La Escuela de Economía de Chicago y su Influencia en la Constitución Política de 1991 

LA ESCUELA DE ECONOMÍA DE CHICAGO Y SU INFLUENCIA EN LA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1.991. PABLO ALFONSO DURÁN SOCHA. paldurans@yahoo.com. . INTRODUCCIÓN. Mucho se ha discutido sobre el hecho de si la Constitución Política de Colombia de 1.991, en. su articulado tiene establecido un sistema económico rígido o si por el contrario bebe de. varias concepciones económicas diferentes. Precisamente de esta discusión parte el interés de. desarrollar la temática que se desarrollará. La idea de responder ese interrogante desde un. estudio jurídico y filosófico de algunos componentes económicos de la Carta Magna. comparándolos con los postulados de quizás la escuela económica más importante del siglo. XX a nivel mundial.. Vale la pena señalar que este ensayo parte de la premisa de que la constitución de 1.991. posee una concepción económica encaminada a abrir el espacio al libre mercado, para de esta. forma entrar a sustentar el entorno de legalidad que el mercado requiere. (Lo anterior sin. abandonar en ningún momento la aspiración de Estado Social de Derecho). Esto que a. primera vista luce como una paradoja, encuentra su asidero en postulados marcadamente. antagónicos: la Constitución por un lado tiene un contenido social lleno de derechos y. prerrogativas para los particulares y por otro enaltece la libertad de empresa, la poca. intromisión del estado en el devenir económico de la nación (más allá de la imposición de. tributos) y el deseo de prosperidad. . El libre mercado es un concepto neoliberal que tiene como principios básicos la propiedad. privada y la libertad de los individuos. Criticando de paso la extrapolación del mercado a la. política, al poder y al estado como institución jurídica. Aunque este concepto aún se. mantiene como pilar de la economía occidental, ha evolucionado o mejor, se ha. perfeccionado, a partir de los años 50 del siglo XX, pasando de una concepción clásica a una. más moderna. Esta nueva dimensión del neoliberalismo se le debe a Milton Fridman y la. denominada Escuela Económica de Chicago cuyos conceptos buscan ser crítica y oposición a. las políticas de intervención y bienestar imperantes en el primer mundo luego de las guerras. mundiales. . La construcción del ensayo se concibe en una estructura bifronte; en primer lugar se hace una . descripción de los principales postulados de la Escuela Económica de Chicago, para luego. entrar a determinar su influencia en la Constitución Política de Colombia de 1.991. . Para realizar este trabajo se revisaron varias fuentes bibliográficas de conocidos tratadistas. nacionales que se han dedicado al estudio del derecho económico y que son señaladas al final. del documento. . RESUMEN:. La escuela de Economía de Chicago es la escuela de pensamiento económico que más ha. influido en la construcción del modelo económico imperante en el mundo desde la segunda. mitad del siglo XX. La Constitución Política de Colombia de 1.991, indudablemente está. influida por los postulados y premisas de esta corriente de pensamiento y plasma en su. articulado gran parte de sus ideas económicas. No obstante, decir que la Norma de Normas. plantea un sistema económico inamovible es un error, pues a la par de privilegiar postulados. como el libre mercado y la minimización del papel del estado en la vida económica de la. nación, defiende concepciones proteccionistas como el respeto a los derechos sociales. En. síntesis, la constitución de 1.991 no establece un sistema económico rígido aunque si un. modelo ecléctico que ostenta una influencia marcada del liberalismo teorizado por la Escuela. de Chicago.. PALABRAS CLAVE: Escuela de Economía de Chicago, Liberalismo, Constitución Política. de 1.991, Keynesianismo, Libre Mercado, Proteccionismo Económico, Derechos Sociales.. ABSTRACT. The Chicago School of Economics is the school of economic thought that has most. influenced the construction of the economic model who rules the world since the second half. of the twentieth century. The Constitution of Colombia of 1991 is undoubtedly influenced by. the tenets and assumptions of this way of thinking and shows in its articles much of their. economic ideas. However, saying that the Constitution raises an immovable economic. system is a mistake because at the same time it to privilege postulated such as the free market. and the minimizing of the role of the state in the economic life of the nation, also defends. protectionist concepts such as respect for social rights. In summary, the constitution of 1991. does not establish a rigid economic system but an eclectic model that shows a marked. influence of the liberalism theorized by the Chicago School.. KEY WORDS: Chicago School of Economics, Liberalism, 1.991 Colombian Politic. Constitution, Keynesianism, Free Market, Economic Protectionism, Social Wrights.. CONTENIDO. LA ESCUELA DE ECONOMÍA DE CHICAGO. Sus principales pensadores son George Stigler y Milton Friedman, profesores del. Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, ligados a la Escuela de Negocios. (la prestigiosa University of Chicago Booth School of Business). . Es una escuela de pensamiento económico partidaria del libre mercado (aunque dentro de un. régimen monetario estricto, definido por el gobierno). Dentro de la economía de mercado el. pensamiento económico de esta escuela se encuentra en contradicción a las teorías de la. síntesis clásico-keynesiana. En la metodología, sus estudios suelen estar más basados en el. uso de estadística antes que en la teoría. La teoría macroeconómica de Chicago rechazó el. Keynesianismo a favor de monetarismo hasta mediados de la década de 1970, cuando se. convirtió en nueva macroeconomía clásica en gran medida basado en la Teoría de las. expectativas racionales Economistas de Chicago aplicaron esa asunción a otras áreas de la. economía, tales como finanzas, lo que produjo la influyente Hipótesis de eficiencia de los. mercados. . Una de las principales preocupaciones de ésta escuela es la generalización (modelos a priori). de sus postulados y el rigorismo científico en su desarrollo, lo cual permite entender el. comportamiento de los agentes como grupo y no de manera individual. Su finalidad es. estructurar una teoría abstracta del comportamiento basada en las normas jurídicas como. incentivos y restricciones a las acciones de los individuos. . Conceptualmente la escuela se fundamenta en los postulados de la microeconomía. neoclásica: la maximización racional de los individuos (preferencias estructuradas de manera. completa, transitiva, reflexiva y continúa), racionalidad que implicaría acceso a información. completa y perfecta; La teoría del precio o de la demanda (a mayor precio menor cantidad. demandada); y la eficiencia económica en términos de Kaldor – Hicks. (1.939). Quizás las propuestas más conocidas de esta escuela son: la reducción de la actividad del. Estado, el acento en las variables monetarias como sustantivas de las políticas económicas y. la desregulación de la actividad económica.. PRINCIPALES POSTULADOS DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA DE CHICAGO. - Ley de demanda: hay una relación inversa entre el precio que se cobra y la cantidad. demandada. . - Al establecerse el precio de un bien debe tenerse en cuenta el costo de oportunidad: el. precio que hubiera podido obtenerse destinando los recursos al siguiente uso existente. . - El mercado es el instrumento óptimo de asignación de recursos en el sentido de que a través. de él siempre tenderán a encontrarse en manos de quienes más los valoran. . - Los individuos son racionales puesto que maximizan su utilidad en situaciones mercado y. de no mercado. . - Los individuos responden a incentivos de precios en los mercados y a los incentivos. legales. . - El sistema jurídico y su impacto deben analizarse con base en la eficiencia y aquél debe. ante todo promoverla . - El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad e implica un incremento. notable de ingresos, y cambios en la forma de vida de los individuos. . Las teorías de la Escuela de Economía de Chicago han influido muchas de las políticas del. Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, lo que explica la gran influencia que. este pensamiento ha tenido durante las últimas décadas en el mundo. Es también destacable,. que muchos países, incluido Colombia, comenzaron a tomar en cuenta esta filosofía. económica a partir de los años 1980, siendo la década de los 1990, el periodo de mayor. influencia de sus principios y conceptos en gran parte del globo. . En conclusión se podría afirmar que las concepciones de la Escuela de Economía de. Chicago, han marcado el mundo moderno, pues han contribuido a la transformación del. sistema económico “antiguo” (en donde el Estado, participa generalmente en el comercio. monetario del país; dejando de lados temas de relevancia para las necesidades del pueblo), a. un sistema más liberal y extremo, (donde el Estado, no interviene directamente en ámbitos. económicos, dejando este espacio a los privados. En este entorno el poder público pierde. autoridad, dejando y solo se interesa por gravar las actividades de los particulares). Más allá. de cualquier crítica el pensamiento de Friedman y Stigler ha marcado la economía y la. historia y de alguna manera ha influido el orden mundial, permitiendo que los EE.UU se. convirtieran en la primera potencia económica del planeta. . LA CONSTITUCIÓN DE 1.991. La constitución de1.991 buscando incorporar a Colombia a la dinámica mundial del libre. mercado propone un nuevo modelo económico que se aleja del paternalismo estatal y que se. basa principalmente en permitir la acumulación de riqueza, en la expansión del aparato. productivo y en la transformación del mercado interno, dando pie a un nuevo escenario que. este a tono con la globalización capitalista. . En este modelo neoliberal, está involucrada toda la vida económica, social y política del país,. y el mismo exige la aplicación de un derecho que proponga una nueva estructura normativa. que se articule y dinamice con el modelo económico. Se busca crear nuevas reglas que. orienten el comportamiento del Estado frente a la economía. La construcción del modelo. implica: establecer un orden jurídico-económico, diseñar e implementar reformas. estructurales del Estado, introducir reformas al mercado de la fuerza laboral, al mercado de. bienes y servicios, al mercado de capitales, a las telecomunicaciones, al sistema económico y. a la dirección de la economía. Este nuevo modelo también entraña poner límites de. intervención al Estado en el sistema económico, desregular paulatinamente el mercado de. bienes y servicios estableciendo únicamente cargas tributarias a la actividad y concretando. tratados de libre comercio. También se busca disminuir el tamaño del estado privilegiando la. empresa privada como generadora de empleo y bienestar en un marco de libre competencia.. Finalmente el nuevo modelo propone facilitar la entrada de activos extranjeros y darle cuerpo. a la disciplina fiscal. . Como se ha dicho en la constitución de 1.991 queda patentizada una tendencia económica. que busca, entre otras cosas: el desarrollo de la apertura económica, la libertad para la. transnacionalización del capital financiero, establecer un marco para las privatizaciones y las. concesiones, y enmarcar dentro de la lógica de la oferta y la demanda la salud y los demás. servicios concomitantes para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. Cabe anotar. que algunos doctrinantes afirman que a través de la constitución de 1.991 se elevó la apertura. económica a la carta magna. Si bien esta visión es algo extrema, no es menos cierto que la. norma de normas garantiza el libre mercado y propone un modelo neoliberal. En síntesis, y. en palabras de Rodrigo Uprimny: “La Constitución colombiana es vinculante como norma. jurídica, en cuanto establece límites legales a la acción de los poderes públicos, y es. valorativa porque consagra principios y valores específicos. Sin embargo, sostenemos que la. Constitución es también abierta, porque no constitucionaliza un modelo económico preciso,. sino que admite políticas económicas diversas, aunque dentro de ciertos límites normativos. valorativos.” . Finalmente se considera importante destacar que dada la dinámica jurídica colombiana, la. estructuración del “modelo” económico (como se ha dicho no se consagra un modelo como. tal, sino una tendencia), no solo parte de los postulados de la Escuela de Chicago, sino que. también tiene un contenido social que se ha desarrollado también a través de la. jurisprudencia emanada por la corte constitucional, que en repetidas ocasiones se ha. pronunciado frente a aspectos puntuales de la normatividad económica, en ocasiones. permitiendo el liberalismo y en ocasiones limitándolo. A guisa de ejemplo de esta paradoja,. se ponen de presente algunas sentencias importantes: . Amplitud de posibilidades de políticas económicas . Sentencias C-265 de 1994, C-445 de 1995 y C-093 de 2001 que precisan que el control. judicial de las políticas económicas debe ser "suave" o deferente con los órganos políticos. . “…El juez constitucional debe actuar de manera prudente al analizar la legitimidad. constitucional de una determinada regulación de las libertades económicas, por cuanto la. Constitución consagra la dirección de la economía por el Estado. El juez constitucional. deberá entonces respetar en general las razones de conveniencia invocadas por los órganos. de representación política. La Corte considera que en esta materia se impone el llamado. criterio de la inconstitucionalidad manifiesta, por lo cual, sólo si de manera directa la. norma vulnera derechos fundamentales, o viola claros mandatos constitucionales, o incurre. en regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionadas, deberá el juez declarar. la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, si la ley que regula la actividad de sociedades. de contenido patrimonial no vulnera claramente la carta fundamental o establece. regulaciones manifiestamente irrazonables debe ser considerada constitucional, por cuanto. hay cláusulas generales que autorizan la intervención estatal en la economía.” (C-265 de. 1994).. Amplitud de posibilidades de realización de derechos Sociales. Sentencias C-408 de 1994. y C-1489 de 2000 que señalan la amplia libertad del legislador para diseñar el sistema de. seguridad social y declaran constitucionales los mecanismos básicos previstos en la Ley 100. de 1993. . “…Así, en primer término, no es cierto que la Carta únicamente autorice la presencia de. actores privados en la prestación directa del servicio médico, y que todos los demás. componentes del sistema de salud deban ser públicos, como lo sugiere el demandante. En. efecto, la Constitución habla globalmente de la prestación del servicio de salud por. particulares o por entidades públicas (CP arts 48 y 49), y es claro que por prestación del. servicio de salud o de seguridad social en salud no puede entenderse únicamente la. realización del acto médico sino también la ejecución de todos otros aquellos aspectos de. prevención, administración de recursos, divulgación y promoción, entre otros, que hacen. posible y eficiente la acción directa de los profesionales de la salud. En tal contexto, en. ninguna parte la Carta prohibe que la administración del subsidio, la afiliación de los. usuarios y las labores de promoción, que son tareas básicas de las ARS en el RS, deban ser. desempeñadas por entidades públicas. Por ello esta Corte había señalado que la Carta. establece “con claridad el derecho de los particulares en la realización de la seguridad . social”, por lo cual, “sin perjuicio de que la tarea superior en la dirección, coordinación,. reglamentación y vigilancia, corresponde al Estado, los particulares tienen el derecho y el. deber concomitante de participar en la ampliación de la cobertura y en la ejecución de las. prestaciones que les son propias” (C1489 de 2000).. Reglas imperativas de manejo y prohibiciones constitucionales. Normas sobre. transferencias y Sentencia C-151 de 1995. Impuestos no retroactivos y sentencia sobre bonos. forzosos de seguridad. Sentencia C-149 de 1993. . “…Luego, es claro que la expresión del artículo 357, se refiere a los demás contenidos. finalísticos de los artículos 365 y 366 de la Carta, en la participación de los municipios en. los ingresos corrientes de la Nación, sin que ello impida que el Congreso pueda destinar. residualmente otros ingresos a la salud y a la educación.”(C151 de 1995).. Competencias institucionales diferenciadas. Sentencia C-481 de 1999 que declaró. inexequible la expresión "que deberán ser siempre menores a los últimos resultados. registrados" del parágrafo del artículo 2º de la Ley 31 de 1992, por desconocer la autonomía. del Banco de la República. . “…Así mismo, la Corte preguntó si las políticas para el logro de la estabilidad de precios. podían sacrificar otros objetivos macroeconómicos, y en especial provocar una. desaceleración de la economía. El doctor José Antonio Urdinola señala que, en unos casos,. puede sacrificarse la balanza de comercio, el gasto público en infraestructura o en servicios. sociales, crecimiento de la economía y empleo. El experto Eduardo Sarmiento afirma que de. acuerdo con la teoría de la neutralidad del dinero de la Escuela de Chicago, inspiración de. la ley del Banco de la República, la política monetaria que contribuye a reducir el nivel de. precios no necesariamente afecta variables como la producción y el empleo. Sin embargo, a. su juicio, esta teoría no es válida, pues la evidencia empírica ha demostrado que, en general,. “las políticas monetarias restrictivas reducen la inflación y ocasionan caídas en la actividad. productiva”, lo cual se evidencia en los últimos años principalmente en las “grandes caídas. en la producción y el empleo y el agravamiento del déficit de la balanza de pagos”.. “…Ahora bien, sin que la Corte deba en esta precisa oportunidad analizar la totalidad de. los elementos que gozan de garantía institucional, sin lugar a dudas existen tres que hacen. parte de ella, tal y como se desprende del examen adelantado en los fundamentos jurídicos. 10 a 20 de esta sentencia. De un lado, la autonomía de la Junta Directiva del Banco, ya que. sin ella, la existencia misma del Banco, como institución constitucional, perdería gran parte. de su sentido. De otro lado, la Carta precisa que a pesar de la autonomía de la Junta, debe. existir una coordinación de sus decisiones con la política económica general, cuya. responsabilidad básica corresponde al Gobierno. Finalmente, el Banco, como autoridad. estatal que es, no puede desconocer en sus decisiones las finalidades de la intervención del. Estado en la economía ni los objetivos sociales que la Carta propugna. Por consiguiente, si. bien el Legislador tiene plena competencia para regular las funciones de la Junta del Banco. de la República, que no escapa al principio de legalidad, sin embargo la ley no puede. establecer regulaciones que (i) invadan el contenido esencial de la autonomía de la Junta, o. que obliguen a la Junta a adoptar decisiones que (ii) imposibiliten el mandato de. coordinación entre esa entidad y las otras autoridades económicas, o (iii) que desconozcan. el contenido social del Estado colombiano y las finalidades de su intervención en la. economía. Con tales criterios, entra la Corte a examinar la constitucionalidad del mandato,. según el cual, la Junta debe adoptar metas de inflación que deben ser siempre inferiores a. las registradas en el periodo precedente” (C-481 de 1999).. Competencias derivadas de la estructura autonómica y descentralizada. Prohibición de. que la ley establezca exenciones a impuestos territoriales, Sentencias C-160 de 2000, C-1333. de 2000 y C-315 de 2004. . “…Sin embargo, un examen más atento muestra que la asimilación en este aspecto entre un. tratado y la ley resulta excesiva, pues la garantía del artículo 294 está dirigida contra la. posibilidad de que la Nación, en forma unilateral, y en virtud de una decisión legislativa,. prive a las entidades territoriales de sus recursos. Es pues una garantía institucional contra. una injerencia indebida del Estado central, que establecería unilateralmente exenciones a. los tributos territoriales. Sin embargo, los tratados son actos complejos que no resultan de la. simple voluntad del Estado central, ya que requieren el concurso de voluntad de otros. sujetos de derecho internacional. En este caso, una eventual exención de los impuestos. territoriales no surge de una voluntad unilateral de las autoridades centrales de limitar los. recursos de las entidades territoriales sino que opera con otra lógica y otros propósitos;. dicha exención únicamente pretende facilitar las relaciones internacionales y desarrollar. principios del derecho internacional, como la reciprocidad. Y por ello, en ese caso, la. exención es en principio válido porque persigue un propósito constitucional relevante. El. interrogante que surge es entonces si la consecución de dicha finalidad de favorecer las. relaciones internacionales, que tiene claro sustento constitucional (CP art. 226), puede ser. armonizada con la garantía institucional que la Carta establece a favor de los recursos de. las entidades territoriales (CP art. 294).. . La Corte encuentra que esa armonización es posible, si se entiende que la concesión de esas. exenciones a los tributos territoriales por medio de un tratado es posible, pero la Nación. debe compensar a las entidades territoriales las pérdidas de sus ingresos que puedan. derivar de dichas exenciones. En efecto, de esa manera se aseguran los ingresos de las. entidades territoriales sin afectar indebidamente la promoción de las relaciones. internacionales, con lo cual se logra una armonización de los artículos 226 y 294 de la. Constitución” (C- 315 de 2004).. Respeto a los procedimientos de producción normativa. Inconstitucionalidad del Plan de. Desarrollo (Sentencia C-557 de 2000) o de la Ley de Regalías (Sentencia C-737 de 2001) por. vicios de procedimiento en su aprobación. . “…Los anteriores datos son suficientes para que la Corte concluya que efectivamente la. expulsión inmediata de la ley acusada genera una situación constitucionalmente peor que su. mantenimiento por un período de tiempo determinado, por lo cual se justifica que esta. Corporación recurra a una sentencia de constitucionalidad temporal.. . Así, es claro que el petróleo tiene un peso considerable sobre la actividad económica del. país, y en especial sobre el sector externo: por ejemplo, en el año 2000, las exportaciones de. hidrocarburos generaron unos 4.600 millones de dólares (aproximadamente 35% de las. exportaciones totales) y representaron un componente importante de los ingresos corrientes. del Estado. Igualmente, las proyecciones suministradas por ECOPETROL, y que fueron. resumidas en el fundamento anterior de esta sentencia, muestran con claridad que sin los. contratos de asociación, firmados en los últimos dos años, disminuye considerablemente la. probabilidad de que Colombia mantenga o incremente su producción petrolera, lo cual. tendría graves consecuencias sobre la balanza de pagos y el equilibrio fiscal, precisamente. debido a la gran participación que tiene el petróleo en el conjunto de las exportaciones. colombianas. Esta situación, que podría incluso provocar una crisis cambiaria, tiene una. relevancia constitucional innegable pues la Carta no es indiferente frente a la dinámica. macroeconómica. Así, la Constitución no sólo indica que la consecución de un orden justo y. la promoción de la prosperidad general son cometidos de las autoridades (CP Preámbulo y. art 2º) sino que además establece que la dirección general de la economía está a cargo del. Estado, quien debe intervenir en los procesos económicos, para racionalizarlos con el fin de. conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa. de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y para dar pleno empleo a los recursos. humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan. acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (CP art. 334). En tales circunstancias, es. indudable que una situación de la balanza de pagos cada vez más difícil, y una disminución. de los ingresos corrientes del Estado, dificultan considerablemente que las autoridades. logren promover la prosperidad general o conseguir un orden justo. En efecto, no sólo la. economía tendría que acomodarse a esa crítica situación cambiaria, con los dolorosos. efectos sociales que tienen esos procesos de ajuste, sino que, además, la disminución de los. ingresos corrientes del Estado dificulta a las autoridades el cumplimiento de sus tareas en la. realización de los derechos constitucionales (CP art. 2º)” (C 737-2001). Excepcionalidad económica limitada. Sentencia C-122 de 1998 que limitó el alcance de la. declaratoria de emergencia económica y estableció que los recursos debían ir a los sectores. realmente afectados por la crisis financiera: banca pública y cooperativa. . “En síntesis, demostrado como se encuentra que existían y existen medios ordinarios para el. manejo y solución de la situación de "crisis" a que se refiere el Decreto 2330 de 1998, en. lugar de declarar la emergencia económica y social como en él se hizo por el Presidente de. la República, con la firma de todos sus ministros, ella ha debido ser atendida con la amplia. gama de instrumentos jurídico-constitucionales y legales de que se dispone para el efecto,. sin necesidad de alterar el funcionamiento normal de las instituciones democráticas que. informan la Constitución Política, pues con ese decreto se arroga el Ejecutivo un cúmulo de. funciones que incluyen, además de las ordinarias, la de legislar así sea transitoriamente en. asuntos económicos, en desmedro de la potestad legislativa del Congreso Nacional, es decir,. se abre paso a una conducción monocrática del Estado, con grave perjuicio de la. concepción democrática del poder público.. . Es cuando menos paradójico que, para poder declarar exequible la emergencia puesta en. vigor por el Ejecutivo sin fundamento real alguno, la Corte Constitucional haya tenido que. desvertebrar el sistema de separación de funciones, disminuyendo al Presidente sus poderes. y tomándolos para sí, con el objeto de avalar un estado excepcional como cree la Corte que. ha debido de ser declarado y no como se declaró por el Presidente de la República.” (C-122. de 1998). Conceptos constitucionales indeterminados. Noción de gasto social: Sentencia C-317 de. 1998 que consideró que el gasto en deporte y recreación no podía ser considerado gasto. social y declaró inexequible la expresión "y constituyen gasto público social" del artículo 4de. la Ley 181 de 1995. . “A juicio de la Corte la determinación de lo que constituye “inversión social”, susceptible. de ser financiada con cargo a una renta nacional de destinación específica, no resulta de un. ejercicio semántico. Como se ha advertido por esta corporación, no siempre es fácil. distinguir dentro del género gasto social, lo que tiene que ver con la inversión y lo que. concierne al funcionamiento. En la práctica la aplicación de estas distinciones está sujeta a. una innegable ambigüedad. Por esta razón es indispensable que si el uso de dichos. conceptos se traduce en consecuencias importantes en el campo de la hacienda pública, se. establezcan condiciones y presupuestos objetivos sin los cuales éstas no puedan producirse.. En este orden de ideas, si el principio que prevalece debe ser el de unidad de caja, la. justificación de una renta de destinación específica no puede fundarse en el simple objeto del. ente, su relación con la efectividad de derechos económicos, sociales o culturales y la. aplicación en su ámbito del proceso de planificación. Como ya se expresó, si lo anterior. fuera por sí mismo suficiente, las rentas de destinación específica pasarían a convertirse en. la regla general causando un grave desajuste a los procesos presupuestario y de. planificación. Es menester, adicionalmente, probar que las necesidades sociales o el objetivo. social que se pretenderían atender con cargo a una renta de destinación específica, no. obstante tener carácter prioritario, no pueden razonable y adecuadamente satisfacerse a. través del proceso normal de presentación, aprobación y ejecución del presupuesto y de. planificación de la acción pública. En verdad, la excepción a la prohibición general sólo. está llamada a tener curso favorable cuando la imperatividad y la necesidad de una. determinada inversión social, arriesga objetivamente con malograrse si la misma ha de. sujetarse al proceso hacendístico general”. (C -317 de 1998).. Principios constitucionales de manejo económico y Hacienda Pública: Principio de. "adecuación" en la financiación de vivienda y Sentencias 383 de 1999 y C-747 de 1999 sobre. el sistema UPAC. Principios de igualdad y equidad tributaria: sentencia C-136 de 1999 sobre. el impuesto del dos por mil y sentencia C-776 de 2003 sobre extensión del IVA a productos. de primera necesidad. . “Si bien el legislador dispone de un margen de configuración de la política tributaria y tiene. la potestad de decidir qué bienes y servicios grava con el IVA o excluye de dicho tributo (art.. 338 de la C.P.), el ejercicio de esta facultad no es ilimitado, como no lo es ninguna. competencia en un estado constitucional, sino que debe respetar el marco constitucional en. su integridad (artículo 1, 2, 3, y 4 C.P.).. . Cuando se extiende la base del IVA para gravar bienes y servicios, que antes habían sido. excluidos para promover la igualdad real y efectiva (art. 13 de la C.P.) en un Estado Social. de Derecho (art. 1° de la C.P.), el legislador tributario vulnera los principios de. progresividad y equidad que rigen el sistema tributario (art. 363 de la C.P. y art. 95-9 de la. C.P.), interpretados en consonancia con el derecho fundamental al mínimo vital (arts. 1° y. 13 de la C.P. en concordancia con el artículo 334 C.P.), si (i) de manera indiscriminada, sin. el mínimo de deliberación pública en el seno del Congreso exigido por el respeto al. principio de no tributación sin representación, se modifica un sistema tributario, (ii) con. graves falencias tanto en el lado de los ingresos provenientes de tributos con diseño. progresivo como (iii) en el lado del gasto encaminado a cumplir fines redistributivos, (iv). mediante la ampliación de la base del IVA a todos los bienes y servicios de primera. necesidad (v) de los cuales depende ineludiblemente el goce efectivo del derecho al mínimo. vital de un amplio sector de la población del país, dadas las insuficiencias de la red de. protección social.” (C – 776 DE 2003). . Protección de derechos de propiedad y derechos adquiridos. Reactivación económica,. acuerdos de reestructuración y derechos de acreedores. Sentencia C-586 de 2001. Sentencia. C-754 de 2004 que declaró inexequible la reducción del régimen de transición en materia. pensional por violar derechos adquiridos. . “Los parágrafos 1º y 2º del artículo 14 y el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de. 1999 no quebranta los artículos 13, 150-2º y 21, 158, 333 y 334 de la Constitución Política,. porque si bien trata en forma diferente los derechos de garantía otorgados por terceros para. respaldar los créditos de la empresa incursa en un proceso de reestructuración, respecto del. tratamiento que recibe el mismo sujeto ante la moratoria del deudor, según los dictados del. derecho común y del derecho concursal, es una medida diseñada por el legislador, en uso de. sus atribuciones constitucionales para intervenir la economía a fin de conjurar una situación. de crisis, que desarrolla los fines alcances y límites que la misma ley precisa.. . . Tampoco quebrantan el artículo 58 ídem, puesto que el legislador puede apartarse de la. regulación de los derechos de garantía otorgados por terceros, del derecho común y del. derecho concursal, lo que no puede es desconocer los que fueron adquiridos antes de dicha. modificación, porque en éste caso, debe prever que a sus titulares les corresponde por la. cesión de su interés ser debidamente recompensados.” (C-586 DE 2001). Protección de derechos sociales. Defensiva: Sentencia C-671 de 2002 sobre seguridad. social de miembros de la Fuerza Pública y sentencia C-038 de 2004 sobre reforma laboral.. Progresiva: Tutelas sobre el POS y el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la. vida digna. . “…La seguridad social constituye no sólo un servicio público obligatorio sino también un. derecho irrenunciable de toda persona, que puede ser prestado directamente por el Estado o. por intermedio de los particulares, con sujeción a los principios de universalidad,. solidaridad y eficiencia, siempre bajo la dirección, coordinación y control del Estado (CP.. arts 48, 49 y 365). Teniendo en cuenta su naturaleza de derecho prestacional, la. Constitución no optó por un único modelo en esta materia sino que confió al Legislador la. tarea de configurar su diseño, por ser éste el foro de discusión política y democrática por. excelencia donde deben ser analizadas reposadamente las diferentes alternativas a la luz de. las condiciones económicas, los esquemas institucionales y las necesidades insatisfechas. (entre otros factores), teniendo siempre como norte su realización progresiva en cuanto a. calidad y cobertura se refiere. Así, por ejemplo, la Carta no establece un sistema de salud y. seguridad social estrictamente público ni prefiere uno de carácter privado, sino que deja a. la ley la regulación de ese punto.” (C-038 DE 2004).. ANÁLISIS NORMAS CONSTITUCIONALES. Una vez establecido este pequeño estudio jurisprudencial, analizaremos a continuación. algunos aspectos económicos puntuales de la constitución de 1.991, señalando concretamente. artículos de la norma, que surgen del pensamiento liberal de la Escuela de Economía de. Chicago, veamos: . Derecho a la libertad de asociación – Defensa de la productividad: . Artículo 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas. actividades que las personas realizan en sociedad. . Derecho a la propiedad privada y libre transmisión de la misma: . Artículo 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con. arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes. posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o. interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por. ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es. una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función. ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de. propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,. podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará. consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el. legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior. acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. . Artículo 61: El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las. formalidades que establezca la ley. . Artículo 332: El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no. renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes. preexistentes.. Economía de mercado y defensa a la libre competencia: . Artículo 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites. del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin. autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone. responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que. implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el. desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se. restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o. empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el. alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el. patrimonio cultural de la Nación. . Libertad de empresa: . Artículo 334: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este. intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del. suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios. públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano. nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de. vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del. desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal. deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del. Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario. . El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y. asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores. ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para. promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. . La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de. sus competencias, en un marco de colaboración armónica. . El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida. la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la. apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las. explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas. públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular,. modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la. sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos. fundamentales. . Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna. de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal. para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección. efectiva. Aquí queda explícita la libertad económica y la iniciativa privada. . Participación de particulares en actividades financieras: . Artículo 335, Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada. con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere. el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser. ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de. intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito. . Participación privada en monopolios rentísticos . Artículo 336 Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una. finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio. no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en. virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. La. organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán. sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas. obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas. exclusivamente a los servicios de salud. Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio. de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. La. evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada. penalmente en los términos que establezca la ley. El Gobierno enajenará o liquidará las. empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad. cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley. En. cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores. . CONCLUSIONES:.  “La Constitución colombiana establece, en fin, el marco para un diálogo entre las. mayorías democráticas, que encarnan la soberanía popular, y los jueces. constitucionales, que tienen a su cargo esencialmente la protección de los derechos.. Como lo mencionamos en la sección introductoria, en la práctica no siempre se ha. logrado ese equilibrio postulado por la Constitución, y en muchas ocasiones el. diálogo entre los jueces, autoridades económicas, juristas y economistas no ha sido. fecundo y constructivo. De allí la importancia de diálogos como el planteado en esta. publicación, que son síntomas del surgimiento de una etapa más productiva de. discusión interdisciplinaria sobre la relación entre Constitución y modelo económico. en una democracia como la colombiana.” (R. Uprimny & C. Rodriguez, 2011) .  “La constitución es normativa en cuanto establece límites a la acción de los poderes. públicos, y valorativa porque consagra principios y valores, pero es abierta porque. no constitucionaliza un modelo económico determinado, sino que admite modelos. económicos diversos.” (R. Uprimny, 2009). .  Si bien existen lineamientos que perfilan un sistema económico, no se puede decir. que la constitución sea rígida pues a la par de garantizar libertad de mercados, busca. garantizar derechos fundamentales de tipo social y económico. .  Hablando de la libertad de empresa, se puede decir que el estado solo intervendrá si. garantizar precisamente la competencia libre y leal, buscando preservar el derecho a. la igualdad entre los actores del mercado. .  La escuela de Chicago tiene influencia en la constitución de 1.991. lo anterior ha. permitido la apertura de la economía y la libertad de empresa. Evidencia de lo. anterior son la entrada de grandes capitales extranjeros al país y una competencia. salvaje que aunque ha llevado a la quiebra a muchos a permitido que Colombia entre. a mercados internacionales y de paso ha mejorado la calidad de vida de los. ciudadanos quienes tienen acceso a bienes y servicios de mejor calidad a precios. aceptables. .  La economía de un país no puede ir en contravía de las tendencias mundiales. .  La Corte Constitucional ha tratado desde una perspectiva meramente de análisis. normativo dar forma a un sistema económico y equilibrarlo a partir del respeto por la. libertad de mercado y de los derechos individuales y sociales.. BIBLIOGRAFÍA:.  Cruz, Luis Edgar. “La Constitución Política de 1.991 y la apertura económica”.. (2009) .  Cerna S, Víctor, Olivares, Sergio. “Liberalismo extremo de Chicago”. (2006).  Piedrahita Vargas, Camilo. “La negociabilidad de los derechos laborales: Un análisis. económico”. (2011).  Uprimny, Rodrigo, Rodríguez G., Cesar Augusto. “Constitución y modelo económico. en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho”. (2004).  Cortés Zambrano, Sandra Patricia. “El Estado, la Constitución y la Economía de. Mercado”. (2009).  Núñez Trujillo, Antonio José. “Antecedentes y principios fundamentales del análisis. económico de la ley”. Colección de Derecho Económico – Homenaje a Enrique Low. Murtra. (2000), pp

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