Responsabilidad del Estado por Incumplimento de las Obligaciones Derivadas de la Posición Garante 

1. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA POSICION DE GARANTE. HUGO ALEXANDER OCAMPO RÍOS . Universidad Santo Tomas. FACULTAD DE DERECHO . ESPECILIACIÓN EN DERECHO ADMINITRATIVO . Medellín. 2015. 2. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA POSICION DE GARANTE. INTRODUCCIÓN. El estudio busca determinar si en aquellos eventos en los cuales hay conocimiento que, debido. a enfrentamientos entre grupos subversivos y las autoridades estatales, pueden haber quedado. artefactos explosivos o puede haberse presentado la posibilidad de que la guerrilla haya instalado. minas antipersonas, hay una obligación expresa de las fuerzas del Estado de informarle a los. ciudadanos sobre la posibilidad de este peligro y de realizar un barrido para corroborar que no existan. dichos artefactos, cumpliendo con ello la posición de garante que ha asumido constitucional y. legalmente y, sobre todo, por la firma del convenio de Otawa, norma que tiene rango de Bloque de. constitucionalidad.. Para determinar la validez de esta tesis se procedió a estudiar las posiciones encontradas entre. el Tribunal administrativo de Antioquia y la Sala de lo Contencioso Administrativo sub.-Sección C del. Consejo de Estado, el primero de los cuales niega la posibilidad de imputarle al Estado responsabilidad. por incumplimiento de las obligaciones adquiridas desde su posición de garante en tanto que la. segunda corporación afirma la existencia de la responsabilidad estatal.. Para realizar el análisis propuesto se cotejaron sentencias del consejo de estado sobre el. tema, entre ellas las emitidas el 13 de agosto de 2008, el 15 de octubre de 2008, el 30 de julio de. 2011, el 25 de septiembre de 2013 y el 23 de enero de 2014, al igual que la Sentencia C-333 de. 1996 de la corte Constitucional con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero.. También se estudiaron algunos doctrinantes que han estudiado sobre las categorías más. importantes que se vieron involucradas en el proceso, entre los cuales es pertinente resaltar a. 3. Yolanda Margaux Guerra, María Patricia Ariza Velasco, Jaime Vargas García y Pedro Torres. Romero, cuyos conceptos aportaron grandemente al enriquecimiento de la comprensión del tema. tratado.. Metodológicamente el trabajo se realizó estudiando la definición de las categorías más. relevantes involucradas en el asunto tratado, para lo cual se buscaron los criterios expuestos por. los tratadistas citados, y luego se procedió a realizar un análisis comparativo de las posiciones. asumidas por los tribunales que tuvieron a su cargo el conocimiento del caso, con la finalidad de. establecer cuáles criterios motivaron la diferencia de opiniones y tesis que se presentaron.. Se espera haber alcanzado el objetivo propuesto que no era otro sino aclarar el alcance de. las obligaciones estatales como garante de la vida y de la integridad de los asociados en aquellos. eventos en los cuales no se informa a la población sobre la posible existencia de artefactos. explosivos, sean estos de origen estatal o consecuencia de la actividad de los grupos subversivos.. RESUMEN. Cuando se presentan enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos subversivos se. debe suponer que puedan quedar artefactos explosivos como consecuencia de la utilización de. tales armas por parte de uno o de ambos bandos contendientes, razón por la cual las fuerzas del. Estado deben informar de esta posibilidad de peligro a las personas que habitan las zonas. cercanas al sitio en el cual se da el enfrentamiento procediendo, además, a realizar un barrido. para eliminar el potencial peligro, de no hacerlo así el estado estará incumpliendo sus. obligaciones como garante de la vida y la integridad de los ciudadanos. Situación que se presentó. en el caso en estudio y que llevó al Consejo de Estado a fallar en contra de la Nación –. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, acogiendo parcialmente las pretensiones de los. demandantes.. 4. PALABRAS CLAVES. Responsabilidad del Estado, posición de garante, minas antipersonas, indemnización de. perjuicios, daños morales, lucro cesante.. EL CASO SUB EXAMINE. A finales de septiembre del año 1997 la guerrilla de las FARC atacó el municipio de Yalí, en el. nordeste antioqueño. Para repeler dicha incursión guerrillera se despacharon algunas unidades de. policía que estuvieron en el municipio en brevemente abandonando el sitio al no encontrar subversivos. en la zona. Igualmente se envió a combatir con los insurgentes a personal del Ejército Nacional, los. cuales se desplazaron por tierra y, según algunos testimonios, utilizaron, igualmente, un helicóptero,. desde el cual arrojaron algunos explosivos no identificados plenamente.. El 3 de octubre del mismo año, es decir, pocos días después del ataque un trabajador de la finca. la Candelaria, ubicada en la zona rural del municipio, de nombre José Antonio Tobón Rúa, falleció al. entrar en contacto con una bomba tipo “Roquet” que se encontraba en un potrero que estaba. desmontando. . No pudo establecerse con total seguridad si el explosivo fue arrojado por el Ejército Nacional o. si se trató de un casquillo vacío que fue acondicionado por la guerrilla para utilizarlo como mina. antipersonal, en su afán por cubrir la retirada y entorpecer la persecución a la cual estaban sometidos. por los miembros de las fuerzas del Estado.. Los familiares del occiso presentaron demanda de acción de reparación directa contra la. Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al considerar que hubo una omisión. 5. por parte de la institución demandada al no haber realizado todos los actos atinentes a que la población. supiese del peligro en que se encontraba por ser una zona en la cual pudieron haber quedado. abandonados artefactos explosivos que podría generar un daño colectivo o personal.. El Tribunal Administrativo de Antioquia, entidad que conoció en primera instancia del proceso. denegó las pretensiones al considerar que no se había demostrado la relación de causalidad entre el. daño y la acción desplegada por el ejército y la policía, razón por la cual los demandantes interpusieron. el recurso de reposición ante la Sala de los Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.. CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA. Antes de entrar a mirar de lleno las consideraciones tanto del Tribunal Administrativo de. Antioquia como de la Sala del consejo de Estado es necesario aclarar algunos términos y conceptos. jurídicos que son fundamentales para la comprensión del caso en estudio.. En primer lugar debe tenerse presente el concepto de daño antijurídico, el cual ha sido. conceptualizado por la corte constitucional en los siguientes términos:. El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La. Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de. reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado. Social de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y. libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así,. la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de. protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual. puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública,. al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere. una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual. régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de. responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión. de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y. éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de. la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea. antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un. título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública. . (Sentencia C-333, 1996). 6. Y del cual puede decirse, siguiendo a García de Enterría que “se predica que existe daño. antijurídico cuando ‘se cause un detrimento patrimonial que carezca de título jurídico válido y que. exceda el conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social’,. recordando así que se desplaza el fundamento de la responsabilidad administrativa, del concepto. subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuridicidad. producido por ella” (Corte Constitucional, 1991, pág. 769). Otro término que debe relacionarse es el de la responsabilidad administrativa de la cual puede. predicarse, que “…Surge la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado, nacida de la. institución de la responsabilidad extracontractual del derecho privado, entendiéndose por tal el. deber impuesto por la ley de resarcir, mediante el equivalente patrimonial, el daño producido como. consecuencia de la violación de derechos del individuo, moralmente imputable a alguien,” (Margaux. Guerra, Yolanda y otros, 2007). Ya en lo que hace relación específica a la responsabilidad del Estado mirando desde la óptica. de las actuaciones de las fuerzas militares, tema que se ventila en el caso sub examine debe señalarse. que. Las controversias en torno a si el Juez Contencioso Administrativo al resolver problemas. en torno a la responsabilidad estatal o responsabilidad administrativa, si se encuentra o no. sometido a las decisiones en materia de responsabilidad disciplinaria y penal. Al respecto. ha señalado que son regímenes distintos de responsabilidad y por tanto, la existencia de. decisiones inhibitorias o absolutorias en los procesos penales y disciplinarios si bien en. algunas ocasiones sirven de punto de apoyo, en otros casos no ocurre lo mismo, porque. en aplicación del régimen de responsabilidad objetiva por ejemplo, el tratamiento dista,. ya que en estos se examinan las cargas públicas que no estaba obligada a soportar una. persona de la sociedad, por los hechos, omisiones y actuaciones legítimas de la autoridad. (riesgo excepcional) o por las consecuencias de los ataques en contra de la autoridad. legítimamente constituida, sus instalaciones o sus representantes (daño especial). (Ariza. Velasco). 7. Finalmente es pertinente observar el concepto de posición de garante que puede enunciarse. diciendo que . Tal como está consagrada la posición de garante en Colombia se trata de un tipo penal en. blanco que requiere para su estructuración de normas complementarias en las cuales. debería aparecer consagrado en concreto ese deber jurídico, sin embargo, tal como está la. situación, el posible autor en algunos casos debemos inferirlo dado que estamos hablando. de un deber jurídico –que no moral o social- que suponíamos reglado, lo cual, no ocurre. todas las veces, de todos modos, para la estructura del tipo se trata de un sujeto activo. calificado por cuanto al fin y al cabo la calificación del sujeto activo se deriva de la. existencia previa y concreta de una obligación de actuar conforme al ordenamiento. jurídico, así que éste sujeto respondería porque sería el único en quien recae la obligación. de realizar determinado comportamiento con exclusión de otros posibles sujetos activos.. (Vargas García, 2006). Esta posición de garante está circunscrita al principio de confianza el cual se ve inmerso en la. responsabilidad frente a quien tiene a su cargo la obligación de protección y seguridad sin que pueda. escudarse en el hecho que la circunstancia que motiva el daño sea derivada de la acción de un tercero. puesto que el obligado debe tener el cuidado necesario para que no se produzca un daño, por acción o. por omisión, frente a los bienes protegidos.. Otro concepto que debe tomarse en cuenta es el de daño moral, lo cual debe traducirse, cuando. se demuestra, en una indemnización a favor de las personas legitimadas frente al dolor, puesto que. debe tenerse en cuenta que . Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en "el plano psíquico. interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de. la lesión a un bien". Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez. satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o. determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.. El daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que sufre la. lesión, a la que se conoce como víctima directa, como también en sus parientes o. personas cercanas, víctimas indirectas. (Sentencia del 30 de julio , 2011). Debe tenerse en cuenta, cuando se pretende el pago de la indemnización de perjuicios por daño. moral que frente a estos perjuicios se encuentran legitimadas todas las personas que conforman el. 8. círculo familiar cercano a quien ha sufrido el daño causal de los perjuicios, dado que el Máximo. tribunal de lo contencioso administrativo ha manifestado claramente que “este tipo de daño se presume. en los grados de parentesco cercano, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en. los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política.” (Sentencia. exp. 18586, 2008). Finalmente debe tenerse en cuenta el concepto de lucro cesante que debe entenderse como los. ingresos que deja de percibir una persona por un daño que se le ha ocasionado, lo cual se refiere. igualmente, al monto de dinero que deja de percibir una persona que depende de otra, en el evento que. el proveedor sea afectado y las sumas percibidas dejen de irrogarse, ello porque debe tenerse en cuenta. que . El lucro cesante abarca a todo el menoscabo económico sufrido por el acreedor. consistente en la diferencia que existe entre la actual situación del patrimonio que recibió. el agravio y la que tendría de no haberse realizado el hecho dañoso, bien por disminución. efectiva del activo, bien por la ganancia, perdida o frustrada, pero siempre. comprendiendo en su plenitud las consecuencias del acto lesivo, tanto en la esfera. contractual como en la extracontractual. La Jurisprudencia se ha orientado en esta materia. con un prudente criterio restrictivo, declarando con reiteración que ha de probarse. rigurosamente que se dejaron de obtener las ventajas, sin que éstas sean dudosas o. contingentes y sólo fundadas en esperanzas. (Torres romero, 2010). Una vez definidos estos conceptos jurídicos que servirán para el análisis de la controversia que. se presenta en las posiciones que asumen cada uno de los tribunales que intervienen en la solución al. caso planteado en la demanda se debe proceder a definir los asuntos controvertidos a fin de plantear. una posición final frente a la interpretación que debe dársele al litigio propuesto.. CONTROVERSIA JURÍDICA. Lo primero que hay que entrar a determinar es el elemento jurídico central que se debate el cual. no es otro que la determinación de la responsabilidad del Ejército Nacional frente a la posición de. 9. garante que debe asumir de manera genérica como defensor de la comunidad. Asunto este sobre el cual. los tribunales intervinientes asumen posiciones contrarias.. Posición del Tribunal Administrativo de Antioquia. Ante la demanda encaminada a lograr el reconocimiento de una indemnización por daños y. perjuicios derivada de la muerte de José Antonio Tobón rúa y que fuera interpuesta por sus familiares. cercanos el tribunal Administrativo de Antioquia, este organismo escuchó los descargos de los. apoderados judiciales de la Policía Nacional y del ejército Nacional, el primero de los cuales manifestó. su oposición a las pretensiones “ por considerar que se fundamentaban en hechos sin ningún sustento. probatorio. Asimismo, excepcionó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la Policía. Nacional no intervino en las acciones que con posterioridad al ataque a la población de Yalí. realizaron otros cuerpos armados adscritos a las Fuerzas Militares de Colombia.” El representante. judicial del ejército, por su parte . …señaló la ausencia de responsabilidad de su representado, ya que en su sentir, estaba. demostrada la presencia de grupos subversivos en el sector y la utilización por éstos de. elementos bélicos que violan las normas del derecho internacional humanitario, poniendo. en peligro indiscriminadamente a la población civil. Afirmó que si bien, es cierto que el. tipo de armas descritas en la demanda son de uso exclusivo de las fuerzas militares,. también lo es que los grupos al margen de la ley tienen acceso a ellas, lo que no puede. calificarse como una falla del servicio por omisión. (Sentencia. Radicado:. No.25000232600019971393001). El Tribunal de primera instancia conceptualizó que no podía endilgarse culpa al Ejército. Nacional ya que no existía credibilidad absoluta en las versiones de algunos testigos que aseguraban. haber visto un helicóptero de la institución arrojando explosivos a los subversivos, al tiempo que. señaló que los militares que habían intervenido en el operativo no poseían el tipo de armas que. ocasionó la muerte de Tobón rúa, concluyendo sus argumentos indicando que “para establecer la. 10. relación de causalidad entre la falla y el mal era preciso que se probara que la acción u omisión del. Ejército y la Policía Nacional había sido precisamente el motivo que contribuyó a la realización del. daño, que los actos realizados por el personal de las demandadas fueron la causa eficiente y adecuada. de la consecuencia o evento dañino, lo cual no puede predicarse a través de las pruebas recopiladas. en el proceso.”. Ante esta negativa a las pretensiones la parte actora interpuso recurso de apelación indicando. que . …si bien, no es posible presentar testigos que afirmaran de forma categórica haber visto. un helicóptero arrojando “rockets” sí existen indicios y declaraciones que permiten. arribar a esa conclusión. En efecto, el dictamen técnico concluye que el proyectil estaba. enterrado superficialmente y era visible, lo que no ocurre con las minas que siembran los. grupos guerrilleros, éstas se ocultan en el mayor grado posible para que los soldados no. las vean, entonces, no tenía sentido que, siendo de la subversión, se encontrara. semienterrada. . Asimismo, sostuvo que la Policía y el Ejército incumplieron con el deber de inspeccionar. y limpiar la zona del combate, como lo aconsejan las normas del Derecho Internacional. Humanitario. (Sentencia. Radicado: No.25000232600019971393001). Por su parte el apoderado del Ejército se sostuvo en su tesis según la cual existía una. “imposibilidad de imputar el daño a su representada, comoquiera que, según los documentos y. testimonios del proceso, está acreditado que el artefacto explosivo fue dejado por la subversión, quien. había estado en días pasados asentada en la finca donde ocurrieron los hechos. Además, señaló que el. Ejército Nacional no usa ese tipo de artefactos explosivos y que fue manipulado por José Antonio. Tobón antes de que hiciera explosión.” (Sentencia. Radicado: No.25000232600019971393001). Posición del Consejo de Estado. La Sub – Sección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del consejo de estado acoge el. conocimiento del recurso de apelación por considerar que es su competencia conforme a la cuantía e. 11. inicia su estudio con un extenso compendio de fuentes formales que llevan al análisis de las. violaciones al derecho nacional e internacional que implica el uso de minas antipersonales y de los. demás conceptos jurídicos relevantes para el estudio del caso.. De esta enumeración de fuentes formales cabe destacar los artículos 2, 11 y 42 de la. Constitución nacional referentes, en su orden a la obligación que tiene el Estado de proteger a todas las. personas residentes en Colombia, al derecho a la vida, y al reconocimiento de la familia como núcleo. fundamental de la sociedad. Igualmente hace alusión a la convención de Otawa del 18 de septiembre. de 1997, sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas. antipersonales y su destrucción. Convención de la cual resalta que en . …el inciso segundo del artículo 5 de la Convención, que se refiere a la destrucción de las. minas antipersonal ubicadas en zonas minadas, consagró el compromiso de los Estados. Parte en el esfuerzo de identificar las zonas bajo su jurisdicción o control donde tenga. conocimiento o sospeche que existan minas antipersonal y la adopción de todas las. medidas posibles para que se demarquen esas zonas, al punto, inclusive, de prestar. vigilancia y proteger los perímetros con cercas o cualquier medio eficaz para garantizar la. exclusión de civiles. (…) la ley 554 del 2000 aprobó la Convención en cita, y por tanto se. incorporó al ordenamiento jurídico interno y el Estado Colombiano, en consecuencia, se. obligó a su cumplimiento. (Convención de Otawa, 1997). Igualmente señala los Decretos 2151 de 2007 y 2150 de 2007 que consagran en su orden la. creación del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales y una. exhortación al Presidente de la república para que incluya en las conversaciones de paz con las FARC. el tema de las minas antipersonales, al igual que la ley 1448 que consagra en cabeza del estado el. deber de memoria frente a las víctimas del conflicto armado interno. Finalmente incorpora un análisis. jurisprudencial al señalar que, en el asunto específico de la liquidación de perjuicios morales. conceptúa que . En relación con el perjuicio moral, la Sala de manera reiterada ha señalado que este tipo. de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye. el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta. 12. Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que. el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus. miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral. (Sentencia. Radicado:. No.25000232600019971393001). Consideraciones legales y jurisprudenciales que aunque fueron posteriores a los hechos. ocurridos en el año de 1997, en el cual sucedieron los hechos en estudio, sirven como referente para. definir la obligación que tiene el Estado de, por un lado, asumir su posición de garante y, por el otro,. entrar a definir las indemnizaciones que podrían caberle a los implicados de comprobarse la. responsabilidad objetiva del ejército nacional.. Decisión de la Sala. Una vez establecidos los criterios que conforman los elementos circunstanciales los cuales. son analizados por la Sala como parte integrante del Obiter Dictum entra la corporación a tomar los. elementos de fondo que deberán configurar la Ratio Decidendi del caso en estudio, para ello parte de. sentar una posición acerca de los criterios que considera válidos para determinar si existía o no, por. parte de los organismos del Estado, una posición de garante frente a los pobladores del municipio de. Yalí y sus zonas aledañas una vez que cesaron los enfrentamientos con el grupo subversivo que. pretendió tomarse la población.. Lo primero que expresa la Sala es el reconocimiento a las atrocidades que viene desarrollando. la guerrilla la cual, con la siembra permanente de minas antipersonales pone en peligro la vida y la. integridad de las personas que habitan en sus zonas de influencia pero, al margen de si el artefacto. que ocasionó la muerte de José Antonio Tobón Rúa provenía de los armamentos del ejército o era un. casquete reutilizado por los grupos subversivos, centra su atención en las condiciones específicas que. constituyen la posición de garante, señalando que, conforme a la Constitución y a la Convención de. Otawa, es obligación del estado prevenir a las personas sobre los potenciales peligros que implican. 13. los deshechos que quedan después de una confrontación armada, asunto en el cual señala. expresamente que . En efecto, la acción de la subversión contra la fuerza pública no era un hecho nuevo, por. lo tanto imprevisible, como tampoco el minado de los sitios de los atentados, por lo que. una medida mínima de protección, para la población civil, era la demarcación de la zona. y la erradicación de las armas trampa que se encontraban allí. En el presente caso, quien. debía realizar esa demarcación y erradicación era el Ejército y no hizo ni lo uno ni lo otro,. por lo que se configuró una omisión de su parte, perfectamente imputable a título de falla. del servicio. (Sentencia. Radicado: No.25000232600019971393001). Afirmando además que la tesis según la cual al estado no se le puede exigir la protección de. todos los ciudadanos ha sido superada, puesto que entran en juego los conceptos de deber de. protección y seguridad que son un mandato constitucional, legal y jurisprudencial que recae sobre la. administración, la cual debe garantizar la seguridad efectiva de todas las personas, por lo cual es claro. que. En ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección. y cuidado que se generó una vez el señor Tobón Rueda comunicó el peligro que corría su. vida e integridad física como resultado de los frecuentes acantonamientos que efectuó el. Ejército Nacional en terrenos de su propiedad, motivo por el cual, se puede señalar que. aquél asumió posición de garante13 frente a la integridad del ciudadano.. Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento. jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una. específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella. acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten. para el autor material y directo del hecho. . Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado. que la misma ley –en sentido material– atribuye, en específicos y concretos supuestos, a. ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que. asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y. jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida.. (Sentencia. Radicado: No.25000232600019971393001). Posición esta que reafirma lo que ya esta misma corporación había señalado en ocasión. anterior al señalar que . 14. De acuerdo con los hechos narrados en la demanda y aquellos que resultaron probados. dentro del plenario, la parte actora sostiene que se presentó una falla en el servicio por. cuanto los uniformados conocían de la estrategia planeada por parte de los miembros. armados insurgentes en dejar enterradas minas antipersonal, debiendo las autoridades. inspeccionar el área y los lugares de combate, así como advertirle a los pobladores la. forma de identificar tales elementos bélicos. Se advierte nuevamente que no existe prueba. que identifique que el artefacto explosivo que causó la muerte era efectivamente una mina. antipersonal, pero sí se puede deducir que era un material bélico dejado en la vía y. ocasionado un evento desafortunado como la muerte del señor Ruiz Sánchez. ( Sentencia. del 25 de julio , 2011). Razones por las cuales la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. declara la responsabilidad de la administración reconociendo que se debe declarar que el Estado. omitió su deber de cuidado el cual le era inherente, dada su condición de garante frente a la. comunidad que ve en peligro su integridad e incluso su propia vida por la falta de información. suficiente que debe suministrar la administración en los eventos en los cuales se conoce la existencia. de artefactos explosivos en una determinada zona.. Por esta razón, y continuando con su estudio, la Sala declara patrimonialmente a la Nación-. Ministerio de Defensa-Ejército nacional por la muerte de José Antonio Tobón Rúa y ordena que se. paguen a los demandados, en su calidad de grupo familiar cercano al occiso, los daños morales. tasados en la sentencia.. Finalmente deniega la petición de lucro cesante invocada por la madre de Tobón Rúa. argumentando que este, al momento de la muerte, tenía 37 años de edad y que existe “la presunción. de manutención de los hijos respecto a los padres se mantiene hasta los 25 años, edad en la que,. conforme a la experiencia, se presume que las personas abandonan el hogar paterno, para constituir. su propia familia. Adicionalmente, si bien algunos testimonios señalan que aquél ayudaba a su. familia, lo cierto es que no se demostró que su madre dependiera económicamente de él; situación. 15. que parece improbable si se tiene en cuenta que tenían más hijos.” (Sentencia. Radicado:. No.25000232600019971393001). CONCLUSIONES. El tema debatido en las instancias estudiadas se convierte en un asunto neurálgico porque. sienta una línea jurisprudencial en el sentido de reconocer, de manera fehaciente, la existencia de lo. responsabilidad del Estado frente a las obligaciones que implican su posición de garante en aquellos. eventos en los cuales, después de enfrentamientos armados, se presume la existencia de artefactos. explosivos como residuo de la utilización de armas peligrosas en dichos enfrentamientos.. Es válido señalar que el Estado no puede ampararse en un comportamiento implícito de las. personas argumentando que desde una sana lógica ellos deben saber que este peligro es latente. Ello. queda corroborado por la actividad constitucional, legal y jurisprudencial encaminada a definir la. responsabilidad del Estado ya que de su inoperancia se deriva el incumplimiento de las obligaciones. señaladas a los Estados por la convención de Otawa que por ser un tratado internacional sobre. derecho humanos alcanza en Colombia el rango de norma de Bloque de Constitucionalidad.

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