E D I C T O
EXP. NUM.-931/21 C.- PERLA ORTEGA MARQUEZ
SE IGNORA DOMICILIO
COMUNICO A USTED, QUE CON FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS SE DICTO SENTENCIA DENTRO DEL JUICIO CIVIL ORDINARIO (DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA) PROMOVIDO POR MIGUEL ÁNGEL VARGAS ÁVILA EN CONTRA DE PERLA ORTEGA MÁRQUEZ.
TEPIC, NAYARIT, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
Por recibido el escrito que suscribe el Maestro Luis Rodrigo Velasco Contreras, en su carácter de autorizado legal de la parte accionante dentro de la presente controversia; mediante el cual se le tiene exhibiendo las publicaciones de los edictos, publicados en el Periódico El Meridiano de Nayarit de fecha tres de junio del año en curso, a través de los cuales se emplazó a juicio al demandado Perla Ortega Márquez, en los términos del auto de radicación de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mismo que se ordena agregar en autos a fin de que surta sus efectos legales conducentes.
Por otra parte en atención al segundo de sus escritos presentados y toda vez que de actuaciones se advierte que la parte demandada Perla Ortega Márquez, dentro del término legal concedido no dio contestación a la demanda incoada en su contra, se le declara precluido su derecho para tal efecto, consecuentemente la rebeldía en que ha incurrido teniéndosele por contestada en el sentido negativo, por lo que las posteriores notificaciones deberán practicarse por medio de listas que se publiquen en los estrados de este Juzgado, a excepción de la sentencia definitiva que en su momento procesal se emita.- Artículo 151 del Código Procesal Civil en vigor.
En virtud de lo anterior y por ser la etapa procesal oportuna, se ordena abrir el juicio a prueba por el término común y perentorio de cinco días que comenzara a contar a partir de que surta efectos la última notificación del presente proveído, con apoyo en los parágrafos 68 fracción II, 185 y demás relativos de la Codificación en cita.
Finalmente y Visto el estado procesal que guardan los autos originales dentro del presente juicio, y en virtud de que de autos se advierte que no se ha decretado la procedencia respecto a la disolución del vínculo matrimonial que le une a las partes de este juicio.
Pues bien, del análisis de la solicitud planteada así como del estado procesal de actuaciones, la suscrita juzgadora considera que el segundo párrafo del artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, resulta sospechoso o dudoso de cara a los parámetros de control de los derechos humanos, y por ende, se resuelve aplicar el principio de convencionalidad ex officio con base en los razonamientos que enseguida se expondrán para destruir la presunción de constitucionalidad de la citada norma.
Lo anterior atento a las consideraciones expuestas en la Tesis 1a.
XXII/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 667 del Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2010959, cuyo rubro y texto es el siguiente:
“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PREVIO A LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA EN ESTUDIO, DEBEN JUSTIFICAR RAZONADAMENTE POR QUÉ SE DESTRUYÓ SU PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD. Para que las autoridades den cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de considerar una norma contraria a los derechos humanos, deberán actuar en aras de proteger el derecho que se estime vulnerado y, en todo caso, realizar un control ex officio del que puede resultar, como última opción, la inaplicación de una norma al estimarla incompatible con los derechos humanos. No obstante, el nuevo paradigma constitucional a que se refiere el precepto citado no destruye la presunción de constitucionalidad de las normas que conforman el sistema jurídico mexicano, por lo cual, debe agotarse cada uno de los pasos del control ex officio, con la finalidad de verificar si la norma es acorde con los derechos humanos, ya sea de los reconocidos por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior implica que las autoridades judiciales, previo a la inaplicación de la norma en estudio, deben justificar razonadamente por qué se derrotó la presunción de su constitucionalidad.”
Como bien lo afirma la parte actora, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Nayarit el día veintisiete de mayo del año dos mil quince fueron reformados los artículos 260, 261 y 263, así como derogado el 262, todos del Código Civil para quedar de la siguiente manera:
“Artículo 260.- Cualquiera de los cónyuges podrán solicitar el divorcio ante la autoridad judicial y manifestar su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin necesidad de señalar la causa por la cual se solicita.”
“Artículo 261.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio sin expresión de causa deberá acompañar a la solicitud, su propuesta particular para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener en su caso los siguientes requisitos:
I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces;
II. Las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas;
III. El modo de atender las necesidades de los hijos y en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento;
IV. La designación del cónyuge al que corresponderá la posesión y disfrute del domicilio conyugal, y en su caso, del menaje de la casa; además deberá señalarse el tiempo que durará ese derecho;
V. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición, y
VI. Los términos de la indemnización a que se refiere el artículo 281 A de este Código. La propuesta particular deberá acompañarse de los documentos en que se acredite su procedencia. En la solicitud, se podrá pedir la aplicación de medidas precautorias, acompañando en su caso, la documentación que se estime necesaria.”
“Artículo 263.- Derogado.”
“Artículo 263.- En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del documento señalado en el artículo 261 de este Código y éste no contravenga ninguna disposición legal, o bien presentaren un convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Nayarit y en uno u otro caso no exista observación alguna por parte del juez, se decretará el divorcio mediante sentencia.
De no existir acuerdo entre las partes, el juez decretará las medidas precautorias que correspondan, debiéndose continuar el juicio en sus etapas procesales correspondientes hasta decretarse la sentencia.”
Con dicha reforma el legislador excluyó la obligación que el Código Civil imponía a aquella persona que solicitara el divorcio en contra de su cónyuge de señalar al juez que conociera del juicio respectivo la causa o causas legales de divorcio y los hechos en que los que fundara su acción.
De acuerdo a la iniciativa y a la resolución legislativa correspondiente el legislador buscó ponderar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y así evitar que el cónyuge que solicitara divorciarse expresara la causa y hechos en que fundara su acción con detrimento de su vida privada y la del cónyuge demandado.
Para tal efecto, el procedimiento que estableció el legislador fue el siguiente:
1.- Con la presentación de la demanda, la parte actora debe exhibir una propuesta para resolver los alimentos y liquidación de la sociedad conyugal entre los cónyuges, asimismo, en el caso de que existan hijos deberá proponerse los términos de sus alimentos, custodia y convivencia;
2.- De la demanda y de la propuesta de convenio se dará vista al cónyuge demandado para que manifieste si está de acuerdo con la propuesta o de acuerdo a su interés presenta una contrapropuesta;
3.- En el caso de que ambos cónyuges estén de acuerdo en todos los puntos del convenio se dictará sentencia definitiva; y
4.- En el supuesto de que no se pongan de acuerdo en los términos del convenio se continuará el juicio en todas sus etapas hasta dictar sentencia definitiva.
De lo antes expuesto se advierte que el legislador condicionó para la inmediata resolución del divorcio, a que las partes estuvieran de acuerdo en los términos del convenio con base en las propuestas realizadas por uno o ambos cónyuges; lo anterior como se advierte del segundo párrafo del artículo 263 del código procesal civil ya transcrito y que se vuelve a citar para resaltar tal disposición normativa:
“Artículo 263.- En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del documento señalado en el artículo 261 de este Código y éste no contravenga ninguna disposición legal, o bien presentaren un convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Nayarit y en uno u otro caso no exista observación alguna por parte del juez, se decretará el divorcio mediante sentencia.
De no existir acuerdo entre las partes, el juez decretará las medidas precautorias que correspondan, debiéndose continuar el juicio en sus etapas procesales correspondientes hasta decretarse la sentencia.”
No obstante lo anterior, a criterio de la suscrita juzgadora tal porción normativa transgrede los derechos humanos a la tutela jurisdiccional y al Libre Desarrollo de la Personalidad.
En efecto, la tutela jurisdiccional en su variable de acceso a la justicia consiste en el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
Con base en tal afirmación, todos los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos, es decir, desembarazados o libres de todo estorbo para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes; lo anterior significa que el poder público, en éste caso el órgano jurisdiccional como ente judicial, no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales.
De acuerdo a tales premisas, el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.
Es aplicable al caso la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 42/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 124 del Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 172759, de rubro y texto siguientes:
“GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de
ue los órganos jurisdiccionales estén expeditos - desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.”
Por otro lado, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros.
Tal derecho fundamental constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución.
Lo anterior a partir de la interpretación que sobre el caso ha hecho la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.), publicada en la página 570 del Tomo I, Libro 20, Julio de 2015, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2009591, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:
“DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de
"autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y
la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.”
Establecida así la base constitucional, la suscrita juzgadora concluye que la condición legislativa contenida en el segundo párrafo del artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, al prever que en el procedimiento jurisdiccional de divorcio, de no existir acuerdo entre las partes, el juez deberá continuar el juicio en sus etapas procesales correspondientes hasta decretarse la sentencia, vulnera los derechos humanos de tutela judicial y libre desarrollo de la personalidad.
Lo anterior así es, pues a través de una condición como lo es el común acuerdo necesario entre las partes respecto de las propuestas impide que los cónyuges puedan disolver su matrimonio y volver a contraer matrimonio de manera inmediata para volver a elegir un nuevo plan de vida en matrimonio con otra persona, si así fuera su interés; por ello tal condicionante resulta innecesaria, excesiva y carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.
Y se dice que dicha condición resulta innecesaria, excesiva y carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, porque la declaración de divorcio durante el procedimiento judicial sin que éste haya concluido con una sentencia definitiva, en nada impide que se puedan asegurar los alimentos entre las partes, y la custodia y la convivencia con relación a los hijos, además de
resolver con posterioridad la liquidación de la sociedad conyugal, pues el juez puede decretar en cualquier momento las medidas tendientes a asegurar la subsistencia alimenticia y las relaciones de custodia o convivencia, entre otras cuestiones.
Por otro lado, la declaración judicial de divorcio tampoco impide que cualquiera de los cónyuges pueda impugnar tal resolución judicial, ya que contra ésta última procede el recurso de apelación en los términos de la fracción III del artículo 651 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit por constituir un auto con carácter definitivo que pone término al juicio por lo que ve al divorcio.
En este caso tiene aplicación y por ello se comparten los razonamientos de la tesis XXVII.3o.42 C (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2570 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2012339, de rubro y texto siguientes:
“DIVORCIO INCAUSADO. LA RESOLUCIÓN QUE SÓLO DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL NO TIENE LA CALIDAD DE SENTENCIA DEFINITIVA, SINO DE AUTO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). De la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el amparo directo procede contra: i) sentencias o laudos, es decir, aquellas resoluciones que decidan el juicio en lo principal dirimiendo la litis planteada; y, ii) resoluciones que pongan fin al juicio, esto es, aquellas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales no procede algún recurso ordinario. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 111/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 592, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE
APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA
DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", determinó que cuando en un juicio de divorcio incausado se decreta la disolución del vínculo matrimonial, pero el convenio se desaprueba o solamente se aprueba en alguna o algunas de sus partes, se está en presencia de un auto definitivo en el que el juzgador debe dejar a salvo los derechos de las partes para que, de oficio, se continúe con el trámite del proceso en cuanto a las pretensiones no resueltas. Al respecto, los artículos 985-Sexties y 985- Septies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo prevén que cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio o no asistan a la audiencia respectiva, se
decretará la disolución del vínculo matrimonial en una
"sentencia definitiva". Sin embargo, no debe atenderse a la literalidad de esa expresión, sino a su naturaleza, ya que no resuelve la totalidad de las pretensiones en el divorcio incausado, lo que implica la continuación del proceso; y tampoco cumple con los requisitos de las sentencias de divorcio establecidos en el artículo 815 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo (que resuelva en definitiva los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, alimentos, guarda y custodia de menores y régimen de convivencia). Por tanto, la resolución dictada en el juicio de divorcio incausado que únicamente decreta la disolución del vínculo matrimonial, no tiene la calidad de sentencia definitiva, sino de un auto definitivo, contra el cual procede el juicio de amparo en la vía indirecta, cuyo conocimiento corresponde a un Juzgado de Distrito.”
Es de esta manera, que la suscrita juzgadora resuelve aplicar el principio de convencionalidad ex officio, al considerar que la porción contenida en el segundo párrafo del artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles es contraria a los derechos humanos de tutela jurisdiccional y libre desarrollo de la personalidad, y por tanto, resuelve la inaplicación de dicha norma al estimarla incompatible con los citados derechos humanos, única y exclusivamente en cuanto a que no permite la disolución del vínculo matrimonial dentro del proceso y lo condiciona a resolverlo hasta dictar sentencia definitiva en la que se resuelvan las cuestiones inherentes al matrimonio consistentes en la liquidación de la sociedad conyugal, los alimentos, custodia y convivencia, en su caso.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1º, 40 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara la disolución del vínculo matrimonial que une a Miguel Ángel Vargas Ávila y Perla Ortega Márquez, que consta en el acta de matrimonio número 205, registrada el día doce de junio de dos mil dos, en el Libro 02, de la Oficialía del Registro Civil número 03, de esta ciudad de Tepic, Nayarit.
Se declara disuelta la sociedad conyugal, quedando pendiente su liquidación para resolverse en sentencia al igual que las causas inherentes al divorcio ante la existencia de una hija menor de edad de las partes.
Notifíquese.
Así lo acordó, la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar con residencia en esta ciudad, Licenciada en Derecho María del Refugio Caldera Cisneros, ante la Licenciada en Derecho Fabiola Margarita Cortes Solis, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 16 DE AGOSTO DE 2022.
LIC. FABIOLA MARGARITA CORTES SOLIS EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO FAMILIAR.
--- Para publicarse por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho entre una y otra publicación en el periódico Oficial y otro medio de comunicación de mayor circulación a elección de la promovente.---