1 V Congreso de la Red de Investigadores sociales sobre el Agua (RED-ISSA)
Título: De la dependencia hídrica a la reutilización del agua en proyectos alimentarios urbanos. Estudio de Caso: Fundación Barrio Unido IAP en CDMX.
Isabel del Carmen Hernández Sosa1
RESUMEN
Actualmente la política social en la CDMX presenta cierto dinamismo que incluye nuevos enfoques, en donde la ciudadanía participa en el desarrollo de proyectos comunitarios. Uno de estos es el acceso al agua potable, en donde diversas acciones permiten disminuir la sobreexplotación de los acuíferos y la dependencia hídrica.
Palabras clave: Política social, Participación ciudadana, Agua potable.
ABSTRACT
Currently, social policy in the CDMX presents a certain dynamism that includes new approaches, where citizens participate in the development of community projects. One of these is access to drinking water, where various actions allow to reduce overexploitation of aquifers and water dependence.
Key words: social policy, citizen participation, drinking water.
2 Introducción
El tránsito de las políticas económicas y sociales mexicanas ha estado determinado por diferentes momentos, que a través de los años marcaron su andar y nos han permitido conocer las estrategias que llevaron a cabo los gobiernos para dar respuesta a los problemas socioeconómicos prevalecientes en el país.
Las políticas de estabilización en México durante los últimos veinte años han sufrido diversas alteraciones, y, a pesar de las constantes reformas sociales realizadas en la última década, la política social no se ha diseñado para enfrentar de forma estructural y coordinada a la política económica y a las consecuencias que trajo consigo el nuevo modelo exportador. Reafirmando con ello, la premisa de que el bienestar social debe estar unido al mercado y que los problemas de desigualdad social son asuntos individuales, no estructurales (Barba, 2007).
Si bien, las políticas públicas pretenden dar solución a las problemáticas que demanda la sociedad, misma que ya comienza a hacer uso de los mecanismos institucionalizados o de prácticas comunitarias tradicionales para la exigibilidad de sus derechos individuales o colectivos. Roth (2002) establece que es el nuevo contexto político y económico internacional, así como las exigencias nacionales, regionales y locales para aumentar la democracia, la participación, la autonomía y para fortalecer, situaciones que ponen a los Estados frente a problemáticas no contempladas.
Actualmente la política social en las grandes metrópolis, como la CDMX, ha optado por generar aperturas normativas que garantizan la participación social y ciudadana a través de diversos mecanismos institucionales, mismos que pueden encontrarse desde la Ley de Planeación del DF hasta la propia Ley de Participación del DF, y por supuesto, de forma transversal en las políticas públicas.
La ponencia pretende dar a conocer proyectos comunitarios y ciudadanos a favor del acceso y cuidado del agua, que, si bien son apoyados desde los programas y acciones sociales que componen la política social mencionada, es también un esfuerzo que aprovechan los actores para colocar estas demandas en la agenda pública, así como asegurar una participación en el diseño e implementación en las políticas públicas. El documento está compuesto por tres apartados; 1) Democracia y participación ciudadana en la Ciudad de México, 2) Políticas públicas con perspectiva de acceso al agua en la CDMX, 3) Estudios de caso: proyectos alimentarios urbanos con aprovechamiento de agua.
1. Democracia y participación ciudadana en la Ciudad de México
3 Hoy en día, de acuerdo con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF), la democracia participativa:
“se caracteriza por el derecho igual para todas y todos al autodesarrollo, que solo puede alcanzarse en una sociedad participativa, que fomente un sentido de la eficacia política, nutra la preocupación por los problemas colectivos y contribuya a la formación de una ciudadanía informada, capaz de interesarse de forma continua en el proceso de gobierno, con participación de las y los ciudadanos en la regulación de las instituciones clave de la sociedad”.
Pero ¿Cómo la Ciudad de México ha logrado avanzar de una democracia representativa a una directa y participativa? El camino que ha tenido que sortear la democracia en la Ciudad de México no ha sido fácil, considerando que ha estado plagado de diversas dificultades, mismas que han podido enfrentarse gracias a la lucha que históricamente han llevado a cabo los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil.
Como lo menciona Álvarez (2006) la construcción de democracia en la Ciudad de México es un capítulo reciente de la historia local, el cual se inicia en los años sesenta por dos vías alternas: un proceso formal de apertura institucional y reconocimiento de derechos cívicos y políticos y otro a través de la organización social autónoma, la formación de nuevos actores y la apertura de un espacio público no estatal.
Pero vayamos entonces al recuento histórico que nos permita ir reconstruyendo este antecedente. A pesar del reconocimiento legal que otorgaba la Constitución de 1917 a los individuos a través del capítulo 1 “De los derechos humanos y sus garantías”, en la practica el escenario era completamente diferente, considerando que eran las organizaciones corporativas las únicas organizaciones que eran reconocidas y tenían un lugar ante el estado, esto debido a su afiliación partidista y las retribuciones que debían traducirse en apoyo político.
El movimiento estudiantil de 1968 fue, sin duda, uno de los principales precedentes que marcaron la historia de los movimientos sociales a nivel nacional. Dicho acontecimiento despertó a una sociedad que tenía poco interés en los temas de la esfera pública y logró incorporar la participación de estudiantes, académicos, grupos de trabajadores y sociedad en general. La represión dirigida hacia los estudiantes el 2 de octubre de ese año, desencadenó el descontento de la sociedad ante el actuar del gobierno y disminuyo la escasa confianza que se tenía en las instituciones públicas.
Este hecho generó un proceso de apertura con la participación de diferentes actores de sectores sociales muy diversos, mismos que se acompañaron de mecanismos de participación y formas de gestión de demandas también muy diversas, lo cual representó la búsqueda de ser incluidos en un régimen político representativo en construcción (Álvarez, 2006).
4 más de un millón de habitantes, de acuerdo con el Censo de población 1900-2010 presentado por el INEGI.
El sismo de 1985 representó la peor catástrofe ocurrida en la ciudad de México, ante un acontecimiento de esa naturaleza la ciudadanía fue, sin duda, la protagonista, demostrando su solidaridad a través de su rápido actuar aquel 19 de septiembre. Con lo cual, estábamos siendo testigos de que la sociedad estaba dispuesta a comprometerse con la reconstrucción de la ciudad. Diversos autores consideran este acontecimiento fue un parteaguas en la historia de la participación organizada y voluntaria de los mexicanos. Tan solo los recursos que ingresaron a México para atender la contingencia fueron un elemento que otorgó mayores capacidades de acción e influencia pública a las OSC (Reygadas, 2004).
Después de diversos momentos políticos a nivel nacional que impactaron a los estados de la República, como las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988 que le dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, el levantamiento del EZLN por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en 1994, entre otros sucesos, estos fueron detonantes de sustantivos cambios políticos en la ciudad de México.
A raíz del triunfo que en 1997 le otorgó la ciudadanía al Partido de la Revolución Democrática, el primer partido de izquierda en ganar una elección para el gobierno de una entidad federativa, para el Distrito Federal, se consolidó un precedente político que fue la base donde se asentaron muchos de los proyectos que hoy en día se pueden percibir en la ciudad.
Una de las acciones del nuevo gobierno, fue la aprobación de la nueva Ley de Participación Ciudadana del DF (LPCDF) en 1998 -con antecedente de 1995-, la cual fue y es actualmente uno de los referentes más importantes en materia de participación. Como lo menciona Zermeño (2006): “en la nueva ley se sustentaba que la colonia, el barrio, la macro-unidad habitacional y el poblado serían los receptáculos legítimos e insustituibles para discutir y enfrentar los problemas de la ciudadanía”.
Por lo tanto, para hablar de participación es importante primero conceptualizarla, en ese sentido, la LPCDF en su Artículo 2º la define como: “el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno”.
De acuerdo con Ziccardi (2010) las experiencias que han surgido desde el ámbito local en la relación entre gobierno y ciudadanía - particularmente en el ámbito de las políticas públicas – difícilmente pueden replicarse y consolidarse en otros escenarios. Lo anterior, considerando que aún existen resistencias que impiden sea construida una gobernabilidad democrática que permita políticas públicas más eficaces.
5 Ziccardi (2006) establece que dichas estrategias no pueden ser espontaneas, requieren de diseños institucionalizados para hacer frente a ese objetivo, la autora lo menciona de la siguiente manera:
“la participación institucionalizada es precisamente aquella que está reconocida en las leyes y reglamentos de la ciudad y para que funcione debe incluir el diseño de las formas, los instrumentos y las reglas del juego. Pero ello, no basta; sin duda hay que construir una relación de respeto mutuo y de atención a la participación social autónoma” (Ziccardi y Saltalamachia, 1998).
2. Políticas públicas con perspectiva de acceso al agua en la CDMX
Como sabemos, la política social en la Ciudad de México se ha acompañado de un enfoque de garantía de los derechos humanos de una sociedad cada vez más diversificada. Ziccardi (2008) establece que la inequidad en el acceso a los servicios y equipamientos urbanos, siendo uno tan fundamental como es el agua, es un indicador de que no se garantizan estos derechos. En ese sentido, la pobreza y la exclusión no derivan de la falta de ingresos económicos, también indican la falta de acceso a bienes y servicios urbanos, así como la segregación territorial (Citado en Coneval, 2010).
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó la Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, definido como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. En ese sentido, la política de acceso al agua potable en la CDMX está determinada a garantizar el vital líquido a través de un enfoque de derechos humanos aplicado al manejo del recurso hídrico (ONU, 2002), el cual centraliza los esfuerzos sociales y gubernamentales para mejorar el acceso al agua potable.
Por su parte, la Ley de Aguas del DF establece en el artículo 5. “que toda persona en el DF tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico del agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias”. A pesar de la normatividad existente, sabemos de la dependencia hídrica de fuentes externas que ha venido padeciendo la CDMX, tan solo un 44% de la disponibilidad del agua de la Ciudad de México proviene de captaciones localizadas en dos cuencas vecinas: Lerma y Cutzamala y el 56% del abastecimiento de agua a la CDMX es captado dentro del Valle de México, principalmente del acuífero 901 (EVALUA, 2010).
De acuerdo con la Evaluación externa del diseño e implementación de la política de acceso al agua potable del GDF2 realizada en 2010, un análisis comparativo sobre la dotación de agua en el DF en 1997 y la reportada diez años después en 2007, arroja una disminución paulatina que alcanza una disminución total de 35 l/hab/d en
6 la ciudad, es decir, una dotación total en un 9.67% en una década, pasando de un promedio ponderado de 362 a 327 l/hab/d.
Ante este desolador escenario, la población usuaria del servicio de agua potable ha sido incluida en el diseño de la política del GCDMX con el fin de desarrollar prácticas sociales de consumo eficiente, ahorro y reuso del agua, siendo las campañas de concientización de la nueva cultura del agua, elementos importantes para manejar la actual crisis hídrica originada en la baja captación del sistema Cutzamala (EVALUA, 2010).
Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes. Existen por otro lado, diversas acciones traducidas en instituciones, políticas y programas sociales que, si bien no están diseñados explícitamente para mejorar el acceso al agua potable, sí han sido creados para fomentar la participación ciudadana con el objetivo de impulsar diversas demandas sociales de la población capitalina, entre ellas, los temas relacionados al medio ambiente y mejora de servicios. Una de las instituciones es la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), dependencia a la cual le corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, información social y servicios sociales comunitarios.
Uno de los programas principales de la SEDESO que promueve la seguridad alimentaria es el Programa Comedores Comunitarios, el cual surge en 2009 como una respuesta gubernamental ante la inflación ocasionada por las diversas crisis económicas que afectaban a México, otorga en sus objetivos -alineados al Programa General de Desarrollo del DF 2013-2018- un lugar preferente a la universalización en el disfrute de los derechos, buscando con esto la inclusión social de sus habitantes, pero también marca un fuerte énfasis en la corresponsabilidad que podría brindar la ciudadanía para robustecer el capital social con el que cuenta la ciudad.
Recientemente premiado en el año 2016, en la categoría “Equidad social y económica” del concurso Milan Urban Food Policy Pact Awards auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Comedores comunitarios benefició diariamente durante el 2015 a más de 33,500 personas que habitan en zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social.
7 de alimentos para la comunidad en espacios públicos, así como proyectos eco-tecnológicos que favorezcan la recarga del manto acuífero y la captación de agua pluvial.
3. Estudios de caso: proyectos alimentarios urbanos con aprovechamiento de agua.
Como parte de la tesis “La participación ciudadana como elemento potenciador de la cohesión social en programas sociales de la CDMX” para obtener el grado como Maestra en Políticas Públicas en la UAM-X, se pretende identificar si se promueve la cohesión social en tres programas que incluyen participación ciudadana en el ciclo de la política pública. La técnica utilizada en la estrategia metodológica es la entrevista semiestructurada, que como sabemos permite -bajo un enfoque cualitativo- tener acceso a la realidad social y desde esa posición poder analizarla.
Dichas entrevistas fueron realizadas durante el periodo septiembre 2017 a febrero del año actual a población beneficiaria de estos programas sociales, tomando como criterio principal que fuesen proyectos de gran tamaño (centros comunitarios, foros, bibliotecas, huertos, etc) y que se encontraran en unidades territoriales que concentren fuertes practicas participativas, información que fue proporcionada también a través de entrevistas al personal que labora en las instituciones públicas -GCDMX-.
Por lo tanto, este documento presenta algunos resultados de dicha investigación, de los cuales surgen dos experiencias comunitarias que se relacionan con temática del agua, la primera de ellas es un proyecto de captación de agua pluvial para riego de un huerto urbano y la segunda es un proyecto de la reutilización del agua de un cultivo de tilapia también para el riego de un huerto hidropónico urbano.
8 Imagen 1. Cisternas de captación de agua pluvial en Centro Comunitario Tonatiuh.
Fuente: Isabel Hdez Sosa, 7 de febrero 2018, Parque San Álvaro, Del. Azcapotzalco, CDMX.
Cabe señalar, que el artículo 124 de la ya mencionada Ley de Aguas del DF (2015) se establece el derecho a cosechar agua de lluvia ya sea de forma individual -como habitante de la ciudad- o colectiva a través de dependencias, entidades, organismos, instituciones y entes públicos o privados, organizaciones, ejidos, comunidades, barrios o pueblos, así como el derecho de recibir apoyo, asistencia y capacitación de técnicos y profesionales. Por su lado, el articulo 126 en el apartado quinto establece que la cosecha de agua de lluvia en el DF deberá introducirse como “…eje transversal la cultura de uso racional, ahorro y reuso de agua potable en todas las políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones del GCDMX”. Lo anterior, no se explicita mediante mecanismos accesibles que permitan a la población conocer y hacer uso de estos derechos.
En el caso de este Centro Comunitario, que a pesar de encontrarse en un parque público perteneciente a la delegación Azcapotzalco, las gestiones referentes a los proyectos que han ingresado en diversas convocatorias para mejorar el Centro y el parque, son realizadas por la propia comunidad, como lo mencionan en la siguiente entrevista:
9 Si bien, el Programa Mejoramiento barrial y comunitario establece en su diseño que serán apoyados proyectos que tengan como objetivo la implementación de tecnologías para el uso y conservación del agua, participando el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) como dependencia integrante del Comité Técnico Mixto para la dictaminación de los proyectos, en los 1710 proyectos financiados del periodo 2007 a 2016 no se identifica -de forma explícita- si fue incluido en ellos el desarrollo de ecotecnologías, lo cual impide evaluar las acciones que se realizan desde la política social a favor de la accesibilidad y disponibilidad del agua.
En el caso de la Fundación Barrio Unido IAP, ésta es una organización con antecedentes en la Unión Popular Centro Morelos A.C., que en 1985 organizó la participación vecinal en la reconstrucción de viviendas ante la contingencia que significó el terremoto acontecido en ese año, siendo una de las organizaciones pioneras de la conformación de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD).
Formalizada como Institución de Asistencia ante la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, Barrio Unido IAP cuenta con un centro comunitario ubicado en la col. Morelos de la delegación Venustiano Carranza, cercano al barrio de Tepito. Además de impulsar proyectos de salud, educación, recreación, comunicación, fomento al empleo, establecer estrategias de corresponsabilidad ciudadana y de construcción de comunidades solidarias, la organización cuenta con un comedor comunitario apoyado en 2014 por la SEDESO y con una granja urbana apoyada en 2015 por el Programa Mejoramiento barrial y comunitario, proyecto al que denominaron Producción urbana de alimentos sustentables.
Dicho proyecto consistió en la creación y mantenimiento de un invernadero y una granja de tilapias, que con la técnica conocida como acuaponia se combinan las cualidades de la acuacultura y la hidroponía a través de un sistema de recirculación del agua se mantienen los nutrientes requeridos para generar de manera sostenible alimentos de alto valor nutritivo, aptos para el consumo de los usuarios del comedor comunitario.
Imagen 2. Granja de tilapias en Fundación Barrio Unido IAP
10 De acuerdo con los beneficios que tiene la acuaponia se puede reducir hasta un 90 % los requerimientos del vital líquido necesario para un cultivo normal de peces, así como un ahorro de casi 45 % en fertilizantes. El proyecto consta de un criadero de 400 peces (langostinos) en dos tanques con capacidad aproximada de 1000 litros de agua en donde por efecto de evaporación se repone un tercio del recipiente (aproximadamente 300 litros), generando con ello un ahorro sustantivo de agua para la organización y promoviendo con ello la seguridad alimentaria.
Imagen 3. Huerto hidropónico en Fundación Barrio Unido IAP
Fuente: Isabel Hdez Sosa, 11 de diciembre de 2017, Del. Venustiano Carranza, CDMX.
Conclusión
A manera de conclusión, cabe señalar, que en entre los hallazgos encontrados, la mayoría de los comités promoventes de proyectos en los programas Comedores comunitarios y Mejoramiento Barrial y comunitario, cuentan con experiencias previas de organización formalizada, ya sea en OSC o en comités vecinales u organizaciones políticas, en donde dicha participación genera un posicionamiento y reconocimiento en las colonias y barrios, lo cual facilita la relación con la población que es beneficiaria. Por lo anterior, la política social con participación deberá establecer estrategias de bottom-up, es decir, aprovechar la experiencia y favorecer la participación que aportan los integrantes de estas organizaciones y comités, considerando que estos se convierten en implementadores directos de los programas y en canalizadores de demanda social.
11 Sin embargo, como lo menciona Evalua (2010) “…es indispensable construir un ciudadano-hídrico, es decir un habitante consciente del valor del agua y que adopte las prácticas adecuadas para utilizarla de manera eficiente y que exija al gobierno a hacer lo mismo”. En ese sentido, es preciso que el GCDMX fomente prácticas comunitarias y participativas que promuevan de manera directa acciones como las aquí presentadas, es decir, la reutilización del agua y la cosecha de agua pluvial, así como también integrar a la población sobre la gestión y el manejo actual del agua.
Sabemos que el tema de la política de acceso al agua potable requiere de compromisos urgentes e inmediatos por parte del GCDMX para subsanar las desigualdades existentes, de la misma forma precisa de estrategias integrales que vayan de frente contra el abanico de problemáticas en torno al tema del agua. En ese sentido, la participación ciudadana es una aliada para la formulación de políticas públicas relacionadas al agua, que de impulsarse -mediante mecanismos institucionalizados directos- podría aprovechar y fortalecer el capital social del que es acreedora la población.
Kliksberg (2006) lo menciona de la siguiente manera “la renovación de las políticas sociales es una exigencia histórica, y una vía imprescindible para que, en la actual encrucijada, América Latina deseche la opción de 100 años más de soledad, pobreza y desigualdad, y la reemplace por 100 años de equidad, desarrollo sostenible y devolución del derecho a vivir en dignidad a todos sus habitantes”.
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Entrevistas
Entrevista al Sr. Raúl González, integrante del Comité de Administración del proyecto Centro Comunitario Tonatiuh, 7 de febrero 2018, CDMX.
Entrevista a Lic. Alma Romo, integrante de la Fundación Barrio Unido IAP, 11 de diciembre 2017, CDMX.
Entrevista a Lic. Alma Ruth Romero, Coordinadora del Programa Comedores Comunitarios de la SEDESO del GCDMX, octubre 2017.
