CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y
EL DESPLAZAMIENTO
CODHES
Bogotá, Mayo de 2008
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de CODHES y no compromete a la agencia cooperante.
Caratula: Alejandro Rojas A. [email protected]
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Impreso en Colombia
ISBN: 978-958-44-2481-6 Marco Romero Silva
Presidente
Jorge Rojas Rodríguez Director
Johanne Alvarez Investigadora Regional Con la revisión de: Edwin Tapia
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES Carrera 6 Nº 34 – 62 of. 302 PBX. (57) – 1 – 2325666 www.codhes.org Mayo de 2008 Arauca: Dilemas de guerra, desafíos humanitarios
Este estudio fue elaborado por JOHANNE ALVARES PALACIOS, comunicadora social-periodista de la Universidad de Boyacá. Investigadora regional de CODHES.
Contenido
Presentación ... 7
I. Economías de la guerra: Corrupción, seguridad y derechos humanos ... 13
Economía petrolera ... 13
Economías ilícitas del narcotráfico ... 16
Contrabando y otros tráficos ilegales en la zona de frontera (contrabando de gasolina y tráfico de armas) ... 18
II. Situación humanitaria y migración transfronteriza a Venezuela ... 20
Violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ... 22
Asesinatos ... 22
Masacres ... 23
Secuestros ... 23
Violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH –... 24
Falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales ... 25
Detenciones arbitrarias Minas antipersonal –MAP– y municiones sin explotar –MUSE– ... 26
Fosas comunes ... 26
Actos de terrorismo ... 27
Sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad ... 27
Mujeres: violencias ocultas ... 28
Maestros en la mira ... 29
Los peligros de la misión médica y los trabajadores de la salud ... 29
Indígenas: muerte, desplazamiento y confinamiento ... 30
Periodistas: la violencia del silencio ... 30
Iglesias por la paz en medio de la intimidación ... 31
Migración transfronteriza: dinámica del refugio de colombianos hacia Venezuela ... 33
Dinámicas del refugio ... 34
Impacto de la migración transfronteriza en las comunidades receptoras en Venezuela ... 36
Respuesta institucional a la migración transfronteriza ... 36
¿Existe una crisis humanitaria en Arauca? ... 38
III . Desplazamiento forzado en Arauca ... 40
Arauca como territorio de expulsión ... 41
Desplazamiento en Arauca según zonas de llegada ... 42
IV. Respuesta institucional al desplazamiento forzado por la violencia .... 47
Prevención del desplazamiento forzado por la violencia ... 47
Atención Humanitaria de Emergencia (AHE) ... 49
Limitaciones en materia de la toma de declaración para la inclusión en el RUPD... 51
Estabilización y Consolidación Socioeconómica ... 52
Oferta en salud ... 52
Oferta en educación ... 52
Oferta en vivienda ... 53
Oferta en generación de ingresos ... 54
Restablecimiento mediante procesos de retorno ... 54
Presentación
Presentación
El departamento de Arauca es un territorio de frontera que ha aportado en la historia de la construcción política y económica de la nación, que tiene importantes recursos naturales y que cuenta con una sociedad diversa en su composición, con inmensas capacidades para resistir y crear en medio de la adversidad.
Por muchos años han confluido en su territorio conflictos y oportunidades, realidades y esperanzas, que hacen de esta región de Colombia un escenario sui géneris y multifacético que merece una atención especial en el análisis nacional.
La confrontación armada que desde los años 60 prevalece en Colombia tiene desde los años 70 una manifestación continua en Arauca. Allí surgió y creció una de las estructuras más importantes del Ejército de Liberación Nacional y allí se asentaron desde los años 80 algunos de los más activos frentes de las Farc. En Arauca tienen presencia los grupos paramilitares y, por supuesto, en esta región se concentra un creciente contingente de la Fuerza Pública, que tiene su correspondencia en la militarización del otro lado de la frontera. Tal vez no hay un departamento con tanta presencia de personas armadas con relación al número total de habitantes.
Es más, el conflicto armado que en otras regiones del país enfrenta a la Fuerza Pública con grupos guerrilleros, en Arauca se amplía a una confrontación entre las Farc y el Eln, cuya capacidad de destrucción social y pérdidas en vidas humanas apenas se advierte.
Las reservas de petróleo y la importancia estratégica que su producción tiene para la economía nacional y global marcan una característica alrededor de la cual gira la realidad social y política de la región. Algún lugareño llegó a decir que “hubiera sido mejor no tener petróleo, porque parece una riqueza maldita”, refiriéndose a todo lo que ha significado este combustible para la violencia y la corrupción en la región.
Además del petróleo, Arauca comparte frontera con Venezuela, con todo y lo que esta ubicación geografía implica en términos políticos, militares, sociales y culturales y, también, por la existencia de una economía ilícita que se expresa en contrabando de combustibles, armas, drogas y alimentos. Todo lo que puede ser positivo para el progreso de la región se confunde con formas ilegales o ilícitas, lo que crea un ambiente que va desde el rechazo hasta la permisividad, según patrones culturales que se asientan en la región. Los cultivos de coca y el procesamiento de drogas ilícitas hacen parte de esta realidad local, así como la corrupción administrativa.
En Arauca se sienten las consecuencias sociales del empobrecimiento de la mayoría de la población en medio de la apropiación indebida de los re-cursos de la economía del petróleo como consecuencia de una corrupción enquistada en la clase política tradicional y en la administración pública. También es Arauca epicentro de una crisis humanitaria y de derechos huma-nos que se deriva de tantos actores armados que han demostrado muy poco interés en respetar los derechos de la población civil, según las normas del derecho internacional humanitario a las que están obligados. El resultado es patético: ejecuciones extrajudiciales, masacres, asesinatos, desapariciones, secuestro, desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonal y uso de armas de efectos indiscriminados, bombardeos y ataques aéreos con afectación de civiles y bienes protegidos, entre otras acciones que represen-tan graves, continuas y no superadas violaciones a los derechos humanos e infracciones a las normas humanitarias.
Hay algunos cambios positivos en la percepción y en la realidad de la segu-ridad en el Departamento que se manifiestan en reducción de ataques de las guerrillas y menos secuestros y más control por parte de la Fuerza Pública en las cabeceras municipales. No obstante, la realidad muestra índices de violencia y atropellos que persisten y se incrementan, especialmente en las zonas rurales más alejadas en las que se impone el control de grupos irre-gulares. Y no sólo en las zonas alejadas. Los centros urbanos son escenario de asesinatos y hostigamientos que indican la continuidad de la violencia. Las capturas masivas de personas inocentes por parte de la Fuerza Pública también son ejemplo de estas nuevas manifestaciones de la crisis.
La desconfianza se apoderó de la sociedad local gracias a la estrategia de los informantes que por dinero y no por convicción ciudadana, denuncian a reales o supuestos integrantes de los grupos ilegales.
Las respuestas institucionales, según la propia comunidad afectada, son dé-biles y precarias. Indican que la fortaleza del Estado es más del orden militar que social y de justicia. Hay muchos recursos para la defensa y la seguridad y muy poco para atender las consecuencias sociales y humanitarias de la
guerra. La justicia opera con presiones y pocos resultados efectivos, lo que hace de la impunidad un caldo de cultivo para prolongar la violencia. Las personas desplazadas no encuentran una ruta para la realización efectiva de sus derechos.
Sin embargo, hay manifestaciones de articulación social y resistencia a la guerra por parte de algunas comunidades y sectores sociales, que indican la existencia de capacidades sociales de respuesta que, a su vez, requieren de acompañamiento y apoyo.
Producir petróleo y exportarlo a Estados Unidos a través de un oleoducto protegido en el marco del Plan Colombia, estar ubicado en zona de frontera con Venezuela, padecer por años un conflicto armado en el que intervienen grupos guerrilleros, Fuerza Pública y grupos paramilitares, contar con un importante flujo de regalías por la explotación del petróleo, tener uno de los mayores niveles de corrupción administrativa e ineficiencia de la gestión pública y registrar altos niveles de pobreza y marginalidad, son algunas de las circunstancias que podrían hacer parte de un mínimo horizonte de comprensión local de este Departamento.
En este documento intenta una aproximación a las economías que giran alrededor del conflicto, a las formas de migración y desplazamiento que se imponen en el marco de la confrontación armada y a las respuestas institu-cionales para hacer frente a la crisis humanitaria. La Federación Luterana Mundial contribuyó a esta publicación y la realización del la investigación en terreno, que fue realizada por Johanne Alvarez Palacios y contó con el apoyo documental de Edwin Tapia, ambos investigadores de CODHES. Todo el contenido de este informe es responsabilidad de CODHES y en ningún momento compromete a la agencia donante.
La Federación Luterana Mundial - FLM es una comunión mundial de igle-sias cristianas de tradición luterana. Fundada en 1947, la FLM cuenta en la actualidad con 138 iglesias miembro en 77 países, que representan 66 millones de cristianos y cristianas de todo el mundo.
La FLM actúa en nombre de sus iglesias miembro en esferas de interés común, tales como las relaciones ecuménicas e interreligiosas, la teología, la asistencia humanitaria, los asuntos internacionales y derechos humanos, la comunicación y el trabajo de misión y desarrollo.
El Departamento para Servicio Mundial - DSM es la agencia humanitaria internacional de la FLM. Desde hace más de 50 años, el DSM brinda so-corro en situaciones de emergencia, rehabilitación y desarrollo sostenible, respondiendo a las necesidades de las personas que han sido alcanzadas por desastres naturales o de origen humano. En esta categoría se agrupan refugiados/as, personas desplazadas en su propio país, víctimas de conflic-tos civiles, comunidades afectadas por sequías, inundaciones, huracanes y terremotos. El DSM brinda socorro sin distinción de raza, sexo, credo, nacionalidad o convicción política.
La Federación Luterana Mundial es miembro fundador de la Acción Con-junta de las Iglesias - ACT Internacional, una red ecuménica para la coordi-nación de la ayuda en emergencias para la atención en desastres, causados por conflictos o por eventos naturales.
En Colombia, la Federación Luterana Mundial - Servicio Mundial, inició a finales de 2006 un programa de acompañamiento denominado “Desarrollo
Sustentable, Paz y Derechos Humanos”.
Debido al conflicto armado interno que tiene lugar en el país, a la diversidad de actores involucrados y al impacto y las consecuencias sobre la población civil colombiana, el Programa se desarrolla en su totalidad bajo un enfoque de derechos humanos y está financiado inicialmente por organizaciones de iglesias luteranas de Estados Unidos, Finlandia y Suecia.
El DSM basa su estrategia de intervención en el acompañamiento, forta-lecimiento, protección y apoyo financiero a las organizaciones que están trabajando a favor de la población y a las comunidades vulnerables o en emergencia, focalizando en las regiones de Arauca y Chocó.
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Coordinación Nacional Doris Pérez M.
I. Economías de la guerra: corrupción,
seguridad y derechos humanos
La débil construcción de la institucionalidad estatal y una precaria cultura de lo público constituyeron un escenario propicio para que en el departamento de Arauca grupos armados irregulares y figuras de la élite política tradi-cional desarrollaran una estrategia exitosa de captura de recursos públicos que determinan, en buena medida, la situación de abandono y negación de derechos de la comunidad.
La economía de Arauca tiene un bajo desarrollo y está concentrada princi-palmente en el sector primario, configurando un patrón de baja generación de empleos formales que permita reducir la pobreza así como la construc-ción de una sociedad local fuerte que ejerza un control social a la gestión
pública y al uso adecuado de la renta petrolera1.
En este escenario, Arauca es un botín sumamente atractivo para todos los actores armados, que ven en este la posibilidad de capturar rentas económi-cas, además su ubicación geográfica y las limitaciones para monitorear la extensa frontera con Venezuela, crean oportunidades para la realización de todo tipo comercios ilegales en esta zona. En este contexto hay tres activi-dades tras las cuales se mueve la economía política de la guerra en Arauca, a saber: Economía petrolera, economía de la coca y tráficos ilegales en la zona de frontera: contrabando de gasolina y de armas.
Economía petrolera
Según Uribe López (…) “el enfoque económico de las guerras civiles señala
la correlación empírica que existe entre el potencial predatorio de los grupos insurgentes y la ocurrencia y duración de una guerra interna. Para fortuna de las guerrillas, y luego de los paramilitares, los recursos y la geografía coincidieron. Las mayores bonanzas –legales e ilegales- han tenido lugar en los márgenes lejanos, fuera del eje territorial sobre el cual el Estado ejerce mayor fuerza cohesiva…En los márgenes lejanos la distorsión del carácter público de las finanzas territoriales crece con la precariedad de la
1-“El PIB, preliminar, del 2002 del departamento de Arauca es de $474.705 millones de pesos constantes de 1994 y el mayor aporte le corres-ponde a la actividad agropecuaria con 33.09%, seguida por la minería, en especial del petróleo con 33.15%. La economía del departamento en el 2002 representa el 0.62% del PIB nacional, y renglones como el minero pesa en el total nacional el 4.8%, el agropecuario el 1.4% y el industrial el 0.64%”. Departamento Nacional de Estadística –DANE. Banco de la República. Infor-me de Coyuntura Económica Regional –ICER-. Arauca. Informe segundo semestre de 2004”. Bogotá. Colombia. Abril de 2005.
presencia estatal y con el tamaño de la torta. Precisamente en las regiones institucionalmente más débiles, los presupuestos han sido catapultados por las regalías derivadas de la explotación de recursos no renovables, principalmente de hidrocarburos”2.
Desde la década de los ochenta, Arauca viene recibiendo cuantiosos recursos de participación en las regalías petroleras: en 1986 se giró a la Intendendencia de Arauca, los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y al Corpes
Orino-quía3, el 38,1% del total de las regalías petroleras ocasionadas en ese año ($
17.798.000.000) que equivale a 6`781.038.000. Diez años después, en 2007,
Arauca recibe de manera global 225´924.306.8844 (9.9% más que en 2006).
Es evidente que esta bonanza de recursos asociados a las regalías en el de-partamento de Arauca ha sido capturada de manera indebida y descarada, en un carrusel de corrupción por el cual se investigan personajes políticos, funcionarios públicos y actores amados irregulares.
Establece Uribe López frente Arauca que “(…) los grandes ganaderos
que dominaban la clase política local, centralizados en la capital del de-partamento, se apropiaron de las regalías”. Entre los intersticios de esa clase política penetra la guerrilla del ELN y se configura un escenario de clientelismo armado: una intrincada mezcla de extorsión y complicidad para la apropiación del presupuesto entre el depredador armado y el no armado. Las auditorias de la Contraloría General de la República CGR han revelado una amplia gama de mecanismos para la caza del botín: predominio de la contratación directa y fraccionamiento de contratos; con-tratación de cooperativas de papel; vagas definiciones en las finalidades de los contratos; emprendimiento de obras sin licencia ambiental ni estudios de factibilidad; innumerables contratos de publicidad, celebraciones, fes-tividades, compras de combustibles y de repuestos; alquiler de vehículos; pago de nóminas docentes y de salud con recursos de regalías y no con los que provienen de las participaciones en los ingresos corrientes; pagos de intereses moratorios por demoras en las erogaciones, etc.5
Otro elemento significativo asociado a las economías de la guerra es que en el departamento de Arauca se ha fomentado un incremento de la inversión en seguridad por cuenta de los recursos que aporta el gobierno de Estados Unidos a través del Plan Colombia para la protección del oleoducto Caño Limón- Coveñas, dado que la mayor parte de la producción de Arauca se exporta hacia Norteamérica. A esto se suman los recursos que invierten en seguridad las multinacionales petroleras que operan en la zona, las cuales buscan blindar su operación y garantizar el flujo permanente del crudo. Seguridad asociada a cooperación internacional, seguridad privada, alta presencia militar y grupos armados irregulares en una zona de frontera con alta intensidad del conflicto, son factores que contribuyen a la securitización de la vida cotidiana e inciden de manera significativa en el orden local.
2- Uribe López, Mauricio. “Plata, piñata y guerra: el caso de las regalías”. Contenido en “Boletín. Hechos del Callejón. Número 2”. Disponible en http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f181 33669868e1cc381983d50faa/pags2840.pdf. Bogotá. Colombia. Abril de 2005.
3- La figura de la Corporación Regional de Planeación Económica y Social –CORPES-, fue una forma organizacional de tipo administrativo definida desde el nivel nacional, en la década de los ochenta, con el fin de focalizar regionalmente parte de los recursos de inversión social en las regiones.
4- Agencia Nacional de Hidrocarburos. “Re-galías giradas en 2007”. Disponible en www. anh.gov.co
5- Uribe López, Mauricio. “Plata, piñata y guerra: el caso de las regalías”. Op cit.
En este contexto se inscriben algunas denuncias de organizaciones locales referidas a la relación entre empresas de seguridad privada y Fuerza Pública, algunos de cuyos miembros han sido acusados de graves violaciones a los derechos humanos.
En diciembre de 2006, se llevó a cabo en el municipio de Saravena, la au-diencia preliminar petrolera del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Colombia, en esta sesión, miembros de las organizaciones sociales de Arau-ca, del Observatorio Social de empresas transnacionales, megaproyectos y derechos humanos en Colombia, representantes de sindicatos, asociaciones estudiantiles, campesinas, indígenas, populares, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, denunciaron que con el fin de proteger las inversiones del capital transnacional de empresas como la Occidental Petroleum Company, British Petroleum Amoco y REPSOL se ha fomentado la militarización en departamentos como Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Casanare, en el marco de una política de seguridad que no siempre está acorde con el respeto por los derechos humanos en estas regiones. Entre tanto, el énfasis en proteger la infraestructura petrolera ha direccionado buena parte de la oferta de seguridad oficial del Departamento a los municipios donde esta la infraestructura petrolera, creando espacios vacíos de autoridad, en los cuales transcurre todo tipo de economías ilícitas y se facilita la presencia de actores armados irregulares y la ocurrencia de situaciones de vulneración a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
El mal manejo de los recursos provenientes de la explotación petrolera tiene con-secuencias en los niveles de pobreza, abandono y exclusión como consecuencia de la postergación indefinida de una deuda social que aún no se supera.
Cuadro 1. Situación Social de Arauca - Situación Social Nacional
Tomado de OCHA. Sistema Integrado de Información Humanitaria –SIDI-. “Ficha Arauca”. Disponible en http://190.144.128.6/ sissh/index.php?m_e=minificha&accion=generar&class=Minificha. Bogotá. Colombia. Febrero de 2008.
Como se observa en el cuadro, los cuantiosos recursos asignados al depar-tamento de Arauca no se corresponden con indicadores sociales que siguen por debajo del nivel nacional. En particular, los rubros que se financian con regalías: educación, salud y saneamiento básico (acueducto o alcantarillado), están unos puntos por encima o por debajo del promedio nacional, no hay reducciones significativas, y esto un claro indicador de la ineficiencia, la rapiña y las oportunidades perdidas para superar la inequidad y la pobreza ene esta región del país.
Economías ilícitas del narcotráfico
En el Departamento, dados los amplios vacíos institucionales en ciertas zonas rurales y la zona de frontera, era cuestión de tiempo que emergiera esta economía ilícita. Según la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Arauca se detectaron en el año 2000 cerca de 1.000 hectáreas de coca, las cuales aumentaron a más de 2.000 hectáreas entre los años 2001 y 2002.
En 2003, se asperjaron 12.000 hectáreas y se logró que el cultivo de coca disminuyera a 500 hectáreas en Diciembre de ese año. Sin embargo, esta reducción no es permanente y entre 2004 y 2005 aumentaron los cultivos,
volviendo a disminuir en 2006 al llegar a 1.306 hectáreas6.
Los actores armados controlan este negocio y los precios de la pasta o base de coca que cultivan, procesan y posteriormente les ofrecen los campesinos, por lo que la pagan según su conveniencia, para lo cual, buscan el control del territorio, la producción y la comercialización del producto final. Según la citada agencia de las Naciones Unidas, el municipio de Arauquita es el que presenta la mayor área de cultivos, 59% de la coca sembrada en todo el departamento de Arauca esta allí.
Cuadro 2. Cultivo de Coca-Arauca en 2006
Fuente: Organización de las Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. “Informe: Colombia. Censo de cultivos de coca”. Op. cit.
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las FARC y el ELN explotan juntas el negocio del narcotráfico y aunque existe un
enfren-6- Organización de las Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito. “Informe: Colombia. Cen-so de cultivos de coca”. Junio 2007. Página 31.
tamiento entre las guerrillas y los grupos paramilitares por el control de los cultivos, se habla de zonas en las que estos bandos tienen acuerdos tácitos para no entorpecerse la recolección y la producción de la pasta.
Otro elemento complejo de esta tipo de economía, es que en Arauca la coca prolifera entre aproximadamente 2.255 hectáreas de plátano hartón, 400 de maíz, 200 de caña 1.800 de yuca, 120 mil cabezas de ganado y numerosos criaderos de cachama, coporo (bocachico), bagre curito y palometa, con lo cual las fumigaciones ponen en riesgo la seguridad alimentaria de los campesinos.
De la coca aproximadamente viven 5.000 familias, pero de los cultivos de pancoger en mención, sobreviven otros 10 mil. De acuerdo con los cálculos de la Umata de Arauquita un número no calculado de familias de zonas cercanas se verían afectadas con la fumigación con glifosato, pues en una
región llana como Arauca el químico se dispersaría con mayor facilidad7.
Según información de la Personería de Fortul, allí la aspersión aérea inició en el año 2004 en la zona rural y ese despacho ha recibido más de 65 quejas de fincas afectadas, pero solamente 2 familias han recibido compensación a los daños a sus cultivos de pancoger.
En el 2007, se ha compensado a algunas familias del año 2005.Sin embargo, las perdidas no sólo son económicas, también hay peligros de salubridad
pública, según la asociación campesina ACA8, en veredas de Arauquita la
aspersión se ha realizado en zonas de cultivos de pancoger, y se han con-taminado fuentes de agua que surten de este líquido a muchos acueductos veredales, además se han ocasionado graves problemas de piel, intoxicación
y muerte de algunos animales de corral9.
Por otra parte, desde lo institucional se viene adelantando una estrategia de sustitución de esta economía ilícita, mediante la aplicación del programa “Familias Guardabosques” en Arauquita. Desde el inicio del Programa, en el año 2003, hasta noviembre de 2007, el programa se ha desarrollado en 24 veredas y actualmente trabaja con 945 familias beneficiarias, con una
inversión total de $5.783.400.00010. Sin embargo, el programa no está
cubriendo zonas como Tame, Saravena y Fortul, que aunque presentan una disminución en las hectáreas cultivadas, igual son zonas rurales con cultivos que necesitan una opción de sustitución.
Las organizaciones sociales han manifestado que este Programa, si bien reduce los cultivos de uso ilícito y genera una economía legal para el cam-pesino, también expone a la población frente a los actores armados, quienes han venido haciendo presencia en las diferentes zonas de cultivos de uso ilícitos y ocasionando temor y amenazas de represalias contra aquellos que hagan parte de este tipo de proyectos.
7- Comisión Andina de Juristas. “Noticias Andinas sobre Drogas”. Disponible en http://www.cajpe. org.pe/hojaverde/hoja124/h-co45.htm 8- Entrevista con la ACA. Departamento de Arauca, segundo semestre de 2007. 9- El Ministerio de Defensa Nacional argumenta que según estudio realizado…“el glifosato y el Cosmo-Flux tal y como se usan en el programa de erradicación de Colombia no presentaban un riesgo significativo para la salud humana”. Ministerio de Defensa de Colombia. “Estudio sobre los Efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, mediante la aspersión aérea con herbicida glifosato y de los Cultivos Ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente en Colombia: Conclusiones del Estudio”. Disponible en www.mindefensa.gov.co/dayTemplates/Glifo-sato/informe_glifosato.htm?PHPSESSID=0e8 b75954c1c687fd06600b6aefddb3c. Bogotá. Colombia.
10- Acción Social regional Arauca. “Consolidado programa Familias Guardabosques” Arauca. Colombia. Noviembre de 2007.
Tráfico hacia la frontera de Arauca
El departamento de Arauca colinda con el Estado de Apure a lo largo de 405 km. Según la Universidad del Rosario…“la industria del narcotráfico
ingresa de Venezuela insumos derivados de su industria petroquímica como gasolina, disolvente alifático, kerosene y ACPM, así como cemento”11.
Gráfico 1. Rutas del tráfico de drogas desde Colombia hacia Venezuela.
Datos de la Policía Nacional, tomado de la Organización de las Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito, “Informe: Colombia. Censo de cultivos de coca”. Página 12.
La persistencia de la economía de la coca, muestra los límites de la estrategia de erradicación y sustitución y advierte que no subsisten factores estructu-rales que incentivan la resiembra y que no son tenidos en cuenta como las limitaciones de la economía regional y en particular la presencia de unos actores armados irregulares que fomentan el desarrollo de esta economía, a pesar de la creciente militarización del Departamento.
Contrabandos y otros tráficos ilegales en la zona de frontera
Tráfico de gasolina
Se estima que de Venezuela ingresan diariamente 15.000 barriles de gasolina de contrabando por los departamentos de Arauca y Norte de Santander, de los cuales 6.000 galones se quedan en la zona y el resto van al interior del país. Según la Policía Nacional, desde comienzos de 2001 hasta la fecha han entrado casi 200.000 millones de pesos por este concepto. Por otra parte el ingreso de gasolina venezolana tiene un peso sensible en la economía de la coca dado que reduce los costos de producción de cocaína.
11- Universidad del Rosario. Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito. “El Narcotráfico en las Relaciones Fronterizas de Colombia”. Bogotá. Colombia. Mayo 2006
En el caso de Arauca, son muchas las familias que se benefician del tráfico de gasolina, lo cual lleva a una diversificación del negocio. En este sentido, hay varias modalidades: una corriente mayorista en manos de las “ga-solineras” y una corriente minorista e informal que operan los llamados “pimpineros”. Las “gasolineras” son los que compran el combustible en Venezuela y lo trasladan a Colombia por la frontera de Arauca, ya sea camuflada en buses o carros, en carro tanques que llegan a gasolineras venezolanas y por tener placa de este país se le vende el combustible sin ningún problema; también lo hacen a través del río Arauca, en diferen-tes pardiferen-tes para no ser detectados por la guardia venezolana o el Ejército colombiano. Estas “gasolineras” ya tienen establecido toda una red de proveedores minorista a nivel local, los “pimpineros” o vendedores calle-jeros, quienes en el borde de la carretera instalan de manera rudimentaria su puesto de venta. El combustible ya dentro del territorio colombiano, es vendido sin ningún tipo de reparo y lo adquieren las mismas agencias de transporte municipal e intermunicipal.
Según un estudio elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME) y publicado por la Revista SEMANA, a diario entran por la fron-tera con Venezuela 672.000 galones de gasolina. Si se tiene en cuenta que el tanque de gasolina de un carro se llena con 12 galones en promedio, con
lo que entra de contrabando se podrían tanquear 567.000 mil vehículos12.
La relación de narcotráfico y contrabando de gasolina, la alta generación de empleo informal que genera esta práctica y los niveles de corrupción en la región, son factores que dificultan el control real y la superación de esta forma de economía ilícita en la zona.
Tráfico de Armas
Otro tráfico ilegal que funciona en el fronterizo departamento de Arauca es el de armas, municiones y explosivos. En la región se sabe que las principales rutas de ingreso desde Venezuela son: El Nula y Pedraza (en el Estado de Apure) por vía terrestre y Arauca, Arauquita y Saravena, por vía fluvial. También se emplean aeródromos clandestinos, aunque algunas autoridades locales sostienen que, en ocasiones, se usan aeropuertos ofi-ciales para el tráfico de armas desde Venezuela hacia Colombia a través de La Fría, el Rosario, Santo Domingo, El Amparo – El troncal – y Puerto Rondón.
El conflicto armado y la corrupción en ambos lados de la frontera, estímulan este tráfico de armas a través del territorio de Venezuela hacia el oriente de Colombia y se supone que por esta vía se abastecen los frentes de las FARC y el ELN que operan en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca, Casanare, Sur de Boyacá, Meta, Guaviare, Vichada y
sur oriente de Cundinamarca. 12- Revista SEMANA. “La Frontera de la
II. Situación humanitaria y
migración transfronteriza a Venezuela
Los altos niveles de violencia y los ataques múltiples y constantes contra la población civil, en medio de un conflicto complejo por la confluencia de múltiples actores armados y de circunstancias propicias para la ilegalidad y el delito, están en el trasfondo de la crisis humanitaria y de derechos huma-nos que convierte al departamento de Arauca en uno de los departamentos
más afectados en los últimos diez años en el país13.
Una región con los recursos de Arauca no debería ser escenario de con-tradicciones entre opulencia y pobreza ni, mucho menos, el epicentro de conflictos sociales, armados y políticos que evidencian formas de exclusión, corrupción, empobrecimiento y abandono.
En esta región fronteriza de Colombia con Venezuela se entrelazan la cri-sis social, provocada por los altos índices de pobreza de la mayoría de la población, la concentración de la tenencia de la tierra y la prevalencia de un modelo de economía extractiva asociado al mal uso de los recursos del petróleo, con la crisis humanitaria y de derechos humanos que subyace a la degradación del conflicto armado interno.
Hay por lo menos cuatro factores que explicarían la continuidad y expansión del conflicto armado y de la crisis humanitaria en Arauca:
1. La histórica debilidad estatal para ejercer el monopolio del uso de la fuerza, garantizar el goce efectivo de los derechos de los habitantes y regular los flujos en la zona de frontera con Venezuela.
2. La activación periódica de un ciclo de disputa-control territorial-disputa, que lleva a que el territorio siempre este fragmentado en par-celas de control por los actores armados que tienden a ser transitorias y precarias.
3. La no observancia de derecho internacional humanitario como el principio de no distinción entre combatientes y no combatientes y en
13- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la República. “Diagnóstico departamental Arauca”. Disponible en http://www.derechoshumanos.gov.co/ob-servatorio/departamentos/arauca.pdf. Bogotá. Colombia. Noviembre de 2007.
general, el desconocimiento de las normas que protegen a la población civil por parte de todos los actores involucrados en la confrontación armada.
4. El contexto favorable para la emergencia de economías ilegales y la captura de rentas públicas (regalías petroleras) por la vía de una corrupción generalizada, las cuales se convierten en botín de disputa, alimentando la guerra.
Es decir, la ausencia de un Estado fuerte no sólo en términos de seguridad (que se confunde con militarización del territorio y de la sociedad), sino también fuerte y capaz de resolver los problemas sociales, aplicar justicia, administrar con transparencia y preservar la democracia y los derechos humanos, se nota en la proliferación de la violencia política y social. El conflicto no se supera militarmente. Persisten las Farc y el Eln como actores armados tradicionales y determinantes en las dinámicas de la guerra. La Fuerza Pública tiene una inmensa presencia en la región (por el conflic-to armado, por la explotación petrolera y por su ubicación fronteriza con Venezuela), hay militarización y estrictos controles del lado venezolano que, con frecuencia, aumenta las tensiones y provoca abusos contra la población de la frontera y se anuncia la presencia de nuevas agrupaciones paramilitares.
Tal vez Arauca es la región en donde es más intensa la confrontación ar-mada entre Las Farc y el Eln, una guerra entre guerrillas que trasciende los enfrentamientos entre combatientes y se traslada al campo social, con alto saldo de muertos, desaparecidos, desplazados y refugiados.
Hacer parte de la población civil en Arauca no es una garantía de super-vivencia. Todos los que participan en la guerra y promueven la violencia han convertido a los civiles en objetivo militar y esa forma de concebir el conflicto sin ningún referente humanitario, parece ser la constante principal de la guerra.
En Arauca aplican todas las manifestaciones de infracciones graves al derecho internacional humanitario: el 30% de los eventos de minas anti-personal y municiones sin explotar, acaecidos entre 2003 y 2006, tuvieron como víctimas a campesinos de la región, algunas de las mayores capturas masivas de ciudadanos inocentes acusados de terroristas o auxiliares de terrorismo ocurrieron en municipios de este Departamento, la extorsión y el secuestro siguen vigentes en algunas zonas rurales y, por supuesto, el Departamento enfrenta un grave problema de desplazamiento forzado y de algunos flujos de refugiados y solicitantes de asilo que trascienden la frontera con Venezuela.
Violaciones a los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario
En la región se presenta un patrón de vulneración a los derechos humanos de tipo individual, es decir los actores armados realizan una aplicación se-lectiva de la violencia (prevalencia del asesinatos individual a la masacre, desplazamientos gota a gota en lugar de masivos, entre otros), con lo cual, la dinámica humanitaria no encaja dentro del patrón observado en otras regiones del país en donde hay un escenario de disputa territorial, y en los cuales los actores armados realizan ataques masivos (caso actual de Nariño o el Catatumbo de finales de la década de los noventa).
Esta situación se explica porque, si bien hay disputa territorial, ningún actor armado, tiene hoy en día, suficiente fuerza o capacidad militar para impo-nerse en un territorio o resistir al embate de sus enemigos, esto lleva a que en Arauca exista una especie de “empate técnico” en el cual los principales perdedores son la población civil.
El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República (en adelante ODHDIH), establece que para el periodo que va del año 2003 al primer semestre de 2007, en Arauca se presenta una persistente violencia expresada en una tasa de homicidios mayor que la nacional, que para el primer semestre de 2007, se había
in-crementado en un 79% frente a igual período de 200614.
Cuadro 3. Eventos de violación a los derechos humanos. Período 2006-2007.
Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la República. “Indicadores de situación de derechos humanos. Arauca”. Bogotá. Colombia. Febrero de 2008.
Asesinatos
Según el ODHDIH, entre los años 2003- 2006, ocurrieron 1.302 homicidios, de los cuales 744 (57,14%) se originaron en la confrontación armada entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. Del total de muertes 490 parecen ser homicidios selectivos llevados a cabo por la subversión y las
autode-14- “Se debe destacar que durante el cuatrienio considerado la tasa de homicidio por cien mil habitantes (hpch) del departamento de Arauca siempre ha superado el promedio nacional; el año de mayor incidencia es 2004, cuando llega a triplicarlo. Sin embargo, la tasa presenta una tendencia descendente entre 2003 y 2006, con 168, 145, 98 y 63 hpch respectivamente…al comparar la situación del primer semestre de 2007 con el mismo periodo del año anterior, se evidencia un sensible deterioro en la situación del departamento. Es así como los homicidios registran un incremento de 79%, al pasar de 72 a 129 muertes violentas. El panorama más dramático en este marco son los municipios de Tame que pasa de 20 a 58 homicidios, Saravena, de 17 a 32 y Fortul, que pasa de 14 a 18; estos tres municipios concentran el 84 % de los homicidios cometidos durante el primer semestre de 2007 y todos ellos están ubicados en el piedemonte”. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. “Diagnóstico depar-tamental Arauca”. Op cit. Páginas 4 y 11.
fensas, 214 fueron combates de la fuerza pública contra grupos armados irregulares o de enfrentamientos entre guerrilla y autodefensas y 40 fueron víctimas de actos terroristas15.
Según el informe de este programa oficial, los municipios que tienen pre-sentan los índices más altos de homicidios en este período son, en orden descendente: Tame, con 344 homicidios en 2003, 346 en 2004, 230 en 2005 y 97 en 2006, Saravena, que en 2003 presentó 229 homicidios, 115 en 2005 y 76 en 2006, Puerto Rondón que en el año 2004 registró 289 muertes vio-lentas y Fortul y Arauquita en 2006 con 107 y 91 respectivamente. Todos los municipios presentan una tendencia a la baja entre 2003 y 2006, pero si se comparan las cifras de los años 205-2006, Arauquita, Fortul y Puerto
Rondón presentan incrementos en el número de asesinatos16.
Para las organizaciones de derechos humanos de la región, la difícil situa-ción humanitaria de Tame está directamente relacionada con la presencia y fortalecimiento del paramilitarismo en este municipio y el resquebrajamiento de organizaciones de derechos humanos y sociales que ya no hacen casi presencia en la zona, debido a la arremetida paramilitar y la estigmatización que ha creado la fuerza pública.
Masacres
Durante el período 2004-2006 los municipios de Tame y Arauquita han sido escenario de situaciones de masacre: se han llevado a cabo 9 masacres en las veredas de Flor Amarillo, Piñalito, Cravo Claro, Mate Popocho, San López, Cravo Norte, Caño Seco, Cobolongo, San Salvador y Corocito en inmediaciones del municipio de Tame; y una en los pájaros de la Victoria, inmediaciones de Arauquita en zona fronteriza con Venezuela. En estos hechos de violencia se han reportado un aproximado de 72 personas
asesi-nadas, entre las que había menores de edad17.
Por su parte, el ODHDIH establece que en el período 2003 al 2006, se presentaron 8 casos de masacres, que arrojaron 46 víctimas, las cuales se reportaron en Tame, Saravena y Fortul. Dichos casos fueron atribuidos a
las Farc, Eln y dos a autores no establecidos18.
Según este observatorio, las Farc son los mayores responsables de ma-sacres, por el contrarío, para las organizaciones de derechos humanos, los principales responsables de masacres y violaciones de derechos humanos y DIH, son los grupos paramilitares.
Secuestros
Según el ODHDIH, entre los años 2003 a 2006, se presentaron 68 casos: 31 personas fueron secuestradas por las Farc, 24 por los paramilitares o
15- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-manitario. “Diagnóstico Departamental Arauca”. Op cit. Página 4.
16- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-manitario. “Diagnóstico Departamental Arauca”. Op cit. Página 5.
17- CODHES. “Huyendo de la Guerra. El Silencio de Arauca: Informe regional sobre conflicto interno armado, crisis humanitaria y desplaza-miento forzado. Bogotá. Colombia. Marzo de 2006. Página 44.
18- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ibíd. Página 7.
grupos de autodefensas y 13 por el Eln. La mayoría de los secuestros se dieron en Tame (20) y los otros en Arauca capital (21), los plagios del Eln fueron en Saravena; y la modalidad más utilizada fue el secuestro masivo, la mayoría en retenes ilegales. Según este programa: 50 secuestrados, fueron liberados, 19 siguen cautivos, 5 murieron en cautiverio y 4 rescatados por la fuerza pública19.
En resumen las denuncias sobre violación sistemática de los derechos humanos por parte de los actores armados se relacionan con: asesinato a personas protegidas, masacres, falta de garantías procesales a líderes so-ciales y sindicalistas detenidos, actos terroristas en cascos urbanos, minas antipersonal, paros armados que generan restricciones de abastecimiento y movilidad, falta de garantías electorales y la persecución a las organizaciones sociales y de derechos humanos.
A la forma como se aplica la política de seguridad democrática se atribuyan hechos violatorios de los derechos humanos en la región. En efecto, las detenciones masivas durante la vigencia de la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, implicó la estigmatización de muchos habitantes que durante la captura fueron mostrados en los medios de comunicación como terroristas y meses después fueron liberados por falta de pruebas, lo que configura una tendencia deliberada de arbitrariedad por parte del Estado. Algunas de estas personas no pudieron regresar a sus lugares de origen y hoy se encuentran desplazadas.
A través de la información recogida en el trabajo en terreno y los talleres realiza-dos20 en el departamento, se accedió a una serie de denuncias sobre la ocurrencia
de situaciones de vulneración por efecto de la estrategia contrainsurgente y antinarcóticos, que llevan a que una parte de la ciudadanía, considere que, más que lograr la seguridad se esta generando es inseguridad ciudadana.
A partir del trabajo en terreno y la respuesta a derechos de petición a las
perso-nerías municipales21 se logró establecer las siguientes infracciones al DIH:
1. Débil o nula aplicación del principio de distinción entre combatiente – no combatiente
2. Débil o nula protección a la población civil en medio del conflicto
3. Infracción a la inmunidad de la misión médica22
4. Reclutamiento forzado
5. Retornos sin las garantías que establecen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Desplazamiento Internos.
6. Bombardeos y ataques aéreos que afectan población civil23
19- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ibíd. Página 8.
20- Los talleres se hicieron en los municipios de Arauca capital, Saravena, Arauquita y Tame, y su objetivo fue identificar las causas y consecuencias de la coyuntura humanitaria en el departamento, así como dar a conocer las implicaciones en la respuesta institucional que tienen la Sentencia T-025 de enero de 2004, emitida por la Corte Constitucional.
21- Se presentaron derechos de petición a todas las personerías de Arauca, las únicas que no respondieron fueron las de los municipios de Arauca capital y Saravena.
22- Se observó en el trabajo en terreno, que en el municipio de Saravena, la fuerza pública, en especial el Ejército, utiliza los servicios del hos-pital para la atención de los soldados, entran a las instalaciones uniformados, armados y prestan guardia en la parte de urgencias de la institución. Se comprobó la presencia dentro del hospital de soldados, sub oficiales y oficiales del Ejército. Estas situaciones también se han presentado en Arauquita, Tame y Fortul.
23- Según informaciones suministradas por organizaciones de derechos humanos, en 2006, se presentaron incidentes de este tipo en: 1. Vereda Galaxias del municipio de Tame (22 de octubre); 2. Veredas Fundación, Santa Ana y Palemras (28, 29 de octubre y 8 de noviembre) y; 3. Veredas Fundación, Palmeras y El Oasis de Arauquita (26 de diciembre 2006). En 2007: 1. Veredas El Progreso y Galaxias, de Tame (16 de marzo) y; 2. Vereda Fundación y el caserío Puente Tubo, de Arauquita (8 de abril).
7. Hostigamiento a población civil (confinamiento-bloqueo alimentario) 8. Ocupación y ataque de bienes civiles (casas-escuelas-hospitales)
9. Ocupación de bienes culturales24 y lugares de culto25
10. deplazamiento forzado
Dentro de las situaciones de vulneración a la población civil más sensibles para los habitantes de Arauca están: falsos positivos y ejecuciones extrajudi-ciales, detenciones arbitrarias, afectación por minas antipersonal –MAP- y municiones sin explotar –MUSE-, el descubrimiento de fosas comunes y actos de terrorismo en las áreas urbanas.
Falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales
En el marco de la aplicación de la estrategia de seguridad democrática, se
vienen presentando episodios de falsos positivos26 por parte de la fuerza
pública. Según el Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP-27,
entre julio 2006 a junio 2007, se han presentado 3 casos de “falsos positi-vos” en Arauca, los cuales han ocurrido en los municipios de Saravena y Tame. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos y de población en situación de desplazamiento, afirman, que esta es una practica recurrente de la fuerza pública.
Para el CINEP…“Algo impactante en el último año es la cantidad de casos
de “falsos positivos” que constantemente nos golpean por la gravedad de los hechos y la perversidad que entrañan al tratar de engañar a la sociedad y al mundo mediante mecanismos que hacen creer que se trata de “muertes en combate” cuando en realidad son ejecuciones aleves de personas civiles e indefensas”28.
Frente a las ejecuciones extrajudiciales, desde el año 2004 se observan pe-riódicas denuncias sobre la ocurrencia de este tipo de vulneración, los cuales se invisibilizan dentro del clima general de guerra sucia y reconfiguración
del conflicto que vive la región29. Estas denuncias no han sido aclaradas,
por ende, se mantiene una percepción de ineficacia e impunidad frente al aparato judicial.
Detenciones arbitrarias
Hay un patrón de persecución contra todo tipo de liderazgo social y actores sociales que denuncien la difícil situación humanitaria en Arauca, principal-mente contra organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios y sindicalistas. También se esta produciendo el señalamiento, sin pruebas
24- En la vereda Pueblo Nuevo, jurisdicción de Tame, el Ejército circula por las instalaciones del Instituto de Promoción Agropecuario –IPA-, con el fin de usar el servicio del centro de comunica-ciones Compartel, que es la única herramienta que tiene la población de esta vereda, para comunicarse vía telefónica y por Internet. 25- Se corroboró la utilización de lugares de culto, iglesias y centros educativos por parte del Ejército para el descanso y en otros casos para la preparación de alimentos, argumentando que: “nosotros estamos combatiendo al enemigo y muchas veces necesitamos de estas instalaciones para que la tropa descanse”.
26- Consiste en la invención de resultados operacionales exitosos en la lucha contrainsur-gente, por ejemplo, la desactivación de artefactos explosivos y la desarticulación ficticia de redes de apoyo de los grupos armados ilegales. Todos estos eventos ocurren por efecto de la constante presión hacia los comandantes para que pre-senten crecientes resultados de la política de seguridad ante la opinión pública.
27- CINEP. “Falsos Positivos”. Contenido en la revista “Noche y Niebla”. Edición número 34/35. 2007
28- CINEP. “Falsos Positivos”. Op cit. 29- Para el caso de Saravena se observa el si-guiente comportamiento: en 2004, 37 asesinatos; En 2005, 53 casos; En 2006, 42 situaciones y; En 2007, se presentaron 28 casos.
30- CODHES. “Huyendo de la Guerra”. Op cit. 31- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ibíd. Página 8.
32- El SAT regional Arauca, de la Defensoría del Pueblo, reporta la situación de riesgo en las veredas de Tame: Aguachica, mata de Coco, Oasis, Caranal, Santa Ana y Santa Isabel, donde el riesgo “(…) se ha incrementado en gran proporción y por tanto han convertido algunas zonas rurales en territorios inaccesibles para el tránsito y desarrollo de actividades productivas de los campesinos, poniendo en grave riesgo la integridad de las personas y semovientes”… Otras veredas afectadas están en los municipios de: Arauquita, las veredas, Tropicales, Brisas de Caranal, Aguachica, Caño Hondo y Puerto Rico; Municipio de Fortul, las veredas Muribá, La Pavita y Mate Caña y; Municipio de Saravena, la vereda Caño Flores. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alerta Temprana –SAT-. “Informe de Riesgo número 032–06A.I. Arauca. Colombia. 4 de Agosto de 2006.
concretas, de la existencia de relaciones de simpatía o militancia entre líderes, organizaciones sociales y comunidades enteras con grupos guerri-lleros, lo cual genera estigmatización de ciertos municipios (caso Arauquita y Saravena), pues los encasillan como colaboradores o tolerantes frente al accionar de un actor armado irregular específico.
En un estudio realizado en 2006 por CODHES, se estableció que…“estas
sindicaciones, a su vez se han concretado en más de 100 procesos judiciales contra líderes en el período 2000-2006, a través de sindicaciones por rebe-lión, terrorismo y concierto para delinquir, entre otras”30. Por otra parte, la
Corporación Humanidad Vigente establece a fines de 2007, un consolidado de 2.207 casos de detenciones arbitrarias.
Minas antipersonal –MAP- y municiones
sin explotar
–MUSE-Dado que las guerrillas pretenden minimizar los costos en hombres de un enfrentamiento con la Fuerza Pública, han recurrido al creciente uso de MAP en sus zonas de retaguardia y los caminos de acceso a las zonas rurales, este hecho, ha llevado a que en Arauca cada vez sean más frecuen-tes las víctimas de MAP y MUSE. Según el ODHDIH, en Arauca, se han presentado entre 1990-2007, 522 víctimas, de estos, el 69% son militares y el 31% civiles.
Los municipios que reportan el mayor número de víctimas por minas anti-personal y municiones sin explotar entre 1990 y septiembre de 2007 son: Tame (187), Arauquita (155), Arauca (58), Saravena (77), Fortul (28), Puerto
Rondón (11) y Cravo Norte (6), para un total de 522 eventos31.
Para la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca –ASCATIDAR-, la presencia de minas antipersonal ha generado confinamiento de comunidades indígenas, ya que estas armas están sembradas en zonas de recolección de alimentos, caza y pesca, obli-gándolos a no salir y padecer hambre. En mayo de 2007, cuatro indígenas de la comunidad indigena Uw’a cayeron en un campo minado mientras que realizaban actividades de recolección de alimentos.
A raíz de los enfrentamientos de la fuerza pública con grupos irregulares, son muchas las municiones que quedan si explotar, generando situaciones de riesgo para la población rural32.
La oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en el municipio de Saravena se ocupa principalmente del las víctimas de minas antipersonal y son reiterados los llamados a los actores armados, para que suspendan el uso de estos artefactos proscritos por el derecho internacional humanitario por sus efectos indiscriminados.
Fosas Comunes
Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR- entre los años 2006 a noviembre de 2007, se han encontrado 7 fosas comunes en los municipios de Arauca y Tame, con 9 cadáveres.
Actos de terrorismo
En el año 2006 fueron perpetrados 33 actos considerados de terrorismo en el marco del derecho internacional humanitario, lo que presenta una reducción del 47% con respecto al año anterior, en el que se reportaron 62 atentados. De igual manera, se presentaron 7 atentados contra la infraestructura eléc-trica, que implica una reducción del 93%, con respecto a los 27 realizados en 2005 y 5 contra la infraestructura petrolera. La mayoría de estos eventos fueron atribuidos a las Farc33.
Durante el año 2007 se presentaron 2 paros armados atribuidos a las Farc, el último duró 15 días, entre el 5 y el 20 de agosto.. Este paro generó sig-nificativas pérdidas económicas para el Departamento y aunque la Fuerza Pública garantizó la movilidad a través de caravanas y retenes, la situación generó zozobra y temor y los subversivos quemaron dos carros en la vía a Pueblo Nuevo en Tame.
En lo que se refiere a ejecución de atentados dinamiteros, estos ocurren sin ningún tipo de distingo entre población combatiente y no combatiente: los actores armados ilegales, en su búsqueda de crear terror en las comunidades y rechazo a la ubicación de instalaciones de la Fuerza Pública en los cascos urbanos, han recurrido al secuestro de ciudadanos y al engaño de niños, para que trasladen explosivos hasta las instalaciones oficiales y proceder a su detonación.
Todas estas situaciones de vulneración a los derechos humanos, si bien perturban a toda la población del Departamento, se ha ensañado con unos grupos sociales particulares, en razón de la lógica de ataque selectivo que esgrimen todos los actores armados. En este orden, la observación en terre-no permitió identificar los siguientes sectores especialmente vulnerables: docentes, trabajadores del sector salud, indígenas, periodistas y líderes de comunidades religiosas.
Sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad
Cuando se analizan los ataques a la población civil emergen situaciones específicas que dan cuenta de acciones sistemáticas contra trabajadores de la salud y la educación, periodistas, comunidades indígenas e iglesias,
grupos armados y, en ocasiones, de las propias autoridades militares y de policía, según denuncian las propias víctimas y las organizaciones locales de derechos humanos.
Mención especial merecen los casos de violencia contra mujeres en el departamento, que combinan persecución política, violencia sexual y di-versas presiones provenientes de guerrilleros, paramilitares e integrantes de la Fuerza Pública. Tal concentración de hombres armados en la región que tienen la idea de que agredir mujeres es un hecho normal de la guerra, que se sienten respaldados por sus superiores y que no conocen sanciones ejemplares, crean un ambiente propicio para estas manifestaciones de vio-lencia contra las mujeres.
No obstante estas situaciones, continuamente denunciadas en la espacios locales y del orden nacional, en el departamento de Arauca prevalecen condiciones de vulnerabilidad por ausencia de garantías de protección y por la impunidad que rodean las acciones de violencia.
Mujeres: violencias ocultas
La creciente militarización del Departamento ha llevado a que las posibilida-des de agresiones hacia la población civil aumenten por parte de los actores armados, tal y como ocurrió con ocasión de la declaratoria de Arauca como Zona de Rehabilitación y Consolidación –ZRC- a comienzos del gobierno del presidente Uribe. Las organizaciones locales atribuyen a este ambiente de excepcionalidad la ocurrencia de situaciones de acoso sexual y violaciones por parte de integrantes de las fuerzas armadas, por la discrecionalidad de la autoridad militar y flexibilización de los controles.
No existen muchas denuncias por el ambiente de miedo e intimidación que rodean estas acciones. En el municipio de Fortul se conoció una queja ante la Personería por violación sexual por parte de un soldado contra una mujer. Otros casos denunciados por organizaciones sociales, se refieren a situaciones de acoso sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública, sobre todo en la zona rural. En las áreas donde hacen patrullaje ocurren casos en que unidades se presentan en las casas de los labriegos a altas hora de la noche pidiéndoles que los dejen acantonar en sus patios, obligando en ocasiones a las mujeres a que les preparen alimentos y exponiéndolas a vejámenes sexuales, no sólo a ellas sino a sus hijos.
También se presentan casos en que las guerrillas prohíben cualquier rela-ción de las mujeres con soldados y policías, además de obligar a algunas a convertirse en informantes, bajo amenazas de reclutamiento de sus hijos. La violencia contra las mujeres, en el contexto del conflicto armado en Arauca es un hecho cierto que reconocen sus habitantes, pero que sigue
oculto por falta de denuncias, hecho atribuido a la intimidación de los vic-timarios y a la impunidad. En esas circunstancias, las agresiones sexuales contra mujeres se convierten en parte de la cotidianidad y tienden a legiti-marse socialmente, lo cual impone un imaginario machista en la sociedad local. Así, la condición femenina se reduce a una visión funcional: mujeres que cocinan para los hombres que tienen las armas, mujeres que satisfacen deseos sexuales de hombres con uniformes y poder, mujeres ultrajadas para provocar la ira del enemigo o mujeres sometidas a las dinámicas propias de la guerra (combatientes, informantes, etc.).
La violencia con especificidades de género en Arauca se expresa en la invisibilización de las mujeres y las niñas como sujetas de derechos, cierta aceptación social y militar de los abusos contra ellas, muchas limitaciones de acceso a la justicia y total impunidad.
Maestros en la mira
Hay una tendencia casi generalizada a amenazar y estigmatizar a los maes-tros en Arauca, en hechos atribuidos a todas las fuerzas en contienda que ven en los educadores enemigos de uno u otro bando, negando el principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Entre los años 2003- 2006 han sido asesinados 12 docentes afiliados al
sindicato de docentes de Arauca –ASEDAR-34. Hasta agosto de 2007 había
119 docentes amenazados, que están bajo el amparo del Comité especial de docentes amenazados y desplazados en el Departamento por diferentes actores armados.
Durante el paro armado de agosto de 2007, en la vereda Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Tame, los docentes que vivían en la cabecera municipal manifestaron que no tenían garantías para trasladarse a la zona rural debido a amenazas atribuidas a las Farc y las autoridades locales ame-nazaron con destituir a quienes se ausentaran de las aulas.
Los peligros de la misión médica y los trabajadores de la salud
Como actor relevante de la sociedad local, los trabajadores del sector salud no se escapan a situaciones de intimidación y violencia. Bien sea por su propia actividad, incluida en el concepto de misión médica protegida en el marco del derecho internacional humanitario o bien sea por la labor sindical de los trabajadores de la salud en espacios en los que se tiende a confundir las reivindicaciones laborales con actividades de la insurgencia.
Entre los años 2003 a 2006 han sido asesinados en Arauca cinco sindicalistas afiliados a la Asociación Nacional de Trabajadores de Clínicas y Hospitales,
ANTHOC35, por razones que la propia organización atribuye a su actividad
34- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-manitario. “Diagnóstico Departamental Arauca”. Op cit. Página 6.
35- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ibíd. Página 6.
sindical. La misma organización ha reclamado de la Fuerza Pública y de los actores armados irregulares respeto a la misión médica y a las instalaciones que prestan los servicios de salud.
Indígenas: muerte, desplazamiento y confinamiento
Los pueblos indígenas que habitan el departamento tienen la desgracia de vivir en zonas de conflicto armado en las que los actores enfrentados han demostrado que las reglas humanitarias que protegen a la población civil no son precisamente su mayor preocupación.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, 13 indígenas han sido asesinados durante el período comprendido entre 2003 y 2006, en hechos atribuidos a guerrillas y Fuerza Pública. El municipio de Tame registró en 2003 la muerte violenta de siete indígenas, mientras que la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía informó que en abril de 2007 ocurrió el desplazamiento de 22 familias (78 personas) del resguardo indígena de la vereda La Esperanza, y el asesinato de un indígena y herida su compañera, por una mina antipersonal en el resguardo Curipao.
También los indígenas en Arauca se ven expuestos a situaciones de con-finamiento y bloqueo alimentario por minas y reclutamiento forzado. Es el caso de la comunidad de La Esperanza (Tame) donde de 88 personas, aproximadamente 16 se desplazaron dado que vivían una situación confi-namiento, y por ende no podían salir al campo a realizar actividades como la recolección diaria, viviendo en riesgo de inseguridad alimentaria
“A ellos ni la guerrilla ni nadie los desplazó o los amenazó, pero lo tuvieron que hacer debido a que estaban confinados y no podían salir a buscar el alimento, porque ellos no siembran, son recolectores del diario (…) esto debido a las minas y a enfrentamientos, y porque vieron a muchos campe-sinos que las guerrillas mataron y a ellos les dio mucho miedo y por eso salieron de sus tierras”, afirmó el Presidente de la Asociación de Cabildos
Indígenas del municipio de Tame. Las autoridades indígenas han advertido sobre los impactos socio culturales de la violencia contra sus comunidades, toda vez que en situación de desarraigo y dada las limitación de la aten-ción oficial y el desinterés por los pueblos indígenas, se ha incrementado la mendicidad y el alcoholismo, en detrimento de sus formas tradicionales de cohesión social.
Periodistas: la violencia del silencio
Informar es un peligro en el departamento de Arauca por las presiones ar-madas que se ejercen contra los periodistas y los medios de comunicación en la región. Podría afirmarse que formalmente existe libertad de prensa pero objetivamente no se puede ejercer.
Las intimidaciones a la libertad de prensa tienen que ver con lo que se informa o no en torno al conflicto armado, con la información alrededor de la administración pública en temas de corrupción y el ejercicio del pe-riodismo en torno a las economías ilegales (narcotráfico, contrabando de armas, combustible, entra otras).
El control y la intimidación es tal que según la Fundación Medios para la Paz, que monitorea todos los casos de persecución y atentados al ejercicio del periodismo, reportó el asesinato de dos periodistas y amenazas contra 16 más (casi la totalidad de los periodistas de la región), en hechos atribuidos, especialmente a las Farc y al Eln. De otra parte, las autoridades militares y de policía operan como fuentes irrefutables en la zona y cualquier crítica en los medios podría considerarse “como una acción al servicio de los
terroristas”, según lo afirma un reportero local.
Más sutiles son las formas de presión de políticos y funcionarios locales, que controlan la pauta publicitaria con la cual subsisten los periodistas y los medios regionales.
A mediados del 2007, las emisoras Sarare Stereo en Saravena, “La voz del
Cinaruco” filial de Caracol Radio, La Voz del Río Arauca, filial de Radio Cadena Nacional –RCN- y Meridiano, recibieron panfletos donde
anuncia-ban el paro armado y la restricción del tránsito de cualquier vehículo por las carreteras del Departamento. En el transcurso del día recibieron llamadas telefónicas, al parecer por integrantes de la FARC, donde les exigían a los periodistas leer de manera completa el comunicado que les habían hecho llegar, o de lo contrarío se atendrían a las consecuencias.
La Fundación para la Libertad de Prensa, ha hecho llamados a las autoridades para que se brinden la seguridad necesaria para la labor de los periodistas y los medios, en especial para los periodistas de los municipios de Arauca
y Saravena, tal vez los más afectados por las amenazas36.
El tema de los medios de comunicación es preocupante, porque por esta vía se busca callar cualquier voz que denuncie la situación de violación a los derechos humanos, con lo cual se contribuye a la desinformación sobre la situación humanitaria y de derechos humanos que vive esta región
Iglesias por la paz en medio de la intimidación
El 9 de enero de 2008 el gobierno anuncio la captura del guerrillero del Frente Domingo Laín del Eln que, según las autoridades militares, en octubre de 1989 asesinó al obispo de la Diócesis de Arauca, monseñor Emilio Jaramillo Monsalve, un hecho de violencia que marcó la persecu-ción contra las diversas iglesias que tienen presencia en el departamento de Arauca.
36- Fundación para la Libertada de Prensa –FLIP-. “Nuevas Amenazas a medios de comu-nicación en el Departamento de Arauca”. FLIP. Agosto de 2007.
37- Justapaz. Comisión de restauración, vida y paz. “Un llamado profético. Informe No. 2. Diciembre de 2006.
38- Ver en: http://www.vozcatolica.org/87/32.htm
Tanto la Iglesia Católica como diversas expresiones de las Iglesias Cristianas en el departamento de Arauca han sido objeto de persecución y amenazas, lo que muestra, otra vez, que persiste un clima de intolerancia, polarización y violencia política que afecta la sociedad local en la medida en que limita la acción social por la paz y los derechos humanos en la región.
El llamado de las Iglesias por sostener la neutralidad en el conflicto y mantenerse al margen de los actores armados representa una opción para las víctimas y las comunidades que sobreviven en medio de la guerra y constituye una advertencia para quienes desde el uso legal o ilegal de la fuerza atacan a la población civil y violan en forma sistemática y deliberada el derecho internacional humanitario.
Esta actitud de las iglesias ha provocado atentados y amenazas. Durante
el 2006 se reportaron 68 ocasos de violaciones de Derechos humanos a personas relacionadas con iglesias evangélicas-cristianas, 223 víctimas y 289 agresiones37. En el caso de las Iglesias cristianas-evangélicas y católicas
colombianas, estas han puesto su “cuota” de mártires, con lo cual se viola el derecho fundamental a la libertad e igualdad de cultos. El Informe de Justapaz y la Comisión de Restauración, Vida y Paz, asegura que de estas agresiones, 131 son adjudicadas a paramilitares, 126 a las guerrillas y 28 casos fueron atribuidos directamente a agentes del Estado.
A raíz del enfrentamiento de los dos grupos guerrilleros, Farc y Eln aumen-taron las violaciones a los derechos fundamentales e infracciones al DIH, involucrando a la población civil.
“En las áreas rurales donde vive la mayoría de la población, los grupos guerrilleros han dominado la población civil se ha visto presionada a declarar su color político, o su relación con alguno de ellos”, afirma el
informe de JUSTAPAZ. A su vez, las iglesias cristianos-evangélicas presen-tan ciertas reservas frente a la Fuerza Pública, ante las denuncias de que la labor de neutralizar a las guerrillas se ha hecho con la complicidad o apoyo de grupos paramilitares.
En lo que se refiere a la iglesia católica, esta no está exenta de ser víctima de los actores armados, por lo que situaciones de asesinatos, amenazas, secuestros, hostigamientos, allanamiento o destrucción a las instalaciones parroquiales han sido denunciados por las diferentes Diócesis y por el mismo Secretariado Nacional de Pastoral Social. Según la Conferencia Episcopal Colombiana en Colombia, los últimos 5 años han asesinado a 32 miembros de la iglesia católica…“54 religiosos han sido amenazados, y 5 obispos, 18
sacerdotes, un misionero han sido secuestrado, y 71 iglesias han resultado destruidas o dañadas por ataques de grupos al margen de la ley”38.
