R-DCA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las trece horas veintisiete minutos del dieciocho de noviembre del dos mil quince.--- Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa CR CONECTIVIDAD, S.A., en relación con lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en la resolución N° R-DCA-890-2015 de las catorce horas diecinueve minutos del cinco de noviembre del dos mil quince.---

RESULTANDO

I. Que mediante la resolución R-DCA-890-2015 de las catorce horas diecinueve minutos del cinco de noviembre del dos mil quince esta División de Contratación Administrativa, resolvió: Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por C.R. CONECTIVIDAD S.A. en contra del acto de adjudicación dictado por el Fideicomiso ICE-RANGE/BCR en el concurso de ofertas 05-2014, para adquisición de equipos terminales para soluciones mixtas del proyecto Range acto recaído en la empresa ANIXTER COSTA RICA S.A.---II. Que la resolución R-DCA-890-2015 fue notificada a la empresa CR CONECTIVIDAD, S.A. vía fax a las trece horas veinticinco minutos del nueve de noviembre de dos mil quince.--- III. Que la empresa CR CONECTIVIDAD, S.A. presentó las diligencias de aclaración y adición ante esta Contraloría General el día once de noviembre del dos mil quince.---

CONSIDERANDO

I. Sobre la admisibilidad de la gestión. Como punto de partida se impone indicar a la empresa gestionante, que las diligencias de adición y aclaración no constituyen un mecanismo destinado a obtener de parte del órgano que ha resuelto una revisión sobre lo pronunciado, en el sentido de procurar una eventual modificación de lo definido en la parte dispositiva de una resolución. Con ocasión de estas diligencias sólo es posible corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, o bien, subsanar una omisión, pero no corregir, variar o modificar la sentencia, porque con ello se violarían los principios de seguridad jurídica y de justicia pronta y cumplida, que poseen en nuestro ordenamiento raigambre constitucional, aspecto este que precisamente ha sido recogido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en cuanto indica: “El criterio externado por la Sala Constitucional que, se repite, es tradicional en la jurisprudencia nacional, se sustenta en la doctrina del derecho procesal. La regla general es que las sentencias son invariables por el

(2)

órgano jurisdiccional que las dictó. Partiendo de esa premisa básica, la doctrina procesalista evidencia su preocupación por delimitar e impedir la invasión de la adición y aclaración en el ámbito de acción de los medios de impugnación, porque la adición y la aclaración no son medios de impugnación y mucho menos recursos: son instrumentos de subsanación. Como excepción a la regla de invariabilidad de las sentencias por el órgano que las dictó, la ley permite diversas posibilidades de modificación de ese tipo de pronunciamientos por el mismo tribunal. Esas posibilidades de actuación excepcionales, no van dirigidas a obtener la reforma o la anulación de la resolución, sino que todas ellas presuponen el mantenimiento de los pronunciamientos ya formulados, siendo el objetivo corregir defectos en el modo de expresarlos y dar una nueva oportunidad al órgano jurisdiccional para que cumpla con los deberes de claridad y de congruencia (pronunciamiento exhaustivo). La aclaración es procedente cuando existe algún concepto o aspecto oscuro en el pronunciamiento. En otras palabras, la aclaración permite cumplir los requisitos de claridad, precisión y separación de pronunciamientos que son consustanciales a una sentencia emitida correctamente. Por su parte, la adición es un mecanismo de complementación de las sentencias, tiene como finalidad, permitir el cumplimiento de la congruencia, como deber de pronunciamiento exhaustivo sobre todas las pretensiones y defensas. El Código Procesal Civil dice que la adición y aclaración de las sentencias solo procede respecto de la parte dispositiva como consecuencia de una idea básica: la parte dispositiva es la sentencia. Ese "por tanto" debe contener todas las disposiciones que tomó el tribunal para la resolución del conflicto. Esa parte dispositiva puede tener cuatro defectos: a) no establece con claridad lo que ya se dispuso en la parte considerativa. En otras palabras, en la parte considerativa se tomó una disposición que no se refleja claramente en la parte dispositiva. En ese caso procede la aclaración. b) Es contradictoria con lo analizado en la parte considerativa. En otras palabras, la parte dispositiva dice cosa diferente de lo que se dispuso en la parte considerativa. En ese caso también procede la aclaración; es decir, que el tribunal haga concordar la parte dispositiva con lo dicho en la parte considerativa. c) Se consigna una disposición en la parte dispositiva, sobre la que no se hizo ningún análisis en la parte considerativa. En un supuesto como ese, al igual que si la parte considerativa es imposible de entender, lo que existiría es un vicio en la motivación. Si no se dijo nada, existe ausencia total de motivación, si lo expresado es ininteligible hay un defecto en la motivación. En tales casos, no son la aclaración, ni la adición los mecanismos dispuestos legalmente para subsanar el vicio. El legislador descartó toda posibilidad de conceder un derecho en la parte dispositiva, sin la motivación que constituye un aspecto fundamental e inherente al debido proceso. d) Es omisa respecto de pretensiones y defensas invocadas en el proceso. Esa omisión se puede presentar de dos formas: se hizo análisis en la parte considerativa y se omitió en la parte dispositiva. En tal circunstancia, lo que procede es adicionar el "por tanto" con lo ya dispuesto en la parte considerativa. También puede suceder que la omisión sea total; es

(3)

decir, sobre la pretensión o excepción concreta no se dijo nada, ni en la parte considerativa, ni en la parte dispositiva. En ese supuesto, procede adicionar la sentencia en la parte dispositiva. Y como correlativo, que no es en realidad adicionar, es indispensable motivar la sentencia en la parte considerativa, en el aspecto en el que se adicionó la parte dispositiva. Todo lo expresado, permite concluir, que desde una perspectiva científico procesal, no hay motivos para concluir que tratándose de una sentencia sea necesario introducir la posibilidad de adicionar y/o aclarar la parte considerativa” (sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 00213 de las once horas veinticinco minutos del 6 de febrero de 2014). Es bajo esta misma filosofía, que el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece, que dentro de los tres días posteriores a la comunicación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que se consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo resuelto en el citado acto. De igual manera la referida norma es clara en indicar que por medio de estas diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo. A partir de lo anterior se tiene en primer lugar, según consta en el expediente de apelación, que la resolución N° R-DCA-890-2015 fue debidamente notificada a la empresa CR CONECTIVIDAD, S.A. en fecha nueve de noviembre de dos mil quince y, tomando en consideración que el escrito de adición y aclaración fue presentado ante este Despacho el día 11 de noviembre del año en curso, se tiene que la gestión fue interpuesta dentro de los tres días hábiles posteriores a su notificación, por lo que la solicitud se encuentra presentada en tiempo.---- III. Sobre el fondo. 1) Sobre las aclaraciones solicitadas en el recurso: Solicita la gestionante que se responda con un Sí o No una serie de preguntas en relación con la verificación de un listado de argumentos que considera fueron incluidos en el recurso de apelación y debieron por ende, ser analizados por esta Contraloría General para efectos de la resolución del recurso. En concreto, solicita se atiendan las siguientes preguntas: 1-¿Verificó la Contraloría que el punto 18.5 solicitara textualmente el cumplimiento de que los CPEs, cumplieran tanto la banda de 2.4 GHz, como la de 5.4 GHz?. Si o No. 2-¿Verificó la Contraloría que la oferta de Anixter aportara documentación que demostrara que el modem Smartrg adjudicado cumpliera con la operación tanto en la banda de 2.4 GHz como en la de 5.4 GHz?. Si o No.3-¿Verificó la Contraloría que la oferta de mi representada aportara documentación que demostrara que el modem Draytek ofertado cumpliera con la operación tanto de la banda de 2.4 GHz como la de 5.4 GHz?. Si o No.

(4)

4-¿Verificó la Contraloría que la oferta de mi representada aportara documentación que demostrara que el modem Draytek ofertado superará con la operación de bandas superiores a las de 5.4 GHz?. Si o No.6-¿Verificó la Contraloría que el proyecto RANGE está orientado a brindar un servicio de banda ancha, por lo cual requiere que los equipos operen tanto en banda de 2.4 GHz como en la de 5.4 GHz?. Si o No. 7-¿Tiene la Contraloría, además de abogados, personal técnico de apoyo para la comprensión técnica de los requerimientos solicitados en este cartel, específicamente para determinar la importancia del cumplimiento solicitado en el punto 18.5 ?. Si o No. 8-En reiteradas ocasiones, la Contraloría ha indicado que no se debe excluir una oferta por el simple hecho de existir un incumplimento y que debe la Administración realizar un ejercicio mediante el cual evalúe si con la existencia de este incumplimiento (s) se puede lograr o no el fin público. ¿Verificó la Contraloría o realizó la Contraloría un ejercicio mediante el cual existiendo un incumplimiento en el equipo Smart Rg adjudicado, específicamente en su incumplimiento con la operación del ancho de banda en los 5.4 GHz, se satisface el fin público? (Resolución RC-017-2001 del 15 de enero de 2001). Si o No. 9-¿Realizó la Contraloría un ejercicio mediante el cual se determine, si el incumplimiento en todos los equipos, en cuanto a la norma de transporte (resistencia a caídas, golpes, etc), impide el objetivo de la licitación?. Norma ETS-300 019-2-2. 10-¿Verificó la Contraloría que para demostrar lo anterior, la oferta adjudicada presenta certificaciones para el accesorio splitter-filtro y nunca para el equipo CPE?. Si o No. 11-¿Verificó la Contraloría que equipos CPEs como los solicitados en este cartel y que operen en ambas bandas de 2.4 GHz y de 5.4 GHz tienen un precio mayor que los que operan únicamente en bandas de 2.4 GHz?. Si o No. 12-EI cartel indica que una vez seleccionadas las ofertas que cumplen, se le puede solicitar a los oferentes una rebaja en el precio. Siendo que el equipo Draytek ofertado por mi representada cumple y supera con la operación de ambos anchos de banda (2.4 GHz, 5Ghz, 5.4GHz hasta 5.8GHz) tiene un precio mayor. ¿Consideró la Contraloría el hecho de que el precio final de nuestra oferta que cumple, la Administración tiene el derecho de solicitar una rebaja en el precio?. Si o No. 13-¿Considera la Contraloría que el Principio de Igualdad no se está violando, al mantener la adjudicación por un equipo que únicamente demuestra cumplir con la banda de 2.4 GHz, por lo que su precio es menor, cuando el cartel solicitó equipos superiores operando en bandas de 2.4 GHz y de 5.4 GHz y que de acuerdo al presupuesto de la contratación, el precio esperado también es superior rondando a los $120 por CPE?. Si o No. 14- Con el fin del logro del

(5)

principio de Eficiencia y Eficacia, para que la Administración no sufra retardos en su proyecto (tal y como lo indica la resolución), consideró como alternativa para el logro del fin público, el equipo DrayTek que cumple con la operación de ambas bandas de 2.4 GHz y 5.4 GHz, y su precio puede ser menor? Si o No. 15-La Contraloría en la resolución en marras, acepta que el equipo adjudicado incumple con lo solicitado en el cartel y en vista de que tiene un precio menor que el nuestro (aunque es inferior técnicamente y no cumple técnicamente con el factor fundamental del ancho de banda), justifica el mantener la adjudicación, rechazando por improcedente nuestro recurso. Todo esto con el fin de no retrasar la implementación del proyecto e invocando los principios fundamentales de Eficiencia y Eficacia. 15.1-Si la Contraloría reconoce que existe incumplimiento técnico en el equipo adjudicado, rogamos nos indique ¿si reconoce que todo el estudio técnico está bien realizado y no contiene errores?. Si o No. 15.2-Si el equipo adjudicado demuestra con la documentación aportada, que únicamente opera en la banda de 2.4 GHz y la Contraloría justifica mantener la adjudicación por ser una oferta de menor precio que la nuestra, ¿Consideró la Contraloría que la Administración revisará el estudio técnico de todas las ofertas, con el fin de que evaluara la oferta de menor precio, la de Huawei, cuyo precio es menor porque únicamente opera en la banda de 2.4 GHz, con el fin de lograr el Principio de Eficacia y Eficiencia?. Si o No. 15.3- El cartel le permite al Fideicomiso emitir la orden de compra dentro de los DOCE MESES SIGUIENTES a la adjudicación. El Fideicomiso ante las objeciones al cartel, no lo cambió, por lo cual, a pesar de cualquier manifestación, siempre le da al Fideicomiso a realizarlo. ¿Tomó en cuenta la Contraloría, tal situación, para concluir que una eventual declaratoria infructuosa del concurso, atrasaría el proyecto?. Si o No. 15.4-En nuestro recurso demostramos que únicamente nuestra oferta cumple con la operación del CPE en las bandas de 2.4 GHz y 5.4 GHz. Todos los demás CPEs ofertados lo incumplen y esta característica es relevante para operar en banda ancha (RANGE: banda ancha). ¿Realizó la Contraloría un ejercicio, mediante el cual pudo ponderar la relevancia de estos incumplimientos, para decidir rechazar por improcedente nuestro recurso?.Si o No. Criterio de la División. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. El artículo 86 de la LCA, en cuanto al rechazo de los recursos distinguió dos supuestos básicos, a saber la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta.

(6)

Al respecto, el citado numeral indica: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 2 rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. En relación con dicho supuesto, el inciso b) del artículo 180 del RLCA, establece como casuales para el rechazo del recurso de apelación “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso…” Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su responsabilidad y además, tienen el deber de acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso. En el caso de la resolución sobre la cual se solicita adición y aclaración, la misma declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por encontrarse en uno de los supuestos establecidos en el artículo 180 del Reglamento en el tanto como se indicó en la resolución, no se demostró en el recurso de qué forma podría resultar adjudicatario el apelante en el tanto la oferta económica presentada resulta superior a la de la empresa adjudicataria siendo que el cartel estableció como único factor de evaluación el precio. La discusión planteada por la empresa apelante reconocía sus incumplimientos, alegaba otros en contra de la oferta adjudicada y pretendía la adjudicación del concurso. De esta forma, aún en el hipotético caso que hubiera llevado razón la empresa apelante y se declarara el incumplimiento de ambas ofertas, una vez aplicado el único factor de evaluación establecido en el cartel como lo es el precio, no se hubiera modificado el resultado de la adjudicación en el tanto la oferta económica del apelante era superior. Por lo anterior, el recurso presentado por la apelante no fue admitido para trámite en el tanto no acreditó su mejor derecho a la readjudicación del concurso, por lo que es evidente que en la resolución no se analizaron los argumentos de incumplimientos técnicos de la empresa apelante ni la adjudicataria. De ahí entonces, estima este órgano contralor que no puede evacuarse lo indicado en la solicitud de aclaración, porque consta con claridad en la resolución que no se analizaron los incumplimientos técnicos de ninguna de las ofertas. No se pierde de vista que a lo largo del escrito de solicitud de aclaración, la empresa recurrente ha insistido en el incumplimiento en cuanto a la capacidad del CPE de operar en forma simultánea en las bandas de 2.4 GHz y 5.4 GHz. No obstante, debe señalarse que este punto no fue revisado en la resolución por cuanto no se abordaron

(7)

aspectos técnicos, pero sí puede precisarse a la gestionante que en el recurso tampoco se acreditó con prueba técnica esa circunstancia, ni se acompañó ningún criterio que apoyara este punto; tampoco se analizó la trascendencia del incumplimiento en los términos de la ejecución de la contratación, ni tampoco se expuso que dicho incumplimiento impidiera la realización del fin público como para concluir que existían diferencias entre los incumplimientos aceptados de su oferta y los alegados en contra de la empresa adjudicada.. Por todo lo expuesto, se debe rechazar lo solicitado en el

recurso.---POR TANTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR las diligencias de adición y aclaración presentadas por la firma C.R. CONECTIVIDAD, S.A. en relación con la resolución R-DCA-890-2015 de las catorce horas diecinueve minutos del cinco de noviembre del dos mil quince, emitida por la División de Contratación Administrativa de esta Contraloría General.--- NOTIFÍQUESE. ---

Allan Ugalde Rojas Gerente de División

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol

Gerente Asociado Gerente Asociada

Estudio y redacción: Lic. Osvaldo Madrigal Méndez. OMM/chc

NN: 16958 (DCA-3043) NI: 28912 29550 31367 G: 2015002432-4

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :