18 de julio de 2018 DCA-2636

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Texto completo

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al oficio No.

10075

18 de julio de 2018

DCA-2636

Señora

Marcia González Aguiluz

Ministra

Ministerio de Justicia y Paz

correo electrónico: proveeduria@mj.go.cr Estimada señora:

Asunto: Se deniega por no requerirse, solicitud de autorización presentada por el Ministerio de Justicia y Paz, para realizar una contratación directa concursada para la culminación de las obras pendientes para la construcción de cuatro módulos en el Centro de Atención Institucional (CAI) La Reforma, por un monto estimado de ¢1.545.740.623,63 (mil quinientos cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta mil seiscientos veintitrés colones con sesenta y tres céntimos), por mantenerse las mismas condiciones del oficio 12587-2017 (DCA-2579) de fecha 23 de octubre de 2017.

Nos referimos a su oficio número MJP-069-06-2018 de fecha 12 de junio de 2018, recibido el día 20 del mismo mes y año en esta Contraloría General, mediante el cual solicita a este órgano contralor la autorización descrita en el asunto.

Dicha solicitud fue ampliada por medio del oficio PI-0165-2018 de fecha 03 de julio de 2018, recibido en esta Contraloría el día 04 del mismo mes y año, por medio de los cuales se atendió solicitud de información requerida por este Despacho mediante oficio N° 09193 (DCA-2388) de fecha 02 de julio de 2019 del año en curso.

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.

La Administración señala como motivos para solicitar la contratación directa en estudio, los siguientes:

1. Que mediante oficio No. 12587 (DCA-2579) del 23 de octubre de 2017, esta Contraloría General dispuso autorizar una contratación directa concursada con algunas particularidades relacionadas con los recursos de objeción al cartel y contra el acto final, ambos a cargo de la Administración contratante, así como el refrendo interno por parte de la Asesoría Jurídica del Ministerio.

2. Que de conformidad con esa autorización, el Patronato de Construcciones tramitó, a través de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia y Paz, la contratación directa

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autorizada 2018CD-000001-0012600001 denominada “Conclusión de la construcción de: Cuatro Módulos de Baja Contención en el CAI Jorge Arturo Montero Castro (Reforma) y sus obras complementarias”, en la cual se recibieron las siguientes ofertas:

3. Que por diferentes incumplimientos técnicos, legales y presupuestarios que constan en el Análisis Integral, la Administración se vio privada de contar con ofertas elegibles para adjudicar la terminación de este importante proyecto, tal y como se indica en el oficio D.E.PCIAB-406-2018 del 06 de junio del 2018, signado por el MBA. Alejandro Redondo Soto, Director Ejecutivo del PCIAB, quien comunica a la Proveeduría Institucional el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria No. 1985 del día anterior que, en su parte dispositiva, expresa: “Excluir de este concurso las ofertas de Compañía Hermanos Navarro y Sojo Sociedad Anónima por no cumplir con los requisitos financieros solicitados, la de Servicios Constructivos Grupo Himalaya Sociedad Anónima, por su incumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros y finalmente la del Consorcio: Construcciones Peñaranda S.A. y German Sánchez Mora por no cumplir con los requisitos presupuestarios y financieros solicitados en el cartel de la contratación, lo anterior en apego a lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Declarar Infructuosa la CONTRATACIÓN DIRECTA AUTORIZADA No. 2018CD-000001-0012600001, denominada “CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE: CUATRO MÓDULOS DE BAJA CONTENCIÓN EN EL CAI JORGE ARTURO MONTERO CASTRO (REFORMA) Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS” de conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”

4. Que no fueron presentados recursos contra dicho acto, por lo que se procedió a conferirle firmeza a la infructuosidad del concurso promovido en el SICOP, sin embargo, se mantiene la urgente necesidad de contar con los espacios carcelarios que la conclusión de esta importante obra generaría.

5. Que además del fallido procedimiento concursal autorizado por este órgano contralor, la urgencia de la contratación directa radica en la duración excesiva de los procedimientos licitatorios, motivada - entre otros factores – por la interposición de gestiones impugnatorias, la urgencia de culminar la obra para evitar su deterioro y el evidente atraso en la satisfacción de las necesidades institucionales relacionadas con el facilitamiento de la infraestructura mínima necesaria para albergar adecuadamente la mayor cantidad de personas privadas de libertad del Sistema Penitenciario, todas cuestiones que requieren buscar una solución urgente para la propia seguridad de la población privada de libertad, el respeto a sus Derechos Humanos, la seguridad de los funcionarios y la correcta aplicación de la normativa penitenciaria.

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6. Que culminar las obras pendientes se estima necesario y urgente, por resultar lo más conveniente para el interés público a efectos de evitar mayores perjuicios a los ya ocasionados por la exposición de la estructura a los diversos factores climatológicos y técnicos que suceden con el transcurso del tiempo. En aras de satisfacer el interés público y cumplir con las disposiciones normativas vigentes, considera que concluir satisfactoriamente este proceso de contratación en el menor tiempo, es determinante para el logro de los objetivos propuestos, ya que realizar un proceso de Licitación Pública para la contratación en estudio, como se podrá observar en los cronogramas que se anexan, resulta contraproducente para el interés público.

7. Que en este sentido, solicita autorización para contratar, a través de un procedimiento concursal abierto pero simplificado, bajo los mismos supuestos contemplados por esta Contraloría en el oficio No. 12587 (DCA-2579) del 23 de octubre de 2017.

8. Que en cuanto al monto estimado de la contratación señala que la subpartida 50201 denominada “Construcción de edificios” del Patronato de Construcciones según certificación No. 077-2018 del 12 de junio del 2018, suscrita por el Director Ejecutivo del PCIAB, cuenta con un disponible presupuestario de un mil quinientos cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta mil seiscientos veintitrés colones con sesenta y tres céntimos (¢1,545,740,623.63).

9. Que mediante oficio PI-0165-2018 del 03 de julio de 2108 indica que además de la subsistencia de la necesidad subyacente por el alto nivel de las tasas de hacinamiento carcelario, señala que se mantienen las condiciones del objeto, el plazo de ejecución y el monto de la estimación de la conclusión de la obra.

II. Criterio de la División.

Si bien los procedimientos ordinarios son la regla, hay excepciones en las cuales el interés público no se ve satisfecho mediante el desarrollo de un concurso ordinario, razón por la cual la Ley de Contratación Administrativa ha establecido una serie de causales por medio de las cuales se faculta a la Administración a contratar en forma directa. Entre tales supuestos excepcionales, se encuentra la posibilidad de esta Contraloría General de brindar autorizaciones cuando se estime y se acrediten razones que fundamenten que es la mejor forma de alcanzar la satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones al interés público

Ahora bien, la autorización en este caso como acto administrativo, lo que hace es habilitar precisamente la aplicación de un régimen de excepción bajo los supuestos del ordenamiento jurídico, cuando se logra acreditar que es la mejor forma de alcanzar la satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones al interés público.

Es así que en el caso concreto mediante oficio No. 12587 (DCA-2579) del 23 de octubre de 2017, esta Contraloría General dispuso autorizar una contratación directa concursada con el fin que la Administración lograra culminar la construcción de las obras pendientes de cuatro módulos en el Centro de Atención Institucional (CAI) La Reforma, atendiendo las razones expuestas en atención a la urgencia de detener el deterioro que sufre la construcción de los módulos, así como la necesidad de dotar a los privados de mejor infraestructura y acorde con sus necesidades básicas, garantizando también a estos el respeto a los derechos que como persona les asiste.

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En este orden, se tiene que de conformidad con esa autorización, el Patronato de Construcciones tramitó, a través de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia y Paz, la contratación directa autorizada 2018CD-000001-0012600001 denominada “Conclusión de la construcción de: Cuatro Módulos de Baja Contención en el CAI Jorge Arturo Montero Castro (Reforma) y sus obras complementarias”, procedimiento que fue declarado infructuoso debido a diferentes incumplimientos técnicos, legales y presupuestarios que constan en el Análisis Integral, por lo que la Administración se vio privada de contar con ofertas elegibles para adjudicar la terminación de este proyecto.

En ese sentido, es claro que el fin perseguido por la Administración no se ha concretado aún, en el tanto a pesar que la Administración promovió el procedimiento concursal que le fue autorizado, este fue declarado infructuoso, razón por la que la finalización del proyecto de construcción de los módulos no se ha logrado concretar y por ende tampoco la finalidad para la cual se autorizó la contratación directa según oficio 12587 (DCA-2579) del 23 de octubre de 2017, la cual si bien se otorga con el objetivo de facilitar un procedimiento excepcional, este no constituye un fin en sí mismo, sino que lo que se pretende es por medio de su desarrollo, satisfacer una finalidad pública perseguida.

Para el análisis de la solicitud que se atiende, es de vital importancia verificar que las condiciones relacionadas con el objeto plazo y monto, o cualquier otra que haya motivado la autorización concedida por este Despacho mediante Oficio N°12587 (DCA-2579) de fecha 23 de octubre de 2017, se mantienen invariables, por lo que este Despacho solicitó al Ministerio de Justicia y Paz, mediante oficio N° 09193 (DCA-2388) de fecha 02 de julio de 2018, confirmara lo indicado.

Al respecto la Administración mediante oficio PI-0165-2018 de fecha 03 de julio de 2018, indicó en lo que interesa:

“Además de la subsistencia de la necesidad subyacente por el alto nivel de las tasas de hacinamiento carcelario, es menester señalar que, en efecto, mantienen las condiciones del objeto, el plazo de ejecución y el monto de la estimación de la conclusión de la obra.” De lo anterior se tiene que la autorización concedida mediante el Oficio N°12587 (DCA-2579) del 23 de octubre de 2017, mantiene plena vigencia en el entendido que las circunstancias del objeto, el plazo de ejecución y el monto estimado, así como las razones de interés público existentes en su otorgamiento se mantienen, por lo que no encuentra obstáculo este Despacho en que la Administración, utilizando la misma autorización ya otorgada, inicie un nuevo procedimiento el cual de no llevarse a cabo en el menor tiempo posible, conllevaría daños importantes en la proporción construida de los Cuatro Módulos de Baja Contención en el CAI Jorge Arturo Montero Castro (Reforma) y sus obras complementarias y, por ende afectando el interés colectivo inmerso.

Es por ello, que en el presente caso, considerando que las condiciones que motivaron la autorización inicial se mantienen invariables según lo manifestado por la Administración, no estima procedente este Despacho conceder una nueva autorización, estimando que los efectos de la primera aún se conservan, al no poder adjudicarse el proceso inicial autorizado.

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En ese sentido se advierte que queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la afirmación que realiza respecto a que las condiciones en las que se sustenta la autorización otorgada en octubre del 2017 se mantienen.

Finalmente se indica que la promoción de un nuevo procedimiento de contratación directa concursada con fundamento en la autorización otorgada mediante Oficio N°12587 (DCA-2579) del 23 de octubre de 2017, debe respetar las condiciones bajo las que se concedió dicha autorización, así como que si algunas de las condiciones de esta es variada, o requiere de alguna modificación, necesariamente debe contar con la anuencia de este órgano contralor para realizarse.

En todo caso, si el Ministerio considera que la utilización de los procedimientos ordinarios se convierte en un mecanismo que garantice el cumplimiento del fin público, bien puede recurrir a estos todo lo cual se deja bajo su exclusiva responsabilidad.

Se advierte que de celebrarse un nuevo procedimiento de contratación directa concursada con fundamento en la autorización otorgada mediante Oficio N°12587 (DCA-2579) del 23 de octubre de 2017, la verificación del cumplimiento de las condiciones bajo las que dicha autorización fue concedida, será responsabilidad de la señora Marcia González Aguiluz, en su condición de Ministra del Ministerio de Justicia y Paz, o de la persona que ejerza ese cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente.

Atentamente,

Edgar Herrera Loaiza

Gerente Asociado

ASR/svc

NI: 15517, 15626,16920. Ci: Archivo Central

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