I
¿Recuerdan a Elián?
“Tienes que correr todo lo que puedas
para mantenerte en el mismo lugar.” A través del espejo, Lewis Carroll El caso de Elián González, un niño de seis años forzosamente retenido por desconocidos contra la voluntad de su padre y que en abierto desafío a la ley de los Estados Unidos y de la decencia, fue reportado ampliamente por los medios del mundo. El lugar del secuestro, Miami, se convirtió en un tipo de ciudad secesionista en Norte América, cuando el Alcalde, el jefe de la policía, los políticos, todos los periódicos y anunciadores de la radio y la televisión, junto a instituciones religiosas y empresariales, se unieron con algunos de los más notorios terroristas y grupos violentos para oponerse a la orden de los tribunales y del gobierno, que era liberar al niño.
Fue necesario enviar un equipo de fuerzas especiales desde Washington DC, que se lanzó en una operación subrepticia y rápida para ocupar varias casas, desarmar a individuos que estaban fuertemente armados y escondidos en el barrio, y salvar al niño y restaurar la ley. Todos siguieron la noticia. Día tras día.
Pero casi nadie sabía que, al mismo tiempo, en exactamente el mismo lugar -Miami- otros cinco jóvenes cubanos fueron arbitrariamente desposeídos de su libertad y sujetos a una gran injusticia.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998, y encarcelados por los próximos 17 meses en celdas de castigo. En solitario. La acusación principal contra ellos, como fue reconocida por los fiscales y el juez desde el acta acusatoria hasta el último día del juicio, fue que ellos habían, pacíficamente, sin armas, penetrado los grupos terroristas anticubanos con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales. ¿Era concebible que algún revolucionario cubano tuviera un juicio justo en Miami al enfrentarse con este tipo de acusación? ¿Pudiera eso ser posible durante el secuestro de Elián, con el ambiente de violencia, odio y temor que lo rodeaba?
De acuerdo con la Fiscalía, era perfectamente posible. En sus palabras, Miami es una ―muy grande, diversa y heterogénea comunidad‖ capaz de tratar cualquier tema sensible, incluso los que involucran a la Revolución cubana. Los fiscales repitieron esa línea, cuando rechazaron más de diez mociones presentadas por los abogados defensores para cambiar la sede antes del comienzo del juicio.
El mismo gobierno que se vio obligado a tratar a Miami como una especie de ciudad rebelde y a enviar secretamente fuerzas para restaurar la legalidad, mintió repetidas veces sobre el tema de la sede, negándole a los acusados el derecho tan respetado por los americanos, y se rehusó a mover el proceso a la ciudad vecina de Fort Lauderdale, a media hora de Miami. Irónicamente, unos pocos años después, en el 2002, cuando el gobierno fue demandado civilmente en un caso administrativo de mucha menos valía, posteriormente resuelto por un acuerdo fuera de la Corte, y solamente indirectamente relacionado con el caso Elián, el gobierno pidió un cambio de sede a Fort Lauderdale, afirmando que era imposible que cualquier cosa relacionada con Cuba pueda ser juzgado justamente en Miami (Ramírez vs. Ashcroft, 01-4835 Civ-Huck, June 25, 2002).
Esta contradicción flagrante, prueba clara de una mala conducta de la Fiscalía, de prevaricación real, fue uno de los factores principales en los cuales se basó la decisión unánime del panel del Tribunal de Apelaciones, en 2005, para anular las condenas de los Cinco y ordenar un nuevo juicio. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087).
Esa histórica decisión fue posteriormente revocada por la mayoría del tribunal bajo presión del Fiscal General Alberto Gonzales en una acción contraria a la práctica normal del derecho en Estados Unidos. La movida exitosa del Sr. Gonzales, una manifestación de su filosofía legal peculiar, cerró la posibilidad de una resolución justa para este caso que hubiese honrado a los Estados Unidos.
La decisión del panel, un documento sólido de 93 páginas que reseñaba hechos irrefutables sobre la guerra terrorista de medio siglo contra Cuba, sigue siendo un momento sobresaliente en la mejor tradición norteamericana y perdurará como un texto que analizarán con respeto académicos y estudiantes de Derecho.
Pero eso es otro capítulo en la larga saga de los Cinco.
En cuanto a Elián González, él está a punto de completar el preuniversitario y continúa atrayendo la atención de los medios extranjeros y los visitantes que van a Cárdenas, el precioso pueblo donde vive. Cuando ellos viajan hacia la casa de Elián, los sorprenden carteles que demandan la libertad de Cinco jóvenes que seguramente los visitantes no conocían hasta ese momento.
En las palabras de Leonard Weinglass:
―El juicio fue mantenido en secreto por los medios de prensa norteamericanos. Es inconcebible que el juicio más largo en los Estados Unidos hasta el momento en que este tuvo lugar fue cubierto solamente por la prensa local de Miami, particularmente cuando fueron llamados a testificar por la defensa generales y un almirante, así como un asesor de la Casa Blanca. ¿Dónde
estaban los medios de prensa norteamericanos durante seis meses? No solo fue este el juicio más largo, sino también fue un caso que involucraba importantes asuntos de política exterior y terrorismo internacional. La pregunta se le debe hacer a los medios norteamericanos, que continúan negándose a cubrir un caso con tales violaciones de los derechos fundamentales, e incluso violaciones de los derechos humanos de los prisioneros.‖ (Respuesta de Leonard Weinglass, en el Foro organizado por www.antiterroristas.cu, el 12 de septiembre de 2003.)
A Elián lo salvó el hecho de que los norteamericanos conocieron el caso y se involucraron para que la justicia triunfara. Los Cinco siguen presos -11 años el próximo septiembre- víctimas de una terrible injusticia, porque a los norteamericanos no se les permite conocerlos. Los Cinco son castigados cruelmente porque lucharon contra el terrorismo. Son héroes, pero son héroes prohibidos.
II
Justicia en el país de las maravillas
“¡Primero la sentencia… el veredicto después!” Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll Habiéndose perdido el cambio de sede, el resultado del juicio de los Cinco ya estaba predeterminado. Siguió estrictamente la profecía de la Reina.
Los medios norteamericanos jugaron un papel muy importante en dos direcciones. Fuera de Miami un silencio total, como describió de forma muy apropiada el abogado Leonard Weinglass, en contraste con el papel que jugaron en el Condado de Dade, ofreciendo ambos, un show de impresionante disciplina.
Los medio locales no solo cubrieron el caso intensamente, sino que intervinieron activamente en él, como si fueran parte de la Fiscalía. Los Cinco fueron condenados por los medios incluso antes de ser acusados.
Muy temprano en la mañana del sábado 12 de septiembre de 1998, cada medio de comunicación en Miami hablaba sin parar acerca de la captura de unos ―terrible‖ agentes cubanos, ―dispuestos a destruir los EEUU‖ (la frase que la Fiscalía adoraba y repetiría una y otra vez durante todo el proceso). ―Espías entre nosotros‖, fue el titular esa mañana. Al mismo tiempo, a propósito, el jefe del FBI en Miami se encontraba con Lincoln Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen, representantes de la vieja banda de Batista en el Congreso.
Una campaña de propaganda sin precedentes se lanzó contra cinco individuos que no podían defenderse, porque estaban completamente aislados del mundo
exterior, día y noche, durante un año y medio, en lo que se conoce en la jerga de la prisión como ―el hueco‖.
Un circo de los medios ha rodeado a los Cinco desde su detención hasta ahora. Pero solo en Miami. En el resto de los lugares de los EEUU la dura situación de los Cinco solo ha recibido silencio. El resto del país no conoce mucho del caso, y se le mantiene en la sombra, como si todo el mundo aceptara que Miami -esa ―comunidad muy diversa, y extremadamente heterogénea‖, según la descripción del Fiscal- perteneciera efectivamente a otro planeta.
Esto podría haber sido una proposición razonable, si no fuera por algunos hechos vergonzosos que se han descubierto recientemente. Algunas de las personas de los medios involucradas en la campaña de Miami -‖periodistas‖ y otros-fueron pagados por el gobierno de los EEUU, figuraban en sus nóminas como empleados de la máquina de propaganda anticubana de la radio y la televisión, que ha costado muchos cientos de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.
Sin saberlo, los estadounidenses se vieron obligados a ser muy generosos, de hecho. Hay una larga lista de ―periodistas‖ de Miami que cubrieron el juicio completo de los Cinco, y, al mismo tiempo, recibían jugosos cheques federales (para conocer más del ―trabajo‖ de estos periodistas consultar el sitio www.freethefive.org).
La decisión de la Corte de Apelaciones en 2005 también brinda un buen resumen de la campaña propagandística, antes y durante el juicio. Esa fue una de las razones que llevó al panel a ―anular los veredictos de culpabilidad y ordenar un nuevo juicio‖. Miami no era un lugar para tener siquiera apariencia de justicia. Como dijeron los jueces ―la evidencia presentada [ante el Tribunal de Miami] respaldando las mociones para cambio de sede fue masiva‖. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087)
Vamos a aclarar algo. Aquí no estamos hablando acerca de periodistas, en el sentido que pueden estar pensando los estadounidenses fuera de Miami. Nos estamos refiriendo a los ―periodistas‖ de Miami, que es algo muy diferente. Su papel no era publicar las noticias, sino crear un clima que garantizara las condenas. Incluso convocaron manifestaciones públicas fuera de las oficinas donde se reunía la defensa y acosaron a los presuntos miembros del jurado durante la fase anterior al juicio. El tribunal en cuestión, mostró preocupación por la ―enorme cantidad de solicitudes de preguntas a realizar durante la selección del jurado con antelación al momento de hacerlas, aparentemente con el objetivo de informar a los oyentes, incluidos los posibles miembros del jurado, acerca de las preguntas antes de que el tribunal las hiciera‖.
Estamos hablando sobre un grupo de individuos que acosaron a los miembros del jurado, persiguiéndolos con cámaras, por las calles, filmando las chapas de sus autos y mostrándolas en televisión; los rastreaban hasta adentro del
edificio de la Corte, hasta la puerta de la sala del jurado, durante los siete meses completos que duró el juicio, desde el primero hasta el último día.
La jueza Leonard más de una vez protestó y suplicó al gobierno que detuviera una mascarada tan deplorable. Lo estuvo haciendo desde el comienzo del juicio, en varias ocasiones, y hasta el final. No fue escuchada. (Official transcripts of the trial, p. 22, 23, 111, 112, 625, 14644-14646).
El gobierno no estaba interesado en celebrar un juicio justo. Durante el proceso de selección del jurado, la Fiscalía se dedicó a excluir a la mayoría de los miembros afro-estadounidenses, así como excluyó a los tres individuos que no mostraron tener fuertes sentimientos anticastristas.
Por esa fecha Elián González había sido rescatado, pero permanecía en las mentes de los miembros del jurado. Uno de ellos dijo durante la vista previa de los testigos: ―Me preocuparía por la reacción que podría haber…no quiero que sucedan reyertas ni nada parecido a los sucesos del caso de Elián‖. O citando a otro: ―Si quieren saber la verdad…yo estaría hecho un manojo de nervios, tendría miedo por mi propia seguridad si no regresara con un veredicto de acuerdo con los intereses de la comunidad cubana‖.
En medio de esa atmósfera de miedo comenzó el mayor juicio hasta el momento en la historia estadounidense, y el que los grandes medios ―decidieron‖ ignorar.
III
El rostro de la impunidad
Como reconocieron durante la selección del jurado, el secuestro de Elián González y sus consecuencias para la comunidad estaba muy presente en las mentes de aquellos que serían jurados en el juicio a los Cinco Cubanos unos meses después de que el niño de seis años fuera rescatado por los federales. Como todo el mundo, ellos habían seguido los hechos relacionados con Elián que saturaron las noticias. Las caras de los secuestradores, de sus promotores y seguidores, así como de otros involucrados en el escándalo se habían vuelto muy familiares para los miembros del jurado. Las caras, y dos detalles del drama de Elián con un carácter único y una conexión directa con el proceso de los Cinco Cubanos.
Primero, la desconcertante conducta de todos los funcionarios públicos de Miami, desde sus congresistas federales, el alcalde y los comisionados hasta los bomberos y los miembros de la fuerza policial, quienes abiertamente se negaron a obedecer la ley y no hicieron nada para ponerle fin al más
publicitado caso de abuso infantil ocurrido alguna vez. Y, en segundo lugar, pero no por eso menos increíble, que nada le ocurrió a un grupo de individuos que de forma tan clara había violado a ley con el secuestro de un niño y la violencia y los disturbios que crearon en toda la ciudad cuando fue rescatado por el gobierno federal. Nadie fue procesado, arrestado, ni multado. Ninguna autoridad local fue destituida, sustituida, ni invitada a renunciar. El caso Elián demostró que la impunidad anticastrista reina en Miami.
Cuando los jurados se sentaron por primera vez en la sala del tribunal para realizar su deber de ciudadanos ellos probablemente se sorprendieron. Ahí, en vivo, estaban las ―celebridades de Miami‖ a las que ellos estaban tan acostumbrados a ver, día y noche, en la televisión local. Y estaban todos juntos, algunas veces sonriendo y abrazándose unos con otros, como viejos compinches. Los secuestradores y los encargados de ―hacer cumplir la ley‖ en contubernio con los fiscales (esas valientes personas que nunca aparecieron cuando un pequeño niño estaba siendo molestado frente a los medios de prensa).
Los jurados pasaron siete meses en esa habitación mirando a, y siendo observados por las mismas personas tan familiares para ellos y que ahora estaban en el banco de los testigos, en el área del público o en la esquina de la prensa, las mismas personas que ellos van a encontrar frecuentemente en el parqueo, en la entrada del edificio, en los corredores. Algunos de vez en cuando mostrando orgullosamente el atuendo usado en su última incursión militar a Cuba.
Los jurados los escucharon explicar en detalles sus hazañas criminales y decir una y otra vez que ellos no estaban hablando del pasado. Fue un extraño desfile de individuos compareciendo ante una corte judicial y reconociendo sus acciones violentas contra Cuba que fueron planeadas, preparadas y emprendidas desde su propio vecindario.
Ahí, haciendo discursos, exigiendo el peor castigo, difamando y amenazando a los abogados de la defensa.
La jueza hizo lo que pudo para tratar de preservar la calma y la dignidad. Ella realmente le ordenó al jurado, muchas veces, que no considerara ciertos comentarios inapropiados, pero haciendo eso no podían borrarse de las mentes de los jurados sus efectos perjudiciales y aterradores.
Las consecuencias fueron obvias. La decisión del panel de la Corte de Apelaciones lo planteó en términos muy claros: ―la evidencia sacó a relucir las actividades clandestinas no sólo de los acusados, sino también de varios grupos de exilados cubanos y de sus campos paramilitares que continúan operando en el área de Miami… La percepción de que estos grupos podían inferir daños a los jurados que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista, era palpable‖. (Undécimo Circuito del Tribunal de Apelaciones, No. 01-17176, 03-11087)
Pero hubo más. Después de oír y de ver la abundante evidencia de actos de terrorismo que los acusados habían tratado de evitar, el Gobierno tuvo éxito en defender a los terroristas al lograr que la Corte inexplicablemente estuviera de acuerdo en quitarle al jurado el derecho de exonerar a los Cinco sobre la base del derecho de necesidad que era el fundamento de su defensa.
El corazón de la cuestión, en este caso, fue la necesidad de Cuba de proteger a su pueblo de los intentos criminales de los terroristas que gozan de total impunidad en territorio de los EE.UU.. La ley en los Estados Unidos es clara: si se actúa para prevenir un daño mayor, incluso si él/ella viola la ley en el proceso, estará exento de cualquier incriminación porque la sociedad reconoce la necesidad, incluso los beneficios, de ejecutar esa acción.
Estados Unidos, única superpotencia mundial, ha interpretado este principio universal para llevar la guerra a tierras lejanas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Pero al mismo tiempo, se negó a reconocerlo para cinco hombres desarmados, pacíficos, no violentos que, en nombre de un país pequeño, sin causar daño a nadie, trataron de evitar las acciones ilícitas de delincuentes que han encontrado refugio y apoyo en los EE.UU..
El gobierno de EE.UU., a través de los fiscales de Miami, fue aún más lejos, hasta lo último, para ayudar a los terroristas. Lo hicieron muy abiertamente, por escrito y con discursos apasionados que curiosamente no se consideran de interés periodístico.
Eso sucedía en el año 2001. Cuando los fiscales del Sur de la Florida y el FBI local estaban muy ocupados castigando duramente a los Cinco y ofreciendo protección a ―sus‖ terroristas, los criminales que ejecutaron el ataque del 11 de Septiembre se estaban entrenando, sin ser molestados y desde hacía bastante tiempo, en Miami. Debieron tener una razón de peso para preferir ese lugar.
IV
En Sus Propias Palabras
Las desproporcionadas condenas impuestas a los Cinco — Gerardo Hernández Nordelo (2 cadenas perpetuas mas 15 años), Ramón Labañino Salazar (1 cadena perpetua mas 18 años), Antonio Guerrero Rodríguez (1 cadena perpetua mas 10 años), Fernando González Llort (19 años), y René González Seheweret (15 años) — contrastan claramente con las que se han aplicado en años recientes en los EEUU a otras personas acusadas por practicar realmente el espionaje, a veces a escalas inusuales, e incluso en algunos casos vinculadas a acciones armadas violentas en contra de los EEUU. Ninguno de ellos fue condenado a cadena perpetua; todos recibieron sentencias inferiores a las de los Cinco cubanos, algunos ya incluso cumplieron sus sentencias y se
encuentran en libertad, y a otros, condenados por espionaje, les han sido retirados los cargos por la administración de Obama y han sido liberados. La naturaleza excesiva de las sentencias de los Cinco constituye una muestra de la motivación política vengativa de todo el juicio, como también lo son las condiciones de su encarcelamiento, incluyendo los muy severos obstáculos para las visitas familiares, que llegan al extremo de haber negado todo el tiempo las visas a las esposas de René y Gerardo.
Sin embargo, hay un aspecto todavía más revelador que demuestra que el propósito del gobierno estadounidense era dar refugio y proteger a los terroristas anti-cubanos, para evitar que se descubrieran sus siniestros planes, convirtiéndose así en cómplice y encubridor de sus futuras atrocidades.
Para la administración Bush, esto era tan importante o más, que los desproporcionados años de encarcelamiento. Esto fue lo que la fiscalía dijo, de manera vehemente y en términos bastante gráficos, cuando solicitó al Tribunal un castigo adicional: la ―inhabilitación‖.
¿Qué significa esto? En sus propias palabras, para el gobierno era esencial asegurar que estos 5 individuos, luego de cumplir sus condenas, nunca más pudieran hacer nada que pudiese afectar las actividades de los terroristas que operan en Miami bajo la protección del gobierno estadounidense. Para garantizar esto, los fiscales solicitaron, y el tribunal les concedió, disposiciones especiales en cada sentencia, asegurándose de que, luego de completar su período de encarcelamiento, incluso una o más cadenas perpetuas, los acusados queden imposibilitados de hacer aquello que los llevó a la cárcel. Gerardo, Ramón y Fernando nacieron en Cuba, y como extranjeros indeseables, una vez terminado su tiempo en prisión serán expulsados inmediatamente del territorio estadounidense. Esto fue específicamente incorporado en cada una de sus sentencias, incluida la de Gerardo, que luego de pasar en prisión 15 años de su segunda vida será inmediatamente deportado. (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, página 93).
René y Antonio planteaban un problema particular. Habiendo nacido en Chicago y Florida, respectivamente, ambos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y no pueden ser obligados a abandonar el país. Esto requirió de ideas más imaginativas y de una inspirada retórica por parte de los fiscales, que hicieron gala de ambas.
Era necesaria una explicación más franca y precisa de la ―inhabilitación‖.
Primero vino René, sentenciado ―solo‖ a 15 años. Los fiscales expresaron sin rodeos su grave preocupación con la posibilidad de que un hombre todavía joven, fuera liberado y volviera a intentar hacer de nuevo lo que una vez hizo. El Tribunal, en atención a la preocupación del gobierno, añadió este peculiar requisito a la sentencia de René: “Como una condición especial adicional a la
liberación supervisada se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado” (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, páginas 45-46).
Entonces llegó el turno de Antonio Guerrero, que ya había recibido una cadena perpetua más 10 años en prisión. Los fiscales tuvieron que emplear todos los recursos de su elocuencia. Para el gobierno la ―inhabilitación‖ era de vital importancia. No podía correr riesgos, y cuando Antonio se enfrentó al Tribunal el 27 de diciembre de 2001, se le añadió a su sentencia, palabra por palabra, la misma ―condición especial‖ impuesta previamente a René.
Todo esto sucedió en diciembre de 2001, solo 3 meses después del horror del 11 de septiembre. Desde ese fatídico día, George W. Bush se hizo famoso exigiendo una guerra masiva contra los terroristas y contra cualquiera que les diera cualquier tipo de ayuda. Solo una cita de su reiterativo discurso: “Cualquier gobierno que apoye, proteja o refugie a terroristas será cómplice en el asesinato de inocentes, e igualmente culpable de crímenes terroristas”. Tenemos que tomarle la palabra a George W. Bush.
P.D. En octubre de 2011 René González habrá cumplido su condena si la defensa no logra sacarlo antes. En cualquier caso, él estará bajo libertad supervisada durante la actual administración. ¿Intentará el presidente Obama ―inhabilitarlo‖? ¿Se le prohibirá a René hacer cualquier cosa que moleste a los terroristas donde ―se sabe que están o frecuentan‖?
V
“Espías” Sin Espiar
La primera acta acusatoria, en septiembre de 1998, inculpaba a los cinco cubanos de ser agentes de Cuba no registrados y de otras violaciones menores. El gobierno también acusó a tres de ellos -Gerardo, Ramón y Antonio- de ―conspiración para cometer espionaje‖ (Cargo 2).
La Fiscalía no acusó a ninguno de ellos de espionaje en sí por una razón muy simple: no existió nada semejante y por lo tanto nunca habría podido ser probado. Los fiscales fueron aún más lejos. En su declaración inicial advirtieron al jurado que no esperara que ellos revelaran ningún secreto ni nada por el estilo. Lo único que tenía que hacer la Fiscalía era ―convencer‖ a los miembros del jurado que los acusados eran personas realmente malas capaces de concebir un intento de poner en peligro la Seguridad Nacional de los Estados Unidos en algún momento de un hipotético futuro. Y, argumentaron, que los
acusados tenían que recibir el castigo más severo posible, porque eran unos tipos verdaderamente malos que perturbaban la paz y la tranquilidad de Miami. ¿Recuerdan a Elián?
Para lograr ese objetivo los fiscales, a pesar de lo que su propia acusación decía, hicieron en el juicio declaraciones del tipo más violento, acusando a los Cinco de nada menos que tratar de ―destruir a los Estados Unidos‖ y recordándoles a los atemorizados miembros del jurado que si no los condenaban estarían ―traicionando a la comunidad‖.
Los medios de comunicación se encargaron del resto. Ellos siempre han presentado a los Cinco Cubanos como ―espías‖, o como personas acusadas de ser ―espías‖. Los medios realmente se excedieron en el cumplimiento de su tarea. Siguieron repitiendo la misma cantinela, incluso después de que la Corte de Apelaciones en banc concluyó unánimemente en septiembre de 2008 que no había pruebas de que los acusados hubieran ―obtenido o transmitido información secreta‖ o de que hubieran dañado la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y por lo tanto decidió que las sentencias por el Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas, las anuló y decretó que Ramón y Antonio fueran resentenciados. (Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones, No. 01-17176, DC, Docket No. 98-00721-CR-JAL , páginas 70-81).
Sin embargo, a pesar de reconocer que el mismo procedimiento debía aplicarse a Gerardo, en un increíble acto de discriminación judicial, el tribunal se negó a hacerlo aduciendo que una cadena perpetua ya estaba pesando en su contra. De hecho, era muy fácil darse cuenta de que en este caso no estaba involucrada ninguna información secreta o militar, y que la seguridad nacional de los EE.UU. nunca estuvo afectada. Eso fue lo que dijo el Pentágono, en un lenguaje claro y sencillo antes de que comenzara el juicio. Ese fue el testimonio, bajo juramento, del almirante retirado Eugene Carroll (transcripciones oficiales, páginas 8196-8301), del general de Ejército retirado Edward Breed Atkeson (Idem páginas 11049-11199), del general y ex comandante del Comando Sur Charles Elliot Wilhelm (Idem páginas 11491-11547), y del teniente general retirado de la Fuerza Aérea James R. Clapper (Idem páginas 13089-13235).
Sus testimonios no fueron secretos, sino que fueron hechos voluntariamente en audiencia pública. Probablemente un desfile como ese, de distinguidos y condecorados jefes militares respaldando la inocencia de unos jóvenes revolucionarios cubanos, no había ocurrido anteriormente ante un tribunal de los Estados Unidos. Esto no fue noticia fuera de Miami, pero las transcripciones oficiales del juicio están ahí para el que quiera leerlas.
Desde que los Cinco fueran condenados han tenido lugar otros casos, cuyos resultados contrastan claramente con el de ellos. Vamos a examinar muy brevemente algunos.
Khaled Abdel-Latif Dumeisi, acusado de ser un agente no registrado del gobierno de Saddam Hussein. Fue condenado en abril de 2004, en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irak, a 3 años y 10 meses de prisión.
Leandro Aragoncillo fue hallado culpable en julio de 2007 de transmitir información secreta de defensa nacional de los Estados Unidos (alrededor de 800 documentos clasificados) obtenidos desde su oficina en la Casa Blanca, donde trabajaba como asistente militar de los vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney. El Sr. Aragoncillo fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su co-conspirador, Michael Ray Aquino, recibió una sentencia de 6 años y 4 meses.
Gregg W. Bergersen, un analista del Departamento de Defensa, fue hallado culpable en julio de 2008 de suministrar información de defensa nacional a personas no autorizadas a cambio de dinero y regalos, y fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión.
Lawrence Anthony Franklin, un coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU., que trabajaba en el Departamento de Defensa, fue hallado culpable de entregar información clasificada y de defensa nacional, incluyendo secretos militares, a representantes de un gobierno extranjero y fue sentenciado a 12 años y 7 meses de prisión. Sin embargo, nunca entró a una prisión federal. Estaba en libertad mientras apelaba y en mayo pasado el Departamento de Justicia retiró los cargos que sustentaban su caso.
Está de más decir que ninguno de los casos referidos anteriormente fue juzgado en el sur de la Florida, ni involucraba ningún intento de frustrar planes criminales.
Los Cinco recibieron, en conjunto, cuatro cadenas perpetuas más 77 años. Ellos no trabajaban en la Casa Blanca, ni en el Pentágono, ni en el Departamento de Estado. Nunca tuvieron ni trataron de tener acceso a información secreta alguna. Pero hicieron algo imperdonable. Lucharon contra el terrorismo anticubano y lo hicieron en Miami.
VI
Acusación À La Carte
Más de siete meses después de que los Cinco fueran arrestados y acusados, el Gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo cargo. También fue de ―conspiración‖, pero esta vez para cometer asesinato en primer grado y fue presentado específicamente contra uno de los Cinco, Gerardo Hernández Nordelo.
La nueva acusación apareció después de una campaña pública en Miami promovida activamente por ―periodistas‖ en la nómina del Gobierno norteamericano, que incluía reportes acerca de reuniones en lugares públicos donde participaban líderes bien conocidos del exilio cubano, fiscales de Estados Unidos y funcionarios del FBI, en las que se discutía abiertamente la acusación contra Gerardo. Esta se convirtió en una clara demanda de los grupos más violentos de la ciudad y fue el centro de atención de los medios locales.
El Gobierno accedió al reclamo e introdujo una Segunda Acta Acusatoria Sustitutiva cuya diferencia esencial era la adición de este ―crimen‖ a la lista de cargos contra Gerardo.
Esto fue una concesión política a los terroristas anti-cubanos, que buscaban venganza por el derribo por parte de la Fuerza Aérea Cubana, el 24 de febrero de 1996 de dos aviones (Modelo O2 utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, primero durante la guerra en Vietnam y después en El Salvador, como era concretamente el caso con estos dos), piloteados por miembros de un violento grupo anti-cubano, un hecho que había tenido lugar dos años antes de que los Cinco fueran detenidos, cuando esas avionetas estaban dentro del espacio aéreo cubano.
De hecho, el momento escogido era muy sospechoso. De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno en el juicio, el FBI había descubierto la naturaleza real de la misión revolucionaria de Gerardo en Miami y controlaba sus comunicaciones con la Habana al menos desde un par de años antes del derribo de las avionetas. Si ese incidente fue el resultado de una ―conspiración‖, en la cual Gerardo fue un participante clave, ¿por qué él no fue arrestado en 1996? ¿Por qué este tema no fue ni siquiera mencionado en septiembre de 1998 cuando fue detenido y acusado por primera vez?
Las avionetas pertenecían a un grupo liderado por José Basulto, un veterano agente de la CIA involucrado en muchas acciones paramilitares desde 1959, incluida la invasión de Bahía de Cochinos y una serie de intentos de asesinato a Fidel Castro. En los 20 meses que precedieron al incidente, este grupo había penetrado el espacio aéreo cubano en 25 ocasiones, cada una de ellas denunciada por el gobierno cubano.
Después de muchas gestiones diplomáticas el gobierno de Estados Unidos quiso parecer receptivo. Inició una investigación acerca de esos vuelos, solicitando la ayuda de Cuba en la entrega de detalles de provocaciones previas, acusando recibo de los mismos y agradeciéndole por ello. El 24 de febrero de 1996 tales procedimientos administrativos no habían sido completados, pero más tarde al Sr. Basulto le fue retirada su licencia de piloto por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) y no puede volar más (al menos legalmente).
Los provocadores habían anunciado descaradamente que iban a continuar realizando vuelos ilegales dentro del espacio aéreo cubano e incluso proclamaron que la isla, que estaba en ese momento sufriendo su peor crisis – peor en términos económicos, que la Gran Depresión, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas – no era capaz de responder a sus incursiones ilegales. En enero, el Sr. Basulto llevó con él un equipo de televisión de la NBC desde Miami que filmó y trasmitió cómo ellos sobrevolaban el centro de la ciudad de la Habana lanzando propaganda y otros materiales. Cuba hizo pública su decisión de no tolerar más tales provocaciones, envió las notificaciones apropiadas a quienes correspondía, incluyendo el Gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la FAA, que a su vez advirtió a Basulto y su grupo que debían abstenerse de tales vuelos.
La supuesta ―conspiración‖ fue en si misma una estupidez monumental, incomprensible para cualquier mente racional. La hipótesis era que el gobierno cubano había decidido provocar una guerra total con Estados Unidos, una confrontación militar que obviamente hubiera resultado en un terrible golpe no solo para el gobierno cubano, sino para toda la nación y su pueblo. En cualquier crimen la motivación es siempre un factor clave, una señal decisiva. ¿Cuál podría haber sido la motivación de Cuba para provocar un evento de ese tipo precisamente en ese momento, 1996, el de más riesgo para la supervivencia de nuestro país, sin aliados ni amigos en un mundo y un hemisferio bajo el control total de Estados Unidos?
Cuba hizo exactamente lo contrario. Denunció una y otra vez cada provocación a la FAA y a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI, la institución vinculada a Naciones Unidas que se encarga de estos asuntos) y envió decenas de notas diplomáticas al Departamento de Estado. Pero Cuba fue más allá. Hizo su mayor esfuerzo para llegar al más alto nivel de la administración norteamericana, la Casa Blanca, tratando de prevenir más incidentes.
El número de enero de 1998 de la revista The New Yorker dedicado a Cuba en ocasión de la visita del Papa incluyó un artículo serio en el que se puede encontrar un recuento bastante objetivo de esos esfuerzos de Cuba. (Carl Naguin, Annals of Diplomacy Backfire, The New Yorker, January 26, 1998, http://www.newyorker.com/archive/1998 )
Sí, hubo una conspiración para provocar la tragedia del 24 de febrero de 1996. Pero fue un trabajo total y exclusivo de los mismos grupos de Miami que han
desencadenado una campaña terrorista de medio siglo contra Cuba, la misma cuadrilla que más tarde secuestraría a Elián González, un niño de 6 años. Hechos de los cuales ellos siempre han salido impunes.
VII
Sucedió en Miami
La Corte de Distrito del Sur de la Florida no es un tribunal internacional, ni tampoco un organismo de Naciones Unidas que tenga jurisdicción en asuntos que afecten las relaciones entre países. Tiene un deber muy específico, que es establecer si un determinado acusado es culpable o no de un cargo concreto. Al instruir al jurado en el caso de Gerardo Hernández, la Corte evocó el lenguaje de la acusación del Gobierno:
“El Cargo 3 refiere que el acusado Gerardo Hernández conspiró con otras personas para perpetrar un asesinato, es decir, la muerte sin justificación legal de seres humanos con intención criminal y premeditación en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.” (Trascripción del juicio ante la Honorable Joan A. Lenard, Junio 4, 2001, Págs. 14587 – 14588)
La Jueza Lenard señaló que Gerardo:
“Puede ser encontrado culpable de ese delito solamente si todos los hechos siguientes son probados más allá de cualquier duda razonable:
Primero. Que las víctimas nombradas en la acusación están muertas.
Segundo. Que el acusado causó la muerte de las víctimas con intención criminal.
Tercero. Que el acusado lo hizo con premeditación.
Cuarto. Que el asesinato ocurrió dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos‖ (Ídem Págs. 14598 – 14599).
Y amplió más adelante:
“Matar con intención criminal significa matar a otra persona deliberada e intencionalmente… Se requiere adicionalmente matar con premeditación para probar la intención criminal y poder establecer el delito de asesinato en primer grado. La premeditación está típicamente asociada con el asesinato a sangre fría y requiere de un período de tiempo en el cual el acusado delibere o piense acerca del asunto antes de actuar.
Debe haber pasado suficiente tiempo, para que el asesino después de su intento de asesinar, esté completamente conciente de su intención. A ustedes
se les ha instruido que el lugar del supuesto asesinato, como se describe en el acta acusatoria, si ustedes fallan más allá de cualquier duda razonable que ese delito ocurrió ahí, sería dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.” (Idem Págs. 14599 – 14600).
Tal crimen nunca ocurrió. Durante siete meses de juicio los fiscales no pudieron presentar ninguna evidencia que implicara a Gerardo en los trágicos sucesos del 24 de febrero de 1996, ni pudieron demostrar, ―más allá de una duda razonable‖, la localización exacta del incidente – algo que ya los expertos de la OACI no habían podido determinar.
Debe señalarse, sin embargo, que los radares cubanos mostraron claramente que el derribo tuvo lugar bien adentro de nuestro territorio, que los únicos restos fueron hallados muy cerca del Malecón de la Habana y que la guardia costera de Estados Unidos, al no poder encontrar nada en aguas internacionales, solicitó oficialmente el 25 de febrero a través del Departamento de Estado permiso a Cuba para buscar dentro de nuestras aguas territoriales. Los medios locales – los mismos ―periodistas‖ pagados por el gobierno que habían fabricado la acusación en el Cargo 3 – se pusieron nerviosos e incluso anunciaron un inminente fracaso.
Unos días antes, tan pronto como la jueza le dio a conocer a las partes sus instrucciones al jurado, los fiscales hicieron algo que ellos mismos describieron como “un paso sin precedentes de petición” – a la Corte de Apelaciones – “de una orden inhibitoria” porque ““a la luz de las pruebas presentadas en este juicio, esto [las instrucciones al jurado] constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo”.(Petición de Emergencia de una Orden Inhibitoria, Mayo 30, 2001, Págs. 4 y 21).
Después de reconocer de nuevo que la instrucción “impone una barrera insuperable a esta fiscalía” el gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones decidir urgentemente:
“Que a la corte de distrito se le ordene instruir al jurado que no es necesario que el jurado halle que el acusado Hernández o sus co-conspiradores en el cargo 3 de la acusación acordaran que los asesinatos ocurrieran en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.”
“Que a la corte de distrito se le prohíba dar las pautas de la instrucción al jurado sobre asesinato en primer grado e instruir al jurado que debe hallar que el acusado Hernández conspiró para cometer asesinato premeditado.” (Ídem, Pag. 39).
La Corte de Apelaciones rechazó la petición de emergencia y en consecuencia la jueza de distrito mantuvo sus instrucciones como se citan anteriormente.
Algunos en el equipo de defensa estaban celebrando regocijados una victoria que fue pronosticada incluso por los fiscales.
Pero al jurado le tomó unos pocos minutos, sin hacer ninguna pregunta, hallar a Gerardo culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos, un ―crimen‖ que él no cometió y que los fiscales trataron desesperadamente de retirar. Sucedió en Miami. Si allí es normal secuestrar con impunidad a un niño de seis años, ¿por qué sería difícil condenar a un joven por un ―crimen‖ que no ocurrió?
VIII
El Juicio De Pryor
Cuando la histórica decisión unánime fue revocada a instancias del Fiscal General de W. Bush (Remember Elian? CounterPunch, Agosto 11, 2009), el mismo panel de tres jueces tenía que escuchar los temas que quedaban además del de la sede, que había sido sobre el que ellos habían expresado su memorable opinión. Sin embargo, mientras tanto, uno de los jueces, el mayor y el más liberal, se había retirado y otro fue designado para sustituirlo. El elegido para ese papel fue uno nombrado por Bush durante un receso del Senado, William H. Prior, cuya nominación, descrita como “una de las más polémicas de la historia reciente”, había provocado un gran revuelo en el Senado, que lo confirmó con la oposición de 45 senadores.
El Senador Kerry, afirmó que el nuevo juez ―ha sido un constante defensor de la disminución de los derechos garantizados por la constitución” con su “constante búsqueda de opiniones legales extremas e incorrectas… como resultado nuestro sistema jurídico federal tendrá menos habilidad para proteger los derechos constitucionales que nos son tan caros” (Actas del Congreso, Senado Junio 14, 2005).
Pryor fue criticado por algunos de los principales periódicos, y fue descrito como un “fanático de derecha que no está capacitado para juzgar”. Sintetizando su historial Jeffrey St.Clair manifestó: “él va mucho, mucho más allá que incluso muchos de las ideólogos más extremistas en su partido”. (“Pryor unrestraint”, CounterPunch, Junio 14, 2003).
El Sr. Pryor escribió la opinión de rechazo de la Corte a los otros temas presentados por la defensa con un lenguaje que en momentos era más cercano a la vulgar diatriba y a las calumnias anti-cubanas que al estilo balanceado y sobrio de los documentos legales (incluso algunos terroristas bien conocidos, descritos correctamente como tales por el panel anterior, fueron ahora convertidos en patrióticos luchadores por la libertad). Curiosamente, la acusación de ―espionaje‖ fue fabricada de forma tan torpe y el juicio de Miami
incluía otros errores tan obvios, que Prior tuvo que estar de acuerdo con los otros dos jueces en anular las sentencias de tres de los acusados. (Espías sin Espiar, CounterPunch Agosto 28-30, 2009).
Esta vez el panel estuvo dividido en un punto crucial: el Cargo 3 – conspiración para cometer asesinato. Uno de los jueces, J. Birch, a pesar de coincidir con la opinión de Prior reconoció que ―este tema presenta un caso muy cerrado” y reiteró “que la moción para cambio de sede debió haber sido otorgada” agregando que “Los acusados estuvieron sujetos a tal grado de daño basado en el demostrado prejuicio dominante en la comunidad que sus condenas debieron ser revocadas”. (US Court of Appeals for the Eleventh Circuit N. 01-17176, DC Docket No. 98- 00721 CR-JAL, Page 83).
La Jueza Phillys Kravitch en una impresionante opinión discrepante de 15 páginas demostró la terrible injusticia cometida por sus colegas en contra de Gerardo Hernández.
Ella señaló: “Un país no puede legalmente derribar una aeronave en el espacio aéreo internacional, en contraste con un país que derribe una nave aérea extranjera dentro de su propio territorio cuando los pilotos de esas aeronaves que han sido advertidos en repetidas ocasiones que respeten los límites territoriales, han dejado caer objetos sobre el territorio, y cuando el objetivo de los vuelos es desestabilizar el sistema político del país. Así, la cuestión de si el Gobierno suministró suficiente evidencia que apoyara la condena a Hernández depende de si presentó suficiente evidencia para probar que él estuvo de acuerdo en derribar los aviones en el espacio aéreo internacional, en contraposición con el cubano.” (Ídem Págs. 94-95) y a este respecto “el Gobierno no pudo señalar ninguna evidencia.” (Ídem Pág. 98).
Pero más allá del tema de la ubicación del incidente “el Gobierno no pudo aportar en lo absoluto suficiente evidencia de que Hernández estuvo de acuerdo en el derribo de los aviones. Ninguna de las comunicaciones interceptadas que el Gobierno presentó en el juicio muestra un acuerdo para derribar los aviones. Como mucho, la evidencia muestra un acuerdo para “confrontar” a los aviones de “Hermanos al Rescate”. Pero una “confrontación” no significa necesariamente un derribo.”
Para demostrar que tenía razón hizo referencia a los testimonios y cintas de video presentadas en el juicio: “Esta evidencia demuestra lo obvio: existen muchas formas en las que un país puede “confrontar” a una nave aérea extranjera. Pero el Gobierno no presentó ninguna evidencia de que cuando Hernández estuvo de acuerdo en ayudar a “confrontar” a “Hermanos al Rescate” él haya accedido a que la confrontación fuera un derribo. Concluir que la evidencia sí muestra esto va más allá de meras inferencias a una total especulación… Debido a que tanta evidencia señala hacia una “confrontación” y no hacia un derribo, yo no puedo decir que un jurado razonable – dada toda la evidencia – pueda concluir más allá de una duda razonable que Hernández estuvo de acuerdo con el derribo.” (Idem Págs. 96-97)
Esto era tan obvio que el mismo Gobierno había reconocido en una petición de emergencia “sin precedentes” a esa misma Corte de Apelaciones que demostrar la inventada culpabilidad de Gerardo en un crimen tan fabricado constituía un “obstáculo insuperable” para la fiscalía.
Ese habría sido el caso con un ―jurado razonable‖ en cualquier otra sede. Pero no en Miami, donde los intimidados jurados estaban rodeados en la sala del tribunal de una banda de individuos que proclamaban sus proezas terroristas y habían sido capaces de secuestrar a Elián González, siempre con total impunidad y que se unieron al Gobierno en la solicitud del peor castigo para Gerardo. Eso pudiera haber sido comprendido por cualquier juez razonable. Pero no por un “fanático de derecha que no está capacitado para juzgar”.
Alguien en la Casa Blanca estaba feliz. Su nombrado en el cargo le sirvió bien. A Gerardo le confirmaron sus dos cadenas perpetuas con el voto renuente y paradójico de un juez, Birch, que insistió en que las “condenas [de todos los Cinco] deben ser revocadas” y una digna dama que mantuvo su opinión discrepante: “el Gobierno no presentó ninguna evidencia” para sostener su acusación.
Después del vergonzoso fallo de Pryor los Cinco apelaron a la Corte en banc. Esta vez ellos no estaban cuestionando una decisión unánime y bien fundada – como hizo el Gobierno en el 2005 – sino una claramente injusta y prejuiciada que había dividido profundamente al panel en relación con el Cargo 3, con la Kravitch rechazándola con impecable consistencia y Birch – después de reconocer sus argumentos, pero ignorando la presunción de inocencia y sus propias ―dudas razonables‖ – decidiendo de una manera rara unirse a la posición pro-Gobierno y a la lógica neoconservadora de Prior.
Pero esta vez la Corte de Apelaciones confirmó las discutibles conclusiones del panel. Los jueces de Atlanta incluso se olvidaron que fue a ellos a los que el mismo Gobierno les había hecho una “petición de emergencia” admitiendo que no habían podido probar la culpabilidad de Gerardo.
IX
El Reclamo Ignorado
Habiendo agotado todas las posibilidades de apelación, los Cinco solicitaron a la Corte Suprema que revisara su caso. No estaban pidiendo demasiado. Este era un caso que merecía la atención de los magistrados de la Corte Suprema por una serie de razones, algunas de naturaleza realmente excepcional.
Durante todo el proceso – el más prolongado en su momento en la historia de Estados Unidos – estuvieron presentes un grupo de violaciones de derechos constitucionales, así como contradicciones con otros circuitos (consideradas
como los asuntos principales a tratar por la Corte Suprema) en importantes temas, tales como la sede, la discriminación racial durante la selección del jurado, las sentencias y los derechos de los acusados y sus abogados.
Este era, además, un caso vinculado directamente con grupos terroristas y sus actividades dentro del territorio de Estados Unidos – en un momento en que el terrorismo se suponía que era el tema más importante – y con claras implicaciones desde el punto de vista de las relaciones internacionales; un caso en el cual Generales y jefes militares e incluso un asesor principal de un Presidente habían declarado como testigos. Tuvo la distinción de ser único en varios sentidos.
La decisión unánime del panel original de la Corte de Apelaciones, después de haber examinado todos los aspectos del caso durante varios años, de anular todas las condenas y ordenar un nuevo juicio, fue única en si misma, como lo fue el documento de 93 páginas que la contenía. La decisión del Gobierno, tomada al más alto nivel, de solicitarle a la Corte en banc que la revocara fue muy excepcional y fue muy raro que se lograra que la Corte accediera a una petición tan inusual.
Por otra parte, no es algo corriente para un juez de apelaciones solicitarle a la Corte Suprema que revise un caso, mucho menos hacerlo dos veces como lo hizo el Juez Birch, quién reiteró esa demanda mientras que paradójicamente se unía a Pryor en su vergonzoso fallo.
Este caso fue único también en cuanto a la preocupación y el interés en todo el mundo.
En el 2005, antes de la decisión del panel de la Corte de Apelaciones, una decisión muy importante y también única fue adoptada de forma unánime por el Grupo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Esta es una entidad completamente independiente, no un organismo intergubernamental, con cinco jueces – uno por cada continente – que no representan a ningún estado miembro de las Naciones Unidas y que actúan exclusivamente en su capacidad personal. Esos jueces estudiaron la situación de los Cinco a pedido de sus esposas y madres. El Grupo pasó varios años investigando el caso en su totalidad e interactuando con los Estados Unidos mediante correspondencia oficial. El gobierno cubano nunca fue consultado, y no debía serlo, porque Cuba no era parte en ese proceso.
Fue una decisión que hizo historia. El Grupo llegó a la conclusión que la privación de libertad de los Cinco fue arbitraria y en contravención de los Convenios de Derechos Humanos de Naciones Unidas pertinentes y llamó al Gobierno de Estados Unidos a que tomara medidas para remediar la situación. El grupo señaló que: “el juicio no tuvo lugar en el clima de objetividad e imparcialidad que se necesita” y “el Gobierno [de Estados Unidos] no ha negado que el clima de predisposición y prejuicio contra los acusados en Miami
persistió y contribuyó a presentar a los acusados como culpables desde el principio. No fue impugnado por el Gobierno el hecho de que un año más tarde él mismo admitió que Miami no era el lugar adecuado para celebrar un juicio donde estaba probado que era casi imposible seleccionar un jurado imparcial en un caso vinculado con Cuba.”
“El Gobierno no ha refutado el hecho de que los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia debido a la clasificación del caso por parte del Gobierno como de seguridad nacional”, lo que “ha socavado el equilibrio equitativo entre la acusación y la defensa y afectó negativamente la capacidad [de la defensa] para presentar evidencia contraria.”
Los expertos de Naciones Unidas señalaron que los acusados “fueron mantenidos en confinamiento solitario durante 17 meses”, y como consecuencia ―la comunicación con sus abogados y el acceso a la evidencia y, con ello, las posibilidades de una defensa adecuada se vieron debilitadas”. Para concluir fallaron que estos ―tres elementos enunciados arriba, en conjunto, son de tal gravedad que confieren a la privación de libertad de estas cinco personas un carácter arbitrario”. (Informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria E/CN.4/2006/7/Add.1 p. 66, Opinión No. 19/2005 – Estados Unidos de América)
Esta fue la primera y única vez en la historia de Estados Unidos y en la historia de las Naciones Unidas en que un organismo de ONU haya declarado un proceso judicial en los Estados Unidos injusto y contrario a las normas establecidas universalmente de derechos humanos y al Derecho Internacional. Pero esas conclusiones de cinco jueces independientes, ninguno de ellos, por cierto, de izquierda o radical, no se encontraban fácilmente en los medios norteamericanos y la mayoría de los estadounidenses probablemente nunca han oído hablar de ellas.
Muchos norteamericanos no conocen acerca de los Cinco porque a ellos no se les permite saber.
No sólo el largo juicio de los Cinco fue mantenido en las sombras, a los norteamericanos no se les ha permitido saber que este caso ha estado muy presente en las mentes de muchos millones de personas en todo el planeta. Los grandes medios corporativos que no informaron sobre su batalla legal colocaron una cortina de silencio similar alrededor del amplio y creciente movimiento de solidaridad que los Cinco han recibido de prácticamente todas partes, desde Irlanda hasta Tasmania, desde Canadá hasta Namibia. Iglesias, parlamentos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, escritores, abogados y personas de todas las posiciones y condiciones sociales han expresado su preocupación e interés en todos los idiomas, incluyendo el inglés.
Pero la Corte Suprema no se tomó la molestia de escuchar.
X
Un Insulto A La Humanidad
El 6 de marzo de 2009 doce documentos de Amigos de la Corte (Amicus Briefs) fueron presentados en apoyo a la petición de revisión de los Cinco. Ese fue el mayor número de documentos de este tipo que haya instado jamás a la Corte Suprema a que revisara un caso criminal.
Ocho de los documentos fueron presentados por instituciones o personas en Estados Unidos: la Asociación Nacional de Abogados Defensores Criminalistas; la Asociación de Abogados Defensores Criminalistas de la Florida, Capítulo de Miami; el Proyecto Nacional de Jurados; el Gremio nacional de Abogados y la Conferencia Nacional de Abogados Negros; el Instituto William C. Velásquez y la Asociación Política Mexicano-Americana; la Clínica de Derechos Civiles de la Facultad de Derecho de la Universidad Howard; el Centro para la Política Internacional y el Consejo de Asuntos Hemisféricos; y un amicus presentado por los Profesores Nelson P. Valdés, Guillermo Grenier, Félix Masud-Piloto, José A. Cobas, Lourdes Arguelles, Rubén G. Rumbaut y Louis Pérez, distinguidos académicos cubano-americanos, autores de algunos de los más importantes libros sobre la emigración cubana a Estados Unidos.
El apoyo de todo el mundo fue realmente impresionante:
Un amicus fue presentado por diez Premios Nobel: José Ramos-Horta (Presidente de la República de Timor Leste), Wole Soyinka, Adolfo Pérez Esqivel, Nadine Gordimer, Rigoberta Menchú, José Saramago, Zhores Alferov, Darío Fo, Günter Grass y Máiread Corrigan Maguire.
Otro, por una cifra récord de legisladores de todos los rincones del planeta: fue suscrito por el Senado de México y la Asamblea Nacional de Panamá en pleno, en ambos casos habiéndose discutido y decidido por unanimidad. También por Mary Robinson, ex Presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas; por decenas de miembros de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, incluyendo tres actuales Vicepresidentes y dos ex Presidentes y cientos de parlamentarios de Brasil, Bélgica, Chile, Alemania, Irlanda, Japón, México, Escocia y el Reino Unido. Este documento agregaba llamamientos similares de otros Premios Nobel, el Arzobispo Desmond Tutu y Harol Pinter, y del Consejo de Iglesias de América Latina, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina y el Caribe, el Parlamento Latinoamericano, así como los otros órganos legislativos regionales y resoluciones específicas de apoyo aprobadas por los parlamentos nacionales de Namibia, Mali, Rusia, México, Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú, Irlanda, Suiza y Bélgica, entre muchos otros.
Dos documentos separados fueron presentados por un amplio espectro de organizaciones de abogados y de personalidades:
Uno fue presentado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la Orden de Abogados de Brasil (con 700 000 miembros), Asociaciones de abogados de Bélgica, la Asociación de Abogados de Berlín y otras asociaciones alemanas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y un grupo de organizaciones religiosas, legales y de derechos humanos, profesores de derecho, y abogados de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Alemania, Japón, México, Panamá, Portugal, España y el Reino Unido. Entre las personalidades que firmaron estaban Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO y el Juez Juan Guzmán Tapia de Chile.
El otro amicus fue presentado por la Asociación Internacional de Abogados Demócratas; la Asociación Americana de Juristas, la Asociación de Abogados de la India, Droit Solidarité, la Sociedad Haldane y otras organizaciones legales de Italia, Japón, Filipinas, Portugal y Bélgica.
Un grupo de abogados norteamericanos se ofrecieron voluntarios para preparar esos documentos (como lo requiere la ley) consultando y coordinando con las muchas personas involucradas y presentando los documentos en tiempo y con el debido respeto a los parámetros técnicos y de otro tipo que la Corte ha establecido. Cada individuo o institución que presentaba un amicus tenía que identificarse con datos específicos, firmar personalmente y pagar. De conformidad con la Regla 37.6 de la Corte ―ninguno de los abogados de ninguna de las partes ha redactado este documento ni total ni parcialmente. Ningún abogado o entidad, a no ser los amigos de la corte o sus abogados, realizó contribución monetaria alguna con la intención de financiar la elaboración o presentación de este documento‖.
Fue un inmenso trabajo por el cual muchas personas merecen ser reconocidas. Todos los documentos, junto con una lista completa de los amigos de la corte pueden encontrarse en el blog SCOTUS (www.scotusblog.com) y en www.antiterroristas.cu.
Nunca sabremos que fue lo que los magistrados o sus asistentes pensaron, si es que lo hicieron, acerca de estos documentos. Nadie sabe si ellos siquiera les echaron un vistazo. Los amigos de la corte no recibieron ninguna respuesta ni comentario, ni siquiera un acuse de recibo de un asistente.
Nadie sabe tampoco como se pronunciaron los magistrados en relación con la solicitud de revisión. Solamente conocimos el 14 de junio que la petición de los Cinco había sido rechazada junto con las otras peticiones que la Corte había decidido no escuchar.
Un famoso poeta mexicano una vez definió la actitud imperial de Estados Unidos con la combinación de dos palabras: arrogancia e ignorancia. Al parecer la Corte es la suprema personificación de ambas.
XI
Misión Imposible
Cuando la Corte Suprema decidió no escuchar la petición de los Cinco, los magistrados actuaron exactamente cómo se les solicitó a nombre del Presidente Obama, mostrando que en este tema, no ha habido ningún cambio, evidentemente ningún cambio en el que nosotros podamos creer.
El pasado 14 de junio la Corte Suprema simplemente se unió a las otras dos ramas del Gobierno en su hostilidad hacia el pueblo de Cuba, que durante los años 90 había tenido entre sus principales características su complicidad con la campaña terrorista que ha costado vidas, sufrimiento humano y daños materiales, y que Estados Unidos en lugar de evitar – como era su obligación – toleró y promovió.
Inmediatamente después del derrumbe de la Unión Soviética, Cuba entró en una extremadamente severa crisis económica, para nosotros peor que la Gran Depresión de 1929. Este fue precisamente el momento escogido por Estados Unidos para fortalecer su bloqueo económico como se reflejó en la Enmienda Torricelli (1992) y en la Ley Helms-Burton (1996). El trío – Torricelli, Helms y Burton – al responderle a aquellos que objetaban las ilegales legislaciones extraterritoriales les aseguraba a sus colegas que ese era el último año del Gobierno dirigido por Fidel Castro.
Otros hicieron dinero fácil en esos días publicando textos baratos, que anunciaban con fechas específicas el inevitable fin de la Revolución Cubana. Esto se convirtió en un indiscutible dogma para muchos académicos, políticos y periodistas y una fuente de aliento para aquellos que han buscado venganza de forma activa durante décadas.
Algunos, no satisfechos con lo que ellos percibían como insuficiente agresividad por parte de Washington, trataron de realizar un asalto final a la isla abandonada y aislada.
Paradójicamente, en septiembre de 1994 y mayo de 1995 Cuba y Estados Unidos tuvieron éxito en la negociación de nuevos acuerdos migratorios en un ejercicio de tranquila diplomacia privada que incluyó el compromiso de avanzar hacia el levantamiento del bloqueo y una promesa de frenar las acciones terroristas contra Cuba.
Fue entonces cuando el Sr. Basulto y sus seguidores multiplicaron sus incursiones aéreas. Él fue muy franco al explicar sus intenciones. La supuesta
naturaleza ―humanitaria‖ de sus vuelos previos – ayudar a los cubanos indocumentados a entrar a Estados Unidos – había desaparecido desde el 2 de mayo de 1995 con la nueva política norteamericana de enviarlos de regreso a la Isla. Desde ese día, como reconoció el Sr. Basulto, los vuelos continuarían y se multiplicarían con propósitos subversivos. Casi a diario estaba en los medios anunciando la próxima provocación y proclamando que Cuba estaba tan debilitada por la crisis económica que no podía proteger sus fronteras, ni siquiera impedir que él sobrevolara el centro de la Habana, como hizo en más de una ocasión. Las autoridades de Estados Unidos sabían lo que él y su grupo estaban haciendo, como era sabido por cualquiera que tuviera un aparato de televisión porque las provocaciones eran filmadas y reportadas en vivo por las estaciones locales de Miami de las cadenas nacionales de televisión.
En 1995 y principios de 1996 hicimos todo lo posible para persuadir a Washington de que impidiera esas provocaciones aéreas completamente ilícitas. Le estábamos pidiendo solamente a la administración norteamericana que respetara el derecho internacional y cumpliera sus propias leyes y regulaciones nacionales.
Una oleada bastante intensa de comunicaciones oficiales tuvo lugar entre las autoridades de ambos países a través de la cual la parte norteamericana reconoció explícitamente el carácter ilegal de los vuelos e inició, con la cooperación cubana, los procedimientos administrativos contra los transgresores. O eso fue lo que reiteraron en sus notas diplomáticas.
Además de por los canales abiertos, advertimos una y otra vez, a los más altos niveles, tanto a las autoridades civiles como militares de Estados Unidos. Fidel Castro estuvo involucrado personalmente en esas tareas. Pasó muchas horas con más de un importante visitante de Estados Unidos, algunos de ellos con un evidente aval de la Casa Blanca. Y tuvimos éxito en lograr un compromiso muy específico por parte del Presidente Clinton de que esas provocaciones no volverían a suceder jamás. (Acusación À La Carte, www.antiterroristas.cu , Septiembre 7, 2009; Annals of Diplomacy, Backfire, The New Yorker, January 26, 1998).
Algo bastante extraño sucedió en el camino de Washington a Miami. Al parecer el Presidente Clinton dio instrucciones específicas para que este compromiso se cumpliera. Pero en esa peculiar ciudad (¿Recuerdan a Elián?) las órdenes del Comandante en Jefe de Estados Unidos no son siempre obedecidas. Tan pronto la mafia de Miami supo de las instrucciones del Presidente, los provocadores organizaron su última violación. Esa fue la verdadera conspiración, la única, que llevó a los trágicos hechos del 24 de febrero de 1996.
Increíblemente el Presidente Clinton reaccionó como si nunca hubiera sabido nada y corrió a firmar la Ley Helms-Burton en una deplorable ceremonia en la Casa Blanca, rodeado alegremente por algunos de los verdaderos culpables,
los mismos individuos que lo desafiaron. Fue un año de elecciones presidenciales y Clinton ganó fácilmente en Miami.
Esa experiencia hubiera sido más que suficiente para que cualquiera se olvidara de la posibilidad de tener conversaciones serias y alcanzar compromisos con socios tan frívolos, algo así como una misión imposible.
Pero nosotros lo intentamos de nuevo. No teníamos otra opción.
XII
Los Cerezos En Flor
Atraer al turismo extranjero era entonces – mediados y finales de los 90 – una de las pocas posibilidades para obtener los tan necesarios ingresos en divisas. Conociendo eso, Washington reforzó sus sanciones y amenazas contra las compañías extranjeras que invertían en Cuba o que tenían alguna transacción con la Isla. Coincidentemente la llamada Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) y otros grupos terroristas declararon abiertamente ―enemigos‖ a los visitantes y justificaron los ataques violentos contra ellos. Mientras un gran número de turistas arribaban a la Isla una serie de bombas explotaron o fueron halladas en nuestros hoteles y balnearios en 1997 y 1998. De abril a septiembre de 1997 tales ataques tuvieron a la ciudad de la Habana como su principal objetivo. Como resultado fueron heridas cuatro personas el 12 de julio al explotar bombas en los hoteles Nacional y Capri. El 4 de septiembre tuvieron lugar explosiones casi simultáneas en los hoteles Copacabana, Chateau y Tritón y en un restaurant de la Habana. En el Copacabana, Fabio di Celmo, un turista italiano de 32 años fue asesinado. El 11 de agosto de 1997 en medio de esa campaña terrorista la FNCA hizo pública una declaración describiéndola como “incidentes de rebelión interna que han estado teniendo lugar en Cuba durante las últimas semanas” y manifestando que “la Fundación Nacional Cubano-Americana los apoya sin vacilación y sin reservas.”
No había nada de ―interno‖ y mucho menos de ―rebelión‖. Algunos mercenarios centroamericanos arrestados en la Habana habían admitido que estaban actuando bajo las instrucciones de Luis Posada Carriles, un criminal fugitivo que escapó de un juicio por planear y organizar la primera destrucción en pleno vuelo de un avión civil en 1976 y que en este preciso momento disfruta de total impunidad en Miami. El 12 de julio de 1998 en una entrevista en la primera plana del New York Times, Posada Carriles admitió su total responsabilidad en los nuevos actos terroristas, reconoció que fue financiado por la FNCA y cínicamente se refirió a Fabio di Celmo como una persona ―que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado‖ y cuya muerte no lo
