El juicio ejecutivo y la excepción perentoria frente a los principios de tutela efectiva, celeridad y economía procesal

Texto completo

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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES

“UNIANDES”

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

CARRERA DE DERECHO

Tesis previa a la obtención del título de Abogado de los Tribunales de la República

“El juicio ejecutivo y la excepción perentoria frente a los principios de

tutela efectiva, celeridad y economía procesal”

AUTOR: Oscar Vinicio Chávez Martínez

ASESOR: Ab. Fernando Caicedo Banderas

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AMBATO - ECUADOR

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DEDICATORIA.

“La familia y el amor, jamás terminara de apoyarte al éxito”

Este trabajo de investigación quiero dedicar primeramente a Dios, por permitirme llegar

hasta este momento; a mis madres Dolores, y Patricia; porque el esfuerzo de ellas hoy

tiene frutos, a mis hermanos Lorena, Freddy, y Elsa, por ser la fuerza que necesite en el

transcurso de este camino para no darme por vencido; a mi sobrino Mateito, por ser el

símbolo de ternura, y una motivación para ser cada día una mejor persona, a mi novia

Joselyn a quien le amo cada día más.

A las personas que caminaron junto a mí para llegar a culminar un sueño que hoy se hace

realidad.

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AGRADECIMIENTO.

Dejo constancia de mi sentimiento de infinita gratitud a:

Dios, por ser fuente de sabiduría y voluntad en mis días;

Mis madres, por todo el esfuerzo realizado para que nunca me falte nada, y dejarme la

mejor herencia que un hijo puede recibir, el amor, valores, y mi educación;

A mis hermanos, por ser quienes me apoyan en cada momento;

A las personas que forman parte de mi vida, por ser una bendición en el camino de mi

vida personal y profesional, por su apoyo constante.

A mi asesor Doctor Fernando Caicedo, por su paciencia, constancia y dedicación

entregada para la realización de este trabajo de investigación.

En fin GRACIAS a quienes directa e indirectamente fueron protagonistas de este trabajo

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INDICE

CERTIFICACIÓN DEL ASESOR ...

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ...

DEDICATORIA. ...

AGRADECIMIENTO. ...

RESUMEN EJECUTIVO ...

EXECUTIVE SUMMARY ...

INTRODUCCIÓN ... 1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ... 1

SITUACIÓN PROBLÉMICA ... 2

PROBLEMA CIENTÍFICO ... 4

OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN ... 4

IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ... 4

OBJETIVO GENERAL ... 4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS... 5

IDEA A DEFENDER ... 5

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN... 5

METODOLOGÍA A EMPLEAR: MÉTODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN ... 6

ESTRUCTURA DE LA TESIS... 7

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CAPITULO I ... 9

MARCO TEÓRICO ... 9

EPÍGRAFE I: LOS TÍTULOS EJECUTIVOS ... 9

CONCEPTO. ... 9

NATURALEZA JURÍDICA. ... 10

LOS TÍTULOS EJECUTIVOS Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 10 LA CONFESIÓN DE PARTE: ... 11

LA SENTENCIA PASADA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA. ... 12

LA COPIA Y COMPULSA AUTÉNTICAS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS. ... 13

LOS DOCUMENTOS PRIVADOS RECONOCIDOS ANTE JUEZ O NOTARIO PÚBLICO. ... 14

LOS TESTAMENTOS. ... 14

LAS ACTAS DE TRANSACCIÓN U OTRAS QUE CONTENGAN OBLIGACIONES. ... 15

LA LETRA DE CAMBIO: ... 15

EL CHEQUE. ... 16

EL PAGARÉ. ... 17

LAS OBLIGACIONES GENERADAS MEDIANTE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS. ... 18

EPÍGRAFE II: LOS JUICIOS EJECUTIVOS ... 19

EL JUICIO EJECUTIVO.- CONCEPTO. ... 19

RESEÑA HISTÓRICA. ... 21

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LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA. ... 29

EPÍGRAFE III: LAS EXCEPCIONES DILATORIAS Y PERENTORIAS EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS 32 EXCEPCIONES ... 32

CLASIFICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES... 34

LAS EXCEPCIONES DILATORIAS ... 34

CLASIFICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES DILATORIAS ... 36

FALTA DE PERSONERÍA ... 36

FALTA DE LEGÍTIMO CONTRADICTOR. ... 37

INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL ... 37

VIOLACIÓN DE TRÁMITE. ... 38

INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES ... 39

LITIS PENDENCIA. ... 39

INDETERMINACIÓN DE LAS PARTES. FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL. ... 40

OSCURIDAD DE LA DEMANDA. ... 41

INDEBIDA ACUMULACIÓN DE ACCIONES, COSAS, PERSONAS Y PRETENSIONES. ... 42

LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS ... 42

EPÍGRAFE IV: LOS DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA PROCESAL ... 44

LA IGUALDAD ANTE LA LEY. ... 45

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EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y UNA JUSTICIA SIN DILACIONES. ... 46

EL DERECHO A LA DEFENSA. ... 48

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL. ... 49

CONCLUSIONES………50

CAPÍTULO II ... 50

MARCO METODOLÓGICO ... 51

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN ... 51

POBLACIÓN Y MUESTRA ... 51

MUESTRA. ... 52

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ... 53

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ... 54

CONCLUSIONES………61

CAPÍTULO III ... 61

MARCO PROPOSITIVO ... 62

TÍTULO ... 62

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ... 62

CONSIDERANDO: ... 63

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ... 64

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 65

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RESUMEN EJECUTIVO

La sociedad evoluciona y con ella las necesidades de sus habitantes que acceden al sistema judicial esperando una verdadera justicia pronta y efectiva, para ello la necesidad de reformar varios trámites que se aplican hoy en día, muestra del avance que hemos tenido es el sistema oral en aunque esta forma de tramitación todavía no se la aplica en todos los procesos, siendo por ellos necesaria una verdadera reforma a la tramitación de los procesos judiciales.

Varios son los juicios civiles ejecutivos que ingresan día a día para su tramitación, al encontrarse con un proceso que duraría varios meses inclusive años estamos dejando atrás los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, de existir una variante al proceso ejecutivo se podría resolver esta misma controversia en un mínimo de tiempo, ya que se presentan muchos casos en los cuales no amerita seguir un tortuoso proceso ya que es fácil desde un inicio saber el desenlace final, este es el caso de la prescripción de un titulo ejecutivo, en cuyo caso no procede la acción ejecutiva, sin embargo conforme el procedimiento actual el juez solo puede pronunciarse en sentencia, lo cual obliga a las partes y al mismo juez a desarrollar absolutamente todo el proceso, imponiendo un camino largo, cansado e inútil a todos, complicando impunemente a la administración de justicia y principalmente afectando principios constitucionales tan importantes como la celeridad, la economía procesal y sin duda la tutela judicial efectiva.

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EXECUTIVE SUMMARY

Society evolves, and with it the needs of their citizens who enter the court system waiting for a truly effective and speedy justice to the need to reform it several procedures that apply today , shows the progress we've had is the oral system although this form of processing is not yet implemented in all the processes necessary for them to be real reform to the processing of court cases.

Several you are the executive civil suits entering daily for processing , to find a process that would last for even months years are leaving behind the principles of speed and efficiency in the administration of justice , to be a variant of the executive process could resolve the same dispute in a minimum of time , as many cases in which no warrants follow a tortuous process is presented as it is easy from the beginning to know the final outcome , this is the case for prescribing an executive title in which case appropriate executive action , however under the current procedure the judge can only rule in judgment , which requires the parties and the same judge to absolutely develop the whole process , imposing a long , tired and useless way to all , impunity complicating the administration of justice and affecting mainly as important as the speed constitutional principles , judicial economy and certainly effective remedy.

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1 “El juicio ejecutivo y la excepción perentoria frente a los principios de tutela efectiva,

celeridad y economía procesal”

INTRODUCCIÓN

Antecedentes de la investigación

Los cambios que se han generado la norma constitucional ha permitido garantizar la agilidad en la administración de justicia, estas herramientas constitucionales son base del régimen del sistema procesal contemplado en el artículo 169 que versa “las norma procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso”, significa que es un deber de los órganos competentes buscar lineamientos que permitan cumplir con estos preceptos, cierto es que en este caso los juicios ejecutivos ya tienen un procedimiento determinado para poder ser resueltos, pero sin contemplar los principios indicados.

Conforme el desarrollo y el reconocimiento de estos principios constitucionales, se debe ir involucrando a todas las acciones civiles, sobre todo en cuanto tiene que ver con los juicios ejecutivos, se hace necesario para poder lograr un mejor entendimiento de esta materia en la que versará el desarrollo de este trabajo investigativo, es importante primero definir el tema del que vamos a tratar, debemos primero conocer y entender claramente el significado del vocablo “ejecutivo”, que el Diccionario define así: “Que no da espera ni permite que se difiera a otro tiempo la ejecución1”.

De aquí podemos concluir que ejecutivo significa inmediato, sin dilación. El mismo texto define la vía ejecutiva como el “procedimiento para hacer un pago judicialmente, procurando

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2 antes convertir en dinero los bienes de otra índole pertenecientes al obligado, con el embargo de los cuales suele comenzarse o prevenirse esta tramitación”.

Esta definición, si bien es jurídicamente inexacta en relación a lo que nuestro derecho prescribe, conlleva de manera contundente el espíritu de lo que es el juicio por vía ejecutiva; es decir, una manera de obtener el pago del deudor de la manera más rápida posible, inmediata, puesto que dicha vía se sigue, en la mayoría de los casos, para cobrar créditos cedidos al deudor bajo su firma, firma que éste debe honrar.

La naturaleza jurídica del juicio ejecutivo, no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos sino llevar a ejecución los que estén reconocidos por actos o títulos de tal que se convierte en un derecho ejecutable de forma inmediata, es decir es el derecho del actor legítimo; por lo mismo es necesario que el título contenga obligaciones de dar o hacer dentro del tiempo que determina la ley, por ello se considera fundamental que la norma sustantiva y adjetiva civil permita contemplar como función del juez poder resolver de forma inmediata un juicio ejecutivo que tenga como excepción o situación procesal la prescripción.

Situación problémica

Según nuestro ordenamiento jurídico y principalmente en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 169 nos enuncia varios principios que rigen el sistema procesal, teniendo entre ellos simplificación, celeridad y debido proceso, si bien ya tenemos establecido el procedimiento de un juicio ejecutivo, sería factible una variante a este trámite y poderlo resolver en mucho menos tiempo para que de esta forma se vean aplicados los principios antes mencionados.

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3 oral en aunque esta forma de tramitación todavía no se la aplica en todos los procesos, siendo por ellos necesaria una verdadera reforma a la tramitación de los procesos judiciales.

Varios son los juicios civiles ejecutivos que ingresan día a día para su tramitación, al encontrarse con un proceso que duraría varios meses inclusive años estamos dejando atrás los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, de existir una variante al proceso ejecutivo se podría resolver esta misma controversia en un mínimo de tiempo.

Una vez que en nuestro sistema procesal judicial se ha presentado la demanda ejecutiva tras determinar la competencia del juez que sustanciara la causa, una vez que se ha realizado tanto calificación de la demanda como citaciones al demandado, se procede a contestar la demanda, pudiendo el demandado proponer excepciones tanto perentorias como dilatorias, de ser el caso excepciones perentorias como la de prescripción el juez tendría que resolver estas en el auto subsiguiente al de recepción de la contestación de demanda, de esta forma se evitaría cumplir con las diligencia de junta de conciliación, etapa probatoria y alegatos, no se estaría cayendo en la figura de prevaricato ya que el juez puede observar en ese momento las pretensiones de las partes.

Si se diera el caso que una de las partes se siente afectada por el auto resolutorio puede la parte que se creyere afectada hacer uso de recursos como lo son de apelación, ampliación o aclaración, estos conforme a derecho y debidamente fundamentados, cumpliendo en no dejar a ninguna de las partes en estado de indefensión.

Es por eso necesaria una reforma a la tramitación del juicio ejecutivo para otorgarle al juez sustanciador de la causa la posibilidad de acortar el proceso y resolverlo inmediatamente tras recibir la contestación a la demanda y poner en conocimiento de la parte actora las excepciones del demandado.

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4 ordenamiento civil, sin dar opción a métodos que acorten este proceso dejándonos en una tramitación rígida que no plantea mecanismos de solución inmediata.

Problema científico

¿La falta de normativa en el Código de Procedimiento Civil que determine como facultad el

resolver en auto los juicios ejecutivos cuando se alegue prescripción vulneran los derechos de tutela efectiva, celeridad y economía procesal ?

Objeto De Investigación Y Campo De Acción

Campo de Acción: Código de Procedimiento Civil

Objeto de Investigación: Juicio ejecutivo y excepciones perentorias

Identificación de la línea de investigación

Pluralismo Nacional, Ordenamiento Jurídico y justicia.

Objetivo general

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5 Objetivos específicos

 Fundamentar doctrinaria y jurídicamente el procedimiento que se realiza en el juicio ejecutivo, las excepciones perentorias y dilatorias; así como también en relación con los derechos de tutela efectiva, celeridad y economía procesal.

 Diagnosticar cuales son efectos que se producen cuando el juez deja que se desarrolle el juicio ejecutivo aun teniendo en su conocimiento que existe prescripción.

 Elaborar los componentes un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil a fin de incorporar un procedimiento especial cuando se alegue como excepción la prescripción en los juicios ejecutivos para garantizar los derechos de tutela efectiva, celeridad y economía procesal.

Idea a defender

Con un Elaborar un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil a fin de incorporar un procedimiento especial cuando se alegue como excepción la prescripción en los juicios ejecutivos se garantizará los derechos de tutela efectiva, celeridad y economía procesal.

Variables de la investigación

Variable independiente

 Anteproyecto de Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil a fin de incorporar un procedimiento especial cuando se alegue como excepción perentoria la prescripción en los juicios ejecutivos.

Variable dependiente

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6 Metodología a emplear: Métodos, Técnicas Y Herramientas empleadas en la

investigación

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO.- Este método me permitirá obtener la realidad que se presentan en las distintas causas en vía ejecutiva en las que contemplan excepciones perentorias, sobre todo cuando se traten de la prescripción, porque con ello se podrá realizar el análisis particular de cada una de las causas, para determinar los derechos que posiblemente se pueden vulneran por lo que contempla la norma adjetiva civil.

MÉTODO ANALÍTICO.- Considero que es necesario puesto que permitirá buscar el contexto real mediante los distintos elementos que se desarrollan dentro del juicio ejecutivo sin olvidar la necesidad de estudiar cada uno de los elementos y procedimientos que se realizan para la administración de justicia, estableciendo la injerencia que tiene el Procedimiento Civil.

MÉTODO SINTÉTICO.- Permitirá aportar en el trabajo investigativo con las conclusiones que se llevarán a cabo, es decir que contribuirá en concretar soluciones posibles sobre el tema que se plantea, prevaleciendo la protección de los derecho constitucionales.

MÉTODO HISTÓRICO.- La historia es fundamental para toda investigación , por ello el método histórico permitirá indagar los sucesos y acontecimientos que se han presentado en el campo jurídico que ha venido desarrollando a lo largo de la historia sobre los juicios ejecutivos.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La Encuesta.- Esta técnica permitirá obtener información primaria de aquellos abogados de libre ejercicio y jueces en materia civil del cantón Ambato que frecuentemente tramitan casos de juicios ejecutivos.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

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7 Estructura De La Tesis

EPÍGRAFE I: LOS JUICIOS EJECUTIVOS

Iniciaremos dicha temática con el desarrollo de los antecedentes históricos y jurídicos de como ha venido surgiendo los juicios ejecutivos y son muy frecuentes en la administración de justicia, recordando que debemos conocer las características, elementos, sujetos que intervienen en los procesos, plazo en los que se puede desarrollar, con este epígrafe se podrá fundamentar y clarificar las distintas razones y requisitos jurídicos que se deben tomar en cuenta en los juicios ejecutivos.

EPÍGRAFE II: LAS EXCEPCIONES DILATORIAS Y PERENTORIAS EN LOS

JUICIOS EJECUTIVOS

Esta temática permitirá profundizar de mejor manera un requisito fundamental para la administración de justicia en los juicios ejecutivos, ya que con ello se podrá analizar cada una de las excepciones y cuáles de ellas deben tener un procedimiento distintos al establecido para garantizar los preceptos constitucionales que lo que amerita en esta investigación.

EPÍGRAFE III: NORMATIVA VIGENTE QUE SE DESARROLLO EL JUICIO

EJECUTIVO

En este epígrafe se considera fundamental en el presente trabajo investigativo siendo indispensable estudiar a la norma jurídica que regula no solo los juicios ejecutivos sino también la normativa constitucional que debe estar latente en el desarrollo del sistema procesal civil, así mismo se requiere estudiar los procedimientos de los que deben aplicarse.

EPÍGRAFE IV: LOS DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL

SISTEMA PROCESAL

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8 APORTE TEÓRICO, SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA Y NOVEDAD CIENTÍFICA

Se considera necesario que de acuerdo con la transformación funcional que está atravesando la administración de justicia, de igual forma debe proyectarse la norma jurídica, es decir que esta investigación lo que pretende es aportar que para cada realidad jurídica sea tomada de distintos ángulos y tratamientos, sin olvidarnos de la efectividad y el cumplimiento cabal de la norma constitucional.

Con ello se podrá aportar de forma significativa no solo para los sujetos procesales dentro del juicio ejecutivo sino también para que toda la ciudadanía pueda retomar la confianza y certeza que los jueces encargados de la administración de justicia velan por los derechos de todos y no de algunos grupos, determinar un procedimiento especial cuando se alegue en un juicio ejecutivo excepciones perentorias de prescripción determinará la realidad objetiva de la norma que tanto se desea.

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9 CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

EPÍGRAFE I: LOS TÍTULOS EJECUTIVOS

Concepto.

Guillermo Cabanellas, define al título ejecutivo cuando dice que este es: “El que trae aparejada ejecución; o sea, aquel en virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, a fin de satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y las costas”2

.

Conforme al concepto citado los títulos ejecutivos son aquellos que son susceptibles de ejecución, es decir que dan la posibilidad de proceder a través del respectivo proceso al embargo y venta de los bienes de propiedad del deudor, con la finalidad de satisfacer el capital objeto de la expedición del título, así como los intereses que el mismo haya devengado y las costas procesales canceladas en el proceso en que se demande el pago del título de que se trate.

"Según la doctrina los títulos ejecutivos son instrumentos a los que la ley les reviste de una vehemente presunción de autenticidad, presunción que solamente puede ser destruida, mediante la prueba que debe rendir el que impugna en juicio, una letra de cambio o un pagaré a la orden, por vía de falsedad; y por esa razón la ley enumera los títulos ejecutivos y determina las condiciones que deben reunir para que sean considerados como tales"3. Conforme a este aporte conceptual los títulos ejecutivos son instrumentos revestidos de autenticidad, la cual solo será posible desvirtuarla en el juicio en que se impugna uno de estos títulos por falsedad.

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CABANELLAS Guillermo, 2001, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, pág. 105.

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10 Naturaleza Jurídica.

Según el derecho que incorporan los títulos ejecutivos son títulos de crédito cuando el derecho es el pago de una suma de dinero; títulos de tradición o representativos de mercaderías, cuando el derecho es la entrega de una cosa almacenada o en transporte, estos títulos representan a las mercaderías en el tráfico de modo que la tradición del documento de acuerdo con su ley de circulación sustituye a la entrega de la cosa; títulos de participación, incorporan el conjunto de derechos que integran la posición de socio en una sociedad.

Conforme a las relaciones con el negocio jurídico causante de la emisión los títulos ejecutivos son títulos causales, aquellos que funcionan vinculados a dicho negocio subyacente o fundamental; títulos abstractos que funcionan con independencia de ese negocio. La abstracción se produce respecto de quienes fueron al negocio fundamental y reciben el documento de buena fe según su ley de circulación.

Característica principal de los títulos ejecutivos es la aplicabilidad a su régimen propio de las cosas muebles, de acuerdo en todo caso con la ley de su circulación propia y con las demás características del título. De modo que quien adquiere el título según aquella ley y de buena fe adquiere los derechos inherentes al título aún cuando los adquiera de un no titular o aún cuando se haya extinguido.

Los títulos ejecutivos y su regulación en la legislación ecuatoriana.

La legislación ecuatoriana en realidad no es muy amplia en cuanto tiene que ver con los títulos ejecutivos, sin embargo de ello contempla algunas normas que analizaré brevemente a continuación:

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11 “Art. 413.- Son títulos ejecutivos: la confesión de parte, hecha con juramento ante juez

competente; la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la copia y la compulsa

auténticas de las escrituras públicas; los documentos privados reconocidos judicialmente; las letras de cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas judiciales de remate o las copias de los autos de adjudicación debidamente protocolizados, según el caso; las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de títulos ejecutivos”4.

El artículo antes citado antes que definir a los títulos ejecutivos, señala que documentos deberán entenderse como tales, estableciendo los siguientes:

La confesión de parte:

La confesión es una declaración que una persona hace contra sí misma, para que constituya título ejecutivo deberá ser rendida ante un juez competente; de una manera explícita y que contenga la contestación pura y llana del hecho o hechos preguntados, sobre la base de las preguntas sobre hechos pertenecientes a la relación entre el que pide la confesión, y el confesante quien debe contestar las preguntas.

La confesión judicial, hace prueba plena contra el que la ha presentado, en vista de que, es el reconocimiento de un hecho o hechos que perjudican los intereses del declarante; por consiguiente, si el encausado confiesa deber una suma determinada, el acreedor está libre de rendir prueba sobre el fundamento de su pretensión.

La confesión judicial, para constituir título ejecutivo ha de ser clara, y lo será cuando trae aparejada ejecución, antes de la iniciación de la causa, esto es, cuando se la pide y se la rinde

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12 como diligencia preparatoria; aunque después de iniciada la causa, si el demandado confiesa en forma clara que debe alguna cosa al actor, éste puede pedir, también, que se le pase de la vía ordinaria a la ejecutiva, conforme al inciso segundo del artículo 74 del Código de Procedimiento Civil, que dice: “La disposición de este artículo no se opone a que, en cualquier estado del juicio ordinario, se pase de éste al ejecutivo, pero pagará el actor las costas que hubiere ocasionado a la otra parte. Ordenado el paso al juicio ejecutivo, se empezará por dictar el correspondiente auto de pago”5

, porque estas dos vías, la ordinaria y la ejecutiva son válidas para pretender una condena a prestación, y en este caso no son contrarias ni incompatibles, sino con diversa sustanciación, tanto más que el inciso invocado así lo permite.

La confesión para constituir título ejecutivo, no ha de ser dudosa, sino clara, y por clara se entiende el reconocimiento de deber una cantidad o cosa cierta, como si se confiesa que se debe cien mil sucres u otras cantidades; que se debe una especie o cuerpo cierto.

Cuando la confesión se hace condicionando la respuesta a otros hechos, como cuando se reconoce una deuda a cierto plazo, o con alguna condición alternativa, no se la puede aceptar y repudiar en parte, sino en todo o en anda, porque el acto condicional no obliga hasta cuando se cumpla la condición; y solo debe admitirse en la confesión un hecho individualizándolo y que como tal no puede dividirse.

La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no es otra cosa que la sentencia en firme de un proceso. Conforme a la legislación procesal civil ecuatoriana no es necesario iniciar un juicio ejecutivo para llevar a ejecución la sentencia recaída en juicio ordinario, queda por tanto eliminada la sentencia como título ejecutivo, y ésta se ejecuta directamente, sin necesidad de que sea necesario incoar un juicio ejecutivo para su cumplimiento.

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13 La copia y compulsa auténticas de las escrituras públicas.

Respecto de las escrituras públicas se denomina matriz al original que forma parte del protocolo del notario. La primera copia es aquella que suele llevarse al Registro de la Propiedad o al Registro Mercantil, para que una vez inscrita en el libro correspondiente, el respectivo Registrador la devuelva al interesado con la razón de haberla inscrito. Las compulsas son las copias de las copias.

Tanto las copias como las compulsas deben concederse mediante orden judicial y con citación o notificación a la parte contraria, esto es aquella contra quien se quiere hacer valer tales copias o compulsas. En nuestra legislación procesal civil se considera título ejecutivo únicamente a las copias de las escrituras públicas, más no las de los instrumentos públicos, por tanto estas aún cuando hagan plena fe no son titulo ejecutivo.

Fuera de las Escrituras Públicas no se concibe ningún instrumento público que pueda dar base a juicio ejecutivo, a no ser las sentencias, el laudo arbitral, las transacciones aprobadas judicialmente y las actas de conciliación.

Para que la escritura pública constituya título ejecutivo, es necesario que reúna todas las condiciones que los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, prescriben para su validez, incluyendo a veces la inscripción en el Registro de la Propiedad, como acontece con la escritura de mutuo hipotecario, que deberá la escritura en la que consta la hipoteca, además de otorgarse por escritura pública, ser inscrita en el registro correspondiente, porque sin éste requisito no tendrá valor alguno; y se contará su fecha solo desde su inscripción.

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14 Los documentos privados reconocidos ante juez o notario público.

Todo documento privado judicialmente reconocido constituye un título ejecutivo, la formalidad del reconocimiento es necesaria por cuanto es el único medio para establecer de una manera segura la veracidad del documento privado, para los efectos de una ejecución.

En los documentos privados el valor de la firma es fundamental, es un requisito esencial del documento privado, ya que para que tenga valor de título ejecutivo como reitero es necesario que sea reconocido ante un juez competente bajo juramento, y lo que se reconoce en el instrumento privado son la firma y rúbrica puesta al pie del documento.

Los testamentos.

Para que un testamento tenga el valor de título ejecutivo es indispensable que sea legalizado a través del cumplimiento de las disposiciones legales previstas en la legislación civil, allí el instrumento que lo contiene adquiere la denominación jurídica de testamento y tiene la fuerza de instrumento público después de que haya sido inscrito en el correspondiente Registro de la Propiedad y haya sido debidamente protocolizado.

Únicamente después de que se hayan cumplido estos requerimientos el testamento tiene la calidad de título ejecutivo, sujeto a ser objeto de impugnación por los diferentes motivos previstos en las normas legales.

Las actas judiciales de remate o las copias de los autos de adjudicación debidamente

protocolizados.

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15 El acta tiene como finalidad recoger determinados hechos, acuerdos, manifestaciones o diligencias, con el fin de dejar constancia de lo ocurrido en los juzgados y tribunales. El auto de adjudicación por su parte constituye el inicio de la transferencia de dominio del bien embargado y rematado.

Estos documentos según el criterio del Legislador ecuatoriano manifestado el Código de Procedimiento Civil vigente, constituyen título ejecutivo.

Las actas de transacción u otras que contengan obligaciones.

La inclusión de las actas de transacción como títulos ejecutivos es innecesaria en la práctica, porque estarían consideradas en otros títulos ejecutivos como por ejemplo: la transacción por escritura privada, debidamente reconocida es un instrumento privado, que como tal es un título ejecutivo; la transacción por escritura pública, cuando contiene obligaciones de dar, hacer o no hacer alguna cosa, está incluida entre los títulos ejecutivos denominados escritura pública, y la transacción judicial, para que sea válida, debe hacerse ante el juez de la causa, a veces reconociendo la firma y rúbrica si se la ha presentado por escrito y en otras en la respectiva junta o audiencia de conciliación.

La letra de cambio:

La legislación ecuatoriana no define a la letra de cambio, pues el Código de Comercio, como la mayoría de Códigos que rigen en nuestro país no da una definición exacta de las instituciones que regula.

Guillermo Cabanellas, define a la letra de cambio diciendo: “Título de crédito, revestido de los requisitos legales, en virtud del cual una persona, llamada librador, ordena a otra, llamada librado, que pague a un tercero, el tomador, una suma determinada de dinero, en el tiempo que se indique a su presentación”6

.

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16 Camara, define a la letra de cambio señalando que esta es: “El título de crédito formal y completo que contiene la promesa incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los que en ella intervinieren”7

.

Es un título formal la letra de cambio, porque para que puedan ejercerse los derechos emergentes de él, para tener todos los requisitos taxativamente prescriptos por la ley. Las formalidades en la letra son esenciales y tienden a otorgar seguridad y celeridad a su circulación.

El cheque.

El cheque, sobre este título ejecutivo, encontramos el siguiente concepto: “El cheque es un documento bancario que representa un mandato de pago, por medio del cual una persona puede girar, para sí o para un tercero, la totalidad o parte de los fondos que tiene disponibles en una cuenta bancaria. Puede hacerse efectivo de inmediato en la fecha en que ha sido librado”8.

El cheque es en definitiva un título valor, de tipo formal, abstracto y completo, que contiene una orden incondicional dada a un banco, de pagar al portador del mencionado título, una suma determinada de dinero y que obliga a su creador. En nuestro país el Cheque y su aplicación en el ámbito económico y jurídico ecuatoriano, es regulada por la Ley de Cheques, codificada por la Comisión de Legislación y publicada en el Registro Oficial N° 898 del 26 de septiembre de 1975.

Los requisitos que determinan la conformación del título ejecutivo conocido como cheque se encuentran descritos en el Art. 1 de la ley de Cheques.

7

CAMARA, Héctor, ¿La Letra de Cambio y el Pagaré, se transforman en simple quirógrafo por la admisión al pasivo concursal?, Editorial Ediar, Buenos Aires-Argentina, 1998, pág. 121-122.

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17 El pagaré.

En lo concerniente al pagaré debemos empezar diciendo que este es definido como: “Un documento por el cual la persona que lo firma se obliga a pagar a otra cierta cantidad de dinero en un plazo determinado. La regulación legal de este título valor de pago lo asimila cada país a la correspondiente a la letra de cambio, con una diferencia fundamental: en el caso del pagaré, las personas intervinientes quedan reducidas a dos, firmante y tenedor”9.

El pagaré es entonces el documento a través del cual la persona que lo firma se obliga a pagar una cierta cantidad de dinero, en un plazo determinado a favor de otra.

Se aplican al pagaré, siempre y cuando no sean incompatibles con su naturaleza, las disposiciones aplicables a la letra de cambio en cuanto tiene que ver con: el endoso, el aval, el vencimiento, el pago, los recursos por falta de pago, el pago por intervención, las copias, las falsificaciones y alteraciones, la prescripción, días feriados, cómputo de plazos e interdicción de los días de gracia, los conflictos de leyes.

Estos son los aspectos fundamentales que pueden anotarse respecto a los títulos ejecutivos y a su regulación en la legislación ecuatoriana, más adelante me ocuparé en forma específica de la letra de cambio como título ejecutivo primordial para nuestros intereses como investigadores.

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18 Las obligaciones generadas mediante los títulos ejecutivos.

La obligación en general es definida por Guillermo Cabanellas cuando manifiesta: “Más estrictamente, en lo jurídico, el vínculo legal, voluntario o de hecho que impone una acción o una omisión. Con mayor sujeción a la clasificación legal: el vínculo de Derecho por el cual una persona es constreñida hacia otra a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa”10

.

La obligación según este concepto doctrinario, es el vínculo legal, que impone una acción o una omisión. Agrega el autor, en la parte final que la obligación puede ser da dar, hacer o no hacer alguna cosa.

La obligación que contienen los títulos ejecutivos como la letra de cambio, el pagaré a la orden y el cheque, es una obligación de dar la cantidad de dinero en ellos determinada. Esto se determina de la propia naturaleza de los títulos ejecutivos, en cuanto a que estos constituyen una promesa unilateral de cumplir la prestación en ellos contenida, a favor de quien es el legítimo tenedor del documento.

De hecho a través de la suscripción de títulos ejecutivos como la letra de cambio, el cheque y el pagaré a la orden, la persona que los firma se ve en la obligación de cancelar la cantidad de dinero establecida en ellos a favor del poseedor.

Ratificamos nuestro criterio en el sentido de que la obligación principal contenida en los títulos ejecutivos es una obligación de dar, la cual solo se soluciona, con el pago del valor por el que fueron suscritos los mencionados documentos, el cual deberá incluir lógicamente al menos en la letra de cambio el valor del capital más los intereses de ley percibidos.

10

(30)

19

EPÍGRAFE II: LOS JUICIOS EJECUTIVOS

El juicio ejecutivo.- Concepto.

Son múltiples los conceptos que se han dado acerca del juicio ejecutivo, tantos como autores han escrito al respecto, por ello citaremos a continuación algunas opiniones doctrinarias cuyo contenido es interesante.

Guillermo Cabanellas, define al juicio como: “Capacidad o facultad del alma humana que aprecia el bien y el mal y distingue entre la verdad y lo falso. Comparación intelectual de ideas o cosas. Salud o normalidad mental, opuesta a la locura, demencia, imbecilidad, delirio u otros trastornos de intensidad y duración variables. Opinión, parecer, idea, dictamen acerca de algo o alguien. Sensatez, cordura, moderación, prudencia. Honestidad en las mujeres, conocimiento, tramitación y fallo de una causa por un juez o tribunal. Sentencia, resolución de un litigio”11

.

Según esta definición general que nos da el autor sobre juicio, podemos decir que en si al juicio se lo considera y se lo ha llegado a definir tomando en cuenta la buena manera de actuar de las personas, en donde se ponen en manifiesto los principios de justicia y de equidad social, en la que se busca dar sobre la base del raciocinio de las personas lo que justamente le corresponde a cada cual; en donde predominan las buenas costumbres y buena fe de las personas, dejando a un lado los intereses personales y mezquinos, sino que se decide basándose en la razón.

Haciendo referencia al juicio ejecutivo, el mismo autor realiza la presente definición: “La fase de ejecución de condena de un juicio ordinario. Aquel juicio donde, sin entrar a la cuestión

11

(31)

20 de fondo de las relaciones jurídicas, se trata de hacer efectivo lo que consta en un título al cual la ley da la misma fuerza que a una ejecutoría”12.

Por lo tanto, según Guillermo Cabanellas, lo define al juicio ejecutivo, como un proceso eminentemente de ejecución de un derecho que se encuentra plenamente reconocido y establecido; es decir, que al proceso ejecutivo en todas sus etapas se lo considera como un proceso eminentemente de ejecución de un derecho o reclamo plenamente establecido.

Finalmente el español José María Manresa y Navarro, dice: “Entiéndase por juicio ejecutivo el procedimiento que se emplea a instancia de un acreedor contra su deudor moroso para exigirle breve y sumariamente el pago de la cantidad líquida que le debe, de plazo vencido y en virtud de documento indubitado”13

.

Esta última definición está más acorde con nuestra realidad jurídica desde luego que reúne los requisitos o elementos que tanto la doctrina como jurisprudencia han consagrado para la procedencia del juicio ejecutivo.

El juicio ejecutivo es un procedimiento contencioso, de aplicación general o especial según el caso y de tramitación extraordinaria, por cuyo medio se persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta de un título fehaciente e indubitado.

Las características fundamentales que distinguen al juicio ejecutivo, son las que se mencionan a continuación:

1. Es un procedimiento de aplicación general o especial según el caso; 2. Es un procedimiento extraordinario o especial desde el punto de vista estructural; 3. Es un procedimiento compulsivo o de apremio en razón de que se inicia porque el deudor no cumple con su obligación;

12

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, pág. 172.

13

(32)

21 4. Es un procedimiento que tiene como fundamento una obligación, cuya existencia se

halla establecida en los Arts. 413 y 415 del Código de Procedimiento Civil;

5. Es un procedimiento inspirado en sentimientos de protección de los intereses del acreedor; y, de presunción en contra del deudor.

El fundamento principal, del juicio ejecutivo, es obtener por el acreedor el cumplimiento forzado de una obligación, que total o parcialmente ha sido incumplida por el deudor, dentro del tiempo señalado en el respectivo título que da origen a la mencionada obligación. .

Reseña histórica.

No existe concordancia respecto a los orígenes del proceso ejecutivo, ya que los tratadistas en esta materia tienen diversos criterios; sin embargo, coinciden en el hecho de que el proceso ejecutivo tiene sus antecedentes históricos en la Antigua Roma, específicamente en la Ley de las XII Tablas.

Podemos estimar que existieron dos etapas bien definidas; a saber:

a) La ejecución romana con coacción personal: En esta etapa, era la persona del deudor la que quedaba obligada, el acreedor tenía derecho para disponer del deudor, podía someterlo a prisión hasta que él o cualquiera de sus familiares cumpla la obligación.

En éste período, si el deudor o sus familiares no llegaban a satisfacer o pagar lo debido, el acreedor, podía llegar al extremo de vender al deudor e inclusive quitarle la vida. b) La ejecución romana mediante coacción real: En esta etapa es el patrimonio, vale decir,

los bienes del deudor, son los que garantizan el cumplimiento de la obligación.

(33)

22 Por su importancia se debe citar los criterios de dos reconocidos tratadistas del derecho civil, acerca de la evolución histórica del juicio ejecutivo como una clase de controversia legal independiente.

El destacado jurisconsulto Manuel de la Plaza, escribe lo siguiente: “por lo que a los orígenes históricos del título ejecutivo se refiere, el “iudis inmitium” del proceso ejecutivo, se encuentra en prácticas anteriores al auge de la institución notarial, según las cuales era dado a las partes proceder al embargo preventivo de los bienes, si contractualmente lo habían convenido así, mediante el llamado “pactum exequtivum”; y con idéntico fin, les era lícito, así mismo, usar de un proceso aparente que, mediante la comparecencia del obligado, otorgaba idéntica facultad. Semejante proceder pretendía derivarse en el primer supuesto, de una Ley Romana (Ley III, Código de Pginor); y en el segundo, el principio también romano “confesus proyudicatum abertur”, con la particularidad que, en este caso, la confesión que resultaba del instrumento autorizado por el juez equivalía a un mandato de pago, y autorizaba a proceder ejecutivamente como si de una sentencia se tratase.

(34)

23 cláusula ejecutiva, origen aquel del proceso documental moderno, singularmente del proceso cambiario”14

.

Como podemos observar el autor antes citado, fija el origen del proceso ejecutivo en prácticas anteriores al surgimiento de la institución notarial, según las cuales era posible a las partes proceder al embargo preventivo de los bienes, si en el respectivo contrato lo hubieren convenido mediante el convenio denominado “pactum exequtivum”, o pacto ejecutivo.

Por su parte Giuseppe Chiovenda, señala: “que el proceso ejecutivo era un proceso de formas simplificadas, frecuentemente de competencia de jueces especiales, destinado al ejercicio de la acción ejecutiva; el acreedor se dirigía al juez, que dictaba contra el deudor una orden de pago “mandatum de solvendo”, lo que requería una “cognitio”, que tenía por objeto, sea la existencia del título ejecutivo, o las defensas del demandado, que para el fin era citado ante el juez, pero era una “cognitio”, que tenía por objeto, sea la existencia del título ejecutivo, o las defensas del demandado, que para el fin era citado ante el juez; pero era una “cognitio” sumaria y en un doble sentido: en primer lugar, se admitía en el “processus executivus”, solamente las defensas del demandado “quae incontinenti probaripossunt” (dirigidas a atacar simplemente el hecho aducido por el actor o bien a contraponer hechos extintivos o impeditivos), y las otras, “quae altiorem requirunt indaginem”, eran reservadas al “ad separatum iudicum”, es decir, a la “cognitio” plena que se desarrollaba en las formas solmenes del proceso ordinario. En segundo lugar; el juicio dado en el proceso ejecutivo sobre las excepciones en él examinadas no vinculaba al juez al proceso ordinario, así que “la cognitio sumaria”, tenía el fin, no de declarar la existencia del crédito, sino solamente de decidir si se debía o no proceder a la ejecución”15.

De acuerdo con este autor, el proceso ejecutivo era un proceso de formas simplificadas, frecuentemente de competencia de jueces especiales, que tenía como finalidad ejercer una acción ejecutiva a través del cual el acreedor se dirigía al juez que dictaba contra el deudor una orden de pago, sobre la base de una cognición que tenía por objeto la existencia de un título ejecutivo.

14

DE LA PLAZA, Manuel, Manual de Derecho Procesal Civil España, Editorial Civitas, Madrid-España, 2001, pág. 172.

15

(35)

24 La obligación ejecutiva.

En las Institutas de Justiniano con respecto a las obligaciones se decía que “Obligatio est juris vinculum, quo necesítate adstringimur alicujus solvendae rei, secundum nostrae civitatis jura.”. Es decir, “La obligación es un lazo de derecho por el cual una persona es compelida a hacer o a no hacer alguna cosa a favor de otra”.16

Según Cabanellas, la obligación es “el vínculo legal, voluntario o de hecho que impone una acción o una omisión. Con mayor sujeción a la clasificación legal: “el vínculo de Derecho por el cual una persona es constreñida hacia otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa.”17 De acuerdo al Art. 1088 del Código Civil español la obligación es una “Relación de Vínculo o de tensión para conseguir un fin económico-social, determinado por las partes y cuyo objeto es dar, hacer o no hacer alguna cosa.”18

Etimológicamente se asevera que la palabra obligación proviene de los términos latinos obligare que quieren decir “estar atado” a algo o “estar ligado” a una determinada situación o deber, nacido de la voluntad de las personas o del mandato imperativo de la ley.

El Diccionario Jurídico Espasa, refiriéndose a la evolución histórica de las obligaciones en el campo del derecho, claramente dice: “La consideración de las fuentes de la obligación referida a los contratos, cuasicontratos y actos u omisiones ilícitos, que en clasificación modélica se resumía a dos fuerzas, autonomía privada y delito, halla su origen en un fragmento romano, según el cual, obligaciones nascuntur; aut ex contractus, aut ex malefitio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuriis; enunciación que reclama adecuada valoración que dé claridad al tema.”19

16

PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, 1998, Derecho Civil , Volumen 4, Editorial Harla, México, p. 234. 17

CABANELLAS, Guillermo, 2000, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, p. 344.

18

VARIOS AUTORES, 1999, Código Civil Español Comentado, Editorial Espasa, Madrid, España, p. 152. 19

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25 Para fundamentar el análisis jurídico-conceptual que precede con respecto a las obligaciones, es preciso establecer también lo concerniente a la estructura de aquellas, donde se identifican de manera muy clara tres elementos: sujeto, objeto y contenido.

Los sujetos de la relación obligatoria expresan dos partes, en que pueden concurrir uno o más sujetos por cada una; el concurso de otras posibles partes se engloba en la genérica denominación de tercería, si repercuten sobre ellas los efectos de la obligación. A su vez, en cada parte pueden presentarse diversas modalidades de concurrencia. De los sujetos predica su determinabilidad o su determinación, pudiendo ser aquella directa o indirecta.

El objeto de la obligación es, técnicamente concebido, la prestación; que puede ser considerada subjetivamente, en correspondencia con el comportamiento que debe desarrollar el deudor (el dar, hacer o no hacer); y objetivamente, esto es, desde el plano de la utilidad que significa para el acreedor, concibiéndose entonces la prestación como socialmente típica.

Finalmente, el contenido, que se expresa por medio del vínculo jurídico, no es sino la relación entre acreedor y deudor formada por ese débito y esa garantía aludidos, expresándose el débito por los pactos particulares y la integración legal correspondiente.

Respecto de la obligación ejecutiva, es necesario insistir en que para la procedencia de un juicio ejecutivo, a mas del título ejecutivo, la obligación contenida en ese título también debe ser ejecutiva, es decir, que debe reunir todas las condiciones de ejecutividad contempladas en el Art. 415 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, ya que solo el instrumento que reúna estos requisitos, trae aparejada ejecución, tal como lo ilustraremos a continuación.

El artículo antes señalado, en la parte pertinente dice lo siguiente: “Para que las obligaciones fundadas en algunos de los títulos expresados en los artículos anteriores, sean exigibles en juicio ejecutivo deben ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido cuando lo haya…”20

.

20

(37)

26 Del precepto jurídico citado, podemos observar entonces que para que una obligación sea exigible a través de un juicio ejecutivo debe cumplir las características siguientes:

Ser claras. Esta característica consiste en que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados: tanto su objeto como sus sujetos; la causa, aunque es uno de los elementos de toda obligación puede omitirse según lo dicho.

En tal virtud, la obligación es clara cuando se determina un crédito, o el compromiso de pagar una suma determinada de dinero o entregar una especie o cuerpo cierto, es decir cuando contiene la obligación de dar, hacer o no hacer alguna cosa con claridad y precisión, esto en relación a su objeto. En lo que respecta a los sujetos deberá constar en el documento quien es el acreedor y quien es el deudor.

Por lo expuesto, una obligación no es clara cuando no se señala con exactitud que es lo que debe cumplirse y la calidad de la persona o personas que intervienen en el acto. Ejemplo: si en una letra de cambio no se determina en números y en letras la cantidad que debe pagarse o si no tiene la firma del aceptante simplemente no es letra y por lo tanto no es título ejecutivo, en consecuencia, el documento cuyo contenido es ambiguo, dudoso, no entendible, no presta mérito ejecutivo.

Ser determinada. A través del señalamiento de esta característica lo que quiere decir al respecto nuestro Código de Procedimiento Civil, es que la obligación debe ser expresa, que se encuentre debidamente especificada y patente. En consecuencia, esta determinación de la obligación solamente es posible hacerse por escrito, ya que sólo así las partes podrán saber que es lo que se debe cumplir, entonces el deudor podrá satisfacer la obligación precisamente del objeto señalado y no de otro.

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27 Por lo tanto, la obligación es líquida cuando la cantidad o monto se conoce o puede determinarse de manera precisa.

De tal manera que no es cantidad líquida solo la que actualmente se conoce, sino también la que puede liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con solo los datos que el mismo título ejecutivo suministre. Ejemplo: una deuda de cinco mil dólares con un interés del 20% anual durante dos años, sin duda es una obligación líquida ya que con una simple operación aritmética podemos determinar su monto total.

Puede suceder también, que la obligación sea en parte líquida y en parte ilíquida; en este caso, prestará mérito ejecutivo solo la parte líquida y la parte ilíquida deberá resolverse en trámite ordinario o verbal sumario según el caso, es decir, que sobre la parte líquida no se puede proceder ejecutivamente, pero da derecho al acreedor para que reclame ésta parte por la vía ordinaria o verbal sumaria; esto en relación a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 415 del Código de Procedimiento Civil vigente.

La obligación es ilíquida cuando el monto o cantidad no están determinada o no pueden determinarse.

Puras. Debemos entender por obligaciones puras, aquellas que no están sujetas a plazo, modo o condición de ninguna naturaleza. Entonces, es ejecutable únicamente la obligación pura y simple; o que habiendo estado sujeto a plazo o condición suspensiva, se haya vencido dicho plazo o cumplido la condición.

(39)

28 De plazo vencido cuando lo haya. El plazo es un hecho futuro pero cierto, que es la época

que se fija para el nacimiento o extinción de un derecho o de una obligación.

Claro está entonces que la exigibilidad de la obligación debe ser actual, es decir, que el plazo debe estar vencido o cumplida la condición al momento mismo de presentar la demanda, ya que solo así presta mérito ejecutivo, de lo contrario sería improcedente la acción ejecutiva.

Los requisitos o condiciones de ejecutividad estudiados anteriormente, esto es, obligaciones claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vendido, están íntimamente ligadas una con la otra, ya que el título deberá llevar aparejados todos los requisitos necesarios para que tenga fuerza ejecutiva, porque si faltare uno solo de estos requisitos perdería la calidad de título ejecutivo, porque ese es un privilegio que da la Ley a ciertos documentos que naturalmente deberán cumplir con todas las formalidades que ella misma exige.

Para finalizar, es necesario poner énfasis a los términos en que se refiere el artículo 415 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, respecto de este último tema, cuando dice: “de plazo vencido cuando lo haya”.

Y decimos que debemos poner énfasis porque se puede prestar para interpretaciones subjetivas, ajenas a la verdadera intención que queso dar el legislador; así consideramos que lo que quiere decir la Ley, es que el plazo siempre debe estar vencido para que la obligación sea exigible mediante la acción ejecutiva, pero como también pone la expresión “cuando lo haya”, se refiere a que cuando las partes hayan establecido un plazo, porque cuando se estipula plazo tiene razón de ser la condición de plazo vencido cuando lo haya, por la simple y sencilla razón de que una obligación en la que no se ha estipulado plazo es inmediatamente exigible.

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29 La prescripción de la acción ejecutiva.

El Código Civil ecuatoriano, en su Art. 2416, define en términos generales a la prescripción como "un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos; por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”21

.

De acuerdo a esta definición se puede decir que hay dos clases de prescripción: la una, que es un modo de adquirir las cosas ajenas, y la otra que es modo de extinguir las obligaciones, por el abandono de la acción durante cierto tiempo, correspondiéndoles la denominación de "pres-cripción adquisitiva o usucapión" y "pres"pres-cripción extintiva o de acciones y de pena", respectivamente.

De lo anterior se puede deducir que el objetivo esencial de la prescripción es el de dar una base cierta a determinadas relaciones jurídicas, derechos de las personas, o acciones legales.

Por ejemplo, el perseguido por un delito, no puede purgar toda su vida en la incertidumbre del acoso estatal, de la inestabilidad que le causa la posibilidad de una pena que puede recaer sobre su persona, el que posee un bien no puede mantener durante toda su existencia su calidad de posesionario sin poder acceder al derecho de dominio, y así muchas otras situaciones propias de las relaciones jurídicas entre los hombres, que necesitan tener un término de caducidad a fin de que el estado de cosas adopte una posición definida y que dé certidumbre al beneficiario del derecho a reclamar o a ser favorecido con la prescripción.

Esto es lo que brevemente se puede manifestar en relación a los conceptos, las que se pueden determinar de manera general con respecto a la categoría jurídica de la prescripción.

21

(41)

30 Los seres humanos, son el objeto y el elemento imprescindible para la existencia de relaciones jurídicas, y también en la prescripción convergen los seres humanos de acuerdo al posicionamiento que ocupan en la aplicación de este mecanismo jurídico.

Es en estas relaciones donde se pueden identificar dos tipos de sujetos que participan en las acciones prescriptivas: Sujeto activo y sujeto pasivo. A continuación realizamos una breve explicación en torno al tema:

El sujeto activo en la acción prescriptoria es evidentemente quien la reclama para beneficiarse de ella.

En el caso de la prescripción adquisitiva, el sujeto activo es quien la demanda, quien alega derechos para ejercerla, quien pretende a través del proceso instaurado para probar sus derechos, adquirir derechos de dominio sobre un bien del cual es posesionario. Obviamente el sujeto pasivo sería quien sufre la acción del sujeto activo, es decir, quien pierde un derecho de dominio por no ejercerlo durante el tiempo que la ley determina tanto para la prescripción ordinaria como para la extraordinaria.

En el caso de la prescripción extintiva de acciones, el sujeto activo es aquel que se beneficia de la misma, es decir quien reclama la extinción de la acción por el transcurso del tiempo. Esto no solamente es un caso de ser susceptible en materia penal. Por ejemplo, los reclamos de tipo laboral prescriben en tres años de acuerdo al Código del Trabajo, es decir, el trabajador que transcurrido este tiempo pretenda realizar reclamos, se convertiría en sujeto pasivo, el rato que el demandado alega y prueba la prescripción de la acción, beneficiándose de ella.

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31 El tiempo de la prescripción se contará desde que la obligación se hizo exigible”22

.

De esta disposición legal, podemos destacar fácilmente que si no ejercemos la vía ejecutiva dentro de los cinco años, ha operado la prescripción extintiva de la misma; en consecuencia la acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco años.

Para una mejor ilustración citaremos la disposición del artículo 2415 de la Codificación del Código Civil ecuatoriano, que dice: “Tiempo para la prescripción extintiva. Este tiempo es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias.

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco años; y convertida en ordinaria, durará solamente otros cinco”23

.

Las acciones del portador contra los endosantes y contra el girador prescriben en un año, a partir de la fecha del protesto levantado en tiempo útil o de la fecha del vencimiento en caso de cláusula de devolución sin costas.

Las acciones de los endosantes unos contra otros y contra el girador prescriben en seis meses contados del día en que el endosante ha reembolsado la letra o del día en que el mismo ha sido demandado”24

.

Para finalizar, resaltaremos que la acción ejecutiva prescribe o se extingue por haber transcurrido cinco años contados desde la fecha en que la obligación se hizo exigible; mientras que la acción comercial o cambiaria prescribe en tres años conforme a la disposición del artículo 479 del Código de Comercio.

22

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 117.

23

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 89.

24

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32

EPÍGRAFE III: LAS EXCEPCIONES DILATORIAS Y PERENTORIAS EN LOS

JUICIOS EJECUTIVOS

Para Guillermo Cabanellas la excepción En derecho Procesal, “es el título o motivo que como medio de defensa, contradicción o repulsa, alega el demandado para excluir, dilatar o enervar la acción o demanda del actor; por ejemplo, el haber sido juzgado el caso, el estar pagada la deuda, el haber prescrito la acción, el no ser él la persona contra la cual pretende demandarse, etc.” (CABANELLAS 2004).

El derecho de contradicción permite a toda persona natural o jurídica por el sólo hecho de ser demandada a ser oído en el proceso en igualdad de condiciones, facultades y cargas, persigue que el sujeto pasivo de la relación procesal, pueda gozar de oportunidades en su oposición a la pretensión del actor, desde su iniciación, desarrollo y conclusión del proceso e impugnar las decisiones jurisdiccionales hasta la misma ejecución.

Excepciones

El profesor Andrés de la Oliva Santos, al referirse a estos instrumentos conocidos como excepciones que refieren a la forma de las reclamaciones, nos dice que son “aquellas alegaciones en las que el demandado pone de manifiesto la falta de algún presupuesto procesal, la existencia de algún óbice procesal o la falta de requisitos de algún acto procesal en concreto”. Esto implica que sólo respecto de las formas procesales que producen un efecto jurídico válido.

Las Excepciones vienen a considerarse como el segundo paso que conforma la contestación a la demanda las que son imprescindibles en la elaboración de este documento.

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33 existían circunstancias que por equidad podrían librar a una persona a ser condenada, ésta por excepción tenía que hacerlo; pues por medio de ella se corregía el error del derecho civil, permitiendo al juez en esos casos atenerse a la equidad; se moderaba entonces el rigor del derecho civil; posteriormente perdió este sentido estricto y constituyó un medio de defensa que el demandado hacía valer ante la autoridad judicial y que en un sentido más amplio comprendía todo aquello que al demandado podría servirle, ya para diferir la acción , ya para destruirla total o parcialmente.

Son los medios de defensa que tiene el demandado. Para algunos autores la mera oposición negativa no constituye excepción, ya que ésta requiere de la afirmación de nuevos hechos o circunstancias, bien sean relativas a las formalidades, como en el caso de la excepción dilatoria, bien sean relativas a la acción propiamente dicha, como en el caso de las perentorias.

De estos presupuestos, encontramos cuatro situaciones jurídicas que deben tenerse bien claras:

1. La demanda que contiene tanto la acción como la pretensión, esto es, el impulso judicial y la petición concreta;

2. La contestación del demandado, que es el acto procesal en el que se opone expresamente a la pretensión del actor, pero de una manera general, “oponerse por oponerse”;

3. Los medios de defensa, que se contraen a la resistencia misma, es decir, que mientras la contestación a la demanda es el acto de oposición genérica, los medios de defensa son peticiones de oposición específicas; que coincidiendo con el profesor Montero Aroca, “La contestación como acto es un continente; el contenido es la resistencia y ésta es una declaración petitoria de no condena” y,

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34 generados de las irregularidades de forma o de las situaciones impeditivas, extintivas o excluyentes que destruyen el derecho del demandante.

Clasificación de las excepciones.

Las excepciones tanto formales, como materiales, pueden clasificarse atendiendo a su finalidad; así:

Las excepciones de forma pueden ser de previo y especial pronunciamiento y dilatorias. Las primeras son aquellas que se observan y se deducen antes de la contestación a la demanda o en el mismo acto de la contestación pero con un carácter de impedimento del desarrollo del proceso. Si el demandado se entera de la existencia de la demanda en su contra en un juzgado que carece de competencia por la naturaleza privativa del proceso o ante una indebida integración del litis consorcio pasivo, puede concurrir y alegar aquel vicio de forma para conseguir que el juez enmiende previamente el procedimiento y no tenga que esperar a que se practique la citación y mucho menos a que se desarrolle el proceso hasta llegar al estado de resolver.

Lamentablemente, nuestra legislación procesal mantiene la norma del Art. 101 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Las excepciones se deducirán en la contestación a la demanda…”. Esta norma se complementa con la prevista en el Art. 106 de la codificación ibídem, que prescribe: “Las excepciones y la reconvención se discutirán al propio tiempo y en la misma forma que la demanda, y serán resueltos en sentencia”, pero no se advierte que el principio de celeridad elevado a rango constitucional exige que el juez no puede dilatar un proceso sabiendo del vicio que éste trae.

Las excepciones dilatorias

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35 en ese momento pronunciarse...El autor colombiano Fernando Canosa Torrado nos aclara: “Habíamos dicho que las excepciones previas conforman verdaderos impedimentos procesales en virtud a que aluden al procedimiento y no al hecho sustancial en controversia, pero sólo cuando impiden el adelantamiento del proceso, ya que cuando lo terminan constituyen verdaderas excepciones dilatorias de fondo” (CANOSA T. 1994, p. 25)

Las excepciones dilatorias por su significado tienden a dilatar la marcha del procedimiento; muchas legislaciones, señalan como un ámbito dentro del cual se discuten y se sanea; tiempo en el que se entra a discutir lo esencial de la causa, el derecho en disputa, las pretensiones que se persiguen. Nuestro derecho procesal también contemplaba la necesidad de la tramitación previa de las excepciones dilatorias; (aunque no tenía la denominación de cuestiones previas); recibían inclusive el beneficio del recurso de apelación, frente a la decisión del Juez, lo que tomaba en realidad dos causas en una.

Se encuentran tipificadas en nuestro Código de Procedimiento Civil; Art. 99.- Las excepciones son dilatorias o perentorias. Son dilatorias las que tienden a suspender o retardar la resolución de fondo; y perentorias, las que extinguen en todo o en parte la pretensión a que se refiere la demanda.

Art. 100.- Las dilatorias más comunes son, o relativas al juez, como la de incompetencia; o al actor, como la de falta de personería, por incapacidad legal o falta de poder; o al demandado, como la de excusión u orden; o al modo de pedir, como la de contradicción o incompatibilidad de acciones; o al asunto mismo de la demanda, como la que se opone contra una petición hecha antes del plazo legal o convencional; o a la causa o al modo de sustanciarla, como cuando se pide que se acumulen los autos para no dividir la continencia de la causa, o que a ésta se dé otra sustanciación

Figure

CUADRO Y GRÁFICO I

CUADRO Y

GRÁFICO I p.65
CUADRO Y GRÁFICO II

CUADRO Y

GRÁFICO II p.66
CUADRO Y GRÁFICO III

CUADRO Y

GRÁFICO III p.67
CUADRO Y GRÁFICO IV

CUADRO Y

GRÁFICO IV p.68
CUADRO Y GRÁFICO V

CUADRO Y

GRÁFICO V p.69
CUADRO Y GRÁFICO VI

CUADRO Y

GRÁFICO VI p.70
CUADRO Y GRÁFICO VII

CUADRO Y

GRÁFICO VII p.71

Referencias

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