RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

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Recurso nº 881/2017 C.A. Cantabria 29/2017 Resolución nº 1030/2017

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

En Madrid, a 3 de noviembre de 2017

VISTO el recurso interpuesto por Dª E. G. G., en representación de DIDOSEG

DOCUMENTOS, S.A. contra los pliegos del contrato de “Servicio de impresión y personalización de títulos oficiales y suplementos europeos al título, copias electrónicas auténticas con cambio de formato de títulos oficiales y suplementos europeos al título (expediente 2017/ABRSER013)”, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por medio de anuncio publicado (tras determinada rectificación) en DOUE (TED)

el 15 de septiembre de 2017, la Universidad de Cantabria licitó el contrato de Servicio de impresión y personalización de títulos oficiales y suplementos europeos al título, copias electrónicas auténticas con cambio de formato de títulos oficiales y suplementos europeos al título. Previamente, habían sido publicados los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Segundo. Disconforme con los referidos pliegos, DIDOSEG formula recurso especial en

materia de contratación en el que expone:

a) Los títulos universitarios oficiales tienen una específica regulación en la que se establece su formato y no cabe el electrónico. En este sentido cita una nota informativa del Ministerio de Educación, en la que se dice:

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“NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ELECTRÓNICOS POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES

Con carácter general se indica que la cuestión planteada hay que circunscribirla a lo que se refiere a la expedición de títulos oficiales que sancionan una formación universitaria oficial y que confieren una validez oficial en todo el territorio nacional. Por tanto, quedan excluidos de esta nota informativa lo referente a todos aquellos títulos denominados "propios" de las Universidades que no tienen carácter oficial.

Delimitado a dicho ámbito en lo que se refiere a esta nota informativa, respecto a la cuestión planteada relativa a la posibilidad de expedición de títulos electrónicos por parte de las Universidades, se informa en los siguientes términos:

La norma vigente sobre expedición de los títulos universitarios oficiales correspondientes a las enseñanzas reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, 861/2010, de 2 de julio, es el Real Decreto 1002/201 O, de 5 de agosto (BOE del 6 de agosto).

El artículo 1 del citado Real Decreto 1002/201 O, de 5 de agosto, establece como su objeto la regulación de los requisitos y el procedimiento para la expedición de los títulos correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado.

El artículo 2 de la misma norma, señala el ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en el propio Real Decreto 1002/201 O, de 5 de agosto. Estas disposiciones serán de aplicación a la expedición de títulos universitarios oficiales en todo el territorio nacional por las universidades españolas públicas y privadas.

Delimitado por tanto el objeto y ámbito de aplicación del Real Decreto 1002/2010, de5 de agosto, su artículo 3, dispone, textualmente, lo siguiente:

"Artículo 3. Títulos oficiales 1. Los títulos oficiales a los que hace referencia el artículo 1 son los de Graduado o Graduada, Máster Universitario y Doctor o Doctora, referidos

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respectivamente a la superación del primero, segundo y tercer ciclo de los estudios universitarios.

2. Dichos títulos serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector o Rectores de la Universidad o Universidades correspondientes, de acuerdo con los requisitos que respecto a su formato. Texto y procedimiento de expedición se establecen en la presente norma.

3. Los títulos universitarios oficiales tendrán validez en todo el territorio nacional y facultarán a sus poseedores para disfrutar de los derechos que en cada caso otorguen las disposiciones vigentes.

4. Los títulos universitarios oficiales, expedidos de conformidad con lo previsto en este real decreto, surtirán efectos plenos desde la fecha de la completa finalización de los estudios correspondientes a su obtención."

Las normas contenidas en el repetido Real Decreto 1002/201 O, de 5 de agosto, establecen claramente que el soporte documental o físico de los títulos especificados anteriormente es una cartulina personalizada en su anverso y en su reverso de acuerdo con lo dispuesto en sus artículos 16 y 17.

En consecuencia, la expedición de todos aquellos títulos de enseñanzas universitarias oficiales deberá adecuarse a la normativa legal anteriormente citada, siendo requisito indispensable y determinante de su validez oficial en todo el territorio nacional. Por el contrario, la expedición de aquellos títulos que no responda a las exigencias establecidas en la normativa legal aplicable, anteriormente citada, entre los que están incluidos los expedidos en formato digital, no responden a los requisitos legales que les atribuye la validez oficial que está reserva a los títulos expedidos con las características legalmente establecidas. Madrid, 14 de octubre de 2015”.

b) Impugna, igualmente, la exigencia de habilitación profesional de ser prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza, en la categoría de servicios cualificados para el Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de

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firma electrónica, con capacidad de emitir y custodiar certificados electrónicos cualificados según la Resolución de 27 de octubre de 2016 de Política de Firma y Sellos electrónicos y de certificados de la Administración (en relación con la emisión del SET en formato electrónico, incluido en el punto 2 del PPT) establecida en el apartado 11 del cuadro de características y la prohibición de subcontratación(apartado 28). Cita determinada resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura que estimó estos motivos en relación a unos pliegos similares.

Tercero. El órgano de contratación ha emitido el oportuno informe en el que expone:

a) El pliego no prevé títulos oficiales en formato digital, sino copias auténticas electrónicas de los títulos oficiales.

b) Justifica la habilitación profesional requerida en el PCAP en determinados precedentes normativos (Reglamento UE nº 910/2014, del Parlamento y del consejo, de 23 de julio), así como en relación al objeto del contrato que incluye una serie de prestaciones. …en un entorno de aumento de la movilidad estudiantil y del establecimiento de un Espacio Europeo de Educación Superior, sin fronteras, la Universidad pretende proporcionar a sus estudiantes un certificado cualificado de firma electrónica otorgado por un servicio de confianza cualificado en la que, no solo se acredite su identidad-servicio que podría ser prestado por cualquier otro prestador cualificado de servicios electrónicos de confianza-sino que incorpore, además, el atributo de su titulación universitaria, esto es , que el estudiante ha obtenido una determinada titulación. Y que todo ello pueda ser reconocido con todas las garantías por cualquiera de los Estados miembros.

En consecuencia, si el adjudicatario no forma parte de la lista de confianza de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza no podrá prestar el servicio con las garantías de seguridad exigidas por la Universidad.

c) Justifica en la necesidad de control de la Universidad sobre el contratista la prohibición de subcontratación y sin que ello impida fórmulas de colaboración que no afecten a tal finalidad.

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Cuarto. En fecha 14 de septiembre de 2017 la Secretaria del Tribunal, por delegación de

éste, resolvió conceder la medida cautelar consistente en la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 46 del TRLCSP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para

resolverla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre atribución de competencia de recursos contractuales publicado en el Boletín Oficial del Estado de 13 de diciembre de 2012.

Segundo. La entidad reclamante se encuentra legitimada, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 42 del TRLCSP, a cuyo tenor: “Podrá interponer la correspondiente reclamación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de reclamación”, todo ello a la vista del objeto del contrato y del propio objeto social de la recurrente: "Actividades Editoriales y Artes Gráficas en General".

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del TRLCSP por tratarse

de un proceso de licitación convocado por una entidad que ostenta la condición de poder adjudicador y ser un contrato de servicio sujeto a regulación armonizada con valor estimado de 669.421,53 euros, este Tribunal tiene competencia para resolver el recurso.

Cuarto. En relación a la cuestión del objeto del contrato.

El recurrente sostiene que no puede ser objeto del contrato un título oficial en formato electrónico por impedirlo la normativa vigente.

Debemos comenzar señalando que la transcripción que realiza del pliego-puede ser debida a un error material-se refiere a Universidad de Extremadura. No obstante, dado que no deja dudas respecto de la pretensión y que los términos del PPT del presente contrato se asemejan en mucho a lo transcrito, se abordará la cuestión.

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El PPT señala:

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA CON CAMBIO DE FORMATO DE TÍTULOS OFICIALES,

Además, el adjudicatario, generará, custodiará y gestionará una copia electrónica auténtica con cambio de formato del título oficial, en formato PDF, que tendrán el mismo aspecto que el título oficial.

Adicionalmente y como parte del servicio objeto de la presente contratación se ocupará de la generación y gestión de certificados digitales, como prestador de servicios de certificación, con atributos específicos que contendrán la titulación universitaria del destinatario del certificado.

La copia electrónica auténtica con cambio de formato deberá cumplir las siguientes características:

- Debe ser una copia del original.

- Debe incorporar la identificación de órgano, archivo y organismo expedidor, así como persona responsable de expedición, además de los requisitos exigibles por su condición de documento electrónico en cuanto a seguridad e integridad.

- La copia electrónica auténtica con cambio de formato deberá respetar lo previsto en la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaria de Estado para la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.

La empresa adjudicataria, proveerá a la Universidad de Cantabria de los elementos técnicos y servicios accesorios necesarios para la generación y custodia de la copia electrónica auténtica con cambio de formato del título.

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Los titulados de la Universidad de Cantabria y el personal designado por ella, dispondrán de una zona web específica para ellos, destinada a operaciones de descarga de copias auténticas de sus títulos y de sus certificados digitales.

El acceso para los titulados a esta zona web específica podrá efectuarse de distintas formas:

- Con el Certificado digital que se le ha proporcionado tras su petición y que forma parte de e-título.

- Con DNI-e (DNI Electrónico).

- Con código de autenticación.

Los títulos universitario oficiales tienen su propia regulación, dentro de la cual se detalla su forma física, solo en papel: R.D. 1002/2010:

Artículo 16. Soporte documental o físico y requisitos.

1. La cartulina soporte de los títulos, de idéntico tamaño para todos ellos, será de material especial con determinadas claves de autenticidad, normalizado en formato UNE A-3, de acuerdo con las prescripciones técnicas y de seguridad determinadas en el Anexo XI. Por Resolución del Director General de Política Universitaria se determinarán las condiciones de suministro de dichas cartulinas a las universidades.

2. Las cartulinas llevarán incorporado el Escudo Nacional en el ángulo superior izquierdo. Estarán numeradas mediante serie alfanumérica, cuyo control corresponderá a las unidades responsables del proceso de expedición de los títulos.

3. Las universidades adoptarán, para los títulos que expidan, los atributos, colores, orlas y demás grafismos que estimen convenientes, sin más limitaciones que las establecidas en este real decreto. Asimismo, podrán incorporar a los títulos que expidan su propio escudo u otros, nunca en mayor tamaño que el Escudo Nacional.

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4. Los títulos llevarán impreso todo su texto, así como la firma del rector o rectores de las universidades correspondientes. No se permitirá la incorporación de inscripción alguna no impresa, salvo la firma del interesado y la del responsable de la unidad de títulos oficiales de la universidad.

5. Cada universidad, previamente a su entrega al interesado, efectuará en el título una estampación en seco de su sello oficial, igual para todos los títulos que expida. Remitirá muestra de dicho motivo a la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones de este Departamento, a efectos de conocimiento y control de autenticidad.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley 39/2015 regula la validez y eficacia de las copias realizadas por la Administración, previendo la copia electrónica de un documento en soporte papel digitalizado:

Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.

1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones.

A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.

Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación.

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En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:

a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor.

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d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original.

A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado.

4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.

Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.

5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia.

6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.

En consecuencia, es posible y compatible que un título oficial sea expedido en papel y que se hagan copias electrónicas auténticas.

Quinto. Respecto de la habilitación profesional requerida.

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Habilitación empresarial o profesional:

− Las empresas licitadoras deberán de figurar en el registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicado en su página web, como prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza, en la categoría de servicios cualificados para el Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, con capacidad de emitir y custodiar certificados electrónicos cualificados según la Resolución de 27 de octubre de 2016 de Política de Firma y Sellos electrónicos y de certificados de la Administración (en relación con la emisión del SET en formato electrónico, incluido en el punto 2 del PPT). Para licitadores de otros estados miembros de la Unión Europea, podría acreditarse, la condición de prestadora cualificada de servicios electrónicos de confianza en la categoría especificada en el pliego, mediante la certificación o inscripción que corresponda otorgada por el organismo de supervisión designado en cada Estado según lo previsto en el artículo 17 del Reglamento nº. 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, en relación con el art. 22.1.

− Las empresas licitadoras deberán estar certificadas (la certificación requerida es la de conformidad con el esquema nacional de seguridad. Dicha certificación deberá haber sido realizada por una empresa acreditada, también será válida la expedida por entidades que estén en proceso de acreditación, tal y como establece el apartado VI.2 y 3 de la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el ENS, en los términos y plazos señalados en dicha disposición (Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, BOE de 2-11-16) y cumplir con la normativa exigida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cumpliendo con el Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad tal y como requiere el RD 22/2015 de expedición del Suplemento Europeo al Título

− Las empresas licitadoras deberán presentar acreditación documental de disponer de autoridad de certificación para la expedición de la copia electrónica auténtica con cambio de formato del título oficial.

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El argumento del recurso contra esta exigencia podría resumirse en que la misma responde a una prestación accesoria del contrato que produce el efecto limitativo de acceso al mismo.

El PCAP describe así el objeto del contrato: La indicada en el apartado 3 del Anexo I del presente pliego, sin perjuicio de que el detalle y características de los servicios y la forma de hacer efectiva la realización del contrato serán los que se establecen en el “pliego de prescripciones técnicas”.

Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV): la indicada, en el apartado 4 del Anexo I del presente pliego.

El apartado 3 del anexo I concreta el objeto del contrato: servicio de impresión y personalización de títulos oficiales y suplementos europeos al título, copias electrónicas auténticas con cambio de formato de títulos oficiales y suplementos europeos al título en formato electrónico e impresión y personalización de títulos propios sobre papel de seguridad inerte y sobre distintos papeles para la universidad de Cantabria.(se reproduce en cláusula 1 del PPT).

Clasificación CPV: 79800000-2

El PPT, tras detallar las prestaciones del contrato, indica:

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Personalización de los Títulos Universitarios Oficiales, Suplemento Europeo al Título, copias electrónicas auténticas con cambio de formato de títulos oficiales y suplementos europeos al título en formato electrónico y personalización de Títulos Propios emitidos por la Universidad de Cantabria incluyendo la personalización de un facsímil y copia con diligencia de recogida de cada uno de ellos, papel para impresión, fabricación y entrega bajo pedido de Certificaciones Supletorias al Título y Diploma de Asistencia/Superación.

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Y, tras un punto dado de la descripción más detallada de cada uno de los conceptos que figurante en la referida enunciación, indica:

(…)Adicionalmente y como parte del servicio objeto de la presente contratación se ocupará de la generación y gestión de certificados digitales, como prestador de servicios de certificación, con atributos específicos que contendrán la titulación universitaria del destinatario del certificado (…).

Pues, bien, es esta prestación es la que constituye la esencia de la queja del recurso:

a) Por un lado, por boca de la Comisión Jurídica de Extremadura en cláusula semejante de los pliegos de la Universidad de dicha Comunidad Autónoma, se indica que se trata de una prestación accesoria que no puede condicionar la habilitación profesional para el objeto principal del contrato. Por vía de una prestación accesoria se impone una restricción a la libre competencia para acceder al objeto principal del contrato.

b) Por parte del órgano de contratación se indica que el contrato comprende un conjunto de prestaciones y que una de ellas está claramente identificada y requiere legalmente el requisito de la habilitación profesional discutido.

El Tribunal considera que en la prestación consistente en la generación y gestión de certificados digitales, como prestador de servicios de certificación, con atributos específicos que contendrán la titulación universitaria del destinatario del certificado concurren las siguientes circunstancias:

1º. No aparece indicada en el objeto del contrato del PCAP, ni en su anexo.

2º. No aparece comprendida en el Código CPV. Servicios de impresión y servicios conexos.

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4º. Esta prestación adicional no aparece detallada en la oferta económica, anexo II del PCAP.

Sin embargo, pese a lo dicho, la prestación cuestionada, exigida por igual a todos los licitadores, se justifica por el órgano de contratación como una prestación adicional al objeto principal del contrato pero útil y conveniente para el desarrollo del mismo: “Con este contexto normativo, y en un entorno de aumento de la movilidad estudiantil y del establecimiento de un Espacio Europeo de Educación Superior, sin fronteras, la Universidad pretende proporcionar a sus estudiantes un certificado cualificado de firma electrónica otorgado por un servicio de confianza cualificado en la que, no solo se acredite su identidad-servicio que podría ser prestado por cualquier otro prestador cualquier otro prestador cualificado de servicios electrónicos de confianza-sino que incorpore, además, el atributo de su titulación universitaria, esto es, que el estudiante ha obtenido determinada titulación. Y que todo ello pueda ser reconocido con todas las garantías por cualquiera de los Estados miembros.

En consecuencia, si el adjudicatario no forma parte de la lista de confianza de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza no podrá prestar el servicio con las garantías de seguridad exigidas por la Universidad”.

Pues bien, esta justificación es suficiente a juicio de este Tribunal para la exigencia de esta prestación adicional, no pudiéndose considerar restrictiva de la competencia al existir una justificación suficiente de su conveniencia beneficiosa para los alumnos, por lo que procede la desestimación del motivo alegado.

Sexto. Respecto de la prohibición de subcontratación.

El Anexo I del PCAP no permite la subcontratación en el apartado 28.

El recurso, también por remisión a la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura, considera que la regla general es permitir la subcontratación en los términos legales y que la negativa debe ser justificada, lo cual no ocurre en los pliegos.

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Por su parte, el órgano de contratación sostiene: Por todo ello, porque la generación, custodia y gestión de los títulos oficiales conlleva una especial responsabilidades que resulta imprescindible la ejecución del contrato por una única empresa; otra cosa implicaría que la Universidad, como Administración contratante, no tendría el control directo e inmediato sobre uno de los servicios que integrar la prestación que se contrata, a no poder exigir directamente responsabilidad al subcontratista en caso de un posible perjuicio, falta de diligencia, …,ya que éste sólo vendría obligado frente al contratista principal. Y esta circunstancia, el control directo e inmediato de la ejecución del contrato es fundamental en la presente contratación en la que la Universidad, en su obligación de velar por los intereses generales a que responde la emisión de estos títulos y documentos, ha de tener una muy especial diligencia, mayor o más cualificada que en otras actividades administrativas.

(…)

Ya ha quedado expuesto, por tanto, cómo la imposibilidad de subcontratar los servicios de certificación digital con atributos específicos está plenamente justificada en relación con el objeto del contrato. Es necesario añadir que la prohibición de subcontratar no supone, además, una limitación a la libre concurrencia en esta licitación, puesto que nada impide a una entidad que pretenda licitar hacerlo mediante otros medios de colaboración empresarial previstos por la ley, ya que nada en los pliegos impide-por ejemplo-concurrir en UTE. En dicho caso, las circunstancias que justifican la prohibición de subcontratar no se darían, pues siendo la UTE la adjudicataria responde directamente ante la Universidad, y no pierde ésta el control sobre ninguno de los elementos de la ejecución del contrato.(…). Y finalmente, debe tenerse en cuenta que la recurrente podría además inscribirse como prestadora de servicios de certificación cualificados, para de ese modo poder ejecutar personalmente este servicio integrante del objeto del contrato”. Además, considera que a diferencia del supuesto de hecho resuelto en la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura que cita el recurrente, en el presente caso existe justificación suficiente de la prohibición de subcontratación”.

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Sobre la cuestión prohibición de subcontratar este Tribunal ya se ha pronunciado en sus Resoluciones nº 158/2012, de 30 de julio, y nº 520/2013, de 14 de noviembre. Así dijimos en nuestra Resolución nº 520/2013: “En consecuencia, es posible afirmar que la Ley con carácter general admite la posibilidad de subcontratar, pero siempre que la subcontratación no aparezca expresamente vetada en los PCAP (…) o en el contrato, o que resulte implícita la prohibición por deducirse de su naturaleza y condiciones que el contrato ha de ser ejecutado directamente por el contratista, (…). Cuestión distinta es que para aquellos casos en los que de la naturaleza y condiciones del contrato se deduzca que el mismo no tenga necesariamente que ser ejecutado directamente por el adjudicatario, resulte aconsejable –que no obligatorio– que se permita la subcontratación. De forma análoga, entiende este Tribunal que, dada la posición favorable que inspira la normativa comunitaria (así por ejemplo, en su considerando 32 la Directiva 2004/18/CE indica la conveniencia de prever disposiciones en materia de subcontratación, con el fin de favorecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos), resulta igualmente aconsejable que la prohibición total de subcontratar se justifique adecuadamente en el expediente, en la medida que una cláusula que prohíbe la subcontratación puede resultar contraria al espíritu de la ley”.

En el presente caso, la prohibición de subcontratación se establece claramente en los Pliegos y se justifica suficientemente por el órgano de contratación por la conveniencia de que sea una sola persona o entidad la que preste los servicios objeto del contrato, por lo que dicha prohibición se debe considerar conforme a la normativa legal vigente.

(…)

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA:

Primero. Desestimar el recurso formulado por DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A. contra los

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suplementos europeos al título, copias electrónicas auténticas con cambio de formato de títulos oficiales y suplementos europeos al título” (expediente 2017/ABRSER013).

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, según lo establecido

en el artículo 47.4 del TRLCSP.

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la

interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

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