Salud 2000
Noticias
A
nte las declaracio-nes realizadas por el PP en Castilla-La Mancha y Aragón sobre los supuestos ahorros de la gestión privada y la inicia-tiva público-privada para la construcción de hospi-tales, la Federación de Asociaciones para la De-fensa de la Sanidad Públi-ca tiene que señalar:1. No es cierto que la gestión priva-da de los hospitales sea más ba-rata, salvo que se realicen recor-tes de las prestaciones y selec-ción de riesgos (es decir, trasla-dar a los centros de gestión públi-ca a los enfermos con mayores problemas de salud y/o patolo -gías más complejas), de hecho los centros de gestión privada son peor valorados por los ciudada-nos que los de gestión publica. 2. Un buen ejemplo de lo dicho son
los presupuestos de la Comuni-dad de Madrid de los años 2010 y 2011. En esta comunidad el
presupuesto/cama/año de los centros públicos fue de 277.375 euros frente a 434.686 de los centros de gestión privada o se-miprivada en 2010; en 2011 el presupuesto cama/año fue de 307.187 euros de los centros pú-blicos frente a 485.970 euros de los privados y semiprivados, es decir 173.783 euros/año de so-brecoste (un 58,2% más caros), por lo tanto afirmar que la gestión privada de los hospitales es mas barata es falso.
3. Igualmente ocurre cuando se ha-bla de los supuestos ahorros de la construcción de hospitales con el modelo público-privado. En Ma-drid, los 7 hospitales abiertos por modelo PFI tenían un coste de construcción de 701 millones de euros, al final de 2011 se habrá pagado por parte de la Comuni-dad de Madrid a las empresas constructoras 761,3 millones de euros y quedará todavía una deu-da pendiente de 4.284 millones euros, y además las empresas
constructoras reclaman una deu-da de 80 millones de euros y un in-cremento de 9 millones euros en el canon anual. Es decir, el coste real está siendo exorbitante y pro-duce una deuda muy importante que pagan todos los ciudadanos. 4. Como efecto de esta deuda y de los sobrecostes de la gestión pri-vada se está produciendo una progresiva descapitalización de los centros públicos, que ven có-mo sus presupuestos disminuyen año a año, en 2011 un 9,58% menos, con lo que se deteriorará inevitablemente el nivel de la asistencia prestada.
En resumen, contra lo que se nos pre-tende hacer creer, tanto la gestión priva-da de los hospitales como la construc-ción de los mismos por los modelos de la llamada «colaboración publico- privada» (concesiones administrativas, PFI, etc.) no sólo no disminuyen gastos sino que los incrementan notablemente a costa del deterioro de la red sanitaria pública, poniendo en cuestión el derecho consti-tucional a la protección de la salud. ●
N
ot
ici
as
FADSP:
La gestión privada no es más barata
L
a Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid tie-ne que señalar:1. El presupuesto sanitario plantea un incremento modesto, del 0,6%, pe-ro que ppe-robablemente no es real si tenemos en cuenta que la liquida-ción de 2010 fue de 418 millones euros de superior a lo que se presu-puesta para 2012.
2. El incremento presupuestario se di-rige en exclusiva a la privatización: 93,3 millones de euros para los hos-pitales de Móstoles y Collado-Villal-ba, un aumento del 34% para los convenios con el sector privado. Además, los centros de gestión pri-vada y semipripri-vada tienen un au-mento del 9% y los centros de Alcor-cón (fundación) y Fuenlabrada (em-presa pública) tienen un incremento
del 5,7% y el 3,6%, respectivamen-te. Por el contrario los hospitales de gestión tradicional ven disminuir sus presupuestos en un 1,5% que se su-ma a la disminución del 9,5% en 2011. Es una evidencia más de que las privatizaciones no ahorran gas-tos al sistema público y que van en detrimento de los centros públicos. 3. La Atención Primaria continúa su
postergación con una disminu-ción del 3,7% real, y un descenso de 10 millones de euros en perso-nal. Se recortan también las inver-siones en AP y el presupuesto del SUMMA.
4. El presupuesto de personal disminu-ye en 53 millones de euros, lo que su-pone una disminución de las planti-llas ya afectadas por disminuciones consecutivas en los presupuestos
desde 2007. En 2012 habrá 2.000 trabajadores menos en la sanidad pública comparada con 2008. 5. Es llamativo el que esta política
res-trictiva en los centros sanitarios pú-blicos se produzca en un momento en que la Comunidad de Madrid tie-ne previsto un aumento de los ingre-sos en 3.274,4 millones de euros debido al nuevo modelo de finan-ciación autonómica, lo que hace que el peso de los presupuestos sa-nitarios en el conjunto de los presu-puestos disminuya al 30,55%. Los presupuestos diseñan un panora-ma de privatización progresiva de la sa-nidad en el que los fondos públicos se dedican cada vez en mayor cuantía a fa-vorecer los intereses privados infrapre-supuestando y deteriorando los centros públicos.●
La ADSP de Madrid ante el proyecto de presupuestos de la Comunidad
de Madrid
FADSP:
Comentarios sobre los informes de las necesidades de médicos
especialistas y de profesionales de enfermería en España
R
ecientemente, el Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los informes sobre «Oferta y necesi-dades de especialistas médicos en Es-paña (2010-2025)» e «Informe sobre profesionales de cuidados de enferme-ría. Oferta – Necesidad (2010-2025)». Estos informes merecen algunas consi-deraciones que señalamos a continua-ción:1. Resulta un tanto sorprendente que ocho años después de la aproba-ción de la Ley de Ordenaaproba-ción de las Profesiones Sanitarias los registros de profesionales sanitarios sigan sin existir, a pesar de que incluso se aprobó en 2007 un RD por el que se arbitraban subvenciones a las CCAA para implantarlos. Y también que estos documentos tengan que ha-cer «estimaciones» sobre los profe-sionales que trabajan en el sector privado, dado que su número real e incluso aproximado se desconoce. 2. Los informes, aparte de desvelar
que no se ha avanzado suficiente-mente desde las Administraciones públicas para el establecimiento de registros profesionales, suponen una fuente de datos importante pa-ra conocer la realidad de los profe-sionales sanitarios (médicos y de enfermería) que trabajan en las Ad-ministraciones públicas, ya que la fuente de información procede di-rectamente de un cuestionario que ha sido complementado por las CCAA, aunque, como es obvio, el sistema de recogida puede tener al-gunos sesgos por el probable inte-rés de las CCAA de dar una imagen mejor que la real.
3. Los datos están situados a 31 de octubre de 2009, y evidentemente pueden haber cambiado. Estos cambios en todo caso habrán ido hacia una disminución de la densi-dad de profesionales (profesiona-les /1.000 habitantes), ya que la crisis ha hecho que se reduzcan plantillas y la población, aunque en escasa cuantía, ha experimentado un crecimiento repartido de manera
irregular entre las CCAA, no obstan-te enobstan-tendemos que la variación probablemente no habrá sido muy significativa.
4. A la hora de la evaluación hay que tener en cuenta que no incluyen a los profesionales del sector privado, pero se señala en el informe que en el caso de los médicos un 32% ejer-cía en el sector privado, lo que es una estimación, pero supone una densidad total de 3,45 médicos/ 1.000 habitantes, superior al pro-medio de la OCDE y situado en lo que la OMS considera alta densi-dad.
5. Llama la atención la gran dispari-dad de la densidispari-dad médica en las distintas CCAA dentro del sistema sanitario público. Así, con una den-sidad en España de 2,32 especia-listas/1.000 habitantes (excluidos los médicos de familia), ésta oscila entre 1 de Cataluña (probablemen-te debido a un sector sanitario fuer-temente privatizado) y 2,11 en el País Vasco. Una densidad por de-bajo de 1,75 no parece razonable y es probablemente uno de los moti-vos que favorece las listas de espe-ra, aunque como es lógico habría que identificar cada especialidad concreta, en las que también existe una dispersión excesivamente acu-sada y poco justificable por las ne-cesidades de salud de la pobla-ción.
6. Otro aspecto importante tiene que ver con la densidad de médicos ge-nerales de Atención Primaria (0,8 en España con un rango entre 0,48 en Baleares y 1,26 en Aragón). Una densidad inferior a 1 parece excesi-vamente baja, y desde luego que la media esté situada en casi tres ve-ces mas médicos de atención espe-cializada que médicos de AP pare-ce muy desproporcionado y cues-tiona el papel que se da a la AP en el Sistema Nacional de Salud. 7. La distribución del personal de
en-fermería es también muy irregular, tanto en atención especializada
co-mo en Atención Primaria. En cuanto a la AE la den-sidad media es de 3,36 enfermeras y 1,92 auxi-liares /1.000 habitantes (rango para enfermeras entre 5,27 en Aragón y 2,27 en Cataluña; en au-xiliares el rango está 3,18
en Aragón y 1,73 en Andalucía). Densidades de enfermeras inferio-res a 4 y de auxiliainferio-res menoinferio-res de 2 parecen realmente inapropiadas. 8. En Atención Primaria la densidad de
enfermeras es de 0,84 (entre 1,35 en Castilla y León y 0,62 en Andalu-cía) y la de auxiliares de 0,12 (entre 0,18 en Valencia y 0 en Navarra). La densidad general es baja, especial-mente de enfermeras que no parece razonable se sitúe en cifras inferio-res a 1.
9. Otro aspecto a reseñar es que am-bos informes vienen a corroborar lo que ya se ha señalado repetidas ve-ces desde la FADSP. En España hay una densidad de médicos razonable (por encima de la media de la OCDE y la UE) y baja de enfermería (muy por debajo), siendo necesario un in-cremento muy notable de los profe-sionales de enfermería.
En resumen, los informes aportan da-tos interesantes aunque incompleda-tos (la ausencia de datos del sector priva-do es una limitación importante), reve-lan una gran disparidad en la densidad de profesionales médicos y de enfer-mería en las distintas CCAA que es muy preocupante y condiciona la calidad de las prestaciones asistenciales. Es ur-gente la puesta en funcionamiento por parte de las Administraciones sanita-rias de un registro de las profesiones sanitarias y el establecimiento de un sistema de formación troncal de los es-pecialistas médicos, así como el ase-gurar una dotación suficiente de profe-sionales para poder atender adecua-damente las demandas asistenciales de la población y mejorar la eficacia y eficiencia del Sistema Nacional de Sa-lud. ●
Salud 2000
Noticias
N
ot
ici
as
C
ontrariamente a los malos augurios de los sectores sociales opuestos a la nueva ley del aborto, en 2010 el incre-mento de interrupciones vo-luntarias del embarazo sobre el año anterior fue solo del 1,3%. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el nú-mero de interrupciones al-canzó su máximo en 2008, con cerca de 116.000, en 2009 fueron 111.482 y 113.031 en 2010. La mayoría de lasinterrupcio-nes se realizaron antes de la semana 12 de embarazo; la razón aducida fue la petición de la mujer en el 43% de los casos; el grupo de edad don-de se produjeron más interrupciones fue el de 20-24 años (tasa de 20/1.000); el 98% de las interrup-ciones se realizó en clínicas privadas (prestación financiada por la sani-dad pública); en el 65% de las oca-siones se trataba del primer aborto; el 70,5% de las mujeres eran espa-ñolas, el 22% americanas, el 10% de países europeos y el 5,3% africa-nas. ●
El aborto desde la nueva ley
Salud 2000
Noticias
bicolor
C
on la liberalización de la píldora del día siguiente por su dispen-sación sin receta, en 2010 se in-crementó su venta en un 83%. Los datos de consumo no reflejan un abuso de es-te método anticonceptivo, de hechoso-lamente el 0,4% de las mujeres entre 14 y 50 años tomó este medicamento más de una vez. Otro dato que avala la esta-bilización del uso de la píldora del día si-guiente es que en 2011 las ventas ape-nas han aumentado un 7%.●
N
ot
ici
as
El uso de la píldora del día siguiente se normaliza
Galicia:
Nota de prensa de la Asociación Galega para Defensa da Sanidade
Pública sobre la movilización ante el Parlamento
L
a Asociación Galega para a De-fensa da Sanidade Pública quiere comunicar a la opinión pública su satisfacción por la movilización frente al Parlamento de Galicia de las platafor-mas agrupadas en SOS-Sanidade Pú-blica contra los recortes y privatizacio-nes de la sanidad pública gallega. En la movilización participaron la mayo-ría de las 16 Plataformas para la Defen-sa de la Sanidad Pública (integradas por numerosos organizaciones de dife-rente signo como la propia AGDSP, la Confederación de Asociaciones de Veci-nos de Galicia, los sindicatos CCOO, CIG, UGT y SATSE, organizaciones de pacientes, los partidos PSG-PSOE, BGN, IU... ciudadanos a título particu-lar, etc.) constituidas en todas las áreas sanitarias de la comunidad autónoma, que desplegaron carteles desde la tribu-na del Parlamento contra los recortes y privatizaciones de los presupuestossa-nitarios para el año 2012 y pancartas frente al mismo portadas por más de 200 representantes de los miles de ciu-dadanos y ciudadanas que durante to-do este año han mostrato-do su rechazo al deterioro del sistema público perpetra-do por el Gobierno de Núñez Feijoo. Al final del debate de la Ley de Acompa-ñamiento del Presupuesto, diputados del PSG –PSOE y del BNG, que se habían opuesto en el debate a la reducción del presupuesto sanitario, a los recortes del derecho a la asistencia sanitaria y a las medidas para introducir solapadamen-te el copago, salieron a las puertas del Parlamento donde los manifestantes de SOS-Sanidade Pública les hicieron en-trega de una «bolsa de supervivencia para los pacientes hospitalizados en los centros públicos gallegos» a los que Nú-ñez Feijoo quiere hacer pagar por la co-mida, la higiene, el agua y otros servicios complementarios.
Esta movilización ha sido la culminación de una serie de actividades desplega-das en gran parte de las áreas sanitarias contra la política de deterioro sistemáti-co del sistema sanitario por la actual Xunta de Galicia, gobernada por el PP (retirada cartilla sanitaria a parados de larga duración y emigrantes, pago por prótesis a discapacitados, paralización atención dependencia, desmantela-miento áreas sanitarias, privatización diálisis, supresión radiólogos de guar-dia, cierre de laboratorios, reducción presupuestos para atención al SIDA y drogodependencia; paralización obras hospitales y centros de salud, etc.) , en la que SOS Sanidade Pública ha cola-borado con diferentes organizaciones o movimientos como el 15M, Foro de la Emigración, ATTAC, Médicos del Mundo, Profesionales de Atención a la Drogo-dependencia, etc. ●
Galicia:
La sostenibilidad del gasto farmacéutico
A
nte las declaraciones del presi-dente de la Xunta de Galicia so-bre la insostenibilidad del gasto farmacéutico en la CA, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pú-blica quiere puntualizar que:1. La responsabilidad del gasto farma-céutico de nuestra CA la tienen los médicos prescriptores, que son quienes firman las recetas, y no los pacientes que las reciben por indi-cación de los mismos. Políticas de control, incentivación y protocolos de actuación adecuadas podrían modificar la prescripción sin dañar los derechos de los pacientes. 2. Una de las principales causas del
crecimiento de este gasto es la polí-tica de la industria farmacéupolí-tica que destina entre el 30-40% de sus recursos a influir la prescripción de
los facultativos a los que paga con-gresos, cursos, reuniones, viajes, etc., o investigaciones destinadas a promover el uso de determinados fármacos de elevado precio. La ca-pacidad de regular esta actividad es-tá en manos de la Xunta de Galicia. 3. Que el gasto farmacéutico que más
elevación ha experimentado en los últimos años es el hospitalario (por encima del 20% de crecimiento anual), y sin embargo las comisio-nes de farmacia hospitalaria, que deberían controlar y regular esta si-tuación en cada centro, tienen una escasa actividad y apenas influyen sobre el crecimiento de la prescrip-ción. La Xunta tiene también capaci-dad para cambiar esta situación. 4. A pesar de que los colegios
farma-céuticos tienen la capacidad de
controlar la competen-cia, y asegurada la clien-tela de la Seguridad So-cial, tienen garantizado un margen de ganancia del 27%, a todas luces excesivo, sobre todo en un momento de crisis co-mo el actual.
Por todo ello sería injusto,
irracional y poco efectivo pretender re-solver este problema incrementando el copago o haciendo pagar los medica-mentos a los pensionistas que cobran alrededor de 600 euros mensuales y precisan tres veces más medicamentos para sus patologías crónicas. Hay que recordar que los no pensionistas sopor-tan un paro superior al 20% y que el 60% de los asalariados gana menos de 1.000 euros mensuales. ●
Salud 2000
Noticias
bicolor
Treinta años del Sistema Sanitario
Español (1981-2011)
Treinta años de la Federación de Asociaciones para
la Defensa de la Sanidad Pública
Novedad editorial
N
ot
ici
as
Con un análisis de la evolución de la salud de los españoles y españolas, y de la financia-ción, organización y funcionamiento del Sistema Sanitario Español.
Pedidos: FADSP. C/ Arroyo de la Media Legua, 29. Local 49. 28030 Madrid.
Tel.: 91 333 90 87. E-mail: fadspu@gmail.com
PVP: 15 euros.
C
omo empieza a ser tristementehabitual, la Generalitat ignora de forma deliberada y flagrante el marco jurídico vigente y los límites de las competencias que le son propias. El último ejemplo, la propuesta de ha-cer pagar un euro por receta.
Para tratar de escapar a la evidente ilegalidad de la medida, la Generalitat ha realizado una estrambótica
acro-bacia normativa: el pago se presenta como una tasa sobre la expediciónde recetas y los usuarios deberán abonar el euro directamente a la farmacia que, con posterioridad, deberá des-contar la cantidad recaudada de la factura que remite al Departamento de Salud.
Todo ello con la única intención de vulnerar la imposibilidad legal de
apli-car tasas a la sanidad pública, de ca-rácter gratuito según la legislación es-pañola.
Evidentemente, sin embargo, la tasa de expedición no es otra cosa que un subterfugio de frágil arquitectura que sólo pretende esconder la evidencia de que la Generalitat intenta acabar con unos preceptos legales que no le es da-do alterar. ●
Cataluña:
Baleares:
No al pago de las interrupciones voluntarias del embarazo
A
nte el anuncio por el Gobierno balear de su intención de obligar a las mujeres que deseen reali-zar una interrupción voluntaria de su embarazo (ejerciendo el derecho que reconoce la legislación sanitaria espa-ñola), que deberán hacerlo en centros privados, pagando el importe de la inter-vención (el que será posteriormente so-licitado a la administración para su re-embolso), la FADSP quiere comunicar a la opinión pública y profesional: 1. Que esta medida supone unagraví-sima vulneración del derecho de la mujer a la asistencia sanitaria y de la legislación sanitaria española. 2. Que supone una discriminación de
género, ya que el recorte sólo afecta-rá de manera específica a las muje-res.
3. Que es un paso más en la estrategia de recortes de gasto y de privatiza-ción de la sanidad pública, en este caso nuevamente a costa de las usuarias del sistema sanitario.
4. Que incrementará las desigualda-des de salud por motivos de género, capacidad económica, comunidad autónoma o ideología, que dificulta-rá, impedirá el acceso a este servicio sanitario a las mujeres, especial-mente las de bajos recursos, que empiezan a ser una gran mayoría co-mo consecuencia del paro y de la
precariedad laboral y salarial (el 60% de los/as asalariados/as co-bra menos de 1.000 euros al mes). Entendemos que el Gobierno y el Mi-nisterio de Sanidad tienen la obliga-ción legal de intervenir para garantizar los derechos a la atención sanitaria que las leyes reconocen a todos los ciudadanos. ●
Cataluña:
Un euro por receta
L
a FADSP ante la in-tención, incorpora-da en el proyecto de presupuestos de Ca-taluña, de hacer pagar 1 euro por receta a los usuarios del Sistema Na-cional de Salud en esa comunidad Autónoma, tiene que señalar: 1. Hay que resaltar que esta medidaes injusta e insolidaria y pone tra-bas al acceso a la prestación far-macéutica, teniendo especial re-percusión sobre las personas más enfermas (que precisan mas medi-camentos) y las que tienen menos recursos económicos.
2. Los copagos, tiques moderadores o tasas, han demostrado en la ex-periencia internacional que no tie-nen capacidad de discriminar
en-tre la demanda inadecuada y la que no lo es (conviene recordar que lo que se grava es una pres-cripción decidida por un médico del sistema sanitario público en la que los ciudadanos no han tomado ninguna decisión) y que son perju-diciales para la salud.
3. Además se trata de una medida ilegal, ya que Cataluña carece de competencias sobre la política de los medicamentos y que la aporta-ción de los usuarios no puede ser decidida por esa comunidad autó-noma (Ley General de Sanidad 1986, Ley de Cohesión de 2003, RD sobre cartera de servicios bási-cos del SNS 2006). Si así se hicie-ra, es el gobierno central el que tie-ne la obligación de paralizar la me-dida mediante el correspondiente recurso.
4. De todas formas hay que ser cons-cientes de que se trata de una me-dida pendiente de aprobación en el Parlamento catalán y precisa para ello del apoyo de otros grupos polí-ticos. Esperemos que en el trámite parlamentario quede rechazada esta propuesta, tanto por el fondo (es ineficaz, injusta e ineficiente) como por la forma (se invaden competencias del Estado). ●
