DICTAMEN Nº 15 / 2012

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DICTAMEN Nº 15 / 2012

Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de

la Administración derivada de daños y perjuicios como consecuencia de la tramitación de

expediente de jubilación.

ANTECEDENTES

Primero.- Por escrito de fecha 21 de noviembre de 2011 (con registro de entrada en

el Consejo Consultivo de Aragón del día 12 de diciembre de 2011), la Consejera de

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés solicita Dictamen en relación a un

procedimiento de responsabilidad patrimonial instado por “X”.

Segundo.- El expediente remitido es precedido por una relación de documentación

que consta de 7 documentos, no foliados, siendo el último de ellos la propuesta de

resolución.

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El procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial se inicia con un

escrito de la persona citada en el anterior antecedente y que tiene fecha de entrada de 15

de julio de 2011 en el registro general del Gobierno de Aragón del Departamento de

Agricultura y Alimentación. En la reclamación se hace constar lo siguiente:

a) Que el compareciente era funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza

Secundaria con destino en Fraga.

b) Que inició proceso de reconocimiento de incapacidad permanente para el servicio

cuya propuesta de resolución con el reconocimiento de la misma se emitió por la Dirección

General de Gestión de Personal el 7 de marzo de 2011.

c) Que como consecuencia del retraso en la tramitación del expediente de invalidez,

con fecha 7 de febrero de 2011 MUFACE le remitió comunicación “por la que se le

informaba de que quedaba extinguido el subsidio económico establecido por incapacidad

temporal, por haber rebasado el proceso de reconocimiento de incapacidad temporal los

veinticuatro meses establecidos al respecto por el artículo 20 del Real Decreto 4/2000 de

23 de junio, por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley sobre seguridad social de los

Funcionarios Civiles del Estado.

d) Todo eso le ha causado unos perjuicios que cifra en 6.409,15 euros entre los que

se incluye un préstamo personal de 3.000 euros que debió concertar.

e) Que todo ello es responsabilidad de la Administración educativa aragonesa, por lo

que le reclama a efectos de responsabilidad patrimonial dicha cantidad.

Acompaña su reclamación de documentación que juzga acreditativa de todo lo

indicado.

Tercero.- El Secretario General Técnico del Departamento, por escrito de 30 de

septiembre de 2011, admite a trámite la solicitud y nombra instructor del procedimiento

iniciado.

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Cuarto.- Contiene el expediente remitido un informe de la Dirección General de

Gestión de Personal de dicho Departamento, fechado el 6 de septiembre de 2011, y en el

que se resume lo que ha sido la tramitación del expediente de incapacidad permanente de

dicho funcionario. Resumiendo lo que indica este informe podemos destacar lo siguiente:

a) Que con fecha 10 de enero de 2011 se emitió por parte de la Inspección Médica

del Servicio Provincial de Huesca de Educación, informe médico de propuesta de

incapacidad permanente de “X” teniendo en cuenta informes médicos fechados el 26 de

noviembre de 2010 y el 15 de diciembre de 2010.

b) Con fecha 14 de enero de 2011 el Inspector de Educación del Servicio Provincial

de Huesca emitió informe complementario expresando la labor y los horarios del puesto de

trabajo del funcionario.

c) Con fecha 21 de enero de 2011, al día siguiente de recibirse esa documentación,

se inició de oficio el expediente de jubilación notificándoselo al interesado. El día 24 del

mismo mes y conforme dispone el ordenamiento jurídico (que se cita en el informe) se

remitió el expediente al Equipo de Valoraciones de Incapacidades de la Dirección Provincial

del Instituto Nacional de la Seguridad Social donde el interesado reside, en este caso

Lleida.

d) Este equipo emitió informe preceptivo y vinculante el 17 de febrero de 2011

determinando que el funcionario estaba totalmente imposibilitado para el desarrollo de sus

funciones en la Administración Pública y para el desarrollo de otra profesión u oficio,

remitiendo dicho informe a la Dirección General de Personal el 25 de febrero de 2011.

e) Finalmente con fecha 7 de marzo de 2011 se emitió la propuesta de resolución por

la que se acordaba la jubilación por Incapacidad Permanente para toda profesión y oficio,

concedido el plazo de quince días hábiles para que el interesado presentara alegaciones o

nueva documentación.

f) Indica que el ordenamiento jurídico no contiene un plazo de conclusión del

expediente, pero que todo se ha realizado en un plazo inferior a dos meses.

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De otra documentación del expediente remitido se colige que se acordó la jubilación

del reclamante con fecha 30 de abril de 2011 respondiendo a la propuesta de resolución de

7 de marzo de 2011.

Quinto.- Consta en el expediente remitido otra documentación de tramitación interna

del procedimiento de responsabilidad así como escritos del reclamante en los que insta al

abono de la cantidad solicitada; por ejemplo un escrito de 14 de noviembre de 2011 así lo

indica. A este último contesta el instructor por escrito de 21 de noviembre indicando, entre

otras cosas, que el plazo de resolución del expediente de responsabilidad son seis meses

(presentó su reclamación el 15 de julio de 2011), que transcurrido éste deberá entender

desestimada su petición y que, en todo caso, debe solicitarse Dictamen de este órgano

consultivo.

Sexto.- Por escrito de 21 de noviembre de 2011, tal y como hemos indicado en el

primero de los antecedentes de hecho, se solicita Dictamen de este órgano consultivo

(registro de entrada del 12 de diciembre), acompañando al mismo una propuesta de

resolución.

En la propuesta de resolución se indica que según el ordenamiento jurídico vigente

(art. 20 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios civiles

del Estado aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio) el expediente de

jubilación se puede iniciar durante cualquier momento de aquél en el que se prolongue la

situación de incapacidad temporal, y que éste se ha iniciado un mes antes de concluir tal

situación (que sería el 7 de febrero de 2011). Se precisa que “el reclamante no fundamenta

su pretensión en la tardía iniciación del procedimiento de jubilación sino al retraso en la

gestión de su expediente de invalidez por lo que es necesario precisar si el acuerdo de

resolución se adoptó en el plazo establecido”. A continuación transcribimos los párrafos

decisivos de la propuesta:

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“Si el acuerdo de inicio del expediente se produce el 21 de enero de 2011 y el

acuerdo de jubilación se adopta el 30 de abril de 2011 han transcurrido 3 meses y nueve

días. La resolución se hubiese adoptado dentro del plazo si consideramos aplicable el

artículo 2 del Real Decreto 1769/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas

reguladoras de los procedimientos de clases pasivas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de régimen jurídico de las administrativos públicas y del procedimiento administrativo

común establece que: “el plazo máximo de resolución de las solicitudes formuladas por los

interesados será de cuatro meses para los procedimientos de reconocimiento, rehabilitación

y acumulación de derechos pasivos, computándose el mismo a partir del día en que la

solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo

competente”.

A esta interpretación cabría objetar que nos encontramos ante un procedimiento

iniciado de oficio por lo que resultaría aplicable el artículo 42.3 de al Ley 30/1992, de 26 de

noviembre…..que establece que el plazo máximo de su resolución es de tres meses. En tal

caso la resolución se habría adoptado diez días fuera del plazo. Sin embargo hay que

indicar que los efectos de la pensión de jubilación son desde el primer día del mes siguiente

al de la jubilación según el artículo 20.1 de la Ley de Clases Pasivas del Estado cuyo texto

refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril…Es decir de

haberse adoptado el último día del plazo los efectos serían los mismos y en consecuencia

no se derivaría perjuicio alguno.

(…) Por último indicar que conforme establece el del (sic) Real Decreto 420/1993, de

26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones

Públicas en materia de responsabilidad patrimonial el plazo para su resolución es de seis

meses y los efectos del silencio negativo de acuerdo con el artículo 142.7 de la Ley

30/92….por lo que cabe rechazar las alegaciones de haberse concedido por silencio

positivo formuladas por el reclamante con fecha 27 de octubre de 2011”.

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CONSIDERACIONES JURIDICAS

I

El dictamen solicitado entra dentro de las competencias del Consejo Consultivo de

Aragón tal y como se regula en el art. 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo

Consultivo de Aragón, que dispone la necesidad de consulta preceptiva al Consejo en el

supuesto de “reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de

cuantía superior a 6.000 euros”. Ello significa, dada la cuantía de la indemnización

solicitada en este caso, el carácter preceptivo del Dictamen que se emite por este Consejo

Consultivo de Aragón.

En función de lo preceptuado en los arts. 19 y 20 de la misma Ley 1/2009, resulta

competente la Comisión para la emisión del dictamen.

II

El Consejo Consultivo de Aragón ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del

procedimiento tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica,

procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación

con los daños sufridos por una persona que imputa lesión en sus bienes y derechos a la

actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sabemos, en general, que los requisitos para que sea declarada la responsabilidad

patrimonial de la Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y

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perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo

de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa

a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o

perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho

a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, computado desde la producción del

hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo).

III

Lo que se ha hecho en el final de la anterior consideración jurídica es un recuerdo a

los principios de la responsabilidad administrativa que, con origen en el art. 106.2 de la

Constitución y desarrollo posterior en los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, serían los que, en su caso, deberíamos apreciar aquí a los efectos

de concluir en la existencia, o no, de responsabilidad de la Administración.

Sobre ello decimos inicialmente que el procedimiento se ha tramitado de forma

correcta, llevándose a cabo las actuaciones ordenadas por la normativa aplicable y

ofreciéndose el trámite de audiencia a los interesados que ha sido utilizado por el

reclamante.

En ese sentido el escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial se presentó

con fecha 15 de julio de 2011, y la tramitación del procedimiento de incapacidad

permanente se inició el 21 de enero del mismo año y concluyó el 30 de abril de 2011, lo que

nos sitúa claramente dentro del plazo del año al que hace referencia la normativa indicada.

IV

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deba soportar el reclamante de responsabilidad administrativa. Este indica que el 7 de

febrero de 2011 concluía su situación de incapacidad temporal y que en esa fecha no se

había concluido el procedimiento de incapacidad permanente. Pero el ordenamiento jurídico

aplicable no marca la finalización del tiempo de incapacidad temporal como el momento en

el que, a su vez, debería haberse decidido, como máximo, la incapacidad permanente sino

que el art. 20.3 primer inciso del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los

Funcionarios Civiles del Estado, indica que:

“En cualquier momento en que se prevea que la enfermedad o lesión por accidente

impedirá definitivamente el desempeño de las funciones públicas, el órgano de jubilación

competente iniciará, de oficio o a instancia del interesado, el procedimiento de jubilación por

incapacidad permanente para el servicio”.

Luego la iniciación del procedimiento de incapacidad permanente, al haberse hecho

con fecha 21 de enero de 2011, no ha llevado consigo ningún tipo de infracción del

ordenamiento jurídico.

Esta fecha debe de tomarse como referencia a los efectos de juzgar en qué momento

debió concluir el procedimiento administrativo y notificarse la correspondiente resolución.

Es bien evidente que se trata de un procedimiento iniciado de oficio y al que se debería

aplicar el plazo establecido en el art. 42.3 de la Ley 30/1992, lo que nos conduciría hasta el

21 de abril de 2011, es decir, nueve días antes de la adopción del acuerdo de jubilación.

Pero esto, que es, como decimos claro, no ha sido suficiente para que se haya causado un

daño que no debe soportar al funcionario jubilado, porque los efectos de la declaración de

jubilación en relación a la pensión operan –como ha recordado la propuesta de resolución-

a partir del primer día hábil del mes posterior, por lo que ante la inexistencia de lesión en

sentido técnico, no cabe apreciar el instituto de la responsabilidad administrativa.

Y, de la misma manera, tampoco habría ningún efecto por los retrasos –supuestos-

que aprecia el reclamante en el procedimiento de responsabilidad administrativa practicado

cuyo transcurso, en todo caso, determinaría la negativa (presunta) en relación a la solicitud,

nunca un reconocimiento de la justeza de su reclamación de responsabilidad patrimonial.

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En mérito a lo expuesto, la Comisión del Consejo Consultivo de Aragón emite el

siguiente DICTAMEN:

Que de conformidad con la propuesta del Departamento de Educación, Cultura y

Deporte, procede desestimar la solicitud de reclamación en materia de responsabilidad

patrimonial de la Administración formulada por “X” por no darse los requisitos exigidos por

el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

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