Colombia insular - construcción de identidad y movilización del pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia

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I. Introducción

Lejos de los Andes y del río Magdalena, hay un pedazo de Colombia en medio del Caribe. Bañado durante siglos por el intenso movimiento migratorio de este mar, el archipiélago de San Andrés y Providencia es la única región completamente insular del país. Los pobladores originales de estas islas, conocidos hoy en día como raizales, son en su mayoría descendientes de africanos traídos como esclavos por holandeses y británicos, su lengua es un créole inglés, su fe es bautista y sus costumbres de herencia anglosajona. Más cerca de las Antillas y de Centroamérica, la inclusión de estas islas en la historia nacional ha sido marginal y la presencia estatal ha sido escasa1.

Durante la mayor parte de la historia republicana, la ventaja geográfica y la riqueza cultural del archipiélago fueron ignoradas por un Estado obsesionado con imponer el español y el catolicismo como las bases de su proyecto nacional, dejando de lado las necesidades de la población. La distancia y las comunicaciones propiciaron que esta hostilidad viniera acompañada de corrupción y clientelismo de parte de los colombianos continentales que llegaron para administrar el territorio. Desde el año de 1957, fecha en que se declaró la isla de San Andrés como Puerto Libre, comenzó una nueva ola migratoria que transformó las dinámicas sociales y desembocó en la sobrepoblación de la isla, con lo cual se agudizaron las dificultades existentes y se crearon nuevos problemas para el medio ambiente y sus pobladores. Empero, con el cambio constitucional de 1991 Colombia se declaró como una nación pluriétnica y multicultural, haciendo de la defensa de su diversidad un deber del Estado. En consecuencia, se reconocieron las particularidades del pueblo raizal, se le atribuyó una mayor autonomía administrativa al archipiélago y se crearon instituciones para controlar la llegada de migrantes y para salvaguardar el medio ambiente. Sin embargo, la acción estatal continúa siendo precaria, mal direccionada e insuficiente para que el Estado Social de Derecho sea una realidad en las islas.

Hoy por hoy, en San Andrés el agua potable es escasa, el alcantarillado precario, las vías no son suficientes, los médicos son pocos, los alimentos costosos, las oportunidades limitadas y, con el aumento de la criminalidad y la inseguridad de los últimos años, el tejido social se ha venido deteriorando rápidamente. Pero para los raizales la situación es aun más delicada, pues además de perder progresivamente su territorio y sus recursos se convirtieron en una población marginal en su territorio ancestral, sin mayor injerencia sobre él. Esto quedó en evidencia con el Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en noviembre de 2012 cedió más del 50% del mar territorial a Nicaragua, aumentando las dificultades económicas y reduciendo sustancialmente el territorio patrimonial de los raizales sin que éstos hubieran podido participar en su defensa.

                                                                                                               

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Sobre las características estructurales del archipiélago y la historia de su poblamiento ver los trabajos de James Parsons (1964) y de Gustavo Bell (2007).

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Como es de esperarse, toda esta situación ha generado descontento entre la población raizal, el cual han expresado por medio de plantones, bloqueos, cartas abiertas y denuncias en los escenarios internacionales. Con estas manifestaciones piden acciones concretas frente a sus problemáticas sociales, el respeto a su cultura y la garantía de sus derechos como pueblo, incluyendo la autonomía para administrar sus asuntos. Sin embargo, contrario a lo que sucede en la inmensa mayoría de los territorios marginales del país, en San Andrés y Providencia las tensiones sociales y las diferencias con el poder central no han desembocado en el uso de la violencia bélica, de modo que no se evidencia una hostilidad manifiesta contra el Estado central.

En numerosas regiones del mundo, poblaciones minoritarias con características sustancialmente diferentes a las del imaginario nacional dominante, y que además se han visto marginadas o reprimidas por el Estado central, se han organizado y movilizado en busca de su independencia como forma de alcanzar el bienestar que les ha sido negado, llegado incluso a alzarse en armas para hacerlo. Es así como encontramos movimientos separatistas en la provincia de Quebec, en Canadá, en las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco, en España, en la región de Flandes en Bélgica, en el pueblo kurdo del Asia Menor, o incluso en Puerto Rico y Suriname en el Caribe mismo. No obstante, en el archipiélago de San Andrés y Providencia no se ha producido este fenómeno, pues hasta el momento los movimientos que han surgido para reivindicar al pueblo raizal no se han constituido en una amenaza para la soberanía del Estado en la islas. Es preciso entonces hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué, a pesar de las diferencias estructurales de la población y su inclusión marginal en el Estado, no existe actualmente un movimiento separatista fuerte en las islas?

Sostengo que si bien la presencia del Estado colombiano ha sido precaria, éste no ha estado ausente. Por el contrario, su relación con los raizales se ha dado de forma que los ha ido fragmentando como comunidad, generando diferentes intereses e identidades entre ellos. En consecuencia, la identidad raizal no se muestra lo suficientemente sólida para movilizar efectivamente a la población en aras de alcanzar su independencia. Además, esta relación ha profundizado una situación de dependencia de las islas para su sostenimiento financiero y para defenderse frente a las pretensiones territoriales de otros países, de modo que el separatismo no se perfila como una opción viable. Así, la colombianización ha reforzado los vínculos de la isla con el continente y ha impedido la consolidación de un sentimiento isleño que compita con la identidad nacional.

Ahora bien, para poder explicar esta ausencia de un movimiento separatista fuerte es necesario comenzar con un recorrido por las teorías sobre la movilización social y el nacionalismo étnico, para luego acercarnos al caso sanandresano por medio de los estudios empíricos que se han hecho sobre las dinámicas sociales del archipiélago.

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Revisión de literatura

La producción teórica sobre movilización social es bastante extensa y varía en función de la disciplina, siendo la Psicología y la Ciencia Política las que han producido la mayor parte de la literatura. En todo caso, se reconocen dos tendencias principales: una que explica su origen y desarrollo a partir de factores estructurales (Tarrow, 1998; Tejerina, 2010), y otra que lo hace a partir de la elección racional de los individuos (McAdam, John, & Mayer N., 1999). Sin embargo, otros autores han propuesto una vía intermedia con un particular interés por el papel de la identidad en los procesos de movilización (Benford & Snow, 2000; Klandermans, 1984; Melucci, 1999). Estos autores ofrecen una perspectiva centrada en los procesos de movilización, la cual es más dinámica y tiene un mayor potencial explicativo. No obstante, es importante aclarar que las discusiones teóricas sobre la identidad constituyen un horizonte vasto y complejo, razón por la cual no las abordo en profundidad en mi trabajo.

En cuanto al nacionalismo étnico, éste ha sido estudiado y conceptualizado de forma sobresaliente por Walker Connor (1994) y Will Kymlicka (2004). El trabajo del primero reconoce que los pueblos minoritarios tienen múltiples respuestas frente al Estado mayor, problematizando la idea del autogobierno como una fatalidad de éstos. Por su parte, el segundo enmarca las reivindicaciones de las minorías dentro de una discusión sobre la democracia liberal, y distingue dos tipos de derechos por los que éstas luchan: de representación política especial, que buscan corregir desventajas en la representación de sus intereses, y los de autogobierno, que apuntan hacia algún tipo de autonomía que les asegure el pleno y libre desarrollo de su culturas en su medio. De nuevo, la amplitud del debate teórico sobre esta materia podría ser objeto de una revisión de literatura mucho más extensa; sin embargo, los dos autores reseñados resultan los más pertinentes para el problema que me ocupa.

Por otro lado, la producción empírica que nos permite adentrarnos al estudio del archipiélago de San Andrés y Providencia puede agruparse en tres tendencias. La primera, que llamaré socioeconómica, se ha ocupado principalmente del estudio de las migraciones, las dinámicas económicas y sociales de las islas, y de las consecuencias de la sobrepoblación sobre el medio ambiente y el tejido social (Charry, 2001; Meisel, 2003; Sánchez, 2013). En particular, el trabajo de Charry nos ofrece un detallado análisis histórico de las maneras en que la acción del Estado ha reconfigurado las dinámicas sociales en las islas.

La segunda tendencia, que llamaré jurídico-política, reúne los estudios sobre la construcción de la identidad raizal, su relación con el marco de reconocimiento de la Constitución de 1991 y las formas de resistencia frente a la colombianización (Cano, 2004; Martínez, 1998; Ortiz, 2013). En particular, el trabajo de Cano explica cómo la identidad

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raizal es una construcción con fines políticos, mientras que el de Martínez ofrece un panorama sobre de la Sociedad Civil de las últimas décadas. Por su parte, la obra de Ortiz hace un análisis asiduo sobre la forma cómo la población raizal ha ido apropiándose de sus derechos como grupo étnico y los ha exigido tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, una última tendencia reúne los trabajos que han resaltado el carácter caribe de las islas, subrayando su riqueza multicultural, las hibridaciones y la convivialidad entre las comunidades, y las formas particulares que adopta la institucionalidad en el Caribe (García Taylor, 2010; Guevara, 2006; Ramírez & Restrepo, 2002; Valencia, 2008).

Estas tres tendencias ofrecen una gran cantidad de insumos empíricos para responder mi pregunta de investigación. Empero, me apoyaré únicamente en los que permiten hacer una lectura constructivista como la que planteo en el marco teórico, la cual pretender no repetir lo que ya ha sido planteado y proponer una aproximación innovadora para entender la relación del Estado con el pueblo raizal.

Marco Teórico

Mi argumento principal es que aunque la presencia del Estado colombiano en el archipiélago de San Andrés y Providencia ha sido precaria, ésta ha sido suficiente para que no se consolide un movimiento separatista fuerte. En efecto, la relación que se ha ido entretejiendo entre el Estado y los nativos isleños ha aumentado su fragmentación como colectivo, generando múltiples intereses e identidades entre ellos. En consecuencia, la identidad raizal no se muestra lo suficientemente sólida para movilizar efectivamente a la población en vista de alcanzar su independencia. Además, las islas dependen del Estado central para su sostenimiento financiero y para su defensa frente a las pretensiones territoriales de otros países, con lo cual el separatismo no se postula como una opción viable. Así, la colombianización de las islas ha reforzado sus vínculos con el continente y ha impedido la consolidación de un sentimiento isleño que compita con la identidad nacional.

Se debe comenzar entonces definiendo qué entiendo por movimiento separatista fuerte. Con movimiento separatista me refiero a una organización social que logra movilizar, de manera sostenida en el tiempo, un amplio sector de una población minoritaria para luchar por la separación del Estado central del cual forman parte. Esta población comparte una identidad y una historia común y reivindica un territorio como propio. Es una forma de etnonacionalismo (Connor, 1994), donde una minoría étnica busca la obtención de ciertos derechos exclusivos que les garanticen la libertad de expresarse en su lengua, la preservación de su cultura y la posibilidad de vivir de acuerdo a sus valores y tradiciones particulares. Estos derechos pueden ser de representación política especial o de autogobierno (Kymlicka, 2003). En el primer caso, se trata de demandas frente a desventajas comparativas que impiden que sus opiniones e intereses estén representados

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satisfactoriamente en el sistema político. Aquí se puede hablar de movimientos nacionalistas moderados, pues no controvierten concretamente la soberanía del Estado central, sino que buscan un arreglo más justo para la minoría. En el segundo caso, se trata de demandas por algún tipo de autonomía para asegurar el libre desarrollo de su cultura y el bienestar de sus miembros. Aquí podemos hablar de movimientos nacionalistas fuertes, pues buscan reducir la jurisdicción del Estado central en su territorio, y en su forma más extrema buscan la independencia.

Adicionalmente, con el adjetivo fuerte me refiero a un movimiento que ha logrado posicionarse como un actor reconocido como relevante tanto por la población que dice representar como por el Estado central al que se enfrenta. Y hablo aquí de movimientos

separatistas fuertes, en lugar de nacionalistas, para evitar la confusión con movimientos que busquen reivindicar el archipiélago como territorio colombiano vis-à-vis las pretensiones expansionistas de Nicaragua. Hasta el momento, los movimientos que han surgido para reivindicar al pueblo raizal no cumplen con todas las características de mi definición.

De igual modo, es importante dejar en claro la manera cómo entiendo la presencia estatal, pues considero que una lectura dicotómica entre presencia efectiva y ausencia absoluta no es pertinente. En su lugar, propongo ver el asunto como una cuestión de grado, donde el Estado cumple ciertas funciones mientras brilla por su inoperancia u omisión en otros ámbitos, y donde algunos grupos sociales interactúan constantemente con él mientras otros se ven completamente ignorados. De igual modo, contrario a la mayoría de la literatura académica, no concibo la población raizal como un unidad homogénea con una identidad clara y consensuada, sino que adhiero a una lectura que reconoce su diversidad y que permite ver cómo algunos sectores se han visto beneficiados por la dominación del Estado y han colaborado en ella. En consecuencia, mi trabajo se inscribe en una perspectiva constructivista en la cual los actores tienen un papel activo en su definición identitaria (Wendt, 1999), de modo que tanto el Estado como los raizales no tienen un identidad determinada por la estructura sino que la construyen por medio de su interacción constante.

Por otro lado, a la luz de los planteamientos de Klandermans (1993) y Melucci (1999), la identidad se entiende aquí como el marco a partir del cual el individuo se define a sí mismo y logra interpretar el mundo que lo rodea. Este marco es el resultado de un proceso colectivo en el cual las comunidades se construyen y se definen a sí mismas a partir de una visión compartida de su entorno. Cuando éstas perciben un desfase entre lo que éste les ofrece y las expectativas que tienen de él, deciden movilizarse para corregirlo. De acuerdo con Benford y Snow (2000), el marco – frame - no es una estructura que los agentes sufren, sino que su construcción – framing - es un proceso dinámico y en constante evolución, en los cual los actores -dirigentes, activistas y los movimientos sociales mismos- participan activamente en la producción y el mantenimiento del significado. El resultado de

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este proceso es la generación de marcos interpretativos de la realidad que difieren y desafían los dominantes, constituyéndose en la fuente de significado de la acción colectiva.

Para el estudio de los marcos de acción colectiva, Benford y Snow (2000) proponen un análisis a partir de seis dimensiones: las funciones que desempeñan; sus características más sobresalientes; los procesos que implican; su difusión; las restricciones y estímulos contextuales, y su impacto sobre otros procesos simultáneos. En el Cuadro 1 (pág. 7) recojo los elementos que contiene cada una de estas dimensiones y los explico transformándolos en una serie de preguntas, las cuales constituyen los interrogantes transversales para mi estudio del proceso de construcción de la identidad raizal y de su movilización. En este proceso, la ausencia de un movimiento separatista fuerte es el resultado –output- observable en el momento actual de la relación entre el Estado y los raizales.

Estrategia Metodológica

Debido a la naturaleza del fenómeno estudiado, se hace necesario un enfoque metodológico centrado en los procesos, que nos permita mirar más allá de las variables para ver los mecanismos en que éstas interactúan, develando cuáles han sido las razones por las que no se ha conformado de un movimiento separatista fuerte. En consecuencia, el process tracing resulta la estrategia indicada. De acuerdo con Bennet y Checkel (2012), ésta consiste en analizar la evidencia de procesos, secuencias y coyunturas de eventos con el propósito de desarrollar o probar hipótesis sobre los mecanismos causales que podrían explicar el caso estudiado. Por medio de un diálogo constante entre teoría y caso empírico, el propósito es construir una narrativa que se asemeja a la explicación histórica, en la medida en que hace una descripción detallada de una secuencia de eventos, pero que se diferencia de ésta en tanto en que se basa en la teoría para explicar cada paso importante que contribuye a causar el efecto observado.

Para construir esta narrativa explicativa, un paso fundamental es identificar las coyunturas más críticas dentro de la cadena causal. De acuerdo con Capoccia y Kelemen (2007), éstas son períodos de tiempo relativamente cortos durante los cuales las decisiones de los agentes tienen un mayor impacto sobre el resultado de interés que el que tendrían en el desarrollo normal de la trayectoria. Sin embargo, las transformaciones no resultan necesariamente de las coyunturas críticas, sino que éstas tienen un efecto acumulativo dentro de un proceso incremental. En el caso particular de mi investigación, las coyunturas críticas dentro del proceso de construcción de una identidad raizal lo son también para la transformación del descontento en acción colectiva.

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Cuadro 1. Dimensiones del Marco de Acción Colectiva

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En términos prácticos se procedió de la siguiente manera. Primero, a partir de fuentes bibliográficas se determinaron cuáles fueron las coyunturas críticas y se establecieron períodos en las trayectorias. Luego, esta información fue complementada por la que se obtuvo durante el trabajo de campo, realizado del 5 al 22 de abril de 2014. Durante esta visita a las islas, se ejecutaron entrevistas semiestructuradas a miembros y dirigentes de las principales organizaciones de la Sociedad Civil raizal. La información relevante sobre los personas entrevistas puede ser consultada en el Anexo 1. Por su parte, el cuestionario se elaboró a partir de las preguntas orientadoras del Marco Teórico (ver Cuadro 1), aunque su carácter semiestructurado permitió a los entrevistados expresarse libremente sobre el tema. Durante este tiempo también se realizó una observación participante abierta, buscando pistas en el acontecer diario de la vida en el archipiélago y en los lugares de encuentro de la población raizal. Las conversaciones cotidianas con mototaxistas, vendedores y pescadores fueron un insumo invaluable para la comprensión de lo observado.

El plan de mi análisis sigue una secuencia cronológica de la siguiente manera. En el Capítulo 2 estudio el período comprendido desde finales de la década de 1940 hasta inicios de la de 1960, y está marcado por la coyuntura crítica de la declaratoria de San Andrés como Puerto Libre. En el Capítulo 3, hago lo propio con los años transcurridos desde el final del período anterior hasta la reforma constitucional de 1991, que es la coyuntura crítica que marca el final de este período y el inicio del siguiente, el cual se extiende hasta finales de la década del 2000 y es abordado en el Capítulo 4. Finalmente, el Capítulo 5 se ocupa del momento actual, marcado por el Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2012, mientras que en el Capítulo 6 ofrezco las conclusiones de mi trabajo, explicando por qué no existe actualmente un movimiento separatista fuerte y ofreciendo algunas perspectivas sobre la posibilidad de una mayor autonomía en el un futuro próximo.

II. El Puerto Libre

El primer período comprende desde finales de la década de 1940 hasta mediados de la de 1960, y está marcado por la coyuntura de la declaratoria de la isla de San Andrés como Puerto Libre. Estos años se caracterizaron por la llegada intensiva de migrantes del continente y del Medio Oriente, transformando por completo la composición y las dinámicas sociales en la isla. De igual modo, durante este tiempo aumentó la fragmentación de la comunidad nativa entorno a divisiones de clase, adscripción religiosa y filiación política, dando lugar a la emergencia de múltiples referentes identitarios. Asimismo, la llegada de estos nuevos actores creó un Otro sobre el cual proyectar una identidad y unos intereses como comunidad, los cuales se comienzan a articular de forma reactiva frente a los efectos negativos que trajo esta medida.

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Para empezar es necesario dejar en claro el concepto de ‘colombianización’. Con él se denominan las políticas promovidas por el Estado colombiano orientadas a integrar el archipiélago al proyecto de Nación, por medio de la homogenización de la población a través de la imposición del español, del catolicismo y de los valores mestizos del interior del país, pilares fundamentales de la cultura nacional. Se incluyen también las políticas encaminadas a implantar un aparto jurídico-burocrático y un modelo económico acorde a los intereses continentales, como lo fue la declaratoria del Puerto Libre. A grandes rasgos, la colombianización fue la manera de reivindicar y mantener la soberanía del Estado en el territorio, en respuesta a la amenaza latente del separatismo y de anexión por otros países (Charry, 2001:89).

Estas políticas se fundamentaron en el discurso nacionalista conservador que quedó plasmado en la Constitución de 1886, conocido como la Regeneración, el cual prolongó los imaginarios raciales de la Colonia, buscando construir una nación mestiza donde el elemento africano era reprimido o relegado a una posición marginal (De Friedemann, 1992). En su implementación, la Iglesia Católica jugó un papel fundamental no tanto por su labor evangelizadora como por hacerse cargo de la educación pública, la cual estuvo orientada a la difusión de la historia patria, dejando de lado la propia del archipiélago -mucho más extensa-, y a reprimir el uso del créole, el cual era considerado como una lengua de salvajes. Este desconocimiento de lo autóctono en la educación tuvo el efecto de asentar y naturalizar la dominación continental en las nuevas generaciones.

Sin embargo, estas medidas no reflejaban un interés genuino del Estado en el archipiélago. En efecto, con el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, con el cual Colombia cedió a Nicaragua la Costa Mosquito y numerosas islas en su proximidad, se hizo evidente lo poco que le importaba al Estado este territorio. Además, la frontera que se trazó en el meridiano 82 separó a los nativos de sus hermanos que viven dispersos al occidente de esta línea imaginaria, lo cual confirmó el poco valor que le atribuía el Estado colombiano al pueblo créole (Davis En: Clemente, 1991:267). No obstante, la condición fronteriza del archipiélago y la posibilidad de su anexión o separación serán un elemento clave en la relación entre los nativos y el Estado de aquí en adelante.

La reacción de los nativos frente a la hostilidad que percibían de parte del Estado colombiano estuvo liderada por la Iglesia Bautista, la cual desde su asentamiento en 1846 detentaba una posición central en la vida de las islas. La llegada de la Iglesia Católica representó un desafío a su autoridad tradicional, por lo cual asumió el liderazgo de las respuestas de los nativos frente al avance de la colombianización. Y aunque nunca se registró un levantamiento de los nativos, la posibilidad de que lo hicieran siempre fue una amenaza latente en el pensamiento del gobierno continental. Este temor se fundaba en la desconfianza que generaban los vínculos culturales del archipiélago con los Estados

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Unidos, pero también estaba influido por los imaginarios racistas que veían las revueltas como algo propio de la raza africana.

Con la llegada de Laureano Gómez a la presidencia en 1950, este modelo colombianizador tradicional fue refrendado, principalmente por la renovación del Concordato con el Vaticano que ratificó el control de la Iglesia sobre la educación pública y reafirmó la implementación del catolicismo y del español como un asunto prioritario, orientando la mayor parte del presupuesto para este propósito. Con esto se desconocieron otras necesidades más apremiantes de la población isleña, como el desarrollo de infraestructura, lo cual “irritó a los políticos locales, a la Iglesia Bautista y al sector de comerciantes, quienes pedían auxilios para reavivar la economía del coco” (Charry, 2001:113).

Con la llegada de Rojas Pinilla al poder, se dio un cambio hacia un modelo de colombianización modernizadora a través de la figura del Puerto Libre en San Andrés. Declarado tras la visita personal del presidente-dictador en 1953, esta medida buscaba explotar comercialmente el potencial geográfico de la isla. Fue promovida principalmente por los continentales que se habían instalado o que tenían intereses en la isla, a la cual se unió un sector reducido de nativos interesados. Su objetivo era contrarrestar la delicada situación económica que atravesaba la isla debido a los bajos precios de sus productos agrícolas. Para ello, se fomentó el comercio, legalizando el contrabando e incentivando la inversión privada por medio de la exención de impuestos2. También se crearon nuevas plazas en la función pública y en la guardia civil, y se estimuló el turismo para posicionar a San Andrés como un destino de vacaciones para las familias de clase media urbana del país.

Pero detrás de este proyecto de desarrollo económico estaba la intención de hacer frente a la amenaza latente del separatismo. En efecto, en los años previos a la declaratoria algunos enviados del gobierno sugirieron aumentar la inversión y mejorar las comunicaciones para poder ejercer un mejor dominio sobre este territorio estratégicamente ubicado en el Caribe (Charry, 2001:100-112). Sin embargo, en este punto el separatismo no estaba tan presente en la cabeza de los nativos ni en su marco de acción colectiva como sí en los temores del gobierno nacional, pues no hay indicios de que se hubieran manifestado en aras de su independencia.

De hecho, el precedente más importante de movilización social registrado antes de las transformaciones del Puerto Libre fue el liderado por Francis Newball en 1912. Bajo su liderazgo, se canalizó el descontento que generaban las administraciones corruptas de los cartageneros en un movimiento cívico, el cual logró que archipiélago fuera declarado como Intendencia, administrada directamente por el gobierno central. En consecuencia, la acción

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colectiva se orientó a alcanzar una mayor presencia del Estado y no la separación de él. Adicionalmente, con la Intendencia aumentaron los puestos en la función pública, lo cual tuvo el efecto de crear simpatías con el Estado entre la población nativa.

Ahora bien, ¿qué impacto tuvo la declaratoria del Puerto Libre sobe la construcción del marco de acción colectiva? En primer lugar, desató una nueva ola de migrantes venidos del continente y del extranjero, quienes llegaron a la isla atraídos por las ventajas comerciales que ofrecía. Entre estos nuevos pobladores se encontraba una importante comunidad de sirio-libaneses, quienes se convirtieron en los actores centrales de la vida económica de las islas y cuya prosperidad económica se tradujo luego en una amplia influencia política (Sánchez, 2010:69). Estas comunidades representaron un Otro sobre el cual proyectar la identidad del pueblo nativo, quienes hasta entonces eran los únicos habitantes de la isla con excepción de los sacerdotes, policías y funcionarios públicos continentales que habían llegado con la colombianización.

En segundo lugar, el Puerto Libre aumentó la fragmentación que existía entre los nativos isleños, dificultando la construcción de su identidad como pueblo. Antes de la declaratoria, ya era posible encontrar dentro de la sociedad isleña un sector dominante, conformado por familias terratenientes, de pieles más claras, que habían heredado una posición privilegiada de los colonos ingleses y que ocupaban las posiciones más altas dentro de la jerarquía bautista. El resto de la población eran pequeños propietarios, dedicados a los cultivos y a la pesca. Sin embargo, en los años previos al Puerto Libre se empezó a dar una tensión entorno a la propiedad de la tierra, pues los sectores dominantes aprovecharon su dinero e influencia para hacerse con las mejores tierras, donde luego se concentraría el desarrollo comercial y hotelero. En este sentido, la homogeneidad no era un rasgo distintivo de la sociedad isleña de la época, pues era evidente que había un sector que se imponía sobre otro y que supo sacar mejor provecho de la declaratoria (Sánchez, 2010:89).

Además de estas divisiones socio-económicas, la presencia del Estado ya había generado otras de corte político. A semejanza de lo que sucedía en el continente, el acceso a los cargos burocráticos y a los beneficios del Estado había implantado redes clientelistas basadas en la filiación a alguno de los partidos políticos tradicionales. Esto tuvo un efecto significativo en la construcción de identidad, pues por lo general los nativos tuvieron que convertirse al catolicismo para acceder a cargos en la administración pública, dando lugar al fenómeno conocido como job catholics3. Este último punto revela que contrario a lo que suele creerse, desde antes del Puerto Libre el Estado ya hacía presencia en las islas e iba

                                                                                                               

3 Esta práctica consiste en la conversión al catolicismo con el fin de poder acceder a la burocracia u obtener

un empleo en el sector comercial, aunque en la práctica se mantienen las creencias y las costumbres protestantes.

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entretejiendo una relación con los nativos e incluso iba despertando lealtades encontradas entre ellos (Charry, 2001:91-98).

Asimismo, la consolidación de la identidad isleña se vio obstruida por la continuación del modelo educativo colombianizador, el cual ignoraba sistemáticamente la historia y la lengua de los nativos. Sin embargo, esta educación de carácter colonial no produjo tanto una aculturación efectiva como sí una deculturación de la población (Clemente, 1991:207). Esto representó un incentivo contrario a la movilización, en el sentido que los individuos no se ven empujados a luchar en la defensa de algo que no conocen. En este escenario difícilmente podía surgir un movimiento nacionalista isleño.

Por último, la declaratoria del Puerto Libre hizo que los nativos se sintieran marginados de la toma de las decisiones que los concernían a ellos y a su territorio. En efecto, esta decisión fue ampliamente percibida como una imposición del Estado que buscaba beneficios para los continentales a expensas de la población local. No pasaron muchos años para que los efectivos negativos de la medida se hicieran evidentes, pues las familias isleñas tuvieron que replegarse hacia el sur de la isla para ceder su lugar a los hoteles y a los locales comerciales, mientras que el uso del español se afianzaba en la vida cotidiana en detrimento del créole. Adicionalmente, en el mercado laboral el nativo fue reemplazado por la mano de obra venida de la Costa Atlántica (Bush, 1992). Este sentimiento de marginación fue la materia prima sobre la cual el marco de acción colectiva logró consolidarse en los años siguientes.

Este descontento aumentó con el Frente Nacional, pues el pacto entre los partidos políticos acabó con la competencia por los cargos administrativos, los cuales empezaron a ser ocupados mayoritariamente por continentales. De este modo, disminuyó la capacidad de la burocracia para generar una postura favorable al Estado entre los nativos. Asimismo, los partidos políticos se concentraron en obtener el apoyo de los nuevos pobladores, con lo cual se distanciaron y fueron perdiendo las lealtades que despertaban en la población isleña. (Martínez, 1998:63).

Así, hacia el final de este período el descontento se expresó en un sentimiento generalizado de anticolombianismo, afianzado por el ambiente de protesta que despertó una visita del INCORA en el año de 1964 para reglamentar el conflicto por la tierra, agudizado por la quema de los documentos notariales durante un incendio en la casa de la Intendencia. Esta visita fue percibida por los nativos como una avanzada para quitarles sus tierras declarándolas baldías, lo cual desencadenó la que puede considerarse como la primera manifestación pública del movimiento isleño moderno.

En conclusión, durante los años posteriores a la declaratoria del Puerto Libre la construcción del marco de acción colectiva avanzó principalmente en su función

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diagnóstica y de atribución del problema: el Puerto Libre, una imposición del Estado, había acabado con los modos tradicionales de subsistencia, estaba generado riqueza para los extranjeros a expensas de los nativos y los había vuelto marginales en su propio territorio. Y aunque aumentó la fragmentación de la sociedad isleña, se dio un avance en el proceso discursivo del marco a través de la figura del pañaman o spanishman, forma despectiva de referirse a los continentales y que recoge el rechazo que producía el Otro invasor (Charry, 2001:88). Así, el marco se fortalecía en la medida en que ofrecía una representación del Otro sobre la cual proyectar el descontento.

Sin embargo, estos avances no vinieron acompañados de una definición clara de la identidad colectiva del pueblo isleño, debido principalmente a la gran cantidad de referentes culturales que llegaron a la isla con el Puerto Libre y a las relaciones que comenzaron a establecer con los nuevos pobladores. Y si bien fueron pocos los beneficios que trajo la medida para la población nativa, ésta profundizó la dependencia del archipiélago con Colombia para su desarrollo económico, pues los isleños eran conscientes de que no hubieran podido revitalizar por sí mismos la economía de tal manera.

En consecuencia, el marco de acción colectiva parecía estar en un estado demasiado temprano como para que el descontento se centralizara y se tradujera en la conformación de un movimiento nacionalista isleño. Sin embargo, se empieza a configurar una

conflictualidad latente con el Estado colombiano (Ortiz, 2013:45), la cual se expresará en el siguiente período.  

III. De los 60’s a la Constitución

El segundo período se extiende desde la década de 1960 hasta la promulgación de la nueva constitución nacional en 1991. Durante estos años, el contexto internacional tuvo una importancia significativa en la construcción del marco de acción colectiva, aportando insumos jurídicos, ideológicos y simbólicos que consolidaron la identidad del pueblo isleño, el cual comenzará a denominarse raizal. En consecuencia, surgieron las primeras organizaciones para su reivindicación, con una ideología y unos objetivos claros, los cuales aprovecharon la coyuntura crítica de la nueva constitución para obtener derechos para su pueblo.

“El Puerto Libre nos abrió la puerta al mundo” 4, sostienen dos jóvenes activistas raizales entrevistados. En efecto, gracias a la apertura económica los isleños entraron en contacto con la agitada realidad cultural y política de los años 60’s y estrecharon sus vínculos con el Gran Caribe. En particular, el triunfo de la Revolución Cubana sentó un precedente importante de movilización y de reivindicación popular en la región. Del mismo

                                                                                                               

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modo, el movimiento en defensa de las libertades civiles, liderado por Martin Luther King al sur de los Estados Unidos, se convirtió en un ejemplo de lucha por la exigencia de los derechos de los afrodescendientes. Adicionalmente, el movimiento rastafari originado en la vecina isla de Jamaica dotó de insumos simbólicos invaluables a la construcción de identidad del nativo isleño como sujeto afrocaribeño, desplazando los referentes culturales coloniales ingleses para privilegiar la herencia africana del pueblo isleño5.

Este encuentro con otros pueblos y sus luchas fortaleció la identidad del nativo isleño. En palabras del Padre Marcelino Hudson: “Tenemos similitudes con otros pueblos para valorar. Al entrar en contacto con ellos valoramos lo nuestro, no nos sentimos tan solos, tan extraños, como si debiéramos seguir teniendo pena de lo que somos. y vemos cómo otros se han empoderado. Eso te afianza tu identidad, porque empiezas a amar lo tuyo” 6.

Por otro lado, la Resolución 1514-XV de 1960, conocida como la Carta Magna de Descolonización de la ONU, introdujo el término de autodeterminación a escala mundial, desencadenando el desmonte de los sistemas coloniales que todavía existían en el planeta, incluyendo el Caribe (Ortiz, 2013:45). Esto fortaleció el marco de acción colectiva en la medida en que logró articular el descontento y el sentimiento de marginación de los isleños en una narrativa colonial, la cual señalaba que la causa de sus dificultades provenía de la negativa del Estado de reconocerles su derecho a la autodeterminación, respaldado internacionalmente. Adicionalmente, los procesos de descolonización en el Caribe incentivaron la movilización debido a que le demostraron a los isleños que un arreglo político más justo era posible.

La apropiación de la idea de autodeterminación se conjugó con el fortalecimiento de la identidad isleña para dar lugar a la aparición de formas cada vez más elaboradas y organizadas de acción colectiva. El primer ejemplo que se registró en este sentido fue el movimiento liderado por el providenciano Marcos Archbold, quien puede considerarse como el padre del movimiento raizal moderno. Su labor activista se orientó en llamar la atención de la comunidad internacional sobre la marginación de su pueblo en la administración de su territorio ancestral y la obligación para Colombia de descolonizar el archipiélago. Con este fin, envió una carta al gobierno norteamericano y al colombiano, proclamando la necesidad de crear un Estado independiente llamado Federal Republic of Old Providence. Esta carta se convirtió en la primera declaración de autodeterminación y fue la primera aparición oficial de la idea del separatismo en el discurso de resistencia cultural del pueblo isleño.

                                                                                                               

5 Entrevista Gonzalo Peñuela   6 Entrevista Padre Marcelino Hudson

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Por medio de éstas y otras cartas el movimiento de Archbold logró tener un eco suficiente en el ámbito internacional para lograr una visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en 1970, la cual fue neutralizada con astucia por el gobierno nacional (Ortiz, 2013:46-47). Sin embargo, es importante resaltar que este primer movimiento independentista no reflejaba un consenso entre la población nativa. En efecto, el sector más influyente, que de alguna u otra manera se beneficiaba del status quo, no tardó en negar en la prensa nacional la existencia de este movimiento incipiente y aprovechó la ocasión para afirmar que en San Andrés no existía ningún movimiento contrario a la integridad territorial de Colombia. Esto refleja la connivencia de intereses que existía entre un sector de isleños y el Estado colombiano, y demostró que si bien el Puerto Libre estaba teniendo unos impactos negativos y se quería un cambio, no existía una consciencia extendida de que la independencia fuera la solución (Ortiz, 2013:48).

Por su parte, la respuesta del gobierno nacional ante el avivamiento de la movilización consistió en aumentar la presencia militar y su injerencia en la economía y la política local. Sin embargo, esto no fue suficiente para apaciguar el descontento y para frenar el avance de la idea de autodeterminación entre los nativos. Es así como en 1972 el gobierno decidió declarar el archipiélago como Intendencia Especial, otorgándole mayor autonomía administrativa y fiscal, y aumentando su representación en el Congreso (Ortiz, 2013:49). Con esta medida también se buscó contener el descontento por medio de cargos burocráticos, sólo que esta vez el efecto fue limitado debido a que las nuevas plazas fueron ocupadas en su mayoría por gente de ascendencia continental (Charry, 2001:126).

En todo caso, la tensión con el Estado siguió aumentando y alcanzó un punto crítico en 1976, cuando se difundió entre los isleños un documento que mostraba un supuesto plan del gobierno para despojarlos de sus tierras y reubicarlos en el continente7. La indignación se propagó rápidamente y activó la consciencia cívica de los nativos, quienes organizaron marchas y caravanas para expresar su descontento, lanzando mensajes contra el gobierno pero también alentando al pueblo isleño a tomar consciencia de su situación (Ortiz, 2013:49). Este brote de descontento se sumó al agotamiento del régimen político que vivía el país en la década del 1980, con lo cual la legitimidad del Estado colombiano estaba en crisis.

En este contexto nació Sons Of the Soil -SOS-, la primera organización formalmente constituida para la reivindicación del pueblo isleño y la representación de sus demandas. El SOS se dio a conocer en abril de 1984, en medio de una protesta popular contra la construcción de una urbanización para continentales en el tradicional sector de San Luis. Sus líderes eran en su mayoría jóvenes isleños que durante sus estudios superiores en

                                                                                                               

7 Entrevista Samuel Robinson y Corine Duffies. Esta medida se sustentaba en un documento producido por el

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EE.UU habían conocido de primera mano el movimiento liderado por Luther King, del cual habían obteniendo un conocimiento ideológico y organizativo. El SOS fue concebido como un movimiento social de resistencia, que buscaba la unión del pueblo isleño apelando a sus raíces históricas y sus vínculos ancestrales sobre el territorio, para movilizarlo en aras de defender sus derechos como grupo étnico e impulsar medidas para frenar la sobrepoblación, que ya se perfilaba como el problema más importante en San Andrés.

La conformación del SOS fortaleció el marco de acción colectiva en su capacidad de ofrecer un referente interpretativo de la realidad, pero también llevó el descontento a otro nivel, pasando de lo meramente reactivo a la búsqueda de soluciones. También lo fortaleció en su aspecto estratégico, pues al ser un movimiento centralizado se establecieron metas y procedimientos de convocatoria. Estos avances en el marco también se reflejan en la conformación de otras organizaciones cívicas en los años siguientes. Sin embargo, es importante resaltar que la movilización se orientaba en el momento a encontrar un arreglo más justo dentro de la institucionalidad colombiana y no fuera de ella; un nacionalismo moderado a la luz de la teoría de Kymlicka (2003).

En efecto, Colombia gozaba de la simpatía de la mayoría de los isleños, como lo reveló un estudio realizado en 1989. Éste mostró que al 52% de los sanandresanos les gustaba Colombia, mientras que un 95% de providencianos se reconocían como colombianos. Al respecto, los autores del estudio concluyeron que “la televisión y la radio, así como la importancia económica del Estado colombiano como fuente de empleo municipal, han resultado en una efectiva presencia de la nación” (Bush y Oligastri En Clemente, 1991:251).

Esta orientación activista moderada quedó plasmada en un proyecto de ley impulsado por SOS en la Cámara de Representantes en 1987. Su objetivo principal era legitimar dentro de la legalidad colombiana la particularidad étnica del pueblo isleño. Es aquí cuando nace la denominación de raizal, término que lleva implícito un vínculo ancestral con la tierra, pues la iniciativa legislativa enunció por primera vez los criterios que definen la pertenencia al pueblo nativo isleño, basados en la sangre y no en el nacimiento. Al respecto es importante hacer una aclaración: el objetivo de esta definición no era concretar una actitud de rechazo a la población colombiana, sino por el contrario dejar en claro que los raizales eran un grupo étnico aparte del nacional, pero cuya identidad no era excluyente de la nacionalidad colombiana (Charry, 2001:51). Aunque el proyecto no tuvo éxito en ser aprobado, sus propuestas fueron tenidas en cuenta años más tarde en la redacción de la nueva Constitución Nacional, lo cual representó un gran avance en la consolidación de la identidad del pueblo raizal y en la construcción del marco para su movilización al constituirlo como actor político.

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La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue una coyuntura política clave para la movilización del pueblo raizal. Aunque éste no tuvo una participación directa, una parte significativa de sus demandas terminaron reflejadas en la nueva Constitución gracias a un intenso trabajo de lobby del SOS en la Subcomisión 4.6, encargada del estudio de la igualdad y del carácter multiétnico de la Nación8. La apertura política del país fue una oportunidad única para luchar por el reconocimiento de su particularidad étnica y por la garantía de sus derechos como minoría. En este sentido, su inclusión en el imaginario nacional y la atribución de derechos exclusivos son victorias del movimiento raizal, las cuales se convierten a su vez en estímulos para continuar con la movilización.

Dentro de lo que ganó el pueblo raizal con la Constitución, el artículo 309 fortaleció la representatividad política reemplazando la figura de la Intendencia por un alcalde y un gobernador elegidos democráticamente. Además, al convertir el archipiélago en departamento creó la Asamblea Departamental, mientras se mantuvo la asignación de dos curules en la Cámara de Representantes. Asimismo, como departamento ganó autonomía para el manejo de una variedad de asuntos, entre ellos el plan de desarrollo, el manejo de las rentas y la administración de justicia. Sin embargo, estos cambios no se debieron exclusivamente al movimiento raizal, pues fueron más el resultado de descentralizar el país en entidades territoriales en igualdad de condiciones.

Pero el que sí fue claramente una victoria del movimiento raizal fue el artículo 310. Con éste se estableció un régimen administrativo especial para el archipiélago, se autorizó al Congreso para producir las normas necesarias para limitar los derechos de circulación y residencia, para la protección de la cultura de las comunidades nativas y para la preservación del medio ambiente, y se facultó a la Asamblea Departamental para crear los municipios necesarios para este fin. De este artículo emana la Ley 2762 de 1991 que creó la Oficina de Control de Circulación y Residencia, OCCRE.

En conclusión, durante este período se observa un avance notable en la construcción del marco de acción colectiva. Por un lado, éste parece ofrecer una interpretación de la realidad más sólida y convincente con una atribución clara de la responsabilidad de los problemas del archipiélago. Así, la narrativa de la colonialidad se abre camino, pues la causa del problema no es tanto la ausencia del Estado como la falta de autodeterminación del pueblo raizal. En consecuencia, la autonomía se posiciona como una posible solución, alcanzada por otros pueblos en el mundo, aunque persiste la voluntad de encontrarla dentro de la legalidad colombiana.

Por otro lado, la identidad colectiva como pueblo se mostró cada vez más elaborada. En efecto, se trascendió la postura meramente reactiva hacia el Otro y se definió la mismidad;

                                                                                                               

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ya se había concebido al paña, ahora se dibujó al raizal. Igualmente, los insumos culturales regionales propiciaron una oportunidad cultural única para el afianzamiento de la identidad, con unos referentes renovados, de fácil difusión y estrechamente ligados a la idea de emancipación. Esta identidad más concreta logró hacer contrapeso a las numerosas influencias culturales del continente y a las lealtades que despertaba el Estado, a la vez que generó mayores incentivos para la movilización. Sin embargo, esta consolidación de la identidad raizal comenzó a ser percibida como hostil por los demás pobladores e incluso por algunos raizales pues la veían contraria a la convivialidad que ha caracterizado la cultura del archipiélago.

Por último, la emergencia del SOS demuestra una forma más ordenada y concertada de movilización, con un liderazgo, unas metas, una estrategia y unos métodos de convocatoria más claros. Esto permitió el aprovechamiento de las oportunidades políticas y el activismo tanto a escala local como en escenarios internacionales. Adicionalmente, los resultados que empezó a mostrar la movilización la dotaron de sentido, de modo que aumentaron los incentivos y se reafirmó la motivación colectiva e individual de participar.

IV. El movimiento raizal en el cambio de siglo

La Constitución de 1991 amplió el imaginario cultural de la nación buscando saldar una deuda histórica con las minorías del país. Sin embargo, tuvo el efecto de incentivar aun más la movilización de estas comunidades al abrirles las puertas del escenario político. En efecto, la Sociedad Civil en general se vio investida de una mayor responsabilidad para hacer de la Constitución una realidad, por medio de los mecanismos de participación ciudadana, de control político y de acceso a la justicia (Martínez, 1998). Así las cosas, la lucha de los raizales dejó de ser por el reconocimiento y se orientó a la exigencia de sus derechos, pasando de la resistencia a la acción cultural.

De entrada, desde el momento mismo de la Constitución el reconocimiento para los raizales mostraba sus limitaciones. En efecto, durante el trabajo de la Constituyente los indígenas gozaron de una posición privilegiada sobre las minorías afrodescendientes del país, “perpetuando su exclusión por no participar dentro del proceso de blanqueamiento de la nación mestiza” (De Friedemann,1992 En: Martínez,1998:7). De igual modo, la Ley 70 de 1993, conocida como Ley de Negritudes, favoreció a las comunidades de la Cuenca del Pacífico en detrimento de palenqueros, raizales y negros urbanos, pues lo que hizo fue asignar derechos de propiedad, pensados en una región específica, y no derechos sociales para una etnia (Wade,1993.En:Martínez,1998:8). En consecuencia, la lucha por el reconocimiento no había terminado, con lo cual la movilización mantenía sus motivos.

Pero más allá de este reconocimiento a medias, el descontento se mantuvo debido a los problemas que demostraba el cuerpo constitucional para ser aplicado en la realidad. Por un

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lado, la acción del Estado adolecía de falta de coordinación entre sus instituciones. Un ejemplo de esto es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que a lo largo de la década de 1990 falló numerosas tendencias favorables al pueblo raizal, obligando al Estado a defender su patrimonio cultural, el equilibrio de su ecosistema y a aumentar su inclusión en la toma de decisiones vinculantes por medio de la Consulta Previa. No obstante, en otra sentencia la misma Corte afirmó que este mecanismo consultivo no era necesario para la celebración de tratados de pesca con otros países, ignorando que se trataba de un asunto altamente sensible para la comunidad raizal y contradiciendo sus fallos anteriores (Ortiz, 2013:61-65). Asimismo, las acciones de CORALINA9 en defensa del medio ambiente parecían contradecirse con el estímulo al turismo de formato todo incluido, consumidor masivo de recursos hídricos y energéticos.

Por el otro, y más grave que la falta de coordinación fue la debilidad de las instituciones, en especial para resolver el principal flagelo de San Andrés: la sobrepoblación. En efecto la OCCRE, que había sido creada con este propósito, se convirtió en un foco de corrupción para la venta de los permisos de residencia, y adolecía de la cooperación suficiente de la Fuerza Pública para encontrar y deportar a los ilegales. De igual modo, su trabajo se sustentó en un sistema confuso de definiciones, donde sólo una parte muy pequeña de la población ostentaba la categoría de raizales y podían acceder a los derechos exclusivos que éstos fueron ganando, mientras que una porción significativa no podía hacerlo por su carácter híbrido. Así, los conocidos fifty-fifties quedaron en un limbo legal e identitario, incluso si algunos de ellos se reconocen plenamente como raizales (García Taylor, 2010).

En consecuencia, se consolida entre la población la visión de un Estado que si bien no estaba ausente era incongruente y desconocedor de sus propias disposiciones (Martínez, 1998:102). En efecto, el Estado continuó enviando efectivos de la fuerza pública del continente, que no manejan la lengua local ni el inglés estándar, generando una tensión innecesaria con los raizales, quienes además ven con recelo que no sean personas de su propio pueblo quienes ejerzan esta autoridad. Y aunque la burocracia departamental está ocupada en su inmensa mayoría por raizales, en los cargos directivos su presencias es poca y su poder de decisión es reducido, principalmente porque las oficinas son dependencias de sucursales regionales de organismos estatales en el continente, que toman decisiones sin conocer el contexto. A esto se suma la falta de un presupuesto propio, y el que hay no es suficiente o ya se encuentra ‘amarrado’10.

Por lo demás, el problema de la sobrepoblación no hizo sino agudizarse, con una nueva ola de migrantes proveniente de los tugurios de Cartagena y Barranquilla. En su mayoría,

                                                                                                               

9 Corporación Autónoma Regional de San Andrés y Providencia 10 Entrevista Arlington Howard

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estos nuevos pobladores llegaron a San Andrés sin un proyecto claro, con baja formación escolar, desconocimiento total del idioma inglés, sin un capital significativo y muchos vinculados a organizaciones criminales. Es así como se aceleró el deterioro del medio ambiente y del tejido social en la isla, pues se agudizaron las tensiones entre nativos y continentales, aumentó la competencia por los recursos económicos y se agravó la desconfianza y la inseguridad. Con esto, la sobrepoblación empieza a ser evidente para la mayoría de la población como el principal problema de la isla, incluso para las comunidades no raizales asentadas en la isla11.

Sin embargo, para los raizales las consecuencias son mucho más agudas, pues la sobrepoblación los convirtió en una minoría numérica en la isla, con lo cual se crea un obstáculo para la garantía de los derechos que se les reconocieron y para su representación en el sistema democrático. En efecto, los raizales necesitan del voto de los continentales para que sus intereses sean representados, lo cual crea un sesgo en favor de los sectores no raizales en las campañas y en la labor de los políticos: “hoy en día el pueblo raizal no elige a nadie”12. Esto afianzó la narrativa de los sectores más radicales, que veían en esta nueva ola migratoria la continuidad de la estrategia del Estado para colonizar las islas y así apropiarse de su territorio ancestral; la visión colonialista que se había construido en el período pasado se agudizaba con la lectura de etnocidio. En consecuencia, se fortaleció y se radicalizó la identidad raizal como forma de reacción ante esta nueva invasión, que vino acompañada de una gran cantidad de insumos y referentes culturales del continente, los cuales fueron desplazando a los propios de los isleños y reforzaron el sentido de pertenencia a la Nación. En suma, aumentó el sentimiento de marginación de los raizales ante una imagen más grande y agresiva del Otro.

En consecuencia, y ante la negativa del Estado de atender sus demandas, el pueblo raizal se volcó a las calles. Hacia finales de la década de 1990 e inicios de la del 2000, las manifestaciones populares se hicieron recurrentes y cada vez más masivas. En concreto, el pueblo protestó por la crisis de gobernabilidad desatada por la destitución del gobernador Ralph Newball, por el manejo inadecuado del relleno sanitario que había desatado una crisis de salud pública, por la falta de atención médica de calidad, y para exigir el cumplimiento de lo establecido en la Constitución del 91. Y aunque éstas no lograron su objetivo de obtener una acción concreta del Estado, tuvieron el efecto de convertirse en una suerte de rituales para consolidar la identidad y visibilizarla, mandando un mensaje al gobierno pero también a las demás comunidades e incluso a los sectores más apáticos del mismo pueblo raizal. En su mayoría, estas movilizaciones estuvieron lideradas y fueron convocadas por pastores de la Iglesia Bautista, aunque también contaron con la participación de organizaciones cívicas y de la Iglesia Católica. Con esto quedó demostrado

                                                                                                               

11 Entrevista Elkin Llanos   12 Entrevista Corine Duffies

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que el discurso y la lucha por le reivindicación del pueblo raizal empezaban a trascender el marco interpretativo ofrecido por la Iglesia Bautista y que convocaba una variedad de intereses13.

Pero detrás de estas protestas estaba el movimiento AMEN-SD - Archipielago Movement for Ethnic Natives Self Determination-, cuyos miembros provienen en su mayoría de la Iglesia Bautista que las convocaba. La primera aparición en público del AMEN-SD fue a mediados de 1999, en medio de una manifestación con ocasión de la conmemoración del día de la Adhesión Voluntaria de Providencia a la Gran Colombia, que incluyó el bloqueo de las vías arterias y del aeropuerto de San Andrés. Esta nueva organización resultó de la integración de varias organizaciones raizales, incluyendo el SOS. Como su nombre lo indica, su bandera es la autodeterminación del pueblo étnico nativo como forma de articular sus demandas por la reparación, el desarrollo sostenible y la defensa del territorio (Ortiz, 2013:75-76).

La plataforma ideológica de AMEN-SD es la más radical registrada hasta el momento, pues no sólo exige el cumplimiento de lo establecido, sino que pide nuevas prerrogativas orientadas a una disminución de la soberanía del Estado en el archipiélago. Esto resulta de una apropiación efectiva de los elementos jurídicos nacionales e internacionales que les conceden el derecho a la autodeterminación, pero ante todo es la consecuencia de la falta de atención y del incumplimiento de parte del gobierno central. Es así como la resistencia pasó del rechazo del otro y ahora se orientaba hacia la reivindicación de su autonomía. Una actitud mucho más radical; un nacionalismo fuerte a la luz de la teoría de Kymlicka (2003).

Esto también se hizo claro en su estrategia activista. Una de las primeras acciones del movimiento fue enviar al gobierno un manifiesto de 13 puntos, donde además de pedir que se garantizara la protección del pueblo raizal, pidió la erradicación de los asentamientos subnormales que se habían creado con la última ola migratoria y la declaratoria de emergencia ambiental en el archipiélago. Luego, tras dos años de incumplimiento de los pactos con los cuales el gobierno intentó apaciguar las protestas de 1999, el AMEN convocó una nueva marcha que incluyó la toma de las instalaciones de Texaco. Aquí las peticiones al gobierno fueron más lejos, exigiendo la reubicación de los ilegales en el continente, la transferencia de recursos suficientes para la OCCRE, la declaratoria de emergencia sociocultural al pueblo raizal y la restitución de sus tierras. Y un año después, tras las negativas del gobierno, en medio de una protestas en la proximidad del relleno sanitario el AMEN-SD suscribió una declaración de autodeterminación, en la cual reclamaron en nombre del pueblo raizal este derecho, y resolvieron establecer su propio sistema de gobierno, crear la Autoridad Nacional Raizal como representante legítimo del pueblo para la interlocución con el Estado y para intervenir en el litigio limítrofe con

                                                                                                               

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Nicaragua, así como organizar el I Congreso del Pueblo Indígena Raizal para discutir cómo implementar esta declaración (Ortiz, 2013:80-82).

Lo anterior demuestra un desarrollo más elaborado en términos de propuestas y estrategias, un mensaje de oposición directa y cada vez más fuerte al Estado, que aumenta conforme el gobierno central los ignora e incumple sus acuerdos. Pero también es radical en el sentido de que va un paso más allá en las exigencias y las articula con una visión de futuro: no sólo piden más recursos o medidas afirmativas, ahora piden el reconocimiento de su autonomía y la conformación de comisiones para el estudio legislativo y administrativo de cómo labrar el camino hacia ésta, a partir de experiencias que se han dado en el mundo en este sentido. Empero, sus propuestas no apuntan explícitamente a la independencia, la cual aún no es una opción clara, sino que buscan unas condiciones de autonomía suficientes para que el pueblo pueda determinar cuál es el mejor modelo a seguir.

Este desarrollo también se dio en lo estratégico. En efecto, el AMEN-SD logra hacerse visible y respetado gracias a un poder de convocatoria efectivo, sustentado en la vocería de los pastores en las iglesias bautistas, en los boletines publicados por éstas, en mensajes radiales y en la comunicación persona a persona14. Al ser una especie de supraorganización,

el movimiento reúne el poder de convocatoria y la experiencia de varias organizaciones en una sola. Adicionalmente, su estrategia también ha incluido la difusión y valorización de símbolos propios de la cultura isleña: no sólo han apelado al créole como lengua de comunicación, sino que han instituido y promovido una bandera, un himno y unas festividades propias, además de la restitución de los nombres tradicionales de los sitios geográficos.

Por otro lado, el I Congreso Indígena Nativo, realizado en 2002, fue un espacio de encuentro y discusión sin precedentes para la movilización del pueblo raizal. Con él se trascendieron las iglesias y la calle como lugares de denuncia para que líderes y activistas se sentaran a discutir sobre el avenir de su pueblo. El evento también fue útil para captar la atención de la población local, incluyendo a los raizales menos involucrados, y sentó un precedente importante para su proyección como movimiento étnico legítimo en instancias internacionales, además de ser la ocasión para AMEN-SD de ratificar su posición privilegiada dentro de él. La Autoridad Nacional Raizal, creada y elegida durante la convención, dotó al movimiento de una instancia de interlocución entre el pueblo raizal y el Gobierno Nacional, en aras de poder intervenir en el litigio fronterizo con Nicaragua. Empero, la Autoridad no fue reconocida por este último sino hasta 2013 cuando la Corte ya había emitido su veredicto. En todo caso, la Autoridad Nacional Raizal es un gran avance para la coordinación del pueblo, para tener una sola voz y para blindar la movilización de ser instrumentalizada o seducida por el clientelismo del Estado (Ortiz, 2013:83).

                                                                                                               

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Paralelamente, el movimiento AMEN ha continuado con el activismo internacional, que cómo he reseñado es una tendencia dentro de la movilización del pueblo raizal. El objetivo es captar la atención de otros países y de organismos multilaterales para ejercer presión sobre el Estado colombiano. Para ello, representantes de las organizaciones raizales, incluyendo el AMEN-SD, han participado en foros internacionales contra el racismo y en defensa de los derechos de las minorías y se han reunido con funcionarios de la CIDH y de las Naciones Unidas. Su mensaje es claro: Colombia mantiene el colonialismo en el archipiélago, contrario a las normas internacionales, y además invisibiliza sistemáticamente las propuestas que el pueblo raizal ha producido legítimamente en busca de su autodeterminación, calificándolas de subversivas y separatistas, y buscando el diálogo con las demás comunidades de las islas, ignorando que es el pueblo raizal el que protesta (Ortiz, 2013:79-80).

Sin embargo, a pesar de todas estas estrategias el gobierno central continuó ignorando e incumpliéndole a los raizales, lo que produjo una radicalización creciente del movimiento. Es así como en una marcha multitudinaria en 2001 se retiró la bandera nacional en el Cañón de Morgan, se izó la bandera de la nación raizal, y los líderes del AMEN leyeron una Declaración de Independencia, señalando que la autodeterminación es un derecho justo y dado al pueblo por Dios, y en consecuencia luchar por él es una obligación moral. Asimismo, la intensificación de la estrategia internacional demuestra “el desistimiento a seguir reclamando el derecho de Autodeterminación en la escala interna” (Ortiz, 2013:87).

En conclusión, en los años posteriores a la Constitución del 91 el marco de acción colectiva no sólo se consolidó a un ritmo constante sino que además se radicalizó. El reconocimiento y los derechos ganados con la Constitución sirvieron para hacer más clara la responsabilidad del Estado y para hacer exigencias más concretas y profundas. Así, se configuró una visión del Estado que más que ausente era incongruente consigo mismo e incapaz de resolver las problemáticas sociales y ambientales. En consecuencia, se refuerza la narrativa de la colonización, según la cual la sobrepoblación es una estrategia del Estado para despojarlos de su territorio. En este escenario, la independencia cobra protagonismo en el horizonte de soluciones, aunque todavía no se muestra como una opción clara para ejercer el derecho a la autodeterminación, con lo cual aumenta el interés por conocer otras experiencias del mundo para concebir el camino a seguir.

Por otro lado, la creación de una supraorganización raizal expande al alcance del marco, dando mayor resonancia a los líderes, permitiendo un poder de convocatoria más efectivo y aumentando la legitimidad de los movimientos. Las estrategias de movilización durante este período evidenciaron una mayor apropiación de los mecanismos de participación contemplados en la Constitución, la tutela y la Consulta Previa por ejemplo. De igual

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