DICTAMEN Nº 26 /2012

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DICTAMEN Nº 26 /2012

Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de

la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Universitario

Miguel Servet, de Zaragoza.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 23 de junio de 2010 se presentó escrito suscrito y firmado por

“X”, indicando como domicilio a efectos de notificaciones el despacho del abogado …,

formulando reclamación por daños derivados de la calificada como incorrecta asistencia

sanitaria, que le fue prestada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

En dicho escrito se manifiesta lo siguiente:

“PRIMERO: que …, de 40 años, el 22 de septiembre de 2009 es encontrada por su padre en casa en malas condiciones. Se avisó a la Policía y a Bomberos por intento de suicidio y ataque de histeria, siendo remitida a Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

SEGUNDO: que en el Hospital permanecía atada con dos guardas de seguridad que la custodiaban. Aún así, consigue desatarse e intenta escapar, siendo reducida y vuelta a atar.

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TERCERO: que el 23 por la mañana pasa el psiquiatra e informa de que se va a realizar ingreso en psiquiatría con solicitud de orden judicial.

CUARTO: que la paciente solicita ir al servicio, siendo escoltada por tres miembros de seguridad (un hombre y dos mujeres). Pero la dejan entrar al servicio sola, sin revisar previamente el interior del mismo.

Dentro del servicio había una ventana que estaba sin bloquear, situación que la paciente, en su trastorno, aprovecha para intentar escapar produciéndose una caída al vacío.

QUINTO: que debido a las lesiones producidas por la caída, se le ha producido:

- Fractura en la pierna derecha y golpes y erosiones en el resto del cuerpo.

- Cojera.

- Fracturas en vértebras.

- Dolor continuado.

- Adormecimiento del pie.

- De baja hasta el 7 de junio de 2010.

SEXTO: que la paciente no fue debidamente atendida, pues no se explica que, si había estado previamente atada y escoltada, se le permitiera acudir al servicio sola y sin revisar previamente el interior del servicio. Servicio en el que además de una ventana no bloqueada, podía haber otros elementos peligrosos como el espejo.”

Segundo.- Tras la tramitación del correspondiente expediente, el órgano instructor

formuló propuesta de resolución en fecha 17 de octubre de 2011, proponiéndose estimar

parcialmente la reclamación, reconociendo a la reclamante el derecho a percibir la cantidad

de 24.382,97 euros, que, según tal propuesta, debían ser satisfechos a partes iguales por la

Administración y por la entidad GARDA Servicios de Seguridad S.A.

Tercero.- Trasladada dicha propuesta, junto con el expediente administrativo, a este

Órgano Consultivo, se emitió Dictamen, el número 137 del año 2011, del que interesa ahora

destacar las Consideraciones Jurídicas V y VI:

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“Tras lo expuesto, se considera que puede ya plantearse si la asistencia sanitaria prestada a “X” fue la adecuada, de modo que pueda considerarse que se está ante unos hechos que no constituyen un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste recogida en el artículo 141.1 de la LPAC, y si fueron suficientes los medios con los que aquella asistencia fue dispensada, dentro de los disponibles.

En el presente caso, la paciente ejercita la acción de responsabilidad patrimonial en reclamación de unos daños que achaca no a una falta de pericia a la hora de diagnosticar o curar su padecimiento, sino que la reclamación se fundamenta en el, a su juicio, deficiente servicio prestado en el centro sanitario público en la fecha en la que acudió porque padecía un trastorno mental que la mantenía en alto grado de nerviosismo y agitación, habiendo manifestado deseos de autolisis y queriendo escapar de la vigilancia y atención sanitaria que le era dispensada. Por ello, para llegar a una conclusión sobre este extremo se considera necesario analizar y valorar los hechos acreditados en el expediente.

Al respecto, el informe del Médico Inspector señala que la condición fundamental en la producción del daño fue la intención de la reclamante de fugarse del hospital; sin embargo, la patología psiquiátrica que padecía y los efectos de la medicación que se le suministró pudieron influir en su conducta y favorecer el accidente. Además, ambos factores (intencionalidad de fuga y estado mental alterado de la paciente) eran conocidos por los facultativos que la atendían y, por ello, se ordenó su vigilancia continuada hasta su internamiento involuntario en Psiquiatría.

Teniendo en cuenta, por tanto, que la paciente había manifestado, de forma ostensible, deseos de autolesión, estado irritable, alteración de su estado mental y voluntad de escapar de la atención sanitaria que se le estaba prestando, tanto el personal sanitario como el de seguridad que en esos momentos estaban atendiendo o vigilando a la paciente debían de emplear la diligencia debida para evitar que persistiera tanto en su deseo de huída del centro sanitario como en su pretensión de lesionarse.

Por ello, cuando la paciente solicitó que se le dejara ir al aseo, el personal que en esos momentos le asistía debió emplear la diligencia que era exigible para impedir su fuga o un intento de autolesión, y en este sentido entendemos que el mero examen visual de la situación en que se hallaba el aseo no parece que fuera suficiente a estos efectos, máxime si tenemos en cuenta que el examen visual fue deficiente pues no detectó que la ventana del aseo no se encontraba cerrada. Entendemos que el estado de la paciente exigía mayor atención y cuidado en cuantas acciones acometiera aquella, por lo que apreciamos, como también lo hace la propuesta de resolución, la existencia de una relación de causalidad entre la actuación defectuosa del servicio público y el daño padecido por la reclamante.

También nos mostramos de acuerdo con la propuesta de resolución en la medida en que estima que la responsabilidad se debe atribuir tanto a la Administración como a la empresa de seguridad, pues si bien es cierto que entre las funciones propias de los vigilantes de seguridad, enumeradas en Real Decreto 2364/1994, no se recoge expresamente la vigilancia y protección de los pacientes en un hospital, sin embargo no lo es menos que una vez que, a petición del facultativo, el personal de

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seguridad accedió a prestar su apoyo en la custodia de la paciente, debía prestar tal asistencia con la diligencia antes indicada, máxime si tenemos en cuenta su grado de especialización en situaciones conflictivas como la relacionada.

VI

Finalmente, en cuanto a la cuantía de la indemnización, la propuesta de resolución hace una valoración económica del daño por un importe total de 24.382,97 euros. Sin embargo, desconocemos en qué informe médico de valoración del daño corporal se basa para determinar los días impeditivos que ha sufrido la reclamante, así como los puntos de secuelas de sus lesiones, ya que no hay constancia alguna en el expediente sobre estos extremos.

Por ello, con carácter previo a la emisión de la resolución, y en el caso de que el órgano competente decida seguir el criterio de este dictamen preceptivo pero no vinculante, y dado que este Órgano Consultivo debe pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización fijada en la propuesta de resolución, deberá someterse de nuevo a este Consejo el expediente, en el que se deberá haber incorporado la documentación necesaria para poder valorar adecuadamente los criterios seguidos por la propuesta de resolución para la fijación de la indemnización que se propone.”

En virtud de ellos concluíamos Dictaminando que

“Que de acuerdo con la propuesta del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, procede estimar parcialmente la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada a “X” en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, en virtud de los razonamientos y con la remisión al órgano instructor de la acreditación del importe indemnizatorio que se exponen en el cuerpo de este Dictamen.”

Cuarto.- Mediante escrito de 12 de enero de 2012, el Consejero de Sanidad,

Bienestar Social y Familia, en relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial

de la Administración instado por la Sra. “X”, de conformidad con lo indicado en la

Consideración Jurídica VI del Dictamen que ha sido parcialmente trascrito, vuelve a remitir a

este Consejo Consultivo para nuestra consideración el expediente completo, así como

Dictamen de Valoración del Daño Corporal, elaborado por “Dictamed I & I SL” en su

condición de asesoría médica de la Compañía Aseguradora Zurich España SA, con quien el

Gobierno de Aragón tiene suscrita póliza de aseguramiento de este tipo de incidencias.

Y en efecto obra en el expediente remitido un informe de valoración de daño

corporal emitido por la citada consultora médica del que interesa transcribir lo siguiente:

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“CONCLUSIONES

1 No habiendo tenido ocasión de explorar al paciente, el presente informe se emite en base a la documentación analizada.

2.

Nu est ro inf or me v alo ra ún ica men te l as l esio nes pe r mane nt es y l a incapacidad que presenta el paciente, sin entrar a valorar la asistencia sanitaria dispensada. El hecho de que-puntuemos una lesión permanente con arreglo al baremo actuali zado de la Ley 30195, no implica que consideremos que ésta ha sido a consecuencia de la asistencia prestada.

3.

Tras precipitarse de una altura de dos metros por intento de fuga del hospital, según apunta la historia clínica; la paciente presentó fracturas cerradas de fémur, tibia y peroné derechos, que fueron tratados mediante osteosíntesis y fractura de cuerpos vertebrales L3 a L5, que precisaron únicamente de un corsé durante tres meses.

4.

Debido a las fracturas, la paciente permaneció ingresada del. 24 :de septiembre al 12 de noviembre de 2009 y aunque según los reclamantes permaneció de baja hasta el 7 de junio de 2010, abandonó la rehabilitación antes del 19 de mayo de 2010, quedando como secuelas únicamente el material de osteosíntesis en fémur y tibia que se valora con 7 y 5 puntos respectivamente y -(según la reclamación) una cojera que no figura en los informes -clínicos, pero que de acreditarse, se valoraría como perjuicio estético dinámico moderado que junto con el estático por las cicatrices no reclamadas, -ascendería a 12 puntos.

5.

Las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes e incapacidad temporal incluyen los daños morales como se recoge en *el texto del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Tablas 111 y V, Pág. 36675 y 36677 del BOE n° 267 del viernes 5 de noviembre de 2004)”.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I

El dictamen solicitado entra dentro de las competencias del Consejo Consultivo de

Aragón tal y como se regula en el artículo 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del

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Consejo Consultivo de Aragón, que dispone la necesidad de consulta preceptiva al Consejo

en el supuesto de “reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios

de cuantía superior a 6.000 euros”. Ello significa, dada la cuantía de la indemnización

solicitada en este caso, el carácter preceptivo del Dictamen que se emite por este Consejo.

En función de lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la misma Ley 1/2009,

resulta competente la Comisión para la emisión del dictamen.

I I

El Consejo Consultivo ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del expediente

tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica, procede o no estimar

la reclamación de indemnización económica presentada en relación con daños

ocasionados, según se alega, por la prestación deficiente de la asistencia sanitaria,

debiendo concretar específicamente, por mandato del art. 12.2 del Reglamento aprobado

por R.D. 429/1993, de 26 de marzo, la existencia o no de relación de causalidad entre el

funcionamiento del servicio público y la lesión producida, con valoración, en su caso, del

daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios legales

de aplicación.

Por lo que se refiere a la normativa aplicable, ha de recordarse que en el Derecho

español vigente la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración,

constitucionalizada en el art. 106.2 de la Constitución, atribuye a los particulares derecho a

ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo

en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento

normal o anormal de los servicios públicos, y se cumplan los demás requisitos dispuestos

por el ordenamiento jurídico (art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Los requisitos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la

Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y jurisprudencial del

régimen de Derecho Positivo sobre la materia, pueden resumirse del siguiente modo: 1º) la

efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en

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relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el

reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios

públicos en una relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir

en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y

4º) que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año,

computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la

manifestación de su efecto lesivo).

I I I

En el supuesto que nos ocupa, no hay nada que objetar sobre el cumplimiento de los

requisitos formales, al haberse presentado la reclamación dentro del plazo legalmente

establecido y haber sido dirigida a la Administración Pública competente por persona que

ostenta suficiente legitimación para ello.

IV

En cuanto al fondo del asunto, como hemos señalado en los antecedentes fácticos,

sobre los hechos de los que dimana este expediente ya hemos tenido la ocasión de

pronunciarnos (Dictamen número 137/2011) en el sentido de informar favorablemente la

propuesta de resolución emitida por el órgano instructor en el sentido de estimar

parcialmente la reclamación de la Sra. “X”, por las razones que se dejaron debidamente

consignadas en el cuerpo de aquél informe; por ello, el alcance del presente Dictamen debe

ser mucho más limitado, pues, analizada la cuestión de fondo en su aspecto fundamental

(esto es, si concurren cuantos requisitos son exigidos normativa y jurisprudencialmente para

apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial imputable a la Administración

sanitaria), nos restará analizar si está suficientemente justificada, por encontrarse en el

expediente debido apoyo fáctico y jurídico, la cuantía de la indemnización que la propuesta

de resolución admite haya de abonarse a la reclamante -24.382,97 euros-, ya que cuando

emitimos nuestro primer Dictamen sobre este aspecto había una total falta de prueba en el

expediente, resultándonos imposible pronunciarnos al respecto.

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Pues bien, como hemos indicado en los antecedentes fácticos, el órgano

peticionario del Dictamen ha solicitado un informe médico valorativo sobre el alcance de los

daños corporales que sufre la reclamante, a una compañía de asesoramiento médico

especialista en la valoración de daños, la cual, y con la previa advertencia de que no había

examinado personalmente a la paciente/reclamante por lo que el informe se emitía en virtud

de la documentación analizada y que obra en el expediente, concluye, como también se ha

dejado señalado, i) que la paciente permaneció ingresada del 24 de septiembre al 12 de

noviembre de 2009 (los cincuenta días de hospitalización que en la propuesta de resolución

se propone indemnizar); ii) que la paciente abandonó la rehabilitación ante del 19 de mayo

de 2010 (por lo que deberá revisarse, si así se considera justificado –a nuestro juicio sí que

lo es-, la cuantía de la indemnización propuesta por días impeditivos, ajustándola a los que

realmente aparecen probados en el expediente); iii) que la reclamante tiene como secuelas

únicamente el material de osteosíntesis en fémur y tibia que se valora conjuntamente en

doce puntos (por tanto, queda acreditado el fundamento de los doce puntos por secuelas

que la propuesta de resolución propone indemnizar); y iv) que no queda acreditado en el

expediente que la paciente sufra una cojera, pero que si ello fuera así debiera ser valorada

esta secuela en otros doce puntos (por tanto, también estimamos acertado que la propuesta

de resolución no proponga indemnizar esta secuela no acreditada).

Por tanto, este Órgano Consultivo se muestra conforme con la cuantía de la

indemnización propuesta por el órgano instructor, si bien deberá valorarse su posible ajuste

teniendo en cuenta lo que se acaba de indicar en cuanto a la valoración de los días

impeditivos, a la vista de las conclusiones del informe médico de valoración de daños

obrante en el expediente.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón formula el siguiente

DICTAMEN:

Que de acuerdo con la propuesta del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y

Familia, procede estimar parcialmente la reclamación en materia de responsabilidad

patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada a “X” en el

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Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza en la cuantía propuesta por el órgano

instructor sin perjuicio de lo indicado a este respecto al final de la Consideración Jurídica IV

de este Dictamen.

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