previsto en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044 (en adelante, Ley de

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PROCEDENCIA : COMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  DE  LA  COMPETENCIA DESLEAL   DENUNCIANTE      :  ​JULIO ÁNGEL CASTRO GARCÍA    DENUNCIADOS  :  ​HERNÁN EPIFANIO CASTRO GARCÍA  ESTUDIO CASTRO GARCÍA & ASOCIADOS S.A.C.  MATERIA ​: ​PROCESAL    NULIDAD DE OFICIO     IMPROCEDENCIA  ACTIVIDAD      :  ​SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA    

S​UMILLA: se declara IMPROCEDENTE el pedido de nulidad de oficio de la                       

Resolución 0426­2014/SDC­INDECOPI del 24 de marzo de 2014 formulado                 

por el Estudio Castro García & Asociados S.A.C. el 19 de diciembre de 2014.   

 

La razón es que la nulidad de oficio no es un recurso impugnatorio que                            pueda ser usado por los administrados para cuestionar actos firmes. Por el                        contrario, se trata de una atribución conferida expresamente por la ley que                        se ejerce sin que medie solicitud de parte o de algún tercero para tales                            efectos.  

 

Asimismo, se debe indicar que de acuerdo con los artículos 218 de la Ley                            27444 ­ Ley del Procedimiento Administrativo General y 34 del Decreto                     

Supremo 009­2009­PCM – Reglamento de Organización y Funciones del                 

Indecopi, contra los actos que agotan la vía administrativa, como es el caso                          de la Resolución 0426­2014/SDC­INDECOPI, las partes solo pueden formular                  sus cuestionamientos y deducir nulidades ante el fuero jurisdiccional dentro                    del plazo legal establecido a través del Proceso Contencioso Administrativo.    Lima, 19 de febrero de 2015    ANTECEDENTES   

1. El 4 de octubre de 2012, el señor Julio Ángel Castro García (en adelante, el        señor Julio Castro) denunció al señor Hernán Epifanio Castro García (en lo        sucesivo, el señor Hernán Castro) y al Estudio Castro García & Asociados        S.A.C. (en adelante, el Estudio Castro) por la presunta comisión de actos de        competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto de infracción        previsto en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044 (en adelante, Ley de      1         

1  DECRETO LEGISLATIVO 1044. LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL. Artículo 8.­ Actos de engaño. 

8.1.­ Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado        sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones        de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios,        establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir        a error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.  

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Represión de la Competencia Desleal). Ello, debido a que a través de su sitio        web ​ www.castrogarcialaw.com​, los denunciados dan a entender que han        ejercido actividades jurídicas desde el año 1982 y que la señora Susan        Angélica Castro Tordoya (en adelante, la señora Susan Castro) y el señor        Héctor Castro García (en lo sucesivo, el señor Héctor Castro) formarían        parte de su staff, lo cual no sería cierto. 

 

2. Por Resolución 0194­2013/CCD­INDECOPI del 24 de julio de 2013, la        Comisión resolvió, entre otros aspectos , declarar: (i) improcedente la        2       denuncia contra el señor Hernán Castro; y, (ii) fundada la denuncia contra el        Estudio Castro. 

 

3. El 19 de agosto de 2013, el Estudio Castro apeló la Resolución        194­2013/CCD­INDECOPI, indicando que no había cometido los actos de        engaño imputados en su contra. 

 

4. El 13 de septiembre de 2013, el denunciante presentó ante esta instancia un        escrito desistiéndose del procedimiento, amparándose en lo dispuesto por el        artículo 189 de la Ley 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento        Administrativo General) , por lo que solicitó el archivamiento de su denuncia. 3

 

5. El 30 de octubre de 2013, el señor Hernán Castro y el Estudio Castro        señalaron que se dé por aceptado el desistimiento y que se declare        concluido el procedimiento.  

 

6. Mediante Resolución 0426­2014/SDC­INDECOPI del 24 de marzo de 2014,        la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala)        resolvió lo siguiente: 

 

(i)  Tener por desistido al señor Julio Castro del procedimiento iniciado        contra el señor Hernán Castro y el Estudio Castro por la presunta        comisión de actos de engaño.  

 

(ii) Declarar concluido el procedimiento seguido por el señor Julio Castro        contra el señor Hernán Castro por la presunta comisión de actos de        engaño.  

2

  La Comisión también resolvió: (i) sancionar al Estudio Castro con una multa de 4.5 Unidades Impositivas Tributarias; (ii) Ordenar al        Estudio Castro una medida correctiva; y, (iii) denegar el pedido del señor Hernán Castro y del Estudio Castro para que se        sancione al denunciante por la presentación de una denuncia maliciosa.  

 

3

  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 189.­ Desistimiento del procedimiento o de la        pretensión.­ 

(…) 

(3)

 

(iii)  Continuar de oficio con el procedimiento seguido contra el Estudio        Castro por la presunta comisión de actos de engaño.  

 

La Sala manifestó que el artículo 189.7 de la Ley del Procedimiento        Administrativo faculta a la autoridad administrativa a continuar de oficio4        el procedimiento en caso se verifique una posible afectación al interés        general, lo que podría suceder en el caso de la presunta comisión de        actos de engaño. Debe recordarse que con la represión de este tipo de        actos de competencia desleal no se está tutelando únicamente los        intereses de un competidor, ​       sino que se protege el proceso competitivo,        evitando de esta forma que un grupo difuso e indeterminado de        consumidores reciba información errada sobre las características de un        producto o servicio, lo cual afecta su capacidad de libre elección​.   

  En el caso, se ha verificado que se cuestionó la veracidad de dos        afirmaciones contenidas en el sitio web ​       www.castrogarcialaw.com​. La    Comisión por su parte, resolvió que la denuncia contra el Estudio        Castro era fundada, debido a que a su consideración, dicha empresa        había cometido los actos de engaño imputados. Por ello, se estima que        se debe continuar de oficio con el procedimiento en el extremo que la        Comisión determinó que el Estudio Castro había cometido actos de        engaño, a efectos de analizar la apelación y tener certeza si este último        incurrió o no en dicha infracción.  

 

(iv)  Confirmar la Resolución 0194­2013/CCD­INDECOPI, en el extremo que        declaró fundada la denuncia contra el Estudio Castro por la comisión de        actos de engaño, por difundir afirmaciones que transmiten el mensaje        de que: (i) el Estudio Castro presta sus servicios de asesoría legal        desde el año 1982; y, que (ii) dicho estudio jurídico cuenta como parte        de su staff de profesionales con la señora Susan Castro y el señor        Héctor Castro.   

 

(v)  Modificar la Resolución 0194­2013/CCD­INDECOPI, en el extremo que        sancionó al Estudio Castro por la comisión de actos de engaño con una        multa de 4.5 (cuatro punto cinco) UIT; y reformándola, sancionar a        dicha empresa con una multa de 2.5 (dos punto cinco) UIT.  

 

4  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 189.­ Desistimiento del procedimiento o de la                             

pretensión.­  (…) 

189.7. La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse        afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En        ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento.  

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7. El 19 de diciembre de 2014, el Estudio Castro solicitó que se declare la        nulidad de oficio de la Resolución 0426­2014/SDC­INDECOPI, indicando lo        siguiente:  

 

(i) En el presente caso se violó el principio del debido procedimiento,        puesto que la Resolución 0426­2014/SDC­INDECOPI no se encuentra        debidamente motivada. La razón es que la Sala concluye que pese al        desistimiento del procedimiento formulado por la denunciante, se debe        continuar con el procedimiento contra el Estudio Castro, en la medida        que se habría verificado una posible afectación al interés general. Sin        embargo, la Sala no define qué se entiende por interés general, sino        que únicamente indica que “​        con la represión de este tipo de actos de                  competencia desleal no se está tutelando únicamente los intereses de                    un competidor, sino que se protege el proceso competitivo (...)”. De esta                        forma, la Sala solo se limita a expresar que la represión de los actos de        competencia desleal protege el proceso competitivo.  

 

(ii) Además, el servicio legal no está determinado por la visita a una página        web, sino por la suma de diversos factores, y al tratarse de un bien que        no es de consumo masivo no queda claro cuál es la afectación al        “interés general” ni qué entiende la Sala por dicha frase.  

 

(iii) No configura un acto de engaño la conducta denunciada en el extremo        referido a que se habría transmitido, a través de los documentos        denominados “Poder” y “Cesión” descargables en el sitio web, el        mensaje de que la señora Susan Castro y que el señor Héctor Castro        formarían parte de su staff. Ello, debido a que dicho mensaje no        describe una característica del servicio que se ofrece, sino que se trata        de modelos que pueden variar dependiendo del requerimiento del        cliente. Los referidos documentos no están destinados a publicitar una        descripción falsa acerca de los servicios jurídicos que se ofrecen, sino        que se indica que los señores que figuran en los documentos        denominados “Poder y Cesión” pueden gestionar la obtención de        patentes de invención, certificados de protección, interponer acciones        por violación de las normas de represión de la competencia desleal y de        la propiedad intelectual. Por ello, se concluye que no ha existido una        debida motivación.   

 

(iv) La Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que cuando        se trata de una infracción leve sin que la conducta sancionada haya        producido una afectación real en el mercado, corresponde una sanción        de amonestación.  

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(v) En la Resolución 0426­2014/SDC­INDECOPI se señala que: (a) la        afirmación referida a que el Estudio Castro ha ejercido actividades        jurídicas desde el año 1982 tuvo mediano alcance, puesto que fue        difundida a través de un sitio web. Considerando lo anterior, la Sala        concluyó que se trataba de una infracción leve con efectos en el        mercado; y, (b) la afirmación referida a que la señora Susan Castro y el        señor Héctor Castro formaban parte de su staff es un factor poco        relevante para detraer clientela, por lo que concluyó que se trataba de        una conducta leve con efectos en el mercado.  

 

(vi) Considerando lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia        Desleal, la Sala debía evaluar si las afirmaciones cuestionadas habían        ocasionado una afectación real en el mercado, pero como se aprecia        del ítem anterior, dicha instancia sólo se basó en suposiciones para        concluir que había ocurrido tal afectación. La Sala no explica cómo es        que llega a la conclusión de que existe tal afectación real en el        mercado.   

  

8. Asimismo, el Estudio Castro solicitó que la señora Silvia Lorena Hooker        Ortega y los señores José Luis Bonifaz Fernández, Sergio Alejandro León        Martínez y Julio Carlos Lozano Hernández se abstengan de emitir        pronunciamiento sobre el pedido de la nulidad de la Resolución        0426­2014/SDC­INDECOPI, puesto que a su consideración se habría        producido la causal de adelanto de opinión ​       contenida en el artículo 88.2 de la        Ley del Procedimiento Administrativo General .  5

 

9. El 8 de enero de 2015, la Secretaría Técnica de la Sala remitió a la Sala        Especializada en Protección al Consumidor (en lo sucesivo, SPC) el        cuaderno de recusación.  

 

10. Mediante Resolución 179­2015/SPC­INDECOPI del 21 de enero de 2015, la        SPC declaró infundada la solicitud de recusación formulada, indicando que        no se apreciaba que haya ocurrido el adelanto de opinión previsto en la ​       Ley  del Procedimiento Administrativo General.  

 

5  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 88.­ Causales de abstención.  

      La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la        resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos:        (...) 

      2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, ​       o si como autoridad hubiere manifestado        previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la        rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración​. 

     (...)   

      (Énfasis añadido)   

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ANÁLISIS   

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley del        Procedimiento Administrativo General , la nulidad de oficio de los actos    6        administrativos puede ser declarada solo por el funcionario jerárquico        superior al que expidió el referido acto, y si este fue emitido por una autoridad        que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada        mediante un pronunciamiento del mismo funcionario.  

 

12. Por su parte, el artículo 14.2 del Decreto Legislativo 1033, Ley de        Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la        Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI,        establece que de verificarse algún supuesto de nulidad contemplado en el        artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General , las Salas del      7         Tribunal podrán declarar la nulidad de los actos administrativos que hayan        emitido, aun cuando hayan quedado firmes, ​       si es que dichos actos agravian          el interés público o lesionan derechos fundamentales .  8

 

13. En efecto, únicamente los actos administrativos que agravien el interés        público podrán ser declarados nulos, esto es, aquellos actos que puedan       

6       ​LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 202.­ Nulidad de oficio. 

201.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los actos        administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público.  

202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si        se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por        resolución del mismo funcionario. 

202.3 Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto o de contarse con los elementos        suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse        sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. La facultad para        declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado        consentidos.  

202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder        Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos (2) años siguientes a        contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa.  (…)    7   LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 10.­ Causales de nulidad.  Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:  1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación        del acto a que se refiere el Artículo 14. 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo,        por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los        requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.   

8  DECRETO LEGISLATIVO 1033. LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA                             

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. Artículo 14.­ Funciones de las Salas        del Tribunal.­ 

(…) 

14.2 De verificarse algún supuesto de nulidad contemplado en el Artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,        las Salas del Tribunal podrán declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan emitido, aun cuando hayan        quedado firmes, si es que dichos actos agravian el interés público o lesionan derechos fundamentales. La facultad para declarar        la nulidad de oficio prescribe al año contado a partir de la fecha en que dichos actos hayan quedado consentidos. 

(7)

significar la lesión de derechos de terceros, mas no los que podrían contener        un perjuicio exclusivo para alguna de las partes.  

 

14. Teniendo en cuenta que se trata de una facultad excepcional, la Sala        únicamente cuenta con un plazo de un año para declarar la nulidad de oficio        de su acto administrativo y deberá ser declarada por acuerdo unánime de        sus miembros.  

 

15. De lo expuesto, se concluye que la nulidad de oficio es una figura residual y        excepcional que contempla el ordenamiento jurídico sólo para aquellos        supuestos en los que la decisión de declararla emana de la propia entidad        administrativa en ejercicio de una atribución conferida expresamente por la        ley, sin que medie solicitud de alguna parte o de algún tercero para tales        efectos al no ser un mecanismo orientado a restituir una situación que solo        afecta el interés particular de un administrado, sino el interés público9​.  

 

Aplicación al caso en concreto   

16. De acuerdo con lo señalado por el Estudio Castro, la Resolución        0426­2014/SDC­INDECOPI adolece de vicios de nulidad, debido a que: (a)        pese al desistimiento del procedimiento formulado por la denunciante, la Sala        resolvió decidir continuar de oficio con el procedimiento, puesto que se        habría verificado una posible afectación al interés general. Sin embargo, no        se señaló en dicha resolución qué debía entenderse por “interés general”; (b)        no califica como un acto de engaño la conducta referida a que través de los        documentos denominados “Poder” y “Cesión” descargables en el sitio web       

www.castrogarcialaw.com se transmitió el mensaje de que la señora Susan        Castro y el señor Héctor Castro formarían parte de su staff. Ello, debido a        que dicho mensaje no describiría una característica del servicio que se        ofrece, sino que se trataría de modelos que pueden variar dependiendo del        requerimiento del cliente; y, (c) la Sala debía evaluar si las afirmaciones        cuestionadas habían ocasionado una afectación real en el mercado a efectos        de imponerle una multa, pero dicha instancia sólo se habría basado en        suposiciones para concluir que había ocurrido tal afectación.   

   

17. Como se observa, el Estudio Castro está cuestionando los fundamentos por        los cuales la Sala determinó que la imputada era responsable de la comisión        de actos de engaño y, por tanto, pretende modificar el contenido sustancial        de dicha decisión. Es decir, a través de argumentos que cuestionan un acto       

9

  Según Jorge Danós, “(…) ​       no cabe duda que la potestad contemplada por el artículo 202 de la LPAG [Ley 27444] es siempre una                                      actuación de oficio, en el sentido de que se inicia siempre a iniciativa de la propia Administración, que no reconoce al denunciante                                            la calidad de interesado​      .” DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. ​       Régimen de la nulidad de los actos administrativos en la nueva Ley 27444​                        .  En​: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Segunda Parte. Lima: Ara Editores, 2003, p. 257. 

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administrativo que ha adquirido la calidad de cosa decidida, el Estudio Castro        solicita que la Sala revise su pronunciamiento y declare su nulidad.  

 

18. Como ha sido desarrollado previamente, la nulidad de oficio puede ser        declarada por iniciativa del propio órgano administrativo y no a instancia de        un particular peticionante. De lo contrario, además de reconocerse la nulidad        de oficio como un mecanismo para cautelar el interés particular de las partes        involucradas en el procedimiento se desvirtuaría la finalidad y la razón de ser        del proceso contencioso administrativo, que la ley habilita para recurrir los        actos que agotan la vía administrativa.   

 

19. En efecto, de acuerdo con los artículos 218 de la Ley del Procedimiento        Administrativo General  10   y 34 del Decreto Supremo 009­2009­PCM –        Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi , contra los actos que      11       agotan la vía administrativa, como es el caso de la Resolución        0426­2014/SDC­INDECOPI,  las  partes  solo  pueden  formular  sus  cuestionamientos y deducir nulidades ante el fuero jurisdiccional dentro del        plazo legal establecido a través del Proceso Contencioso Administrativo.   

20. En consecuencia, si el Estudio Castro consideraba que la resolución antes        mencionada carecía de validez por las razones que expuso en su escrito del        19 de diciembre de 2014, dicha solicitante tenía expedito su derecho de        acudir a la vía contenciosa al no encontrarse de acuerdo con los criterios        empleados en la Resolución 0426­2014/SDC­INDECOPI. 

 

21. Cabe señalar que el criterio explicado en los numerales precedentes ha sido        reiterado en varios pronunciamientos emitidos por la Sala, tales como los        contenidos en las Resoluciones 872, 958 y 1002­2009/SC1­INDECOPI,        1972­2012/SC1­INDECOPI y, recientemente, a través de las Resoluciones        013, 0997 y 1045­2013/SDC­INDECOPI y 0133­2014/SDC­INDECOPI. 

 

22. Por tanto, corresponde declarar improcedente la solicitud de nulidad de oficio        formulada  por  el  Estudio  Castro  contra  la  Resolución  0426­2014/SDC­INDECOPI, al ser este un pedido que no corresponde        tramitar a instancia de parte.   

 

10

   ​LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 218.­ Agotamiento de la vía administrativa.­        Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso        contencioso­administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado. 

       (...)   

11  DECRETO SUPREMO 009­2009­PCM. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI. Artículo 34.­                       

Agotamiento de la vía administrativa.­ ​         Las resoluciones que expide el Tribunal agotan la vía administrativa y pueden ser        impugnadas en la vía judicial, conforme a las normas que regulan el proceso contencioso administrativo (…).  

(9)

RESUELVE: ​ declarar improcedente el pedido de nulidad de oficio de la Resolución        0426­2014/SDC­INDECOPI del 24 de marzo de 2014 formulado por el Estudio        Castro García & Asociados S.A.C. el 19 de diciembre de 2014.  

 

Con la intervención de los señores vocales Silvia Lorena Hooker Ortega,                     

Julio Carlos Lozano Hernández, José Luis Bonifaz Fernández y Sergio                   

Alejandro León Martínez.              SILVIA LORENA HOOKER ORTEGA  Presidenta           

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