De la documentación remitida por la interesada, se debe tener en cuenta:

Texto completo

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Recordatorio de deberes legales y sugerencia dirigidos al Ayuntamiento de Ferrol para que dicte resolución expresa sobre un recurso de reposición presentado por la interesada y sugerencia para que por el Ayuntamiento se valore la conveniencia de iniciar un

procedimiento de revisión de oficio de una resolución por la que se produce un cambio de obligados en un expediente de reposición de la legalidad urbanística

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2021 Sr. Alcalde:

En esta institución se inició espediente de queja a consecuencia del escrito presentado por cccccc, que tuvo entrada en el Registro de la Institución del Valedor do Pobo con fecha de 28 de septiembre de 2020, por la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Ferrol al recurso de reposición presentado con fecha de 27 de mayo de 2019, contra el punto cuarto de la Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Concejal delegada de Urbanismo respecto del trámite de resolución de recursos, recusación y solicitudes del expediente de 2º multa coercitiva–reposición de legalidad urbanística, del expediente IU 631/1998 que se tramita en ese Ayuntamiento.

El recurso de la Sra. xxxxxxx tiene por objeto impugnar el punto de la referida resolución en el que solicitaba la recusación del jefe del Servicio de Urbanismo, y se oponía al cambio de obligados en el expediente RL 34/10 y al cambio de obligados en el expediente IU 631/98. Consta en el expediente la documentación complementaria presentada por la interesada con fechas de 11 de noviembre , 9 de diciembre y 15 de diciembre de 2020, 13, 19, 20 y 26 de enero, 8 y 22 de febrero, 5 y 12 de marzo de 2021.

De la documentación remitida por la interesada, se debe tener en cuenta: Expediente: B.10.Q/4134/20

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1) La interesada es propietaria de una vivienda en la Rúa xxxxxxx Ferrol (A Coruña), en un edificio que cuentan con con licencia de fecha 11 de septiembre de 1995.. 2) En la escritura pública de declaración de obra nueva y división horizontal de 12 de noviembre de 1998, se establece por los propietarios promotores, que sobre el predio registral número 15.876, habían procedido a la construcción de un edificio, compuesto de semisótano , bajo, tres pisos de vivienda y bajo cubierta. En el bajo cubierta, en el que existe una planta de trastero, se reserva a la promotora el derecho de adjudicarlos cómo anexo a los pisos que creyera conveniente en el momento de la escritura de compraventa o mismo con posterioridad, pudiendo asignar a cada piso un hueco o más, pudiendo quedar pisos sin dicho trasteiro, pero sin que puedan ser vendidos cómo independientes a personas que no formen parte del edificio.

Consta en la misma escritura que aqui interesa, que se reserva la promotora con carácter exclusivo y aún en caso de venta de los pisos o locales los siguientes derechos:

a) (...) El de convertir la planta de trastero en una vivienda, si así lo autorizaran las normas urbanísticas, para lo cual podrá por sí solo, y aunque estuviera vendido todo o parte del edificio, proceder al otorgamiento de la escritura de obra nueva y propiedad horizontal. El plazo máximo para hacer uso del citado derecho, conforme lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Hipotecario, será de diez años.

3) Con fecha de 2 de febrero de 1998 , por el Ayuntamiento de Ferrol, se incoa un procedimiento de reposición a la legalidad urbanística (expediente IU 631/98) contra el promotor-constructor, por la ejecución de obras sin ajustarse a la licencia concedida, que se consideran no legalizables (con orden de paralización), en el bajo cubierta del inmueble sito en la calle xxxxx.

4) Con fecha de 24 de septiembre de 1998 , por el referido Ayuntamiento se dicta resolución del expediente de reposición da legalidad urbanística IU 631/98, ordenando al promotor-constructor que en el plazo de 2 meses, ajuste y acomode las obras a las condiciones de la licencia otorgada con fecha de 11 de septiembre de 1995..

5) Con fecha de 10 de junio de 2010 se dicta decreto por el que se apercibe de multa coercitiva de 1.000 euros al promotor-constructor por no cumplir la resolución de 24 de septiembre de 1998.

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6) Con fecha de 7 de noviembre de 2013 , se dicta decreto de imposición de la 1º multa coercitiva al promotor-constructor por no facilitar lo ordenado en el decreto de 24 de septiembre de 1998.

7) Con fecha de 21 de marzo de 2017 , se dicta decreto de imposición de la 2ª multa coercitiva al promotor-constructor, por no facilitar lo ordenado en el decreto de 24 de septiembre de 1998.

8) La Sentencia 571/14 del Juzgado de Primera Instancia de Ferrol, de 2 de mayo de 2016 , estima parcialmente la demanda presentada por la Comunidad de Propietarios de la xxxxxxx contra el constructor, y declara caducado el derecho de reserva recogido en las normas estatutarias 3 la) y 4 la) y b) otorgado a favor de la parte demandada y en consecuencia, declara que el espacio bajo cubierta se configura como un elemento común, no esencial o por destino del edificio, quedando sujeto al régimen general de los elementos comunes previsto en la Ley de Propiedad Horizontal, así como a la necesidad de acuerdo de la Xunta de propietarios para realizar modificaciones en elementos comunes.

9) La Sentencia: 410/2016 de la Audencia Provincial Seccion Nº4 de A Coruña de 2 de diciembre de 2016, estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad de Propietarios contra la sentencia 571/2014, de 2 de mayo de 2016, revocándola en el único sentido de añadir a los pronunciamientos de su parte dispositiva, la condena de los demandados (constructor-promotor) a reponer la planta bajo cubierta, elemento común del edificio, al estado anterior a las obras por ellos ejecutadas entre los años 2009 y 2010 que afectaron, en cuanto al exterior, al cerramiento de la terraza, aperturas de ventanas y retirada de la cubrición de la actual terraza, y en cuanto al interior, a la dotación de servicios de fontanería, electricidad y calefacción; las obras de reposición, retirada y, en su caso, demolición, habrán de ser ejecutadas por los demandados a su costa, con los correspondientes proyectos técnicos y licencias administrativas.

10) La Resolución de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de 6 de mayo de 2019, (objeto del recurso de reposición que a fecha de hoy el Ayuntamiento no resolvió y objeto de este expediente de queja) referida al expediente IU 631/98 de 2º multa coercitiva-reposición de la legalidad, trámite: resolución de recursos, recusación y solicitudes del bajo cubierta del edificio xxxxxxxx, se establece que, en virtud del fallo de las sentencias citadas y la normativa referida a la subrogación contenida en la legislación urbanística, procede imponer el cumplimiento de los deberes derivados de la resolución

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del expediente de disciplina urbanística IU 631/98, impuestos por resolución de 24 de septiembre de 1998 al promotor-constructor, deben ser exigidos por la Administración municpal a la Comunidad de Propietarios de la Rúa xxxxxxxxxxxxx, al considerarlo nuevo titular del bajo cubierta, ya que la sentencia del procedemeto común 571/2014 (firme desde lo 16 de enero de 2017), declaró caducado el derecho de reserva a favor del promotor propietario del edificio y como consecuencia, declaró ese elemento elemento común no esencial o por destino y acuerda continuar el expediente de reposición de la legalidad urbanística frente a dicha comunidad.

Con fecha de 17 de marzo de 2021 se acordó el archivo del expediente de queja Q/B.10.Q/4134/2020 por solicitud de la interesada. Con fecha de 22 de marzo de 2021, la interesada remite escrito en el que solicita la reapertura del dicho expediente, ya que no disiente de que el Ayuntamiento conteste al requerimiento de informeción remitido por la Institución, sino de que la Valedora le dé mas tiempo del que ya dispuso para contestar. En base a lo anterior, con fecha de 23 de marzo de 2021, se procedió a la reapertura del referido expediente.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La queja fue admitida a trámite promoviendo desde esta institución, una investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba, solicitando información del Ayuntamiento de Ferrol con fechas de 9 de noviembre, 15 de diciembre de 2020 y 22 de enero de 2021.

En la solicitud de informe remitida con fecha de 9 de noviembre de 2020, se requiere del Ayuntamiento de forma expresa, que remita copia de la sentencia que resolvió el recurso de apelación 383/2016 presentado contra la sentencia de primera instancia en el procedimiento común 571/2014, a la que se hace referencia en la página 6, apartado d) de la Resolución recurrida por la Sra. xxxxxxxx.

Con fecha del 5 y 11 de febrero de 2021, se mantuvieron comunicaciones telefónicas con el Ayuntamiento a fin de requerir la remisión del informe solicitado sobre el contenido de la queja. De dichas comunicaciones consta en el expediente la correspondiente diligencia, en la que se hace constar que el personal de Urbanismo del Ayuntamiento manifiesta que tienen un importante volumen de trabajo pendiente y que intentarán remitir el informe en un plazo aproximado de una semana. El 23 de marzo de 2021, se mantuvo nueva comunicación telefónica con el departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol en el que se le

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vuelve a requerir la emisión del informe solicitado. Por el personal del departamento de Urbanismo se comunica que intentarán remitir el informe entre esa semana y la que viene. Con fecha de 5 de abril de 2021 se remitió al Ayuntamiento recordatorio de su deber de prestar el auxilio y colaboración que les sean demandados por esta institución en sus investigaciones y actuaciones (art. 26.1 de la Ley de la Valedora do Pobo), advrtiéndole que en el caso de persistir el retraso en el cumplimiento de ese deber legal se procedería a formular una advertencia sobre sus consecuencias legales.

SEGUNDO.- Con fecha del 22 de abril de 2021, el Ayuntamiento remite mediante correo electrónico, oficio al que acompaña informe emitido por la jefatura de la Sección de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento y copia de los decretos de 6 de mayo de 2019 en el expediente IU 631/98 y de 7 de octubre de 2020 en el expediente RL34/10, del Negociado de Inspección y Disciplina del ayuntamiento. Dicha documentación se recibe por correo común con fecha de 28 de abril de 2021.

No se remite por el Ayuntamiento, la copia de la sentencia solicitada por esta Institución. Del informe remitido por la sección de urbanismo, se puede destacar, en lo referente al objeto del expediente de queja, que con respecto al mismo inmueble informa que se tramita también en el mismo departamento, otros dos expedientes, el P 39/19, de licencia de obras de legalización del inmueble, que tiene una relación inmediata con el IU 631/98, ya que su finalización favorable conduciría a que por parte del servicio se consideraría cumplida la reposición de la legalidad objeto de ese expediente (el IU 631/98), y el RL 34/10, también expediente de reposición de la legalidad que fue iniciado en el año 2010 a consecuencia de denuncias relativas la obras en el bajo-cubierta.

Considera el informe que el expediente RL 34/10 estaba relacionado con el IU 631/98 porque ambos se referían al bajo-cubierta del edificio y porque no parecía clara la separación entre lo que se exigía en ambos expedientes respecto de su adaptación para uso como vivienda. En cualquiera caso, el expediente RL 34/10 fue archivado por decreto de 7 de octubre de 2020, al considerar que se realizaron las actuaciones para la reposición a la legalidad exigidas. El expediente P 39/19 es un expediente de legalización iniciado con fecha de 11 de marzo de 2019 por los promotores y en el que tras distintos requerimientos, el Arquitecto Municipal emitió informe con fecha de 12 de febrero de 2021, en el que indica que no se encuentran resueltos los puntos segundo y tercero del IU 631/98 (distribución del espacio bajo cubierta

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de manera idéntida a la planta tipo y modificación de la composición de la fachada a la calle xxxxxxxx al ampliar a toda la fachada a cornisa de final de la galería).

Informa asimismo que en el expediente IU 631/98, a consecuencia de la solicitud de legalización del edificio xxxxxxxxx y de la tramitación del expediente P 39/19 al que dio lugar, no se llevaron a cabo nuevas actuaciones para la ejecución forzosa del expediente de reposición de la legalidad, ya que los interesados habían emprendido actuaciones que podían conducir a cumplirlo.

A consecuencia de lo anterior, si los solicitantes de la licencia de legalización no enmiendan los defectos de la documentación presentada en el expediente P 39/19 tendrá que declararse la caducidad del procedimiento, lo que conllevará la continuación del expediente IU 631/89, en el que presentó su recurso la señora xxxxx.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De la documentación y remitida por la interesada y del informe emitido por el Ayuntamiento de Ferrol puede concluirse lo siguiente:

 Por la ejecución de obras consistentes en aumento de volumen del bajo cubierta y su acondicionamiento para uso de vivienda no autorizable, y modificación de la composición de la fachada al ampliar a toda la fachada la cornisa de final de la galería sin ajustarse a la licencia (obras no legalizables) en el inmueble sito en la calle xxxxxxx, se incoó por el Ayuntamiento expediente de reposición de la legalidad urbanística el 2 de febrero de 1998, que fue resuelto el 24 de septiembre del mismo año, y en el que se ordena al promotor-constructor su paralización y suspensión inmediata de la mismas y se le ordena que en el plazo de 2 meses las ajuste a la licencia otorgada el 11 de septiembre de 1995.

 En el informe del Arquitecto Municipal de 2 de junio de 2010 , transcurridos mas de 11 años desde la resolución del expediente de reposición de la legalidad urbanística, se constata que no se llevó a cabo la reposición a la legalidad tal y como se ordenó, por lo que con fecha de 10 de junio de 2010, se dictó Decreto por el que se apercibe de multa coercitiva al promotor.

 En el informe del Arquitecto Municipal de 27 de septiembre de 2013 , se constata nuevamente que no se llevaron a cabo las obras ordenadas en la resolución de 24 de septiembre de 1998 y con fecha de 7 de noviembre de 2013 , se dictó Decreto de

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imposición de la 1ª multa coercitiva a promotor por no facilitar lo ordenado en el Decreto de 24 de septiembre de 1998.

 La sentencia 571/14, de 2 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia de Ferrol, declara:

o Caducado el derecho de reserva del promotor-constructor sobre el bajo cubierta recogido en las normas estatutarias.

o Que el espacio bajo cubierta se configura como un elemento común, no esencial o por destino, del edificio, quedando sujeto al régimen general de los elementos comunes previsto en la Ley de Propiedad Horizontal.

o La necesidad de acuerdo de la Xunta de propietarios para realizar modificaciones en elementos comunes.

 La Sentencia 410/2016, de 2 de diciembre de 2016, de la Audencia Provincial de A Coruña, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad de Propietarios contra la sentencia 571/14, revoca esta en el único sentido de añadir a los pronunciamientos de su parte dispositiva la condena de los demandados (constructor) a reponer la planta bajo cubierta, elemento común del edificio, al estado anterior a las obras por ellos ejecutadas entre los años 2009 y 2010 que afectaron, en cuanto al exterior, al cerramiento de la terraza, aperturas de ventanas y retirada de la cubrición de la actual terraza, y en cuanto al interior, a la dotación de servicios de fontanería, electricidad y calefacción; las obras de reposición, retirada y, en su caso, demolición, habrán de ser ejecutadas por los demandados a su costa, con los correspondientes proyectos técnicos y licencias administrativas.

 Con posterioridad a la firmeza de la sentencia de apelación (16 de enero de 2017), el Arquitecto Municipal emite informe de 17 de marzo de 2017 , en el que nuevamente constata que no se cumplió con lo ordenado, por lo que procede darle continuidad a la ejecución del expediente de reposición de la legalidad urbanística, por lo que se dicto Decreto del 23 del mismo mes, de imposición de la 2ª multa coercitiva a promotor por no cumplir lo ordenado en el decreto de 24 de septiembre de 1998. El Arquitecto Municipal reitera en informe emitido con fecha de 9 de octubre de 2018, el incumplimiento de la reposición.

 Con fecha de 11 de marzo de 2019 , se inicia un expediente de legalización a instancia del promotor-constructor (P 39/19) y de acuerdo con el informe del departamento de urbanismo, no se realizan mas actuaciones en el expediente IU 631/98, ya que se entiende que los interesados- esto es el promotor-constructor- habían emprendido

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actuaciones que podían conducir a cumplirlo, esto es, cumplir la resolución de 24 de diciembre de 1998, que ordenaba la reposición de la legalidad urbanística.

SEGUNDA.- En aquellos supuestos en los que se esté realizando algún acto de uso del suelo sin el título habilitante exigible en cada caso o sin ajustarse a las condiciones señaladas en él, la persona titular de la alcaldía debe disponer la suspensión inmediata de los dichos actos y proceder a incoar expediente de reposición de la legalidad, y acordando las medidas cautelares necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad. Es por tanto un deber del Ayuntamiento, la determinación de sí la construcción que se está realizando es conforme o no con las licencias o autorizaciones otorgadas, debiendo en caso de que no lo sea, iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística.

El Ayuntamiento de Ferrol incoó expediente de reposición de la legalidad urbanística con fecha de 2 de febrero de 1998, y resolvió sobre el mismo con fecha de 24 de septiembre del mismo año, siendo por tanto su actuación conforme a lo establecido en la normativa urbanística.

Una vez acordada la resolución del expediente, por parte de la Administración municipal, tal y como se establece en el vigente artículo 152.4 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia debia haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la ejecutividad de la resolución del expediente de reposición de la legalidad urbanística, y en el caso de incumplimiento de la orden de cesación de usos, de demolición o de reconstrucción del indebidamente demolido, debe proceder a la ejecución subsidiaria o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, reiterables hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado y sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan.

En el presente caso y desde el 24 de septiembre de 1998 y hasta la resolución de 6 de mayo de 2019, entre las que transcurrieron mas de veinte años, el Ayuntamiento únicamente impuso dos multas coercitivas (en los años 2013 y 2017), y ante la segunda, el promotor-constructor, que es el obligado a la reposición de la legalidad urbanística en un expediente que ya cuenta desde el año 1998 con resolución firme y con dos sentencias firmes (instancia y apelación), que establecen que las modificaciones que se realicen en los elementos comunes necesitan acuerdo de la comunidad de propietarios, y que es el constructor el obligado a reponer el andar bajo cubierta al estado anterior a las obras por él ejecutada, interpone un recurso y a consecuencia del mismo, la resolución de 6 de mayo de 2019 (contra la que la Sra. xxxxxxxx interpone recurso de reposición), resuelve que el obligado a la reposición del construido en contra de la licencia y de la normativa por el constructor-promotor, debe ser repuesto por la comunidad de propietarios.

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De los fallos de la sentencia de instancia y de apelación, no se puede concluir que los tribunales ordenan que las obras exteriores e interiores realizadas en el bajo cubierta por el promotor-constructor, sobre las que existe un Decreto del año 1998 en el que se le obliga la reposición de la legalidad urbanística y dos multas coercitivas, deban ser ejecutadas por la comunidad de propietarios y a su costa, sino que expresamente confirman lo contrario, esto es, que lo obligado a la hacer a su costa a reposición, es el promotor-constructor, si bien debe contar con la autorización de la comunidad de propietarios para llevarla a cabo, al tratarse de una zona común.

Por tanto, se considera que la resolución contenida en el decreto de 6 de mayo de 2019 , en la que en virtud de las anteriores sentencias se acuerda continuar el expediente de reposición de la legalidad urbanística IU 631/98 frente a la Comunidad de Propietarios , imponiéndole el deber de reponer a la legalidad urbanística las obras realizadas por el promotor-constructor, es contraria la cualquier interpretación que se pueda realizar de las mismas e impone a la dito comunidad unos deberes jurídicos y económicos que no tienen deber de soportar.

La anterior afirmación, y confirmada por el informe emitido por el Ayuntamiento en este expediente de queja, en el que se hace constar que sí el expediente P 39/19, (expediente de legalización iniciado con fecha de 11 de marzo de 2019 la instancia del promotor-constructor), finalizara favorablemente, es decir, adecuando por parte del promotor-constructor las obras a la licencia concedida, no se continuaria con el expediente IU 631/89, en el que la resolución de 6 de mayo de 2019, contra la que presento recurso de reposición a señora xxxxxxxx, cambia el sujeto obligado a hacer la reposición, del promotor-constructor a la comunidad de propietarios.

Se considera que en este caso, la resolución de 6 de mayo de 2019 cambia el titular del deber de reponer en base a unas sentencias que no obligan a ese cambio, sino que confirman el contrario, que el obligado es el promotor-constructor.

Se considera que no se dan tampoco los requisitos para que se produzca una subrrogación real de dicho deber, por cuanto tanto el artículo 14 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia como el 23 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre por el que se aprueba el reglamento de dicha Ley, y el artículo 27 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establecen que la subrrogación se produce en el caso de una mutación real siempre que los deberes, en este caso de reposición de la legalidad urbanística, fueran objeto de inscripción registral, inscripción que en este caso no existe, que tendría como finalidad garantizar los

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derechos de los terceitros de buena fe, en este caso de los propietarios que forman parte de la comunidad.

La sentencia de instancia declara en el año 2016, la caducidad de un derecho de reserva sobre el bajocuberta, en el que ya se tenían realizadas obras sin licencia y contrarias al planeamento, sobre las que el Ayuntamiento ya tenía dictada una resolución en el año 1998, ordenando su restitución al estado original, que no consta que esté inscrito en el registro de la Propiedad, y sobre las que el Ayuntamiento tenía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.4 de la Ley 2/2016, el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar su ejecutividad, con la finalidad de restablecer la orden jurídica conculcada para la protección de los intereses generales y de los intereses de los propietarios de las viviendas que forman parte del edificio. El Ayuntamiento adoptó, con evidente retraso, alguna medida para esa restitución, que no fue efectiva. Se considera que la falta de diligencia en este caso de la Administración municipal, no puede tener como consecuencia que una comunidad de propietarios se deba subrogar en un deber que conresponde cumplir al promotor-constructor.

TERCERA.- El artículo 103 de la Constitución Española y el artículo 3 de la Ley 40/2015, el 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establecen que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la Ley y al derecho.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a pronunciar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquier que sea su forma de iniciación.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que en este caso, al tratarse de un recurso de reposición, es de un mes desde su interposición, tal y como establece el artículo 124.2 de la citada Ley 39/2015.

Tal y como se establece en la resolución impugnada, de entenderse que el recurso de reposición interpuesto por la Sra. xxxxxxxx fue contra la última resolución dictada para la ejecución forzosa de 21 de marzo de 2017, notificada a la recurrente el 30 de marzo del mismo año, sería inadmisible, por estar presentado con posterioridad al transcurso del plazo de un mes.

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De ser así, desde la perspectiva del cómputo de los plazos, la presentación del recurso sería extemporánea, y los efectos de la presentación de un recurso fuera de plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 39/2015, obligan tanto a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, como a los interesados en los mismos, lo que obrigaria a dictar resolución inadmitiendo el recurso presentado, sin que esto elimie el deber de dictar y notificar resolución expresa resolviendo el mismo.

CUARTO.- Los actos administrativos disfrutan de una presunción de validez, como establece el artículo 39 de la citada Ley 39/2015, pero sin perjuicio de lo anterior, la Ley permite que la Administración revise de oficio sus actos administrativos, como así se dispone en los artículos 106 a 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, el artículo 107 establece que las Administraciones Públicas podrán impugnar ante la orden jurisdiccional contencioso-administrativa, los actos favorables para los interesados que sean anulable conforme al dispuesto en el artículo 48 de la misma Ley, previa su declaración de lesividad para él interés público, dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

Por tanto y pese la que el sentido de la resolución del recurso de reposición pendiente deba ser de inadmisión, no obsta para que la Administración municipal pueda valorar la iniciación de un expediente de revisión de oficio en lo referente a la resolución de cambio de obligados en el expediente IU 631/98, de conformidad con el dispuesto en el citado artículo 107, por considerar que no es ajustada a derecho a resolución de 6 de mayo de 2019, que impone un cambio en los obligados a restituir una obra contraria a la normativa urbanística que es de aplicación.

QUINTO.- Sobre la recusación del jefe del Servicio de Urbanismo, que era otro de los fundamentos del recurso de reposición no resuelto, y sobre lo que no hay referencia en el informe remitido por el Ayuntamiento, debe este resolver lo que proceda.

Con respecto al cambio de obligados en el expediente RL 34/10, se entiende que este motivo del recurso decayó por cuanto el Ayuntamiento informa de que el mismo está archivado, lo que no le exime de su deber de notificar, con indicación de los recursos que procedan contra y mismo, a las personas que figuren como interesados.

Por todo lo expuesto hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de Ferrol el siguiente :

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RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

Le recuerdo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento está obligado a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, por lo que debe dictarse a la mayor brevedad posible, resolución sobre el recurso de reposición presentado por la interesada contra la resolución de 6 de mayo de 2019 referida a los expedientes IU 631/98.

Y la siguiente.

SUGERENCIA

Se considera conveniente que por el departamento del Ayuntamiento de Ferrol que corresponda, se analicen las sentencias 571/14, de 2 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia de Ferrol, y la Sentencia 410/2016, de 2 de diciembre de 2016, de la Audencia Provincial de A Coruña, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la anterior, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 2/2016, artículo 23 del Decreto 143/2016, y el artículo 27 Real Decreto Legislativo 7/2015, y demás normativa urbanística que sea de aplicación, se valore la conveniencia de iniciar un procedimiento de revisión de oficio de la resolución de 6 de mayo de 2019, en lo referente al cambio de obligados para el cumplimiento de la resolución de 24 de septiembre de 1998 por el que se obligaba al promotor a la reposición de la legalidad urbanística por las obras realizadas en el bajo cubierta

Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora do Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta Institución de la aceptación del recordatorio de deberes legales y sugerencia formulado, de ser el caso, y de las medidas adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la página web de la institución.

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública gallega.

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en

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aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que era posible una solución positiva, esta no se consiguiera.

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración pública gallega.

La saludo atentamente.

María Dolores Fernández Galiño Valedora do Pobo

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Referencias

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