvieron dispuestos ya fuera por miedo, por desconfianza, o porque simplemente se trata de realidades difíciles de vivir y de contar. Segundo que los cinco personajes realizaron su debido registro en la Personería como víctimas, pero no como víctimas de despojo, debido a la desinformación que se explicó previamente en la introducción. Sin embargo todos hacen parte del registro, y de alguna manera u otra hacen parte del proceso de reparación y restitución de tierras por parte del Gobierno. Tercero que fueran historias de despojo que provinieran de diferentes veredas en San Juan de Arama: Monserrate Alto, Monserrate Bajo, Los Micos, Bocas del Zamza, etc. para que las historias no solo se distanciaran territorialmente sino narrativamente, y expusieran dinámicas diversas para poder ampliar el panorama del despojo.

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personaje, o sumergirse más en la historia que se está narrando. Todos estos elementos a su vez constituyen herramientas que ayudan a la construcción de los relatos de este trabajo, pues las narraciones no solo van directo a la historia, sino que están llenas de detalles que enriquecen la lectura, enriquecen el panorama del departamento del Meta de San Juan de Arama y de los cinco protagonistas de este producto.

Convertir una entrevista en un relato como los que se encuentran en este trabajo de grado requiere de todo un proceso, y fue todo un reto. Al llegar al pueblo durante los casi 30 días, lo primero que se hizo fue contactar a los habitantes en el pueblo de manera directa, yendo por ejemplo al barrio La Macarena (donde el Gobierno donó 49 casas a la gente desplazada del pueblo) a presentar el trabajo de grado, buscando gente que hubiera perdido sus tierras y estuviera dispuesta a contar su historia. En algunos casos un personaje remitía a otro, y así sucesivamente.

Las entrevistas fueron realizadas en las casas de los personajes, y duraban en promedio hora y media, tiempo en donde les hacía un cuestionario exhaustivo para entender la situación del personaje antes, durante y después del despojo. Luego de esto se transcribieron las entrevistas, entendiendo no solo toda la línea del tiempo y los movimientos del personaje, sino teniendo en cuenta sus muletillas, sus costumbrismos y su tono de voz, todo lo que pudiera tener en cuenta para poder construir un personaje real a la hora de escribir los relatos.

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por ejemplo reclutamiento infantil, el negocio de la coca, asesinatos selectivos, secuestro, etc.

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2. Cronograma

1 de febrero – 15 de marzo: Desarrollar Marco conceptual e introducción.

15 de marzo a 10 de abril: Revisión y correcciones Marco conceptual.

10 de abril al 25 de abril: Construcción de la entrevista

27 de abril a 30 de abril: Construcción de la entrevista y viaje para trabajo de campo.

1 de mayo a 22 de mayo: Trabajo de campo y escritura de las crónicas

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3. Marco conceptual: la tierra y la guerra en Colombia

Antes de la realización de mi producto, decidí cimentar mi trabajo de grado en la aproximación conceptual hacia cuatro conceptos que considero clave para este y son: la tenencia de la tierra, el conflicto agrario, el despojo y la restitución. A pesar de que el despojo es el concepto principal, le rindo igual importancia al resto de conceptos, pues el primero contextualiza cómo ha sido la relación que hemos tenido los colombianos con la tierra a través de la historia; el segundo revisa las causas que generando y siguen reproduciendo el conflicto agrario en Colombia; el tercero es una de las consecuencias de este conflicto agrario y el centro de este trabajo de grado, y el cuarto término trata de exponer de qué manera se ha tratado de resarcir una de las complicaciones de nuestro conflicto agrario como lo es el despojo en nuestro país.

Tenencia de la tierra

El concepto de tenencia de la tierra, y más específicamente el concepto de “tenencia”, se remonta a la época del feudalismo inglés. Una palabra cuya raíz etimológica viene del latín

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El hecho de poseer la tierra se puede ver desde varias posiciones, por ejemplo la legal, con el autor John W. Bruce, quien afirma que como término legal la tenencia de la tierra implica el “derecho a poseer tierras, en lugar del simple hecho de tenerlas” (Bruce, 2000, p. 1). Más allá de eso, la tenencia se refiere a “los términos bajo los cuales se posee algo, es decir, los derechos y obligaciones del poseedor” (Bruce, 2000, p. 1), toda una posesión integral y responsable. Bruce especifica afirmando que “una persona puede tener derechos legales sobre tierras o recursos sin que esto implique que tomó posesión” (Bruce, 2000, p. 1), pues hay muchas maneras legales de tener una tierra, pero solo una para poseerla, que es mediante la obtención de una figura legal que represente la tierra, es decir, las escrituras. En resumen, esto sería tener el “requisito de tener derechos totales sobre la tierra” (Bruce, 2000, p.1).

Eso de derechos totales sobre la tierra lleva inscrito de por sí, una tenencia segura de esta, en la que ni personas físicas o legales, y ni siquiera el Estado, puede interferir con la tenencia de la tierra de un individuo.

Así como se expuso antes, la tenencia se refiere a términos de posesión, es decir, que necesariamente atraviesa muchas variables relacionadas con la tierra:

Un sistema de tenencia sólo puede entenderse en relación a los sistemas económicos, políticos y sociales de los que es producto y con los que interactúa. Los sistemas de tenencia pueden caracterizarse de acuerdo al país o tipo de sistema económico en el que se insertan, como formales creados por estatuto legal o informales no escritos, tradicionales; o como importados o indígenas. (Bruce, 2000, p. 2)

Es igual de importante tener en cuenta para este trabajo de grado la definición que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) le adjudica a este término: “la relación […] entre personas, en cuanto individuos o grupos, con

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respecto a la tierra (FAO,2003, p. 9)”. Como toda relación, esta también tiene sus reglas del juego, establecidas por cada sociedad. Cada una determina cómo serán los derechos de propiedad de la tierra en sus territorios, y cómo se va a utilizar la tierra, cómo se va a transferir y cómo se va a dividir.

De igual manera, la FAO enlista las diferentes modalidades de tenencia de la tierra, que aterrizadas a una estructura agraria real, siempre se encuentran entremezcladas:

- “Privada: asignación de derechos a una parte privada, que puede ser un individuo, una pareja casada, un grupo de personas o una persona jurídica, como una entidad comercial o una organización sin fines de lucro. Por ejemplo, dentro de una comunidad, las familias individuales pueden tener derechos exclusivos a parcelas residenciales, parcelas agrícolas y algunos árboles. Otros miembros de la comunidad pueden quedar excluidos de la utilización de estos recursos sin el consentimiento de quiénes ostentan los derechos.

- Comunal: puede existir un derecho colectivo dentro de una comunidad en que cada miembro tiene derecho a utilizar independientemente las propiedades de la comunidad. Por ejemplo, los miembros de ésta pueden tener derecho a llevar su ganado a un pastizal común.

- De libre acceso: no se asignan derechos específicos a nadie, ni se puede excluir a nadie. En este contexto se suelen incluir las actividades marinas, en que el acceso a alta mar está generalmente abierto a todos; pueden incluirse también los pastizales, bosques, etc., cuando todos gozan de libre acceso a los recursos (una diferencia importante entre libre acceso y sistema comunal es que en virtud de este último quienes no son miembros de la comunidad están excluidos de la utilización de las áreas comunes).

- Estatal: se asignan derechos de propiedad a una autoridad del sector público. Por ejemplo, en algunos países las tierras forestales pueden quedar bajo mandato estatal, sea el poder central, o un gobierno descentralizado(FAO,2003, pág 10)”.

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individuos, alrededor de acuerdos de aparecería (contrato en el que un propietario cede la explotación de su terreno a un segundo, a cambio de un porcentaje de lo producido), de arrendamiento, de hipoteca, de compra de mejoras, etc.

La FAO simplificó todos estos derechos, y los clasificó en tres categorías, derechos de uso de la tierra, derechos de control de la tierra y derechos de transferencia:

- “Derechos de uso: derechos a utilizar la tierra para el pastoreo, producción de cultivos de subsistencia, recolección de pequeños productos forestales, etc.

- Derechos de control: derechos a tomar decisiones sobre la forma de utilizar la tierra, en particular a decidir qué cultivos deben plantarse y a beneficiarse financieramente de la venta

de los cultivos, etc.

- Derechos de transferencia: derecho a vender o a hipotecar la tierra, a cederla a otros mediante reasignaciones intracomunitarias, a transmitirla a los sucesores mediante herencia y a reasignar los derechos de uso y control (FAO,2003, pág 12)”.

Todos estos derechos relacionados con la tierra, su uso, su distribución y su control es lo que hace tan complejo el concepto de tenencia, pues hay derechos que son formales (o sea, que se traducen en formas legales y son plenamente reconocidos por el estado), otros que son informales y simplemente se acuerdan hablando entre partes, con el riesgo de ser incumplidos en algún momento determinado.

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Para el autor Hernán Echavarría la tierra es el recurso natural más valioso que tiene el país. Si esta es el recurso más valioso, su acaparamiento, su valorización y su mala distribución va a incidir inmediatamente de manera negativa en la población del país, sobre todo el sector campesino, que es el que trabaja la tierra. Para Echavarría el panorama que se ve en todo el país es preocupante:

Los dueños de la tierra rural poseen mayor extensión de la que ellos mismos pueden trabajar, lo que los obliga a dejar grandes zonas incultas o semi-incultas. Nos sorprendemos entonces de que la producción agrícola sea escasa, echándole la culpa a la falta de incentivos a la agricultura. Por igual motivo la tierra alrededor de las ciudades está acaparada en espera de valorización, cuando la población marginada tiene que levantar sus viviendas en los cerros, a donde los servicios no pueden llegar. (Echavarría, 1996)

La afirmación se sostiene en cifras. El índice GINI de tierras en Colombia está en un 0.87, cuando 1 es el máximo indicador de tenencia o concentración de tierras en pocas manos. La FAO afirma que hay aproximadamente 2.600 millones de hectáreas aptas para cultivar que no están siendo aprovechadas. De estas 2.600 hectáreas, la mayoría se encuentra concentrada en siete países: Congo, Angola, Sudan, Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia.

Esta desigualdad de tenencia en la tierra colombiana se traduciría en las siguientes cifras:

- 86,3% de los propietarios tienen 8,8% de la superficie con propiedades de menos de 20 hectáreas.

- 10,7% de los propietarios tienen 14,6% de la superficie con propiedades de entre 20 y 100 hectáreas.

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- 0,4% de los propietarios tienen 62,6% de la superficie con propiedades de más de 500 hectáreas. (Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia, 2013)

Es innegable la vinculación que tiene la tenencia de la tierra con el conflicto armado colombiano. Desde los siglos pasados hasta hoy, todo tipo de actores se han enfrentado por el acceso a la tierra: colonos, terratenientes, pequeños propietarios, y en los últimos 60 años se han sumado a este enfrentamiento guerrillas, grupos de narcotraficantes, grupos paramilitares y más recientemente bandas criminales, conocidas como Bacrim. Estos sesenta años han dejado una cuenta de cobro de 6.163.315 desplazados (Unidad de víctimas, RNI, 2014) y de 8.010 personas que se han registrado como víctima de despojo, aunque la cifra no es ni cercana. Esto sucede porque la mayoría de gente despojada de su tierra se registra en la Unidad de Víctimas por hecho victimizante de desplazamiento, sin siquiera preocuparse por su terreno perdido, básicamente por miedo.

Ana María Ibáñez afirma que un poco más del 60% de los hogares desplazados en el país son pequeños propietarios de tierras, es decir que la mayoría de hogares desplazados fueron dueños de un terreno.

Los hogares con tenencia de tierra escogen sitios de recepción cercanos a su municipio de recepción probablemente para visitar y explotar la propiedad cada vez que sea posible. Los desplazados han optado últimamente por migrar cerca de su municipio de origen a la espera de una disminución en la intensidad del conflicto. Dicha estrategia defensiva puede denotar un conocimiento profundo de los hogares rurales acerca de la dinámica del conflicto y del comportamiento de los grupos armados ilegales. (Ibáñez, 2004, p. 65)

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nuestro país es muy alta, por varias razones. Según una investigación de la Universidad de los Andes, la informalidad total asciende a 32,8%” (Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia, 2013).

La informalidad de la tenencia de la tierra es un mal que tienen tanto los predios comunitarios, como los individuales, las haciendas grandes y las casas pequeñas, las reservas indígenas, y las reservas naturales. Por informalidad se pueden entender muchos significados: la no titulación de la tierra, ocupación ilícita, trueques, contratos de aparcería o arrendamiento que solo se “charlan”, etc. Esta informalidad en la tenencia se ve agravada por la poca efectividad de titulación de territorios en todas las regiones (sobre todo rurales) del país, y por la complicidad del Estado y sus figuras legales en la venta ilegal de territorios:

En algunos casos, los funcionarios de las notarías y las registradurías son cómplices de las ventas ilegales e incurren en el delito de falsedad de documento público, entre otros delitos. En otros casos, los funcionarios de entidades encargadas de registrar las transacciones de las tierras han sido objeto de ataques, o los registros han sido desaparecidos o destruidos. Las entidades estatales de carácter agrario o ambiental han posibilitado también la usurpación de predios de personas desplazadas. Funcionarios públicos han participado en estafas o se han negado a adoptar los procedimientos de su competencia para defender los derechos a la tierra, al medio ambiente y a la vida digna de las personas campesinas desplazadas, las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas afectados. En otros casos, la Fuerza Pública ha tolerado la ilegalidad, interviniendo directamente en los hechos que generaron el desplazamiento forzado o haciendo caso omiso de las resoluciones de entidades ambientales y de organismos de control que protegen los derechos de la población campesina, las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas. Esta conducta de los miembros de la Fuerza Pública favorece la perpetración y la legitimación de situaciones ilegales. (Comisión Colombiana de Juristas, 2006, p. 29)

Conflicto agrario

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tratado de intervenir y modificar estas ocupaciones, y cómo el campesinado, y más adelante los grupos ilegales han resistido a estas intervenciones. Todo este proceso histórico con tintes legales (aportado por el Estado y sus legitimaciones) e ilegales (aportado por el campesinado y las modalidades de ocupación y despojo ilegal de grupos insurgentes), ha dejado ganadores y perdedores a través de todos estos años, puestos que no son estáticos, sino que mutan.

No es fortuito que las zonas del país donde más ha calado la violencia, sean las mismas zonas donde ha habido mayor concentración de tierra y colonización campesina en las últimas décadas. Esta colonización, en vez de haberse presentado como apertura de territorios de frontera agrícola y nuevos horizontes para la población rural colombiana, generó problemáticas como la sed por más tierra en varias regiones como la andina, costos ambientales alrededor de todo el país, y conflictos entre propietarios de tierras y campesinos colonizadores que se volvieron una población itinerante en el territorio.

Para Reyes (1987), la solución al problema va más allá de decidir si hacer una nueva reforma o no, o desde dónde iniciarla:

Cualquier intervención del Estado en la cuestión agraria debe empezar por reconocer la existencia de verdaderos conflictos de intereses opuestos entre grupos humanos, con distinta capacidad de articulación de sus demandas y de acceso a los recursos del poder. Consecuentemente, el Estado debe garantizar las posibilidades de conformación de movimientos participativos, que permitan a los actores colectivos trazar su "mapa de ruta", luchar por su desarrollo y hacer posible la convivencia, al instituir la negociación y el respeto a la legalidad de los derechos de los adversarios. (p. )

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primero de ellos fue “aplastar con represión militar las movilizaciones pacíficas de las organizaciones campesinas y por tanto cerrar la vía reformista, para enfrentar, a cambio, la lucha insurgente de las guerrillas” (Reyes, 2009, p. 2).

De esta represión nacen las guerrillas, en la década de los sesenta. Grupos cada vez más grandes de campesinos que empezaron por el camino de la resistencia y la revolución, teniendo como íconos ideológico a Marx y su lucha de clases, y que poco a poco se fueron distanciando de sus exigencias iniciales, pero no por eso dejaron de aumentar; ya para la década de los ochenta parecían reproducirse solas.

El segundo error, otra vez por parte de la dirigencia del país, fue que “auspició la creación de ejércitos privados para defender la propiedad, cuando la tierra estaba cambiando de manos por la acumulación de divisas del narcotráfico” (Reyes, 2009, p. 2). Frente al narcotráfico las presidencias fueron muy contradictorias, pues por un lado hubo comportamientos laxos por parte de presidentes como López Michelsen y su “ventanilla siniestra” (Reyes, 2009, p. 2), y por otro lado, presidentes como Gaviria y Samper se dedicaron durante sus gobiernos a erradicar el narcotráfico, como quien erradica hojas de coca.

A su vez, para Bersarión Gómez, el conflicto agrario se define como

La carencia de una decisión política de reformar la estructura agraria en función de objetivos de desarrollo y equidad de largo plazo. Es la no consideración del sector agropecuario como un sector estratégico para la sociedad, tanto en términos de seguridad alimentaria como de dominio territorial a través de actividades económicas lícitas, y también en calidad de sector que contribuye con externalidades significativas en la conservación del medio ambiente y calidad de vida (Gómez, 2011, p. 63).

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agrarias en el país es la de Alfonso López Pumarejo en el marco de su llamada “Revolución en marcha”, quién en 1936 presentó la ley 200 en el congreso sobre el régimen de tierras:

Esta ley pretendió modificar y modernizar la estructura de tenencia de la tierra y buscó regular el proceso, dar un impulso sustancial a la utilización económica del suelo, clarificando los derechos de propiedad y posesión sobre baldíos, encuadrar los conflictos agrarios a un nuevo orden jurídico a través de la jurisdicción del Estado, dar un plazo a los propietarios de la tierra para que la explotaran adecuadamente y neutralizar las protestas rurales iniciadas desde los años 20” (Gómez, 2011, pág 70).

A pesar de la resistencia que esta ley tuvo, sentó los cimientos del primer intento del país por realizar una reforma agraria. La ley 100 de 1944, por su parte, declaró de conveniencia pública los contratos de aparcería entre terratenientes y campesinos, tratando de amortiguar los efectos de la ley anterior, y volviendo a abrir una sujeción entre el campesino y el dueño de tierras.

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Casi paralelo a esta reforma, en el gobierno de Lleras Restrepo se creó en 1967 la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, con más de un millón de afiliados, creado en parte como modo de presión generada por el ex presidente para lanzar su propio intento de reforma agraria, la ley 1 de 1968, la cual se enfocó en entregarle tierras a los campesinos que la trabajaban mediante los contratos de aparcería, en darle un mejor uso a los predios que estaban siendo inadecuadamente explotados, y en agilizar los trámites legales de todo tipo de titulación o legalización que tuviera que ver con tierras. Este movimiento campesino empezó a generar una politización en todo el país, que empezaba en las zonas rurales, pero como una ola, llegaba a los centros urbanos de las ciudades empujado por el proceso migratorio que el país venía desarrollando desde antes de la época de La Violencia.

Sin embargo, los impulsos de reforma infundados por Lleras Camargo y luego continuados por Lleras Restrepo se estrellaron contra el Gobierno de Misael Pastrana Borrero, quien en 1972 firmó en Tolima lo que se conoció como el Pacto de Chicoral, una contrarreforma que anulaba las anteriores, y trataba de restarle influencia a la ANUC, considerándolo un movimiento campesino subversivo, mientras estos a modo de respuesta, reclamaron e invadieron cerca de 2000 terrenos (Reyes, 2009, p. 28).

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Mientras tanto, las movilizaciones sociales a través del territorio continuaron, evolucionando en algunos territorios rurales en acciones armadas por parte de la guerrilla, las cuales recibían un tratamiento represivo por parte del Gobierno:

El tratamiento represivo dado a las expresiones de movilización de los grupos excluidos llevó a debilitar aún más a los movimientos sociales y a las organizaciones políticas de izquierda, amenazados por su propia desintegración interna a finales de los años setenta. Paralelamente, este manejo de los conflictos amplió en la opinión popular la credibilidad de las guerrillas, circunstancia a la que respondieron con su extraordinario crecimiento numérico y geográfico de los años ochenta. (Reyes, 2009, p. 31)

Esta expansión guerrillera de la década de los ochenta preocupó a los grandes propietarios en todo el territorio, quiénes temían por sus predios, y reaccionaron inmediatamente, con la “creación de fuerzas privadas, en concordancia con la estrategia que el ejército definió desde fines de 1981, bajo el mandato del presidente Turbay, de crear sus propias bases civiles de apoyo” (Reyes, 2009, p. 31). Luego, bajo el mandato del ex presidente Belisario Betancourt, las fuerzas armadas en las regiones donde había más dominio guerrillero (Urabá, Córdoba, Magdalena medio, Meta, Caquetá, Cauca y Valle) convocaron apoyo económico de los hacendados, ganaderos y comerciantes, para fomentar la creación de grupos paralelos, grupos de autodefensa, que mutaron en lo que hoy conocemos como grupos paramilitares.

Lo que sucedió muchas veces, fue que los narcotraficantes empezaron brindando el apoyo, y terminaron asumiendo el control económico de estas autodefensas, que con el tiempo se volvieron no solo escuadrones de seguridad contra las guerrillas, sino el terror de poblaciones enteras:

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sus protegidos para recomponer una base social sumisa a la gran hacienda. (Reyes, 2009, p. 26)

Después del gobierno de Pastrana Borrero y su contrarreforma, pasaron años antes de que se volviera a hablar de una reforma agraria en Colombia. Luego, en 1994, después de hablar de compras de tierras a precio de mercado en 1982 y 1988, se genera bajo el Gobierno de Gaviria la ley 160, la cual establecía “un subsidio a la compra de tierras por parte de campesinos y trabajadores sin tierra, y (…) líneas de crédito para compra de tierras para pequeños productores con tasas de interés cercanas a las del mercado” (Gómez, 2011, p. 75).

Esta reforma recibió muchas críticas debido a que los campesinos debían lidiar con terratenientes que les cobraban mucho más por la tierra en venta, y debido a la corrupción creciente del Incora, ente que terminó dotando de tierras a quien no necesitaba, haciendo negocios con narcotraficantes, y realizando distribuciones de tierra a conveniencia de unos pocos. Tal fue la corrupción del Incora, que fue desmantelado, dando paso al Incoder en el 2007.

Estamos a 2015, y el problema causado por nuestra tierra no se ha solucionado. El Estado ha fracasado en diferentes proporciones para tratar de solucionar la desigualdad en la tenencia de la tierra, su dominio o al menos su presencia sobre ella, haciendo que el primer afectado sea el que vive directamente de ella, el que la trabaja, es decir, el campesino:

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Todo lo que se ha visto anteriormente no parece sino hacer más complicado el conflicto agrario que tenemos dentro de nuestro territorio. Un problema compuesto por muchísimos elementos, que no están separados, sino que están más que relacionados, trenzados. Primero está la distribución inequitativa de la tierra, los conflictos y enfrentamientos por el uso de esta (por diversas razones, desde los recursos naturales y la calidad de la tierra hasta las oleadas crecientes de narcotráfico), el abandono de la tierra por parte de campesinos colonizadores, o el despojo de esta no solo causado por guerrillas y paramilitares, sino por los mismos hacendados en pro de proteger su tierral, e incluso en algunos casos el mismo estado. También está la corrupción en entidades estatales, el uso de tierras para lavado de activos, el fracaso de las reformas agrarias enlistadas, y hasta la forma de hacer agricultura y ganadería sobre los suelos de nuestro país, que amplían cada vez más la frontera agrícola. Es difícil apuntar a uno de estos elementos y afirmar que esa es la verdadera causa.

El despojo

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Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, entre 1985 y noviembre de 2014, se registró una cifra oficial de 335.121 personas desplazadas de los municipios, con un pico máximo de desplazamiento y despojo entre 2002 y 2008, en donde 210.804 personas fueron despojadas de sus territorios. Asimismo, el Meta también es una de las poblaciones que más población desplazada recibe; en ese mismo periodo recibió a 172.928 personas.

Luego de su definición, lo primero que se debe comprender acerca del despojo, es que este deja de ser un hecho que se define aisladamente, para volverse la unión de varios engranajes que son los que ponen a rodar el conflicto armado en el país. Una antesala que une varios procesos sociales circunscritos dentro de una región, tal como lo describe el autor Alejandro Reyes:

Bajo la apariencia de un fenómeno masivo y sistemático de expulsión de población y despojo de tierras se esconde una gran diversidad de situaciones regionales y locales, de gran complejidad, en la cual incidieron factores como la composición y conducta de los grupos insurgentes anteriores, el ascenso de narcotraficantes a las capas dirigentes, la captura de los estados regionales por los señores de la guerra, la influencia de las guerrillas en la población rural, la complicidad o tolerancia de las fuerzas armadas y del Gobierno en consolidación y posterior desmonte de los grupos paramilitares, y las reacciones de la justicia, que condujeron a resultados diferentes entre una región y otra. (2009, p. 111)

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pesar de ser esfuerzos valiosos, quedan relegados en un vacío empírico poco comprobable, en donde quedan también los análisis para determinar los procesos utilizados sistemáticamente para despojar de su tierra a los habitantes de un territorio.

Por su parte el autor Francisco Gutiérrez Sanín, en su texto Propiedad, seguridad y despojo: el caso paramilitar, se refiere al despojo como “activo”, centrándose en procesos de despojo paramilitar, el cual considera

El acto planeado y consciente de quitar la tierra a alguien, con el fin de redistribuir los derechos de propiedad entre otros agentes. En este tipo de desplazamiento el agente despojador, o alguno de sus representantes, intenta explícitamente apropiarse del predio y la víctima lo abandona porque alguien le exige entregarlo, y/o los papeles que le daban derechos como posesión, usufructo y transferencia. (204, p. 45)

Sanín (2014) cierra mucho más el espectro, pues para él muchas veces el despojo tiene objetivos diferentes, o incluso no tiene objetivo: “Por ejemplo, el combate entre dos grupos armados puede generar grandes oleadas de migración forzada, sin que acceder a la tierra sea el objetivo de ninguno de ellos” (p. 46).

Sin embargo la de Sanín (y sus consideraciones) no es la única definición pertinente para tratar de definir el concepto de despojo. En un documento realizado por uno de los departamentos del Centro de Memoria Histórica , se afirma que:

El despojo de tierras es tácitamente entendido como un hecho que genera perjuicios sociales, económicos y emocionales a quienes lo padecen. Aun así, el país no ha desarrollado mecanismos prácticos para enfrentar la magnitud de la tragedia ni para mitigar su impacto sobre la estructura social, económica, política, cultural y ambiental. Hasta el momento no existe una memoria del significado del proceso de despojo. (Área de Memoria Histórica, CNRR, IEPRI, 2009, p. 13)

Luego de definir qué es el despojo, es importante ahondar en las maneras en las cuales se lleva a cabo, las modalidades. Tanto el texto del Centro de Memoria Histórica como

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Gutiérrez Sanín y Alejandro Reyes encasillan diferentes modalidades por las cuales se puede llevar a cabo el despojo, quizá ligada a dos criterios básicos que servirían como punto de partida para la construcción de las calificaciones que se expondrán más adelante: el primero tiene que ver con los medios utilizados por los victimarios para generar el despojo, y el segundo tendría que ver con las formas posteriores de aprovechamiento de la tierra.

Basado en esto último, el texto del Centro de Memoria Histórica identifica cinco categorías de despojo, incluyendo el testaferrato como una modalidad que vuelve el despojo algo encubierto y un hecho que dificulta el real conocimiento de la estructura predial y la tenencia de la tierra de un territorio específico.

Las siguientes están compuestas de esta manera:

- “Compra ventas irregulares: por la fuerza, por dolo, por inducción de error, precio que

no corresponde con el valor comercial, lesión enorme.

- Transferencia judicial: poseedores que se convierten ilegalmente en propietarios;

procesos ejecutivos a partir de los cuales acreedores se quedan con las tierras; casos en los que los propietarios recuperan ilegalmente la propiedad definidos como procesos reivindicatorios, y finalmente fraudes procesales definidos como conductas ilegales dentro de los procesos judiciales.

- Transferencia de derechos a través de instancias administrativas: en esta modalidad

se categorizan prácticas de adjudicación de baldíos por autoridad competente, judicial o registral; incumplimiento de condiciones resolutorias como ventas inconsultas antes de los 12 años; revocatoria de la asignación y reasignación; aplicación de la caducidad administrativa y reasignación a 15 años; ventas sin consentimiento del INCODER, silencio administrativo positivo y posterior enajenación sin el cumplimiento de las formalidades; extinción de dominio y asignación a ocupantes; falsedad ideológica en documento público y el empleo de la figura de accesión para el cambio de propiedades colectivas a particulares.

- Desalojo forzado por la violencia: Ocupación de hecho y abandono de baldíos”. (Área

de Memoria Histórica, CNRR, IEPRI, 2009, pág 14).

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primera referencia los procesos de expulsión y las posteriores acciones militares y políticas de los grupos paramilitares y de varios narcotraficantes:

- “Transferencia forzada de títulos bajo coacción a nombre del comandante o mando medio del grupo paramilitar (o algunas veces guerrillero) implicado en el hecho.

- Corrimiento de cercas para englobar predios de desplazados.

- Uso de testaferros o familiares para ocultar la titularidad, hasta la adjudicación a combatientes campesinos, o desplazados por las guerrillas.

- Venta a bajo precio.

- Compra de deudas hipotecarias y crediticias a los bancos y propietarios endeudados por parte de mandos paramilitares y otros particulares.

- Venta forzada y a menor precio.

- Expropiación violenta sin contraprestación económica” (Reyes, 2009, pág 19)

A su vez, Gutiérrez Sanín caracteriza las tres formas más comunes de despojo activo, siempre enfocándose en el despojo desde el lado del paramilitarismo. El autor los nombra despojo estratégico, despojo clientelista y despojo oportunista:

El despojo estratégico podía estar orientado a vaciar el territorio. Aquí, la ampliación del blanco llegó al extremo de incluir a un porcentaje significativo de la población. En ocasiones, esto implicó después llevar a cabo operaciones de repoblamiento.

El despojo clientelista consistió en la transferencia de propiedades a los amigos y apoyos sociales de los paramilitares. Esto en ocasiones hizo parte de una muy amplia maniobra de consolidación de bases sociales y territoriales. De manera más prosaica ocurrió en el contexto de pequeñas y cotidianas negociaciones con politicastros y burócratas, como parte del denso flujo de favores que se produjo en el interior de las redes administradas por los paramilitares. No solo estos pidieron a los políticos que les ayudaran a legalizar sus tierras, sino que también les transfirieron tierras a ellos o a sus amigos

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individuos. Parte del proceso de expropiación mismo se relacionó con conflictos altamente individualizados. La actividad paramilitar generó toda clase de animadversiones personales y, en particular, deudas de sangre. Los paramilitares mismos estaban conscientes de eso y su respuesta al desafío de las deudas de sangre varió de región a región. (…) Los parientes cercanos (primer grado de consanguinidad) de las personas asesinadas a menudo protestaban, propalaban amenazas (por ejemplo, en estado de embriaguez) y criticaban a las autodefensas, sobre todo contra comandantes específicos. La solución a la amenaza fue a menudo expropiarlos y expulsarlos del territorio (Sanín, 2014, pág 61).

Aparte de identificar y diferenciar las distintas modalidades de despojo, es necesario realizar otra diferenciación. En su texto, Reyes utiliza los términos abandono y despojo para referirse al mismo concepto, sin realizar una distinción clara. Sin embargo en el texto del Centro de Memoria Histórica, la distinción sí se realiza, y para este trabajo de grado la distinción es importante, ya que solo se centrará en el concepto de despojo, sus actores, y la forma cómo se lleva a cabo. El Centro de Memoria Histórica define el abandono como “las privaciones o limitaciones al ejercicio del derecho fundamental al territorio, es decir, al acceso, manejo y disfrute

pleno de los lugares de uso colectivo y de aquellos de uso individual por parte de las comunidades y

sus integrantes (Área de Memoria Histórica, CNRR, IEPRI, 2009, p. 22)”. Lo que se puede inferir es que el abandono pareciera ser la antesala del despojo.

Dependiendo de qué tan prolongado en el tiempo sea el abandono, la persona o la comunidad que abandonó la propiedad corre el riesgo de perderla definitivamente por una serie de circunstancias. Como por ejemplo, el estabilizarse en otra región, no desear volver por la persistencia de las condiciones que propiciaron el abandono y el desplazamiento. Ante esta situación se posibilita que el bien abandonado sea ocupado por terceros o incluso, sea despojado de los derechos de propiedad mediante diversos mecanismos, corriendo el riesgo de perder el bien definitivamente, con lo que se entra en el ámbito del despojo. (Área de Memoria Histórica, CNRR, IEPRI, 2009, pág 23)

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Restitución

Nuestro país no es el primero en hablar de restitución ni mucho menos. Este término existe desde la antigüedad, en un intento por tratar de reparar a las poblaciones que son víctimas de situaciones violentas. Christopher Bright (1997) da un leve recorrido de las definiciones de restitución a través del tiempo:

En un sentido tradicional, la restitución ha sido definida como "un pago monetario que el delincuente hace a la víctima por el daño que fuera, razonablemente, consecuencia del delito" (…). La restitución a la víctima puede realizarse en pagos monetarios y servicios en especie (…). Según un diccionario jurídico, el ‘Black's Law Dictionary’, restitución es ‘Acción de restaurar; devolución de algo a su legítimo dueño; acción de hacer el bien o dar el equivalente por pérdida, daño o injuria; indemnización’.

La ley 1448 de 2011 en Colombia afirma como garantía que:

Las víctimas del despojo y las que hubieren abandonado sus predios forzadamente, tendrán acceso a medidas especiales de restitución de tierras, siempre y cuando dicho despojo o abandono hubiera ocurrido con posterioridad al 1º de enero de 1991. La restitución se realizará mediante un proceso judicial expedito, en donde la carga probatoria estará en cabeza del presunto despojador; es decir, será el victimario el que deberá demostrar que adquirió el predio de buena fe, y no se le pedirá a la víctima que compruebe el despojo.

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campesinos, la protección de las reservas indígenas y naturales, mejorar la productividad agraria y la adecuada explotación de los terrenos de nuestro país, pero el primer paso es que la tierra vuelva a manos del Gobierno.

Después de muchos años, el país vuelve a abrir la discusión respecto a temas de desarrollo agrario, y el tema de la tierra como problema en nuestro país vuelve a sonar. Sin embargo esta ley de 2011 puede fácilmente volverse un arma de doble filo, con elementos que menciona la ley como que se basa en la buena fe de los registrados, y que no es necesario demostrar el despojo. Esto podría generar una legalización de despojos anteriores, como sucedió en su momento con el Incora.

Respecto a la ley de restitución Eduardo Arias realiza las siguientes observaciones. Las cuales considera como requisitos para la ejecución de esta:

- “Es un componente del derecho de las víctimas a una reparación integral, por lo tanto es una obligación del Estado que ha cometido o tolerado violaciones a los derechos humanos.

- Debe devolver a las víctimas, en la medida de lo posible, a la situación en la cual se encontraban antes de la violación de los derechos humanos. Comprende la restitución de la libertad, los derechos, la familia, la ciudadanía de las víctimas, el retorno, la reintegración a

su empleo, las propiedades, entre otros.

- Se deben contemplar medidas de protección de los territorios restituidos y garantías de permanencia a través de mecanismos como la titulación colectiva de la propiedad, dando prioridad y apoyo a la producción agrícola que garantice la seguridad alimentaria.

- Es necesario establecer un enfoque diferencial étnico, generacional y de género, que garantice la diferenciación del grado de vulnerabilidad, y en el caso de las mujeres el acceso a la restitución, ya que históricamente no han sido titulares de derechos de propiedad” (PAZ planeta, 2012).

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a la población desplazada no ha dado resultados efectivos para garantizar una solución duradera a la situación de desplazamiento forzado de millones de personas. Los obstáculos consisten en la inadecuada formulación de los programas y la falta de voluntad de las entidades encargadas de implementarlos adecuadamente. (…) El Gobierno ha adoptado programas de acceso a la tierra para la población desplazada a través de predios de paso, permutas y adjudicación de predios definitivos por medio de subsidios integrales. Según la Procuraduría General de la Nación esos programas adolecen de varias dificultades:

1. No siempre incluyen un enfoque preferencial para las personas desplazadas, y en especial los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas.

2. El presupuesto es insuficiente y la cobertura de estos programas alcanzó solamente el 4% de la población desplazada.

3. Muchos beneficiarios de los predios fueron víctimas de nuevos desplazamientos forzados porque los predios de paso no cumplían con las condiciones para atender sus necesidades básicas ni los requisitos para el desarrollo de actividades agropecuarias, por la falta de asesoría y acompañamiento y por la falta también de condiciones de seguridad. Adicionalmente, como ya se mencionó, la adjudicación de predios está supeditada a la implementación de un proyecto productivo de carácter empresarial, disposición que pone a las personas con mayor capacidad de inversión en situación de ventaja” (Oficina Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia, 2013).

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recomendaciones formuladas anteriormente por el Comité’” (Oficina Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia, 2013).

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4. Crónicas del Indio Acostado: historias de despojo en San Juan de Arama

San Juan de Arama: la tierra del Indio Acostado

San Juan de Arama es uno de los 29 municipios que componen el departamento del Meta, colindando al oriente con los municipios de Fuente de Oro y Puerto Lleras, al occidente con el municipio de Mesetas, al norte con el municipio de Granada y Lejanías y al sur con el municipio de Vista Hermosa. Posee una extensión de 1.163 km² y tiene aproximadamente 10.000 habitantes, cerca de 3.500 en el casco urbano y más de 6.000 repartidos en 48 veredas alrededor de este, tales como Monserrate Alto, Monserrate Bajo, Los Micos y Peñas Blancas, entre otras. Asimismo, San Juan de Arama hace parte de una zona que se denomina Ariari– Guayabero, la cual está conformada por los municipios El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Luis de Cubarral, Mesetas y Vista Hermosa.

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A pesar de que actualmente la seguridad del pueblo dejó de ser una preocupación para sus habitantes , la situación de la población de San Juan de Arama, así como la del resto de municipios, estuvo por muchos años ligada a la presencia, el paso y el accionar de grupos ilícitos, primero de la guerrilla de las Farc (desde hace más de 35 años), y más adelante de grupos paramilitares (desde hace menos de 20 años). San Juan no fue la única población azotada por la violencia en años pasados. El Meta siempre ha sido un sitio estratégico para las Farc, tanto territorialmente, como militar y políticamente. No por nada es el hábitat natural del Bloque Oriental, considerado por muchos la subdivisión más fuerte de esta guerrilla.

Desde su propia consolidación, en el año de 1966, este pueblo se acostumbró a la presencia guerrillera, que en esa década era causada por una migración de guerrilleros desde Tolima y Cundinamarca hacia el Meta, cumpliendo con movilizaciones que en esa época se realizaban con el Partido Comunista.

Luego, en la década de los setenta, a pesar de que este grupo guerrillero estuviera posicionado en toda la zona del Ariari Guayabero, debido a un incremento de flujo de gente que llegó a la región por el crecimiento de cultivos de marihuana y coca en todo el país, las Farc tuvo que replantear su dominio en la zona y sacarle el mayor provecho posible, empezando a cobrar a algunos sectores de la población lo que denominaron “gramaje”, es decir un impuesto sobre los cultivos ilícitos que tenían campesinos, comerciantes y hacendados. Este recaudo colaboró con su expansión a nivel departamental.

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que partirían el municipio de Uribe, y llegarían hasta la frontera con Venezuela. Dos años después, el presidente de la época, Belisario Betancourt, firma con las Farc el acuerdo de Cese al Fuego y Tregua, en 1984, año en el que se conocen las intenciones de este grupo guerrillero por incursionar en el ámbito político, gestionando la apertura del partido político Unión Patriótica. Tras el asesinato casi en masa de más de 5.000 integrantes de la Unión Patriótica, el acuerdo de Cese al Fuego y Tregua se termina en 1987. Cuando esto sucede, el país descubrió que durante esos años, y gracias a la incursión guerrillera en los cultivos ilícitos, habían surgido nuevos frentes guerrilleros, llegando a ser un total de 39, en esa época.

En la década de los noventa cinco frentes se posicionaron en la zona del Ariari Guayabero, el 7, el 26, el 27, el 40 y el 43. Pero para esta época (sobre todo en la segundo mitad de la décdada) la guerrilla ya empezó a disputarse el territorio con grupos paramilitares, en este caso el Bloque Centauros, para ver quién obtenía el dominio de las zonas más aptas para cultivos ilícitos, y quién se apoderaba de las vías y corredores más estratégicos para tráfico y estrategia militar.

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Oro con la guerrilla de las Farc, creando al comienzo una invasión en forma de anillo, para rodear a los pueblos y dejar arrinconadas a las tropas guerrilleras.

La zona de distención no iba a durar para siempre, y en 2002 Pastrana dio la orden tajante a la guerrilla de que la desalojaran, dándoles un plazo de 48 horas. Acto seguido, ejecutó la operación “Tanatos”, donde más de siete mil soldados se encargaron de retomar el control de esta zona.

La operación “Tanatos” luego pasó a ser el Plan patriota, con la llegada de Uribe al poder, en ese mismo año. El Plan Patriota, enmarcado en la política de seguridad democrática de Uribe, se ensañó con los frentes guerrilleros alojados en el departamento, porque lo consideraban uno de los ejes más importantes tanto política como económicamente de las Farc. Estas operaciones del Plan Patriota hicieron que, una vez más, las Farc volvieran a diseñar su estrategia, y optaran por replegarse. Muchos de los combatientes fueron enviados hacia las zonas rurales de La Macarena, Vista Hermosa, La Uribe, Lejanías y San Juan de Arama, para minimizar de alguna forma los combates terrestres y aéreos con las fuerzas militares. Este repliegue fue aprovechado por el Bloque Centauros de las autodefensas, quienes en vez de apuntarle a las zonas rurales, le apuntaron a los cascos urbanos de esas poblaciones, obteniendo un mayor dominio del territorio.

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Según el mismo informe del Acnur, el año más crítico para San Juan de Arama y para el departamento fue el 2003, en el que el municipio tuvo 449 muertes por cada cien mil habitantes. Esto se debe primero a la reorganización de los frentes tras el final de la zona de distención, segundo a la respuesta agresiva por parte de la guerrilla frente a las diferentes estrategias militares que querían disminuirlos, tercero a que a través de estos homicidios la guerrilla implantaba el miedo en la población, y cuarto, a que tanto San Juan de Arama, como El Castillo y San Luis de Cubarral componían la frontera entre ambas agrupaciones ilegales.

En 2004 se inició una disminución en la tasa de homicidios en el municipio y en el resto del departamento, pero seguía muy alta, superando los 200 homicidios por cada cien mil habitantes. Los homicidios cometidos en San Juan de Arama durante esa época obedecían a asesinatos colectivos que cometían con “lista en mano”, una lista de personas que supuestamente colaboraban al bando contrario, es decir a los paramilitares. El resto de asesinatos eran resultado del fuego cruzado entre los bloques 27 y 43 de las Farc y el Bloque Centauros de las AUC.

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a que se desmovilizaran. Las tropas pertenecientes a esta operación se ubicaron entonces por todo el Meta, ocupando carreteras, puentes, ríos, veredas, trochas, sin cederle el más mínimo espacio a los guerrilleros. En respuesta a esto, y para proteger los cultivos ilegales, las Farc empezaron a plantar minas antipersona en las zonas rurales de los departamentos, incluidas las veredas en San Juan de Arama, que se volvió el segundo municipio con más minas del departamento. El primer lugar lo tiene Vista Hermosa, el cual es el territorio con más historial de minas antipersona en el mundo.

La siembra de minas, junto con las amenazas a los habitantes y las tasas de homicidio fueron las principales causas del desplazamiento forzado en la región de San Juan de Arama, que junto con otros municipios como Mesetas y Puerto Concordia, sus cifras llegaron a 500 en el 2005. Los años más críticos de desplazamiento que tuvo el municipio fueron el 2004, 2005, 2006 y 2007.

Desde el 2007 en adelante las cifras de todos los hechos victimizantes han ido disminuyendo progresivamente. Se podría afirmar que la seguridad democrática de Uribe sí fue muy útil para el pueblo, donde después de muchos años, se volvió a vivir una relativa calma, o al menos eso es lo que afirman varios habitantes.

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