Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

Texto completo

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CIUDADANO

EXPEDIENTE: SDF-JDC-178/2016

ACTORA: RUBÍ ELENA

MORALES MOLINA

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

MAGISTRADO PONENTE: ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

SECRETARIA: MARÍA DE LOS ÁNGELES VERA OLVERA

Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, resuelve el juicio identificado al rubro, en el sentido de confirmar, en lo que fue materia de controversia, la resolución impugnada.

GLOSARIO Actora Rubí Elena Morales Molina

Autoridad

responsable o Tribunal local

Tribunal Electoral del Distrito Federal, ahora Ciudad de México1

Delegación Delegación Tláhuac

1

Con base en el artículo transitorio Décimo cuarto del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, mediante el cual se declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución federal, en materia de la reforma

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Instituto local Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy Ciudad de México

Juicio ciudadano Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

Juicio electoral Juicio electoral previsto por la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México

Ley de Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Ley Electoral Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley Procesal Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México

ANTECEDENTES

Del escrito de demanda, así como de las constancias que integran el expediente, se advierten los siguientes:

I. Consulta ciudadana en materia de presupuesto participativo 2016.

1. Convocatoria. El veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Consejo General del Instituto local aprobó el acuerdo ACU-596-15, relativo a la Convocatoria dirigida a la ciudadanía del Distrito Federal, para participar en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016 que se realizará en noviembre de dos mil quince en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal.

2. Presentación de propuesta de proyecto. El dos de octubre del mismo año, la actora presentó ante la Dirección Distrital XXXV, del Instituto local, el proyecto denominado

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“Biblioteca Digital”, para la colonia La Conchita II, Delegación Tláhuac.

3. Dictamen del proyecto. A decir de la actora, el veintiuno de octubre siguiente le fue notificado el dictamen no favorable de su propuesta de proyecto.

II. Juicio electoral

1. Demanda. El veintiocho de octubre de ese año, la actora promovió juicio electoral en contra del dictamen emitido por la Delegación, que determinó no viable su propuesta de proyecto; mismo que fue radicado ante el Tribunal local con la clave TEDF-JEL-443/2015.

2. Resolución del juicio electoral. El dieciocho de enero del año en curso, el Tribunal local emitió sentencia en el juicio electoral antes mencionado, en la que, entre otras cuestiones, revocó el dictamen impugnado, a efecto de que la Delegación formulara uno nuevo debidamente fundado y motivado.

III. Solicitud de ejecución de sentencia.

1. Presentación de escrito. El ocho de abril de dos mil dieciséis, la actora presentó ante el Tribunal local, un escrito en el que manifestó que, a la fecha de su presentación, había transcurrido en exceso el plazo concedido por ese órgano jurisdiccional local, a la Delegación, para emitir el nuevo dictamen sobre su proyecto, sin que ello ocurriera.

2. Vista a la Delegación. El doce de abril siguiente, se ordenó dar vista a la Delegación con el escrito presentado por la actora, a efecto de que informara sobre el cumplimiento dado a la sentencia mencionada, debiendo remitir el nuevo dictamen, así

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como las constancias de notificación realizada a la provente y a la Dirección Distrital XXXV; misma que fue cumplimentada el dieciocho siguiente.

3. Acuerdo impugnado. Mediante acuerdo plenario de tres de mayo del año que transcurre, el Tribunal local tuvo a la Delegación dando cumplimento a la sentencia de dieciocho de enero, dictada en el juicio electoral TEDF-JEL-443/2015.

IV. Juicio ciudadano.

1. Demanda. Inconforme con el acuerdo que tiene por cumplida la sentencia, el diecisiete de mayo siguiente, la actora presentó juicio ciudadano.

2. Turno. Recibidas las constancias en esta Sala Regional, mediante acuerdo de veinte de mayo, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente SDF-JDC-178/2016, y turnarlo a su ponencia para la instrucción y presentación del proyecto de sentencia respectivo.

3. Instrucción. En la misma fecha, el Magistrado Instructor radicó el expediente; el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis admitió la demanda y, al considerar debidamente integrado el expediente, cerró instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente juicio ciudadano, toda vez que es promovido por una ciudadana para controvertir una resolución emitida por el Tribunal local, relacionado con un proceso de consulta ciudadana sobre presupuesto participativo en la

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Ciudad de México. Supuesto normativo y entidad que compete a la jurisdicción de esta Sala, lo anterior tiene fundamento en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: Artículos 184; 185; 186, fracción III, inciso c), y 192, párrafo primero.

Ley de Medios: Artículos 3, párrafo segundo, inciso c); 4, párrafo 1; 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso f), y 83 párrafo 1, inciso b), fracción IV.

Cabe señalar que si bien los preceptos citados hacen referencia explícita a la competencia para salvaguardar derechos político-electorales en las elecciones populares –de índole constitucional-, se estima que los mismos sirven también de fundamento para proteger los derechos de voto de la ciudadanía en los procesos de Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2016, en los que, los ciudadanos eligen los proyectos que tienen mayor impacto en el beneficio social para las colonias en que habitan.

Ello, porque en esos ejercicios de participación ciudadana se encuentra involucrado, entre otros, el derecho político de los ciudadanos de votar en un proceso electivo, como lo es la toma de decisiones para el Presupuesto Participativo 2016, cuya tutela corresponde en última instancia, a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además, debe estimarse que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es la vía idónea para controvertir actos derivados de los procesos de

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participación ciudadana, habida cuenta de que la Ley de Participación hace extensiva la prerrogativa ciudadana al sufragio activo en tales procesos, lo cual tiene sustento además en las razones que sustentan el criterio de jurisprudencia emitido por la Sala Superior, de rubro: “REFERÉNDUM Y PLEBISCITO. LOS ACTOS RELACIONADOS SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO”2.

Se considera que aun y cuando la citada tesis únicamente hace referencia expresa a los mecanismos participativos de referéndum y plebiscito, ello no es óbice para considerar que de igual manera los efectos del citado criterio jurisprudencial deben hacerse extensivos a las consultas de presupuesto participativo reguladas en la Ley de Participación, atendiendo al principio jurídico que establece a igual razón debe corresponder igual disposición, de conformidad con el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal; toda vez que en similares casos como el referéndum y el plebiscito, la Ley de Participación hace extensiva al procedimiento electivo en comento, la prerrogativa ciudadana del sufragio.

Inclusive, por mayoría de razón, se estima que existe competencia para salvaguardar el derecho político-electoral de los ciudadanos de la Ciudad de México, ya que la ley referida, constituye como un derecho ciudadano el de participar en la consulta ciudadana para el presupuesto participativo, a través de voto activo, cuya salvaguarda corresponde a esta instancia federal.

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Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Jurisprudencia, Volumen 1. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Páginas637-638.

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SEGUNDO. Requisitos de procedencia. Previo al estudio del fondo de la controversia, se debe analizar si se cumplen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1, 8; 9, párrafo 1; 12, párrafo 1, inciso a); 13, párrafo 1, inciso b); 79, y 80, párrafo 1, de la Ley de Medios.

1. Requisitos de la demanda. La demanda reúne los requisitos de ley, porque en el escrito se precisa: nombre de la actora, resolución impugnada; autoridad responsable; hechos; conceptos de agravio y se asienta la firma respectiva.

2. Oportunidad. Para esta Sala Regional el requisito bajo análisis se encuentra colmado, pues la resolución fue notificada a la actora el once de mayo del año en curso3, por lo que el plazo para impugnar transcurrió del doce al diecisiete, sin considerar los días catorce y quince por ser sábado y domingo; por tanto, si la impugnación se presentó el diecisiete de mayo, resulta inconcuso que fue dentro del plazo de cuatro días legalmente previsto.

3. Legitimación. La actora tiene legitimación, porque es una ciudadana que promueve por su propio derecho.

4. Interés jurídico. La actora cuenta con interés jurídico para promover el presente medio de impugnación, toda vez que la resolución impugnada tuvo por cumplida una sentencia que recayó a un juicio electoral en el que ésta fue parte, la cual estima le genera perjuicio, por lo que cuenta con el derecho de acción para controvertirla.

5. Definitividad. Este requisito se satisface, porque de la legislación aplicable no se advierte algún medio de impugnación que debiera agotarse previo a acudir a esta instancia federal.

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Así, al no advertirse de oficio alguna causa de improcedencia, ni haberse hecho valer por la autoridad responsable, lo conducente es analizar el fondo de la controversia.

TERCERO. Estudio del fondo de la controversia. En principio, cabe precisar que, por cuestión de método, el estudio de los agravios se realizará separándolos en distintos grupos, lo que no causa perjuicio a la actora, en términos de los dispuesto en el criterio contenido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.4”

Ahora bien, la promovente hace valer los siguientes agravios: 1. Planteamientos relacionados con vicios del dictamen. La actora señala que le causa agravio el hecho de que la autoridad responsable haya tenido por cumplida la sentencia dictada en el juicio electoral TEDF-JEL-443/2015, sin considerar que el oficio mediante el cual se da cumplimiento, es suscrito por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación y no así por el Delegado, sin que tal circunstancia esté debidamente fundada y motivada, lo cual la deja en estado de indefensión.

Asimismo, sostiene que el dictamen emitido por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación no cuenta con el soporte que era necesario para tal efecto, ya que, en su concepto, no se adjuntó documento alguno del que se adviertan elementos objetivos que se hayan considerado para determinar la inviabilidad. Aunado a lo anterior, señala que el referido funcionario era quien debió analizar aspectos técnicos, legales y financieros para determinar la factibilidad del proyecto, y no

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así el Jefe de Unidad Departamental de Apoyo Educativo, ni el Director General de Administración, pues en tal caso se estaría violando lo establecido por la convocatoria y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

En concepto de esta Sala Regional el agravio en estudio se considera infundado, en una parte, e inoperante en otra.

Lo infundado radica en que, contrario a lo manifestado por la actora, el Tribunal local no podía pronunciarse respecto del contenido del dictamen emitido en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio electoral.

En efecto, tal como lo señaló la autoridad responsable, al revisar el cumplimiento de una sentencia los órganos jurisdiccionales no pueden pronunciarse o analizar los posibles vicios del acto emitido en cumplimiento, ya que el mismo es un nuevo acto jurídico, el cual, de considerar que genera alguna afectación, puede ser impugnado conforme a la normativa aplicable.

Al respecto, en el acuerdo impugnado la autoridad responsable estableció que se tenía por cumplida la sentencia de veintiocho de enero, en virtud de que la Delegación emitió el dictamen sobre el proyecto de la actora y notificó su contenido personalmente a la accionante, así como a la Dirección Distrital XXXV, lo cual, constituyó la esencia de lo ordenado por esta autoridad jurisdiccional local.

Aunado a ello, señaló que no se emitía pronunciamiento alguno respecto a si las consideraciones expuestas en el oficio DGJG/335/2015 y sus anexos, emitido por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación, son correctas o no,

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toda vez que en la sentencia cuyo cumplimiento se revisaba, únicamente ordenó a la autoridad responsable emitiera un nuevo dictamen de manera fundada y motivada, en el cual manifestara los motivos para considerar como viable o no, la propuesta del proyecto presentada por la actora.

Asimismo, sostuvo que para combatir las nuevas consideraciones que la responsable emitió en cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal, la parte actora, de considerar que se le afectaban sus derechos, debía ejercer nuevamente su derecho de acción.

Como se observa, fue correcto el actuar de la responsable al pronunciarse únicamente en cuanto al cumplimiento de la sentencia, ya que ese era el objeto del acuerdo. No obstante, a mayor abundamiento señaló que no estudiaría el contenido del nuevo dictamen, el cual, si la actora consideraba que le generaba alguna afectación, podía impugnar en los términos establecidos por la ley.

Cabe precisar que el objeto de que el Tribunal local ordenara como parte de los efectos de la sentencia emitida en el juicio electoral, el que el nuevo acuerdo fuera notificado personalmente a la actora, era que la ciudadana se impusiera del mismo y, de estimarlo conveniente, estuviera en posibilidad de ejercer su derecho de acción, mediante la presentación de un nuevo medio de impugnación en el que hiciera valer los agravios que juzgara necesarios en contra del dictamen emitido en cumplimiento.

Por tanto, contrario a lo manifestado por la actora, no se le dejó en estado de indefensión, porque el Tribunal local se aseguró

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de que el nuevo dictamen le hubiere sido notificado, y a partir de ello, tuvo por cumplida la sentencia, esto es, la actora tenía vigente su derecho de impugnar el nuevo dictamen a partir de que se le notificó por parte de la Delegación.

Conforme a lo anterior, lo inoperante del planteamiento radica en que la actora encamina argumentos a cuestionar por vicios propios el nuevo dictamen y no así las consideraciones de la responsable para tener por cumplida la sentencia dictada en el juicio electoral.

Lo anterior, ya que es criterio de este Tribunal Electoral que los conceptos de agravio deben estar encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en cuenta al resolver; por ende, al expresar cada concepto de agravio, los actores deben exponer los argumentos que consideren pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, de modo que los conceptos de agravio que no cumplan tales requisitos serán inoperantes.

2. Omisión de imponer corrección disciplinaria. La promovente sostiene que el Tribunal local debió imponer a la autoridad primigeniamente responsable, alguna de las correcciones disciplinarias a que se refiere el artículo 67, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México. Lo anterior, ya que, en su concepto, la Delegación no cumplió con lo ordenado en los tiempos previstos por la sentencia de referencia, sin que manifestaran impedimento alguno que justificara el retraso.

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El agravio en estudio se considera infundado en atención a las siguientes consideraciones.

El artículo 70 de la Ley Procesal otorga al Tribunal local la facultad discrecional de imponer medidas de apremio y correcciones disciplinarias que estime convenientes a efecto de hacer cumplir las resoluciones que dicte. Asimismo, el párrafo segundo del artículo 71, prevé que, para la imposición de las mismas, se deberá considerar las circunstancias particulares del caso, las personales del responsable y la gravedad de la conducta.

Esto es, la Ley Procesal establece como facultad discrecional para los Magistrados integrantes del Tribunal local, la imposición de medidas de apremio, con el objeto, entre otras cuestiones, de hacer cumplir sus sentencias. No obstante, la propia ley prevé que al determinar si se aplicará la medida y, en su caso, cuál se aplicará, deben tomarse en cuenta las circunstancias particulares del caso y la gravedad de la conducta.

Así, el Tribunal local tiene la facultad discrecional y, por ende, potestativa, para determinar si aplica o no alguna medida para el cumplimiento de sus sentencias, con base en las circunstancias particulares del caso.

Ahora bien, en el asunto en estudio, el Tribunal responsable señaló que aun cuando se tenía por cumplida la sentencia, era necesario precisar que el cumplimiento se había realizado fuera de los plazos concedidos para ello. Así, sostuvo que si bien el dictamen se emitió el veintiocho de enero del año en curso – último día del plazo concedido-, lo cierto era que fue notificado

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a la Dirección Distrital y a la actora hasta el cinco y trece de abril, esto es, treinta y nueve y cuarenta y cinco días posteriores al vencimiento del plazo otorgado para ello.

Por tanto, consideró que, si bien la autoridad emitió el nuevo dictamen en tiempo, indebidamente y sin manifestar impedimento alguno que justificara el retraso, excedió el plazo otorgado para notificarlo. En consecuencia, concluyó que se configuró un actuar omisivo de la Delegación, para el acatamiento de la sentencia, por lo que se le conminó para que, en lo subsecuente, cuando fuere nuevamente parte en un juicio ante ese Tribunal, cumpla cabalmente los plazos ordenados. De lo anterior, se advierte que el Tribunal local no pasó por alto la demora en el cumplimiento de la sentencia, sino que, por el contrario, valoró las circunstancias y determinó que sólo resultaba aplicable una llamada de atención a la autoridad para que en lo sucesivo cumpla cabalmente con los plazos ordenados.

Por tanto, lo infundado del agravio radica en que la determinación de la autoridad responsable, de solo conminar al órgano responsable, se encuentra dentro del ámbito de sus atribuciones legalmente previstas. Por lo que, si los integrantes del órgano jurisdiccional local valoraron el tipo de medida que debía ser aplicada en el caso y se determinó, por mayoría de votos, que sólo resultaba aplicable un llamado de atención, ello fue en el marco de su facultad legalmente prevista para tal efecto.

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Sentido de la sentencia. Al resultar infundados e inoperantes los agravios, se confirma, en lo que fue materia de controversia, la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional R E S U E L V E :

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

NOTIFÍQUESE personalmente a la actora; por correo electrónico, con copia certificada de esta sentencia, al Tribunal local, y por estrados a los demás interesados.

Devuélvanse las constancias que correspondan, y en su oportunidad, archívese este asunto como definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ MAGISTRADO

HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS

MAGISTRADA

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

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