Ciudad de México, 5 de abril del 2013
Boletín 06/2013
Llaman organizaciones de la sociedad civil a parar las
agresiones contra personas defensoras de derechos
humanos
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En México persiste un clima de violencia en contra de las
personas defensoras de derechos humanos
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El Estado mexicano no garantiza ni protege el derecho a
defender los derechos
A unas semanas de que se cumpla un año de la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el seno del Congreso de la Unión, las organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) externamos nuestro rechazo ante las recientes agresiones en contra de defensoras y defensores en México. En este contexto recordamos que es obligación del Estado mexicano garantizar efectivamente el derecho a defender derechos humanos.
De la misma manera nos parecen preocupantes algunas informaciones imprecisas difundidas recientemente por parte de medios de comunicación, que distorsionan la labor de las y los defensores de medios de comunicación. En este contexto queremos lanzar una señal de alerta a la sociedad para evitar que estas acciones, que peligrosamente se aproximan a un patrón, enrarezcan
aún más un clima de confrontación social que afecta la vigencia plena de los derechos humanos en nuestro país.
Las organizaciones que integramos la Red TDT consideramos que estas amenazas, allanamientos y detenciones, así como las descalificaciones a través de algunos de los medios de comunicación, hacen evidente la persistencia de un clima de violencia en contra de los defensores, y especialmente la falta de efectividad de las medidas preventivas y de protección tanto por las autoridades federales como por los gobiernos estatales.
Recuento de agresiones contra personas defensoras
Durante los primeros tres meses del año, a lo largo del país, han ocurrido violaciones a los derechos humanos que de manera recurrente ponen en riesgo las vidas de personas defensoras. Los actos de violencia en contra de quienes defienden los derechos humanos en México no son nuevos, sin embargo, existe en México un discurso que promueve acciones con las que esta administración asegura poner fin a esta situación y que no ha resultado efectivo hasta ahora. A pesar de que México ha dado pasos importantes en la protección de personas defensoras a través de la implementación de un Mecanismo de Protección, en el país quienes defienden los derechos humanos continúan expuestos a riesgos muy altos, que en muchos de los casos son propiciados o permitidos por las propias autoridades mexicanas. Lamentamos la falta de un pronunciamiento claro por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales en contra de estas agresiones al derecho a defender los derechos humanos, así como a las personas que lo ejercen.
Al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución histórica en materia de promoción y protección de los derechos
humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, en México continúa la
criminalización de la protesta social contra personas defensoras y líderes sociales.
Tal es el caso de la reciente detención de Mariano López Gómez (http://bit.ly/10k2Foa) quien es integrante de la Asamblea del Pueblo Juchiteco así como de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec. Mariano, junto con otros defensores y defensoras, han exigido los derechos de las comunidades oaxaqueñas a sus tierras y territorio. Aunque posteriormente fue liberado (http://bit.ly/17ho9pr), es necesario enfatizar que Oaxaca ha sido un foco rojo en cuanto a agresiones a personas defensoras, en donde la defensa de los derechos humanos ha costado vidas y donde las amenazas, allanamientos, descalificaciones, retenciones se han convertido en una situación común.
A pesar de contar con medidas de protección, defensores y defensoras en México continúan siendo agredidos. Condenamos el reciente allanamiento a las oficinas de la organización oaxaqueña Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (http://bit.ly/Z6JgUO), así como el ataque sufrido por la organización chihuahuense Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (http://bit.ly/Xi3YUb). Esta última, ocurrida a menos de 48 horas de reunirse con el Estado Mexicano para revisión de medidas de protección. Chihuahua continua siendo un estado donde defender los derechos humanos es penado con la vida, la amenaza constante y donde impera la omisión y descalificación por parte de las autoridades.
Las denuncias de quienes apoyan y defienden a las personas migrantes en México han sido frecuentes. Las constantes amenazas así como la presencia de las bandas delincuenciales en Tenosique Tabasco continua poniendo en riesgo al defensor de personas migrantes Fray Tomás González, así como del personal del albergue La 72 (http://bit.ly/XXy4Ou) y de toda la comunidad. La vida de Fray Tomás y sus colegas, se encuentra en constante riesgo sin que las autoridades correspondientes hayan podido conducir acciones que permitan que este y otros defensores continúen realizando su labor de manera segura.
A pesar de todas las denuncias públicas y legales hechas en todos los casos de violaciones a los derechos humanos, las autoridades han sido pasivas en la conducción de las investigaciones necesarias para definir a los responsables de todos estos ataques, y con ello sancionarlos de acuerdo a la ley. La impunidad continua y es una característica del gobierno mexicano y de sus instituciones. Descalificaciones en medios de comunicación
Otro tipo de agresiones pretenden erosionar la credibilidad ante la opinión pública de las y los defensores de derechos humanos, especialmente en el campo de la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vale la pena recordar que en México durante los últimos años ha ido en aumento la inversión extranjera minera que actualmente representa el megaproyecto de mayor impacto territorial, ambiental y social en nuestro país. Ante ello, existen grupos que reivindican la defensa por la tierra y el territorio, al agua, a la salud y a la vida, los cuales también han sufrido agresiones (http://bit.ly/YXO3eq). Llamamos la atención sobre afirmaciones vertidas recientemente en algunos medios responsabilizando a diversos colectivos y movimientos y a Prodesc, que forma parte de la RED TDT, de poner en riesgo la inversión minera, generando
violencia y provocando pérdidas millonarias que ascienden a 100 millones de dólares (http://bit.ly/14JX7au). Señalamos este caso como una muestra, pero hemos detectado otros de la misma gravedad.
En este sentido queremos ser enfáticos al señalar que nos preocupan los cuestionamientos y la difamación hacia las organizaciones, así como los supuestos obstáculos que, según estos enfoques, representa la reivindicación
de derechos legitimados por las leyes nacionales, así como por tratados internacionales firmados por nuestro país. De manera particular nos parece sumamente alarmante que se nos responsabilice del clima de violencia que los propios grupos de apoyo a la minería han incitado.
Consideramos importante recalcar que la labor de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos estamos en nuestro derecho al señalar y denunciar violaciones a los derechos humanos de cualquier índole, independientemente de los intereses que estén en juego. También queremos dejar establecido que las organizaciones firmantes, así como las contrapartes con las que colaboramos de manera cotidiana, trabajamos en estricto apego a derecho.
