La modificación del recurso de casación : documentos reunidos (2001-2012)

Texto completo

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VOLUMEN 3

LA MODIFICACIÓN DEL

RECURSO DE CASACIÓN

Documentos reunidos (2001-2012)

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ÓRGANO EJECUTIVO

Dr. Oscar Quintanilla Ponce de León Director General

Dra. Teresa Valverde Navarro Directora Académica

Lic. Miguel Angel Stucchi Britto Secretario Administrativo

Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a sus autores, y no

necesariamente reflejan los puntos de vista de la Academia de la Magistratura.

Nota de edición: Los documentos históricos contenidos en el texto, se trascriben sin corrección de estilo.

Prohibida la reproducción de este libro, por cualquier medio, total o parcialmente, sin la autorización por escrito de la Academia de la Magistratura.

Derechos reservados. D.Leg. Nº 822.

Primera edición, Lima, Perú, diciembre de 2013

1,000 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2013-14000 Cuidado de la edición: Sara Chávez Urbina

Diseño, Diagramación e impresión: Imprenta Victor Alejandro Pasache Córdova.

Av. República del Perú N° 776. Urb. Huaquillay. Comas. ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Jr. Camaná N° 669, Lima 1, Perú Teléfonos: (51-1) 428-0300 / 428-0265 Fax: (51-1) 428-0219

Internet. http://www.amag.edu.pe E-mail: postmast@amag.edu.pe

ÓRGANO RECTOR

Dr. Carlos Américo Ramos Heredia Presidente del Consejo Directivo

Dr. Duberli Apolinar Rodríguez Tineo Vicepresidente

Dr. Ramiro Eduardo De Valdivia Cano Consejero

Dr. Jacinto Julio Rodríguez Mendoza Consejero

Dr. Gonzalo Chávarry Vallejos

Consejero

Ing. Luis Katsumi Maezono Yamashita

Consejero

Dr. José Alejandro Suárez Zanabria Consejero

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PRESENTACIÓN ... 5

PRÓLOGO ... 7

PRIMERA PARTE. AVANCES HASTA EL 2010 Propuesta de reforma del Código Procesal Civil en materia del recurso de casación ... 11

Comentarios al proyecto de Ley N° 749/2006 ... 31

Proyecto modificatorio. Del recurso de casación contenido en el vigente Código Procesal Civil ... 35

El recurso de casación y su imprescindible reforma ... 43

Comisión Consultiva de la Presidencia del Poder Judicial ... 55

Modificaciones a la propuesta de reforma del 04 de julio de 2007 al capítulo sobre casación realizado por la Comisión Consultiva ... 59

Propuesta de reforma del capítulo sobre casación ... 75

Fundamentación breve de una reforma del recurso de casación ... 83

Proyecto de Ley N° 2881/2008-CR ... 86

Texto sustitutorio. Comentarios a la propuesta de Ley que modifica diversos artículos del Código Procesal Civil ... 106

Nueva propuesta de reforma del capítulo sobre casación ... 119

Comentarios a la Ley que redefine las competencias de la Corte Suprema y reforma el capítulo de casación del Código Procesal Civil ... 127

Propuesta de reforma del capítulo sobre casación ... 133

Ley N° 29364 ... 142

Crítica a las normas sobre casación reguladas en la Ley N° 29364 ... 149

SEGUNDA PARTE. AVANCES REALIZADOS DESDE EL 2011 HASTA EL 2012 Comisión Consultiva de la Presidencia del Poder Judicial ... 161

Propuesta de reforma del capítulo sobre casación ... 165

Comentarios a la propuesta de reforma del capítulo sobre casación presentado a la Comisión ... 175

Comentarios a los artículos Nos. 387 y 392 del Código Procesal Civil ... 184

Algunos comentarios sobre la reunión de la Comisión de Casación ... 188

Comisión Consultiva de la Presidencia del Poder Judicial ... 193

Propuesta de parte especial en materia penal ... 290

Modificaciones a la iniciativa legislativa: Proyecto de Ley de Casación ... 322

Texto normativo propuesto ... 343

ÍNDICE

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Modificaciones a la iniciativa legislativa del 19 y 26 de agosto ... 385 Iniciativa legislativa: Proyecto de Ley de Casación ... 415 Texto Normativo propuesto. Ley que regula el recurso de casación ... 433 Algunas precisiones al proyecto de la Comisión aprobado que conducen a un apartamiento respetuoso de la propuesta ... 524 Comentarios y posición alternativa respecto de algunos temas del proyecto aprobado ... 530 Anteproyecto de Ley de Casación ... 547

TERCERA PARTE. AVANCES REALIZADOS EN EL 2012

Comisión Consultiva de la Presidencia del Poder Judicial ... 581 Presidencia de la Corte Suprema. Comentarios al anteproyecto de ley que

regula el recurso de casación ... 618 Comisión Consultiva de la Presidencia del Poder Judicial. Proyecto ley general de casación... 659 Comentarios al anteproyecto de casación de la Presidencia del Poder Judicial .. 690 Proyecto Ley General de Casación ... 703 Comentarios al anteproyecto de ley de casación de 11 de junio de 2012 ... 745 Comisión Consultiva de la Presidencia del Poder Judicial. Anteproyecto ley

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PRESENTACIÓN

El Recurso de Casación ha sido materia especial de preocupación y debate durante los últimos tres lustros en el Perú. Si bien el asunto interpela a la sociedad en su conjunto

⎼pues el tema concierne a todo ciudadano que vive inmerso en el sistema democrático⎼

han sido los ámbitos legislativo y jurídico los directamente implicados y, por tanto, los que han venido aportado propuestas y proyectos.

La Academia de la Magistratura, por la naturaleza de su misión, figura obviamente en la primera fila de las instituciones que estudian y profundizan sobre el tema. Y en esa línea, era un imperativo para nuestro Fondo Editorial acoger y difundir los estudios al respecto de quien es, probablemente, el más autorizado investigador del Recurso de Casación en nuestro medio. En efecto, el Dr. Juan Monroy Gálvez, no sólo ha acopiado cuando proyecto o propuesta se ha presentado desde el año 2001, sino que también aporta la propuesta decantada de su propio Estudio jurídico, la que aquí aparece como punto culminante de este volumen bajo el título “Anteproyecto de Ley General de Casación”.

El profesor Monroy ha sido acucioso en relievar las contradicciones y fallas técnicas de la normativa existente en materia de casación civil, que si bien habría sido trabajada por una comisión emanada del Poder Judicial, fue desvirtuada al llegar al ámbito legislativo del Congreso de la República, teniendo como consecuencia el incumplimiento de esos enunciados normativos por tanto vigentes. Ya sabemos que eso ha pasado muchas veces durante nuestra historia contemporánea, pero esa constatación debe servir, justamente, para imponer un cambio de actitud. Aquí, es cuando la madurez académica debe hacer escuchar su voz.

Nuestro autor, integrante él mismo de una de las comisiones ⎼la última⎼ que nombró la presidencia del Poder Judicial para este menester, es consciente de las falencias y tropiezos de un proceso que aún no ha acabado y, al ser un actor que lo ha vivido desde dentro, está investido de la autoridad que otorga la experiencia sumada al manejo conceptual y filosófico de la materia jurídica. Al revisar estos documentos y atender las atingencias fundamentadas del estudioso, tenemos la impresión de estar ad portas de una pieza legal a la altura de la sociedad democrática del siglo XXI en materia de Recurso de Casación.

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de Justicia y a los ciudadanos en general, a reflexionar, profundizar y aportar a una materia que debe definirse pronto.

DR. CARLOS RAMOS HEREDIA

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PRÓLOGO

El tema de la producción legislativa en el Perú, y probablemente en muchos países sudamericanos, constituye un enigma. Los presupuestos teóricos de la democracia representativa han estallado delante de nosotros con singular estridencia. Así, el Legislativo no legisla y tampoco sus miembros constituyen la clase dirigente apta para concretar reformas legislativas que conduzcan al bien común y al bienestar general. Todo esto solo constituye una utopía propia de las democracias formales.

A pesar del estruendo producido por la debacle de la doctrina de la separación de poderes, los juristas suelen actuar como si esta explosión no hubiera ocurrido. Se trata de una insensibilidad consciente que constituye una peligrosa manifestación político-ideológica de la táctica del avestruz. En la práctica expresa la mejor manera de defender el statu quo. Lo descrito, por ejemplo, permite tener una representación política que solo se preocupa de su provecho personal o del de su orientación partidaria, para lo cual, solo debe estar atenta para cuando sea requerida, a fin de lograr la seguridad jurídica, entendida como orden y paz que expresan ideales de un sistema social que define y rechaza simultáneamente cualquier reclamo social como acto pernicioso o subversivo.

El sistema legal, sub-especie del Derecho, al cual queda reducido este en los llamados países emergentes, es un poderoso instrumento de control y manipulación social. Exacerbada hasta el extremo la “virtud” del cumplimiento de la ley, se produce un grosero caso de “legitimación por el origen”. Así, se presume que la ley es perfecta y buena, lógica y axiológicamente, por el solo hecho de haber sido elaborada respetando los requisitos formales. Por tanto, se entiende que las conductas que promueve o prohíbe son las que la sociedad necesita. Solo un desvelamiento tardío permite descubrir que sus “bondades” suelen ser, muchas veces, un perjuicio más que una disposición razonable.

El presente documento de trabajo, contiene una descripción detallada y cronológica de los esfuerzos de cambio que se han realizado en sede nacional a fin de contar con un sistema casatorio a la altura de nuestras necesidades.

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A lo dicho se debe agregar una desgracia que, en el caso nacional, ha determinado una situación desmedidamente injusta e irrazonable. A la fecha contamos con una normativa en materia de casación civil respecto de la cual sus autores, por sobradas razones, han preferido gozar de los serenos privilegios del anonimato. Si bien fue, aparentemente, elaborada en el Congreso, se trata de un proyecto que venía siendo trabajado por una comisión nombrada por el Poder Judicial. En el presente trabajo se advertirá cómo, de manera improvisada y poco seria, el proyecto fue tomado por la Comisión de Justicia del Congreso quien, sin ningún criterio técnico, amputó aspectos sensibles de éste y diseñó un cuerpo normativo singular por lo contradictorio e inútil. Prueba de ello es que sus enunciados normativos están vigentes pero no se cumplen. Fiel demostración de sus graves limitaciones. La crónica de este desgraciado evento es parte de este documento de trabajo.

También toman parte de este documento los esfuerzos de la Presidencia del Poder Judicial (2007 y 2008) por concretar un proyecto de reforma casatoria sustentable. Lamentablemente fueron estos esfuerzos los que fueron pervertidos para producir la norma que hoy está vigente.

Igualmente constituyen parte esencial de este documento, los esfuerzos de la misma Presidencia, pero de los años 2011 y 2012, por concretar una Ley General de Casación. El presente trabajo reproduce los documentos que elaboró la Comisión nombrada para tal efecto. También los esfuerzos de la Presidencia para, aparentemente, sobre el trabajo de la Comisión, crear un documento alternativo y conforme a su perspectiva de lo que constituye el recurso de casación.

Complementa el trabajo los comentarios que el suscrito, como miembro de la Comisión que elaboró el proyecto, realizó -a pedido del Presidente del Poder Judicial- a los dos proyectos elaborados por la misma Presidencia. En ambos comentarios se busca, esencialmente, esclarecer el hecho de que los proyectos comentados no guardan relación con el proyecto elaborado por la Comisión y, en segundo lugar, tal vez el aspecto más importante del comentario, que la propuesta es tanto o más perniciosa para el sistema de justicia de nuestro país que lo que actualmente tenemos. Es decir, en materia de defecciones, el proyecto final de la Presidencia del Poder Judicial logró “más” de lo que se podía esperar de cualquier aventura legislativa.

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Un agradecimiento especial a la Academia de la Magistratura por el empeño en difundir este documento de trabajo, consciente de la trascendencia que tiene para el sistema judicial contar con una Corte Suprema que no solo oriente el pensamiento jurídico del país sino que, además, provea líneas vectoriales sobre sus valores sociales y vías alternativas para concretar una sociedad auténticamente democrática, esto es, igualitaria y solidaria.

Lima, enero de 2013

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PRIMERA PARTE

AVANCES HASTA EL 2010

Dr. Juan F. Monroy Gálvez 09 de enero de 2001

PROPUESTA DE REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN MATERIA

DEL RECURSO DE CASACIÓN

“Artículo 386.- Causales.- Son causales para interponer recurso de casación:

1. La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso o la infracción de las formas esenciales para la validez y eficacia de los actos procesales; 2. La aplicación indebida o interpretación errónea de una norma de derecho material,

así como de la doctrina jurisprudencial;

3. La inaplicación de una norma de derecho material;

4. La expedición de decisiones judiciales absurdas o arbitrarias; o 5. El error evidente en la calificación normativa del hecho.

Cuando se interponga el recurso por más de una causal y de una de ellas fuese la prevista en el inciso 1., ésta se propondrá como principal y las otras serán subordinadas.

Está incluida dentro de la causal de aplicación indebida prevista en el inciso 2, la situación descrita en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución.”

“Artículo 387.- Requisitos de forma.- El recurso de casación se interpone:

1. Contra las resoluciones enumeradas en el artículo 385, salvo las recaídas en procedimientos no contenciosos;

2. Si la pretensión discutida no tiene estimación patrimonial o ésta es superior a quinientas Unidades de Referencia Procesal;

3. Dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, acompañando el recibo de pago de la tasa respectiva; y

4. Ante el órgano jurisdiccional que expidió la resolución impugnada”.

“Artículo 388.- Requisitos de fondo.- Son requisitos de fondo del recurso de casación: 1. (...)

2. Que se precise la causal invocada pero, sobre todo, que se fundamente en qué ha consistido la infracción legal y, según sea:

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2.2. Cuál es la norma material debidamente aplicable, cuál es la interpretación correcta de la norma material aplicable o cuál es la doctrina jurisprudencial no seguida, en el caso del inciso 2. del artículo 386;

2.3. Porqué la norma utilizada es inaplicable, en el caso del inciso 3. del artículo 386; 2.4. En qué ha consistido el razonamiento absurdo o la arbitrariedad de la decisión; o 2.5. En qué ha consistido el error en la calificación del hecho.

3. Que se describa la manera cómo el error ha afectado el sentido de la decisión impugnada”.

“Artículo 392.- Improcedencia del recurso.- Igualmente, antes de la vista de la causa, la Sala aprecia el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 388. El incumplimiento de alguno de ellos da lugar a la declaración de improcedencia debidamente fundamentada. En atención a la trascendencia que puede tener su decisión para casos futuros, la Sala puede hacer uso de la facultad concedida en el segundo párrafo del artículo 400”.

“Artículo 393.- Efectos y tramitación del recurso.- El recurso de casación no tiene efecto suspensivo, salvo en los casos en que la ejecución de la resolución impugnada contenga actos de irreversibilidad fáctica. La ejecución total o parcial, si procediera esta última, se realiza a pedido de parte, quien debe acompañar copia certificada de la sentencia impugnada y proponer una garantía a ser aprobada por el Juez de la demanda. Antes de conceder la ejecución forzada, el Juez requerirá al demandado el cumplimiento de la sentencia dentro del plazo de cinco días. Si se casara la sentencia que se ejecutó, el ejecutante devolverá la prestación obtenida y será responsable por los daños que la ejecución haya generado, así como las costas y costos.

Declarado admisible el recurso, la Sala tiene veinte días para apreciar y decidir su procedencia. La resolución que declara procedente el recurso, fija el día y la hora para la vista del caso. La fecha fijada no será antes de los quince días de notificada la resolución con que se informa a los interesados”.

“Artículo 396.- Efectos de la sentencia fundada.- Si la sentencia declara fundado el recurso, la Sala debe completar la decisión de la siguiente manera:

1. Si se trata de las causales precisadas en los incisos 2 y 5 del artículo 386, revoca la resolución impugnada y, además, resuelve según corresponda al conflicto de intereses.

2. Si se trata de las causales precisadas en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 386, declara la nulidad de la resolución impugnada y que la Corte Superior expida nuevo fallo o, alternativamente a este mandato, declara, según sea el caso:

2.1. Nulo lo actuado hasta el folio en que se cometió el vicio que determinó la casación de la sentencia;

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2.3. Nula la sentencia apelada y todo lo actuado hasta la foja en que se cometió el vicio que determinó la casación de la sentencia, desde donde deberá reiniciarse el proceso;

2.4. Nulo todo lo actuado, inadmisible o improcedente la demanda y concluido el proceso.

En cualquiera de estos casos, la sentencia casatoria tendrá fuerza obligatoria para el órgano jurisdiccional inferior.”

“Artículo 400.- Doctrina jurisprudencial, pleno casatorio y publicidad.- Cuando una de las Salas, en atención a la trascendencia del caso a ser resuelto, solicite al Presidente de la Corte Suprema la convocatoria a Sala Plena, éste citará a los jueces supremos a fin de discutirlo y resolverlo.

Cuando la Sala Plena resuelve un recurso con la mayoría absoluta de los asistentes al Pleno, propone la tendencia predominante en la materia jurídica decidida, adquiriendo la decisión la calidad de doctrina jurisprudencial, por lo que obliga a todos los órganos jurisdiccionales del Estado.

Cualquier órgano jurisdiccional inferior que se aparte de doctrina jurisprudencial establecida, debe sustentar expresamente los fundamentos de su decisión. Cuando el apartamiento de la doctrina jurisprudencial esté contenido en alguna de las resoluciones previstas en el artículo 385, procede recurso de casación.

El recurso de casación por apartamiento de la doctrina jurisprudencial es decidido por la sala de casación competente siempre que ésta acuerde declararlo improcedente o infundado. Si la sala considera que el recurso debe ser declarado fundado, solicita al Presidente de la Corte Suprema convoque a Sala Plena. Si ésta declara fundado el recurso, la sentencia constituye doctrina jurisprudencial y reemplaza a la anterior.

El texto íntegro de las sentencias casatorias y de las resoluciones que declaran improcedente el recurso, que a criterio de la Comisión de Publicación formada y presidida por el Presidente de la Corte, ilustren a la comunidad jurídica y nacional, se difundirán en una publicación mensual editada por el diario oficial y dedicada exclusivamente a la actividad casatoria.”

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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN PROPUESTO

De manera genérica podemos afirmar que el recurso de casación en sede nacional presenta falencias que están afectando su eficacia. Esta situación se debe, básicamente, al hecho de que viene siendo sobreutilizado. No sólo porque el abogado nacional viene considerando que se trata de una instancia más, sino porque la materia impugnatoria siempre ha sido un excelente medio para la prolongación “legal” de los procesos.

Por otro lado, las trascendentes funciones que debe cumplir una Corte de Casación en un Estado democrático no se vienen dando en el Perú. Pero tal situación no puede serle imputable a la Corte, en tanto una organización judicial absorba la condena -como en muchos países del mundo- a una demora irrazonable. Esta parece ser la razón por la que el recurso se ha formalizado excesivamente, las Salas se defienden así del ingente número de procesos que ingresan a sus despachos.

En definitiva, el actual recurso de casación no está sirviendo para lo que fue diseñado. Ni siquiera se advierte su función didáctica, la que debe ser consecuencia de la obtención de sus fines extraprocesales.

El proyecto pretende superar las limitaciones descritas, haciéndolo menos exigente en términos formales pero buscando como meta ideal, reducir el número de procesos que acceden a la Corte Suprema.

Art. 386.- En el tema de las causales es imprescindible ampliar las posibilidades de actuación de la Corte. Está claro que el objetivo es un ajuste en los mecanismos de acceso que eviten la masificación del trabajo y con ello la obtención de los fines del recurso. Así, es importante un control del proceso lógico empleado por la resolución judicial y, por otro lado, se debe controlar también que la actuación jurisdiccional carezca de fundamentación; nos referimos a las hipótesis de lo absurdo y de lo arbitrario, respectivamente.

Se tiende, equivocadamente, a considerar que toda referencia al hecho constituye un tema absolutamente ajeno a la casación y sus causales. Ello no es exacto, como tampoco lo es que se pueda hacer la separación entre el hecho y el derecho con la misma simplicidad con que se la describe. En todo caso, es irrefutable que en razón de su importancia no corresponde que la Corte de Casación deba volver a sostener una discusión sobre los hechos afirmados o como fueron apreciados. Sin embargo, una calificación de un hecho puede ser producto del empleo de una norma que no es la debida o que siéndolo no se le da la interpretación que corresponda. En este caso, cuando se trata de la calificación del hecho no se está discutiendo el hecho sino la calificación propuesta por el órgano jurisdiccional y, en tal calidad, nos parece perfectamente pasible de ser discutida en casación.

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referida a un error de actividad y luego, sólo si ésta no es amparada, pasar al análisis de las causales referidas a un error de juicio.

Finalmente se actualiza la norma constitucional citada.

Art. 387.- Se precisa el ámbito de las resoluciones pasibles de recurso, descartándose las recaídas en procedimientos no contenciosos con el fin de reducir el número de procesos que acceden a la Corte. Por la misma razón se coloca un límite patrimonial a los procesos susceptibles de estimárseles tal contenido.

Art. 388.- Es mucho más importante que exigirle al justiciable una determinación rigurosa de la causal en que sustenta el recurso, que fundamente en qué ha consistido la infracción normativa. Por otro lado, parece indispensable corregir algunos errores en los que se ha venido incurriendo al momento de determinar la causal invocada. Se confunde la aplicación indebida con la inaplicación, tanto, que se cree que son lo mismo o que una es antecedente de la otra.

Art. 392.- Así como la doctrina jurisprudencial en materia de derecho material es importante, no deja de serlo en materia procesal. Por esa razón, resulta de la mayor trascendencia que la comunidad jurídica sepa los casos en los que no es procedente el recurso. Desde una perspectiva práctica y de eficacia social del recurso, saber cuándo la Sala no dará trámite al recurso es tanto o más importante que conocer cuando resuelve el fondo. De allí la propuesta de que la Corte Suprema expida fallos plenarios en materia de procedencia del recurso y se publiciten según se propone en el artículo 400.

Art. 393.- Esta es la propuesta más importante desde la perspectiva del fin que se pretende. No es un descubrimiento que el recurso de casación viene siendo usado regularmente con un propósito dilatorio. Se trata de ganar tiempo a costa del prestigio del Poder Judicial. Esto debe ser eliminado. Creo que es indispensable eliminar el carácter suspensivo del recurso. Por cierto, es necesario establecer los casos en los que tal situación no ocurre. Y aún más, es necesario exigir a quien pretenda ejecutar una sentencia impugnada en casación, que preste garantía para la hipótesis de que el recurso se declare fundado y se deba retrotraer lo ejecutado. Los derechos se ejercen, enseñaba Carnelutti, como producto de una mezcla de libertad con responsabilidad. Si alguien puede ejecutar una sentencia impugnada, debe ser consciente que su facultad está impregnada de un deber del que no puede sustraerse.

Art. 396.- Se propone regular la diferencia entre el efecto rescisorio y el efecto revocatorio. Cuando la Sala rescinde, anula; pero cuando revoca, además de declarar la ineficacia de la resolución, sustituye su contenido por el que considera adecuado. Las hipótesis de actuación de la Corte deben ser afinadas y hacia ello se dirige el articulado propuesto.

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y cambio social. Además, es imprescindible que esta actuación esté provista del mayor grado de publicidad y calidad. El proyecto le otorga la dinámica necesaria a la doctrina jurisprudencial evitando se anquilose ante la fuerza del cambio social.

Art. 542.- Una necesidad exagerada de afirmar su importancia, ha determinado que muchos órganos administrativos hayan decidido, aprovechando la laxitud de la norma comentada, que la revisión judicial de sus decisiones sólo debe ocurrir utilizando los grados más elevados de la jurisdicción.

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17 ConsultivaDela PresiDenCiaDel PoDer JuDiCial

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31 Dr. Juan F. Monroy Gálvez

05 de enero de 2007

COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY NO. 749/2006

CUESTIONES PREVIAS

- Estuve en la comisión que redactó el Código vigente. Sin embargo, estoy convencido de la necesidad impostergable que se hagan modificaciones.

- Modificaciones que persigan fines concretos. En el caso de la casación: hacer de la Corte Suprema el órgano encargado de marcar las tendencias interpretativas respecto de los valores sociales discutidos en la sociedad.

- Para ello la Corte: a) No puede resolver 25,000 casos al año;

b) No puede seguir expidiendo sentencias contradictorias porque no es una Corte sino varias salas con distintas conformaciones; c) No puede ser órgano de primer, segundo y hasta tercer grado; d) No puede seguir siendo un órgano incomunicado respecto de

los otros órganos jurisdiccionales y, sobre todo, respecto de la Comunidad.

- El proyecto en comentario carece de un fin específico a conseguir. Aún más, soy abogado en ejercicio y al margen de lo que pudiera querer para mi país la concreción de este proyecto le vendría bien a mi Estudio. Esto debido a que aumenta el grado de confusión sobre los conceptos utilizados; oscurece el recurso haciéndolo más sofisticado sin que haya una razón para ello. En pocas palabras, mejora el negocio. Sin embargo, avalarlo sería asumir una conducta egoísta, además de cínica.

COMENTARIOS ESPECÍFICOS 1. Art. 384

- No es la ley, es el derecho objetivo (los principios, los convenios colectivos, los decretos de urgencia o los decretos legislativos). En realidad todo enunciado normativo que sustente una pretensión o una defensa y haya sido acogida en una resolución determinada es pasible de casación.

- Dice el Proyecto comentado: “corrigiendo los errores que en las Cortes Superiores o en los Juzgados Especializados o Mixtos se incurra por la falsa o errónea interpretación de la norma material aplicada o inaplicada al caso bajo juzgamiento”.

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 Cuando declara infundado un recurso, no corrige error y ¿acaso no realizó función casatoria? Es como decir que cuando la demanda es infundada no hubo proceso.

 Las ‘Cortes Superiores’ en el Perú no realizan función jurisdiccional, son las salas.

 El recurso de casación ataca la resolución de la sala superior que pone fin al proceso, ¿cómo va a corregir los errores del juzgado especializado como acto directo?

 ¿Cuál es la diferencia entre falsa y errónea interpretación? La causal casatoria conocida es la interpretación errónea, ¿Cuál es la falsa? Sobre todo si falso deriva de fallere, que también origina faltar. Falsa interpretación es aquella que no se ha hecho y si no se ha hecho es o porque se ha hecho otra y por tanto es errónea, o, es que no se ha hecho ninguna y por tanto no hay interpretación que atacar.

 Habría una falsa o errónea interpretación de la norma material aplicada o inaplicada al caso. Pregunta: ¿cómo se produce una falsa o errónea interpretación de la norma material inaplicada? Sobre todo si NO SE APLICÓ.

- También dice el Proyecto: “La corrección de los errores de procedimiento, por quebrantamiento esencial de la forma, que constituyan real afectación de las garantías constitucionales de la administración de justicia, del debido proceso legal y la tutela judicial efectiva, siempre que no sea posible la subsanación sin la afectación de los principios ya enunciados”.

 La Corte de Casación JAMÁS corrige los errores de procedimiento. Sólo los identifica, anula y REENVÍA.

 Hay un lenguaje legislativo que es una sub-especie del lenguaje jurídico, el cual puede ser doctrinal, persuasivo o de otro tipo. Este tiene que estar libre de ambigüedades, ser preciso, claro y, sobre todo, contar con la información técnica necesaria para consolidarse como mandato.

 ¿Qué es quebrantamiento esencial de forma? ¿de la forma de qué? ¿del proceso? ¿de la norma? ¿cuándo es esencial el quebrantamiento? Me imagino cuando no es subsanable, pero debe ser otra cosa porque eso ya se dice unas líneas después, salvo que el párrafo, además de oscuro, sea tautológico.

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2. Art. 385: Procede casación contra:

- “1. Las sentencias expedidas en segunda instancia por las Cortes Superiores en los procesos de conocimiento, procesos abreviados y procesos de ejecución.”

 El concepto ‘segunda instancia’ es ajeno a la realidad judicial peruana; jamás ha existido. Instancia es el ámbito en donde se proponen pretensiones, defensas, medios probatorios. Nuestros segundos grados no han sido ni son de ‘instancia’, son de ‘revisión’. Es más apropiado decir ‘segundo grado’. Coloquialmente se dice lo que sea con tal de ser entendido pero eso no se puede hacer cuando se legisla.

 Los procedimientos en la vía de conocimiento pueden ser plenos, abreviados y sumarísimos. Entonces, ¿cómo es eso de procesos de conocimiento y abreviados? Si se quiso dejar fuera a los sumarísimos se debió decir pleno, abreviado y de ejecución. Da la impresión de que no se conoce el Código pero se le quiere reformar.

 ¿Qué se soluciona? Conozco las estadísticas, no serán más del 10% los sumarísimos que van en casación. El criterio para reducir sustancialmente los ingresos a la Corte Suprema es otro, evitar el acceso de las sentencias de condena. Es una propuesta que la dejo hoy y si la Comisión lo tiene a bien, podría revisarla y sustentarla. Me refiero a una propuesta que en un tiempo relativamente corto puede reducir el ingreso de procesos a casación de 25,000 a menos de 1,000. Es decir, una reforma en serio.

 En el Código vigente hay un error que produce densidad de casos. Todas las sentencias de las salas superiores son susceptibles de recurso. Sólo deben serlo las que ponen fin al proceso, es decir, no las que retornan, ordenan un medio probatorio o lo que fuese. Sin embargo, este cambio indispensable para reducir el flujo de procesos no se realiza.

- El Proyecto dice: “2. Las demás resoluciones expedidas por las Cortes Superiores

que, en grado de apelación, ponen fin al proceso en los procesos de conocimiento,

procesos abreviados y procesos de ejecución.”

 ¿Cuáles son las demás resoluciones que las salas superiores pueden expedir poniendo fin al proceso? Sólo UNA: EL AUTO. Entonces, ¿para qué una construcción tan frondosa?

 Aquí se dice resoluciones expedidas ‘en grado de apelación’; en el párrafo anterior se dice ‘expedidas en segunda instancia’. ¿Cuál es la diferencia entre ‘grado de apelación’ y ‘expedida en segunda instancia’ cuando nos referimos a un mismo órgano, la Sala Superior? NINGUNA. Es decir, SE USAN DISTINTAS PALABRAS PARA DECIR LO MISMO. ¿Y la técnica legislativa?

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- Dice el Proyecto: “3. En todos los demás procesos, incluidos los procesos y medidas cautelares, cualquiera sea su denominación, modalidad o tipología, sólo se podrá conceder recurso de casación por vía de la Queja de Derecho, siempre que, denegado el recurso de casación por la Corte Superior, la Corte Suprema declara fundada la correspondiente Queja de Derecho en uso de la facultad discrecional de que está investida conforme el Artículo 384 del presente Código; y”

 Cuando dice: “En todos los demás procesos…”, ¿a cuáles se refiere? Por cierto sólo a uno, al que quedó fuera, al sumarísimo. Los demás no son procesos, sólo procedimientos. Pero este no es el lugar para marcar la diferencia.

 Cuando dice: “incluidos los procesos y medidas cautelares cualquiera sea su denominación”, ¿qué habrá querido decir? ¿Cuáles son los procesos cautelares –en realidad procedimientos- que no acaban en medidas cautelares? Y si no acaban, ¿deben ir a la Corte Suprema? ¿a aumentar el flujo?

 Las Salas Superiores sólo deniegan por inadmisibilidad, jamás por improcedencia. Entonces, ¿cómo va a haber queja de derecho por defecto de forma?

 Se incorpora una facultad discrecional de la Corte Suprema prevista en el Art. 384. Sin embargo, éste no contiene ninguna facultad.

- El Proyecto: Art. 391: “La Corte Suprema decidirá discrecionalmente y en resolución motivada, la procedencia o improcedencia del recurso de casación

conforme a sus fines descritos en el Art. 384 del presente Código”

 Nótese la ambigüedad, la Corte actúa “discrecionalmente” pero debe ‘motivar’. Es imposible que actúe simultáneamente con discreción y motivando. En el primer caso, es su impresión, su buen juicio, como actúa un jurado, por eso no motivan. En el segundo, actúa como un juez de derecho. ¿Qué es exactamente lo que se pretende? - Finalmente dice el Proyecto: “La discrecionalidad de la Corte Suprema sólo

tendrá por límites la razonabilidad de sus resoluciones con fundamento en la Constitución y las leyes de la República.”

 ¿Quién va a decidir si ha habido o no un exceso?, ¿se podrá ir al Tribunal Constitucional?

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35 Dr. Carrión luGo 08 de enero de 2007

PROYECTO MODIFICATORIO DEL RECURSO DE CASACIÓN CONTENIDO

EN EL VIGENTE CÓDIGO PROCESAL CIVIL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANÁLISIS DE LA CASACIÓN CIVIL ACTUAL

Para determinar la concepción que un ordenamiento jurídico procesal ha recogido sobre un medio impugnatorio, como es el caso de la casación, hay que analizar sus finalidades fijadas en el Código y las causales que se han concebido.

Tratándose de las finalidades del recurso, nuestro ordenamiento procesal civil recoge los que en doctrina y en la legislación comparada se señalan como esenciales, sin que eso signifique que no existan otras finalidades. El Código Procesal Civil recoge como finalidades esenciales la unificación de los criterios de decisión, la correcta aplicación del derecho positivo y la justicia en el caso concreto.

Tratándose de las causales del recurso es pertinente señalar que las previstas por el Código Procesal Civil son las que con frecuencia se presentan en la práctica, divididos en tres grupos: a) Las que tienen que ver con los errores in indicando. b) Las que tienen que ver con los errores in procedendo. c) Las que tienen que ver con el error en la aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Lo que se hace en el presente proyecto es reordenarlas.

II. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO MODIFICATORIO

En principio, anotamos que este proyecto tiene por finalidad esencial reestructurar la normatividad pertinente para hacer que el recurso de casación en lo civil no sólo sea eficaz para la correcta aplicación del derecho, dentro de él el correspondiente al derecho positivo, sino también como una herramienta procesal útil para la correcta administración de justicia.

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En ese sentido, los principales objetivos concretos del presente proyecto son reordenar las causales, limitar el acceso indiscriminado al recurso de casación, recusar la casación para recalificar los hechos aportados al proceso por las partes, posibilitar la producción de la doctrina jurisprudencial normativa, determinando los mecanismos adecuados para su desarrollo y producción, tanto en las Salas Casatorias como en los Plenos Casatorios. Como es de público conocimiento de los operadores del derecho, la Corte Suprema de Justicia en nuestro país se viene convirtiendo, paulatinamente, en Corte de Casación, en la que la función esencial de la misma es y será el conocimiento del recurso de casación en las distintas materias del derecho y en esa tarea el ejercicio de la función jurisdiccional. En la futura Ley Orgánica del Poder Judicial se hablará, por tanto, de Corte de Casación.

En ese sentido se proponen modificaciones de las reglas que regulan el recurso de casación en las áreas de derecho en las que rige dicho medio impugnatorio, con el propósito, naturalmente, no sólo de mejorar su manejo, sino que se cumplan a cabalidad con las finalidades que el propio ordenamiento señala sobre el recurso.

En materia civil propondremos algunas modificatorias como las siguientes:

a) Limitaciones en el concesorio del recurso. Una de las políticas en esta materia es limitar la llegada indiscriminada de procesos en casación a la Corte Suprema, que aumentan, en muchos casos, de modo indebido, la carga procesal. En asuntos cuantificables en dinero debe recurrirse a la fijación de la cuantía para el concesorio del recurso, para de ese modo evitar que lleguen a la Suprema asuntos que, por su cuantía, son insignificantes. Con la limitación del concesorio del medio impugnatorio se trata también de evitar la dilación dolosa del proceso encareciendo el costo del litigio, no obstante el escaso valor del asunto controvertido. Para ello debe fijarse una cuantía para el concesorio del recurso. Asimismo propiciamos que cuando se trate de sentencias ejecutables, si las decisiones de primera y segunda instancia amparan la demanda sobre el fondo del asunto, el recurso debe concederse sin efecto suspensivo, de modo que la decisión pueda ejecutarse, exigiéndose al interesado para el efecto la presentación de una garantía efectiva.

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c) Producción de doctrina jurisprudencial normativa por las propias Salas en casación. Propiciamos, de modo excepcional, en vía del recurso de queja por denegatoria del medio impugnatorio, dependiendo de la naturaleza del asunto, la procedencia del recurso de casación de modo discrecional, cuando se advierta vacíos en la legislación, cuando ésta sea compleja, obscura o contradictoria, con el propósito de que la Corte de Casación produzca doctrina jurisprudencial de naturaleza normativa, cuyas decisiones que los contenga sean vinculantes.

d) En el concesorio del recurso de casación la discrecionalidad no es recomendable por una serie de razones: ya no tendría razón de ser que la legislación fije las causales para el concesorio. Si se fijan las motivaciones para concederse el recurso no podría operar la discrecionalidad, como algunos proponen. Si se aplicara este criterio el concesorio podría sujetarse a la voluntad tal vez arbitraria de los Magistrados supremos o a otros factores no necesariamente jurídicos.

III. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

El examen vinculado al costo-beneficio conduce a sostener qué es favorable a la implementación del presente proyecto modificatorio del recurso de casación. Es que se proponen mecanismos para limitar la llegada indiscriminada de procesos a la Corte Suprema en vía de casación y procedimientos para la producción de la doctrina jurisprudencial, que son fórmulas para unificar criterios de decisión.

No podemos negar que hoy en día, no obstante que aparentemente las Salas Civiles Supremas sólo se dedican a corregir errores en la aplicación del derecho y errores en el procedimiento, ellas producen doctrina jurisprudencial, faltándoles la fórmula propuesta para hacerlas vinculantes.

Rechazamos la discrecionalidad para el concesorio del recurso porque todavía no estamos en condiciones de desterrar la influencia de una serie de factores ajenos al derecho que podría influir en la decisión concesoria. Por ello se han concebido las motivaciones que el recurrente puede invocar. Con la discrecionalidad se llegaría incluso al estado de que la presión de los propios litigantes haga variar el criterio de las Salas. No hay explicación razonable de que el uso de la discrecionalidad en el concesorio baje el costo del servicio judicial y el rendimiento de las Salas sea más alto. El peligro está también en que se politice el recurso.

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CAPITULO IV CASACIÓN

Modifíquese los Arts. 384, 385, 386, 388, 389, 390, 392, 394, 396 y 400 del Código Procesal Civil, los que tendrán el siguiente texto:

Art. 384. Fines del recurso de casación.- Las Salas Civiles de la Corte Suprema conocen de los recursos de casación que se proponen en los procesos correspondientes con sujeción a las reglas que este Código establece.

En tal sentido, constituyen fines esenciales del recurso los siguientes: la unificación de los criterios de decisión en la aplicación del derecho al resolver los conflictos y la corrección de los errores en que incurren las Salas Superiores al aplicar el derecho en la solución de las controversias, propiciando la correcta aplicación e interpretación de la norma de derecho correspondiente.

Art. 385. Resoluciones contra las que procede el recurso.- Sólo procede al recurso de casación contra:

1. Las sentencias expedidas en revisión por las Salas correspondientes de las Cortes Superiores en los procesos de cognición y en los siguientes procesos de ejecución: ejecutivo y de ejecución de garantías.

2. Los autos expedidos por las Salas respectivas de las Cortes Superiores en grado de apelación que ponen fin definitivamente al litigio en los procesos mencionados en el anterior inciso.

3. Las resoluciones, distintas a las señaladas en los incisos precedentes, emitidas también en revisión, cuando la Sala de Casación lo decida de modo excepcional y discrecional y cuando considere necesario su concesión para producir doctrina jurisprudencial normativa de naturaleza vinculante para las instancias de mérito, especialmente cuando hayan vacíos en la legislación o ésta es confusa o incongruente o contradictoria. La resolución que fija doctrina jurisprudencial normativa será publicada por orden del respectivo Presidente de la Sala Civil de Casación, con la sumilla respectiva, indicando que el mismo es de obligatorio cumplimiento por las instancias jurisdiccionales, bajo apercibimiento de procederse a la anulación de la resolución que se dicte en contravención del principio fijado.

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3. Las resoluciones que la ley señale expresamente.

Art. 386. Causales del recurso de casación. Son causales para interponer el recurso de casación, con el objeto de corregir los errores respectivos, las siguientes:

1. La aplicación de una norma de derecho material y/o de la doctrina jurisprudencial normativa de la misma naturaleza impertinente para resolver el litigio, siempre que ellas hayan sido vitales para dirimir la controversia, la excepción o la articulación.

2. La inaplicación de una norma de derecho sustantivo y/o de la doctrina jurisprudencial normativa de la misma naturaleza pertinente al caso.

3. La interpretación errónea de una norma de derecho material y/o de la doctrina jurisprudencial del mismo carácter aplicados al caso materia del recurso.

4. La contravención de normas jurídicas constitucionales o legales trascendentes que garantizan el derecho al debido proceso.

5. La errónea aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las leyes a que se refieren los artículos 138 de la Constitución y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desarrollada o ratificada por la Sala Superior al resolver la causa, siempre que la decisión respectiva no haya sido objeto de la consulta correspondiente.

Art. 387.- Requisitos de forma.- Sigue vigente el texto original.

Art. 388. Requisitos de fondo.- Son requisitos de fondo del recurso de casación:

1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución que le ha sido adversa en primera instancia cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso de casación.

2. Que se fundamente el medio impugnatorio con claridad y precisión, expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 386 se sustenta.

3. Tratándose de la causal prevista en el inciso 1 del numeral 386 el recurrente debe precisar las razones por las cuales considera impertinente la norma o doctrina jurisprudencial aplicada en la resolución impugnada.

4. Tratándose de la causal prevista en el inciso 2 del artículo 386 el impugnante debe explicar la pertinencia de la norma o de la doctrina jurisprudencial que considera aplicable al caso.

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material o de la doctrina jurisprudencial aplicada y precisar porqué considera errada la interpretación consignada en la resolución cuestionada.

6. Tratándose de la causal prevista por el inciso 4 del artículo 386 el impugnante debe indicar la norma jurídica trascendente que garantiza el derecho al debido proceso que considera violada o describir la formalidad procesal esencial infringida.

7. Tratándose de la causal prevista por el inciso 5 del artículo 386 el impugnante debe explicar la incorrección del control difuso de la constitucionalidad de la norma jurídica que a su criterio ha desarrollado la Sala Superior.

El recurso que no cumpla con las exigencias procesales señaladas en los incisos precedentes será rechazado liminarmente por improcedente.

Art. 389. Reglas especiales para el concesorio del recurso.- El recurso será concedido sin efecto suspensivo si las dos sentencias de mérito hayan resuelto uniformemente la causa sobre el fondo de la controversia, amparando la demanda y cuando se trate de una decisión ejecutable. En caso contrario será concedido con efecto suspensivo.

Sin embargo, para la ejecución de la sentencia, el Juez exigirá la presentación de una garantía efectiva suficiente que cubra el daño que pudiera sufrir el impugnante en casación como consecuencia de la ejecución de la resolución en caso de que prospere su recurso.

Asimismo, tratándose de asuntos apreciables en dinero, sólo procede el recurso cuando la cuantía del petitorio de la demanda, por todo concepto, supere las 100 Unidades de Referencia Procesal.

Art. 390. Inadmisibilidad del recurso.-La Sala Superior ante la cual se interpone el recurso apreciará la observancia de los requisitos establecidos en el artículo 387. El incumplimiento de alguno de ellos dará lugar a la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Art. 391.- Nulidad de la resolución que admite el recurso.- Sigue vigente el texto original.

Art. 392.- Procedencia o improcedencia del recurso.- Antes de la vista de la causa la Sala Casatoria apreciará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 388. El incumplimiento de alguno de ellos da lugar a la declaración de improcedencia del recurso, debidamente fundamentada.

En este caso, para la emisión de la resolución correspondiente, no es procedente el informe oral.

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Art. 394.- Actividad procesal de las

partes.-Primer párrafo.- Sigue vigente el texto original. Segundo párrafo.- Sigue vigente el texto original. Tercer párrafo.- Sigue vigente el texto original.

AGREGAR UN CUARTO PÁRRAFO CON EL TEXTO SIGUIENTE:

Ante la Sala en Casación, en la tramitación del recurso, no es admisible la alegación de nuevos hechos, ni el ofrecimiento o presentación de nuevos medios probatorios.

Art. 395. Plazo para sentenciar.- Sigue vigente el texto original.

Art. 396. Sentencia fundada y efectos del recurso.- Si la sentencia declara fundado el recurso, además de declararse la nulidad de la resolución impugnada, la Sala debe completar la decisión de la siguiente manera:

1. Si se trata de las causales precisadas en los incisos 1, 2 y 3 del Artículo 386 la Sala resuelve además el conflicto de intereses según corresponda a la naturaleza del asunto, sin devolver por motivo alguno el proceso a la instancia inferior. La Sala de Casación, en todo caso, debe hacer uso de la facultad señalada en el Art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Por excepción, en el supuesto de que la Sala Superior haya emitido una decisión inhibitoria, la Sala Suprema deberá, casando la resolución impugnada, reenviar el proceso a aquella Sala a fin de que emita pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

2. Si se trata de la causal precisada en el inciso 4 del Artículo 386, según sea el caso: 2.1. Ordena que la Sala Superior expida nueva sentencia o nuevo auto, renovando los

actos procesales correspondientes.

2.2. Declara nulos la sentencia o el auto emitidos en revisión y ordena que el Juez emita nueva decisión, renovando los actos procesales pertinentes que la sentencia casatoria señale.

2.3. Declara nulos la sentencia o el auto emitidos en revisión, insubsistente lo actuado e inadmisible o improcedente la demanda, según sea el caso.

En cualquiera de los supuestos anotados la sentencia casatoria tendrá fuerza obligatoria para los organismos jurisdiccionales inferiores, bajo apercibimiento de incurrirse en delito de resistencia a la autoridad y de declararse la nulidad de las resolución que contraviene la sentencia casatoria.

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los actos procesales respectivos al caso, reenviándose el proceso a la instancia correspondiente.

Art. 397. Sentencia infundada.- Vigente el texto original.

Art. 398. Multa por recurso inadmisible, improcedente o infundado. Vigente el texto original.

Art. 399. Costas y Costos por recurso inadmisible, improcedente o infundado. Vigente el texto original.

Art. 400. Doctrina jurisprudencial.- Para los efectos de desarrollar la doctrina jurisprudencial, en el supuesto de existir más de una Sala Civil Casatoria, el presidente de cualquiera de ellas solicitará al Presidente de la Corte Suprema convoque al Pleno Casatorio, con la sola participación de Vocales de lo Civil integrantes de las Salas respectivas, precisando el asunto que considera pertinente para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial normativa, tanto por existir disparidad en la aplicación o interpretación de determinadas normas en la solución de conflictos idénticos o análogos, como por advertirse vacíos, ambigüedad, confusión o contradicción en la legislación aplicable en los casos citados.

El Presidente de la Corte Suprema, bajo responsabilidad, convocará al Pleno dentro de 5 días de recibida la solicitud, citando a los Vocales integrantes de las Salas Civiles Casatorias. El Presidente de la Corte Suprema dispondrá la publicación en el diario oficial “El Peruano” de la inasistencia injustificada de los Vocales integrantes de las Salas Civiles Casatorias.

La decisión en el Pleno se adoptará por mayoría absoluta de los Vocales participantes. El presidente de la Corte Suprema sólo interviene en caso de empate. No se admite la abstención de los Vocales. Corresponde a los presidentes de las Salas Civiles Casatorias la redacción del texto de la doctrina jurisprudencial acordada y de su publicación en el diario oficial. La doctrina jurisprudencial normativa adoptada en el Pleno Casatorio es de obligatoria observancia por las Salas Casatorias y por los organismos jurisdiccionales de inferior jerarquía, hasta que sea modificada por otro Pleno.

Todo lo no previsto en este artículo será objeto de un Reglamento que la Corte Suprema aprobará en el plazo de 60 días de entrada en vigencia de la presente ley.

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43 Dr. Juan F. Monroy Gálvez

10 de mayo de 2007

EL RECURSO DE CASACIÓN Y SU

IMPRESCINDIBLE REFORMA

ESTADO DE LA SITUACIÓN

No es exagerado afirmar que lo que se pretenda mantener o reformar respecto del recurso de casación, está directamente ligado al destino de un sistema judicial. Esto es así debido a que tal instituto expresa, de manera directa, cuál o cuáles son las funciones y finalidades que debe cumplir una corte suprema respecto de su Comunidad, respectivamente. De tal manera que el grado de trascendencia y significación social y política que tenga un Poder Judicial en una sociedad está, sin duda, definido y orientado por la función y finalidades que se le concedan a su órgano máximo, la Corte Suprema.

Los sistemas judiciales sudamericanos optaron durante el siglo XX, casi mayoritariamente, por una Corte Suprema que realizara funciones de órgano de tercera instancia o de tercer grado. Ese fue nuestro caso. Las consecuencias de ello, entre otras, fueron que el flujo de casos a ser conocidos por las distintas salas especializadas, que con ese criterio se conforman en una Corte Suprema así estructurada, ha sido y es lo suficientemente masivo como para determinar, de manera inexorable, la renuncia de la Corte a convertirse en un instrumento de afirmación o de difusión de las tendencias sociales, políticas o económicas de una sociedad. Es decir, cuando la cantidad prima sobre la calidad, el ‘Poder’ de impartir justicia y el compromiso de reafirmar las tendencias sociales y axiológicas de la Comunidad, acaba siendo sustituido por una suerte de protagonismo minimalista que consiste en resolver afirmando todas las opciones que se pueden decidir respecto de un conflicto, además, de manera irresponsable y morosa.

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La inconcebible permanencia histórica de esta anomalía resulta difícil de ser explicada. Es decir, ¿tenemos una Corte Suprema envilecida por esta avalancha de procesos porque consideramos que esa es su única e irremplazable función o, simplemente, seguimos permitiendo que una herencia colonial nos imponga un lastre respecto del cual los juristas hemos carecido de la sensibilidad y compromiso social indispensable para cambiarla? En cualquier caso, se trata de un estado de la situación que, a la fecha, resulta innegable que es insoportable y respecto del cual, en consecuencia, debemos asumir la responsabilidad histórica de revertirlo.

Una reforma de las funciones y fines de la Corte Suprema es un asunto de Política del Derecho, como aconseja llamar Tarello a aquello compromisos que debe asumir nuestra disciplina con su sociedad y no con el crecimiento autopoyético o dogmático de aquél, ámbito que denomina Análisis del Derecho. Tal opción va a significar, entre otros objetivos, reivindicar la importancia de la jurisprudencia como fuente de Derecho y, a su vez, algo que tal vez sea el logro más importante: develar para nuestro país el elevado rol político que debe cumplir –y de hecho ya viene cumpliendo aunque negativamente- el Poder Judicial en las sociedades contemporáneas.

A este efecto, resulta imprescindible describir algunas opciones de descarte en sede nacional. Así por ejemplo, aunque no haya sido sustentado pero sí sugerido, debe desterrarse la opción de retornar a la Corte Suprema a su función de ‘tercera instancia’. Tampoco resulta deseable mantener un sistema casatorio abierto en donde la sola circunstancia de cumplir o no con algunos ritos sea sustento suficiente para que se conceda o no el recurso, que es poco más o menos lo que viene ocurriendo en sede nacional. Se trata, entonces, de proponer un sistema casatorio que tenga como objetivo prioritario concederle a la Corte Suprema la posibilidad de cumplir una función social prospectiva. Para ello -esto es de Perogrullo- resulta indispensable que su actividad no se detenga en el quehacer cotidiano, masivo y, como podemos apreciar de sus frutos, virtualmente inútil, hasta convertirse en el órgano de revisión de todos o casi todos los casos que se procesan en el sistema judicial.

Por otro lado, no puede dejar de tenerse en cuenta la ausencia de una tradición casatoria en sede nacional. Hay países hermanos, como Venezuela, en donde el recurso de casación se instaló prácticamente con el inicio de su vida republicana en la segunda década del siglo XIX. Este es un dato histórico que permite explicar porqué el sistema regulado en el Código Procesal Civil de 1993, estuviese tan sometido a los rasgos de una opción clásica del recurso. Es decir, para el Perú el recurso de casación ha sido, en estricto, una institución sin antecedentes por lo que, a casi catorce años de difundida, resulta conveniente reorientarla.

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que, a su vez, resulta indispensable que el Derecho -como superestructura de ese tejido- lo destaque, a fin de que sea reconocido y repetido o lo proscriba para que no vuelva a ocurrir, si fuese el caso.

Se trata de contar con una Corte Suprema que no sólo postule, en abstracto, un nuevo estado de la situación en términos generales, sino que, además, establezca por medio de sus decisiones, líneas paradigmáticas en donde podamos reconocer los rasgos de un nuevo sistema social desde una óptica jurídica y, por ello, también política1.

SOBRE LOS FINES DEL RECURSO DE CASACIÓN

Curiosamente una reforma del sistema casatorio peruano no pasa por alterar la referencia normativa sobre los fines del recurso sino, más bien, a ratificarlos. Se trata, como sabemos, de dos fines, propender y cuidar la aplicación adecuada del derecho objetivo por un lado, y la unificación de la jurisprudencia nacional por el otro. Lo significativo de empezar con esta ratificación está referida al hecho de que, en los últimos años, se ha extendido en la doctrina contemporánea la idea de que el recurso de casación debe tener también otro fin: servir para que la Corte Suprema, por medio de sus decisiones, cumpla un fin dikelógico, esto es, asegurar la vigencia del valor ‘Justicia’ al caso concreto.

Como resulta evidente, esta búsqueda de lo justo en los procesos no podría producirse con exclusiones, es decir, para realmente lograrlo sería indispensable que, teóricamente por lo menos, todos los casos que lleguen a la Corte deban ser susceptibles de un ‘control de justicia’. Esto en la medida que una selección de los casos en donde se persiga ese fin, implicaría una afectación al derecho fundamental de igualdad de los que al final terminan excluidos, con lo cual, lo que aparece como una propuesta plausible, se convierte en la práctica en un alud de recursos, dado que, a fin de evitar una discriminación -que por las razones dadas sería abiertamente inconstitucional- se termina pervirtiendo la obtención de los fines originales del recurso descrito en términos condicionales en el párrafo anterior, es lo que viene ocurriendo en casi todos los sistemas judiciales de Latinoamérica. Insertar un fin ajeno a los rasgos particularísimos del recurso de casación, termina convirtiéndolo en una institución caótica, inútil y, sobre todo, absolutamente alienada, incapaz de concretar sus fines originales.

Por esa razón, abandonando una posición que compartíamos hace unos años, consideramos que incentivar este fin dikelógico es el causante directo de que las elevadas funciones sociales y políticas de la Corte Suprema no se hayan cumplido. En el caso nacional se debe

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agregar a la distorsión descrita un elemento singular: la Suprema peruana viene de una tradición de más de un siglo de resolver vía “recurso extraordinario de nulidad” lo que literalmente quisiera. Por eso, cuando se encontró con el Código Procesal Civil de 1993, asumió inicialmente su nueva función. Sin embargo, prontamente, con el pretexto del fin dikelógico, empezó a encontrar ‘razones’ para prescindir de las exigencias técnicas del recurso y pasar a resolver como en los viejos tiempos, es decir, todos los casos –inclusive aquellos con recurso abiertamente improcedente- en los cuales la “sagrada misión de hacer Justicia” se convirtió en el fundamento que, según él, lo legitimaba para intervenir. El resultado es el caos que ahora tenemos.

Reivindicar la calidad de un recurso destinado a concretar fines extraprocesales. Además, reconocerle que está premunido de exigencias técnicas cualificadas que lo hacen extraordinario en tanto su concesión es excepcional, a fin de asegurar una Corte Suprema que con tiempo, prudencia y oportunidad, exprese y oriente los valores superiores de la Comunidad, es la esencia de la propuesta que a continuación se comenta.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Funciones de la Corte Suprema. Gruesamente se puede afirmar que la Corte Suprema cumple dos funciones en cualquier sistema judicial. Una que podría ser denominada de administración del sistema y que algunos la denominan también función de

gobierno. La manera como esta función se concrete es disímil, además de haber cambiado con el tiempo.

En los casos más tradicionales es la misma Corte Suprema la que se reúne periódicamente en juntas que reciben el nombre de Salas Plenas. En ellas se analizan y proponen respuestas a los problemas de toda la judicatura. Como fácilmente se advertirá, una estructura de función de gobierno en forma de ‘Sala Plena’ no sólo es desesperadamente centralista y burocrática, sino que, además, expresa la jerarquía vertical propia de las organizaciones napoleónicas surgidas de la Ley de Organización Judicial francesa de comienzos del siglo XIX.

Con el tiempo se diseñaron fórmulas distintas. Entre estas tenemos la creación de los llamados Consejos de Gobierno, cuerpos de la judicatura dedicados con exclusividad a la conducción de la administración judicial (recursos, creación de órganos jurisdiccionales, control disciplinario, etc.). Inclusive hay casos en los cuales esta administración es extendida a ámbitos de nombramiento y selección de jueces y, en algunos casos, a servir como grado definitivo de otros órganos para aspectos disciplinarios o de control.

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involucren con su genuina función, impartir justicia; mientras que algunos de sus colegas se dedicaban exclusivamente a la conducción del sistema por el periodo para el que fueron elegidos. Este planteamiento de administración del sistema a través de Consejos –presente, por ejemplo, en la Constitución italiana de 1948- es el más empleado en las judicaturas contemporáneas, por cierto, con variantes. Aunque un caso excepcional está representado por el Consejo Nacional de la Magistratura peruano, el cual se encuentra conformado por miembros no abogados quienes, nombran y destituyen jueces a partir de criterios necesariamente extra jurídicos o, por lo menos, seudojurídicos. En cualquiera de ambos casos la situación es insólita.

Lo trascendente de la descripción realizada para nuestro tema es que a la Corte Suprema le ha sido progresivamente sustraída la función de gobierno, aunque sigue participando en ella, inclusive de manera protagónica, pero por medio de alguno de sus cuadros, casi siempre los más importantes, como su Presidente por ejemplo.

La otra función es la clásica por así llamarla, la jurisdiccional propiamente dicha. Ésta debe quedar afinada desde la Constitución y desarrollada por la ley orgánica respectiva y, sobre todo, claramente precisada por los ordenamientos procesales y, más específicamente, por una regulación casatoria que recupere para la Corte Suprema la trascendente importancia social que le corresponde asumir.

2. Resulta imprescindible identificar y limitar el ámbito de actuación jurisdiccional

de la Corte Suprema. La Corte Suprema no puede seguir siendo un órgano de primer grado, de revisión y también de casación simultáneamente. Este es un absurdo que se mantiene a la fecha y debe de acabar. La Suprema sólo debe ser corte de casación y, extraordinariamente, para confirmar la regla, debe cumplir con dirigir los procesos extraordinarios que la Constitución le ordena (Art. 100).

Sin embargo, para que esta reducción, que es sin duda significativa2, sea eficaz, resulta de la mayor importancia enmarcar el ámbito de actuación de la Corte Suprema en tanto corte de casación.

3. Resulta imprescindible regular el recurso de casación. En el año 2003, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema sólo declaró fundados el 7.57% de los recursos de casación que recibió. El dato expresado nos lleva a una conclusión significativa: más del 92% de los recursos de casación que fueron interpuestos resultaron inútiles.

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Prescindiendo de los detalles, se puede concluir también que muchos de ellos fueron propuestos maliciosamente para prolongar el proceso.

En consecuencia, la reforma del recurso de casación, como se advierte, ya no tiene que ver únicamente con la necesidad de hacer de la Corte Suprema una institución eficaz, sino también con evitar que sea usada como un instrumento de manipulación para la duración indebida y desmedida de los procesos.

4. Se debe precisar qué resoluciones son susceptibles de ser casadas. Identificar qué resoluciones pueden ser pasibles de recurso de casación resulta una exigencia previa a los requisitos para que el recurso sea admitido o concedido. Se trata, en consecuencia, de un presupuesto. El Código no ha sido preciso en algunos aspectos de esta selección por eso es que la reforma debe rectificar tal situación.

Así por ejemplo, las sentencias expedidas por las cortes superiores podrán ser impugnables en casación sólo cuando pongan fin al proceso. Aquí la reducción empieza a tornarse significativa, en tanto son muchas las sentencias de las cortes superiores donde su decisorio ordena que se reenvíe lo actuado al primer grado. Sin embargo, dado que la norma considera que el presupuesto para el recurso es que sean sentencias de salas superiores con prescindencia de su contenido, todas suelen ser impugnadas en casación, con la consecuente dilación maliciosa del proceso. En sede penal la situación es dramática: está abierta la opción de provocar un incidente en las salas superiores, lo que determina, por una consecuencia que ha sido asumida como un dogma (instancia plural) sin que lo sea, que lo que se resuelva debe ser revisado por la Sala Suprema, con lo cual las salas penales se llenan de incidencias.

Por otro lado, resulta imprescindible cancelar la cláusula abierta que prescribe la posibilidad de que, por medio de leyes posteriores, se amplíe el ámbito de las resoluciones susceptibles de casación. Por esa vía se puede ampliar peligrosamente la carga procesal de la Corte, tema en que, por las razones arriba anotadas, se debe ser lo más restrictivo que se pueda.

5. Identificar y unificar la causal casatoria. Alrededor de las causales o motivos de la

casación se ha montado toda una construcción dogmática destinada a ‘identificar’ la causal que debe o debió ser empleada en el caso concreto sometido a recurso. Con ello, no sólo se ha desperdiciado el tiempo en elucubraciones, a mi criterio innecesarias, sino que se ha perdido el objetivo del recurso. Como se sabe, de lo que se trata es de cuidar la vigencia del derecho objetivo, para lo cual no es imprescindible descifrar el sortilegio de la ‘inaplicación’, de la ‘aplicación indebida’ o, de lo que constituye un anacronismo patético: ‘la interpretación correcta’.

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