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La relación entre el conflicto armado y la victimización de los trabajadores sindicalizados 1984 y 2009

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La relación entre el conflicto armado y la

victimización de los trabajadores

sindicalizados 1984 y 2009

CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS

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Créditos

El presente texto es presentado por la Corporación Nuevo Arco Iris en el marco del “Proyecto sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

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Tabla de contenido

 Introducción: El asesinato de 2.732 sindicalistas si tiene

explicación 4

 Las cifras y la geografía de la victimización 14

 La generación de la victimización, 1984 1990 35

E

l auge de la victimización, 1991 y 1997

66

 Expansión de la victimización, 1998 y 2003 95

 Estabilización de la victimización, 2004 a 2009 143

 La costa atlántica, un caso emblemático de

Victimización 177

El departamento del Cesar y el control de Jorge 40 186

El Sector Energético también puso su cuota 193

El caso de Coolechera 198

Universidad del Atlántico 201

El Computador de Jorge 40, un hallazgo que daría luces a

las autoridades 204

Un crimen que conmovió al país entero 207

¿Qué tiene que ver el Das en estos hechos? 210

La Salud no se quedó atrás 215

Asesinatos promovidos por Salvatore Mancuso 221

Crímenes en otras universidades: 225

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Introducción

El asesinato de 2.732 sindicalistas si tiene

explicación

La Corporación Nuevo Arco Iris no tenía entre sus líneas de investigación la cuestión sindical, pero había percibido, en sus indagaciones sobre la parapolítica y en el seguimiento al conflicto armado, que el mayor número sindicalistas asesinados ocurría en los lugares y en los momentos en donde se desarrollaba con mayor intensidad la confrontación armada y se gestaba una gran implicación entre paramilitares, empresarios y agentes del Estado.

Por eso aceptó la invitación del PNUD a buscar una explicación para las 2732 muertes de sindicalistas ocurridas en los últimos veinticinco años en Colombia y también para las otras agresiones violentas a los sindicatos y a sus afiliados que suman más de 8000 violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores. Queríamos saber qué tanta verdad había en esta percepción. Desde luego, queríamos también aportar a la búsqueda de una solución para una de las más grandes tragedias de la sociedad colombiana.

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racha de muertes de sindicalistas que se presentó en la ciudad de Barranquilla en los primeros años de este siglo.

Los sindicalistas asesinados en estos sectores rondan el setenta por ciento del total de las muertes ocurridas en la época escogida para la investigación. Es una cifra suficiente para ensayar una explicación desde la perspectiva de las ciencias sociales y políticas. No lo es para establecer responsabilidades penales que exigen una investigación caso por caso.

La aclaración es importante. La investigación no toma las categorías del derecho positivo orientadas a realizar imputaciones penales individuales. Toma categorías de las ciencias sociales y políticas y partir de allí examina los hechos, cruza variables y ensaya una explicación de los acontecimientos. En este caso las variables son los actores armados, los grupos políticos y las fuerzas empresariales y sindicales en la dinámica de controlar territorios, disputar el poder y apoderarse de jugosas rentas.

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Realizamos 73 entrevistas con sindicalistas, empresarios y líderes políticos, examinamos las versiones libres que los jefes paramilitares han rendido en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, hicimos un recorrido por la prensa en los distintos períodos y estudiamos alrededor de 150 documentos entre libros y ponencias sobre la marcha del sindicalismo y el conflicto armado.

Los estudios de caso que hicimos y una mirada general a todas las cifras de muertes y agresiones nos permitieron ver que a lo largo de los 25 años los sindicatos que cargaron con el peso de la victimización fueron los más activos en la lucha política, es decir, ligaron sus reivindicaciones laborales y sus aspiraciones democráticas y emprendieron por igual protestas sociales y acciones políticas ejerciendo un inusitado protagonismo en algunas regiones del país.

En el primer periodo estudiado fue visible que los sindicatos y las guerrillas confluían en consignas como la “Apertura Democrática” o la necesidad de “Una Asamblea Nacional Constituyente”; “La Nacionalización del Petróleo”; y la “Articulación de los maestros a la lucha por una educación liberadora encarnada en un gran movimiento pedagógico”. Esa confluencia de propósitos condujo, de un lado, a que las guerrillas sirvieran de soporte a diversas protestas laborales y en muchas ocasiones presionaran con las armas a los empresarios o al estado, y de otro lado, a que los sindicatos acompañaran esfuerzos de negociación de las guerrillas y asistieran a convocatorias de movilización originadas en los grupos insurgentes.

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través de los cuales hacían presencia permanente en la protesta social o en las contiendas electorales.

A su vez los grupos paramilitares confluyeron con dirigentes políticos, líderes empresariales y una diversidad de agentes del Estado en la lucha por el poder local y en la búsqueda de una gran influencia en el poder nacional que impidiera un proceso de democratización del país. En esos propósitos arremetieron con las armas contra los dirigentes sindicales que incursionaban en política o que radicalizaban sus aspiraciones laborales, causando la gran tragedia humanitaria de que estamos hablando.

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tiempos y en los lugares donde se efectúo la victimización sindical de la que venimos hablando.

Y estos hechos no fueron casuales, hicieron parte de estrategias bien pensadas y ejecutadas con una alevosía que da pavor. Carlos Castaño se refirió en varias ocasiones a sus éxitos en Urabá y Barranca y estas son dos citas reveladoras encontradas en el libro Mi Confesión escrito a cuatro manos con Mauricio Aranguren.

“Allí se dio la etapa más dura de la esta guerra, la lucha por controlar el Eje Bananero asediado por las FARC y una disidencia del EPL. Todo esto sucedió entre junio de 1994 y Abril de 1997 cuando pacificamos la región y nacieron las AUCC”.

De Barrancabermeja dijo:”Este municipio es el puerto petrolero más grande del país, el carburador de Colombia. Ecopetrol, la empresa petrolera del Estado tiene un sindicato, la USO, que durante mucho tiempo fue infiltrada por la guerrilla del ELN. Cuando los subversivos querían paralizar el país el sindicato organizaba un paro para dejar a Colombia sin combustible en sólo 48 horas. Desde que las Autodefensas controla la zona no se ha realizado ningún paro significativo”.

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constitución y profundizaron su ataque a la institucionalidad. Esta investigación tiene testimonios y datos muy claros de la separación tajante que se produjo entre la dirigencia sindical y las guerrillas.

La gran paradoja consistió en que los paramilitares y las élites locales también se dedicaron a atacar con otra estrategia el proceso de democratización. Su lucha de ahí en adelante consistió en buscar una captura del poder local y proyectar una influencia nacional para hacer nugatorios avances democráticos como la elección popular de alcaldes, la descentralización, la circunscripción nacional de senado, el estimulo al voto de opinión y al pluralismo político.

Así fue como estas fuerzas continuaron atacando a los dirigentes sindicales y sociales a pesar de que ya habían roto cualquier nexo con las guerrillas. La disputa, se vio, estaba en el campo de la democracia. Quien mejor resume este fenómeno es Héctor Fajardo, un dirigente sindical de gran trayectoria: “Estoy completamente seguro de que la victimización sindical que ha vivido Colombia se ha debido, en un ochenta o noventa por ciento, al compromiso de los sectores sindicales con la democratización del país”, dice.

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Esta investigación arrancó de dos premisas: “La condición de víctima la da la indefensión, no la inocencia” una frase pronunciada por Gonzalo Sánchez director de la Comisión de Memoria Histórica; y: “Los crímenes nazis no se pueden explicar por los crímenes estalinistas, como tampoco al revés, y ya se ha dicho a menudo, la existencia de unos no convierte de ningún modo en menos culpable la perpetración de los otros”. Una sentencia de Tzvetan Todorov en su texto Los Abusos de la Memoria.

Los sindicatos colombianos se han empeñado en asegurar que la protesta laboral es la causa principal o única de las agresiones que ha sufrido el sindicalismo. La investigación señala que esta explicación es incompleta. La acción política al lado de las guerrillas o la lucha autónoma por la democracia desató una respuesta atroz y desproporcionada de las élites regionales, de agentes del Estado y de fuerzas ilegales.

La cooperación de una parte importante de dirigentes sindicales con fuerzas políticas vinculadas a las guerrillas no era inocente. Muchos dirigentes sindicales sabían de donde venían las consignas que agitaban y sabían también que las guerrillas incurrían en secuestros, en extorsiones y en asesinatos de empresarios y políticos.

La actual dirigencia sindical comete un grave error al tratar de explicar la tragedia de los últimos 25 años por la controversia laboral. Es una aceptación tácita de que los asesinos podrían tener razón en su barbarie si se demuestra el protagonismo político y la contribución que consciente o inconscientemente hizo una parte del sindicalismo a la “combinación de todas las formas de lucha”.

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judiciales que le competen por esta larga cadena de asesinatos y de violaciones a los derechos humanos. Piensa que al decir que la mayoría de los crímenes tienen una vinculación directa con el conflicto armado queda exento de culpa o puede al menos atenuar su responsabilidad.

No hay la más mínima justificación para que agentes del Estado por mano propia o en alianzas con ilegales maten o atropellen a personas en estado de indefensión, así sean dirigentes políticos o sociales con algún grado de afinidad con consignas subversivas. La única opción del Estado es perseguir en derecho y en democracia a sus impugnadores.

Insinuar alguna comprensión para servidores públicos o particulares que acosados por las guerrillas dieron en hacer justicia con su propia mano acabando con el entorno social y político de las guerrillas es la muerte del Estado de Derecho. Utilizar como expediente para reprimir las protestas sociales la acusación de que obedecían a intereses políticos o estaban infiltradas por la subversión, tal como se ha hecho a lo largo de los últimos treinta años por los gobiernos nacionales y locales, es una negación clara y llana de la democracia.

Pero la situación es más aberrante cuando se sabe que con ocasión de los acuerdos de tregua y paz que se suscribieron en los años ochenta el Estado autorizó la conformación de agrupamientos políticos que tenían una vinculación directa con las guerrillas y que actuaban abiertamente en el movimiento sindical. El texto suscrito entre el gobierno del

presidente Belisario Betancur y las FARC decía: “El gobierno, de

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manera el Estado otorgó personerías jurídicas a los órganos de expresión del Frente Popular y A Luchar.

No hay justificación alguna para la victimización sindical en el tiempo de la “Combinación de las formas de lucha” y menos la hay para le época en que el sindicalismo había roto todo nexo con las fuerzas ilegales y estaba simplemente aprovechando las ventajas políticas que había conquistado en la reforma constitucional de 1991.

El Estado colombiano es responsable al menos en tres campos debidamente documentados en esta investigación: por la participación generalizada de servidores públicos en las alianzas criminales que condujeron a la muerte a miles de sindicalistas; por permitir que prosperara un ambiente en el cual se justificaba la muerte de personas indefensas por sus afinidades ideológicas o políticas con fuerzas ilegales; y por la escandalosa impunidad judicial que se ha configurado alrededor de la victimización de los sindicalistas.

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establecimiento temporal de una jurisdicción especial de la justicia colombiana con presencia internacional para adelantar la investigación y el juicio al menos en unos casos emblemáticos de victimización sindical. Entre tanto es necesario aprovechar el escenario que se abrió en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación para extraer una memoria completa de todas las versiones que tengan que ver con asesinato u otras agresiones a sindicalistas.

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Las cifras y la geografía de la victimización

La mayoría de los informes sobre la violencia contra los trabajadores sindicalizados concentran su atención en los aspectos cuantitativos y su comportamiento año a año, establecen comparaciones con las cifras internacionales, identifican los sectores económicos y las zonas geográficas en los cuales se concentra la violencia contra los trabajadores. El presente capitulo examina estos factores desde la siguiente perspectiva: 1) análisis de los datos cuantitativos a que se tuvo acceso; 2) la evaluación de los alcances y limitaciones de la información disponible; 3) la selección de los sectores sindicales más afectados a partir de su concentración económica y geográfica; 4) la formulación de futuras investigaciones a partir la lectura de los datos sobre la violencia contra los sindicalistas en departamentos y municipios.

El análisis de las cifras se realizó de acuerdo con los parámetros establecidos por la Coordinación del PNUD, los cuales consideran como violencia contra los trabajadores todos los “actos dirigidos (con éxito o sin él) al exterminio o al daño físico y/o psíquico de una persona, con determinados propósitos”. De igual manera, definió las modalidades de violencia: homicidio, tentativa de homicidio –lesiones personales y ataques–, desaparición –especialmente la “forzada”–, secuestro, tortura, detención ilegal o arbitraria y

amenaza.1 En términos de derechos humanos, se trata de

violaciones al derecho a la vida, la libertad y la integridad física.

Para el presente estudio se utilizaron dos bases de datos: la del Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (OPPDHDIH) y la de la Escuela Nacional Sindical (ENS). Para

1 En la Base de Datos de Derechos Humanos de la ENS, se usan: homicidio, atentado

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efectos de este estudio, se privilegió la Base de Datos de la ENS, debido a tres razones: en primer lugar, la información sistematizada por la ENS cubre un lapso más amplio, de 1986 a 2009, mientras que la de la OPPDHDIH, abarca solo el periodo comprendido entre 2000 y 2009. En segundo lugar, mientras la Base de Datos de la ENS contempla las siete modalidades de violencia definidas para el estudio, la del OPPDHDIH sólo tiene en cuenta el homicidio. En tercer lugar, la comparación metodológica de estas dos bases de datos, corresponde a la investigación paralela que desarrolla el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

El hecho de que la serie estadística de la ENS tenga información sólo desde 1986, y presente estudio cubra desde 1984, dificultó la delimitación de los periodos, especialmente el primer subperiodo. Para efectos del presente capítulo el periodo de análisis es el comprendido entre 1986-2009.

La prelación dada a la información de la Escuela Nacional Sindical, no significa que se haya desconocido la información de la base de datos de la OPPDHDIH, pues para el subperíodo de análisis las dos bases de datos coinciden en su información y las dos fueron utilizadas.

La información de la ENS se entregó el 16 de abril del 2010, y se ajustó el 4 de junio del mismo año. Y en el caso de la información de la OPPDHDIH, ésta se recibió el 24 de mayo del 2010.

La magnitud del problema

Para observar la magnitud de la violencia contra los sindicalistas en Colombia, se hizo una comparación con los datos de homicidios de sindicalistas a escala internacional. Según datos de la ENS,2 en un estudio que se realizó en 49

países (de Centroamérica y el Caribe, Suramérica, Asia, África

2 Está base de datos fue construida con información de la Confederación Internacional

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y Europa), en el lapso 1999-2009, fueron asesinados 1.253 sindicalistas. De éstos, el 63,12% de los casos, ocurrieron en Colombia; el 7,01%, en Brasil; el 5,44%, en Filipinas; el 5,32%, en Nepal; el 3,45%, en Guatemala; y el 3,04%, en Guinea. Estos datos, por sí mismos, muestran la dramática situación del caso colombiano.

En el período comprendido entre 1986 y 2009 ocurrieron en Colombia 2.732 homicidios, 4.632 amenazas, 251 atentados con o sin lesiones, 192 desapariciones, 631 detenciones arbitrarias, 162 secuestros y 80 casos de tortura, que sumaron 8.680 violaciones, según la Base de Datos de la ENS. (Tabla 1)

Para efectos del presente análisis se privilegio el homicidio como la principal violación, por tratarse de la modalidad que

reviste mayor gravedad. 3

3 Si se observan las dos bases de datos, para el lapso 2000-2009, puede verse que

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Tabla N° 1 Homicidios y violencia no letal contra sindicalistas colombianos entre 1986 y 2009

Año

Tipo de violación

Homicidi o (ENS) Homicidio (OPPDHDI H) Amenaz a Atentado con o sin lesiones Desaparici ón Detenció n arbitrari a Secuestr

o Tortura

1986 34 6 0 1 2 0 0

1987 60 5 1 2 2 0 3

1988 125 18 16 20 4 2 8

1989 84 14 3 18 10 0 16

1990 47 1 0 3 3 0 3

1991 89 5 3 8 4 0 7

1992 143 15 7 7 9 2 8

1993 200 3 3 5 2 0 0

1994 103 7 5 5 6 0 4

1995 224 8 4 8 2 0 7

1996 275 183 42 14 44 5 0

1997 170 307 9 19 28 7 0

1998 96 324 10 4 11 12 0

1999 82 685 15 8 30 21 1

2000 134 155 186 13 18 38 25 2

2001 194 205 236 25 12 12 39 1

2002 193 196 207 17 9 141 27 1

2003 101 101 301 21 7 53 7 0

2004 94 89 456 6 6 78 4 2

2005 72 40 260 7 3 56 6 1

2006 76 60 245 6 5 16 5 4

2007 39 26 250 12 2 20 0 2

2008 50 38 498 8 5 26 0 3

2009 47 28 412 18 3 34 0 7

Total 2.732 938 4.632 251 192 631 162 80

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En la Tabla 1 y en el Gráfico 1, puede verse que los datos sobre violaciones diferentes al homicidio, la desaparición y la tortura, cambiaron abruptamente en 1996. Lo que podría indicar que hubo subregistros importantes entre 1986 y 1995, sobre todo en las cifras sobre amenazas, el atentado con o sin lesiones, la detención arbitraria y el secuestro. Esto, desde luego, restringió el uso de dicha información, especialmente para el lapso 1986-1995.

Gráfico N° 1 Homicidios y violencia no letal contra sindicalistas colombianos entre 1986 y 2009

Fuentes: Base de Datos de Derechos Humanos de la ENS y del OPPDHDIH.

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5%; y le siguieron los organismos estatales, con el 1,8%; la delincuencia común, con el 0,7%; y los empleadores, con el 0,1%., como puede verse en el Gráfico 2: Esta precaria información en el campo penal, hizo que se descartara esta variable, para tratar de establecer un vínculo entre victimización y conflicto armado, objeto de análisis del capítulo dos.

Gráfico N° 2 Porcentaje de presuntos responsables de homicidios de trabajadores sindicalizados en Colombia entre 1986 y 2009

Fuente: Base de Datos de Derechos Humanos de la ENS.

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periodos establecidos, la cuantificación e identificación de los casos de violencia contra los sindicalistas, las variaciones en la intensidad de la victimización, las zonas geográficas donde se concentra y los sectores económicos a que pertenecen los sindicalistas victimizados.

Para el análisis de los vínculos entre la victimización de trabajadores sindicalizados y la dinámica del conflicto armado, el estudio se centró en tres casos que se corresponden con los de mayor registro de victimas en el período comprendido entre 1986 y 2009: la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), los sindicatos bananeros en la zona de Urabá y la Unión Sindical Obrera (USO), especialmente la seccional del Magdalena Medio. En el desarrollo mismo de la investigación se introdujo un cuarto caso, centrado en la Costa Atlántica, en el que agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares, estuvieron involucrados en la violencia contra los sindicalistas.

Estos tres casos corresponden a los sectores económicos en los que se registraron el mayor número de víctimas letales, entre 1986 y 2009. Como se aprecia en la Tabla 2, esos sectores fueron el de agricultura, caza y pesca; el de servicios comunales y personales –educación– (que en adelante denominaremos sector educación); y el de minas y canteras.

Tabla N° 2 Homicidios de sindicalistas colombianos por sector económico, ocurridos entre 1986 y 2009, según la ENS

Sector económico Homicidios % Sector

Agricultura, caza y pesca 973 35,6

Comercio 20 0,7

Construcción 10 0,4

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Financiero 11 0,4

Industria manufacturera 140 5,1

Minas y canteras 167 6,1

Servicios comunales y

personales-educación 902 33,0

Servicios comunales y

personales-empresas entes territoriales 99 3,6

Servicios comunales y

personales-judicial 46 1,7

Servicios comunales y

personales-otro 82 3,0

Servicios comunales y

personales-salud 92 3,4

Transporte, almacenamiento y

comunicaciones 56 2,0

Actividad económica no

especificada 3 0,1

Dirección confederaciones 17 0,6

Total 2.732 100,0

Fuente: Base de Datos de Derechos Humanos de la ENS.

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Tabla N°3 Violencia no letal contra sindicalistas colombianos por sector económico, ocurrida entre 1986 y 2009

Sector económico Amenaza Atentado con o sin

lesiones Desaparición

Detención

arbitraria Secuestro Tortura Total sector Agricultura, caza y

pesca 221 51 47 142 10 28 499

Comercio 19 7 1 6 0 1 34

Construcción 1 1 0 7 0 0 9

Electricidad, agua y gas 213 26 15 17 25 6 302

Financiero 66 3 6 4 2 1 82

Industria

manufacturera 326 29 18 19 5 10 407

Minas y canteras 255 32 13 86 21 7 414

Servicios comunales y

personales-educación 2.535 42 59 133 43 22 2.834

Servicios comunales y personales-empresas

entes territoriales 257 16 7 35 9 0 324

Servicios comunales y

personales-judicial 33 3 8 0 21 1 66

Servicios comunales y

personales-otros 97 13 7 10 15 3 145

Servicios comunales y

personales-salud 224 16 9 14 9 1 273

Transporte,

almacenamiento y

telecomunicaciones 76 4 1 140 1 0 222

Actividad económica

no especificada 2 0 1 0 0 0 3

Dirección

confederaciones 307 8 0 18 1 0 334

Total 4.632 251 192 631 162 80 5.948

Fuente: Base de Datos de Derechos Humanos de la ENS.

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homicidios contra sus afiliados y el mayor de número de violaciones a la vida, la integridad física y la libertad.

En el lapso entre 1986 y 2009, los educadores afiliados a Fecode fueron víctimas de 839 homicidios, 2.337 amenazas, 31 atentados con o sin lesiones, 49 desapariciones, 122 detenciones arbitrarias, 40 secuestros y 19 torturas. En términos porcentuales del total de homicidios cometidos contra sindicalistas en Colombia, el 31% correspondieron a Fecode, al igual que el 50% de las amenazas, el 24% de los secuestros, y el 19% de las detenciones arbitraríais y las desapariciones.

Fecode es la principal organización de los educadores, agrupa a 33 sindicatos, todos los departamentos del país, incluida Bogotá; en 2009 contaba con 214.134 maestros de primaria y secundaria afiliados y representa el 26,4% de trabajadores sindicalizados en Colombia (Censo Sindical ENS).

Con relación a los trabajadores bananeros de Urabá, en el periodo 1986-2009, particularmente en el eje Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, fueron asesinados 708 sindicalistas, que representa el 27,5% del total de homicidios cometidos contra sindicalista en el país en el mismo período; además, fueron amenazados 20; sufrieron atentados con o sin

lesiones 34; fueron desaparecidos 17; detenidos

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La mayoría de trabajadores bananeros estuvieron agrupados en dos grandes sindicatos: el Sindicato de Trabajadores Agrarios de Antioquia (Sintagro) y el Sindicato de Trabajadores Bananeros (Sintrabanano); luego se unieron y crearon Sintrainagro. En el 2009, Sintrainagro contaba con 18.598 afiliados a nivel nacional, de los cuales 16.117 estaban ubicados en Urabá (Censo Sindical ENS). Otros tres sindicatos menores alcanzaron un porcentaje muy reducido de las víctimas letales en Urabá.4

El tercer caso analizado es el de la USO, el más Importante sindicato petrolero del país, el cual agrupa 3.801 trabajadores La victimización de este sindicato fue particularmente intenso en el Magdalena Medio, aunque también se extendió a distintas zonas de extracción petrolera, y a ciudades donde se desarrolló la actividad sindical. De los 167 homicidios que se presentaron contra sindicalistas del sector minas y canteras 115 ocurrieron contra afiliados a la USO; o sea, el 4,5% del total de homicidios a nivel nacional y el 68,9% del sector. Con respecto a las otras violaciones, sobre miembros de la USO, se presentaron 217 amenazas, 26 detenciones arbitrarias, 7 desapariciones, 80 detenciones arbitrarias, 15 secuestros y 5 torturas. Todo ello correspondió al 84,1% de las violaciones no letales del sector minas y canteras.

En el Mapa 1, se aprecia cómo los seis municipios que tienen más de 100 homicidios de sindicalistas, entre 1986 y 2009, son Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó -pertenecientes al eje bananero de Urabá- Medellín y Barrancabermeja. Es evidente que el mayor número de homicidios en estos municipios se corresponde con los afiliados a los sindicatos de Fecode, bananeros y la USO, y los dos departamentos con mayor número de víctimas letales son Antioquia y Santander.

4 Son ellos: el Sindicato Nacional de la Industria Frutera (Sinaltraifru), con tres

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En la Tabla 5 también puede observarse que en los cuatro municipios del eje bananero de Urabá (Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó), ocurrieron 751 homicidios, y de ellos, 702 estaban afiliados a sindicatos de trabajadores de la

agroindustria bananera.5 Es decir, en esos cuatro municipios,

ocurrió el 60% de los homicidios contra sindicalistas, reportados en Antioquia entre 1986 y 2009.

En la misma Tabla 5 se observa que Barrancabermeja es el cuarto municipio con mayor número de homicidios de sindicalistas que ocurrieron en Colombia, con 137 casos, de los cuales 92 fueron contra miembros de la USO. Barrancabermeja concentró el 60,6% de los asesinatos de sindicalistas ocurridos en el departamento de Santander. Como municipio superó al departamento del Cesar (118 homicidios entre 1986 y 2009), y colocó al departamento de Santander en el cuarto puesto, en violencia letal.

Medellín, con 172 homicidios de sindicalistas, fue el tercer municipio que tuvo el mayor registro de este tipo de victimización. De ellos, 97 eran sindicalistas del sector educativo, y entre ellos, 87 fueron afiliados a la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), filial de Fecode. Medellín fue de lejos, la capital de departamento con mayor número de víctimas, seguida por Cali, con 64 casos; Bogotá con 47; Montería con 44; Barranquilla con 38; y Cúcuta con 37. En Antioquia se registro el mayor número de homicidios contra educadores, 248 en total en el periodo 1986-2009, seguido por el Valle del Cauca, con 53 homicidios, todos ellos afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev), filial de Fecode.

5 En otros municipios de Urabá también se produjeron otros 6 casos de homicidios de

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Mapa 1. Homicidios de sindicalistas, 1986-2009

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las concentraciones geográficas y temporales de los sindicatos bananeros, en Urabá, y la USO, en Barrancabermeja, estuvieron asociadas a las dinámicas de disputa y control territorial propias del conflicto armado.

El elevado número de homicidios contra miembros de sindicatos bananeros en Urabá entre 1986 y 2009, en buena medida se explica por la injerencia notoria del conflicto armado, el cual colonizó las luchas laborales y la dinámica política interna de los sindicatos, como se detalla en el capitulo siguiente. Los trabajadores y sus organizaciones sindicales quedaron inscritos en la disputa por el control territorial en que estaban empeñados los actores legales e ilegales del conflicto. La espiral de violencia alcanzo sus mayores cotas en el periodo comprendido entre 1984 y 1997, (periodo durante el cual fueron expulsadas las FARC de la zona, por la acción tanto de los paramilitares como de la fuerza pública), con un total de 686 homicidios, para caer abruptamente, en el periodo 1998-2009, a solo 22 homicidios, periodo que se corresponden con el control social y político ejercido por el paramilitarismo en la zona. En este último periodo, Sintrainagro, el principal sindicato bananero, y el más afectado por la violencia, se acomodó al nuevo orden de la zona, disminuyó la conflictividad, aumentó la cooperación con los empresarios bananeros y proyectó alianzas sociales y políticas.

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medio del conflicto armado, pero especialmente en Barrancabermeja, donde se presentaron 92 de los 115 homicidios de sus afiliados. La espiral de violencia contra los afiliados a la USO se extendió especialmente entre 1988 y 2002; aunque para 1997, las guerrillas del ELN en este puerto, estaban fuertemente debilitadas debido a la acción de la fuerza pública y de los grupos paramilitares, y para el 2000, su presencia era bastante precaria. Entre 1986 y 2000 se presentaron 82 asesinatos de miembros de la USO en Barrancabermeja, y el lapso 2001-2009, solo 10. En los años 2003, 2005, 2007, 2008 y 2009 no se presentaron homicidios, aunque en 2004 y 2006, ocurrieron 2 y 1, respectivamente.

Las breves descripciones de esos dos casos, no agotan su complejidad; por ello, ésta será abordada en los próximos capítulos. Pero sí confirmaron la tesis de Stahys Kalyvas, en el sentido de que la violencia contra los no combatientes en un conflicto armado, está regulada por éste, además de que el uso de esa violencia estuvo limitada a los momentos de baja o nula disputa territorial (Kalyvas, 2001). En consecuencia, con la información cuantitativa disponible, se pudo construir hipótesis acerca de posibles vínculos entre violencia contra

sindicalistas y conflicto armado, observando las

concentraciones y los desplazamientos geográficos y temporales, las cuales serán analizados a profundidad en el segundo capítulo.

(29)

Como se desprende de la Tabla 4, la violencia letal contra sindicalistas colombianos se concentró en 7 departamentos: Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Córdoba y Arauca. En estos departamentos se presentaron 2.013 homicidios de sindicalistas, entre 1986 y 2009, equivalentes al 73,7% del total de los homicidios que reportó la ENS. Estos datos sobre la concentración de la victimización por departamentos, se complementaron con las cifras de los municipios que mostraron 13 o más sindicalistas asesinados. En la Tabla 5, pueden verse 31 municipios que se inscriben a este rango. De esos municipios, 15 son capitales departamentales, incluida Bogotá. En estos 31 municipios se presentaron 1.718 homicidios, que representan el 62,9% de los asesinatos de trabajadores sindicalizados cometidos entre 1986 y 2009.

Tabla 4 Homicidios de sindicalistas por

departamentos, ocurridos entre 1986-2009

Departamento Homicidios % Departamento

Amazonas 2 0,1

Antioquia 1.251 45,8

Arauca 79 2,9

Atlántico 52 1,9

Bogotá D.C. 47 1,7

Bolívar 63 2,3

Boyacá 18 0,7

Caldas 41 1,5

Caquetá 31 1,1

Casanare 14 0,5

(30)

Cesar 118 4,3

Chocó 9 0,3

Córdoba 79 2,9

Cundinamarca 23 0,8

Guaviare 10 0,4

Huila 15 0,5

La Guajira 15 0,5

Magdalena 94 3,4

Meta 42 1,5

Nariño 46 1,7

Norte de

Santander 76 2,8

Putumayo 33 1,2

Quindío 7 0,3

Risaralda 51 1,9

Santander 226 8,3

Sucre 28 1,0

Tolima 38 1,4

Valle del Cauca 166 6,1

Sin dato de

departamento 9 0,3

Total 2.732 100,0

(31)

Tabla N°5 Municipios con 13 ó más homicidios de sindicalistas entre 1986 y 2009

Departamento Municipio Homicidios

Antioquia

Apartadó 263

Turbo 257

Medellín 172

Chigorodó 117

Carepa 114

Puerto Nare 18

San Roque 18

Bello 15

Segovia 15

Santander

Barrancaberm

eja 137

Bucaramanga 26 Puerto

Wilches 23

Valle del

Cauca Cali Tuluá 64 18

Cesar Valledupar San Alberto 32 31

Magdalena Ciénaga Santa Marta 43 20

Arauca

Arauca 22

Tame 19

Saravena 17

Bogotá D.C. Bogotá D.C. 47

Córdoba Montería 44

Atlántico Barranquilla 38

Norte de

Santander Cúcuta 37

Bolívar Cartagena 29

Risaralda Pereira 23

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Nariño Pasto 16

Putumayo Puerto Asís 13

Sucre Sincelejo 13

Total 1.718

Fuente: Base de Datos de Derechos Humanos de la ENS.

Dado que los municipios de la Tabla 5, fueron escenarios del

conflicto armado, la lectura de los sindicatos o sectores más afectados, sugiere una agenda de investigación en el futuro, sobre otros casos en los que la victimización de trabajadores sindicalizados estuvo afectada por las acciones y estrategias de los actores armados.

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En Santander, además de Barrancabermeja, Bucaramanga registra 26 homicidios de sindicalistas, de los cuales 9 eran miembros del Sindicato de Educadores de Santander (SES), filial de Fecode. Otros 3 pertenecían a la USO y 3 más al del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (Sintraelecol). En Puerto Wilches, de los 23 sindicalistas asesinatos, 20 pertenecieron a sindicatos de la agroindustria de la palma. Puede así apreciarse que, en esos tres municipios de Santander, fue recurrente la concentración de la victimización en los tres sectores económicos

En Valle del Cauca, Cali registró 64 homicidios, de los cuales

21,6 pertenecían al Sindicato de Empresas Municipales de Cali

(Sintraemcali), y 15 al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev). Llama la atención el alto número de víctimas letales de Sintaemcali, especialmente entre 1998 y 2004, lapso en que el sindicato desarrolló una intensa campaña contra la privatización de las Empresas Municipales de Cali, y en el que el Bloque Calima de las AUC se expandió hacia esa ciudad y distintas zonas del departamento del Valle del Cauca.

En el Cesar, su capital, Valledupar, registró 32 homicidios, de los cuales 13 víctimas eran miembros de la Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar), filial de Fecode. En San Alberto, fueron asesinados 31 sindicalistas, de los cuales 30 estaban afiliados a sindicatos de la agroindustria de la palma y del procesamiento de aceites.

En Magdalena, en Ciénaga, se presentaron 43 homicidios. De estas víctimas, 32 laboraron en fincas bananeras y eran afiliados a Sintrainagro. Por otra parte, la capital, Santa Marta, registró 20 casos, de los cuales 8 de ellos hicieron parte de

6 Otro caso de homicidio de este sindicato, se presentó en Florida (Valle del Cauca) en

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sindicatos del sector educación, y 6 de éstos fueron miembros del Sindicato de Educadores del Magdalena (Edumag), filial de Fecode. Otros 5 casos de homicidio ocurrieron contra trabajadores sindicalizados del sector de electricidad, gas y agua.

En Córdoba, en su capital Montería, 44 sindicalistas fueron asesinados, y de ellos, 34 eran miembros de sindicatos del sector educativo, de los cuales 21 pertenecían a la Asociación de Educadores de Córdoba (Ademacor), filial de Fecode.

En Arauca, en su capital Arauca, de 22 casos de homicidio, 11 ocurrieron contra afiliados a la Asociación de Educadores de Arauca (Asedar), filial de Fecode; 3, de la USO; y 3 más, de la Asociación Nacional de Hospitales y Clínicas (Anthoc). En Tame, de 19 homicidios, 13 ocurrieron contra educadores; y 4 más, del sector salud. Y en Saravena, 4 eran afiliados a Asedar; 4 más fueron miembros de sindicatos del sector electricidad, gas y agua; y otros 2, del sector salud.

Como puede observarse, en la mayoría de las capitales, los sindicatos con mayor concentración de homicidios, pertenecen a Fecode.

(35)

LA GENERACIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN, 1984 1990

El periodo comprendido entre 1984 y 1990, que hemos denominado los orígenes de la victimización, está delimitado por dos importantes acontecimientos políticos: 1) las conversaciones de paz y la tregua pactada por la mayoría de los grupos guerrilleros con el gobierno de Belisario Betancur en 1984. 2) las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), realizadas en 1990. Dos coyunturas de apertura política en medio de las cuales, paradójicamente, el país tendió hacia la polarización política, al escalamiento del conflicto armado y a la violencia contra periodistas, intelectuales, jueces, líderes y militantes de partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales.

(36)

amplio frente social y político en el que confluían grupos maoístas, guevaristas y trotskistas.

Con la firma de los distintos acuerdos de tregua, el gobierno de Belisario Betancur abrió los procesos de negociación con la insurgencia armada y aceptó la necesidad de hacer concesiones, acuerdos y reformas sociales y políticas. La agenda de negociación de las guerrillas incluía reformas políticas democráticas, así como propuestas de reforma agraria y urbana, la democratización de las fuerzas militares, el fin de la doctrina de seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos. El EPL, por ejemplo, propuso convocar una Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismo para promover una apertura del régimen político y como “medio adecuado para lograr tres propósitos: unas negociaciones firmes con la guerrilla, la eliminación del autoritarismo presidencialista, la corrupción del parlamento y, finalmente el protagonismo popular en las decisiones y cambios requeridos” (Villarraga y Plazas, 1994: 177).

En 1984 la iniciativa de paz promovida por Belisario Betancur comenzó a perder respaldo político entre los partidos tradicionales, el Congreso de la República y los gremios empresariales; y además, para el momento, ya tenía una gran acumulación de desavenencias con las Fuerzas Armadas. Por su lado, las guerrillas buscaron ampliar su presencia y protagonismo político en los diálogos de paz, sin abandonar sus proyectos militares.

(37)

incursión en las elecciones municipales significaba dejar atrás una larga historia de abstencionismo beligerante promovida por del PC de C (m-l) y el EPL.

En los municipios, los frentes políticos surgidos de la negociación y la tregua, buscaron unirse a los movimientos cívicos, los cuales habían desarrollado un importante proceso de organización y unificación de sus luchas en el plano nacional desde finales de los años setenta. Entre 1984 y 1986, se constituyeron organizaciones sociales como la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas (Anmucic), fundada en 1984; la Asociación Nacional de Usuarios del DRI (Andri), conformada en 1985; el Consejo Nacional de Vivienda Popular (Conavip), surgido en el Primer Congreso Unitario de Organizaciones Populares y de Vivienda, celebrado en 1985; y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fundada en noviembre de 1986, sin duda el proceso de unidad de mayor importancia histórica.

(38)

organizaciones sociales, en diferentes espacios políticos a nivel nacional y regional.

Esta conformación de frentes políticos de izquierda y la disposición de unidad de las distintas organizaciones sociales, estuvo enormemente influenciada por los diálogos de paz con las guerrillas. Para los movimientos sociales significaba una oportunidad para lograr una mayor resonancia de sus demandas, en la medida que se abrían espacios de diálogo sobre las reformas que requería el país para superar el conflicto armado y ampliar los espacios democráticos.

Tanto Fecode, como los sindicatos bananeros de Urabá y la USO (las tres organizaciones objeto de este estudio), fueron protagonistas de primer orden en la fundación de la CUT. Y cada una a su modo, buscó capitalizar las oportunidades que se les ofrecían en el contexto de las treguas, los diálogos con las guerrillas y la proyección de la elección popular de alcaldes. Ha resultado fácil constatar que en ese período los sindicatos objeto de esta investigación se hicieron eco de las consignas de democratización política enarboladas por las guerrillas y las guerrillas hicieron suyas las reivindicaciones laborales de los sindicatos; también que, en medio de esa fusión de demandas políticas y laborales, las aparatos legales (Partido Comunista-Unión Patriótica, Frente Popular, A Luchar y los Movimientos Políticos Regionales propiciados por el M19) ponían la mayoría de miembros de las directivas sindicales y tenían plena incidencia en las acciones que programaban las fuerzas sindicales. Sindicatos y aparatos políticos participaban por igual en las huelgas, los paros, las manifestaciones, las elecciones locales y los eventos a favor de la Asamblea Nacional Constituyente.

(39)

Estatuto Docente, que normalizó y reglamentó la profesión docente, acuerdo firmado con el gobierno nacional a finales de los años 70, tras dos décadas de lucha, le permitió a la Federación consolidarse y dar importantes saltos cualitativos en sus luchas, especialmente su propuesta de impulsar una reforma democrática de la educación y la enseñanza. Para tal fin creó e impulsó en 1982 el Movimiento Pedagógico, una suerte de movimiento social de los educadores dirigido a transformar los contenidos, orientaciones y metodologías de la enseñanza y la educación. Una iniciativa que buscaba superar el corporativismo tradicional de los sindicatos, enriquecer el horizonte de lucha de los educadores y darle a Fecode una mayor proyección social y política. La iniciativa del Movimiento Pedagógico de impulsar una reforma de la educación y la enseñanza se vio coronada con éxito años mas tarde, en 1995, con la expedición de la Ley General de Educación, fruto de la negociación entre el gobierno nacional y FECODE, en el cual fueron recogidas las principales reivindicaciones y propuesta educativas formuladas por FECODE a través del Movimiento Pedagógico.

(40)

de ese momento en la mayor cantera de votos de las organizaciones políticas surgidas en la tregua de 1984 y del conjunto de la izquierda. Cada voto depositado por los educadores para elegir las directivas sindicales era un voto que se expresaba también en las elecciones de alcaldes, concejales, Representantes a la Cámara y Senadores. Por esta vía los maestros afiliados a FECODE empezaron a participar activamente en la disputa del poder local, regional y nacional. Sintagro, por su parte, fuertemente influenciado del P.C.C. (M-L) y del EPL, capitalizó la tregua entre 1984 y 1985 para ampliar el numero de afiliados e institucionalizar las relaciones laborales, mediante la firma de convenciones colectivas que lograron importantes conquistas económicas y el reconocimiento de la organización sindical Este propósito sería secundado por Sintrabanano, cuya influencia provenía del PCC y de las Farc. El sindicalismo de Urabá fue puntal clave en la conquista de las alcaldías locales por parte de la izquierda y aportó un gran caudal de votos en las elecciones parlamentarias y en la Asamblea Nacional Constituyente. Acompañó con fervor las protestas nacionales que en 1985, 1987 y 1988 convocaron las centrales obreras y las fuerzas políticas de izquierda.

(41)

Al finalizar la administración Betancur las negociaciones y la tregua pactada se habían deteriorado irremediablemente, en medio de mutuas recriminaciones entre el gobierno y los voceros de la guerrilla. Con la toma del Palacio de Justicia en 1985, realizado por un comando del M-19, se consumó el fracaso de la política de paz de la administración Betancur. El M-19 decidió volver a la confrontación bélica en junio de ese año; el EPL dejó las mesas de diálogo el 20 de noviembre tras el asesinato de su vocero público Óscar William Calvo; las FARC, optaron por prolongar la tregua, en un ambiente de confrontación militar creciente con el Ejército, al tiempo que arreciaba la violencia contra líderes sociales y políticos de la UP.

(42)

(Agudelo, 2005: 51; Villarraga y Plazas, 1994: 160s). El M-19 tras la ruptura de la tregua y el fracaso de Palacio de Justicia, decidió concentrar su accionar bélico en los departamentos de Cauca, Valle y Huila.

La expansión guerrillera pasó de 173 municipios en 1985, a 437 en 1991 (Echandía, 2006: 28). La escala territorial obedecía también a un cambio en el carácter y orientación de los proyectos político y militares de las guerrillas. Para Daniel Pécaut, “de fenómeno crónico pero marginal, arraigado en la tradición de violencia y conflictos por la tierra, se transforma en componente de un proceso que por primera vez, plantea como objetivo la lucha por el poder” (Pécaut, 2006: 319).

A la par que las guerrillas se expandían, se fue operando la fusión entre los narcotraficantes y los grupos de autodefensa

campesina conformando así grandes estructuras

paramilitares. Las autodefensas fueron creadas legalmente, defendían sus territorios de agresiones, pero no tenían vocación expansionista: eran fenómenos locales. En cambio, los grupos paramilitares se conformaron como fuerzas irregulares ilegales, con vocación de expansión y en principio, sólo con accionar regional, con mandos centralizados y claros propósitos contrainsurgentes (Avila, 2010: 93).

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militares para enfrentar a las guerrillas. El MAS (Muerte a Secuestradores) fue el primer grupo paramilitar fundado por narcotraficantes” (Avila, 2010: 100).

Los grupos paramilitares que habían surgido como respuesta a las agresiones de la guerrilla, hicieron alianzas con grupos de las élites locales, con sectores de las fuerzas militares y con narcotraficantes, y con ello fortalecieron su oposición a la política de paz iniciada en el gobierno de Belisario Betancur. Para el politólogo Mauricio Romero, “el balance del poder político local se vio amenazado. Había una posibilidad real de que antiguos guerrilleros o candidatos de los frentes políticos de izquierda con aprobación, respaldo o simpatías de la guerrilla –Unión Patriótica, Frente Popular y A Luchar, entre otros, ganaran alcaldías y rompieran el monopolio local y regional de los partidos Liberal y Conservador, como resultado del proceso de paz, por un lado, y de la nueva estructura estatal que permitía la elección de mandatarios municipales, por el otro” (Romero, 2003: 227s).

Los grupos paramilitares reclutaron y entrenaron a grupos de sicarios encargados de asesinar a líderes políticos de la UP, el FP, A Luchar, el M-19, a jueces, periodistas, intelectuales, estudiantes, líderes sociales y sindicalistas. Las osadas acciones de los sicarios al servicio de los paramilitares cegaron la vida del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (de la UP), el 11 de octubre de 1987; Luís Carlos Galán Sarmiento (del Partido Liberal), el 11 de agosto de 1989; Bernardo Jaramillo Ossa (de la UP), el 22 de marzo de 1990; y Carlos Pizarro LeonGómez (del M-19), el 26 de abril de 1990. También apoyaron los atentados terroristas realizados por el grupo de

narcotraficantes del cartel de Medellín, que se

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que se hizo contra un avión de la aerolínea Avianca en el que perecieron 113 personas, el 26 de noviembre de 1989; y la bomba que destruyó las instalaciones del DAS, el 6 de diciembre de 1989. A finales de los ochenta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre la presencia en el país de más de 60 grupos paramilitares (Avila, 2010: 108).

La espiral de violencia contra dirigentes y militantes de izquierda se concentró particularmente en la región de Urabá y los departamentos de Arauca, Meta, Cauca y el Magdalena Medio. La polarización militar y política, restringió el accionar de los frentes políticos formados al amparo de la tregua y la apertura de la disputa electoral del poder municipal. Lo mismo ocurrió con los movimientos sociales que, como el sindicalismo, hacían un gran esfuerzo por potenciar su acción a través de procesos de unidad. Ambos frentes (políticos y movimientos sociales) sufrieron la acusación de las élites locales y los grupos paramilitares de ser parte de la estrategia de las guerrillas o de estar infiltrados por éstas.

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trabajadores afiliados a la USO; la lectura sectorial, también registra a los educadores y su organización Fecode como uno de los más afectados durante el periodo 1984-1900; de igual manera se destaca el sector de la industria cementera, que aunque no se ha estudiado a fondo, comporta los mismos parámetros de victimización.

Tabla N°6 Homicidios de sindicalistas colombianos por departamentos entre 1986 y 1990

Departamento Número homicidios de

departamento

% Homicidios departamento

Amazonas 0 0,0%

Antioquia 189 54,0%

Arauca 3 0,9%

Atlántico 2 0,6%

Bogotá D.C. 6 1,7%

Bolívar 1 0,3%

Boyacá 2 0,6%

Caldas 3 0,9%

Caquetá 1 0,3%

Casanare 0 0,0%

Cauca 7 2,0%

Cesar 18 5,1%

Chocó 0 0,0%

Córdoba 12 3,4%

Cundinamarca 1 0,3%

Guaviare 3 0,9%

Huila 2 0,6%

La Guajira 0 0,0%

Magdalena 6 1,7%

Meta 4 1,1%

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Norte de

Santander 2 0,6%

Putumayo 1 0,3%

Quindío 1 0,3%

Risaralda 6 1,7%

Santander 52 14,9%

Sucre 2 0,6%

Tolima 2 0,6%

Valle del Cauca 21 6,0%

Sin dato

departamento 2 0,6%

Total 350 100%

Fuente: Base de datos de Derechos Humanos de la ENS

Tabla N°7 Homicidios de sindicalistas colombianos por sector económico entre 1986-1990

Sector económico

Número de

homicidios % Sector

Agricultura, caza y pesca 159 45,4%

Comercio 2 0,6%

Construcción 2 0,6%

Electricidad, agua y gas 16 4,6%

Financiero 2 0,6%

Industria manufacturera 43 12,3%

Minas y canteras 32 9,1%

Servicios comunales y

personales-educación 64 18,3%

Servicios comunales y

personales-empresas entes territoriales 4 1,1%

Servicios comunales y personales-judicial 2 0,6%

Servicios comunales y personales-otro 14 4,0%

Servicios comunales y personales-salud 3 0,9%

Transporte, almacenamiento y

comunicaciones 2 0,6%

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Dirección confederaciones 4 1,1%

Total 350 100%

Fuente: Base de datos de Derechos Humanos de la ENS.

La Tabla 6 nos permite observar que en lapso comprendido entre 1986 a 1990, la victimización letal de sindicalistas se concentró en el departamento de Antioquia seguida, muy de lejos, por Santander y Valle del Cauca. En estos tres departamentos se registró el 74,9% de los homicidios de sindicalistas. De los 189 casos presentados en Antioquia, 125 ocurrieron en los cuatro municipios del eje bananero y 23 en Medellín. En cuanto a los 52 homicidios perpetrados en Santander, 29 sucedieron en Barrancabermeja. En otros municipios del Magdalena Medio también se registro un alto número de homicidios: Puerto Nare (del Magdalena Medio antioqueño) con 8 homicidios, y San Alberto (del sur de Cesar) con 15 casos.

Aún sin tener los datos de los años 1984 y 1985, puede afirmarse que entre 1984 y 1990, la violencia letal contra los sindicalistas se concentro territorialmente en la región de Urabá y en el Magdalena Medio. La escalada de la guerra insurgente y contrainsurgente registrada en estas zonas del país, coincidió con grandes movilizaciones sociales y con la victimización de líderes sociales y políticos de izquierda. Sin embargo, pueden establecerse algunas diferencias entre los dos procesos.

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decidida de las nuevas corrientes de izquierda del país y de las expresiones insurgentes que asentaron sus frentes guerrilleros en el oriente del país.

Lo anterior remite a los modos de interferencia de las guerrillas sobre la actividad sindical. De un lado, la combinación de las formas de lucha, tanto legal como ilegal, fueron consentidas por parte de las direcciones sindicales; y del otro, con la pretensión unilateral de las guerrillas de apoyar a los sindicatos en sus conflictos, éstas buscaban legitimar socialmente su accionar violento. Estos problemas serán abordados en detalle en el capítulo tres.

Para Sintragro y Sintrabanano, el centro del conflicto laboral con los empresarios y el Estado, era la institucionalización de las relaciones laborales, pues éstas se llevaban a cabo a través del denominado “código bananero”. La adopción por parte del los trabajadores del “código bananero” surgió de la débil presencia Estado en la resolución de los conflictos y también por la poca disponibilidad de los empresarios para negociar. En las primeras aplicaciones del código bananero, a comienzos de los años ochenta, los sindicatos presentaron sus pliegos apoyados por los grupos guerrilleros (Cuadrado, 2003E). Con la aplicación de la estrategia de combinar todas las formas de lucha, las Farc y el EPL lograron apoyos importantes entre los obreros bananeros.

Se puede afirmar que los dos sindicatos preponderantes en Urabá, se beneficiaron de la asesoría y la presión militar ejercida por organizaciones como el P.C.C. (M-L) y el EPL, en el caso de Sintragro, y del PCC y las FARC, en el de Sintrabanano.

(49)

sindicato armonizaron con los de los grupos subversivos, especialmente con los del ELN. Se trataba básicamente de las reivindicaciones por la soberanía minera, con énfasis en la nacionalización de los recursos petroleros.

Las coincidencias en los objetivos políticos en materia petrolera, en medio de la polarización política y militar del Magdalena Medio, contribuyeron a estigmatización de la USO como una organización vinculada con la guerrilla, pretexto utilizado para deslegitimar las reivindicaciones sindicales y justificar la violencia ejercida contra los sindicalistas.

Entre 1984 y 1990 los sindicatos tuvieron un papel protagónico en la lucha política electoral y en las movilizaciones sociales locales en Urabá y en el Magdalena Medio. En Urabá por ejemplo, entre 1988 y 1990, la Unión Patriótica en alianza con el Frente Popular, obtuvo la alcaldía de Apartadó. Igualmente, los dos sindicatos tuvieron una activa participaron en paros cívicos y movilizaciones sociales. Esta participación social y política de los sindicatos bananeros les permitió alcanzar una importante influencia en la zona de Urabá (Villarraga y Plazas, 1994: 205).

Entre 1985 y 1987 que los sindicatos bananeros y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Urabá (Augura), que agrupa a los empresarios de sector, lograron un paso importante en la institucionalización de las relaciones laborales mediante la firma 127 convenciones colectivas. Por su parte el gobierno creó oficinas de trabajo Turbo de Chigorodó y Apartadó.

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condiciones salariales y el inicio de soluciones de vivienda para los trabajadores en las zonas urbanas.

Pese a estos importantes avances en la institucionalización de las relaciones laborales, la polarización política y militar en la zona persistió, y los sindicatos bananeros no fueron ajenos a ello. El 5 de marzo de 1988, la jefatura militar de Araba, impuso el porte obligatorio de un carné a los trabajadores. Ello provocó que Sintagro y Sintrabanano realizaran un paro entre el 15 de septiembre y el 5 de octubre. En medio del cese de actividades, el EPL derribó un puente en la vía Medellín-Turbo, a la altura de Currulao, y a ello se le sumaron algunas acciones armadas en los cascos urbanos de Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá y Apartadó. Además, las milicias de las guerrillas destruyeron empacadoras, puentes de carreteras comunales y automóviles de las fincas bananeras, e igualmente taponaron vías e hicieron agitación armada (Agudelo, 2005: 148; Correa, 2010E; Márquez, 2010E).

Por su lado la USO, desde 1983 participó con otras 37 organizaciones sociales de Barrancabermeja (bajo el nombre de Coordinadora Popular), en una serie de movilizaciones y paros cívicos, en los que se exigió la satisfacción de necesidades de la población como vías, acueducto y otros servicios públicos. Además apoyó al movimiento campesino del Magdalena Medio y del nororiente del país. Entre 1987 y 1988 se hicieron importantes marchas campesinas en el nororiente colombiano, y uno de los principales escenarios fue, precisamente Barrancabermeja. La USO, entonces, manifestó su solidaridad. En el marco de las acciones violentas que se desarrollaron contra los líderes de estas movilizaciones, fueron asesinados varios miembros de la USO,

dos 1987,7 y ocho, en 1988 (Vega y otros, 2009: 361).

7 En la base de datos de la ENS solo aparece un asesinato de un miembro de la USO

(51)

A principios de 1988 fueron asesinados Humberto Angulo Póveda y Manuel Gustavo Chacón, es último era considerado uno de los líderes más carismáticos del sindicato, bastante apreciado también por los miembros de los movimientos cívicos de la región, lo cual provocó fuertes manifestaciones de protesta en Barrancabermeja, Este año resultó ser para la USO, el del mayor número de asesinatos de sus afiliados, entre los años 1986 y 1990, como puede apreciarse en la Tabla 8 y en el Gráfico 3.

Tabla 8

Homicidios y violencia no letal contra sindicalistas afiliados a la USO entre 1986 y 2009

HOMICIDIOS (ENS) HOMICIDIOS (OPPDHDIH) AMENAZAS ATENTADO CON O

SIN LESIONES DESAPARICION

DETENCIÓN

ARBITRARIA SECUESTRO TORTURA

1986 0 0 0 0 0 0 0

1987 1 0 0 0 0 0 0

1988 14 2 1 2 0 0 1

1989 5 0 0 0 0 0 0

1990 6 0 0 0 0 0 0

1991 17 0 2 0 0 0 0

1992 17 9 1 0 3 0 0

1993 9 0 0 1 1 0 0

1994 9 0 0 0 3 0 0

1995 5 0 0 0 1 0 0

1996 7 1 0 0 9 0 0

1997 2 0 0 0 5 0 0

1998 3 17 3 0 0 2 0

1999 0 46 0 0 14 0 0

2000 2 2 13 0 1 1 0 0

2001 7 8 14 0 1 4 7 1

2002 5 4 15 2 1 2 5 1

2003 1 1 18 10 0 13 1 0

2004 3 3 11 0 0 17 0 0

2005 0 0 9 1 0 0 0 0

2006 1 1 4 1 1 0 0 0

2007 0 0 9 3 0 3 0 2

2008 0 0 30 0 0 4 0 0

2009 1 1 9 2 0 0 0 0

Total 115 20 207 26 7 80 15 5

AÑO

TIPO DE VIOLACION

Fuentes: Banco de datos de Derechos Humanos ENS Y OPPDHDIH

(52)

Fuentes: Banco de datos de Derechos Humanos ENS Y OPPDHDIH

(53)

Tabla N°9 Homicidios y violencia no letal contra afiliados a sindicatos bananeros de la zona de Urabá entre 1986 y 2009

HOMICIDIOS (ENS) HOMICIDIOS (OPPDHDIH) AMENAZAS ATENTADO CON O

SIN LESIONES DESAPARICION

DETENCIÓN

ARBITRARIA SECUESTRO TORTURA

1986 21 2 0 1 1 0 0

1987 29 0 0 0 0 0 1

1988 39 2 0 0 1 0 0

1989 20 0 0 4 8 0 10

1990 10 1 0 0 3 0 3

1991 6 0 0 1 0 0 2

1992 53 1 0 2 1 1 0

1993 152 2 3 0 0 0 0

1994 16 1 1 1 1 0 0

1995 150 2 4 2 0 0 0

1996 157 5 25 3 0 0 0

1997 33 1 1 3 4 0 0

1998 1 3 0 0 0 0 0

1999 2 0 0 0 0 0 0

2000 7 6 0 0 0 0 0 0

2001 2 2 0 0 0 0 0 0

2002 9 9 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 1 1 0 0 0 0 0 0

2007 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 708 18 20 34 17 19 1 16

AÑO

TIPO DE VIOLACION

(54)

Gráfico N°4 Homicidios y violencia no letal contra afiliados a sindicatos bananeros de la zona de Urabá entre 1986 y 2009

Fuentes: Banco de datos de Derechos Humanos ENS Y OPPDHDIH

(55)

Tras el paro empezó el distanciamiento entre el movimiento sindical y los grupos guerrilleros (Urrego y Gómez, 2000: 164). La tesis de la combinación de todas las formas de lucha comenzó a ser vista como una amenaza para la legitimidad de la movilización social y la seguridad de los líderes sociales y sindicales. Ese distanciamiento se profundizó en el momento de los acuerdos de paz de 1990 y en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Las FARC, la mayoría del ELN y una minoría del EPL decidieron seguir en la guerra y no respaldar la constituyente y la constitución del 91. Las demás guerrillas firmaron acuerdos de paz y se vinieron a disfrutar de las conquistas democráticas. Los sindicatos, especialmente FECODE, que habían puesto una gran cuota de sacrificio en la lucha por la apertura democrática se convirtieron en férreos defensores de la carta política y los dirigentes sindicales aprovecharon el momento para aumentar su participación parlamentaria.

La CUT rechazó abiertamente las manifestaciones de “solidaridad” de las guerrillas e inicio un proceso de distanciamiento y cuestionamiento de la ingerencia de las organizaciones guerrilleras en las organizaciones sindicales, al tiempo que levantaba un programa de apertura democrática frente a la creciente polarizacion política y militar en que estaba empeñados los actores del conflicto. Héctor Fajardo, dirigente de esta confederación por aquel entonces, plantea que a raíz del mayor distanciamiento con las guerrillas, “la lucha sindical toma otras connotaciones a partir de las primeras desmovilizaciones de fuerzas guerrilleras en Colombia, la del M-19, el EPL, el Quintín Lame, etc. Y ahí hay un salto en el movimiento sindical, en la lucha por la democracia, por ejemplo la CUT decide meterle todo a la Constituyente de 1991” (Fajardo, 2010E).

(56)

polarización. De un lado, la utilización de la movilización social por parte de la guerrilla para consolidar sus propósitos y estrategias políticas y militares; y de otro, la reacción de élites locales frente a la presencia guerrillera y la ampliación de las opciones políticas, que representaban una competencia por el poder local, en virtud de la celebración de la primera elección popular de alcaldes.

El hecho emblemático de la victimización en este periodo en Urabá fue la masacre de 20 trabajadores de las fincas Honduras y la Negra, ocurrida en el municipio de Turbo, el 4 de marzo de 1988, perpetrada por un grupo paramilitar del Magdalena Medio (OPPDHDIH, 2006: 30). De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos miembros del Ejército Nacional colaboraron para que los sicarios de Acdegam (Asociación de campesinos y ganaderos del Magdalena Medio), perpetraran la masacres en las dos fincas (Interamerica Comisión Human Rights, 1993).

Mientras tanto, grupos de paramilitares del Magdalena medio, como el MAS y Acdegam, incrementaron sus acciones en sobre Barrancabermeja.

(57)

Tabla N°10 Homicidios y violencia no letal contra sindicalistas afiliados a sindicatos de Fecode entre 1986 y 1990

HOMICIDIOS (ENS) HOMICIDIOS (OPPDHDIH) AMENAZAS ATENTADO CON O

SIN LESIONES DESAPARICION

DETENCIÓN

ARBITRARIA SECUESTRO TORTURA

1986 4 0 0 0 0 0 0

1987 10 1 0 0 1 0 0

1988 21 3 1 3 0 0 0

1989 14 3 0 2 0 0 0

1990 8 0 0 1 0 0 0

1991 44 2 0 1 0 0 3

1992 26 3 0 1 2 0 5

1993 14 0 0 3 0 0 0

1994 34 0 2 2 0 0 3

1995 25 1 0 3 0 0 3

1996 60 163 2 5 30 1 0

1997 58 268 3 0 2 0 0

1998 38 174 1 1 1 3 0

1999 33 292 2 2 6 4 0

2000 53 63 17 0 2 4 8 1

2001 71 72 42 9 5 4 9 0

2002 93 92 16 3 4 1 5 0

2003 49 54 178 2 3 7 4 0

2004 44 46 313 0 5 11 1 1

2005 42 26 182 1 1 43 3 1

2006 36 35 127 1 2 4 2 2

2007 24 18 127 0 2 4 0 0

2008 18 20 236 2 0 2 0 0

2009 20 14 189 2 1 0 0 0

Total 839 440 2337 31 49 122 40 19

AÑO

TIPO DE VIOLACION

Fuentes: Banco de datos de Derechos Humanos ENS Y OPPDHDIH

Figure

Tabla  N°  1  Homicidios  y  violencia  no  letal  contra   sindicalistas colombianos entre 1986 y 2009
Gráfico  N°  1  Homicidios  y  violencia  no  letal  contra   sindicalistas colombianos entre 1986 y 2009
Gráfico  N°  2  Porcentaje  de  presuntos  responsables  de  homicidios  de  trabajadores  sindicalizados  en  Colombia  entre 1986 y 2009
Tabla  N°3  Violencia  no  letal  contra  sindicalistas  colombianos por sector económico, ocurrida entre 1986 y  2009
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