Guadalajara, Jalisco, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. SENTENCIA

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(1)

ELCTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SG-JDC-242/2016

ACTOR: DAVID OSCAR CASTREJÓN RIVAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

MAGISTRADO ELECTORAL: EUGENIO ISIDRO GERARDO PARTIDA SÁNCHEZ

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL: OMAR DELGADO CHÁVEZ

Guadalajara, Jalisco, dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

El pleno de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, en sesión pública de esta fecha, dicta

S E N T E N C I A

En el juicio para la protección de los derecho político-electorales del ciudadano, promovido por David Oscar Castrejón Rivas, por su propio derecho, a fin de impugnar del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, la resolución recaída al expediente PES-181/2016, emitida el catorce de junio pasado, por el que se le impuso una amonestación pública.

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I. Antecedentes. De las constancias así como las documentales que obran agregadas en el cuaderno accesorio único, se advierte, que los hechos trascendentes son los siguientes:

a) Declaración de inicio del proceso electoral.1 El uno de diciembre de dos mil quince, se declaró instalado el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dando inicio al proceso electoral para la renovación del poder legislativo, ejecutivo y de los ayuntamientos de dicha entidad federativa.

b) Denuncia. Con fecha veintidós de mayo de dos mil dieciséis, el Partido Revolucionario Institucional presentó denuncia contra David Oscar Castrejón Rivas, ante la Asamblea Municipal de Chihuahua de Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa, por la supuesta colocación indebida de propaganda electoral en espacios públicos, dando origen al procedimiento especial sancionador IEE-PES-88/2016, sustanciado por dicho instituto local.

c) Audiencia de pruebas y alegatos. El día tres de junio posterior, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del procedimiento sancionador.

II. Acto impugnado. Recibidas las constancias respectivas, el catorce de los mismos mes y año, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua emitió sentencia al expediente PES-181/2016, la que se resolvió en los siguientes términos:

1

Artículos 60, inciso 1), y 93 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en relación con el referido acuerdo.

(3)

“[…]

PRIMERO. Se acredita la existencia de la infracción atribuida a David Oscar Castrejón Rivas consistente en la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano.

SEGUNDO. Se impone una sanción a David Oscar Castrejón Rivas, consistente en amonestación pública por las consideraciones expuestas en la sentencia.

TERCERO. Se impone una sanción al Partido MORENA, consistente en amonestación pública por las consideraciones expuestas en la sentencia.

CUARTO. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en la página de internet de este Tribunal, en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

[…]”

III. Recurso de apelación y reencauzamiento. Inconforme con lo anterior, el diecisiete de junio del año que transcurre, David Oscar Castrejón Rivas, interpuso recurso de apelación. Recibido que fue en esta Sala, por acuerdo de veintitrés siguiente, la Magistrada Presidenta de esta Sala, acordó integrar el expediente SG-RAP-23/2016 y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Electoral Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez para los efectos a que aluden artículos 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 70, párrafo 1, fracción I, del Reglamento Interno de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.2

Mediante Acuerdo de Sala, el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se determinó:

“[…]

PRIMERO. Es improcedente el recurso de apelación suscrito por David Oscar Castrejón Rivas.

SEGUNDO. Se reencauza el escrito de demanda para que se sustancie como juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a efecto de que esta Sala Regional resuelva en su momento procesal oportuno lo que en derecho proceda.

2

Acuerdo que se cumplimentó mediante oficio de clave TEPJF/SGA/SG/1053/2016, signado por el Secretario General de Acuerdos de la propia Sala Regional.

(4)

TERCERO. Se ordena remitir el expediente SG-RAP-23/2016 a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano judicial, para que proceda conforme a lo precisado en el último considerando del presente acuerdo plenario.

[…]”

IV. Juicio para la protección de los derecho político-electorales del ciudadano. Derivado de esta determinación, mediante auto de idéntica fecha, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional, ordenó integrar el medio de impugnación con la clave SG-JDC-242/2016, el cual fue turnado a la ponencia del Magistrado Electoral Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez para los efectos precisados en el acuerdo plenario citado, y los artículos 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 70, párrafo 1, fracciones I y X, del Reglamento Interno de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.3

V. Radicación. Mediante proveído de veintiocho siguiente, el Magistrado Electoral, instructor en el asunto, radicó en su ponencia el juicio que nos ocupa.

VI. Admisión. El uno de julio de dos mil dieciséis, se estimaron colmados los requisitos de procedencia del medio de impugnación, por lo cual se admitió.

VII. Cierre de instrucción. Al no existir constancias qué recibir, o escritos qué proveer, el doce de los mismos mes y año, se declaró cerrada la instrucción y, por ende, el asunto quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A C I O N E S J U R Í D I C A S

3

Acuerdo que se cumplimentó mediante oficio de clave TEPJF/SGA/SG/1067/2016, signado por el Secretario General de Acuerdos de la propia Sala Regional.

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PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal ejerce jurisdicción, y tiene competencia constitucional así como legal para conocer del presente medio de impugnación,4 por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por David Oscar Castrejón Rivas, contra una resolución emitida por una autoridad jurisdiccional electoral local que le impuso una amonestación pública derivada de un procedimiento especial sancionador relacionado con el proceso electoral que se lleva a cabo en Chihuahua y en el tipo de elección, donde esta Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Requisitos generales de procedencia y especiales de procedibilidad. El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 79 y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como en lo establecido en el criterio sostenido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 2/2000, de la voz: “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA”,5 como a continuación se detalla.

4

Conforme con lo establecido por los artículos 41, base VI, 94, párrafo primero y 99 párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192, párrafo primero, y 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2, inciso c), 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f), y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como también los artículos primero y segundo del acuerdo INE/CG182/2014, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina mantener los trescientos distritos electorales uninominales federales en que se divide el país, su respectiva cabecera distrital, el ámbito territorial y las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales, tal y como fue integrada en los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, publicado en el Diario Oficial de la

Federación, el cuatro de junio de dos mil quince.

5

Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2012. Volumen 1,

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a) Forma. En el escrito de demanda se hace constar el nombre y firma del enjuiciante, se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable, se mencionan de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que en concepto del actor causa el acto combatido, así como los preceptos presuntamente violados.

b) Oportunidad. El juicio fue promovido en forma oportuna, ya que David Oscar Castrejón Rivas, allegó el escrito ante la autoridad responsable el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y la resolución combatida fue emitida el catorce de los mismos mes y año, esto es dentro del término de cuatros días.

c) Legitimación y personería. El medio de impugnación es promovido por parte legítima, pues comparece un ciudadano por su propio derecho, y así le es reconocida por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

d) Interés jurídico. Se consuma esta condicionante, toda vez que la sentencia controvertida vulnera en su perjuicio sus derechos al habérsele impuesto una amonestación pública por la acreditación de ciertos hechos, en el proceso electoral local de aquella entidad federativa.

e) Definitividad y firmeza. Se tiene por cumplida la exigencia, al tratarse de una sentencia definitiva y firme, además que en la legislación local no se prevé medio de impugnación distinto capaz de refutar dicha resolución.6

6

Artículos 292 y 295, incisos 1), a), 3), a) y c), de la Ley Electoral de Estado de Chihuahua.

(7)

Por tanto, toda vez que se cumplen los requisitos generales de procedencia, y no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia, lo procedente es realizar el estudio de la controversia planteada.

TERCERO. Síntesis de agravios y fijación de la litis. Del escrito inicial del medio de impugnación, se advierten los siguientes motivos de reproche:

1. Manifiesta lo inverosímil de la sentencia al reconocer que se conoce el asunto por David Oscar Castrejón Rivas, y no contra quien se dirigió la queja, Oscar David Castrejón Rivas, resolviéndose el caso ante dos personas distintas.

2. Erróneamente se señala que la denuncia fue ratificada en la audiencia de pruebas y alegatos, cuando de la misma no se advierte ese hecho.

3. Existe una omisión del tribunal de revisar la procedencia y forma del procedimiento especial sancionador.

4. Se lleva a cabo una valoración incorrecta de las pruebas ofrecidas y del hecho denunciado.

5. No existe fundamento para la acreditación de la conducta, ni beneficio por los supuestos hechos denunciados.

6. Se sanciona dos veces por un mismo hecho, pues ya se había sancionado al partido político MORENA.

(8)

Litis. Ésta se centra en determinar si la resolución combatida

en esta instancia federal fue dictada atendiendo a lo previsto en la legislación, y como consecuencia de ello confirmarla; o por el contrario, si no se cumple sea procedente revocar el acto impugnado.

CUARTO. Estudio de fondo. El actor señala que no se cumplen los requisitos previstos en los artículos 281, numeral 2, inciso c) y el artículo 289, numeral 2, inciso c), y 3, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, los cuales disponen:

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

CAPÍTULO TERCERO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR Artículo 281

1) Cualquier persona con interés jurídico podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante Consejo Estatal o antes las Asambleas Municipales del Instituto Estatal Electoral. La queja o denuncia deberá ser remitida dentro del término de cuarenta y ocho horas a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal, para su trámite, salvo que se requiera de la ratificación de la misma por parte del quejoso; supuesto en el que será remitida una vez ratificada o, en su caso, cuando haya concluido el plazo para ello. 2) La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito o en forma oral y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones; c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados, y

e) Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos.

3) Los partidos políticos deberán presentar

Artículo 289

1) La denuncia en la vía prevista en este capítulo, deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;

c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;

e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y

f) En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

2) Hecha excepción de lo previsto en el artículo 306, numeral 1, en materia de radio y televisión, el órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal, para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas. 3) La denuncia será desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal,

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CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

CAPÍTULO TERCERO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR las quejas o denuncias por escrito. En caso

de que los representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada.

4) La Secretaría Ejecutiva deberá prevenir al denunciante para que subsane cualquier omisión en su denuncia en caso de ser irregular, dentro del plazo improrrogable de tres días. De la misma forma lo prevendrá para que la aclare, cuando ésta sea imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendar la omisión que se le requiera o no aclararla, se tendrá por no presentada la denuncia.

5) La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o denuncia en forma oral, deberá hacerla constar en acta, requiriendo la ratificación por parte del denunciante. En caso de no acudir a ratificar la denuncia o queja dentro del término de tres días contados a partir de que se le notifique la citación, se tendrá por no formulada la denuncia.

6) El Consejo estatal o las Asambleas Municipales que reciban una queja o denuncia sobre cualquier materia, podrán realizar las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que estime pudieran aportar elementos para la investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma, todo lo cual debe quedar asentado en acta circunstancias que deberá remitirse junto con la el escrito de queja o denuncia a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal.

7) Recibida la queja o denuncia, por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal, procederá a:

a) Su registro, debiendo informar de su presentación al Consejo General;

b) Su revisión para determinar si debe prevenir al quejoso;

c) Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma, y

d) En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación.

8) La Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal, contará con un plazo de cinco días para emitir el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento, contado a partir del día en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se hubiese

sin prevención alguna, cuando: a) No reúna los requisitos indicados en el numeral 1 del presente artículo;

b) Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral;

c) El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o

d) La denuncia sea evidentemente frívola.

4) La Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito y se informará de ello al Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral, para su conocimiento. 5) Cuando la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

6) Si la Secretaría Ejecutiva considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho horas previsto en el numeral anterior. Esta decisión podrá ser impugnada ante el Tribunal Estatal Electoral.

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CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

CAPÍTULO TERCERO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR prevenido al quejoso, a partir de la recepción

del desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin que se hubiese desahogado la misma.

En el caso, el estudio debe partir del artículo 289 invocado, al ser el procedimiento especial sobre el cual se realiza el acto de molestia al actor, y no el diverso procedimiento ordinario, sin que ello pudiera significar una desventaja al promovente, pues reproducen casi literalmente las exigencias que, a su decir, fueron incumplidas.

En tal orden de ideas, señala en su agravio relativo al punto 1.1 (de antecedentes) de la resolución impugnada, que la denuncia fue presentada contra Oscar David Castrejón Rivas, y no David Oscar Castrejón Rivas, que es él, por lo que se sentencia a una persona diferente a la contenida en el inicio del procedimiento sancionador.

De igual manera, en el punto 4, en cuanto al planteamiento del problema, vuelve a advertir que el denunciado es él, lo cual –señala– es incorrecto, pues en el escrito de denuncia fue la persona Oscar David Castrejón Rivas.

Además, en el punto 5.2 del desarrollo del análisis del caso, el tribunal acepta de manera textual que el denunciado es una persona distinta, determinando que el denunciante cometió un error, al invertir los nombres, lo cual –a decir del actor– no es así, pues la denuncia es clara sobre contra quien se entabló, cambiando de manera arbitraria los datos del escrito respectivo.

(11)

Al respecto, el agravio deviene infundado, pues el hecho de que se haya realizado la aclaración atinente no significa una modificación a la denuncia presentada, sino es el reconocimiento de dicho error el cual no trasciende en la facultad investigadora del hecho denunciado, mismo que fue advertido por la propia autoridad instructora.

De esta manera, al darse la respuesta respectiva al promovente con relación a su escrito en la audiencia de pruebas y alegatos, tiende a aclarar las circunstancias del caso, así como establecer el respeto al debido proceso, especificando que el objeto de la querella fue la promoción del candidato de MORENA a presidente municipal de Chihuahua, invocando como hecho notorio que era él, quedando indubitable esta circunstancia.

En ese sentido, el hecho de presentarse un error en la anotación de los nombres de las personas objeto de un procedimiento, puede ser subsanable cuando de las propias constancias se aprecie el nombre correcto, sin que exista alguna en contrario que haga presuponer se trate, como lo afirma el promovente, de una persona distinta. Al respecto, resultan ilustrativas, por su contenido, los criterios siguientes:7

“PERSONALIDAD. EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO NO SE INFRINGE SI LA RESPONSABLE

7

También, de forma ejemplificativa, se citan los criterios y rubros: I.4o.A.34 K (10a.).

“NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO DEBE CONDUCIR, INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR QUE SE TRATA DE UNA PERSONA DISTINTA, POR LO QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN CADA CASO, LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO SE PRODUCE”. Gaceta del Semanario Judicial de la

Federación. Libro 1, diciembre de 2013, tomo II, página 1194, y número de registro

digital en el Sistema de Compilación 2005194; II.T.23 K. “DEMANDA DE AMPARO.

ES ILEGAL SU DESECHAMIENTO CUANDO EL NOMBRE DEL PROMOVENTE ESTÁ INCOMPLETO”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII,

marzo de 2003, página 1717, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 184663; y, VI.4o.23 C. “NOMBRE. SU USO INCOMPLETO ES

INSUFICIENTE POR SÍ SOLO PARA DETERMINAR QUE SE TRATA DE PERSONA DIFERENTE AL INTERESADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, abril de 1999, página 573,

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APRECIO ERROR DEL NOMBRE DEL APODERADO EN EL PODER CON QUE SE ACREDITÓ. Es cierto que de acuerdo al principio de estricto derecho el juzgador esta constreñido a analizar únicamente las cuestiones planteadas en la demanda y en la contestación, encontrándose imposibilitado para suplir las deficiencias y omisiones en que incurran las partes, o sea que no puede sustituir la voluntad de éstas en la estimación jurídica de las cuestiones que planteen; sin embargo, si el apoderado de la demandada en su escrito de contestación expresó llamarse con determinado nombre y para acreditar su personalidad exhibe un poder, que le confirió su representada, en el cual un evidente error mecanográfico altera el nombre con el que comparece, la responsable no está infringiendo tal principio, ni está sustituyendo la voluntad del promovente, pues lo único que en este punto hizo fue apreciar el error mecanográfico, ya que no puede considerarse que la voluntad del representante de la demandada sea que se le tenga promoviendo con un nombre y para acreditar su personalidad exhiba un documento expedido en favor de otra persona”.8

“DEMANDADO, ERROR EN EL NOMBRE DEL. Es notoriamente infundado el concepto de violación donde se impugna la sentencia reclamada, porque el nombre de la demandada no fue expresado correctamente por la actora en su escrito inicial, si la propia demandada hizo la aclaración correspondiente al contestar la demanda y sin oponer excepción o defensa respecto a ese punto”.9

“DEMANDA ERROR EN EL NOMBRE DEL REO. Si se señaló erróneamente el nombre de la demandada, y sin embargo, tal error no colocó a la demandada en un estado de indefensión, ya que en autos consta que fue notificada la demanda a su representante, en el domicilio señalado por la actora, lo que le permitió comparecer oportunamente al juicio, como lo hizo, no existe razón alguna para considerar que la actora ejercitó su acción en la fecha en la que aclaró cual era el nombre correcto de la negociación demandada, ya que la Cuarta Sala de la Suprema Corte ha venido sustentando el criterio de que los trabajadores no están obligados a conocer pormenorizadamente la calidad de la persona moral del patrón, por lo que basta que identifiquen el lugar del trabajo y la naturaleza de la negociación; consecuentemente, si no había transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 329, fracción III, de la ley laboral cuando se presentó la demanda con el nombre del demandado equivocado, debe de concluirse que no había prescrito la acción deducida”.10

8

Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, página 336, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 225891.

9

Semanario Judicial de la Federación. Volumen 151-156, Sexta Parte, página 71, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 250549.

10

Semanario Judicial de la Federación. Volumen XX, Quinta Parte, página 63, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 276805.

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Por otra parte, el resto de su agravio deviene inoperante pues, como se dejó acotado, al razonar la responsable sobre dicho yerro, estableció que no era determinante para la acreditación de los hechos denunciados, sin que la parte actora expresara argumento alguno para demeritar tal afirmación

Resultan orientadores, por las razones que la informan, los criterios de rubro y texto:

“CONCEPTO DE VIOLACIÓN DIRIGIDO CONTRA LA DESESTIMACIÓN DE UN AGRAVIO. RESULTA INOPERANTE POR INSUFICIENTE SI NO ATACA TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESA DETERMINACIÓN. Si la autoridad responsable se basó en varias consideraciones para desestimar un específico agravio que, por sí solas, cada una por separado sustentan el sentido de esa determinación, y el concepto de violación formulado sobre ese particular sólo controvierte una o algunas de esas consideraciones, sin desvirtuarlas todas, entonces se torna inoperante por insuficiente, pues aun fundado lo aducido no produciría beneficio conceder la protección constitucional por ese solo motivo, ante la subsistencia de la consideración o consideraciones no destruidas que continúan rigiendo esa desestimación”.11

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada”.12

Por otro lado, el promovente refiere, en cuanto al punto 3.1 de la resolución reclamada, la existencia de una omisión del tribunal local al no revisar de oficio como requisito de procedencia, lo estipulado en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en su artículo 281, numeral 2, inciso c);13 es decir, los documentos que acrediten la personería del

11

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2501, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 171512.

12

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, julio de 2000, página 621, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 191572.

13

“2) La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito o en forma oral y deberá cumplir con los siguientes requisitos: (…) c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;…”.

(14)

quejoso o denunciante, lo cual no aconteció, debiéndose haber tenido por no interpuesta o no admitida, según lo estipulado en dicho ordenamiento.

Como prueba de su dicho, cita el punto 3.2 de la resolución, pues el órgano jurisdiccional indicó:

“3.2 Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por el actor no se advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo señalamiento alguno por parte del Instituto para no entrar al estudio de fondo del mismo.”

Al respecto, esta Sala Regional considera el agravio infundado.

Si bien el actor cita el numeral 281 de la legislación sustantiva electoral de Chihuahua, mismo que corresponde al procedimiento ordinario sancionador, su contenido así como el requisito aducido, se contempla también en el diverso 289, incisos 1) y c), del referido ordenamiento,14 correspondiente al procedimiento especial sancionador, materia de impugnación; el cual sí fue cumplido.

En efecto, tal como lo ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal Electoral, en los expediente SUP-REP-127/2016 y SUP-REP-128/2016, hay factibilidad para considerar que, en los procedimientos especiales sancionadores, un representante de un partido político, debidamente acreditado, por el solo hecho de estar dotado de facultades de representación, de acuerdo con los estatutos del partido político respectivo o por su acreditación ante alguna autoridad electoral, ya sea federal o local, se encuentra legitimado para

14

“1) La denuncia en la vía prevista en este capítulo, deberá reunir los siguientes requisitos: (…) c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;…”.

(15)

presentar una queja o denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, por infracciones de su competencia.15

En tal orden de ideas, mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis,16 al tenor de lo dispuesto por el artículo 286, incisos 1), y a), de la ley electoral estatal, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, inició la formación o instrucción del procedimiento especial sancionador; señaló en su punto de acuerdo TERCERO, el reconocimiento de la personalidad de Marcela Romero Jurado, con el carácter que ostenta, habida cuenta que su personalidad estaba acreditada en los archivos de dicha institución electoral17 y, atento al artículo 289, incisos 4 y 5, de la legislación sustantiva multicitada, en los puntos de acuerdos siguientes, el Secretario Ejecutivo tuvo por acotados los requisitos de procedencia de procedimiento que nos ocupa, admitiéndolo, se reservó acordar sobre la medida cautelar solicitada, señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, y ordenó el emplazamiento a las partes denunciadas.

Afirmación que se ve reforzada, además de las atribuciones propias de dicho funcionario,18 con las diversas las constancias que obran en el expediente, en las cuales se aprecia que la Secretaria de la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa, hizo constar la comparecencia de Marcela Jurado Romero, en su carácter de representante propietario del

15

De igual manera, en las resoluciones se señala: “Sin embargo, es importante precisar que la conclusión anterior, no exime ni excluye del cumplimiento a los representantes de los partidos políticos de la obligación de acompañar a su escrito de queja la documentación necesaria para acreditar su personería, según lo dispone la ley de la materia”. Esto último, cuando no acontezca un reconocimiento como el especificado anteriormente.

16

Fojas 17 a la 21 del cuaderno accesorio único.

17

Foja 19 del cuaderno accesorio único.

18

Artículos 67, párrafo 1, puntos i., j., y m., y 68, de la Ley Electoral de Estado de Chihuahua.

(16)

Partido Revolucionario Institucional, acreditada ante ese organismo (foja 47 del cuaderno accesorio único).

En el acta circunstanciada de hechos de veintidós de mayo de dos mil dieciséis (fojas 54 y 55 del cuaderno accesorio único), el funcionario encargado de la diligencia de fe de hechos indicó que procedió a realizarla “…en seguimiento a la solicitud presentada por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, misma que fue presentada de manera verbal ante este órgano electoral a través de su representante propietario (sic) acreditado (sic) en esta Asamblea Licenciada MARCELA ROMERO JURADO,…”.

De igual manera, en el acta circunstanciada de hechos de veintitrés de los mismos mes y año (foja 48 del cuaderno accesorio único), la funcionaria encargada de la diligencia de fe de hechos indicó que procedió a realizarla “…en seguimiento a la solicitud presentada por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL misma que fue presentada mediante escrito en este órgano electoral a través de su representante propietaria acreditada en este órgano electoral LIC. MARCELA ROMERO JURADO…”.

Constancias que al tenor de los artículos 14, párrafos 1, inciso a), y 4, inciso b); y, 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, adquieren valor probatorio pleno, pues se tratan de documentos expedidos por un funcionario público en el ámbito de sus funciones, sin que además obre prueba en contrario.

En ese sentido, el reconocimiento realizado por la autoridad instructora, así como las constancias en los cuales se realizaba expresamente manifestaciones sobre la personalidad de la representante del partido denunciante, son

(17)

suficientes para colmar la acreditación del mismo, sin necesidad de adjuntar en documento que así lo acreditara.

De ahí que la responsable sí realizó un estudio de los requisitos de procedencia, y al tener colmado el mismo, no estimó necesario reiterar lo ya cumplido y evidenciado.

Cabe señalar que esta circunstancia no dejó en estado de indefensión al denunciado, pues al establecerse el reconocimiento del representante del Partido Revolucionario Institucional en los documentos obrantes en el instituto electoral estatal, se encontraba en aptitud de controvertirlo, por sí mismo o por medio de su partido, también denunciado, pues conocía de donde emanaba y se sustentaba la acreditación de la personalidad (como se afirmó en el auto de admisión y emplazamiento, de veinticinco de mayo de año que transcurre).

En otro disenso, el actor refiere sobre el punto 1.2 (antecedentes) de la audiencia de pruebas y alegatos, que la responsable indicó que la denuncia fue ratificada en dicha audiencia, lo cual no fue así, pues sólo se presentó el promovente, desatendiendo un requisito legal, pues al no ratificarse la denuncia se tendrá por no interpuesta.

Al respecto cita el artículo 281, numeral 5, de la legislación electoral de Chihuahua; sin embargo, esa disposición corresponde al procedimiento ordinario y no al especial.

Aun así, considerando el principio de seguridad jurídica sobre el origen del acto del molestia del promovente, si bien la responsable indicó que se ratificó la denuncia, lo cierto es que en la referida audiencia se tuvo por reproducida la

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misma, ante la comparecencia del querellante Partido Revolucionario Institucional por medio de un escrito presentado con antelación a la misma, así como por ofrecidas sus pruebas.

En ese sentido, de la legislación electoral se aprecia que la ratificación deberá ocurrir con antelación al emplazamiento a la parte de denunciada, lo cual sí aconteció.

Según se desprende del expediente (foja 47 del cuaderno accesorio único), se hizo constar que Marcela Jurado Romero, ostentándose como representante del Partido Revolucionario Institucional, ratificó una solicitud de fe pública presentada el veintidós de mayo de dos mil dieciséis (un día antes), “…sobre propaganda colocada en un espacio público por parte de Oscar Castrejón…”.

El veintitrés de mayo de este año, se presentó ante la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa, un escrito de Marcela Romero Jurado, quien se ostentó como representante del Partido Revolucionario Institucional, haciendo una relatoría de hechos por lo que consideró un indebido actuar del aquí actor (fojas 52 y 53 del cuaderno accesorio único).

De ambas actuaciones se levantaron diversas constancias de hechos (fojas 48, 54 y 55, del cuaderno accesorio único), y el veinticinco de mayo del año en curso, visto el escrito signado por la persona anteriormente referida, el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, ordenó formar el expediente del procedimiento especial sancionador, que ahora nos ocupa.

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En tal orden de ideas, quien se ostentó como representante del partido denunciante ratificó la queja verbal realizada en un primer momento, ante la funcionaria del instituto electoral municipal de Chihuahua, pero además, presentó por escrito los hechos que constituían una infracción, por lo cual no era necesario la ratificación en la audiencia de pruebas y alegatos, cuando esto ya había acontecido con antelación. Por lo tanto, deviene infundado su agravio.

En otra parte de sus alegaciones, el actor refiere que la autoridad responsable realiza una valoración errónea de una imagen impresa en su cuenta de “Facebook”, pues indicó que dicha publicación carecía de certeza en cuanto a su realización, cuando lo cierto es que provenía de una cuenta oficial y es de dominio público que cualquier persona puede entrar a su perfil.

Así –manifiesta el impetrante– al analizarse las pruebas en el apartado 4.1.2 de la sentencia, los calificativos de insuficientes por la responsable, por ser fácilmente alteradas o modificadas, resultan a título gratuito, pues dichas pruebas no son impugnadas por los denunciantes, ni hicieron pronunciamiento alguno sobre su cuenta de “Facebook”, sin dar razones el tribunal para convertirse oficiosamente en impugnador de las pruebas ofrecidas en su contestación de denuncia, por lo que debieron otorgárseles valor probatorio pleno.

Asimismo, se atribuye una omisión de cuidado –prosigue en su demanda– derivado de la naturaleza propia de las “lonas”, al ser de fácil acceso a cualquier persona (elaboración y colocación), por lo que es imposible hacerse cargo de la vigilancia de toda una población para que ninguno de ellos

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coloque este tipo de propaganda en lugares indebidos, por lo que no se fue omiso al hacerlo.

Al respecto, es necesario establecer que las pruebas ofrecidas por el promovente (a su dicho, impresión de una captura de pantalla del sitio “Facebook”, y de tres fotografías de sitios donde supuestamente se encontraban las “lonas”), al ser catalogadas por la responsable como técnicas, también implica sujetarlas a una valoración de pruebas documentales, para proceder a su análisis.

Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 6/2005, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de contenido:

“PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. La teoría general del proceso contemporánea coincide en conceder al concepto documentos una amplia extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que han estado en contacto con la acción humana y contienen una representación objetiva, susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, constantemente, más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no sólo para su creación sino para la captación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones requieren de códigos especiales, de personal calificado o del uso de aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado del concepto general documentos todos los de este género, para regularlos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, desde su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de la prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y reglas dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en algunas leyes

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contemporáneas, al relacionar y regular los distintos medios de prueba, citen por separado a los documentos, por una parte, y a otros elementos que gramatical y jurídicamente están incluidos en ese concepto genérico, con cualquiera otra denominación, sólo obedece al afán de conseguir mayor precisión con el empleo de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo posible, reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios probatorios, en la medida de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se proponga eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la exclusión de modo expreso e indudable”.19

En tal orden de ideas, es infundado su agravio, al considerar que al no ser objetada por la parte denunciada adquiría valor probatorio pleno, pues para ello era necesaria su relación con otros medios de convicción, al ser una documental simple, por emanar de un particular.

En efecto, era insuficiente su ofrecimiento para darle un carácter indubitable, pues atinadamente se razonó la necesidad de concurrencia de otros elementos, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, citando la autoridad responsable la jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior de este Tribunal.

En cuanto a la modificación de las mismas, precisamente al tener su origen en mecanismos de la ciencia, en manos de particulares, lo dubitable se origina en su accesibilidad única; por ello, en un primer momento, pese a poder ser compartidas con posterioridad, como las redes sociales, pero que sin duda, escapan del ámbito de control para ser catalogadas como una prueba con valor pleno por su falta de impugnación.

En ese sentido, como pruebas técnicas, debieron cumplir con una serie de elementos para también fortalecer su alcance

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Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2012. Volumen 1,

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probatorio, pues sólo son impresiones sin mayor corroboración que el dicho del promovente, reiterándose que “lo oficial” de una cuenta de redes sociales no la convierte en documento público.

Además, precisamente el acto de valoración realizada por la responsable es parte de la función delegada por el Estado para impartir justicia, y no asunción de un interés particular para defender a alguna de las partes en el juicio.

Por otro lado, deviene inoperante su alegación consistente en la omisión de cuidado por la colocación de “lonas”, pues, por un lado, parte de una premisa equivocada, ya que la resolución indica: “…por lo que la conducta se le atribuye a David Oscar Castrejón Rivas, candidato a presidente municipal de Chihuahua y a MORENA por la omisión del deber de cuidado derivado del principio e (sic) culpa en (sic) vigilando”; esto es, el deber de cuidado es atribuible al partido, no al actor, al dejar de vigilar la conducta de sus militantes.

De igual manera, la inoperancia deriva de las manifestaciones subjetivas realizadas correspondiente a la colocación y reproducción libre delas “lonas, ya que no controvierte la conducta irregular que le fuera atribuida confrontando los razonamientos de la autoridad responsable.

Es orientador, el criterio 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los

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conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse”.20

Refiere el promovente, en otra parte de su demanda, que la autoridad responsable se manifiesta respecto a no tener elementos para establecer su participación en los actos de los cuales se desprende la conducta típica, siendo contradictorio, resultando también absurdo la existencia de un beneficio, dado el número de votos recibidos.

Lo anterior es infundado, ya que en la resolución se afirma: “Si bien es cierto, no hay elementos que establezcan su participación directa de MORENA respecto a la creación de la propaganda indicada, se observa el emblema de dicho partido…”, por lo cual la referencia realizada por el actor es sobre el partido postulante de su candidatura, ya que a él “…David Oscar Castrejón Rivas. Se (sic) se benefició de la propaganda al existir su nombre…”; es decir, a MORENA se le sanciona por una conducta de vigilancia sobre sus militantes, incumpliéndola ante la infracción cometida por uno de sus candidatos, por lo cual no existe la contradicción aducida.

También es infundado su razonamiento sobre el beneficio obtenido, pues este es independiente del resultado de la elección, ya que el bien jurídicamente tutelado es la equidad

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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 185425.

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de la contienda, vulnerándose con la colocación de propaganda en lugares no permitidos por la legislación, siendo el beneficio de gozar de esa difusión incumpliéndose la ley en comparación de aquellos que si la atienden; por lo cual, los votos obtenidos no son un punto único de referencia para determinar esa ventaja.

En cuanto a que se le ha sancionado dos veces, por haber hecho lo propio con su partido, también es infundado, pues la infracción a la legislación chihuahuense fue atribuida a él, por tener su nombre en la propaganda colocada indebidamente (“lonas”), y bajo la figura de culpa en la vigilancia (culpa in vigilando)21 MORENA corrió con igual consecuencia, dada la obligación Constitucional y legal de, como organización de ciudadanos, conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático.

Incluso, en la propia resolución se advierte el estudio correspondiente para la imposición de la amonestación pública, primero al actor (puntos 6.1 al 6.6) para posteriormente proceder respecto al partido político MORENA (puntos 6.7 al 6.12, indicándose que “…si bien es cierto no hay elementos que establezcan su participación directa respecto a la creación de la propaganda indicada, se observa el emblema de dicho partido y por lo tanto el beneficio […] la conducta infractora se estima que es una omisión ya que con el actuar del denunciado se generó la comisión de la infracción…”), por lo cual parte de la idea equivocada de que se le sancionó primero a MORENA y después a él.

21

Según se desarrolla en la tesis relevante XXXIV/2004, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2012. Volumen 2,

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Sobre que nunca se dijo ni se le acusó de haber puesto la propaganda o haber dado esa orden, es inoperante, debido a la acreditación de la infracción cometida y sin que sea controvertida adecuadamente lo razonado en la sentencia.

Resultan ilustrativos los criterios siguientes:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez”.22

“AGRAVIOS, EXISTENCIA E INEXISTENCIA DE LOS. Hay agravios, en sentido propio, contra una determinación judicial, cuando se exponen razonamientos formulados de modo expreso para combatir directamente las conclusiones y las diversas argumentaciones de la resolución impugnada, pero es indiscutible que no existen en verdad agravios si, para pretender desvirtuar la resolución, únicamente se aducen meras afirmaciones”.23

En cuanto al agravio dirigido a controvertir el apartado de individualización de sanciones, negando se tenga por

22

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, enero de 2007, página 2121, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 173593.

23

Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXI, Tercera Parte, página 13, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 801630.

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acreditada la conducta y por lo cual, no tiene fundamento ese apartado, es inoperante, ya que fue acreditada la conducta, además de haber sido desestimados los disensos tendientes a destruir la validez de ese apartado; sin que pase inadvertido para esta Sala que no señala en su escrito algo sobre la amonestación impuesta, siendo esta la mínima prevista por la legislación.

Es orientadora, por las razones que la informan, el criterio reproducido a continuación:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos”.24

En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los motivos de disensos, se confirma el acto impugnado.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 3, párrafo 2, inciso c), 4, párrafo 1, 19, párrafo 1, inciso f), 22, 24, 25, y 84, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 46, párrafo segundo, fracción XIII, 48, párrafo primero, y 49, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta Sala Regional resuelve, a través del siguiente

24

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, abril de 2005, página 1154, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 178784.

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P U N T O R E S O L U T I V O

ÚNICO. Se confirma la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en el procedimiento especial sancionador PES-181/2016, el catorce de junio de dos mil dieciséis.

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.

En su oportunidad, devuélvanse al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, los documentos que conformaron el cuaderno accesorio único.

Así lo resuelven, por unanimidad de votos, los integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con jurisdicción en la Primera Circunscripción Plurinominal, la Magistrada Presidenta Gabriela Eugenia Del Valle Pérez, el Magistrado Electoral Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez y la Magistrada Electoral Mónica Aralí Soto Fregoso, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE.

GABRIELA EUGENIA DEL VALLE PEREZ MAGISTRADA PRESIDENTA

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PARTIDA SÁNCHEZ MAGISTRADO ELECTORAL

MAGISTRADA ELECTORAL

RAMÓN CUAUHTÉMOC VEGA MORALES SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

El suscrito Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 204 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de las instrucciones de la Magistrada Electoral Gabriela Eugenia Del Valle Pérez, Presidenta de esta Sala Regional, CERTIFICA: Que el presente folio, con número treinta, forma parte de la sentencia de esta fecha, emitida por la Sala Regional Guadalajara, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SG-JDC-242/2016. DOY FE.---

Guadalajara, Jalisco, dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

RAMÓN CUAUHTÉMOC VEGA MORALES SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

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