Ley de Archivos: una ampliación del acceso a la información
pública
César M. Valenzuela Espinoza*
Presentación
A escasos cinco meses de haber entrado en plena vigencia la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES), se
ha cumplido una parte importante de las expectativas planteadas.
Nuestro ordenamiento se ha convertido en una referencia nacional en
la materia, y ha sido sin duda una importante contribución al desarrollo
y consolidación de nuestra vida democrática.
La LAIPES, como ustedes saben, tiene como objetivos contribuir a
mejorar la calidad de vida de las personas; optimizar el nivel de
participación comunitaria en la toma pública de decisiones conforme a
los estándares democráticos internacionales; garantizar el principio
democrático de publicidad de los actos del Estado; asegurar el
principio democrático de rendición de cuentas, y garantizar la
protección de los datos personales en poder de las entidades públicas.
Todo ello ha alentado una importante participación ciudadana y ha
contribuido a alentar la puesta en marcha de un modelo de control
social que apunta hacia métodos eficaces de rendición de cuentas de
los poderes públicos, y a modalidades de transparencia en la gestión
de los asuntos públicos, que ahora estamos empeñados en reforzar
con nuevas normas relacionadas con la clasificación funcional de
documentos, que facilite la accesibilidad de las personas a la
información pública, y permita respuestas más rápidas, oportunas y
expeditas de los sujetos obligados.
Sólo para dar una idea, el Sistema Estatal de Acceso a la Información
Pública registra, al 22 de septiembre, más de 700 mil consultas a la
información de oficio. Ha recibido 667 solicitudes de información a
petición de parte, de las cuales 112 corresponden al Poder Ejecutivo;
12 al Poder Legislativo; 8 al Poder Judicial y 484 a los 18 municipios
de la entidad. A ello hay que sumar 51 solicitudes presentadas a los
organismos autónomos.
Estos datos no hacen sino ratificar que la LAIPES se ha confirmado
como un instrumento que garantiza la participación de los ciudadanos
y, con ello, contribuye a mejorar la calidad de nuestro orden
democrático. En Sinaloa, podemos decir, pasamos de la escasez a la
abundancia informativa sin mayores sobresaltos, salvo los normales
en sociedades abiertas y tolerantes a la crítica.
Este impulso democrático ha de ser sostenido. Es nuestra
responsabilidad –y también voluntad explícita del titular del Poder
Ejecutivo Estatal, Juan Millán Lizárraga- dar nuevos pasos para
instrumento de control democrático y un aporte al mejoramiento de la
calidad de la deliberación pública.
Una concepción más amplia de información pública
La evaluación de nuestros resultados a cinco meses de la entrada en
vigor de la Ley sinaloense de acceso a la información arroja un
balance positivo: aún cuando la información de oficio de las entidades
del poder ejecutivo ofrece a la fecha oportunidades de mejora, su
publicación estuvo puntualmente en la internet, y se trabaja
intensamente en su mejora; respecto a la atención de solicitudes
presentadas por las personas, cabe decir que un porcentaje muy
elevado de las respuestas han resultado satisfactorias y se han
entregado dentro de los plazos establecidos; en cuanto a los recursos
de inconformidad presentados se brindó toda la asesoría jurídica
necesaria.
Pese a los avances logrados, éstos deben ponderarse desde una
perspectiva más amplia. Así como la Ley de Acceso a la Información
Pública no debe verse como un fin en sí, sino como instrumento de
una política encaminada a una participación más informada de los
ciudadanos en los asuntos públicos, también es inaceptable que en
una actitud minimalista se ofrezcan datos lacónicos y aislados en
respuesta a las solicitudes presentadas.
Dicho en otros términos, lo deseable es ir más allá de la
conceptualización contenida en la LAIPES, que describe como
información pública “todo registro, archivo o cualquier dato que se
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades
públicas”, y asumir como información al “conjunto de datos
estructurado de manera tal, que permita su cabal interpretación y su
análisis objetivo”. Sólo así, el ordenamiento jurídico podrá convertirse
en instrumento de política pública.
La visión antes descrita resalta la importancia de otro requerimiento: la
adecuada administración de la información y sus soportes. Sólo
mediante ésta podemos asegurar la observancia puntual de
disposiciones legales celosas en cuanto a los plazos de cumplimiento,
además de ofrecer a las personas la información suficiente, oportuna y
objetiva demandada con insistencia.
En el Estado de Sinaloa emprendemos esta tarea con plena
conciencia de que nuestro punto de partida no es el idóneo: el bajo
nivel de exigibilidad prevaleciente respecto a la ordenación e
integración de nuestros documentos dio lugar a un laxo manejo de los
soportes de información. Aún así, iniciamos esta etapa con cierta
estructura administrativa en operación: desde 1999 fue creado el
Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa.
Asimismo, como unidad administrativa de la Secretaría de
Administración y Finanzas existe el Departamento de
Correspondencia y Archivo, mismo que fundamentalmente cumple las
funciones de archivo de concentración del Poder Ejecutivo, Sin
embargo, en cuanto a normas operativas, legales y reglamentarias
para la gestión documental, existe un gran vacío.
La formulación del proyecto de ley de archivos
Para llenar ese vacío, algunas de nuestras actividades prioritarias
están encaminadas a formular el proyecto de ley de archivos y del
reglamento respectivo. En ese orden de ideas hemos revisado, en el
contexto de la Ley de Acceso, los marcos jurídicos en vigor en
aquellas entidades federativas que cuentan con leyes sobre la materia.
De tal revisión se desprendió lo siguiente.
En algunos casos, las leyes de archivos:
•
Se orientan marcadamente al resguardo y conservación de los
documentos con valor histórico.
•
En algunos casos, consideran a los documentos como bienes
gubernamentales.
•
Exigen a quienes solicitan su consulta, la acreditación de un
interés legítimo.
La LAIPES establece:
•
Es información pública todo registro, archivo o cualquier dato
recopilado, generado o en poder de las entidades públicas (Art.
5, fracción V).
•
La información en poder de los sujetos obligados, es un bien
público y a excepción de aquella considerada reservada o
confidencial debe ponerse a disposición de las personas.
•
Hace énfasis en el derecho de las personas a conocer toda la
información creada, administrada o en posesión de los sujetos
obligados.
•
Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no
es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o
las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso del
derecho de Hábeas Data.
Como conclusión de la comparación realizada, detectamos la gran
oportunidad de construir una normativa sobre archivística capaz de
satisfacer las necesidades administrativas del propio sector público, al
tiempo que le facilite cumplir con lo dispuesto por la Ley de Acceso.
Es decir, vivimos la oportunidad de cubrir el vacío jurídico y de manera
simultánea atender satisfactoriamente las necesidades de
clasificación, ordenamiento y catalogación de documentos bajo una
perspectiva de funcionalidad, que deje a las entidades en posibilidad
de localizar, recopilar e integrar toda la información que eventualmente
sea solicitada por las personas en el ejercicio de su derecho de
acceso.
Aunque lo anterior representa una valiosa oportunidad, plantea
también serias interrogante sobre los modelos de clasificación y
catalogación a utilizar. Tradicionalmente los documentos se han
organizado con dos esquemas básicos:
El primero, muy enfático en el control de correspondencia, es utilizado
ampliamente a nivel oficina, se basa en el ordenamiento cronológico
y/o geográfico de los documentos, y en la agrupación por destinatarios
y emisores;
El segundo, se sustenta en estándares archivísticos internacionales,
tiene un enfoque eminentemente integrador, descansa en una
estructura de clasificación que con niveles de agrupación por fondos,
secciones y series puede dar coherencia a los documentos
gestionados en todo el ámbito organizacional; hace consistente
además, su administración a todo lo largo de los espacios temporales
que componen el ciclo vital de los documentos.
Ventajas del esquema regido por estándares internacionales
El esquema regido por estándares internacionales muestra ventajas
explicables por sus elevados alcances conceptuales, los cuales se
condensan en los principios de universalidad y de unidad temporal; el
primero de estos principios intenta integrar como un todo a los
diversos elementos del sistema de gestión de documentos, mientras el
segundo integra las diferentes fases en la vida de éstos.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, su implementación exitosa
depende de que se asuma estrictamente como el referente conceptual
a partir del cual se establecerán otros criterios técnicos y métodos
operativos que lo complementen. Sólo así podrá obtenerse un modelo
de administración de documentos capaz de satisfacer los
requerimientos específicos surgidos de nuevos ordenamientos
jurídicos y de las necesidades asociadas a una gestión más dinámica
de los asuntos gubernamentales.
En algunas experiencias de implantación se manifestaron con claridad
ciertos enfoques. De ellos puede decirse que:
•
Un criterio de clasificación de documentos universalmente
aceptado, es el que atiende a las diferentes etapas del ciclo de
vida de los documentos. Este criterio inspira métodos
operativos que desembocan en una agrupación por archivos
Históricos, de Concentración y de Trámite.
•
Un segundo criterio es el asociado a la estructura
administrativa. Bajo este criterio algunos archivos se ordenan
en correspondencia total con la estructura organizacional. Así,
se encuentra que los fondos como máximo nivel de agrupación
se corresponde con el más alto nivel jerárquico que es el de
secretaría; las secciones se hacen coincidir con el siguiente
nivel de la estructura que es el de subsecretarías, mientras las
series se conforman con los documentos a cargo de cada
dirección.
En estos casos, los criterios referidos son compatibles con el esquema
conceptual y se satisfacen en buena medida las necesidades macro
de la organización de los documentos, pues:
1. Sin perder el control, los usuarios se descargan de aquellos
documentos que no son motivo de consulta frecuente,
facilitando la búsqueda y manejo de aquellos de uso cotidiano.
2. En todo momento es posible saber quien generó cada uno de
los documentos.
3. Se obtiene el adecuado resguardo de documentos a lo largo
de todo su ciclo vital, asegurando la conservación de todos
ellos durante su vida útil.
Mediante estos criterios y revisando desde el interior de cada archivo,
resulta sencillo responder las siguientes preguntas: ¿Cuál unidad
administrativa es autora de este documento?, ¿Cuál etapa cronológica
vive este documento? Cuando no existen limitantes de tiempo,
explorando sistemáticamente cada archivo, las búsquedas son
siempre exitosas porque bajo este esquema, se tiene la certidumbre
de que todos los documentos han sido archivados.
Hasta este nivel no hay lugar para confusión alguna en los
agrupamientos. Ésta aparece en realidad cuando se pretende “bajar”
al siguiente nivel. Para solventar las necesidades de esta etapa se ha
recurrido a un criterio adicional conocido como clasificación por
asunto. Con éste, las unidades administrativas forman los expedientes
agrupando los documentos relativos a cada uno de los “productos”
(bienes o servicios) que proporcionan a sus usuarios. Pese a sus
bondades, cuando se aplica en ausencia de un punto de vista
compartido para agrupar los expedientes que habrán de conformar
cada una de las series, puede perderse la coherencia del sistema
integral de archivos.
Pese a las dificultades que presenta, desde el enfoque de la
clasificación por asunto es posible desarrollar los elementos faltantes
del modelo de administración de documentos idóneo para las
entidades gubernamentales en el contexto de las leyes de acceso a la
información, lo cual, además de facilitar el cumplimiento de las nuevas
disposiciones jurídicas, facilitaría:
•
Preparar respuestas más rápidas a las solicitudes que
presenten las personas, por medio de un “mapa” completo de
archivos construidos bajo los mismos criterios y lineamientos.
•
Estructurar de manera expedita todos los datos para unas
respuestas amplias, claras y precisas, aún cuando tales datos
estén soportados en documentos que obran en poder de
diferentes dependencias.
•
Mejorar sustancialmente nuestra capacidad para integrar
información sobre planes, programas y resultados de gobierno,
a fin de elevar la calidad de la interlocución entre gobierno y
ciudadanos.
•
Organizar de mejor manera la información sobre los bienes y
servicios que genera el sector público y de las acciones que
realiza para su generación, es decir, incrementar nuestra
capacidad para informar con precisión sobre el destino que el
gobierno da a los recursos que recibe de parte de la sociedad.
Bajo ese enfoque, y a partir de los importantes avances logrados en
los trabajos desarrollados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo
con la valiosa colaboración del Archivo General de la Nación, se
formula nuestra propuesta de una “Clasificación Funcional de
Documentos”.
Una propuesta de clasificación funcional de documentos
La que se propone puede calificarse como una clasificación por
asunto, que pretende sustentarse en una estructura global que abarca
todos los asuntos gubernamentales, su construcción plantea tres
grandes interrogantes:
1. ¿cuáles son esos asuntos gubernamentales?
2. ¿en qué se traducen y cómo se expresan esos asuntos?
3. ¿cómo estructurar de manera coherente los asuntos a cargo
de cada unidad administrativa del sector público?
En nuestro planteamiento se suponen las siguientes respuestas:
1. Los asuntos a cargo del gobierno, son aquellos que la
sociedad mandante le encomienda y que se describen en el
marco jurídico que rige su actuación.
2. Se traducen en planes, políticas públicas, decisiones y
acciones implícitas en el quehacer gubernamental; pueden
expresarse en las actividades y resultados del ente
gubernamental.
3. De manera indirecta pero precisa, los asuntos de las diversas
unidades administrativas pueden integrarse en un todo
coherente, vinculándolos estrechamente a las actividades que
se desarrollan para desahogarlos.
La propuesta que hoy se pone a su consideración intenta servirse de
ricos antecedentes sobre la aplicación de este enfoque, en materia
presupuestal, tanto el gobierno federal como la mayor parte de las
entidades federativas, desarrollaron estructuras programáticas para
perfeccionar su proceso, dichas estructuras programáticas resultaron
poderosos instrumentos para articular las asignaciones
presupuestarias con las actividades del sector público, pero también
para vincular objetivos y resultados, asimismo, se mostraron útiles
para focalizar el quehacer gubernamental hacia las funciones,
atribuciones y responsabilidades establecidas en el marco jurídico que
lo rige.
En decir, ya fueron clasificadas en categorías programáticas todas las
actividades del sector público y se estructuraron en un sistema capaz
de relacionar prácticamente todos los elementos inherentes a la
operación del sector público, de ahí nuestra suposición de que podrá
relacionarse también, toda la documentación generada a lo largo de
ese proceso de operación.
Categorías Documentales para una Clasificación Funcional
Función
.- Corresponde a la máxima agregación en la clasificación de
los documentos generados en la atención de los asuntos a cargo del
gobierno, representa los campos de acción que el marco jurídico y la
sociedad establecen para el sector público, es decir, su ámbito de
competencia. Se desagrega en Subfunciones.
Subfunción
.- Corresponde a un desglose de la función, a través de
ésta, se establecen grupos documentales sobre asuntos más
específicos a cargo del sector público. Se desagrega en Registros
Institucionales o de Proyecto.
Registro Institucional
.- Documentación generada por las operaciones
que llevan a cabo las unidades administrativas en el ejercicio de sus
atribuciones y/o en el cumplimiento de su misión. Esta categoría
conduce directamente a la producción de un bien o a la prestación de
un servicio para atender al “cliente” o al usuario de la unidad
administrativa. Se desagrega en Series.
Registro de Proyecto
.- Conjunto de Documentos generados durante
la planeación, ejecución y control de un proyecto. El conjunto se
ordena en base a los resultados esperados del Proyecto. Igual que el
Registro Institucional se desagrega en Series.
Serie
.- Conjunto de documentos derivados de la administración de
insumos consumidos por un proceso ejecutado por la unidad
administrativa, o derivados de la generación de un “producto”. (El
producto puede ser un producto intermedio, e indistintamente, estar
destinado a clientes o usuarios externos o de la propia unidad
administrativa).
En anexo y solicitando de ustedes parte de su valioso tiempo para
someterla a una revisión crítica, se presenta una propuesta preliminar
de clasificación funcional de documentos, misma que se formuló a
partir de la clasificación funcional homologada desarrollada por el
grupo de trabajo sobre presupuesto por programas. Cabe aclarar, que
ese documento únicamente se desglosa hasta el nivel de subfunción.
Considero importante mencionar que a pesar de que la clasificación
funcional se relaciona de modo más racional con el quehacer
organizacional, de ninguna manera sustituye las otras clasificaciones
sino que las complementa; siempre será necesario saber quién generó
cada documento, asimismo, será necesario conservar su
administración a lo largo de sus etapas de trámite, concentración e
histórico, por lo cual, las diferentes clasificaciones convivirán
Ello nos lleva a otro aspecto imposible de soslayar, en un contexto de
ordenamientos jurídicos que obligan a proporcionar respuestas dentro
de reducidos espacios de tiempo, y ante la posibilidad de un
incremento desmedido de solicitudes cuando el grueso de la población
ejerza su derecho de acceso a la información pública, corremos el
riesgo de vernos rebasados a menos que desde ya, adoptemos
cabalmente la cultura informática y emprendamos el camino hacia la
gestión electrónica de nuestros documentos.
Finalmente, aprovecho la oportunidad para sugerir a ustedes la
inmediata integración de grupos de trabajo, a fin de acometer de
manera conjunta la búsqueda de soluciones a nuestros problemas
comunes, lo hago convencido de que un intenso intercambio de
experiencias puede detonar poderosas sinergias, que en breve plazo,
llevarían a buen término nuestros proyectos.
Muchas Gracias!!
*Coordinador General de Acceso a la Información Pública del
Gobierno del Estado de Sinaloa
Ponencia presentada al Programa de la Reunión Nacional de
Archivos, 2003, Aguascalientes, Aguascalientes, septiembre 24-26 de
2003.
CLASIFICACION FUNCIONAL DE DOCUMENTOS
(CATÁLOGO DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
FUNCIÓN
SUBFUNCIÓN
DESCRIPCIÓN
1. LEGISLACIÓN Comprende el conjunto de documentos donde se plasman las acciones orientadas a la revisión, elaboración, autorización, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, llevadas a cabo por las legislaturas de los Congresos; incluye documentos relativos a la infraestructura y equipamiento correspondientes
1.1. Legislar Se incluyen documentos sobre las actividades realizadas por las dependencias y
entidades del Ejecutivo, del Judicial y de los Municipios a quienes la Constitución Política del país y de las entidades federativas, les otorgan la facultad o derecho de iniciativa, de elaboración o de revisión de proyectos de la ley o decreto y su aprobación.
2. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Comprende documentos relativos a las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios, hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, laboral; del
conocimiento y calificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, exijan su reconocimiento o en su caso impongan obligaciones; así como las que
corresponda atender a las Legislaturas de los Congresos, a las Comisiones o Institutos de carácter electora, de carácter agrario, de carácter municipal o intermunicipal, o de controversias constitucionales. Comprende los documentos relativos a la infraestructura y equipamiento necesarios.
2.1. Realizar Juicios Comprende documentos relativos a las actividades de instrucción de las diferentes fases de los procesos, desde las diligencias primarias de registro, identificación de partes e intereses controvertidos, ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, celebración de audiencias, dictaminación de sentencias, su notificación y
ejecución, que llevan a cabo los Tribunales, incluyendo Juzgados de Número, de Primera Instancia, Municipales o Mixtos Menores.
2.2. Conciliación y Arbitraje Comprende documentos relativos a las actividades orientadas a la solución de controversias laborales. Incluyen las diligencias y audiencias de conciliación y avenimiento de las partes, la suscripción de convenios conciliatorios y la emisión de sentencias o laudos, su cumplimiento y ejecución, que llevan a cabo las Juntas y los Tribunales de Conciliación y Arbitraje.
2.3. Contencioso Administrativo Comprende documentos relativos a las actividades para dirimir intereses
controvertidos en materia de control de obligaciones tributarias, recursos, impugnaciones, medios de defensa ordinarios y de aquellos que tienen por objeto confirmar, modificar o declarar nulos, proveídos o resoluciones de autoridades administrativas que de acuerdo a la ley le son jerárquicamente subordinadas, que llevan a cabo los Tribunales de los Contencioso Administrativo. Incluye documentación sobre las acciones de las Procuradurías Fiscales, en la defensa y representación de los intereses de las haciendas públicas.
2.4. Contencioso Electoral Comprende documentos relativos a las actividades previas, posteriores o durante los procesos de renovación o ratificación de autoridades resultantes de procesos de renovación o ratificación de autoridades resultantes de procesos de elección popular. Incluye la capacitación en materia electoral, investigación documental y comparativa y difusión de las actividades y tareas especializadas en la materia, que llevan a cabo las Comisiones, Institutos y Tribunales Electorales.
2.5. Aplicar Sanciones Comprende documentos relativos a las actividades que se llevan a cabo en la
aplicación de penas, medidas de seguridad o sancionadoras, en perjuicio de quien haya infringido una ley o disposición reglamentaria. Incluyen las sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, de inobservancia de la normatividad en materia de obras públicas, de control vehicular, registral y catastral, de comercio y prestación de servicios, así como las de carácter ecológico o ambiental, que realizan los Tribunales Civiles, Penales, Administrativos y Fiscales, Laborales, Electorales y Agrarios, las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo, del Judicial, o del Nivel de Gobierno Municipal en su caso.
2.6. Readaptación Social Se refiere documentos relativos al conjunto de acciones que debe cumplir la
Administración Pública para corregir conductas antisociales de quienes infringieron la ley y que por tal razón purgan la EPNA correspondiente en Centros de Readaptación Social para adultos y menores infractores, como resultado de sentencias dictadas por los tribunales competentes y disposiciones emitidas por instituciones que atienden al menor infractor. Incluye documentación relativa a la Infraestructura y el equipamiento necesario para la realización de estas acciones.
3. PROCURACIÓN DE JUSTICIA Son los documentos relativos a las acciones orientadas a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de las conductas que transgreden las disposiciones legales, así como las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizan a través de las Procuradurías Generales de Justicia y sus Agencias del Ministerio Público Investigadoras, adscritas y especiales, corporaciones policíacas y ministeriales o judiciales, rurales, forestales y preventivas municipales, y las Procuradurías de la Defensa del Menor y lka Familia.
Comprende igualmente documentos sobre las acciones coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno para el intercambio de información, apoyos logísticos y actualización de las estructuras jurídicas y disposiciones normativas, orientadas a la persecución de los delitos en los distintos ámbitos territoriales. Se consideran por igual documentos acerca de las acciones desarrolladas por las Comisiones de Derechos Humanos, de los Organismos Descentralizados de la Defensa del Menor y la Familia, de los Discapacitados y, en general, de la protección permanente de los derechos ciudadanos. Se incluyen los documentos relativos a dotación de la infraestructura y equipamiento correspondientes.
3.1. Garantizar el Respeto a los Derechos
Humanos
Son documentos relativos a las actividades que se realizan para salvaguardar los derechos ciudadanos elementales. Incluye documentación de las actividades de difusión y defensa de los derechos que salvaguardan la integridad física o patrimonial, de las víctimas del delito y además, de aquellos infractores o presuntos infractores de una norma jurídica o principio normativo, que realiza el Poder Público por conducto de las dependencias y entidades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
3.2. Investigar y Detener
Infractores Comprende documentos sobre las actividades orientadas a la integración de averiguaciones previas, investigación detención y puesta a disposición de las autoridades a los presuntos infractores de la ley en materias administrativas,
civiles, penales, mercantiles, laborales, familiares; hacer del conocimiento y poner a disposición de los tribunales, a los presuntos infractores de las normas jurídicas. 3.3. Intervenir en Litigios Comprende documentos relativos a las acciones de representación en juicio,
procedimiento, litigio, controversia o audiencia, en los cuales los intereses de la sociedad o alguno de los tres niveles de gobierno, resulta parte agraviada o responsable de violaciones a la ley o de sus disposiciones reglamentarias.
4. SEGURIDAD PÚBLICA Comprende documentos sobre las acciones que realizan los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, para la investigación y prevención de conductas delictivas, también sobre su participación en programas conjuntos de reclutamiento, capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que de orientación, difusión, auxilio y protección civil. Además contempla documentos relacionados con la dotación de la infraestructura y el equipamiento correspondientes.
4.1. Prevenir el Delito Comprende documentos relativos a las actividades que llevan a cabo las
corporaciones policíacas, las auxiliares y las preventivas, para informar y persuadir a la población, de las probables consecuencias jurídicas y materiales, consistentes en pérdida de la integridad física o de la libertad individual, económica o patrimonial, por comisiones delictivas o por la infracción a los lineamientos normativos.
4.2. Protección Civil Son documentos sobre las actividades que de manera individual o coordinada
realizan los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, para la prevención, auxilio y rehabilitación del orden los servicios públicos en casos de desastres naturales, que ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.
5. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA
DE GOBIERNO Comprende los documentos relativos a acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias del gobierno respecto a sus distintos campos de acción en lo social, económico, político y de administración interna, así como los relacionados con dotación de la infraestructura y el equipamiento correspondientes.
5.1. Definir las Políticas Públicas Comprende documentos relativos a la formulación de las políticas públicas y la elaboración de planes y programas de gobierno, a los niveles global, sectorial, regional e institucional.
5.2. Conducir las Relaciones con los niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal
Comprende documentos relativos a las actividades orientadas hacia e fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento de la relación interinstitucional de los tres niveles de gobierno.
5.3. Apoyar el Desarrollo de los
Procesos Electorales Comprende documentos relativos a los apoyos financieros que pro ley se destinan para le funcionamiento de los procesos electorales, así como las asignación presupuéstales que se destinan a los partidos políticos.
5.4. Fortalecer las Relaciones con la Ciudadanía y las
Organizaciones Sociales y Políticas
Corresponde documentos relativos a las actividades orientadas a la organización, coordinación, fomento y apoyo de la participación ciudadana en las obras y acciones de gobierno, así como las acciones enfocadas al establecimiento, de la comunicación y la concertación sistemática entre la ciudadanía y el gobierno. Incluye las asignaciones presupuéstales destinadas al apoyo financiero de los órganos ciudadanos establecidos con estos fines, así como al establecimiento de esquemas de comunicación y concertación con organizaciones sociales y políticas. 5.5. Proporcionar Servicios
Regístrales
Comprende documentos relativos a las actividades referentes a la presentación de servicios enfocados a proporcionar seguridad jurídica al ciudadano en su persona, en sus bienes y en su interacción con los demás ciudadanos a través de las acciones de Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad y de
Comercio. 5.6. Proporcionar Servicios
Estadísticos
Comprende documentos relacionados con las actividades referentes a la recopilación y procesamiento de datos estadísticos de las distintas funciones públicas y privadas, así como su publicación y difusión hacia los diferentes actores de la sociedad.
5.7. Definir y Conducir las Relaciones Exteriores
Incluye documentos sobre la planeación, diseño, ejecución e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la cooperación internacional y la ejecución de acciones culturales.
6. ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA
PÚBLICA Comprende documentos generados en la formulación, instrumentación, operación y seguimiento de la política fiscal, financiera y administrativa, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos, al igual que la infraestructura y el equipamiento correspondientes.
6.1. Administrar los Ingresos Comprende documentos sobre las actividades relacionadas con la recaudación y captación de recursos fiscales y de la promoción del cumplimiento de obligaciones fiscales.
6.2. Administrar el Gasto Público Comprende documentos generados en la programación, presupuestación,
operación y control del gasto público.
6.3. Deuda Pública Comprende documentos relativos a los recursos presupuéstales destinados a
cubrir amortizaciones y costo financiero de la deuda. 6.4. Regulación de Servicios
Financieros y definición de la Política Monetaria
Comprende documentos relativos a las actividades referentes a la regulación de los servicios financieros en el país, así como la determinación de la política monetaria y de divisas, en concordancia con criterios de política económica nacional.
6.5 . Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público
Comprende documentos relativos a las actividades encaminadas a proporcionar y preservar los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para la administración pública. Incluye acciones dirigidas a modernizar, actualizar o mejorar la función gubernamental.
6.6. Controlar y evaluar las
Finanzas y la Gestión Pública
Comprende documentos relativos a las actividades enfocadas al seguimiento, control y evaluación de la gestión y las finanzas públicas.
6.7. Participaciones y
Aportaciones a Estados y Municipios
Comprende documentos sobre los recursos financieros que se transfieren a los Estados y Municipios en el Marco del Sistema de Coordinación Fiscal Federal, y en su caso estatales.
7. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comprende documentos relativos a las acciones relacionadas con la prestación de servicios educativos; la promoción y fomento de la ciencia y la tecnología y de las políticas de difusión de la cultura, la recreación y el deporte, así como documentos sobre la infraestructura y el equipamiento correspondientes.
7.1. Otorgar, Regular y Promover
la Educación Comprende documentos relativos a las actividades para la prestación, el fomento y la regulación de los servicios educativos, vinculados a la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, técnica, superior y postgrado.
7.2. Promover y Difundir la Cultura Comprende documentos relativos a las actividades de promoción y difusión de la cultura y el arte, incluye entre otros los apoyos al funcionamiento de los museos y las redes de bibliotecas.
7.3. Promover y Fomentar el
Deporte y la Recreación Comprende documentos relativos a la capacitación de deportistas y la promoción de las diversas disciplinas y modalidades del deporte individual y colectivo, asociado o independiente; el fomento a los valores de la práctica del deporte.
7.4. Promover y difundir la Investigación Científica y
Comprende los documentos relativos a las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, la aplicación y desarrollo de
Tecnológica tecnología, sistemas de difusión, asistencia técnica y actualización de los mismos. 8. PROPORCIONAR SERVICIOS DE
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Comprende documentos relativos a las acciones enfocadas al otorgamiento de servicio, administración, regulación y coordinación de los sistemas de salud, así como el manejo de las estrategias de apoyo a la población abierta y de asistencia social, así como la infraestructura y el equipamiento correspondientes.
8.1. Fomentar la Salud Comprende documentos relativos a las actividades de regulación sanitaria y
control epidemiológico, tales como compañas de vacunación, erradicación de enfermedades transmisibles, planificación familiar y orientación de higiene y nutrición, entre otras.
8.2. Proporcionar Atención Medica Comprende la documentación relacionada con todas aquellas actividades destinadas a facilitar el acceso a los servicios médicos a la población abierta mediante consultas y hospitalización.
8.3. Brindar Asistencia Social Son documentos relativos a las actividades encaminadas a lograr la integración familiar, a proporcionar apoyos alimentarios y de rehabilitación; se incluye la atención a la población en situación socioeconómica vulnerable; discapacitada, infantil y de la tercera edad.
8.4. Seguridad Social Documentos relativos al conjunto de acciones destinadas a la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez de la población derechohabiente.
9. PROMOCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Comprende la documentación generada por las acciones encaminadas a fomentar y regular el desarrollo urbano de los centros de población. 9.1. Fomentar el Equipamiento
Urbano
Comprende documentos relativos a las actividades para dotar, mantener e incrementar la infraestructura y servicios básicos de los centros de población, entre otros; agua potable, drenaje, energía eléctrica, vivienda, vialidades urbanas, así
como las orientadas a regular el crecimiento urbano. 10. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
ECONÓMICO
Comprende documentos relativos a las acciones para mantener e incrementar la plata productiva, la inversión y el empleo.
10.1. Fomentar la Participación de los Sectores Social y Privado en Actividades Productivas
Comprende documentos relativos a las acciones de concertación, simplificación, desregulación y aquellas orientadas a apoyar el crecimiento de las actividades agropecuarias, pesqueras, mineras, industriales, turísticas y comerciales.
10.2. Dotar la Infraestructura de Apoyo para Actividades Económicas
Comprende documentos relativos a la realización de obras de infraestructura agropecuaria, pesquera, industrial, turística y comercial. Incluye vías terrestres, parques industriales y, en general, obras que propicien el desarrollo de las actividades económicas. Incluye la construcción y mantenimiento de carreteras troncales, red federal de carreteras, carreteras alimentadoras, caminos rurales y brechas forestales, así como su fomento y regulación.
10.3. Promover la Capacitación y el
Empleo Comprende documentos relativos a las actividades que incrementen la calidad y la productividad de la mano de obra. 10.4. Promover Mercados para
Productos y Servicios Locales Comprende documentos relativos a los apoyos para la comercialización y las acciones de difusión que se realicen de los bienes que se producen y los servicios que se prestan.
10.5. Prestar y Regular servicios de Telecomunicaciones
Comprende documentos relativos a las actividades relacionadas con la regulación y prestación de servicios en materia de comunicaciones, telecomunicaciones y servicio postal, así como el desarrollo de la infraestructura correspondiente. Incluye telefonía y radiotelefonía rural.
10.6. Fomentar, Regular y Prestar Servicios de Transporte
Comprende documentos relativos al fomento, la regulación y prestación de los servicios de transporte de cargar y pasajeros. Incluye los servicios ferroviarios, aéreos y marítimos, así como al desarrollo de la infraestructura correspondiente.
11. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Comprende documentación relativa a los esfuerzos y acciones encaminados a promover y fomentar la protección y desarrollo de los recursos naturales y preservación del medio ambiente.
11.1. Vigilar el Cumplimiento de las Políticas y Normas para la Conservación del Medio Ambiente
Comprende documentos relativos a las actividades encaminadas a vigilar y controlar la protección, conservación y restauración del medio ambiente que proporcione un desarrollo sustentable.
11.2. Promover la Cultura de Prevención y protección del Medio Ambiente
Comprende documentos relativos a las actividades encaminadas a fomentar el uso racional de los recursos naturales para preservar el medio ambiente y los ecosistemas.
12. PRESERVAR LA SOBERANIA DEL
TERRITORIO NACIONAL Comprende documentos relativos a las actividades institucionales relacionadas con la aparición del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. 12.1. Preservar la Soberanía del
Territorio Nacional Comprende documentos relativos a las actividades institucionales relacionadas con la operación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. 13.GENERACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE FUENTES DE ENERGÍA
Comprende documentos relativos a los programas especiales, y/o actividades institucionales relacionados con la producción de hidrocarburos y energía eléctrica.
13.1. Producción de Hidrocarburos y Derivados
Incluye la documentación sobre la exploración, explotación, refinación y distribución del petróleo, de petroquímica y gas, así como la perforación de pozos, construcción de plataformas y plantas de refinación.
13.2. Generación de Energía
Eléctrica Incluye los documentos relativos a la generación, transformación, transmisión y venta de energía eléctrica, así como la construcción y mantenimiento de plantas de generación, sistemas de transformación y líneas de distribución.
