En los orígenes históricos de la Comunidad Autónoma de La Rioja: la difusión de un modelo jurídico

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BOLETÍN DE LA FACULTAD DE DERECHO, núm. 6,1994

EN LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE LA RIOJA:

LA DIFUSIÓN DE UN MODELO JURÍDICO i

REGINA MARÍA PÉREZ MARCOS*

Las subsiguientes consideraciones, hechas desde el ángulo institucional, sobre el fenómeno autonómico en el marco jurídico de nuestra Constitución y su vertebración con el pasado histórico, en el caso específico de La Rioja, se orientan desde un principio a ordenar un presupuesto de partida que atribuye al concepto de nacionalismo un contenido no racional y carente de proyección histórica, a la vista de su evolución en la realidad actual.

, Tan ambicioso objetivo, ya abordado con frecuencia y desde planteamien-tos, es observado ahora en una reflexión construida en dos bloques diferencia-dos: uno, la formulación conceptual de la idea autonómica en el Ordenamiento jurídico vigente. Otro, el microanálisis histórico retrospectivo de La Rioja y su escasa proyección en la realidad actual.

Las Comunidades Autónomas son instituciones de Derecho público que arti-culan la organización territorial del Estado según la Constitución vigente que, por su parte, suscribe un modelo constitucional que se fundamenta en la unidad indisoluble de la nación y se institucionaliza en un Estado unitario organizado territorialmente, desde el respeto a las peculiaridades de las distintas regiones, en diversas Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas así concebidas

' El presente trabajo constituye el «corpus» central de la ponencia presentada bajo el mismo titulo dentro del Curso Los orígenes histórico-jurídicos de las Comunidades Autónomas organizado por el Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones (Facultad de Derecho de la UNED) e impartido del 4 al 8 de Julio de 1994 en Avila, dentro del programa de los Cursos de Verano de la UNED.

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resultan ser no meras circunscripciones administrativas de un Estado más o menos contralizado, sino entidades dotadas de personalidad jurídica e histórica.

Ahora bien, pese a que el Estado español aparece hoy de manera cierta como un Estado compuesto que combina la práctica de dos tipos distintos de estructu-ras institucionales (las centrales y la autonómicas), su perfil no queda determina-do en el texto constitucional al no existir en él precepto alguno que defina la forma de Estado en cuanto al modelo de distribución territorial del poder político ^.

Esta indefinición formal del modelo de Estado (en sí misma criticable desde el punto de vista técnico-jurídico pero explicable en términos políticos ya que en la asamblea constituyente de 1978 la única solución viable para el consenso fue la llegada a un compromiso apócrifo que se tradujo en una norma de apertura sobre el modelo final de descentralización del Estado), da paso a que la discusión sobre el llamado Estado de las Autonomías siga animando un debate contestado no sólo desde el ámbito político-ideológico sino también desde el ámbito doctrinal.

La autonomía, tal y como queda trazada en nuestra Constitución ^, es la facultad de acercar los medios de la Administración central a los ámbitos pro-vinciales aprovechando las líneas maestras de la Constitución para ejecutar medidas administrativas, legislativas y políticas. Es, en definitiva, el instrumen-to que la Constitución ofrece a los distininstrumen-tos terriinstrumen-torios para gobernar, adminis-trar y gestionar sus propios intereses.

Ahora bien, atendiendo al contenido y al desarrollo práctico de las realida-des autonómicas realida-desde la perspectiva de la Historia del Derecho y de las Insti-tuciones, se puede observar que con frecuencia se han deformado los cauces institucionales para dar cabida, dentro de ellos, a planteamientos nacionalistas que sobre carecer de base, por no estar en sí mismos fundamentados, contra-vienen y trastocan el sentido de las fórmulas autonómicas.

La regulación particular de esta importante cuestión de las Comunidades Autónomas se encuentra desarrollada fundamentalmente en los ya citados Artí-culos 143 y ss. del Título VIII de la Constitución, donde se establece que podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas, en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el Artículo 2 de la misma Constitución, las siguientes entidades:

— Las provincias limítrofes con características históricas comunes. — Los territorios insulares.

— Las provincias con entidad regional histórica.

^ Cfr.: RuiPÉREZ ALAMILLO J . «Sobre la naturaleza del Estado de las Autonomías». E n

Revis-ta de Estudios Políticos n.° 81 -Nueva é p o c a - (Madrid. Julio-Septiembre 1993), págs. 73-75.

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Semejante enumeración nos sitúa ante una diversidad de sistemas distintos de establecimiento o acceso a la autonomía '*:

1) El sistema ordinario, también llamado del Art. 143, es el de más fácil acceso así como el que proporciona menores resultados autonómicos para los territorios que se amparan en él, que logran menos facultades de autogobierno.

2) El sistema extraordinario o del Art. 151 se presenta como un procedi-miento más complejo pero que atribuye un mayor poder autonómico y un mayor protagonismo, en su configuración como Comunidad Autónoma, al territorio que lo pretende.

3) Por último el sistema histórico, que es aquel del que se han beneficiado las llamadas «nacionalidades históricas», que se caracteriza por su sencillez y también porque proporciona un amplio marco de facultades a la Comunidad Autónoma que lo utiliza. Se trata de un procedimiento privilegiado, en térmi-nos comparativos, en el sentido de que no todos los territorios pueden utilizar-lo, sino únicamente aquellos que al promulgarse la Constitución contasen con regímenes provistos de algún tipo de autonomía, es decir, los antiguos territo-rios forales y que hubieran, además, plebiscitado afirmativamente al respecto, o sea: Cataluña, Vascongadas y Galicia.

La existencia de este tercer procedimiento para el acceso a la autonomía revela que la distinción contenida en el Art. 2 de la Constitución entre nacionali-dades y regiones, que inicialmente se presentó como una concesión histórica, encierra peligros potenciales de discriminación que comienzan a cobrar trascen-dencia al ser contrastados en el pasado histórico de algunas de esas regiones.

El Título VIH de nuestra Constitución es injusto con las regiones y prima a las nacionalidades históricas, herederas de los territorios forales.

Los derechos históricos constituyen, como señalara en su día Herrero de Miñón ^, una categoría doctrinal y objetiva de la ley, utilizada por el poder constituyente de 1978, que va más allá de su significación nacionalista, y de la cual es conveniente desvincularlos.

La relación causa-efecto que parece atribuirse a los conceptos «derechos históricos» y «nacionalismos» no está fundamentada, en ocasiones, en el pasa-do histórico por cuanto que existen regiones, como es el caso de La Rioja, que pese a contar con una tradición jurídica diferenciada que consolidó en el pasa-do un modelo jurídico de amplia difusión que, por una parte podría haber

'^ Vid.: ILLESCAS R. Las Comunidades Autónomas en la Constitución de 1978. Granada 1980, págs. 5-29.

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evolucionado hacia el despliegue de una solución autonómica con tintes de nacionalismo, sin que así haya sido; y que por otra parte proporcionó (a través del trasplante de sus moldes jurídicos autóctonos a otros espacios geográficos peninsulares) la textura jurídica que posteriormente esos utilizarían para confi-gurarse un perfil autonómico proyectado en planteamientos nacionalistas.

De esta forma podría sostenerse que el concepto de «derechos históricos» es una típica tradición inventada ^, o lo que es lo mismo: un replanteamiento de la Historia, y no una herencia de la misma, en correlación con la afirmación de una identidad nacional.

Resulta, por lo tanto, necesario, en primer lugar, otorgar a la categoría jurídica «derechos históricos» unos márgenes más amplios dentro de los cua-les puedan ser objetivizados otros ámbitos que los señalados a comienzos del siglo XVIII en los Decretos de Nueva Planta y que, en definitiva, den cabida a la totalidad de entidades que han formado históricamente España, es decir, a esas regiones que en el pasado han ostentado entidades jurídicas diferencia-das. En segundo lugar, conviene desvincular los «derechos históricos» de esa otra categoría jurídica restrictiva y no demasiado bien matizada de «nacionali-dades históricas».

Habiendo llegado a este punto interesa ahora, más que abundar en la natu-raleza jurídica del Estado de las Autonomías, ordenar las claves políticas, eco-nómicas, sociales e institucionales ^ que conforman el pasado histórico de la región riojana, dotada de una fuerte personalidad jurídica, que en la actualidad se articula en la Comunidad Autónoma de La Rioja, la menor en extensión y población de las uniprovinciales, pero que ha ejercido su derecho de autogo-bierno al margen de elementos nacionalistas.

La denominación de La Rioja hace referencia a un conjunto peculiar y homo-géneo, dentro de lo diverso *, que ha experimentado diversas transformaciones

6 ID., Ibid.,pág. 51.

^ Véase como preliminar para este aspecto: LADERO QUESADA M.A. «Las regiones históricas y su articulación política en la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media». En la España Medieval n.° 15 (Madrid 1992) págs. 213-247.

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administrativas para trastocar sus límites territoriales, pero cuyo nombre aparece por primera vez documentado en el siglo XI, en el Fuero de Miranda de Ebro ^. La situación geográfica de esta región y su dependencia política alternada, en la Alta Edad Media, entre el Reino de Navarra y la Corona de Castilla explican, pese a su castellanización creciente, la presencia de tres corrientes jurídicas dife-rentes en la formación del derecho riojano ^^; la tradición jurídica del derecho navarro del norte; la tradición jurídica visigótica; y finalmente, la que podría denominarse creación jurídica autóctona, que es la que va a ser aquí subrayada.

Desde mediados del siglo XI comenzó a formarse en Aragón y Navarra un derecho local privilegiado, con el fin de atraer de manera permanente a pobla-dores francos que, al amparo de estos privilegios se habían instalado en ciuda-des como Jaca, Estella, Pamplona o Sangüesa. En esta misma línea, y en este mismo siglo XI, el rey Alfonso VI de León y Castilla inició una política similar en La Rioja para crear nuevas comunidades o revitalizar las ya existentes mediante la atracción de gentes de otras tierras denominadas francos (término que unía el doble sentido de extranjería y privilegio), comenzando por otorgar fuero a Logroño.

Logroño en el siglo XI era una pequeña villa situada en el Camino de San-tiago (desde que en el año 1000 Sancho el Mayor de Navarra desviara la trayec-toria inicial de la ruta de peregrinación) de la que se podían obtener jugosas rentas debido a las actividades que atraían allí a numerosos peregrinos: un puente por el que podían cruzar el Ebro, previo pago del «pontazgo», y un mer-cado que proporcionaba, entre otros, los beneficios procedentes de las tasas exigidas por acudir a vender dentro del recinto urbano.

El fuero de Logroño ha suscitado con frecuencia el interés de los historia-dores del derecho, que lo han analizado desde diversos puntos de vista ^^ tales como su configuración formal; o atendiendo a las instituciones que contiene; o a su influencia como cabeza de una familia de fueros: los fueros de francos.

En efecto se trata de un derecho local extraordinariamente importante ^^

^ Fuero de Miranda de Ebro, Ed.: CANTERA BURGOS, F . «Fuero de Miranda de Ebro (comentario y texto)» En Anuario de Historia del Derecho Español, n.° XIV Madrid 1943, págs. 461-487. Línea 334, pág. 484.

'" Véase para este punto BARRERO GARCIA, A. «Los fueros de La Rioja y su difusión». Texto mecanografiado de la Conferencia que con el mismo titulo pronunció la autora el 14-XI-1980; registrado en la Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos con la signatura 34 (463.5).

' ' Este aspecto queda bien ilustrado en PELAEZ, M. «Notas y precisiones sobre las posibles raices institucionales galas del fuero de Logroño de 1095. El elemento franco en un texto ius-histórico local». En Berceo n.° 103 (Logroño 1982), págs. 3-35.

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para Castilla, Navarra y Vascongadas por donde se difundió '^ desde Castilla, de una manera decisiva ya que en él quedaban nítidamente trazadas las líneas maestras de la repoblación del territorio vasco. Se redactó por primera vez en el año 1095 bajo Alfonso VI siendo confirmado y adicionado sucesivamente por Alfonso VII de Castilla, Sancho III y Sancho TV de Navarra *^.

Aquí interesa resaltar su significación global: primero, como manifestación de una voluntad ordenadora de unas actividades económicas no exclusivamen-te agrícolas que, cada vez con más inexclusivamen-tensidad, se deseaba tuexclusivamen-telar modelando para ello una serie de instituciones peculiares como la «presura»; la tenencia de «año y día»; o la eliminación del procedimiento de «otorificación», destinadas a simplificar y a agilizar los mecanismos de acceso a la propiedad de bienes inmuebles y muebles, dentro de una línea de respeto a las personas y a las per-tenencias de los pobladores, garantizado por el fuero ^^.

Segundo, su consolidación, aunque no su procedencia '^, como instrumen-to de gobierno más idóneo para aglutinar a hombres, actividades e intereses, y que como tal sería otorgado, ya por señores ya por monarcas, bien castellanos, bien navarros, allí donde se reproducían condiciones estructurales similares '^, o se deseaban fomentar; y que a su vez fue acogido tanto por autóctonos como por francos. Y en este sentido hay que situar la consolidación del referido modelo jurídico como consecuencia de dos fenómenos asociados: del creci-miento de las villas riojanas como nuevo ordenacreci-miento urbano, y del comercio radial que comenzó a conectarlas '^.

'•^ HERGUETA, N . «El fuero de Logroño. Su extensión a otras poblaciones». En Boletín de la Real Academia de la Historia, n.° 50 (Madrid 1907), págs. 321-323 y 325-336.

'•* De entre las varias ediciones del fuero de Logroño, aquí han sido utilizadas: MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección de fueros y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra. Madrid 1847, págs. 334-345; así como la de MARTÍNEZ DIEZ, G., en «Fueros de la

Rioja». En Anuario de Historia del Derecho español, n.° 49 (Madrid 1979), págs. 412-417. '^ Un análisis aún válido, pese a su antigüedad, del fuero de Logroño: RAMOS LOSCERTALES, J.M. «El derecho de los francos de Logroño en 1095». En Breceo n.° 2 (Logroño 1947), págs. 347-377. También FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA MAYORAL, M.C. Logroño en la Alta Edad Media: importancia y difusión de su fuero. En Papeles Diversos de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara-gón y Rioja. -Publicación aparte- Zaragoza 1980, pág. 1-47.

'* Vid.: OuRLiAC, P. «Las costumbres del sudoeste de Francia». En Anuario de Historia del Derecho español, n.° XXIII (Madrid 1953), págs. 407-422; y GARCÍA RIVES, M. «Condición jurídi-ca de los extranjeros en Castilla y León desde el Fuero de León (1020) al Código de Las Parti-das». En Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales. N.° III (Madrid 1920), págs. 245-295 y 320-355.

'^ Vid.: BARRERO GARCÍA, A. «Las redacciones navarras del Fuero de Logroño». En Prínci-pe de Viana. N.° 196 (Pamplona, Mayo-Agosto 1992).

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Tercero, su designación, una vez definidas las pautas de uso del espacio vascongado, como uno de los elementos funcionales de su organización, dentro del marco institucional de la Corona de Castilla. Dando lugar, este último extre-mo, a lo que J.A. García de Cortázar ha denominado la territorialización empí-rica del derecho local *^, lograda mediante la concesión de un mismo fuero a distintas poblaciones; no tratándose de una actitud teórica, sino muy empírica, en la que es la experiencia positiva la que decide, en última instancia, para crear e introducir cada norma, provocando una uniformización jurídica calcu-lada y fomentada desde la Corte.

El interés de esta forma de territorialización del derecho radica en que es factor, síntoma y consecuencia de u n proceso de más honda trascendencia: la ruptura de los vínculos señoriales y familiares altomedievales, y la ampliación de los marcos de las relaciones sociales y económicas por la que se interesan grupos sociales que se dedican a actividades artesanales y comerciales, y que por ello desean acogerse a ordenamientos jurídicos coherentes y de amplio radio de difusión como ocurriría, a gran escala más adelante, en el sistema jurí-dico de la Recepción del Derecho común.

Una progresiva inserción del espacio altorriojano, fundamentalmente, en un espacio económico más amplio, se produjo a partir del siglo XI ^^, y ello debido a la necesidad de productos de los que La Rioja era deficitaria, en espe-cial del hierro y la sal. Tal necesidad y tal inserción fueron las causas generado-ras de unas relaciones económicas entre el espacio geográfico riojano y el vas-congado (que c o m e n z a r o n p o r la zona alavesa, d o n d e a d q u i r i e r o n u n a intensidad especial, para continuar con la zona vizcaína, y acabando por impli-car a la zona guipuzcoana) llamadas a su fortalecimiento.

A esto hay que añadir la creación de villas en las provincias vascongadas: entre el siglo XII y finales del siglo XIV fueron creadas allí más de 40 villas ^^ por obra de los monarcas y de los señores de Vizcaya fundamentalmente, mien-tras que en Santander y en el norte de Burgos no se fundará ni una sola, provo-cándose u n estrangulamiento del tráfico mercantil montañés que forzó al comercio castellano a orientarse hacia los puertos vascos.

dentro de cada comarca, así como otra red dé caminos, de mas largo alcance, que intercambia-ba productos entre la Sierra y el Llano.

" GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A. Nueva Historia de España en sus textos. Edad Media. Madrid 1975, págs. 482 y ss.

^^ Vid.: GARCIA DE CORTÁZAR, J.A. «La ordenación económica y social de La Rioja alta en el

siglo X». En Homenaje a D. JOSÉ MARÍA LACARRA DE MIGUEL. Vol.I. Estudios Medievales.

Zarago-za 1977, págs. 97-120.

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En la urbanización de las provincias vascongadas deben distinguirse dos tipos ^^: el vizcaíno (de corte señorial) y el guipuzcoano (que pertenece al rea-lengo); y naturalmente, dos sectores (el de las ciudades del litoral y el de las ciu-dades del interior) bien conectados entre sí, quedando la orla litoral vasca intencionadamente comunicada con el interior por una serie de rutas jalonadas de nuevas villas menores que convergían en Vitoria, puerto seco por el que pasaba una parte sustancial del comercio castellano en la Baja Edad Media.

En términos generales en estas villas desde el siglo Xll estuvieron represen-tadas dos diferentes familias de fueros municipales: el otorgado a San Sebas-tián, que es la adaptación marítima del fuero de Estella-Jaca, y que se extende-ría a la mayoextende-ría de las localidades costeras a lo largo de los siglos XIII y XIV y a los nuevos villazgos del interior en el siglo XVI; y el de Vitoria-Logroño, que fue el patrón legislativo para el resto de las villas.

La urbanización del Señorío de Vizcaya ^^ se inició en 1109 con la funda-ción de Valmaseda, la primera villa repoblada a fuero de Logroño, y puede darse por concluida en 1376 al poblarse la villa de Rigoitia. Durante los 177 años que transcurren entre una y otra fecha el Señorío inició su transformación como sociedad exclusivamente rural y de rasgos arcaizantes, cubriéndose su mapa con 21 villas de las cuales sólo 7 estaban localizadas en la costa y tenían puerto: Bermeo que recibió de Lope Diaz de Haro, señor de Vizcaya hacia 1215 un fuero breve que incluía el fuero de Logroño; Plencia poblada en 1299 bajo el mismo modelo jurídico; así como Portugalete, Bilbao, Lequeitio, Ondárroa o Guemica.

Asimismo a lo largo del siglo XIII no cesó la creación de villazgos, concreta-mente los de Orduña, Ochandiano, Lanestosa, Durango y Ermoa.

El poblamiento, tanto el de las villas que jalonaban el litoral, como el de las viUas o villazgos que se fundarom en el interior, jugó un papel importante en la transformación de la sociedad vizcaína al erigirse (las villas) como ordenadoras de un poblamiento que sentaba las bases indelebles de la comunicación econó-mica entre La Rioja y la provincias vascongadas que exigía un lenguaje jurídico. En este sentido da la impresión de que se tuvo más interés en la organización

22 Vid.rGoNZÁLEZ MINGUEZ, C . «La urbanización del litoral del norte de España (siglos XII-XIV). E n / / / Semana de Estudios Medievales. Nájera (3-7 de Agosto de 1992). Publicación del Instituto de Estudios Riojanos 1993, págs. 43-63.

23 Vid.: MONREAL Y ZiA, G. «El señorío de Vizcaya, origen, naturaleza jurídica, estructura institucional». E n Anuario de Historia del Derecho Español, n.° 43 (Madrid 1973), págs. 113-206, especialmente 161-170; MARTINEZ DIAZ, G . «Poblamiento y ordenamiento jurídico en el País Vasco. El estatuto jurídico de la población rural y urbana». E n / / / Simposio que tuvo

lugar en la Biblioteca Provincial de Vizcaya los días 21-22-23 de Marzo de 1975. (Sociedad

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del interior del Señorío que en el de la costa. En cualquier caso en la segunda mitad de siglo XTV puede ya constatarse que la costa vizcaína había quedado bien reforzada por unas rutas interiores jalonadas de villas convenientemente dispuestas en formación reticular, y que a su vez componían un rodillo jurídico uniforme, que permitían sacar el máximo partido de la exportación de la lana castellana hacia Flandes, así como de la producción local de hierro.

Por lo que se refiere a Guipúzcoa, fue repoblada entre 1180, en que San-cho VI de Navarra otorgara carta foral a San Sebastián, y 1383, año en que Juan II de Castilla se la concediera a Villareal de Urrechúa, con que se cierra en ciclo de la constitución de villazgos en todo el País vasco. A lo largo de esos 200 años fueron fundadas un total de 25 villas de las que 8 estaban ubicadas en la costa. En todas ellas se realizó la difusión del fuero de Logroño por vía directa o indirecta: fuero de Miranda de Ebro, fuero de Laguardia, fuero de Vitoria.

En el caso de la provincia alavesa resulta curioso que pese a ser el primer punto de comunicación comercial por constituir una comarca natural -hoy lla-mada Rioja alavesa- hasta el siglo XVIII no llegaría a materializarse una vía comercial que uniera Logroño con Vitoria haciendo más sencillo el transporte hasta el País Vasco.

Medidas administrativas sucesivas inspiradas en los Decretos de Nueva Planta y sus consecuencias, vinieron a cercenar la base de entendimiento eco-nómico-jurídico común entre los espacios riojano vascongado.

En el trienio liberal (1820-23) y como consecuencia de haberse organizado La Rioja en Junta de defensa en la guerra de la Independencia, será reconocida por primera vez la provincia de Logroño, y aunque no se consigne la provincia de La Rioja ni se unifiquen en la administración provincial todos los territorios riojanos (es decir, con la Rioja alavesa incorporada, y una porción de la provin-cia de Navarra al serle anexionada la ciudad de Viana) que posteriormente se perdieron.

Al restaurarse el absolutismo, quedó derogada la disposición anterior, pero en 1833 Javier de Burgos al establecer la nueva distribución adminis-trastiva provincial, siguiendo el modelo centralista francés, destruyó la esen-cia territorial de La Rioja y su integridad geográfica con la constitución de la provincia de Logroño según los límites actuales (con su territorio natural cer-cenado), que quedaba integrada como una de las 8 provincias de Castilla la Vieja.

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locales interesadas...». Mientras una asamblea ^^ formada por 24 diputados provinciales y 8 parlamentarios se encargaba de elaborar lo que sería el Estatu-to de AuEstatu-tonomía de La Rioja, así como de realizar las gestiones necesarias en el Gobierno de Madrid, la provincia de Logroño dejaba de existir para llamarse La Rioja (Ley 57/1980, sobre cambio de denominación de la actual provincia de Logroño por la provincia de La Rioja). En 1982 «La Rioja, entidad regional his-tórica dentro del Estado español, se constituyó en Comunidad Autónoma para el ejercicio de su autogobierno, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica» ^^.

Con esta visión rápida y necesariamente incompleta se ha tratado de expo-ner un número suficiente de datos que permite constatar cómo son los factores económicos comunes los que exigen ordenamientos juridicos comunes, y que pese a que los nacionalismos en nuestro país hayan sido los grandes protago-nistas del fenómeno autonómico, no han asumido todas las implicaciones de la nueva situación institucional que la Constitución contempla. Es más, el Estado de las Autonomías, configurado como premisa fundamental para superar con fórmulas adecuadas la dicotomía Estado unitario/nacionalidades históricas, puede ser contravenido, como señalara en su día el profesor Pina Homs ^^, desde los despliegues nacionalistas que llevan a un callejón sin salida ^^ que implica la permanente puesta en duda del modelo político de la Constitución, sin aportar ninguna alternativa.

^^ Sobre el proceso autonómico de La Rioja, Vid.: SAULEDA PARES, J . Crónica del proceso autonómico. Logroño 1992.

^^ Estatuto de Autonomía de La Rioja 1982, Título Preliminar, Art. 1.°.

^* PINA HOMS, R . «La España de las Autonomías desde la perspectiva del Derecho compa-rado». Conferencia (publicada en Separata) pronunciada en las K J o m a d a s Internacionales de Derecho Comparado. Palma de Mallorca 1986.

^^ SOLÉ TURA, J . Nacionalidades y Nacionalismos en España, Autonomías, Federalismo y

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