ABRIR CAPÍTULO II

ABRIR CAPÍTULO II

CAPITULO

El GOBIERNO DE GUSTAVO (1953- 1957)

III

ROJAS PINILLA

Capítulo III: El Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953- 1957).

3. 1. El Estado y los Partidos Polftlcos.

Consumado el golpe de estado o de opinión, como el líder liberal Darío Echandía lo denominó, los diferentes grupos, ya fueran políticos, económicos o eclesiales tendieron con prontitud sus redes para acoger al nuevo mandatario. Antes que esto sucediera, el general contó con la colaboración de sus compañeros de armas en Bogotá. El jefe militar de esta guarnición, brigadier general Alfredo Duarte Blum, el coronel Alfredo Navas Pardo, comandante del batallón Caldas, junto con el teniente coronel Manuel Agudelo, secretario general del ministerio de Guerra, entre otros, contribuyeron a ello (1).

El devenir de los acontecimientos corrió a su favor. Así, mientras Agudelo atendía al ministro de Guerra Jorge Leyva y de esta manera ganaba tiempo hasta que Rojas regresase a Bogotá, aquél accedía, aparentemente, a facilitar la labor del ministro. Este, que iba acompañado de los generales Régulo Gaitán y Mariano Ospina Rodriguez, y deseaba presentarse a la tropa como nuevo superior, es conducido al batallón Caldas. Allí, sin embargo, el mencionado Navas Pardo, cumpliendo órdenes de Duarte Blum, los retiene. Con ello, dado que Rojas Pinilla no reconocía a Leyva y Laureano Gómez estaba ilocalizable, el golpe era un hecho (2).

Completado lo anterior Gustavo Rojas, primero, y Ospina Pérez y Alzate después, intentan, sin éxito, convencer a Roberto

Urdaneta para que con el respaldo del Ejército, volviese a la presidencia. Perdida ya la posiblidad de encontrar una solución que resultase constitucional, el general debía asumir que el país, al contrario que en los países vecinos, había cambiado de forma pacífica y en pocas horas de gobierno.

La aceptación de esta nueva situación, si exceptuamos a los colaboradores de Gómez y los militantes del partido Comunista, contó con un amplio consenso. El discurso que Rojas dirigió al país la noche del 13, donde indicaba que las Fuerzas Armadas ‘atendiendo a las enseñanzas de Cristo Nuestro Señor y de Simón Bolivar~, solicitaban a los colombianos ^{“ ...} no corroídos por viles pasiones de secta ^... a formar en la cruzada que, fiel al mandato nacional de la patria, pone a ésta por encima de los partidos y al bien común por encima de las conveniencias de casta y de grupos ^{.... “,} caló hondo (3).

Ejemplo de ello fue que un día después, hasta los propios gomistas, tras escuchar ese discurso, creían que “laS palabras presidenciales del teniente general Rojas, abren para Colombia un paréntesis de eperanza”. Estas palabras, no obstante, que deberían ser publicadas en El Siglo no salen pues, al parecer, el dirigente conservador ordenó retirar la edición (4).

Como quedó indicado, el acuerdo civil con el que contó Rojas entre el resto de conservadores y liberales, estaba fuera de duda. Las coincidentes opiniones que el día 15 vertían Carlos Lleras y Gilberto Alzate Avendaño eran claras.

Para el líder liberal, que realizaba las declaraciones desde México, y marcaba las diferencias respecto al resto de los golpes de cuartel “que han sido desgraciadamente tan frecuentes en Latinoamerica”, era importante señalar:

El sentimiento público, hasta donde llegan mis informaciones, se muestra favorable a la presencia del general Rojas Pinilla al frente del gobierno ^... La expresión de ese sentimiento por parte del pueblo liberal es tanto más respetable y digno de tomarse en cuenta por cuanto se dirige a

un gobierno en el cual el partido Liberal no tiene un sólo representante El liberalismo no pondrá ningún obstáculo a las actuaciones gubernamentales que se enderecen a buscar la paz del país y a

restablecer la normalidad jurídica e institucional ^... “(5).

Por su parte Alzate, que tan activamente había colaborado en el ascenso de Rojas opinaba:

Con alivio y júbilo el país, ha recibido el relevo de gobierno. Y esta tierra sabe otra vez a patria. El más alto jefe de las Fuerzas Armadas, tan conspicuo por su alto rango como por su celo patriótico, ha asumido la grave tarea de tutelar el órden público y restaurar el orden moral y el imperio de los valores que parecían abolidos ^... Sus Fuerzas Armadas son el refugio de la civilidad colombiana, pusieron témino a este andar sonámbulo a la orilla del caos ^... “(6).

No serían los únicos. Si de una parte otros mandatarios liberales, como era el caso de Alfonso López desde Londres o “los jefes liberales, que se encuentran en Bogotá, han acudido a conferenciar con el nuevo presidente, pues parece ser que éste persigue el restablecimiento del juego de la oposición” (7) se congratulaban, de otro, las autoridades eclesiales lo respaldaban. Para ellas ^{“ ...} no quedaba ninguna duda de que la situación jurídica del gobierno es legal; y que en consecuencia su autoridad debe ser reconocida y obedecida ^... “(8).

Así las cosas, el mencionado día 15, la proyectada Asamblea Nacional Constituyente -ANAC-, que debía ratificar la reforma de Gómez, lo abandona. En su lugar, y bajo la dirección del ministro de Gobierno Lucio Pabón Núñez, es nombrada una Comisión

de Estudios Constitucionales, encargada de redactar un nuevo proyecto de reforma constitucional. En aquélla, donde la presencia conservadora es mayoritaria, y en la que se encuentran los liberales Forero Benavides y Darío Echandía, estará compuesta por siete constituyentes y nueve delegados del gobierno (9). Tres días después, la Asamblea -pese a no tener base jurídica, puesto que la votación no fue popular, y aquélla sólo tenía funciones constituyentes-, legitima el mandato de Rojas hasta el 7 de agosto de

1954.

Entre tanto, la formación del nuevo gobierno, resultado de combinar militares y conservadores iniciaba el mandato. A los primeros se les asignaba, no sólo las carteras de Guerra, Comunicaciones y Agricultura, sino también las gobernaciones de Santander, Antioquia, Tolima y Atántico (10). Los segundos, donde los alzatistas eran mayoria, y a juicio del embajador español incluían a los ministros de Trabajo y Fomento, Aurelio Caicedo y Alfredo Rivera respectivamente, para “llenar de contenido político al movimiento militar (como el propio Alzate me dijo hace unos días)” (11), llevaban a ese mismo interlocutor, vista la formación de aquél, a considerar que

“todos los integrantes del actual gobierno incluidos los militares que de él forman parte, proceden de las filas conservadoras” (12). De esta manera, el golpe de estado militar al tiempo que permanecía bajo tutela civil e intentaba cuidar que los liberales no quedasen aislados, incorporándolos por ejemplo a la referida Comisión, buscaba evitar nuevas disputas.

Estas, en cualquier caso, que tenían en la deseada pacificación rural un apartado sin completar, toman a tenor de las informaciones enviadas por la legación española, otros rumbos.

Según ellos “se rumorea que han dado principio las negociaciones para

concluir con el estado de casi guerra civil que reinaba en la región de los Llanos Orientales” (13).

La confirmación, llegaba el día 19. Siguiendo las peticiones de la Asamblea, y con la intención de lograr una mayor base de legitimidad, el general Rojas Pinilla dirige un mensaje a los mandos militares. Allí, después de solicitar un rápido retorno a la normalidad, ordena la anmistía de “todos los individuos que en una forma u otra se hayan comprometido en hechos subversivos contra el orden público”

(14).

Gracias a ello, y una vez que las dificultades previas son superadas -traiciones, chantajes, etc-, en buena medida por la intervención de aquél, las esperanzas iniciales de pacificación avanzan. Los grupos guerrilleros, cuya cuantificación resultaba variable -según el autor que se consulte, entre 3.540 y 20.000 hombres alzados en armas- (15), podrían tras la anmistía abrigar cierta tranquilidad.

Aún así, hechos como la programada sanción el día 18 de una “Ley que organiza la revolución en los Llanos Orientales de Colombia”, y que formada por 224 artículos fue redactada paralelamente al proyecto de Gómez, recomendaban cautela. Esta, justificada tanto por el grado de polarización que el país vivía, como por las dudas que la puesta en práctica de la mencionada anmistía tendría en el sur del Tolima o en Sumapaz, recibiría el 22 de junio con la aprobación del Decreto N0 1546, que rebajaba en una quinta parte la pena para los detenidos en los delitos comunes, un punto de respaldo (16).

Con la introdución de ésta, el devenir de los partidos recuperó su pasada actividad. Los conservadores, con Gómez camino del exilio, buscaban superar lo antes posible la dañada unidad. En

reunión preliminar a la ANAC, nombran como era de esperar, a Mariano Ospina Pérez jefe del partido. Gilberto Alzate y Guillermo León Valencia -jefe del Directorio-, le acompañan. Al hacerlo, en opinión de Diario del Pacifico: “Estamos seguros de que es ésta, quizás, la única fórmula de acierto que garantizará la unidad política, que estuvo deteriorada por los insensatos empresarios de las discordias internas” (17).

Los liberales, por su parte, si bien contaban con algunos líderes que ya participaban en labores de gobierno, continuaban acéfalos. La vuelta de los directorios políticos, atrajo de nuevo a Bogotá a los líderes locales, que según Semana ^{“ ...} se han desorientado en la capital: no han sabido a quién presentársele, y entre idas y venidas a las casas de Echandía, López de Mesa, han agotado su resistencia ^... “(18). La referida desorientación, no obstante, incluía también a las peticiones de regreso para los notables como Santos, Lleras Restrepo -lo hará en noviembre y saludando la presencia de Rojas-, y López, que al igual que Lleras Camargo, no parecían dispuestos, pese al entusiasmo inicial, a que la vuelta fuese inminente.

Así, y rodeados del confiado ambiente que la actividad pública volvía a recobrar, las posiciones internas, por el contrario, marcaban diferente curso. La diferencia de criterios, a la hora de plasmar el discurso político en realidad, permanecían candentes. En opinión del embajador español, la polarización liberal-conservadora quedaba, por ahora, en un segundo plano para conceder la prioridad a las “fuerzas que permanecen fieles a los principios doctrinarios decimonónicos, hasta ahora vigentes en la organización política colombiana, y los que quieren echar los cimientos de un Estado Nuevo de base Cristiana, Nacional y Social” (19).

Rojas, entre tanto, en un intento de crearse una base de popularidad, más amplia de la que poseía, inicia -a finales de julio y

principios de agosto-, una gira presidencial por el Valle, Boyacá y Antioquia. Los homenajes y demás ceremonias, servían ya para anunciar la construcción de un nuevo aereopuerto en Cali, como los planes gubernamentales para terminar “con los desenfrenos partidistas y plantear en un terreno nuevo y cristiano la lucha de los partidos” (20).

Dichas perspectivas, sin embargo, caminan por vías diferentes cuando igualmente en agosto, Laureano Gómez envia desde Nueva York una carta al cardenal Crisanto Luque. La calificación de “atentado contra la autoridad” hecha por aquél al referirse al golpe de junio y contestadas por el prelado como: “tengo el concepto de que el sentir general es que la situación jurídica del actual gobierno fue regularizada por la Asmablea Nacional Constituyente, y esa es también mi convicción personal” (21), eran la causa. Con ellas, de una parte, Luque se distanciaba de Gómez, de otra, éste mantendría con Rojas Pinilla una agria disputa.

Esta, que ya venía desde el 13 de junio, subió gradualmente el indicado mes de agosto. A raíz del mensaje anterior y posterior réplica presidencial, El Siglo, que no sólo se niega a informar sobre la salutación que una asamblea periodística hace al general, sino que además bromea con el discurso que el ministro Pabón Núñez pronuncia en favor de aquél, rompen la aparente tranquilidad (22). La censura vigente, mantenida y controlada por el ministerio de Guerra gracias al Decreto 1723 de 1953, sirve para que los censores decidan la suspensión del diario por cinco días.

La respuesta que tal medida encontró entre el resto de la prensa fue fría. Los periodistas reunidos en la referida asamblea, no reaccionaron, y desde el campo liberal diarios como El Tiempo, tampoco lo hicieron (23). Las diferencias, no obstante, continuaban.

La posibilidad que Gómez regresase, contestada negativamente por

parte de Rojas, recupera la disputa. Los motivos, la perjudicial influencia que la presencia de aquél tendría para el país, y porque

“estimularía las campañas que el partido Comunista vienen adelantando contra la patria, y contra la buena amistad entre Estados Unidos y Colombia”

(24). Ante ello, Laureano reacciona pronto. Para él: ^{“ ...} el incongruente y risible comunicado del general Rojas Pinilla, pone al desnudo la profunda turbación de una mala conciencia ^{... “} (25).

Mientras, los señalados planes de pacificación, comenzaron a concretarse. La colaboración de los jefes guerrilleros ^- Guadalupe Salcedo, Eduardo Fonseca, etc-, era todo un garante. Fruto de ésta el 9 de septiembre, con el general Alfredo Duarte Blum, jefe del estado mayor, y el ministro de Higiene, Braulio Henao como testigos, los guerrilleros entregaban las armas. Al hacerlo, a la vez que agradecían el ofrecimiento oficial, daban “a conocer a vuestra excelencia nuestra determinación sincera, cual es la de deponer nuestras armas bajo el amparo de vuestro gobierno y del pabellón de Ja Patria, el cuaJ flota hoy glorioso en nuestra nueva independencia y en el fondo de nuestros corazones” (26).

Esa ceremonia, sin embargo, conciliaría no sólo desde El Siglo, sino también entre las juventudes conservadoras palabras de rechazo. Al diario bogotano, por ejemplo, después de llamar ingenuos a los firmantes, le gustaría saber “hasta dónde aquellos bandoleros obraban movidos por sus perversos instintos, o eran instigados por las directivas de algún partido político” (27). A los segundos, confirmada la presencia por parte del mencionado general Duarte de guerrilleros comunistas en Tolima, les servía de ocasión propicia para aumentar

las críticas.

Como consecuencia de éstas, y a tenor de la polémica que Rojas Pinilla y Gómez mantenían, el 24 de septiembre el entonces

subdirector de aquél, Belisario Betancur, debe cerrarlo un mes. La causa, que lleva a los editores a su clausura, era el “haber violado las disposiciones vigentes sobre censura, publicando informaciones que habian sido previamente rechazadas ^... por su carácter subversivo por los censores oficiales” (28).

Ante la situación creada, y en oposición a la anterior, El Espectador, El Tiempo, El Liberal, o el Círculo de periodistas Bogotá, solicitan a Rojas que suspenda la sanción. A su juicio ésta “deja a los periodistas expuestos a inapelables sentencias, ya que no obedecen a una norma preestablecida, sino al capricho del funcionario que las determina” (29). La solicitud, atendida el 29 no puede evitar, con todo, que el periódico como tal deje de publicarse hasta 1957, anunciando la caída de Rojas.

Entre tanto, sería sustituido por el Diario Gráfico.

3.1.1. Comienzo de las primeras fisuras.

Si hasta ahora las realizaciones gubernamentales gozaban, con las excepciones señaladas, de amplia anuencia, el 4 de noviembre reciben un freno. Este, ocasionado por la puesta en libertad del industrial Felipe Echavarría, al considerar el juez que su testimonio fue obtenido mediante tortura, inicia la polémica. Así Rojas Pinilla, que el 11 asistía a las fiestas de Cartagena, manifestaba al respecto:”

Mientras el poder judicial no pueda aislarse del campo banderizo y no existan procedimientos para sancionar a los jueces y magistrados que falten a sus deberes, la administración de justicia es el engaño más vergonzoso (30).

A raiz de éstas, dos días después, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dimiten. Su sustitución, mediante Decreto 3110 de 27 de noviembre, y en la que estarían ocho representantes

conservadores y otros tantos liberales, confirmaba tanto el reparto entre los partidos mayoritarios de dicho organismo, como la condicionada independencia que la rama judicial tendrían a partir de entonces (31).

Dichas medidas, vinieron a dividir a la prensa escrita.

Desde Medellín, el 15 de noviembre El Colombiano, reprobaba la decisión. A juicio de ese, la ingerencia del Ejecutivo en las labores del Judicial, dificultaban la necesaria imparcialidad. El Diario de Colombia ^- 30 de noviembre-, es de la misma opinión. Los periódicos liberales, por su parte -un día antes, en El Tiempo y El Espectador-, la respaldaban (32).

Entre tanto, la referida Comisión de Estudios Constitucionales, que mantenía la mayoría conservadora y partía con el encargo de renovar la Carta, era inaugurada por Pabón Núñez el 1 de diciembre. A los liberales, si bien les resultaba aceptable el comienzo, no ocultaban a través de El Tiempo su contrariedad. Ya en 1954, este diario preguntaba ¿Quién debe dictar la nueva constitución?

(33).

De esta manera, y al hacer balance del semestre recorrido, uno de los objetivos planteados por el nuevo gobierno, como era la finalización de la Violencia entre partidos, tuvo desde el punto de vista estadístico, un descenso importante. Los 8.650 muertos, disminuyendo en más de cuatro mil respecto a 1952, hacía abrigar ciertas esperanzas al respecto (34).

En cualquier caso, la cohesión que el 13 de junio tenía la colectividad política, económica -preocupada por la presentación de una reforma fiscal-, y eclesial, encontraba a lo largo de los seis primeros meses, pese a la autopropaganda del regimen, síntomas de distancia. La destitución de la Corte, los enfrentamientos con grupos

guerrilleros, el cierre del diario El Siglo, o el descontento liberal debido a su desventaja numérica en Asamblea y Comisión de Estudios, eran algunos de los exponentes.

El año nuevo, heredero del escepticismo que se extendía al seno de la sociedad colombiana, ocasionado básicamente por los acontecimientos finales del 53, comienza ya en el 54 con un giro sustancial. A los cambios en el gabinete, que afecta a los departamentos de Educación y Justicia, ocupado por el general Gabriel París, le sigue el 1 de febrero, la toma de posesión de la nueva Corte Suprema.

Este acto, como punto de partida del indicado giro, le sirve a Rojas Pinilla para erigirse en protector de las instituciones más allá del problema partidista. El empleo que hace de las palabras de Bolivar durante el Congreso de Angostura, donde recordaba “Sólo con magistrados de tal alcurnia se impedirán las incursiones de la politiqueria banderiza por los estrados judiciales y se podrá desterrar de éstos la venalidad y la complacencia entre caciques y padrinos” (35), parecían indicarlo.

La continuidad de las actividades de la Comisión, mientras, a la vez que aumentaban, de alguna manera, esa imagen, iban abordando diversos puntos. La presentación en febrero de los proyectos referentes al voto femenino, la nacionalización de extranjeros o el funcionamiento del Congreso durante el estado de sitio, fueron algunos de ellos. El voto femenino despertó mayor interés. La necesidad de dos escrutinios para otorgarle la universalidad, así lo confirma. Uno de los votos negativos fue el de Guillermo León Valencia, al que habría que unir las reticencias provinientes de El Catolicismo por creer que las condiciones no eran propicias. Aprobado finalmente el 25 de agosto por el acto legislativo

N0 3, y a pesar de no ser necesario -debido a la inexistencia de consultas desde la aprobación hasta mayo del 57- supuso, sin embargo, para Rojas Pinilla, puesto que la propuesta había sido suya, un punto más que añadir a su popularidad (36).

A los anteriores, al mes siguiente, se le unen otros. Las relaciones Iglesia-Estado, donde quedan reconocidas las prerrogativas que aquélla disfrutaba, la función de la propiedad, y la composición del Senado -como cámara mixta y con representación de los grupos culturales, órdenes morales, etc-, con la oposicion liberal, serán algunos de ellos (37).

El conjunto de éstos, no obstante, lejos de hacer olvidar a Gustavo Rojas lo que eran sus planes acerca de los partidos, los renuevan. Para él, si a principios de marzo desde la páginas del nuevo periódico La República incidia en la necesidad que esos tenían de superar sus ideologías y ocuparse, en cambio de “trabajar por el engrandecimiento de la nación ^{... “} (38), a finales del mismo, les demostraba como. El Decreto N0 1051, que establecía un impuesto para las exportaciones cafeteras, destinado a incrementar las arcas estatales, era la forma.

Las agrupaciones políticas, en cualquier caso, decididas a mantener, dentro de las limitaciones, el ritmo de actividades internas, siguen con sus propósitos. El caso de los liberales, que un mes después eligen una nueva directiva, sirve de ejemplo. En ella, pese a no estar presentes ninguno de los líderes más representativos -López, Santos, Lleras Camargo y Lleras Restrepo-; Luis López de Mesa, y Julio César Turbay Ayala, entre otros, trataban de contrarrestarlo. Para éstos, que de una parte aspiraban a conseguir una mayor presencia del liberalismo en la Asamblea, y de paso lograrla en el gobierno “como único medio posible, por el momento, de

alcanzar la posesión de algunos resortes de poder” (39), de otro, el ofrecimiento oficial de estudiar la propuesta, posteriormente sin concretar, era ejemplo del doble lenguaje gubernamental (40).

Mientras, y como aviso a la que habría de ser una de las causas del distanciamiento entre Iglesia y régimen, el arzobispado de Medellín, 23 de abril, advierte sobre las actividades de la recién creada Central Nacional de Trabajadores (CNT). Esta que contaba con la protección de Rojas -reconocida de forma arbitraria su personería jurídica-, es cuestionada por la jerarquía antioqueña, debido a que sus proclamas eran “opuestas a la doctrina social de la Iglesia” (41). La UTC, uniéndose a los anteriores añade que recibe financiación exterior, al ser subsidiaria de la CGT argentina y del ATLAS, de orientación peronista, por lo que advierte a los afiliados sobre ello (42).

Ya en el mes de junio, y como duro preaúmbulo a la apertura de la Anac, tiene lugar el día 8 en Bogotá, fecha elegida para conmemorar la muerte de un estudiante en 1929, un hecho que abrió ciertas fisuras entre Rojas y los partidos dominantes.

Finalizado el homenaje, una refriega entre estudiantes y policias en la Universidad Nacional, trae como resultado un muerto más. Al día siguiente, una manifestación estudiantil que protestaba por lo ocurrido el día anterior, ve interrumpida su marcha por tropas militares. Sin saber por qué, ni cuál fue el origen -que según Pabón Núñez provino de disparos realizados desde un balcón por desconocidos-, los soldados responden. Ocho muertos y varias

decenas de heridos fue el fruto de tal acción (43).

La respuesta gubernamental es inmediata. Al toque de queda, implantado el indicado día 8 y ampliado uno después, hay que unir la ocupación militar del recinto universitario y la reducción

al mínimo de las actividades docentes. A su vez, personas como el exrector Gerardo Molina, el poeta Carlos López, el exalcalde de Bogotá Manuel Briceño, y el conocido sindicalista y dirigente comunista Gilberto Vieira, son detenidos y puestos en libertad dos días después (44).

Para los representantes oficiales, concretamente el general Duarte Blum, en declaraciones ofrecidas el día 9, a El Espectador culpaba, como instigadores de tales actos, a comunistas y laureanistas. En opinión de éstos, entre los que se encontraba Belisario Betancur, las acusaciones eran “falsas, calumniosas, ligeras e intencionadas afirmaciones” (45). Los comunistas, con Gilberto Vieira al frente, como los anteriores, rechazan los hechos que les imputan (46).

No menos importante y significativa fue la reacción que las directivas liberal y conservadora tuvieron. La presencia en el palacio de Nariño de la Dirección Nacional Liberal, para expresarle en nombre del partido su respaldo, al tiempo que aceptaba la versión oficial, culpando a los estudiantes, era esclarecedora (47). Los conservadores, a excepción de los laureanistas, toman la misma postura. La firma el día 9 de un comunicado conjunto, ratificando

“ante la opinión pública ^... su apoyo al gobierno en su firme propósito de mantener el orden, ejercer plena justicia ^... conforme él ha manifestado en sus últimos mensajes ^{... “} (48), revela la posición, que por entonces mantenían las dos directivas.

La prensa, y en concreto los diarios La República, El Día, Diario del Pacífico -todos el 10 de junio-, y El Colombiano, un día después, atribuyeron a El Tiempo la responsabilidad de los hechos. Este, a juicio de aquéllos, que el referido día 8 publicaba una editorial donde exaltaba la fecha y expresaba: “La juventud universitaria fue el nervio y la

voz de la expedición popular y cívica ^... El país con los episodios de Bogotá, sintió crecer las ansias de cambio, de restitución de valores, de ordenamiento gubernamental ^{... “} (49), era para ellos el causante.

Estas muestras de apoyo con todo, tuvieron también, desde sectores como los laureanistas primero, y ospinistas después, signos de medida reprobación y distanciamiento. Los liberales posteriormente, harían lo mismo. La petición no satisfecha, bloqueada por la oposición alzatista, de igualar su presencia en la ANAC a la conservadora, volvía a provocar recelos hacia el general (50).

A pesar de ello, Rojas sabía utilizar los momentos oportunos para conseguir el aplauso popular. La inauguración el 13 de junio de la Televisora Nacional -preocupante para la prensa partidista-, o la del Banco Hipotecario Oficial, el 14 de julio, para satisfacción de las capas medias, eran la muestra. Distintas posiciones conciliaba, sin embargo, el uso que aquél hacia de la mencionada Asamblea.

La convocatoria el 27 de julio de ésta, gracias a las facultades que el artículo 2, del acto legislativo N01 de 1953, le conceden así lo parece. Allí, anuncia no sólo la imposibilidad de celebrar elecciones populares, pues el orden público vigente no era propicio, y la cedulación la adecuada, sino también solicitaba la ampliación de los representantes en la Asamblea dando cabida a miembros de las Fuerzas Armadas e Iglesia. Igualmente, se encargó de fijar los temas que debían tratar, cómo era la actuación de los partidos internacionales “que tantas perturbaciones le vienen creando a la marcha normal de las instituciones”, el voto femenino, el reemplazo de las asambleas y cabildos, y la reforma del poder judicial (51).

Tres días después el uso discrecional que Rojas hace de la mencionada Asamblea es un hecho. De ésta conseguirá, de una parte, la suspensión del artículo 129 en sus apartados ¹⁰ y ^20, que prohibían la reelección del presidente, y de otra, la ampliación en el número de sus miembros. Así, los liberales y conservadores que inicialmente iban a ser veintidos para los primeros y doce para los segundos, quedan en 33 y 59, respectivamente. A ellos habrá que añadirles la presencia tanto de dos representantes militares y eclesiales, que rechazan el ofrecimiento, como de otros 20 nombrados por él (52).

Entre tanto, la referida utilización de la ANAC, sigue su curso. El 3 de agosto, el presidente de ésta Mariano Ospina Pérez, anuncia tras los votos afirmativos de 53 conservadores y trece liberales, la reelección de Gustavo Rojas Pinilla hasta el 7 de agosto de 1958. Los laureanistas liderados por Luis 1. Andrade votaron por Gómez, cuya entrada al país había sido prohibida, teniendo que permanecer en Caracas (53).

El resultado obtenido, visto desde las posiciones liberales, resaltaba la división de opinión existente. La negativa de la Dirección Nacional Liberal, el 28 de julio, a presentarse en la “asamblea nacional constituyente cualesquiera que sean el número de delegados que se le asignen”, apuntaba en esa dirección (54). Los trece votos a favor salidos de sus filas “no como voceros de ningún directorio político, sino como mandatarios directos del pueblo liberal”, terminaron por confirmarlo (55).

Tales posiciones se mantenían en la prensa. Mientras La República y El Colombiano saludaban el resultado, El Tiempo, guardaba silencio, y El Espectador opinaba que “el señor presidente Rojas Pinilla pudo haber sido reelegido en forma más brillante” (56).

Así las cosas, el 7 de agosto con la Asamblea como testigo, y presidida por Mariano Ospina quien renuncia el 2 de septiembre, Gustavo Rojas toma posesión de su cargo. Al hacerlo el general, no sólo estrenaba gabinete, con tres militares en él, sino también, legitimaba y prolongaba su mandato a través de aquélla. Esta, que continuaba sus trabajos hasta el 8 de septiembre con el fin de ultimar los proyectos de voto femenino, consejos administrativos e ilegalización del comunismo internacional, no volvería a reunirse hasta el 20 de julio de 1955.

De los proyectos indicados el que hace referencia a los consejos administrativos, que -elegidos por el presidente-, vienen a reemplazar las asambleas y concejos de elección popular, levanta fuertes controversias. La consideración de minoría, cuando se refiere a los liberales, es el motivo. En opinión de aquellos no era aceptable tal posición, por lo que desautorizan la presencia de cualquiera de sus miembros en las corporaciones transitorias “pues ya no podrán sustraerse a las influencias políticas de la fracción conservadora que arbitrariamente irá a controlarlas” (57). Aún así, el 8 de septiembre los representantes liberales en la Asamblea, renuevan su confianza en Rojas.

Del resto, solventadas las ya indicadas dificultades que afectaron al voto femenino, los debates se centraron sobre la prohibición de las actividades comunistas. La promulgación el 14 de septiembre del acto legislativo N0 6 que en su artículo ¹⁰ decía:

“Queda prohibida la actividad política del comunismo intenacional. La ley reglamentará la manera de hacer efectiva esta prohibición”, que llega ya en 1955, cerraba las discusiones (58).

Paralelamente a éstas, el gobierno, cuidadoso en ampliar la imagen de benefactor hacia las masas populares, funda el 24 de

septiembre, el Secretariado de Acción Social (SENDAS). Este, cuya primera directora será la hija del presidente Maria Eugenia Rojas, intentará coordinar, al mismo tiempo que el proceso de pacificación, la ayuda a los campesinos desplazados por la Violencia.

Posteriormente, a la vez que dedicaba sus esfuerzos en la distribución de alimentos y jugetes entre los sectores más humildes ^- motivo por el cual fue comparado con las acciones de Eva Perón en Argentina-, era acusado, desde los medios privados de despilfarro y malversación.

El Ejecutivo, entre tanto, una vez que había conseguido utilizar a la ANAC en beneficio propio, pone fin a las sesiones de ésta.

Las preocupaciones del gabinete, mientras, se dirigían, ahora, en pos del control periodístico. Las advertencias hechas por Rojas en su discurso ante la Asamblea el 7 de agosto, lo ponían de manifiesto. La referencia que hizo al fuero especial que regía para los periodistas desde 1910, y que según el general había servido para “delinquir sin sanción alguna”, recordando además que “como lo afirmaba el presidente

López, ella (la prensa) estimula todos los conflictos, alienta todos los desórdenes y da pábulo irresponsable a todas las agitaciones” (59), era en su opinión, motivo suficiente para, vía decreto, regular tales actividades.

Días después de haber clausurado las sesiones la Asamblea, aparece el Decreto 2835 con el fin de penalizar el delito de calumnia e injuria. En él quedaban contempladas sanciones de tipo económico, doscientos mil pesos máximo, o la consideración de injuria “cuando la divulgación afecta a personas jurídicas, corporaciones o entidades de derecho público” (60).

La disposición encuentra desde los grupos mayoritarios frontal oposición. La Comisión Nacional de Prensa, a la cual

pertenecían, entre otros, Guillermo Cano -propietario y director de El Espectador-, Gilberto Alzate Avendaño, por Diario de Colombia, y Fernando Gómez Martínez de El Colombiano, consideran: ^{“ ...} un riesgo someter los delitos de prensa al conocimiento sumario de un funcionario administrativo pues el decreto elimina la eficacia jurídica de la rectificación ^... “(61).

Ante la unidad de respuesta que el referido Decreto encuentra, Rojas Pinilla mantiene una entrevista con los liberales Lleras Camargo, y Rafael Rocha, y los conservadores Gilberto Alzate y Francisco de Paula Pérez. Estos, considerando necesario un aplazamiento para su entrada en vigor, consiguen la formación de una comisión paritaria, periodistas y juristas, que incluiría el estudio y reforma de algunos puntos de aquél. Los resultados llegan el 15 de octubre. Las multas serían reducidas, y la posibilidad de cierre por libelo desestimada, consiguiendo, llegado el caso, la mediación de un tribunal nacional que pueda interceder en cualquier conflicto (62).

Los pasos dados, no obstante, intranquilizaban a los círculos periodísticos. La celebración en Cali del 30 de octubre al 2 de noviembre, del II Congreso de Periodistas y los intentos de controlarlo por personas afines a Rojas, aumentaban la preocupación.

Esta, quedaría confirmada toda vez que las noticias aparecidas en El Espectador y El Tiempo, vinieron a cuestionar la aireada pacificación nacional. Para el primero, la confrontación mantenida por un grupo de soldados y guerrilleros, con un saldo de treinta muertos, lo afirmaba. El segundo, crítico, de un lado, con la vigencia ^- desde el 9 de noviembre de 1949-, del estado de sitio, y de otro, por la intención de aumentar la permanencia en filas, conseguía del Ejecutivo, pese al acuerdo alcanzado, la denuncia para el diario por calumnias (63).

Tales informaciones, que tras la anmistía de julio-agosto del año 53 parecían haber desaparecido, tienen ya en noviembre, y después del indicado suceso en Caldas, continuación al día siguiente.

El asesinato de un grupo de campesinos en Villarica (Tolima), que participaban en una asamblea comunal, es muestra de ello (64). No será un caso aislado. Las incursiones armadas que simpatizantes laureanistas emprenden en algunas zonas rurales del Tolima, Valle del Cauca, etc, -sin temor a que por ello sufran persecución oficial-, o las que, igualmente mantenían los comunistas, con la dirección de Juan de la Cruz Varela, lo corroboraban (65).

El general Rojas, mientras, seguía ocupado en la política de extensión gubernamental hacia los sectores básicos de la economía, sin descuidar los de tipo partidario. Los primeros, con la inauguración el 13 de octubre de la Acería de Paz del Rio, primera industria pública del sector, lo demostraban. Los segundos, pese a lo anterior, después de saber que a finales del 54 las estadisticas de muertos por la Violencia se situaban en 900, la más baja entre 1951 y1960, traían el rumor, posterior realidad, de un nuevo partido por él impulsado.

A éste, que adoptará el nombre de Movimiento de Acción Nacional (MAN), se unirán, tanto miembros del gobierno como Pabón Núñez y Jaramillo Arrubla -ministros de Gobierno y Trabajo respectivamente-, como los liberales Abelardo Forero y José Umaña, e inclusive miembros de centrales sindicales y el socialista Emiro Valencia (66).

Uno de sus principales mentores, Pabón Núñez, conocedor de los reproches que la prensa liberal y conservadora le dedicaba, entendía que el MAN debía “respaldar la obra del gobierno ^... (y) compactar al pueblo conservador, liberal y socialista, a ricos y pobres”, pues

era “el verdadero frente democrático contra cualesquiera frentes de resentidas oligarquías” (67).

De esta manera, y con el nombramiento del Consejo Nacional de Economía -encargado de la orientación económica-, del que junto al exministro Antonio Alvarez Restrepo, o el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Manuel Mejía, se encontraba Antonio García, jefe del socialismo en Colombia; el año terminaba (68).

Los diferentes grupos políticos y sociales, pasados los hechos de junio, los problemas con la prensa, las advertencias eclesiales respecto a la CNT, las quejas gremiales por el impuesto cafetero, y por último el anuncio del MAN, entienden de forma diáfana, que los entusiásmos iniciales expresados el 13 de junio, debían ser vistos friamente, dado el cariz, cada vez más autoritario, que Rojas tomaba.

3.1.2. Cambios en la situación nacional.

Las esperanzas que liberales y conservadores depositaron en Rojas, como pacificador y reparador del sistema democrático, aparecen cuestionadas en 1955. El discurso de Año Nuevo, donde anuncia su negativa a levantar el estado de sitio, hace preguntarse a aquéllos cuáles son las intenciones políticas que el general guardaba.

El beneplácito oficial ofrecido al MAN, como quedó indicado, no gustó entre los partidos mayoritarios. La prensa que les servia de portavoz, mostraba ese disgusto. Si en Cali, Diario del Pacífico, llamaba “engendro” al proyecto, en Bogotá La República advertía:

“combatiremos el tercer partido donde quiera que se presente y no permiteremos que se inflitre el morbo socialista en la doctrina que heredamos

de nuestros mayores” (69). Igualmente, El Tiempo tomando la palabra por los liberales decía “es para ellos tan inaceptable como los partidos organizados artificialmente por el gobierno y para uso directo del gobierno”

(70).

Vistas las intenciones del Ejecutivo, es entonces cuando los partidos, temerosos de la apropiación que desde aquél pudiera hacerse respecto a lo que ellos consideraban “patrimonio político”, intentan como reacción, salvar mediante convenciones sus entonces debilitadas estructuras internas.

Los liberales serán los primeros. Ya en diciembre del 54, celebraban una convención. Allí, elegían a Alfonso López, jefe del partido. Su presencia al igual que ocurrió durante el mandato de Gómez, era buscada como vía de entendimiento. La contraposición a la mantenida por Santos, contario a cualquier acuerdo, unido al necesario interés por mantener los canales abiertos, ya fueran gubernamentales o conservadores, así lo recomendaban (71).

La declaración final de la reunión, una vez que reconoce los logros de pacificación “hechos por el gobierno de las Fuerzas Armadas”, y la inquitud por el “receso de los mecanismos democráticos”, solicita entre otras cosas, el levantamiento del estado de sitio, fórmulas que no sólo reemplacen o modifiquen la Anac y los consejos administrativos, sino también un sistema de sufragio más simple

“que haga factible la convocación a elecciones populares en breve tiempo”

(72). Estas, a las cuales habría que añadir el debatido tema de la paridad representativa, ampliaban, si el diálogo con el gobierno era efectivo, una fisura mayor.

Los conservadores, por su parte, con el grupo de Alzate al frente, buscan -no sin las reticencias del sector laureanista que

todavía permanecía en el país-, concentrar al conjunto de los líderes del partido, y así llegar a una convención.

Para los promotores, la necesidad de ésta era clara.

Gilberto Alzate, desde las páginas del Diario de Colombia, ponía como ejemplo a los liberales. Si éstos, decía, que estaban al margen “h a n puesto término a sus vacaciones políticas”, mayor razón tendrían ellos para organizarse que conllevaban las “responsabilidades del régimen”, y de esa manera, con el consenso de los partidos, acelerar el proceso que ahora permanecía detenido (73).

Los laureanistas, sin embargo, como quedó indicado, no eran tan entusiástas. Luis 1. Andrade y Belisario Betancur, entre otros, criticaban la convocatoria puesto que “un gran sector del conservatismo ^... estarían sometidos a las represalias oficiales”, a la vez de

“no tener libertad para decidir, pues sería concidición previa el aplauso incondicional al régimen imperante” (74).

La respuesta a ésta, les llega desde La República ^. En su opinión es fácil hacer política “con la sangre y con la vida de los demás”

no entendiendo la negativa de los laureanistas, pues los conservadores que “acompañan al Presidente Rojas Pinilla están salvando a la colectividad de una de sus mayores crisis históricas” (75).

Con ello, las bases para un nuevo debate partidos- Ejecutivo, parecían recuperar actualidad. El resto de los condicionantes, que en cierto modo podían servir como detonante de precipitación, entre los que se encontraban los indicadores económicos, se mantenían intactos. La situación interna que el país mantenía en ese capitulo -cerrada el año 54 con un superávit fiscal de 156 millones de pesos-, en palabras del gerente del Banco Cafetero Antonio Alvarez Restrepo, era “un completo equilibrio ^... (ya que) ^... la política económica del gobierno está marchando sobre bases muy

sólidas, lo que quiere decir que no es probable que se presenten serios problemas en su desarrollo” (76).

Mientras, los obispos de Medellín conocida la aprobación, el 16 de diciembre del 54, de la personería jurídica de CNT, vuelven a alzar su voz en contra del sindicato. Este, que decía respetar “e 1 sentimiento católico del pueblo colombiano, ser apolítico, anti-comunista y nacionalista” (77), no despeja las dudas de los anteriores al “rechazar el sindicalismo confesional, exigido por los Pontífices Romanos para los pueblos católicos ^... (y) ^... porque ha negado a la Igelsia el derecho y el deber de intervenir en el problema social” (78). Por ello cinco obispos de aquélla diócesis, al considerarlo peronista, lo condenan y pohiben a los católicos inscribirse en él.

La contrariedad que este tipo de comentarios pudieran suponer, no tuvieron, al menos para el principal ideólogo del MAN, el ministro Pabón Núñez, excesivo efecto. La confirmación de las intenciones ministeriales no eran nuevas. Dos años atrás, la información enviada en julio del 53, desde la legación española en Bogotá decía:

“En este sentido el nuevo primer ministro Lucio Pabón ha declarado que ^... fiel a las doctrinas conservadoras, prepara, sin romper con el orden institucional establecido, una posible revolución nacional, que vaya extendiéndose por los organos estatales hasta llegar al cambio de la psicología popular, alejándose del entendemiento dualista de los partidos, para conducirla hasta una integración nacional y unitaria” (79).

Febrero del 55, era la confirmación. La convocatoria de una manifestación en apoyo del nuevo movimiento, anunciada profusamente desde los organismos oficiales, tanto al ministerio de Gobierno, como la Dirección de Información y Propaganda, lo ponían de manifiesto. Ahora bien, los partidos, utilizando una vez más la

cobertura antigubernamental que la prensa les ofrecía, tratan de evitarlo.

La retórica utilizada era variada. Calificativos como izquierdista, revolucionaria, nueveabrileña, etc, eran algunos de ellos.

Los organizadores, que buscaban -respondiendo a las primeras intenciones del MAN-, contar con una amplia base política que los legitimara, llegan a pensar en su aplazamiento o cancelación. Esto último fue lo que ocurrió. Pabón Núñez, comprobados los efectos negativos que la convocatoria había concentrado, así lo decidió (80).

Los periódicos, independientemente del signo, daban la bienvenida. El 3 de febrero La República, uno de los baluartes informativos del régimen, aparecía con el título “¿Por quién doblan las campanas?”. Un día después, El País de Cali con “El MAN en liquidación”, y EL Tiempo con la sigla “R.l.P.” (81).

El traspiés sufrido en principio, no desanimaba a Rojas.

Los partidos que ahora deseaban deshacerse del peligroso padrinazgo que él les ofrecía, retomaban las diferencias interiores.

Alfonso López, recién nombrado jefe del partido Liberal, concreta sus dudas iniciales y 0pta por la dimisión. En su lugar es nombrada una dirección compuesta por siete miembros, de la que permanecían ausentes líderes tan destacados como Eduardo Santos, Carlos Lleras y Alfonso Lleras Camargo.

Antes que López Pumarejo tomara la decisión anterior, vuelve a recordar las lineas de acción hechas en diciembre. La mención, que la colaboración con los conservadores merece para el expresidente, tiene en el sector santista -opositor a López-, señales de reprobación. Desde El Tiempo, su cualificado portavoz opinaba: “Los liberales nunca podrían entenderse con Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez, porque tenían muchas cuentas

pendientes con ellos. ¿Entonces con quién se piensan entender? (82).

Posteriormente la nueva directiva liberal, corroboraría los deseos de López.

Los alzatistas, por su parte, contrariados por el artículo del diario liberal, aprovechan el nombramiento de Gilberto Alzate como embajador de Colombia en España, para manifestar, ante la propuesta de diálogo, su escepticismo. Augusto Ramírez Moreno, organizador del acto de despedida, cree que: “Es obvio que esa concordia no podemos ofrecerla con el despectivo acento con que nos es ofrecida” (83). El resto de los conservadores, mientras, concedidos los permisos de entrada a destacados laureanistas como eran Jorge Leyva o Alvaro y Enrique Gómez, abrigaban la esperanza de recobrar la cohesión.

El envío de Alzate a España, quien antes de partir recordó su fidelidad al gobierno, abundaba en ello. Los obstáculos que éste podría poner, quedarían aparentemente disminuidos, y las posibilidades de maniobrar en pos de la unidad -bajo la batuta de Ospina-, serían mayores. El anuncio, en cualquir caso, hecho desde el ministerio de Gobierno, manteniendo la prohibición respecto al regreso de Gómez, vino a dejar las cosas en suspenso.

Mientras, las que en principio eran favorables perspectivas económicas, pasaron a transformarse en sombrías. Al anunciado beneficio fiscal, se oponía un incremento, de 7 millones de pesos a 230, en la deuda pública. La caída en el precio del café, y el escaso control que las autoridades económicas tenían sobre los gastos públicos -denunciado desde Fenalco-, aumentaban aquélla. Las disposiciones posteriores, anunciadas por el ministro de Hacienda, Carlos Villaveces, y en contra de lo que pudieran parecer, lejos de

cuestionar la disminución del gasto, la apoyaban (84). El Ejecutivo, con ello, comprobaba cómo la bonanza del 54, comenzaba a reducirse.

En igual medida, los planes que Rojas tenía para extender su capacidad de autonomía política, encuentran un retroceso. El rechazo a las propuestas del general, ya fuera el MAN, o la CNT, seguía en aumento. Esta última, recogía una vez más, la reprobación eclesial. El 11 de febrero, la pastoral colectiva del obispado colombiano condenaba al sindicato, y recomendaba “No permitamos que ideologias extrañas vengan a perturbar nuestra concepción cristiana y democrática de la vida social, de la autoridad y de las relaciones laborales”

(85).

La tambaleante pacificación, entre tanto, -que ya a finales del 54 daba muestras de debilidad-, resulta, en marzo tras el enfrentamiento de Villarica (Tolima), fuertemente dañada. Las acciones que los grupos paramilitares ^-“pájaros”-, dirigían contra los anmistiados, y que afectaban a poblaciones campesinas situadas en la zona del Sumapáz, eran un ejemplo. La respuesta oficial, además, no contribuía a su tranquilidad. Declarada “zona de operaciones militares”, con empleo constante de la “ley de fugas”, como sistema de represión (86), provoca, ya en abril, que la dirección liberal le envie una carta a Rojas Pinilla quejándose por ^{“ ...} la alarmante repetición de actos tan graves como la muerte de prisioneros custodiados por agentes de la autoridad, la detención de numerosas personas sin motivo alguno ^... “(87).

A través de dos vías llega la contestación oficial. La primera por parte de los responsables militares destinados en las zonas de coflicto. Según ellos, los directores de tales actos eran los comunistas, aunque los “antiguos bandoleros son el núcleo central y los autores directos de los crímenes” (88). La anmistía del 53, añadían,

simplemente había servido para ofrecer descanso a los guerrilleros, y la posibilidad de renovar el vetusto armamento que poseían (89).

La segunda, y en referencia a la comunicación de la directiva liberal, la daba Rojas Pinilla el mes de mayo. En ella, reconociendo que los comunistas aparecían como máximos culpables, no acepta “el cargo de que (el Ejecutivo) se está valiendo de la amenaza comunista para poner a funcionar consignas de sangre y fuego, sin consideración alguna por los más elementales derechos del hombre” (90).

Estas acciones tuvieron, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, costosos efectos. El desplazamiento que los refugiados de las zonas afectadas tuvieron que hacer, estaría entre ellos. La pacificación, tras los acontecimientos anteriores, siendo el año 55 el segundo más bajo en afectados -1013 muertos-, volvía a indicar la fragilidad de aquélla (91).

Las conflictivas relaciones con los medios de difusión escrita, entre tanto, recuperaban la intensidad vivida en momentos pretéritos. El deseo de Rojas por hacer valer sus posiciones en tan sensible círculo, le traería un nuevo disgusto. La expedición en marzo de un decreto, por el que obligaba a las emisoras privadas a conceder espacios gratuitos cuando de noticias oficiales se trataba, recuperó la

polémica (92).

Esta no se detuvo aquí. Un mes después, mediante el Decreto 1139, que prohibía faltarle el respeto a las autoridades militares, aplicado llegado el caso con penas que iban de dos a cinco años de prisión, eleva la tensión. Como muestra, la detención de los editores de Diario del Pacifico, El Diario, y la suspensión temporal de La República (93).

Por su parte, los pequeños grupos políticos, como eran en el sector conservador los laureanistas, y el partido Socialista,

acompañaban a la prensa en las críticas a la política gubernamental.

Los primeros, a la vez que aprovechan los días 7 y 8 de mayo para reunir la “junta nacional de delegatarios del partido Conservador” ^- donde reiteran la jefatura única de Laureano Gómez en el partido-, denominan al 13 de junio “fecha infausta para la patria” (94).

Igualmente, los socialistas, que habían acogido favorablemente el proyecto del MAN, en el mismo mes, afirmaban, culpando al bipartidismo de la situación, que en “Colombia se ha desmoronado el orden público” (95).

Con ello, y pese a la rápida contestación que los conservadores leales al régimen esgrimieron, las manifestaciones de desaprobación a Rojas y sus colaboradores, adquieren amplia difusión. A ella, contribuía la preocupación del general, en aumento, por controlar las informaciones aparecidas en los distintos diarios nacionales.

El ejemplo, como mejor punto de referencia al interés por aplicar la censura e imponer las multas a una serie de periódicos, tiene lugar el mes de agosto. La muerte de dos periodistas, acaecida en extrañas circunstancias, accidente según la nota oficial, desencadena la situación. La explicación ofrecida, no es aceptada por el entonces director de El Tiempo, Roberto García-Peña. Este, conocida la presencia de Rojas en Ecuador, y la acusación hecha por el general contra su diario y El Espectador, de desvirtuar la imagen internacional del régimen, envia a su homólogo del diario quiteño El Comercio un mensaje aclaratorio. En éste, después de negar la nota anterior, acusa a los organismos policiales de negligencia pues “sus autores materiales ya bien conocidos, no han sido, sin embargo, capturados y el crimen sigue impune” (96). Al hacerse pública, el Ejecutivo ordena -pese a los intentos de acuerdo-, la clausura del diario con base al Decreto

Legislativo 1723 del 53, que autorizaba a la Oficina de Información y Propaganda (ODIPE), suspender la publicación.

La explicación ofrecida por Pabón Núñez, según la cual

“desmentir al presidente de la República como lo ha hecho el director de El Tiempo y a la vez hacer falsas aseveraciones, es además de irrespeto y agravio intolerables, flagrante violación de la ley penal” (97), no convence.

Ante esta respuesta, el resto de periódicos y representantes políticos, al ser el diario clausurado portavoz del sector santista, manifiestan el 12 de agosto, y liderados por las esposas de Lleras Restrepo y Olaya Herrera, su protesta (98).

Para contrarrestarla, los rojistas, tal y como lo tenían programado, celebran una concentración de apoyo al día siguiente. A ella no sólo acudirá el gabinete y demás miembros afines al MAN y la CNT, sino también, representantes del partido Socialista y la débil CTC. Los discursos allí realizados, aparte de profundizar en las críticas al sistema bipartidista, inciden en la recriminación a la prensa, pues según Rojas tras el 4 de agosto. día que clausuraron El Tiempo, “ha quedado notificado que el jefe de estado está en el palacio de los presidentes y no en la redacción de ningún diario” (99). Otras instituciones, como es el caso del Ejército, se unen a los anteriores.

De esta manera, el Ejecutivo confiaba que tras lo ocurrido, los partidos mayoritarios disminuyeran su presión. La actitud oficial, sin embargo, no ayudaba. La inauguración primero, a finales de agosto de la Empresa Nacional de Publicaciones (ENP) -encargada de controlar ¡a importación de papel-, seguida por el nuevo Diario Oficial,

afín al régimen, soliviantan al sensible sector periodístico (100).

Ante la situación creada, la posición de las hasta entonces tibias distancias que los grupos políticos mayoritarios mantenían con el régimen, quedaban ahora esclarecidas. El respaldo lo obtendrían

de los sectores medios -que como los alzatistas-, detentaban sus clientelas políticas entre el cambiante aparato burocrático, y que apoyando al Estado intentaban ampliar sus contactos con el poder (101).

A pesar de ello, las dificultades que el régimen encuentra para maniobrar con liberales y conservadores son mayores. El mensaje que en representación de los anteriores le dirigen a Gustavo Rojas, López de Mesa, Antonio Rocha y Hernán Jaramillo, en el que cuestionan no sólo la indicada clausura, sino también, la forma de actuar con respecto al uso de la ANAC, es sintomático (102). Es más, las que hasta entonces eran exclusivas críticas -entre los conservadores-, del grupo laureanista, encuentran eco en las filas ospinistas. En opinión de éstos, el comportamiento del general al frente del Ejecutivo no satisfacía las perspectivas abiertas, motivo por el cual inician su distanciamiento (103).

Así las cosas, el Ejecutivo, vía ministerio de Trabajo, en un intento por salvar la posición anterior, decreta el 17 de septiembre, retirar la personería jurídica a la condenada CNT -ya solicitada el mes de agosto por la propia central-. (104). Sin embargo, conocida dos días después, la exclusiva presencia de conservadores y militares en el nuevo gabinete, junto a la publicación del decreto 2535 de 21 de septiembre, que prohibía cualquier información irrespetuosa hacia el presidente, renueva las críticas. Estas, con todo, adquieren el día 23 formas más directas.

El homenaje que en honor del expresidente y propietario de El Tiempo, Eduardo Santos, se celebra aquél día, es indicativo. Allí, Alberto Lleras, después de hacer una reivindicación de la Constitución del 86, pide a las Fuerzas Armadas “que se ven comprometidas en la acción política de un gobierno personal que ellas no

ejercen”, no perpetuar esta situación “más allá de la concreta misión de restablecer el gobierno civil y la forma republicana y democrática del régimen”

(105).

Estas palabras, en principio, no parecieron afectar al general. Al día siguiente, y ante cuarenta periodistas, les ofrece sus respuestas. De una parte, si bien anunciaba la retirada de la censura, la clausura de El Siglo y El Tiempo seguía. De otra, no olvidaba a los comunistas como responsables de la Violencia en Tolima, para finalmente, anunciar que la ANAC se reuniría -algo que debería haberse hecho en sesión ordinaria el 20 de julio-, cuando el orden público lo permitiese (106).

Como era previsible, las directivas conservadora y liberal, unidas a los empresarios periodísticos, no comparten esas manifestaciones. Los conservadores, laureanistas en particular, procuran agilizar la oposición al régimen. Las manifestaciones que el jefe del Ejecutivo realiza en octubre, según las cuales “el mayor beneficio que se le puede hacer al país es conseguir la depuración de las directivas políticas de ambos partidos” (107), ratifica sus intenciones. La celebración de la convención nacional, donde se expondrían las pautas a seguir, era inicialmente, el marco adecuado.

Una de ellas, la que hacía referencia a la conveniencia o no de realizar la unión conservadora entorno al gobierno, reprodujo viejas polémicas. Así Diario de Colombia, y el ministro Pabón Núñez la desaprueban. El Ejecutivo, por su parte, prohibe la reunión. Con ella, no obstante les resulta difícil acallar las propuestas que Mariano Ospina en octubre, y Laureano Gómez desde España en noviembre y diciembre, hacen en pos de una mayor apertura política en el manejo del Estado. La convocatoria de la ANAC, el respeto a la libertad de prensa, etc -por parte de Ospina-, la importancia de mantener unido

al partido, y la limitación del Ejército a actividades de orden público, etc -según Gómez-, serán algunas de las peticiones (108).

En esas, por una parte, se podían descubrir de forma concreta, las indicadas distancias de los ospinistas respecto a Rojas, y de otra nacientes indicios que presagiaban, -con obvio respaldo laureanista-, una mayor cobertura conservadora en contra del general.

Los liberales, tras la clausura de El Tiempo, expuestas ya por el partido las líneas a seguir, dan -tutelados por Alberto Lleras-, los pasos necesarios que conducen a un acuerdo entre las directivas liberal-conservadora. El resultado, que se denominará Frente Civil, estará destinado a lograr un mayor entendimiento entre los colombianos, aunque sea “a un lado de los partidos ^... creando así una fuerza nacional que no ponga como primera condición para que la república vuelva a ser vivible, que lo sea bajo la exlusiva y excluyente dirección de un grupo político ^... “(109).

Con ello, los partidos mayoritarios, que recogían -en beneficio propio-, las que fueran intenciones primeras de Rojas, buscan ahora, aunque sólo sea formalmente, sentar las bases que les permitan un amplio entendimiento. La puesta en práctica, en cualquier caso, será lenta. Las reticencias de algunos grupos del partido Conservador, la falta de cohesión interna del liberalismo, divididos entre dialogantes -López Pumarejo-, y opositores frontales al régimen -Lleras Camargo y Santos-, ralentizaban el posible acuerdo. La propuesta, con todo, resultaba positiva (110).

Así las cosas, los últimos días del año, siguiendo la tónica tenida hasta entonces, reavivan los puntos de fricción entre autoridades y prensa. La imposición de una multa de diez mil pesos a los diarios El Espectador, El Correo -ambos el 20 de diciembre-, y el Diario

Gráfico -31 del mismo mes-, por no haber respetado el señalado decreto 2535, fueron el motivo. El intercambio de opiniones que detractores -La República-, y defensores -Pabón Núñez-, tienen, aumenta más si cabe, la brecha entre ambos estamentos (111).

Llegados a este punto el año 55 tocaba a sus momentos finales. Los hechos acaecidos, especialmente en el segundo semestre, vinieron a marcar, pese a las primeras reticencias, el abierto distanciamiento que buena parte de los liberales y conservadores tenían respecto al Ejecutivo. La postura mantenida desde éste no ayudaba. Su celo por controlar cualquier signo de oposición -más cuando era periodístico-, sumado al interés por continuar con el estado de sitio, puesto en entredicho por Lleras Camargo, lo evidenciaban. En igual sentido, el recrudecimiento de los enfrentamientos armados en los departamentos del Huila y Tolima, o el malestar gremial por ver restringido el acceso al crédito, aventuraban un 56 no exento de dificultades para el gobierno (112).

El año nuevo, heredero de los acontecimientos del semestre anterior, presenta al comienzo, indudables signos de continuidad. De una parte, la inequívoca intención de Rojas por mantenerse en el poder, algo que en principio parecía fácil, pues según los diplomáticos españoles: “no existe una verdadera conciencia de oposición al margen de pequeños grupos de políticos que no han resultado favorecidos en lo que Alfonso López llama “la pugna secular de nuestros dos grandes bandos políticos por los gajes del presupuesto” (113), y que el 26 de enero, bajo el título “El espiritu del 13 de junio”, respaldaba una

editorial en La República (114).

De otra, y en sintonía con las acciones llevadas hasta entonces, la presión ejercida sobre la prensa, lejos de disipar su intensidad, se mantiene. El bogotano Diario Gráfico, al igual que El

Espectador y El Colombiano, deben hacer efectivas -por multa el primero, y pagos atrasados al fisco los segundos-, diversas sanciones. El impago de éstas en el caso de aquél, o la dificultad en abonarías, los otros dos, lleva temporalmente a suspender su publicación (115).

La referida falta de oposición, sin embargo, no sólo se acentúa -dado el malestar que generan las medidas anteriores-, sino que es reprimida con dureza. El ejemplo más claro llega el 29 de enero, cuando en la plaza de toros de Santa María, presentes el ministro de Hacienda Carlos Villaveces, María Eugenia Rojas -hija del general- y su esposo Samuel Moreno, director de Diario de Colombia, el público asistente, mayoritariamente liberal, lanza proclamas contra el gobierno, intercalándolas con aclamaciones a Lleras Camargo y al antiguo director de El Tiempo Roberto García Peña (116).

La respuesta gubernamental, no se hizo esperar. El anuncio hecho por el comandante de las Fuerzas de Policía, general Deogracias Fonseca, advirtiendo sobre la toma de medidas encaminadas a evitar que ^{“ ...} los espectáculos públicos se conviertan en manifistaciones de carácter político que sólo sirven para crear un clima de desasosiego ^{... “} (117), es efectivo el domingo 4 de febrero. La celebración de una nueva corrida, ocasiona “una manifestación de sentido contrario que parece culminó en la agresión personal a algunos espectadores que no se solidarizaron con el clamor tributado, a modo de desagravio, a este Presidente de la República” (118). El resultado de la referida refriega -con base a las noticias difundidas por la United Press-, fue de 9 muertos y centenares de heridos.

Ante estos hechos, las reacciones son diversas. Así, el propio general Rojas Pinilla cree, que aparte de no perturbarle “aquel género de agravios ^... siente profunda pena por toda forma extremista de amistad o de adhesión (pues) no podemos dejar que los agitadores

profesionales con pretextos de oposición, impunemente continuén envenenando el alma del pueblo ^{... “} (119). En igual sentido para el jefe del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), coronel Luis E. Ordóñez, identificar a los culpables es imposible pues “no podemos investigar un caso que ocurrió de manera colectiva, en el cual intervinieron por lo menos 17.000 personas que se encontraban concentradas dentro del tauródromo”

(120).

A su vez, los portavoces del régimen como Diario de Colombia, La Paz o El Día, consideraban innecesario prestarles atención pues -para el primero-, “Nos hemos acostumbrado a ponerle un serio sabor de tragedia a cualquier acontecimiento por trivial y baladi que sea”(121), sin olvidar que -en opinión del último-, era una “zambra colectiva” (122).

Pese a la posición anterior, las reacciones en contra también tienen lugar. El diario La República, en una editorial tres días después, pide “justicia inexorable contra estos hechos atroces” (123). En igual sentido El Catolicismo, organo oficial del Episcopado, apuntaba que una vez condenados y denunciados estos actos “abiertamente anticristianos”, consideraba que eran un fiel reflejo del descontento existente en el país (124).

Dado el estado de la situación, que lleva a la legación española a manifestar “no es menos cierto que la necesidad de emplear estos recursos atestigua una manifiesta pérdida de la evidente popularidad con la que el general Rojas Pinilla llegó al poder” (125), las directivas políticas esperanzadas por el indudable desgaste que actos de este tipo provocan, intentan reparar sus resquebrajadas posiciones internas.

Los liberales, en principio dispuestos a despojarse de los complejos pasados, buscan con la reunión del Directorio en Medellín,

retrasada de febrero a marzo, poner orden al debilitado y disperso partido. El proyectado encuentro, precedido por una amplia discusión entre las corrientes lideradas por un lado Santos-Lleras Restrepo, y de otro Lleras Camargo, con los lopistas como interesados mediadores, trata de recobrar la ansiada coordinación de los objetivos.

Hasta convertirlos en realidad, Lleras Camargo que parecía el único catalizador posible, recibe desde la prensa conservadora punzantes comentarios. Primero fue La República al creer que el problema del partido “no radica propiamente en el alejamiento de

un sector de las directivas, sino que está en el caso de los dos Lleras. Y no porque sean rivales, sino por la dificultad que encuentra el partido y el resto de la nación en diferenciarlos politicamente” (126). A continuación vino Diario Colombia, que refiriéndose al partido Liberal en su conjunto opinaba

“no es una fortaleza sin griestas, por el contrario, creemos que es un edificio que amenaza ruina. Y el comienzo del fin se puede encontrar en la reunión de marzo en Medellín” (127).

A pesar de las críticas anteriores, los comentaristas políticos, especialmente los conservadores, eran conscientes que, si los liberales, dirigidos por Lleras Camargo, superaban las diferencias presentes, y lograban conseguir el beneplácito de algunos laureanistas, al régimen rojista le sería difícil proseguir. La reedición de algunos diarios, como Diario Gráfico -llamado ahora Información-, El Tiempo -desde el 21 de febrero intermedio-, y de El Espectador -El Independiente-, al tiempo que podía ayudar a que se concretase, creaba cierta intranquilidad.

Los primeros y pausados síntomas aparecen en L a República. Aquí, agradecidos por las opiniones de Alfonso López, en las que propone una reforma constitucional, con representación

proporcional para los dos partidos, y el posible apoyo liberal a un candidato conservador, los editorialistas del diario ospinista, las comparan favorablemente a las realizadas, en parecidos términos, por el expresidente Ospina. A criterio de éstos, la consecución de un acuerdo entre ambos grupos, que tendría como objetivo un apoyo condicionado al gobierno, si éste procedía a la reapertura de la ANAC,

disgusta a los restantes líderes del partido Conservador (128).

Como quedó indicado, la reunión liberal tiene lugar en los primeros días de marzo. La existencia de un debate previo, donde las posiciones de cada sector estaban definidas, hacía pensar que la directiva de él salida tendría pocos visos de continuidad. La elección de Alberto Lleras Camargo como jefe del partido, junto al comunicado final que recordaba su lucha “por la pacificación, concordia y convivencia nacional”, unida al deseo de un “entendimiento franco entre las dos colectividades que históricamente asumieron la responsabilidad de dar al país ^... una estructura civil y democrática”, y donde estimaba que la única misión de un régimen militar era “el rápido restablecimiento de la normalidad y el retorno al régimen civil” (129), despejaba las dudas.

Las afirmaciones anteriores, que venían a ser una renovada actualización del mensaje conciliador de López, confirman, tras la ausencia de Santos -en Francia-, y Lleras Restrepo -que no asistió a las reuniones-, la consolidación interna del liberalismo. Con esta, ofrecida la conciliación a los conservadores, y conocida la confianza que Lleras Camargo despertaba entre los grupos económicos (130), el propuesto Frente Civil volvía a recobrar actualidad.

Los conservadores, mientras, recibían con escepticismo la propuesta. El encontrarse en un momento de división igual o mayor a la de sus rivales políticos, incrementada por la renovación del