La universidad venezolana: desafíos en una época de transición
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(2) Guillermina Ramírez. INTRODUCCIÓN Desde sus inicios las universidades, como entes de la educación superior venezolana, han estado sujetas a cuestionamientos. Aunque el proyecto de universidad autónoma formó parte de la agenda del advenimiento de la democracia representativa reiniciada en 1958, su puesta en práctica dio lugar a diferentes interpretaciones, lo que derivó en relaciones de tensión y conflicto que alcanzaron su máxima manifestación en la década de los años 70 con la ocupación militar de las universidades autónomas, la intervención de la UCV y la reforma de la Ley de Universidades. No obstante tales situaciones, el Estado y las universidades no dejaron de tener relaciones de complementariedad y colaboración. De hecho, el Estado siguió sosteniendo económicamente a las universidades, las ha valorado como ámbito de formación privilegiada de los profesionales, aunque sus autoridades no fueran afectas al gobierno de turno. Lo cierto es, que en momentos que políticamente las universidades se convertían en focos de perturbación, el Estado actuó y para contrarestar el efecto, diversificó la educación superior, mientras crecían las instituciones privadas. Lo que si están las universidades en la actualidad, es ante la presencia de desafíos y amenazas producto de variados y múltiples factores. Cambios permanentes en todos los órdenes, crisis en los fundamentos del pensamiento y conocimiento, así como realidades diferentes: deterioro y agotamiento de modelos políticos, económicos, ideológicos, de sistemas e instituciones, pérdida de legitimidad de liderazgos tradicionales, entre otros; las cuales son razones suficientes o bien para construir un consenso en relación a la necesidad de transformación o para asombrarnos y temer. Todo ello da señales de procesos de crisis y transición. En tal sentido, el presente trabajo constituye una reflexión sobre la universidad venezolana, como parte del sistema educativo nacional, a la luz de sus actuaciones y su relacionamiento con el Estado en momentos de transición. La Universidad: actuación y participación El origen de la educación superior venezolana se remonta a principios del siglo XVIII, vinculada al proceso de colonización, heredando desde Europa todos sus aspectos de imposición teologal como herramienta básica para la prolongación de la corona española en nuestro continente. Es en los primeros años del siglo XIX, con Simón Bolívar y José María Vargas, cuando 106. Revista de Educaciòn.
(3) La Universidad Venezolana: Desafíos en una Época de Transición. comienzan a sembrarse las bases para impartir un tipo de educación distinta a la implantada, tomando como norte algunos movimientos de sucesiones de las colonias, quedando plasmada la participación de universitarios en todo lo que tiene que ver con una formación educativa crítica puesta al servicio de un país. El surgimiento de las universidades, así como el desarrollo del sistema de educación a lo largo del siglo XX, no ha estado exento de afectaciones. La inestabilidad política y financiera y el severo control oficial en los diferentes períodos dictatoriales que gobernaron al país, marcan la pauta a la actividad de los universitarios en la búsqueda de una sociedad más justa. Hechos ocurridos en 1928 contra la dictadura gomecista, los alcances que tomó la educación popular influenciada por las luchas universitarias con Isaías Medina Angarita y la determinante participación de este sector en la caída de Marcos Pérez Jiménez, en el año 1958, son razones suficientes para admitir el aporte que los universitarios han hecho en la búsqueda de una sociedad más equitativa y solidaria. Con el advenimiento del período democrático en 1958 y como producto de la necesidad de desarrollo del capitalismo, se inicia en Venezuela un proceso acelerado de expansión de todos los niveles educativos, incluyendo el sector universitario, en el marco de una política de democratización educativa, fundamentada en los principios de igualdad de oportunidades, el derecho al estudio y en consecuencia una educación de masas que permitió el acceso y la incorporación de sectores sociales, anteriormente excluidos de este nivel educativo. En tal sentido, refieren Fuenmayor y Vidal (2000: 275) “El crecimiento total del sistema educativo superior se evidencia al comparar la matrícula de 1958, la cual era de 11.003 estudiantes con la de 1997 que se multiplicó por 76 al llegar a 773.294 estudiantes” . Por su parte, agrega Castellano (2002:43) “el número de instituciones de educación superior se incrementa de 12 para finales de los años sesenta a 115 para mediados de los noventa”. Es decir, se evidencia un proceso de masificación matricular por una parte y de expansión, diversificación y diferenciación institucional por la otra. Los logros referidos no se dan de manera espontánea y lineal, el proceso no ha estado exento de conflictos y tensiones entre dos entes colectivos, como son el Estado y las universidades, actores que si bien están indisolublemente ligados, también se perciben conflictos recurrentes entre ellos. En tal sentido, nos refiere Lovera (2001:100): “Hay una larga historia de desencuentros de dos ámbitos que funcionan con lógicas diferentes, aunque de 107.
(4) Guillermina Ramírez. mutua necesidad y complementariedad, ya que las relaciones Estado-Educación Superior no son sencillas ni su marco regulatorio obvio”. Al respecto, cita a Brunner ( 1990), quien señala tres esquemas dominantes: benevolente, represivo y evaluador de dicha relación desde el ámbito estatal. Como los términos lo indican, la relación va desde un manejo discrecional sin mayores exigencias de justificación pública de sus rendimientos, pasando por un control directo que conculca la autonomía, a un esquema que supone instituciones con autonomía responsable sin interferencias burocráticas innecesarias. Los modelos socio-políticos de alternabilidad de gobierno y de desarrollo por sustitución de importaciones implicaron para el Estado venezolano un rol protagónico; creación de industrias básicas y expansión del sector servicios con significativa incidencia en el área educativa especialmente en la educación superior. Esto último trajo como consecuencia tanto la ampliación del mercado de trabajo para la profesión académica como la masificación estudiantil ya referida. De igual modo, tales iniciativas estuvieron basadas en un excesivo gasto público sufragado por la renta petrolera y endeudamiento externo, comportamiento que se mantiene durante las décadas de los sesenta y setenta haciendo crisis en la década de los ochenta. Al respecto, sostienen Boscán y Pereira (2005): La universidad pública crecía amparada bajo la benevolencia estatal con presupuestos incrementales y escasa regulación, con lo cual adquiere rasgos populistas evidenciados en la creciente entrada de estudiantes, gratuidad para los usuarios, escasa exigencia de rendimiento, incidencia de intereses político-partidistas en la toma de decisiones y casi nula rendición de cuentas. Se inicia entonces el proceso de expansión desordenada y heterogeneidad del sistema de educación superior; con escaso control del Estado. (p. 161) A partir de los años ochenta, con la profundización de la crisis económica y ante nuevas estrategias de desarrollo basadas en el modelo neoliberal, el Estado disminuye el gasto social y las universidades se ven afectadas financieramente, lo que en consecuencia trajo consigo la merma de condiciones para la docencia y de la calidad de vida para el personal universitario. Durante la década de los noventa permanece el modelo de financiamiento basado en insumos y acuerdos políticos, inexistencia de rendición de cuentas y 108. Revista de Educaciòn.
(5) La Universidad Venezolana: Desafíos en una Época de Transición. desactualización de la información para la toma de decisiones. (García Guadilla, 2001) Como se puede observar, a excepción de algunos momentos de alta confrontación política (movimientos pro-autonomía, protestas, paros, huelgas), el modelo dominante de relación entre el Estado y las universidades, hasta el final del siglo pasado, ha sido el llamado benevolente, en crisis por la precariedad, lo que nos acerca actualmente al modelo evaluador, obligado por una nueva concepción de la educación superior por parte del Estado. No se puede obviar el derecho constitucional que tiene el Estado de supervisar la naturaleza, funcionamiento y logros de las universidades nacionales mediante un sistema de evaluación, sin vulnerar su autonomía. Ahora bien, no obstante los logros referidos, para finales del siglo XX, las universidades evidencian debilidades producto del agotamiento de modelos de gerencia y organización que afectan su funcionamiento. Al respecto señalan Boscán y Pereira (2005): El resultado de todas estas décadas sumerge a la universidad venezolana en un escenario de clientelismo político, pérdida de su función social, una docencia básicamente gremialista y ocupada en la constante lucha por el logro de beneficios económicos; caracterizada además por débiles controles y escasa vinculación con la sociedad y sus sectores productivos” (p.162) Escenario, que obliga a las universidades, ante nuevas realidades, a plantearse un proceso de revisión para su transformación. - La necesaria transformación ante exigencias de orden mundial y nacional Una primera aproximación a la transformación nos ubica ante un proceso global y complejo con múltiples aristas y dimensiones, difícilmente abordables y menos aún materializables. En principio, ante tendencias de orden mundial que no podemos darle la espalda: la ciencia y la tecnología están cambiando aceleradamente el mundo del trabajo y la vida cotidiana, el aparato productivo penetrado y renovado por la globalización de los mercados, por la revolución informática y por nuevos modelos de gerencia.. 109.
(6) Guillermina Ramírez. Estamos en presencia de la denominada globalización del conocimiento, entendida como proceso de transición de una sociedad, cuyo fundamento es la producción de bienes materiales, a otra fundamentada en el conocimiento y la información; lo que obliga a los países y por ende a las universidades a asumir los retos que tal proceso impone. Guedez, (cit Castillo, 2002) lo caracteriza así: Cada vez más rápido en su ritmo, más profundo en su contenido, más global en su expansión y con desenlaces inesperados, todo lo cual ha llevado a sustituir la palabra destino y porvenir por la expresión devenir. La complejidad se expresa en los acontecimientos de la realidad, siempre multideterminados y plurideterminados, solamente comprensibles en relación a un todo porque ningún fenómeno responde a una sola causa. (p.133) Por otra parte, la educación superior está siendo sometida a un conjunto de presiones y cuestionamientos por parte de la sociedad, del Estado, del gobierno y de la propia universidad. Abordar esto nos lleva a considerar el contexto de la universidad venezolana y sus principales manifestaciones. En respuesta a lo antes referido, se invoca la transformación para adecuar la universidad a los nuevos tiempos. Ambos señalamientos también sugieren posturas o visiones a asumir o debatir, no exentas de conflictos. En consecuencia, se opera la transformación bajo políticas restringidas al efecto del mercado y al valor económico del conocimiento, usualmente conocidas como neoliberales, o se toman en cuenta el valor social, cultural, colectivo e individual, expresados en la necesidad de desarrollar la capacidad de todo ser humano para aprender, crear, innovar y comunicar lo aprendido bajo concepciones que apuntan hacia la construcción de sociedades más humanas, solidarias, democráticas y participativas (MECD, 2001). La preferencia por una de estas visiones orienta la transformación y, dependiendo de ellas, se generan alianzas o resistencias. Tales premisas marcan el inicio del siglo XXI y el relacionamiento Estadouniversidad. Se admite la necesidad de la transformación pero se resisten las universidades al hecho de que la misma la impongan los gobernantes, percibiendo con ello que se amenaza la autonomía que la Ley de Universidades le confiere y la propia constitución le garantiza. En términos jurídicos, la autonomía se materializa en la posibilidad de regirse por autoridades independientes y darse dentro del ámbito académico 110. Revista de Educaciòn.
(7) La Universidad Venezolana: Desafíos en una Época de Transición. sus propias normas para el desarrollo de la libertad científica. Pero el asunto es más complejo, abordar el principio de autonomía nos ubica en el campo de lo político. La lógica y los fundamentos del principio de autonomía son políticos y constitutivos del proyecto democrático liberal moderno. Entonces, ante la presencia de otro contexto histórico y proyecto político se hace necesario su revisión y alcance. Explica en parte tal situación, lo ocurrido ha finales del siglo pasado en el país. Ante lo que se percibió como el agotamiento del sistema político iniciado en 1958, se suceden acontecimientos que generan un proceso constituyente que se concreta en una nueva constitución ratificada mediante referéndum constitucional el mes de diciembre de 1999. Además de un nuevo nombre, en lo adelante República Bolivariana de Venezuela que reafirma el espíritu bolivariano y junto a los grandes valores y principios heredados de la ilustración (libertad, igualdad, independencia y soberanía popular) la constitución resalta la democracia participativa, la justicia, la solidaridad, la corresponsabilidad, el pluralismo, la preeminencia de los derechos humanos, así como entroniza el novedoso concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Asimismo reafirma la gratuidad de la enseñanza hasta el pregrado universitario (CRBV, Art. 103). En este marco, el gobierno invoca el término “revolución bolivariana” para definir el proceso. Esta nueva declaratoria compromete a todas las instituciones del Estado Venezolano, incluyendo a las universidades, y abre espacios para el debate, imponiéndole a las mismas nuevos retos. No obstante, acota Benavides (2002) ..... se percibe un distanciamiento de la universidad de su contexto, no sólo con el sector productivo, público y privado sino con las propias comunidades. ... la universidad ha centrado sus esfuerzos en los grandes desafíos que plantea la ciencia a través del pensamiento científico y los amplios ámbitos de la cultura, pero poco nos hemos detenido a estudiar la problemática y la forma como nuestras comunidades luchan diariamente, no estamos cerca de la forma como enfrentar la pobreza y la violencia que las acecha permanentemente. (p. 238) Por otra parte, giros en la orientación de la política universitaria, aunados a conflictos gremiales, han generado una controversia entre el gobierno nacional y las universidades. Estas últimas reclaman su derecho a realizar los cambios. 111.
(8) Guillermina Ramírez. dentro del entorno de su propia autonomía, preservando la democracia interna y el apego a la Ley de Universidades. El gobierno exige a las universidades que deben adecuarse al nuevo proyecto de país, que deben dar respuesta a los requerimientos nacionales y regionales, pero contrario a la valoración que en otros momentos el Estado le otorgaba a las universidades, se deja entrever una desvalorización de las mismas, al no responder a los requerimientos exigidos. Voceros del gobierno, a su vez sostienen que es indispensable revisar el concepto de autonomía universitaria, puesto que las autoridades universitarias, fundamentadas en la racionalidad neoliberal, han llevado a las instituciones a alejarse del bien común y a subordinarse a intereses del mercado.; lo que obliga a un debate sobre el tipo de universidad actual, mezcla de un modelo de origen medieval, napoleónico y de una visión tecnocrática-cientificista de la universidad norteamericana, a no actuar en correspondencia con las necesidades e intereses de la nación (Calles Paz, 2005) Dicha controversia alcanzó momentos críticos durante el paro nacional ocurrido en el mes de diciembre del año 2002 y el calificado como “golpe de estado fallido” de abril del 2003, cuando algunas autoridades universitarias reconocieron el gobierno de facto del empresario Pedro Carmona Estanga. Tales hechos marcaron pauta y crearon secuelas que aún persisten en las relaciones gobierno-universidades. Si bien el Estado continua financiando a las universidades, establece controles y exige rendición de cuentas, que evidencian un modelo de relacionamiento evaluador y como ya se indicara, acorde con el derecho normativo; pero no menos incómodo al percibirse como retaliaciones. También se han observado acciones con visos represivos (no exclusivos del actual gobierno). La intervención de universidades, la reducción de atribuciones al Consejo Nacional de Universidades CNU y a la Oficina de Planificación del Sector Universitario, que posterior al Decreto Ministerial No. 3444 pasan a ser exclusivas del Ministerio de Educación Superior, así como recientes allanamientos a algunas universidades, constituyen algunas acciones que evidencian lo antes señalado. Otras acciones de respuesta por parte del Estado no menos significativas y que denotan las tensiones y enfrentamientos con las universidades, son las referidas a la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con absoluto control de sus autoridades, las aldeas universitarias y la Misión Sucre, como parte de los 112. Revista de Educaciòn.
(9) La Universidad Venezolana: Desafíos en una Época de Transición. programas de la política social del Estado venezolano, pero también calificada de institucionalidad paralela. Responden tales iniciativas, al cuestionamiento que se le hace a las universidades en relación con las iniquidades existentes en el acceso a la educación superior venezolana, que ha terminado por excluir a los sectores más pobres. Al respecto Morales (2003) concluye: El Estado democrático venezolano, en contraposición al espíritu de equidad prevaleciente en nuestra tradición histórica, está impartiendo educación superior gratuita, de manera preferente, a los círculos minoritarios de la sociedad (estratos I y II), cuyos integrantes ostentan una confortable posición socioeconómica en detrimento de los estratos mayoritarios (IV y V), los grupos en situación de pobreza, con mayores carencias en nuestra sociedad, los cuales presentan un alto grado de exclusión en las universidades públicas, alejándose en consecuencia, de la posibilidad de utilizar a la educación como vehículo de movilidad vertical en el seno de nuestra sociedad, a fin de reducir la brecha que los separa de los estratos con mejores condiciones de vida. Es decir, nuestra democracia, paradójicamente, está propiciando la formación de una oligarquía, tanto en la acepción política como social de ese concepto, en las universidades financiadas por el erario público. Al mismo tiempo, en los institutos universitarios también se ha iniciado un proceso regresivo semejante al consumado en las universidades. (p. 61) Este último señalamiento, conjuntamente con la falta de rendición de cuentas por parte de las universidades, resumen los cuestionamientos del gobierno a las autoridades universitarias; en consecuencia presiona para que las universidades aperturen mayor cantidad de cupos, muchas veces en detrimento de su propio funcionamiento y establece mayores mecanismos de control. En su mayoría, las autoridades, gremios universitarios y movimientos de representación estudiantil de las universidades autónomas no se presentan como afines al oficialismo, observándose poca complementariedad con las políticas gubernamentales, pero sin los enfrentamientos violentos que caracterizaron las luchas estudiantiles en otros momentos. Ahora bien, cabe preguntarse ¿qué le corresponde hacer a las universidades en estos momentos?. 113.
(10) Guillermina Ramírez. La respuesta necesaria Ante la imposición de tantos retos y exigencias y a nivel formal, las instituciones de educación superior buscan puntos de consenso entre ellas, como el papel crucial de la educación en la determinación del potencial de cada país; pero también, el reconocimiento de deficiencias y debilidades, tanto de las instituciones como del sistema mismo que convergen en aceptar que deben corregir. Ello implica repensarnos, reformarnos y, en menor medida, y no por ello menos necesario y urgente, transformarnos. Pero más allá de reconocer la necesidad y urgencia de la reforma, la dificultad estriba en identificar el qué, cómo y quién debe hacerlo, así como las formas y caminos que conducen a lo que queremos y la disposición de recorrerlos. He aquí el gran dilema, agravado por un clima de incertidumbre, confusiones y paradojas que lo hacen más difícil. En virtud de lo complejo del problema pasemos a visualizar algunos elementos vinculados al mismo. Si bien la idea de transformación universitaria no es nueva y la discusión sobre la misma ha impregnado los últimos 45 años, interesa, para efectos de este trabajo, ubicarnos en el período histórico que marca la década final del siglo XX y el transcurrido hasta la actualidad, donde las opiniones emitidas no pueden ni deben ser ignoradas a la hora de tomar decisiones. Debates y acuerdos en diferentes escenarios dan lugar a que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios AVERU, presentara para la consideración del CNU en el año 1999 el documento titulado “La transformación universitaria, estrategias de cambio para la educación superior venezolana”. A partir de este momento, las universidades venezolanas se abocan a la programación e instrumentación de procesos de cambio, los cuales incluyen la revisión de sus estatutos y reglamentos, currículo y estrategias de desarrollo en docencia, investigación y extensión universitaria. Paralelo a estos esfuerzos, un ambiente sociopolítico nacional y en especial de la promulgación de una nueva constitución, ya reseñados, se constituyen en marco contextual dentro del cual actúan las universidades. Problemas operacionales y políticos, signados por las restricciones de orden presupuestario y financiero, la adaptación a las nuevas normativas del CNU y a los nuevos cambios de orientación de la política universitaria aunados a conflictos gremiales, han generado conflictos y resistencias para llevar a cabo la transformación.. 114. Revista de Educaciòn.
(11) La Universidad Venezolana: Desafíos en una Época de Transición. Es fácil señalar los aspectos relevantes para la reforma: organización, docencia, investigación, extensión, asuntos estudiantiles y administración de aspectos académicos y de las finanzas. Pero más allá de lo visible están los problemas de fondo, de la capacidad y eficiencia de las instituciones de la Educación Superior para responder a los retos de la producción del conocimiento, de la formación de los recursos humanos y de la construcción de los vasos comunicantes entre el mundo académico, el mundo de la producción y el ejercicio de la ciudadanía y de sus demandas para resolver graves problemas sociales y económicos (Lovera, 2001). Sin lugar a dudas, es imprescindible abordar y enfrentar aspectos de suma complejidad que implican muchas veces, cambios en nuestros esquemas mentales. Al respecto, Morín (cit. Castellano, 2000: s/p) expresa “la reforma universitaria no debería conformarse con una democratización de la enseñanza universitaria... se trata de una reforma que concierne a nuestra aptitud para organizar el conocimiento, es decir, para pensar” o en palabras de Martínez (1997: 20) “... necesitamos una nueva visión de la realidad, un nuevo paradigma, es decir una transformación fundamental de nuestros modos de pensar, percibir y valorar”. Sin embargo, las universidades penetradas por un partidismo y gremialismo mal concebido, son distraídas de sus compromisos fundamentales y así se enturbia su visión de futuro, actuando ello como obstáculo que también genera resistencias al cambio. No menor es el problema de construir un verdadero sistema integrado de educación superior, dada la forma desarticulada, fragmentaria y espasmódica como éste ha crecido y se ha diversificado.. Mucho tiempo ha costado, sin frutos o concreciones, llegar a un acuerdo o aprobar definitivamente un marco regulatorio de la Educación Superior. Los intentos por suplantar la ley vigente, promulgada en 1958, han fracasado. Los factores que incidieron en contra fueron la falta de consenso político y la falta de interés y/o posición de la institución universitaria, lo que indica o pone en evidencia las distintas concepciones e intereses que se han debatido respecto a la Educación Superior, y, en consecuencia, el primer obstáculo para la transformación. Se reconoce que ante la presencia de un nuevo texto constitucional, los aspectos operativos e instrumentales pudieran complicarse, pero también pueden inducir a la modernización y transformación universitaria. A la fecha pudiéramos preguntarnos: ¿cuánto hemos fortalecido a la universidad como institución social dirigente? ¿cuánto se ha hecho por reorientar. 115.
(12) Guillermina Ramírez. los precarios recursos disponibles, incrementar su eficiencia, la pertinencia y la producción académica? Pero, más allá de lo declarativo, de las intenciones y de lo establecido en el marco legal, no parece existir las condiciones para apuntalar los cambios deseados, evidenciándose por una parte, una brecha entre constitución formal y la constitución real y por la otra una lentitud, cuando no una inercia, por parte de las universidades para emprender verdaderas transformaciones, más allá de reformas puntuales. Universidades, Oficina de Planificación del Sector Universitario, Consejo Nacional de Universidades y el Ministerio de Educación Superior, podrían propiciar una relación proactiva si al frente de ellos se encontraran funcionarios con suficiente liderazgo y capacidad de convocatoria para estimular la creación de un nuevo diálogo, y fomentar la relación del Estado con el mundo universitario, ya que experiencias pasadas dejaron de ser oportunidades para construirle viabilidad a la transformación de la educación superior. Ahora bien, la transformación de la educación superior, la mejora de su calidad y su pertinencia así como la manera de resolver las principales dificultades que la acechan, exigen la firme participación, no sólo del gobierno e instituciones de educación superior, sino también de todas las partes interesadas, comprendidos los estudiantes y sus familias, los profesores, el mundo de los negocios y las industrias, los sectores públicos y privados de la economía, los parlamentos, los medios de comunicación, la comunidad y las asociaciones profesionales (UNESCO, 1999:263). Tales actores demandan igualmente que las instituciones de educación superior asuman mayores responsabilidades para con la sociedad, y rindan cuentas sobre la utilización de los recursos públicos y privados. Fuerzas externas e internas deben encauzar sus propósitos en una alianza basada en objetivos comunes y complementarios. No podemos seguir ignorando opiniones ni evadiendo responsabilidades. Las fuerzas del cambio deben confluir en una agenda común y de apoyo mutuo que no se avisora. Es imprescindible la identificación, reconocimiento y revalorización de actores y sus diferentes formas de expresión, pues son ellos los que le imprimen dinámica al sistema, a través de los proyectos de acción que ejecutan o llevan a cabo. Si el proceso de transformación se fundamenta en la negación del otro, la idea de diálogo carece de sentido alguno.. 116. Revista de Educaciòn.
(13) La Universidad Venezolana: Desafíos en una Época de Transición. Dentro del conjunto de actores posibles, deben ser las mismas universidades quienes lideren el cambio y no esperar que agentes externos (partidos políticos, empresarios, parlamentarios, entre otros) a las instituciones de educación superior sean los abanderados de los cuestionamientos y de la toma de decisiones. A diferencia de procesos anteriores de transformación universitaria, como la Reforma de Córdova en Argentina, el Mayo Francés y el Movimiento de Renovación de la Universidad Central de Venezuela en el año 1969, en los cuales los cuestionamientos a las universidades y las salidas a la crisis eran generadas exclusivamente por las universidades, hoy en día actores externos pudieran estar iniciando, conjuntamente con sectores universitarios, los cuestionamientos y llevando la iniciativa en las propuestas e implementación de los cambios (Barráez y Ojeda, 2001) Resistencias al cambio están presentes en los actores del mundo político, empresarial y académico, pero las transformaciones que se están operando en cada uno de éstos ámbitos y en el contexto general, tanto a nivel nacional como internacional, obligan a los protagonistas a adoptar nuevos guiones de actuación. Muchas veces imperceptibles, tal vez por ser parciales o por estar produciéndose con un patrón distinto al postulado o deseado, pero importantes para construirle viabilidad a un cambio más profundo. Múltiples y variados son los factores de orden jurídico, político, económico, cultural, institucional y personal que intervienen y provocan la resistencia a los cambios y a las necesarias transformaciones. Alrededor de ellos se combina la falta de una visión compartida, de legitimidad y credibilidad de los actores, de motivación e incentivos, de compromiso con la institución y el país, desconocimiento, intereses particulares y grupales, mezquindades, y también miedo ante lo desconocido o a perder privilegios. Todo proceso de transformación es difícil. Cambiar de actitud y modificar conductas que se consideraban logradas y optimizadas genera desconcierto, confusión y desagrado. Al respecto sostiene Pérez (1998): En realidad el proceso de cambio que estamos viviendo nos lleva a aprender a manejarnos en un mundo de paradojas. Hasta ahora hemos estado acostumbrados a pensar en términos de agudas dicotomías y de fuertes conflictos. El nuevo paradigma parece conducir a formas inéditas de colaboración y a la superación de viejas dicotomías. Ni lo central y lo. 117.
(14) Guillermina Ramírez. local, ni diseño y ejecución, ni masificación o excelencia deben verse como opuestos, ni distintos, deben ser vistos como componentes interactivos del dinamismo de una red, elementos dinámicos en interacción para llevar a cabo procesos de cambio... Un nuevo paradigma exige, que los de arriba aprendan a liderizar sin controlar y los de abajo aprendan a ser emprendedores y proactivos. (p.7) Aspectos como la integración del sistema, la autonomía, gratuidad, financiamiento, estructura y organización del sistema de educación superior, por nombrar sólo algunos, han dado origen a múltiples opiniones de investigadores, rectores, dirigencia gremial, gente ligada al ambiente académico y ministros, sin mayores acuerdos. Tales hechos son muestra de lo difícil que ha sido vincular la necesidad de renovación y de cambio que debe sufrir nuestra educación superior en la búsqueda de una mayor calidad, con la estructura más adecuada para lograr estos fines. Otra situación adversa al proceso es mantener acciones de retraso y de ajuste salarial. Cualquier proyecto de reforma o transformación se ve amenazado por la falta de confianza o credibilidad y consecuente desmovilización y dispersión que generan los períodos de inactividad, producto de manifestaciones, horarios críticos y paros. Por último, y unido a la necesaria disposición de cambio, Ramírez y Sánchez(2004) sostienen: Deben descartarse las iniciativas unilaterales sin alianza previa con los actores claves, así como tenerse claras la coherencia y consistencia de los propósitos. Las intenciones de los proponentes, gobierno y autoridades, pueden ser loables, pero rechazadas, si los destinatarios no las perciben de esa manera. Los desaciertos, la falta de rendición de cuentas, las promesas incumplidas, entre otros, generan un clima de desconfianza e incredulidad. Los procesos de cambio, bien sean auspiciados por el Estado o por las autoridades universitarias, deben ser señales claras, coherentes y consistentes con lineamientos y estrategias compartidas, capaces de minimizar los ruidos comunicacionales negativos. No hacerlo refuerza el circuito de la hostilidad y acrecienta la separación entre los actores. (p. 52). 118. Revista de Educaciòn.
(15) La Universidad Venezolana: Desafíos en una Época de Transición. REFLEXIONES FINALES Grandes son los retos, tanto para el Estado como para las universidades. Reiteramos la necesaria complementariedad entre ambos actores, más no se observan reglas claras, aunque contradictoriamente en el fondo lo impulsen o sienten las bases de una nueva relación entre ellos. La orientación que debe darse a la sociedad, la manera de organizar la economía y la forma de conducir al Estado; no están bien definidas, aún con la existencia de un marco constitucional, que con poco tiempo de aprobado, ya voceros del gobierno opinan que debe modificarse, lo que añade mayor incertidumbre. A lo interno, las universidades tienen innumerables problemas que vencer y que obstaculizan la transformación y sólo con respuestas contundentes podrá lograr que el Estado y la sociedad venezolana entiendan y apoyen el perfil y relevancia del sector como generador de estrategias para el logro del desarrollo integral de la nación. De manera que, habrá de romper la inercia de sus miembros e integrarlos en un proceso de cambio real. Reiteramos la dificultad y lo complejo de la tarea, pero eludir la responsabilidad o no dar respuesta a la crisis sólo evidenciaría una incapacidad de auto-reestructuración, propiciando con ello una intervención y la violación de la autonomía. Por otra parte, el Estado deberá ser más claro y coherente con sus propósitos. La universidad debe conocer con claridad hacia dónde quiere conducir el Estado a la sociedad para actuar en consecuencia. Tiene el derecho de compartir esa visión de futuro o de estar en desacuerdo con ella. El gobierno invoca la frase “hacia el socialismo del siglo XXI” como un proyecto en construcción, pero requerirá obligatoriamente de las universidades para lograrlo. Más al no estar claras las bases conceptuales de dicho proyecto y sus resultados, a largo plazo, problemas que por naturaleza son propios del mundo académico, las universidades se resistirán al mismo. Si bien el gobierno por su naturaleza prioriza lo político y sus resultados a corto plazo para mantenerse en el poder, deberá respetar a la comunidad académica como ámbito de libertad para el debate, el cuestionamiento y la confrontación de ideas. Necesariamente las perspectivas de ambos actores no deben coincidir para lograr el reconocimiento mutuo. La coincidencia debería residir en mantener los valores trascendentales del ser humano y su destino así como los principios constitucionales y diferir en la estrategia; que con el debido diálogo constructivo 119.
(16) Guillermina Ramírez. pudiera concertarse y complementarse y con ello orientar sus programas de estudio y reforzar su misión de servicio, es decir, con su propia producción, con la formación de personas altamente capacitadas y con la orientación que desde su propia labor académica pueda aportar y proyectarse en la comunidad y el país. Para ello es necesario que se cumpla, aunque sea parcialmente, una condición mínima: el reconocimiento del otro como interlocutor legítimo, la capacidad para imaginar su punto de vista. Referencias Barráez, D. y A. Ojeda (2001). La universidad frente a su reestructuración: ¿actor o espectador?. En Debate Abierto No. 16: 64-70. OPSU. Caracas. Venezuela Benavides, J. (2002). La responsabilidad académica frente a la sociedad. Memoria XXIV Reunión Internacional Gulerpe. Cumaná, Venezuela. Boscán, E. y L. Pereira (2005). El Trabajo Académico. El caso de la Facultad de Economía y Sociología de la Universidad del Zulia en Venezuela. En espacio abierto, Vol 14, No. 1. Enero febrero. 157-174 Castellano, M. (2000). Rompamos la resistencia a la reforma universitaria. (Discurso). Coro, Estado Falcón, Venezuela. -------------------------------- (2002). Las redes regionales de cooperación de la educación superior: estrategias para una concertación entre la educación superior y el Estado. Memoria XXIV Reunión Internacional Gulerpe. Cumaná, Venezuela. Castillo, E. (2002). La globalización y el rol de las universidades. Memoria XXIV Reunión Internacional Gulerpe. Cumaná, Venezuela. Calles Paz, E. (2005). Lineamientos estratégicos para la discusión de la transformación de la universidad venezolana en el seno de la fuerza universitaria bolivariana nacional. UNESR. Caracas Fuenmayor, L. y Y. Vidal (2000). La admisión estudiantil a las universidades públicas venezolanas: aparición de iniquidades. En Revista de Pedagogía. UCV. Vol XXI No. 62. septiembre-diciembre. Caracas.. 120. Revista de Educaciòn.
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