La intervención desde el contexto judicial (J.2) MESA REDONDA: “EL DERECHO A SER ESCUCHADOS”.
CADENA DE CUSTODIA: la cadena de custodia de la prueba como garantía del derecho de niños y niñas a ser escuchados/as y a ser protegidos/as.
Raquel Raposo Ojeda. Psicóloga. Experta en la Evaluación e Investigación de Casos de Violencia Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes. Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA) y miembro del Equipo de Investigación de Casos de Abuso Sexual (EICAS). FAPMI-ECPAT España.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño recoge expresamente el deber de todos los Estados Parte de dar la oportunidad a niños y niñas de ser escuchados/as, en todos aquellos procedimientos judiciales o administrativos que les afecte.
La Observación General nº. 12 del Comité de los Derechos del Niño, en relación a este artículo, recoge que: “Los Estados partes deben ser conscientes de las posibles consecuencias negativas de una práctica desconsiderada de este derecho, especialmente en casos en que los niños sean muy pequeños o en que el niño haya sido víctima de delitos penales, abusos sexuales, violencia u otras formas de maltrato. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se ejerza el derecho a ser escuchado asegurando la plena protección del niño. Los procedimientos tienen que ser accesibles y apropiados para los niños”.
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Decisión Marco 001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001), recoge entre otros los Derechos de las víctimas referidos a: 1) la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado. 2) Durante la investigación penal: la declaración de las víctimas debe realizarse sin dilaciones injustificadas, el menor número de veces posible y únicamente cuando resulte estrictamente necesario para los fines de la investigación penal. Las víctimas pueden estar acompañadas. 3) Se señala asimismo, la necesidad de realizar una evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección, como por ej. persona con discapacidad o si existe
una relación de dependencia entre la víctima y el supuesto autor del delito; víctimas menores de edad o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad; en el caso de menores de edad víctimas de algún delito contra la libertad o indemnidad sexual. 4) Durante la fase de investigación podrán ser adoptadas las siguientes medidas: que se les reciba declaración en dependencias especialmente adaptadas a tal fin, por profesionales con formación especial para reducir cualquier perjuicio a la víctima, y que todas las declaraciones a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona. 5) Durante la fase de enjuiciamiento podrán ser adoptadas -conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)- medidas que: eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación; que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado; celebración de la vista oral sin presencia de público. 6) Medidas de protección para menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección: además de lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en la LeCrim., se adoptarán las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito.
La violencia sexual contra personas menores de edad, es una realidad y modalidad de maltrato, que compromete el adecuado desarrollo de niños, niñas y adolescentes y su integridad personal, tanto en el momento en que viven la experiencia traumática, como en el futuro.
La protección a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, necesariamente, ha de entenderse como un continuo, y han de articularse las medidas necesarias para garantizar dicha protección durante todo el procedimiento de intervención en violencia sexual, desde el momento justo en que se detecta la misma, hasta la fase de juicio oral y/o alta terapéutica en su caso; de modo que la atención multidisciplinar a la infancia y adolescencia, en esta tipología de maltrato, no se convierta en una victimización secundaria para niños y niñas; suponiendo en ocasiones un coste mayor para la víctima el itinerario profesional tras la notificación y denuncia, que la propia violencia sexual a la que se han podido ver sometidos/as.
El testimonio de un/a niño/a o adolescente víctima de violencia sexual constituye -en la mayoría de los casos- la principal prueba de cargo en los procedimientos penales. Por tanto, en una tipología de maltrato
con las características específicas y de vulnerabilidad propias de la violencia sexual, la coordinación exige una implicación y responsabilidad de todos los sectores profesionales intervinientes, así como un procedimiento con particularidades propias de una cadena de custodia, destinado a garantizar y salvaguardar el interés superior de los y las menores de edad, y evitar tanto la victimización secundaria, como la contaminación e interferencia en su relato, principal prueba de cargo en la mayoría de los casos, a fin de ofrecer a su vez las máximas garantías en el proceso penal, en aras de averiguar la verdad material. La cadena de custodia de una prueba se define como: «el procedimiento documentado de tratamiento de las evidencias desde su recogida hasta su análisis y utilización como prueba en el proceso penal. La importancia de la cadena de custodia es evidente al entroncarse directamente con el derecho a la prueba, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Efectivamente, los derechos citados, que constituyen el fundamento del proceso penal, se basan en la existencia de una prueba válida que pueda ser objeto de valoración y constituir, en su caso, prueba de cargo. El procedimiento de recogida, traslado y custodia de las evidencias adquiere un especial relieve en tanto que se debe garantizar la autenticidad, inalterabilidad e indemnidad de la prueba pericial que se realice sobre las muestras e indicios obtenidos en la investigación criminal. La cadena de custodia es el nombre que recibe ese conjunto de actos que, en
definitiva, garantizan la verosimilitud de la prueba1».
La analogía con una cadena de custodia implica una articulación de instituciones (desde la detección de una sospecha de violencia sexual hasta la fase de juicio oral e incluso posteriormente), procedimientos, técnicas, recursos y profesionales con alta especialización y experiencia práctica, a fin de no alterar más el desarrollo personal de la víctima menor de edad, el testimonio aportado (principal prueba de cargo) y los indicios encontrados en cada caso, sujeto a posteriores análisis, ofreciendo una adecuada atención a la víctima, previniendo la victimización secundaria, a la vez que se posibilita -en las mejores condiciones y garantías- la obtención de la verdad jurídica objetiva.
Por todo lo anterior, atendiendo a las posibilidades que acoge expresamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 433, 448, 455, 707 bis, 777.2 y 797.2 LECrim); específicamente, los derechos de protección de
1Fuente: La Ley. Autor: Manuel Richard González, Profesor Titular de Derecho Procesal (UPNA). Investigador del Instituto de
la víctima recogidos en La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho de niñas y niños a ser escuchados en las mejores condiciones (que potencien sus capacidades y mitiguen sus limitaciones para la expresión y comunicación del hecho delictivo que se investiga); previniendo la victimización secundaria, así como la alteración de la prueba, con las interferencias inherentes al paso del tiempo, el propio desarrollo evolutivo de niños y niñas, la elaboración de la experiencia traumática vivida y la reiteración de actuaciones desde distintos ámbitos, valoramos que realizar la toma de declaración a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, como Pruebas Preconstituidas, en el proceso penal, satisface las necesidades de atención de menores de edad víctimas de este delito, a la vez que cumple con las garantías exigidas del derecho de defensa y principio de contradicción de la partes.
Cadena de Custodia de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal2, supone articular, y disponer lo
necesario, para dotar de validez a la toma de declaración como Prueba Preconstituida, de forma que se protejan todas las garantías procesales del investigado/a y/o acusado/a, a la vez que se protegen las necesidades particulares de la víctima, previniendo la revictimización y la invariabilidad de la prueba (el testimonio), atendiendo a su vez al principio de igualdad, equilibrando la posición de las partes en el proceso penal, puesto que la violencia sexual se produce desde una asimetría de poder hacia la víctima -personas menores de edad- y por tanto de especial vulnerabilidad (durante la comisión del delito, y también durante la investigación y enjuiciamiento del mismo).
La Prueba Preconstituida (en fase de Instrucción) es un instrumento factible en la legislación vigente, de accesibilidad a la Justicia para niños y niñas, y de prevención de la victimización secundaria en Violencia Sexual en la Infancia y Adolescencia3; garantiza el derecho ininterrumpido a la recuperación, que podría
verse alterado por la reiteración y rememoración de la experiencia traumática en distintos interrogatorios
2 Raquel Raposo Ojeda: La Prueba Preconstituida como Instrumento de Accesibilidad de Niños, Niñas y Adolescentes con
Discapacidad, durante el Proceso Penal, en Casos de Violencia Sexual. I Jornadas Técnicas: Violencia Contra Personas Menores de Edad con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. 12-13 de Noviembre de 2015.
3 Raquel Raposo Ojeda: “Justicia Accesible para Niños, Niñas y Adolescentes. Experiencia Práctica: La Prueba Preconstituida
como Instrumento de Accesibilidad durante el Proceso Penal, en Casos de Abuso Sexual Infantil”. Revista “Infancia, Juventud y Ley”, Nº 6 de 2015 (págs. 16-20). Ed.: Asociación Centro Trama. Madrid.
y/o en la vista oral. Asimismo, es posible la reproducción en sistema audiovisual de la declaración grabada como Prueba Preconstituida en el juico oral, aportando al Tribunal Juzgador “la inmediación” que la calidad de los medios técnicos empleados en fase de Instrucción y ante el Juez instructor pueden extrapolar en el tiempo, -a diferencia de la inmediación plena que aporta específicamente la práctica de la prueba anticipada ante el Tribunal juzgador-; no obstante, con menos interferencias que una demora temporal a su vez podría suponer para la práctica de la propia prueba (testimonio) durante el juicio.
La toma de declaración a niños, niñas y adolescentes como Prueba Preconstituida4, se conforma como un
instrumento de accesibilidad a la Justicia durante el proceso penal, realizada a través de la intermediación de un/a experto/a, con una entrevista específica y ajustada a las particularidades de cada víctima, siguiendo en todo momento las directrices del Juez instructor, en una sala adaptada al momento evolutivo y necesidades de las personas menores de edad, en el momento temporal idóneo para recoger su testimonio, con información previa al niño, niña o adolescente y a su familia sobre la dinámica a seguir durante la práctica de la prueba, en aras de preservar su derecho a la información durante todo el proceso, y con los medios audiovisuales (circuito cerrado de televisión), físicos (salas amigables), técnicos (entrevistas específicas y adaptadas a cada víctima, sistemas de grabación) y profesionales (expertos/as en infancia, maltrato, violencia sexual y técnicas de entrevistas) necesarios para cumplir con todas las garantías procesales (derecho de defensa y principio de contradicción de las partes, realizando cuantas preguntas estimen oportuna durante la práctica de la prueba a través del experto/a), con la asistencia de la Comisión Judicial, defensa y acusación particular si la hubiere, evitando la confrontación visual con el investigado, y puesto que se graba la toma de declaración en estas condiciones y mediante un sistema audiovisual –grabación siempre autentificada por el letrado de la administración de justicia, y Acta de la sesión- , posibilita su reproducción posterior en acto de Juicio Oral, tiempo después, salvando los perjuicios e interferencias que el paso del tiempo, las esperas en salas judiciales o la suspensión de la vista oral puede tener no solo para las víctimas menores de edad sino también para la obtención de su testimonio.
4 Raquel Raposo Ojeda: La Prueba Preconstituida como Instrumento de Accesibilidad de Niños, Niñas y Adolescentes con
Discapacidad, durante el Proceso Penal, en Casos de Violencia Sexual. I Jornadas Técnicas: Violencia Contra Personas Menores de Edad con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. 12-13 de Noviembre de 2015.
En conclusión, la protección a la Infancia y Adolescencia, supone una cadena de custodia coordinada y articulada mediante un procedimiento acordado y basado en la legislación vigente, de todos los intervinientes en la atención integral e intervención durante el proceso penal en delitos de violencia sexual contra personas menores de edad, a fin de garantizar el derecho a ser escuchados/as, atendiendo a las necesidades y limitaciones particulares de cada víctima, previniendo la victimización secundaria y cumpliendo con las exigencias y garantías procesales, a la vez que se pretende la invariabilidad de la prueba o testimonio (recogida adecuada y adaptada –prueba preconstituida-; procedimiento de preservación apropiado -evitando la multiplicidad de actuaciones con la víctima- y entrega o reproducción certificados o garantizados -haciendo uso a su vez de medios técnicos de calidad y oportunos-).
