Instituto: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

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**********

VS

DIRECTOR DE PENSIONES Y

JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y OTRAS AUTORIDADES. EXPEDIENTE: 195/2015 T.S.

SENTENCIA DEFINITIVA

Ensenada, Baja California, diez de junio del dos mil dieciséis.

SENTENCIA DEFINITIVA, que declara la nulidad del oficio número **********, del diecinueve de febrero de dos mil quince, emitido por el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; e impone la condena de remitir expediente formado con motivo de solicitud de jubilación a la Junta Directiva de dicho Instituto.

GLOSARIO.

Instituto: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

Ley: Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

del Estado de Baja California.

Tribunal: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del

Estado de Baja California.

Sala: Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso

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ANTECEDENTES DEL JUICIO.

I. Presentación. El escrito de demanda se recibió ante el personal de guardia de la Segunda Sala del Tribunal el diez de marzo del dos mil quince.

II. Admisión. El juicio se admitió a trámite el dieciocho de marzo de dos mil quince, asignándose el número de expediente 121/2015 S.S.

III. Emplazamiento. Se emplazó a las autoridades demandadas de la siguiente manera: El Director del

Instituto, mediante oficio número **********1; y el Director de

Pensiones y Jubilaciones del Instituto, mediante oficio número **********2.

IV. Emplazamiento al tercero perjudicado. La autoridad mencionada como tercero perjudicado, Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, fue emplazada mediante oficio número **********3.

V. Contestación. Las autoridades demandadas formularon su contestación a la demanda de manera conjunta4, dentro del plazo que les fue concedido.

En tanto, el Ejecutivo del Estado de Baja California, señalado como tercero perjudicado, presentó escrito5

formulando manifestaciones sobre la demanda, dentro del plazo concedido para tal efecto.

VI. Incompetencia de la Segunda Sala del Tribunal para seguir substanciado el juicio por razón de territorio. Por acuerdo del ocho de septiembre del dos mil quince, la Magistrada de la Segunda Sala del Tribunal se declaró incompetente por razón de territorio para seguir

1Ver foja 080 2 Ver foja 081 3 Ver foja 082. 4 Ver fojas 026 a 037 Ver fojas 022 a 025.

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substanciando el juicio contencioso administrativo número 121/2015 S.S.; resolviendo remitir los autos a la Sala para los efectos legales conducentes.

Atendiendo a lo anterior, y por auto del veintiocho de octubre del dos mil quince, la Sala aceptó la competencia, registrándose en el libro de gobierno e índice bajo número de expediente 195/2015 T.S.

VII. Audiencia. La audiencia de pruebas y alegatos culminó el diecinueve de mayo del dos mil dieciséis; quedando a la fecha la Sala en condiciones para resolver la controversia planteada.

COMPETENCIA.

La Sala es competente para conocer del presente juicio por razón de la materia, al impugnarse una resolución que versa sobre el trámite de pensión de jubilación a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, según lo previsto en el artículo 22, fracción V de la Ley.

Así también, resulta competente por razón de territorio, ya que el domicilio de la parte actora se encuentra dentro de su circunscripción territorial; que fue determinada en sesión de pleno del Tribunal del siete de julio de mil novecientos noventa y ocho, conforme a lo dispuesto por los artículos 17 fracción VI, 21 y 23 de la Ley.

PROCEDENCIA.

I. Forma. La demanda presentada cumple con los requisitos previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley.

II. Oportunidad. El acto impugnado fue conocido por la parte actora el veintitrés de febrero del dos mil quince, y presentó la demanda el diez de marzo del mismo año; por

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lo que, el juicio fue promovido dentro del plazo legal de quince días, según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley.

III. Legitimación. La parte actora está legitimada por tratarse de un acto administrativo por el que una autoridad administrativa niega continuar con el trámite de su solicitud de pensión por jubilación.

IV. Interés Jurídico. Se advierte que el acto impugnado, consistente en el oficio número **********, de fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, y por el que se niega seguir con el trámite de pensión por jubilación, le causa una afectación a sus derechos subjetivos.

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

1.1 Improcedencia del juicio únicamente en contra del Director del Instituto.

La fracción IX del artículo 40 de la Ley, prevé la improcedencia de juicio en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Ley.

Por su parte, el inciso A, fracción II del artículo 31 de la

Ley, dispone que es parte en el juicio contencioso

administrativo la autoridad que realizó el acto o emitió la resolución impugnada.

A efecto de que surja la improcedencia del juicio por dicha causal es menester que sea consecuencia de la misma Ley, sin que de manera expresa y específica esté consignada como tal, toda vez que puede surtirse cuando del conjunto de disposiciones que la integran y de su interpretación, se revelen casos en que su procedencia sería contraria a la naturaleza del juicio contencioso administrativo; como lo es el que forme parte de la

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controversia una autoridad que no realizó el acto o emitió la resolución impugnada.

En el caso de estudio, el oficio impugnado fue emitido por el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto, sin que en su elaboración participara el Director del Instituto. De esta manera se determina que, al señalarse en la demanda como parte de la controversia a una autoridad (con el carácter de demandada) que no emite el acto impugnado, la procedencia del juicio contencioso resulta contraria a su naturaleza; y por ello se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 40 de la Ley.

Como consecuencia, se decreta el sobreseimiento del presente juicio contencioso administrativo únicamente en contra del Director del Instituto, con fundamento en el artículo 41, fracción II de la Ley.

1.2 Infundada la causal de improcedencia por incompetencia; hecha valer por el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto.

Los argumentos esenciales en que sustenta su causal de improcedencia se hacen consistir en que el Tribunal es incompetente para conoce del juicio porque la parte actora, al confesar en su demanda que es trabajadora activa, tiene con una relación de subordinación con el Gobierno del Estado de Baja California, y que por ello surge la competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California.

Dice también, que con el juicio la parte actora pretende terminar su relación laboral y gozar de los beneficios que le otorga su contrato colectivo de trabajo en lo relativo a la jubilación.

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Sostiene que la demandante está reclamando una serie prestaciones que necesariamente requiere de forma previa el finiquito de la relación laboral, para que la parte patronal le pague una serie de prestaciones.

Finalmente, aduce que no obstante existe

competencia del Tribunal en términos de la fracción V del artículo 22 de la Ley; considera que sólo se surte cuando la parte demandante ha adquirido el carácter de jubilado o pensionado.

Los argumentos de referencia son del todo infundados e inoperantes por lo siguiente:

El hecho de que la parte actora continúe como trabajadora activa, no resulta un impedimento para que el

Tribunal conozca del conflicto en que plantea una

controversia que trata sobre la negativa de continuarse con trámite de pensión de jubilación; en términos de lo previsto en el artículo 22, fracción V de la Ley.

Este precepto legal en ningún momento determina que la parte actora debe tener el carácter de pensionado o jubilado para estar en aptitud de ejercer la acción contenciosa administrativa ante el Tribunal.

Conforme al contenido del oficio impugnado, únicamente refiere a la negativa de continuarse con el trámite de la solicitud de pensión por jubilación; sin que la parte actora proponga en su demanda cuestiones a dilucidar sobre la terminación de su relación laboral y el pago de prestaciones económicas que de ella se deriven.

En este sentido, es de mencionarse que el fallo que dicte la Sala no tiene el alcance de determinar sobre el derecho de conceder o no a la demandante la pensión por jubilación, sino la legalidad de las razones por las que una

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autoridad niega continuar con el trámite de su solicitud de pensión, específicamente en no turnar la solicitud de pensión para que la Junta Directiva del Instituto resuelva lo conducente, concediendo o negando la prestación social.

De tal modo que en el presente juicio no se está ante un conflicto planteado por una trabajadora y la autoridad patronal cuya resolución corresponda a un órgano jurisdiccional que resuelve sobre la materia laboral; pues dada la naturaleza del acto impugnado, invariablemente el estudio de su legalidad corresponde a este órgano jurisdiccional en términos de lo previsto en el numeral 22, fracción V de la Ley.

1.3 Infundadas las causales de improcedencia, que a manera de excepciones, invoca Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto.

Los argumentos que refieren a la excepción de falta de acción y derecho, y de improcedencia de la nulidad; se sostienen en el hecho de que la parte actora es trabajadora activa, y que por tanto lo reclamado es de naturaleza laboral, sin que la Sala tenga facultades para decidir sobre el reclamo de una pensión.

En cuanto a la excepción de plus petitio; dice que la parte actora con su demanda pretende extender su reclamo a un implícito reconocimiento y otorgamiento de derechos, sin haber cumplido previamente con todas las obligaciones y requisitos que establecen los artículos 58, 67 y 72 de la ley que rige al Instituto.

Al respecto, es de señalarse que en la Ley no existen excepciones que pueda hacer valer la parte demandada, sino causales de improcedencia que se ajusten a las hipótesis contenidas en el artículo 40 de la Ley.

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No obstante lo anterior, lo infundado de las excepciones en cita tienen apoyo en los argumentos expuestos por la Sala en el punto anterior (1.2) de esta sentencia; que por economía procesal se tienen por reproducidos a la letra para evitar repeticiones innecesarias.

PARTICIPACIÓN DEL TERCERO PERJUDICADO.

A continuación se procede a resolver sobre la intervención del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California (Gobernador), como tercero perjudicado en la presente controversia; de la siguiente manera:

Sobre la participación de un tercero en el juicio contencioso administrativo, la fracción IV del numeral 31 de la Ley determina que es aquél que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

En el caso de estudio, del análisis de la totalidad de los documentos que obran en autos, no se demuestra que el Gobernador del Estado de Baja California tenga un derecho incompatible con la pretensión de la demandante, esto es, un derecho que le sea vulnerado en el caso de resultar fundada la pretensión turnar a la Junta Directiva del Instituto el expediente para que resuelva lo conducente sobre su derecho a recibir una pensión por jubilación, ni aún se advierte como se verá afectado o el perjuicio que resentiría en el supuesto de ser concedida tal pretensión.

Consecuentemente, al no advertir la Sala la lesión a los derechos que pudiera resentir el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California con la nulidad del oficio impugnado, se tiene indudablemente que no reúne la calidad de tercero perjudicado en términos del artículo 31, fracción IV de la

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tercero perjudicado en el presente juicio contencioso administrativo.

ESTUDIO DE LA CONTROVERSIA. I. Planteamiento del problema.

El Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto, en el oficio impugnado, manifiesta que en la fecha de su emisión la parte actora cumple con el requisito de tiempo para obtener una jubilación; pero que conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de la ley que rige al Instituto, este organismo está sujeto a la existencia del comunicado o propuesta de la patronal en la que se desprenda que el asegurado ha causado baja como trabajador.

Que por lo anterior, y en virtud de no contar con el comunicado de la parte patronal que indique la fecha a partir de la cual la parte actora causó baja como trabajadora activa; resuelve con sustento en los artículos 1, 24, 66 y 67 del Reglamento Interno del Instituto, no estar en posibilidad de continuar con el procedimiento establecido en el reglamento vigente para otorgar la pensión de jubilación, esto es, turnar la solicitud a la Junta Directiva del

Instituto para la autorización o aprobación correspondiente.

Sobre lo dicho en el oficio impugnado, la parte actora en su único motivo de inconformidad argumenta que el precepto legal que invoca (artículo 67 de la ley que rige al Instituto), no impone la condición de que exista un comunicado o propuesta de la parte patronal de la que se desprenda que el asegurado ha causado baja, para remitir el expediente a la Junta Directiva del Instituto.

Así, el problema jurídico a resolver trata sobre el siguiente cuestionamiento:

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¿Los expediente formados con motivo de una solicitud de pensión por jubilación, no deben turnarse a la Junta Directiva del Instituto cuando no existe comunicación de la parte patronal que indique la fecha en que causó baja el asegurado?

1.2. No existe razón válida por la que deba negarse el turnar a la Junta Directiva del Instituto el expediente formado con motivo de la solicitud de pensión de jubilación, cuando no existe comunicación sobre la fecha de baja del asegurado.

Lo primero que resulta mencionar, es que en términos de lo previsto en los artículos tercero y quinto transitorios de la Ley del Instituto, publicada en el Periódico Oficial de del Estado de Baja California, con fecha diecisiete de febrero del dos mil quince, en relación con lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de Seguridad Social; resultan aplicables al presente asunto para resolver lo que en derecho corresponda, los preceptos legales aplicables de la Ley del Instituto publicada en dicho órgano de difusión oficial en fecha veinte de diciembre de mil novecientos setenta, dado que la demandante presentó su solicitud de jubilación con anterioridad a la entrada en vigor de la primera ley en cita.

Los artículos transitorios de referencia a la letra dicen: Ley del Instituto:

“ARTÍCULOS TRANSITORIOS […]

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TERCERO: El otorgamiento de las pensiones y jubilaciones cuya solicitud se encuentre en trámite al entrar en vigor esta Ley, se determinará conforme lo establecidos en los artículos transitorios de las Leyes que regulan las fracciones I y II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

[…]

QUINTO.- La presente Ley no afectará derechos adquiridos y prestaciones adquiridas con anterioridad a la presente Ley. Todos los trabajadores que realizaron sus cotizaciones con anterioridad a la presente Ley se jubilarán y pensionaran de conformidad a lo establecido en los artículos transitorios de las Leyes que regulan las fracciones I y II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de Seguridad Social:

“ARTÍCULOS TRANSITORIOS […]

SEPTIMO.- El otorgamiento de las pensiones y jubilaciones cuya solicitud se encuentre en trámite al entrar en vigor este decreto, se determinará conforme al momento y a las condiciones en que se haya generado el derecho correspondiente.”

Expuesto lo anterior, es de resolverse lo siguiente:

Las prestaciones y beneficios de seguridad social que contempla el artículo 4 de la Ley del Instituto, entre los que se encuentra la pensión por jubilación, no pueden considerarse propiamente como derechos subjetivos dentro del patrimonio de los particulares, sino más bien actos que la doctrina ha dado en llamar condicionados.

Se afirma lo anterior, en tanto una vez que cada individuo cumple con una serie de condiciones marcadas

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por la propia ley, se coloca en una situación jurídica general e impersonal ya creada por el estatuto legal, es decir, el derecho a recibir las referidas prestaciones no se genera a partir de un acuerdo de voluntades, ni produce una situación jurídica particular. Lejos de esto, los beneficios contemplados en el artículo 4 de la Ley del Instituto, tienen una naturaleza pública en tanto el beneficiado se coloca en una situación preexistente, general e impersonal, una vez que cumple con los requisitos que la ley prevé.

Ahora bien, el hecho de que dichas prestaciones nazcan jurídicamente de actos-condición, de ninguna manera implica que la autoridad pueda válidamente pasarlas por alto una vez que el particular haya satisfecho los requisitos para acceder a ellas. Al contrario, una vez que se dan las condiciones generadoras del acto la autoridad no puede impedir que éste nazca y surta sus efectos.

Lo anterior nos lleva a sostener que la única excepción que puede oponerse para desconocer una prestación de carácter social, como las que contempla el citado artículo 4, es el incumplimiento de las condiciones que marcan su nacimiento. En otras palabras, la autoridad sólo puede negar una prestación de seguridad social cuando los particulares no acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones que la propia ley marca para acceder a ellas.

A partir de lo anterior surge entonces la necesidad de enunciar los requisitos previstos en la normatividad que rige la materia para acceder a una pensión como la solicitada por la actora.

Pues bien, en términos de lo previsto en el artículo 67 de la Ley del Instituto, para que pueda surgir en un trabajador el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, éste

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debe de reunir únicamente dos requisitos a saber: a) contar con treinta años de servicio; y, b) contar con igual tiempo de cotización al Instituto. De lo que resulta que solamente puede negarse una pensión en los casos que el derechohabiente no acredite los años de servicios o la cotización que marca la ley.

En la especie, la demandante cumple con los requisitos previstos en la Ley del Instituto para acceder a una pensión por jubilación; esto es, acredita tener más de treinta años de servicios e igual tiempo cotizando ante al Instituto; dado que en el propio acto impugnado se reconoce que cumple con el requisito del tiempo. También se prueba lo anterior con el diverso oficio número **********, del veintiséis de abril del dos mil trece6, por el cual el entonces Director de

Pensiones y Jubilaciones del Instituto, le hace saber a la demandante que de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento Histórico de Cotizaciones, al treinta y uno de marzo del dos mil trece, cumple con los requisitos que establece el artículo 67 de la Ley del Instituto, para recibir la pensión que solicita (jubilación).

Por lo tanto, es claro que en términos del artículo 4, fracción VII y 67 de la Ley del Instituto, corresponde conceder a la demandante la pensión por jubilación por la autoridad competente, esto es, por la Junta Directiva del

Instituto.

De lo anterior ya es posible inferir si son o no válidas las razones por las que el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto negó turnar el expediente de solicitud de

6 Visible en autos a foja 07; que merece valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 368,

primer párrafo y 414, primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, de aplicación supletoria al procedimiento contencioso administrativo, según los numerales 30, tercer párrafo y 79 de la Ley; para tener por demostrado que la parte actora cumple con los requisito para obtener una pensión por jubilación.

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pensión a la Junta Directiva del Instituto.

Para la Sala resunta claro que las consideraciones que se tomaron en cuenta para negar la continuación del procedimiento atinente a la pensión por jubilación no se ajustan a lo preceptuado por la Ley del Instituto.

Para el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto no es factible turnar tal procedimiento si previamente el trabajador no ha causado baja de su empleo. Para sostener su argumento se apoyó en el propio artículo 67 de la Ley del

Instituto, específicamente en lo estipulado en su segundo

párrafo; el cual se transcribe a continuación:

Artículo 67.- Tienen derecho a la jubilación los trabajadores con 30 años de servicios e igual tiempo de contribución al Instituto, en los términos de esta Ley, cualquiera que sea su edad.

La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo definido en el Artículo 72 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado en último sueldo por haber causado baja. La autoridad demandada entiende que a partir de este supuesto normativo se puede establecer que la pensión solo puede otorgarse una vez que el trabajador cause baja de su empleo, cuestión que es inobjetable; sin embargo, eso no quiere decir que para substanciar el procedimiento jubilatorio sea necesario que previamente se termine la relación laboral. La demandada pasa por alto que una cosa es que la percepción de la jubilación inicie después de que el trabajador haya causado baja, y otra muy distinta es que el procedimiento de jubilación en donde se dictamina y reconoce ese derecho, inicie antes de la terminación de la relación laboral.

Es claro que la parte actora no pretende que se le pague su jubilación sin antes haber terminado su relación

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laboral; lo que pretende es que ese derecho se le reconozca y se instituya como corresponde, para que una vez reconocido, pueda gestionar la baja de su empleo a fin de gozar de ese beneficio de seguridad social.

Lo anterior queda aun más claro si se toma en cuenta lo dispuesto el artículo 9 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto.

Artículo 9.- El Director General del Instituto comunicará por escrito a los interesados el Acuerdo del Ejecutivo, en un tiempo que no exceda de cinco días hábiles; asimismo, remitirá copia del dictamen sancionado por el Ejecutivo del Estado, a la Dependencia donde laborare el solicitante de pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador.

A partir de este numeral es claro que primero se debe dictaminar sobre la procedencia o no de la jubilación, para después, si fuera ésta conducente, instar a la dependencia correspondiente para efecto de que tramite la baja de trabajador.

Así pues, el Director de Pensiones y Jubilaciones del

Instituto violentó en perjuicio de la demandante los artículos

4, fracción VII y 67 de la Ley del Instituto, dado que reconoce que cuenta con el derecho a recibir una pensión por jubilación, sin que exista justificación legal por la que deba negarse turnar el expediente formado con motivo de la solicitud de dicha pensión a la Junta Directiva del Instituto para que resuelva lo conducente en uso de sus facultades legales.

Por lo tanto, en la especie, se configura la causal de nulidad prevista en el artículo 83, fracción IV de la Ley.

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A efecto de salvaguardar el derecho del afectado de la parte actora, con fundamento en el artículo 84, primer párrafo de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California; se condena al Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a que turne a la Junta Directiva de dicho Instituto el expediente formado con la solicitud de pensión por jubilación presentado por **********, a efecto de que resuelva, en uso de sus facultades legales, lo conducente sobre el derecho a recibir dicha pensión.

RESOLUTIVOS.

PRIMERO. Se sobresee el presente juicio en contra del Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Se resuelve que el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, no tiene el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio contencioso administrativo.

TERCERO. Se declara la nulidad del oficio número

**********, del diecinueve de febrero de dos mil quince, emitido por el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

CUARTO. Se condena se condena al Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a que turne a la

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Junta Directiva de dicho Instituto el expediente formado con la solicitud de pensión por jubilación presentado por

**********, a efecto de que resuelva, en uso de sus facultades legales, lo conducente sobre el derecho a recibir dicha pensión.

Notifíquese personalmente a la parte actora; y por oficio a las autoridades demandadas, así como a la autoridad señalada como tercero perjudicado.

Así lo resolvió el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, licenciado Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez; firmando ante la presencia del Secretario de Acuerdos, licenciado Juan Manuel Cruz Sandoval, que autoriza y da fe.

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LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CERTIFICA:---

QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 195/2015 T.S., EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION QUE VA EN DIECISIETE FOJAS UTILES.

LO ANTERIOR CON APOYO EN EL LINEAMIENTO DECIMO DE “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE TIENEN BAJO SU RESGUARDO, LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. DOY FE.

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