La consulta previa a los pueblos indígenas y los derechos colectivos

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Texto completo

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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES

“UNIANDES”

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVESTIGACION PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADEMICO DE MAGISTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL

TEMA:

“LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LOS DERECHOS COLECTIVOS”

AUTOR: AB. PEREZ MACHADO EDGAR ALFONSO

ASESORES: DR. RAMOS SERPA GERARDO

DR. SAQUICELA RODAS IVAN PATRICIO

AMBATO – ECUADOR

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APROBACION DE LOS ASESORES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICACIÓN

Quienes suscriben, legalmente CERTIFICA QUE: El presente Trabajo de Titulación realizado por le A: EDFAR ALFONSO PRESEZ MACHADO, estudiante del Programa de Maestría en Derecho Constitucional, Facultad de jurisprudencia, con el tema: “LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LOS DERECHOS COLECTIVOS”. Ha sido prolijamente revisado, y cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa pertinente de la Universidad regional Autónoma de los Andes UNIANDES, por lo que apruebo su presentación.

Ambato, Noviembre de 2017.

Dr. Ivan Saquicela Rodas. Dr, PHD. Gerardo Ramos

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DECLARACION DE AUTENTICIDAD

Yo, AB. PEREZ MACHADO EDGAR ALFONSO, maestrante de la Facultad de JURISPRUDENCIA, Programa “Maestría en DERECHO CONSTITUCIONAL”, declaro que todos los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, previo a la obtención del grado académico de “MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL”, son absolutamente originales, auténticos y personales; a excepción de las citas, por lo que son de mi exclusiva responsabilidad.

Ambato, Noviembre de 2017.

AB. PEREZ MACHADO EDGAR ALFONSO C.I. 1600190175

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DERECHOS DE AUTOR

Yo, AB. PEREZ MACHADO EDGAR ALFONSO, declaro que conozco y acepto la disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, que en su parte pertinente textualmente dice: El Patrimonio de la UNIANDES, está constituido por: La propiedad intelectual sobre las Investigaciones, trabajos científicos o técnicos, proyectos profesionales y consultaría que se realicen en la Universidad o por cuenta de ella;

Ambato, Noviembre de 2017.

AB. PEREZ MACHADO EDGAR ALFONSO C.I. 1600190175

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DEDICATORIA

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ÍNDICE GENERAL

PORTADA

APROBACION DE LOS ASESORES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DECLARACION DE AUTENTICIDAD

DERECHOS DE AUTOR DEDICATORIA

ÍNDICE GENERAL ÍNDICE DE TABLAS ÍNDICE DE GRÁFICOS RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN ... 1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ... 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ... 2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA... 3

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ... 3

OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN ... 4

IDENTIFICACIÓN DE LINEA DE INVESTIGACIÓN ... 4

OBJETIVOS: ... 4

IDEA A DEFENDER ... 5

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ... 5

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA TESIS. ... 6

CAPÍTULO I ... 7

MARCO TEÓRICO ... 7

1.1. ORÍGEN Y EVOLUCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN ... 7

EPIGRAFE I ... 9

1.1 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES ... 9

1.1.1 Orígenes y Conceptualización de los Derechos Humanos. ... 9

1.1.2 Clasificación de los Derechos Humanos Fundamentales ... 12

EPGRAFE II ... 15

1.2 DERECHOS COLECTIVOS ... 15

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1.2.2 Prevención de Discriminaciones y la Protección a Minorías: los derechos

indígenas. ... 18

1.2.3 Mecanismos internacionales específicos de protección de los Derechos Colectivos ... 19

1.2.4 Reseña Histórica de los Pueblos Indígenas del Ecuador ... 24

1.2.5 DERECHOS COLECTIVOS RECONOCIDOS EN EL ECUADOR ... 30

EPIGRAFE III ... 34

1.3 DERECHO A LA CONSULTA PREVIA EN ECUADOR ... 34

1.3.1 CONFLICTOS SOCIALES POR FALTA DE APLICACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA ... 36

1.3.1.1 Conflictos en Latinoamérica ... 36

1.3.1.2 Caso Saramaka vs Surinam ... 37

1.3.1.3 Caso Sarayacu vs Ecuador... 42

EPÍGRAFE IV ... 45

1.4 DERECHO COMPARADO RELACIONADO A DERECHOS COLECTIVOS ... 45

1.5.- CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO ... 50

CAPÍTULO II ... 51

MARCO METODOLÓGICO ... 51

2.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. ... 51

PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN ... 51

2.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ... 51

Métodos ... 51

Técnicas de investigación ... 52

Instrumentos de Investigación ... 52

APORTE TEÓRICO, SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA Y NOVEDAD CIENTÍFICA ... 52

Población y muestra ... 53

Población ... 53

2.3 TABULACIÓN DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE PASTAZA. ... 56

TABULACIÓN DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO DE PASTAZA. ... 61

2.4. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO ... 66

CAPÍTULO III ... 67

DESARROLLO DE LA PROPUESTA ... 67

3.1 TEMA: ... 67

3.2 OBJETIVOS: ... 67

(8)

3.4 BENEFICIARIOS. ... 69 3.5 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DEL ECUADOR ... 69 CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO ... 78 RECOMENDACIONES ... 79 BIBLIOGRAFIA

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ÍNDICE DE TABLAS

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ÍNDICE DE GRÁFICOS

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RESUMEN

La presente investigación se la realizo con el propósito de evidenciar que, en nuestro país no se respeta y aplica de forma eficaz y oportuna el derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades indígenas, puesto que no existe hasta la actualidad una ley como norma secundaria, que contenga el procedimiento de aplicación de este derecho, lo que ha derivado que en la práctica, este derecho fundamental se constituya en letra muerta en la Constitución de la República.

Es de conocimiento general a través de los medios de comunicación, que en nuestro país en los territorios ancestrales de pueblos indígenas, se han suscitado graves conflictos sociales por la ejecución de proyectos sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que pueden afectarles ambiental o culturalmente, y que incluso ha costado vidas humanas y grandes pérdidas económicas, por no haberse realizado la consulta previa en forma oportuna y conseguir el consentimiento y aprobación de los pueblos afectados, para que estos planes y proyectos se ejecuten en territorio de esos pueblos indígenas.

Con la investigación realizada, se pretende determinar las causas por las cuales no se ha podido aplicar de forma efectiva el derecho a la consulta previa, a la cual los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador tienen pleno derecho, conforme a las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por el país.

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ABSTRACT

The present investigation was carried out with the purpose of showing the lack of respect in front of indigenous people, since a law as a secondary norm does not exist until now; this law must contain the accurate system of application of this right; this fundamental right has not been established in the Constitution of the Republic of Ecuador. It is well known through the media in our country, social conflicts have arisen in the ancestral territories of indigenous people because of the execution of projects, plans and programs for drilling of oil and gas wells.

This non-renewable resources belong to the ones living there, so then, the environment and cultural heritage can be affected, causing the missing of human lives and boundless economic losses; due to the deficiency of previous consultation and the approval of the affected society, so that, these plans and projects may be executed in the territory of these indigenous people without difficulties.

The proposal is to determine the right of previous consultation and the causes for not being effectively applied. Additionally, indigenous people and nationalities of Ecuador have absolute rights, in agreement with legal guarantees and international settlements endorsed by the country.

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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los pueblos y nacionalidades indígenas de casi todo el mundo, desde mucho tiempo atrás han venido estableciendo y desarrollando un proceso organizativo desde sus bases, con la finalidad de luchar por sus derechos colectivos de acuerdo a sus propias tradiciones, costumbres y especialmente de acuerdo a su cosmovisión de las cosas y su entorno natural en el que se desenvuelven.

En este contexto y en base a su lucha organizada, los pueblos y nacionalidades indígenas han logrado que se reconozcan varios derechos colectivos, los cuales han sido insertados en tratados y convenios internacionales de organismos de Derechos Humanos, que por tal se han convertido en derechos reconocidos con carácter supra nacional y que han pasado a formar parte del bloque de constitucionalidad, de los países miembros que han sabido suscribir y ratificar estos tratados y convenios internacionales.

Uno de los principales logros conseguidos de los pueblos y nacionalidades indígenas, es que se les reconozca su derecho a la consulta previa, oportuna e informada, cuando en sus territorios ancestrales se trate de ejecutar por parte de los Estados, planes o programas de explotación de recursos naturales, que pudieren afectarles ambiental o culturalmente, este derecho colectivo lo recoge principalmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que se ha convertido en el referente para hacer prevalecer y respetar este derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Sin embargo, y pese a tener reconocidos y garantizados en su normativa constitucional este derecho humano colectivo, como lo es el derecho a la consulta previa libre e informada, no lo pueden ejercer de forma plena y eficaz, por cuanto no se legisla las leyes secundarias que deben regular e indicar el procedimiento adecuado para la realización de la consulta.

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colectivo, no se ha conseguido en la práctica, por cuanto existe un vacío legal que no permite o no señala el procedimiento para la realización y aplicación de la consulta, lo cual ha ocasionado que se violente este derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, que lamentablemente ha dado origen a graves conflictos sociales, que han sido de conocimiento público a través de los medios de comunicación del país.

En el desarrollo de la presente investigación, con la técnica y metodología aplicada, se ha podido comprobar que no existe una ley con carácter orgánica, que permita establecer el procedimiento eficaz para el respeto y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada, como derecho colectivo garantizado en nuestro marco constitucional, además se ha determinado que de una forma incorrecta, por parte del Estado central se ha pretendido de forma administrativa, establecer y aplicar reglamentos para la realización de la consulta previa, sin que estas normas administrativas estén debidamente adecuadas a las disposiciones constitucionales referentes a la consulta previa, libre e informada, y que además han merecido el rechazo rotundo de los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas. Por lo tanto, corresponde de forma urgente el diseño de un anteproyecto de ley orgánica, que contenga el procedimiento de aplicación de la consulta previa, libre e informada, conforme lo establece la constitución y tratados internacionales en relación a este derecho colectivo

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas, como derecho humano fundamental recogido y garantizado en la actual Constitución de la Republica, se vulneran y se restringen al momento de la ejecución de grandes proyectos de explotación petrolera y minera en los territorios ancestrales indígenas en el Ecuador, esta situación de vulneración de derechos se presenta por cuanto no se aplica o realiza la consulta previa, toda vez que no existe una normativa definida para el procedimiento, seguimiento y control del proceso de consulta previa, que permita garantizar de forma oportuna y eficaz los derechos colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran contemplados en la constitución. (Parellada, 2013, p. 285)

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A través de los medios de comunicación social hemos conocido de muchos de estos conflictos sociales, suscitados en diferentes provincias, como es el caso de explotación petrolera en la provincia de Pastaza, en la parroquia Sarayacu, y en Morona Santiago por el desarrollo de un proyecto minero en la comunidad de Nankintsm en donde los indígenas originarios de Sarayacu fueron desplazados de sus tierras sin previo aviso ni reubicación de los mismos.

Las grandes compañías multinacionales que han obtenido de parte del Estado ecuatoriano, las concesiones y licencias para ejecutar grandes proyectos de explotación de recursos naturales no renovables, en los territorios de los pueblos indígenas del Ecuador, no han cumplido con la obligación de respetar el derecho colectivo a la consulta previa, esto ha desencadenado graves conflictos sociales, en los que inclusive ha existido pérdida de vidas humanas, además han causado división interna en las comunidades indígenas afectadas, de igual manera se ha visto afectado el patrimonio cultural de los pueblos indígenas donde se ejecutan estos proyectos.

En consecuencia es muy importante la existencia de una Ley orgánica que regule y establezca el procedimiento de aplicación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y colectivos con la finalidad de garantizar y salvaguardar la integridad de los indígenas que son desplazados de sus tierras por las empresas encargadas de explotar el entorno, y así de esta manera garantizar el efectico goce de este derecho colectivo y otros derechos que se recogen en la actual Constitución de la Republica y está siendo vulnerado.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La falta de aplicación de la consulta previa para la ejecución de proyectos de explotación de recursos naturales, vulnera los derechos colectivos de los pueblos indígenas del Ecuador.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

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Para el efecto, se aplicaron sendas encuestas a Dirigentes de Organizaciones Indígenas, así como también a profesionales del Derecho de la ciudad de Puyo, para conocer su criterio en torno al problema planteado.

OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN

El objeto de investigación es el derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades indígenas a la consulta previa libre e informada, contenido y garantizado en la Constitución de la Republica y Tratados y Convenios Internacionales, del cual el Ecuador es suscritor, y que habiendo sido ratificados por el país, pasan a formar parte del bloque de constitucionalidad, y su jurisprudencia es de aplicación vinculante para el Estado.

El campo de acción son los derechos humanos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, en especial el derecho a la consulta previa libre e informada.

IDENTIFICACIÓN DE LINEA DE INVESTIGACIÓN

Retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en Ecuador.

 El Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, Presupuestos Históricos, Teóricos, Filosóficos Y Constitucionales.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL

Formular un anteproyecto de Ley orgánica, que norme y regule el procedimiento de aplicación de la consulta previa, a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Fundamentar científicamente los derechos colectivos y la consulta previa  Realizar una investigación que permita conocer el criterio de profesionales del

derecho sobre la consulta previa a los pueblos indígenas del Ecuador.

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 Fundamentar un anteproyecto de Ley, que norme el procedimiento de consulta previa a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

IDEA A DEFENDER

Mediante el diseño de una normativa de procedimiento de aplicación de la consulta previa, que permita la aplicación, control y seguimiento de estos procesos, y además con la complementación de políticas de Estado, que estimulen y garanticen la seguridad jurídica en el Ecuador, se conseguirá la correcta y eficaz aplicación del derecho a la consulta previa en los territorios indígenas, evitando conflictos sociales y garantizando la paz social en el Ecuador.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente, es un derecho humano colectivo garantizado en nuestra constitución, cuyos titulares del derecho son los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

La no aplicación y falta de reconocimiento de este derecho humano colectivo, ha dado origen a graves conflictos sociales suscitados entre los pueblos indígenas y empresas transnacionales de explotación y producción petrolera y minera, que incluso ha existido pérdidas humanas y económicas por estos conflictos, y esto se deriva porque no existe una norma legal que contenga el procedimiento de aplicación de la consulta previa.

Por estas situaciones que se presentan, es posible que el Estado ecuatoriano tenga que enfrentar graves demandas ante organismos internacionales de derechos humanos, y consecuentemente verse obligado a pagar cuantiosas indemnizaciones a los pueblos y nacionalidades indígenas, por el irrespeto y violación de este derecho humano colectivo, que favorece y protege a estos pueblos indígenas.

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participen desde un inicio en la elaboración de estudios y proyectos que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

Es evidente que se requiere de urgencia una Ley Orgánica que contenga el procedimiento de aplicación de la consulta previa, libre e informada, conforme lo establece la constitución y tratados internacionales.

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA TESIS.

Para una mejor organización el presente trabajo se ha organizado en tres capítulos: CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO PROPUESTA.

CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA

A más de ello se agregan las conclusiones generales, las recomendaciones, bibliografía y anexos.

EL CAPÍTULO I.- Hace referencia al origen-causa, evolución del objeto de investigación, alrededor del cual se analiza en forma critica los conceptos principales de las distintas posiciones teóricas.

Se realiza también bajo un análisis crítico el objeto de investigación, ubicándole dentro del contexto que le corresponde.

EL CAPÍTULO II.- Denominado marco metodológico, es el producto del resultado de la investigación, su modelo, metodología y procedimientos, llegando también a las conclusiones parciales del capítulo.

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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. ORÍGEN Y EVOLUCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Según el autor Alba, 2014 Para comprender el problema que se deriva

de la falta de aplicación del derecho a la consulta previa a los pueblos y

nacionalidades indígenas, cuando dentro de sus territorios ancestrales se

pretende ejecutar proyectos de explotación de recursos naturales no

renovables, es pertinente y necesario hacer un análisis sobre el origen y la

evolución de este derecho humano fundamental como lo es el derecho a la

consulta previa, que así lo ha reconocido la comunidad internacional a través

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y más específicamente

en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Debemos reconocer que en la actual Constitución de la Republica (2008) se hicieron

grandes avances en reconocimiento de derechos colectivos, sin embargo de ello no ha

sido posible plasmar en la práctica la aplicación de esos derechos, puesto que no

existe una norma secundaria que regule y establezca mecanismos de aplicación del

derecho a la consulta previa.

Es necesario recordar que los pueblos y etnias indígenas del mundo

siempre han luchado para conseguir el reconocimiento de derechos propios de

su cultura, tradición y cosmovisión, pero esta lucha para alcanzar su objetivo

no ha sido fácil, han tenido que recorrer un largo camino con persistencia y

determinación, que luego de muchos años se ha visto cristalizado en el

reconocimiento de sus derechos colectivos, por parte de la comunidad

internacional. (Alba, 2014, p. 147)

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integrarse a la sociedad, es decir se esperaba que las tradiciones y culturas propias de estos pueblos ancestrales fueran olvidadas y desaparecieran.

Este nuevo modelo integracionista, fue asimilado y estuvo vigente en la mayoría de diseños constitucionales de los países latinoamericanos, y también esta tendencia fue aplicada en foros internacionales multilaterales tales como la Organización Internacional del Trabajo OIT, siendo que con estas ideas y tendencias en el año 1957 se elabora el Convenio 107, que hace mención de la conveniencia de la integración de los pueblos indígenas a la sociedad civil, para unificar una identidad nacional.

Sin embargo, desde la década de 1970, cuando la Organización de Naciones Unidas empezó a reexaminar la situación de los pueblos indígenas con más interés y detalle, y tomando en cuenta que en esta época a través de sus propias organizaciones, los pueblos indígenas comenzaron a hacerse más visibles a nivel internacional, por lo cual el enfoque del Convenio 107 fue objeto de serios cuestionamientos. Es así que el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, convocó a una Comisión de Expertos en 1986 para analizar dicho convenio, concluyendo que el enfoque integracionista del Convenio estaba obsoleto y que por tanto su aplicación era perjudicial para los pueblos indígenas.

Con estos antecedentes el Convenio107 fue revisado durante los años 1987, 1988 y ya en el año 1989 se elaboró y adoptó por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Convenio Nº 169. En este nuevo convenio se plasmaron principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas y se reconoce el derecho a la consulta previa, fortaleciéndose estas premisas con la aprobación en el año 2007 de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (pág. 333)

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En nuestro país que posee una diversidad de etnias indígenas tanto en la costa, sierra y el oriente, que por derecho ancestral poseen grandes extensiones de territorio, se han creado graves conflictos por la ejecución de proyectos extractivistas de recursos naturales, que afectan su convivencia tradicional, debemos reconocer que actualmente los pueblos indígenas, montubios y afro ecuatorianos, tienen una fuerte organización social, con activa participación política en el país, organizaciones como la ECUARUNARI, CONFENIAE, COICA y principalmente su confederación CONAIE, han sido fervientes defensores de los derechos colectivos y en especial el derecho a la consulta previa. (Rodríguez, 2014, pág. 148)

EPIGRAFE I

1.1 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin

distinción ni discriminación alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua,

religión o cualquier otra condición social. Entre los principales derechos humanos se

incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometidos ni a esclavitud ni a

torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre

otros. (Declaración Universal de Derechos Humanos)

Actualmente casi no existen estados donde no se reconozca estos derechos

primordiales del hombre, y más bien en los estados donde se vulneren

permanentemente estos derechos, son susceptibles de sanciones por parte de la

comunidad internacional, a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

(Salgado, 2013)

1.1.1 Orígenes y Conceptualización de los Derechos Humanos.

Para el autor Palacios, 2014 refieren que el origen conceptual de los

Derechos Humanos se da en la antigua Grecia, “como un vínculo político al

obtener la libertad y la igualdad de cada uno respecto a los demás, como parte

de un proceso de identificación social que nos hace posible llegar a ser

ciudadano”, también señala que “Francisco de Vitoria, en el siglo XVI, había

anunciado la necesidad de lo que llamo el derecho de gentes y de las naciones

y de manera premonitoria, indico la necesidad de la creación de un órgano

mundial que vigilaría el cumplimiento de las obligaciones de cada nación.”

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Podemos afirmar que la evolución histórica de los Derechos Humanos debe ser

estudiada a partir de la consagración de los distintos derechos que son considerados

dentro de esta recopilación de derechos.

Debemos recordar que inicialmente durante los siglos XVIII y XIX, se suscitaron una

serie de acontecimientos históricos en los que se hacía presente las ideas de libertad

e igualdad de los seres humanos. Todos estos acontecimientos indudablemente

contribuyeron a la actual conceptualización de los derechos humanos.

Las ideas y pensamientos de Charles Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau en

Francia, fueron fundamentales para determinar y conceptualizar los derechos

humanos. Montesquieu, en su época criticó severamente los abusos de la Iglesia y

del Estado en contra de las personas.

Jean Jacques Rousseau, denunció las injusticias y miserias resultado de la

desigualdad social de su época, impulsó la idea de una sociedad basada en igualdad

absoluta, en la que cada miembro, a la par que se somete a las decisiones del

colectivo de la sociedad, es al mismo tiempo parte del pueblo soberano, cuya voluntad

general constituye el nacimiento de la Ley. Estas ideas innovadoras de Rousseau

impulsaron la elaboración del concepto de los derechos humanos, al plantear el

concepto y la necesidad de la existencia de una igualdad entre todos los hombres,

quienes deben someter su voluntad personal individual a la voluntad del colectivo, con

el objeto de alcanzar el bienestar colectivo para todos. (pág. 221)

Ya en el año 1776, la Declaración de Independencia redactada por Thomas

Jefferson y aprobada por los Estados Unidos el 4 de julio del mismo año, proclamaba

lo siguiente:

"Sostenemos como verdaderas evidencias que todos los hombres

nacen iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos

inalienables, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad y a

la búsqueda de la felicidad...", es en esta declaración donde en América, se

empiezan a consagrar algunos derechos individuales. (Rodríguez, 2015, pág.

223)

Posteriormente en el año 1789 y con la Revolución Francesa, el concepto de

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individuales fueron plasmados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano, en donde se expresa y reconoce el carácter universal de los derechos

humanos y que por su propia naturaleza humana pertenecen al hombre.

“Las primeras manifestaciones concretas de declaraciones de derechos individuales,

con fuerza legal, fundadas sobre el reconocimiento de derechos inherentes al ser

humano que se imponen al Estado como objeto de reconocimiento, respeto y

protección, emergen de la Revolución Norteamericana. (Alba, 2014)

Así también Borrero, manifiesta “…la Declaración de Derechos de

Virginia en 1776, la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano,

proclamada por la Convención francesa el 2 de octubre de 1798 y las 10

enmiendas incorporadas a la Constitución de los Estados Unidos en 1791, Los

tres documentos son monumentos a los Derechos Humanos y conducen a

todos los países occidentales a seguir el ejemplo…” (Borrero, 2014, pág. 562)

Más tarde son los movimientos obreros y de los trabajadores quienes comienzan una

nueva lucha en la defensa de los derechos humanos, pero desde una perspectiva

colectiva, de manera más amplia los trabajadores exigen sus reivindicaciones, y es así

que con las revoluciones mexicana y rusa realizadas por el año 1917, que fueron

determinantes para la consagración jurídica de estos derechos colectivos, y que

actualmente han sido denominados y reconocidos como derechos económicos y

sociales en las diferentes legislaciones de los países con regímenes democráticos.

Los otros grandes pasos de ésta evolución se dan a principios del siglo XX,

específicamente con la Revolución Mexicana y la Soviética en 1918, y con la

Constitución de Weimar en 1919. De manera que los momentos de consagración de

los Derechos Humanos son palpables y rastreables precisamente porque se originan

de procesos históricos.

Sin embargo es con la secuela de atropellos y actos inhumanos efectuados en la

segunda guerra mundial, que definitivamente la humanidad a través de la comunidad

internacional adopta estos derechos individuales y colectivos en declaraciones y

pactos internacionales, garantizando su respeto y aplicación por parte de los Estados

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La protección de los derechos Humanos implica la restricción al ejercicio del poder

estatal, pues este poder no puede ejercerse lícitamente de cualquier manera, sólo lo

puede ejercer a través de los derechos de las personas, esto es suponiendo la

existencia de ciertas reglas que comprenden mecanismos para la protección y

garantía de los Derechos Humanos Fundamentales, y es este conjunto de reglas que

definen el ámbito del poder y lo subordina a los derechos y atributos inherentes a la

dignidad humana, lo cual podemos decir que configura el Estado de Derecho.

(pág. 562)

1.1.2 Clasificación de los Derechos Humanos Fundamentales

Los derechos humanos fundamentales se clasifican de acuerdo al

proceso histórico de evolución teórica, autores como Balsells Tojo Edgar

(1985), expresan al efecto: “existen tres bases de clasificación que son las más

ampliamente aceptadas en la doctrina y que toman en cuenta: la primera, el

carácter del sujeto titular de derechos; la segunda, el contenido o naturaleza de

tales derechos y, la tercera, la importancia o el valor intrínseco relativo de los

propios derechos.” (pág. 321-324)

De allí que de manera generalizada la doctrina haya aglutinado estas garantías en

grandes grupos, el primero que abarca los Derechos Civiles y Políticos; un segundo,

que abarca los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y un tercero qua abarca

derechos de grupos especiales, derecho al medio ambiente sano, derecho al

desarrollo y otros derechos. (Berraondo, 2015, pág. 312).

Para (Berraondo, 2015) esto se explica porque: “La triplicidad de

generaciones de derechos humanos aluden también a un fenómeno histórico y

cronológico, que se ubica en el tiempo histórico, en el ámbito de la cultura, en

la evolución de las ideas políticas, en el curso del derecho constitucional. Todo

esto le da un contorno de fenómeno cultural, humano, propio de la vida de los

hombres, de lo que piensan, de lo que se representan, de lo que proyectan y

ambicionan, de lo que hacen, de lo que valoran. Cada una de estas tres

generaciones de derecho nació (se generó) en una etapa del mencionado

tiempo histórico. Por eso se les denomina generaciones”. (pág. 315)

Los derechos humanos de acuerdo a su gradual reconocimiento se los puede

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Derechos de primera generación.- Son históricamente los primeros que alcanzaron

reconocimiento y protección formal a través de la legislación positiva son los

denominados derechos civiles y políticos, cuando estos se reconocieron recibieron

primero los nombres de derechos innatos, esenciales o los del hombre y ciudadano.

Los derechos civiles y políticos, tienen por objeto la tutela y respeto de la libertad, la

seguridad y la integridad física y moral de la persona, así como de su derecho a

participar en la vida pública, lo cual implica oponerse a que el Estado invada o

irrespete ciertos atributos de la persona, relativos a su integridad, libertad y seguridad.

Se trata de derechos inmediatamente exigibles, cuyo respeto representa para el

Estado una obligación impuesta por mandato constitucional, susceptible de control

jurisdiccional. (pág. 124)

Entre los principales derechos humanos de primera generación tenemos:

a. Derechos Civiles: Su titular es el individuo o persona, estos derechos permiten el

disfrute de la libertad personal y de la plena autonomía de la voluntad, que deberá ser

garantizado por parte del Estado, entre los principales tenemos:

- Derecho a la vida.

- Derecho a la integridad personal.

- Derecho a la libertad y seguridad personal

- Derecho a las garantías judiciales

- Derecho de reunión y asociación

- Derechos a la intimidad y a la correspondencia

- Derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión.

- Derecho al libre tránsito

b. Derechos Políticos: Su titular es el ciudadano, y se concreta con la participación

de los ciudadanos en la conformación del Estado en sus distintos niveles de gobierno,

se lo efectiviza por medio del derecho al sufragio y la voluntad individual de la

persona, así tenemos:

- Derecho a la libertad de opinión y expresión.

- Derechos a libertad de reunión y asociación.

- Derechos a la nacionalidad.

- Derecho a participar de la vida pública del país

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- Derecho de petición

Derechos de segunda generación.- Nacen o resultan de los cambios producidos por

la revolución industrial y la revolución tecnológica, se refieren a la existencia de

condiciones de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales en términos

adecuados a la dignidad inherente a la familia humana, al advertirse la necesidad de la

intervención del Estado en la defensa de los derechos a la educación, salud, libre

sindicalización, la cultura y otras actividades importantes, usualmente son

denominados Derechos Económicos, Sociales y Culturales

a. Derechos Económicos: Podemos definir de varias maneras a los Derechos

Económicos, pero siempre estarán vinculados con la creación, distribución y consumo

de la riqueza Económica existente dentro de un Estado, pero en si la principal

característica está vinculada o dirigida hacia el Trabajador al cual se le reconocen

ciertos derechos tales como:

- Derecho al trabajo y su libre elección

- Derecho a la seguridad social

- Derecho a un nivel de vida adecuado

- Derecho a un salario justo.

- Derecho a la sindicalización

- Derecho a la huelga

b. Derechos Sociales: Este Derecho está constituido por la conformación social de la

persona, incluyendo a todo lo relacionado con la interacción dentro de la Sociedad.

Los Derechos Sociales están encaminados a que toda Persona tenga igualdad en lo

que respecta a su identificación dentro de la Sociedad, y así mismo que deba tener las

mismas oportunidades en la interacción social en la cual se desenvuelve, y dentro de

esta clasificación tenemos los siguientes derechos:

- Derecho a la salud.

- Derecho a un buen nivel de salud física – mental

- Derecho a la protección de la maternidad y la infancia

- Derecho a la seguridad.

- Derecho a libre circulación.

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c. Derechos Culturales: Este derecho se dirige a la visión de la persona en la

búsqueda de su desarrollo intelectual por medio del conocimiento científico, además

la identidad, la educación y la información son los pilares de éste derecho,

permitiendo a la persona un desarrollo integral, así tenemos los siguientes derechos

culturales:

- Derecho a la protección de los intereses morales, promoción de la identidad

cultural.

- Derecho a la libertad de creación e interpretación artísticas.

- Derechos a la educación, a la cultura y la ciencia

Derechos de tercera generación.- Históricamente son los últimos en alcanzar

reconocimiento y protección formal a través de la legislación positiva. Su desarrollo y

reconocimiento se encuentra vinculado al aparecimiento del denominado solidarismo

jurídico, basado en los procesos de descolonización y de la creación de un nuevo

orden mundial, sustentando en la justicia y la colaboración mutua de los estados

existentes en el planeta, ideológicamente se sustenta en el reconocimiento a la libre

determinación de los pueblos, y por consiguiente de la liberación del dominio

colonialista ubicados en Africana y Asia, también se basa en la necesidad de

preservar los espacios ecológicos paras futuras generaciones, y en la defensa del

patrimonio histórico de la humanidad, entre los principales derechos de solidaridad

tenemos:

- Derecho a la paz

- Derecho al desarrollo

- Derecho a la libre determinación de los pueblos

- Derecho al medio ambiente

- Derecho al patrimonio común de la humanidad

- Derecho a la comunicación. (Salgado, 2013, pág. 214)

-EPGRAFE II

1.2 DERECHOS COLECTIVOS

Contemporáneamente se consideran derechos colectivos a los derechos humanos de

tercera generación, que vienen a ser aquellos comunes a todos los seres humanos y

(28)

ambiente sano, a la autodeterminación de los pueblos, además los reconocidos a

grupos específicos como mujeres, niños y niñas, jóvenes, personas de la tercera

edad, con discapacidad, portadores de VIH, personas con orientación sexual diferente,

migrantes, entre otros, y los derechos específicos de pueblos indígenas, como

aquellos que les garantizan la posibilidad de tomar decisiones colectivas acordes a su

cosmovisión o manera de ver el mundo.

Un aspecto relevante respecto a los derechos colectivos y que implica una diferencia

sustancial en cuanto a su ejercicio, es que cuando se habla de derechos de grupos

especiales bajo la denominación de colectivos, se trata de derechos reconocidos a un

conjunto determinado de personas que tienen algún rasgo característico o interés

común que las distingue de las demás. Es el caso de la edad, que permite reconocer

derechos diferentes a los niños y niñas, a adolescentes, jóvenes o adultos mayores; o

las capacidades especiales que permiten reconocer derechos específicos a las

personas con discapacidad, las personas con una orientación sexual diferente, o las

personas migrantes, pero en todos los casos estos derechos especiales son ejercidos

en el plano individual, es decir que su garantía está prevista para cada niño o niña,

para cada persona especial. (López, 2013, 425).

Sin embargo cuando nos referimos a derechos colectivos de pueblos indígenas o

derechos de los pueblos tribales, se trata de derechos que tienen como titular a la

comunidad en su conjunto, se presentan por tanto cuestiones ya prácticas respecto a

la construcción jurídica de la norma que garantice su exigibilidad, planteándose como

duda si será extensiva también para cada individuo integrante de una comunidad

indígena, si esta protección alcanza solamente a los indígenas o pueblos tribales que

viven en comunidad, o también a quienes se encuentran en áreas urbanas, además si

es aplicable a quienes sin ser indígenas se integran a una comunidad, o a quienes

tienen diferentes grados de mestizaje, ya sea sanguíneo o cultural.

Esta diferencia es la que pone en el tapete del debate jurídico, el tema del sujeto de

los derechos colectivos. Es indiscutible que los derechos humanos individuales tienen

como destinatario a la persona humana bajo la concepción clásica de los derechos

humanos, y que este carácter individual no puede aplicarse a los pueblos indígenas o

tribales, por tratarse de sujetos colectivos que requieren acciones de garantía distinta,

es por esto que los pueblos indígenas requieren también un sistema de protección

(29)

1.2.1 Evolución histórica de los derechos colectivos

Ha sido el derecho internacional el que ha concedido a los derechos colectivos una

mayor relevancia de aquélla que ha brindado la normativa nacional. Podría decirse

que el derecho internacional de los derechos humanos ha sido el preámbulo necesario

para la incorporación y el reconocimiento de los derechos colectivos en la legislación

nacional ecuatoriana.

Para tener una visión objetiva de la evolución histórica de los derechos colectivos,

principalmente de los derechos indígenas en el derecho internacional, es necesario

buscar los antecedentes más recientes de estos derechos, que si bien son derechos

humanos que han estado latentes en el convivir de las sociedades, es de manera

reciente que surge un reconocimiento doctrinario de los mismos. Así, con la creación

de las Naciones Unidas en 1945, se adopta la Declaración Universal de Derechos

Humanos en diciembre de 1948.

El derecho internacional aborda el tema de los derechos indígenas dentro del marco

más general de los derechos humanos, cuya piedra fundamental es la Declaración

Universal que contiene dos principios altamente pertinentes, a saber, la igualdad y la

no discriminación.

En 1947 surge la Subcomisión para la Prevención de Discriminaciones y la Protección

a Minorías, órgano subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos, que hace

recomendaciones sobre la prevención de todo tipo de discriminaciones y la protección

de minorías raciales, nacionales, religiosas y lingüísticas. Podría considerarse que el

trabajo de la Subcomisión es el antecedente más remoto de un reconocimiento

doctrinal sobre el tema de derechos colectivos. (Molina, 2014, pág. 333)

El desarrollo de los derechos civiles y políticos (1950-1966) establece una concepción

individualista de los derechos humanos que subyace en la Declaración Universal,

propia de las sociedades occidentales y que no corresponde a las concepciones

culturales y comunitarias de otras civilizaciones y regiones del mundo, sobre una

conceptualización teórica de los derechos colectivos.

El desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales (1966-1980) sucede

durante el apogeo de la Guerra Fría, de la bipolaridad ideológica en el mundo, sin

(30)

La Declaración y Plan de Acción de Viena (1993) confirman el reconocimiento a los

derechos colectivos, ya que lo que antes era considerado como un asunto doméstico

de los Estados, es ahora tema de preocupación mundial y objeto central del derecho

internacional. El principio de soberanía ha ido cediendo camino a la tesis de que la

preocupación de los derechos humanos es legítima para la comunidad internacional y

no puede ser invocada como una violación al principio de no intervención o de

soberanía nacional. La Declaración reconoce los derechos de las poblaciones

indígenas y negras, el valor y diversidad de sus diferentes identidades, culturas y

sistemas de organización social.

Actualmente el tema de los derechos humanos colectivos es el marco de referencia

vigente y obligada para la discusión política sobre la naturaleza del estado nacional, en

sus relaciones con los pueblos indígenas. (Rodríguez, 2014, pág. 148).

1.2.2 Prevención de Discriminaciones y la Protección a Minorías: los derechos indígenas.

La Subcomisión para la Prevención de Discriminaciones y la Protección a Minorías,

que fue creada en 1947, está compuesta de 26 expertos independientes, para

proteger a las Minorías elaboró la declaración respectiva en el año 1990. Se ha

preocupado del combate contra el racismo en el marco de movimientos anticoloniales

de los años 60 y 70 y de la lucha contra el apartheid, que culminó en 1994.

La Subcomisión se ha valido de Grupos de Trabajo y Relatores Especiales para

desarrollar su trabajo. Así, tiene dos grupos de trabajo para la elaboración de normas.

El primero, creado en 1981 y compuesto por cinco miembros (uno por cada región

geográfica) que ha elaborado el Proyecto de Declaración de los Derechos de los

Pueblos Indígenas y que se ha encargado de examinar la situación de los pueblos

indígenas en el mundo y de definir el término "pueblo indígena", en estrecha

colaboración con organizaciones indígenas. El segundo Grupo se encarga de elaborar

una declaración sobre el derecho de toda persona de salir y de regresar a cualquier

país. (Giménez, 2015, pág. 142)

La Subcomisión también ha creado Grupos de Trabajo sobre las formas

contemporáneas de esclavitud y prácticas análogas (trata, prostitución y explotación

(31)

nacionales o étnicas, religiosas, o lingüísticas; de comunicaciones individuales que

recibe quejas sobre estos aspectos.

La creación del Grupo sobre derechos indígenas fue fundamental para introducir este

tema en la Organización de Naciones Unidas ONU. Los antecedentes más recientes

fueron los encuentros de pueblos indígenas en 1977 y en 1981, en Ginebra,

promovidos por organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo ante la

ONU.

La Subcomisión, a través del Grupo de Trabajo ha intentado desarrollar también una

definición sobre "pueblos indígenas", que contiene los siguientes elementos:

- La existencia originaria y continuidad histórica de los indígenas, anteriores a un

proceso de invasión extranjera y colonización.

- Identidad propia, distinta a la de una sociedad dominante y posición de subordinación

ante esta última.

- Vinculación con un territorio propio.

- Preservación de patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales

propios.

El Grupo de Trabajo también se ha encargado de analizar el tema de los tratados

entre naciones indígenas y gobiernos nacionales, así como la propiedad intelectual de

los pueblos indígenas. (Alba, 2014, pág. 149)

1.2.3 Mecanismos internacionales específicos de protección de los Derechos Colectivos

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

Desde hace décadas la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ocupó

también de este tema, los antecedentes del Convenio 169 fueron un estudio

preliminar sobre las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones indígenas en

(32)

protección de las poblaciones indígenas y tribales en países independientes, este

tenía una visión paternalista de integración y asimilación de las poblaciones indígenas.

La Organización Internacional del Trabajo OIT revisó este Convenio realizando

importantes cambios, que desembocó en el actual convenio 169 adoptado en 1989.

Debemos recordar que en junio de 1989, la Confederación Internacional del Trabajo

aprobó el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países

independientes. Este nuevo instrumento elimina las actitudes paternalistas y de

asimilación frente a las poblaciones indígenas, reflejadas en el Convenio Nº 107.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un tratado

internacional vinculante, que, una vez ratificado, se incorpora al derecho interno de

cada Estado suscriptor, su violación compromete la responsabilidad internacional del

Estado que ratificó el instrumento internacional. (Cárdenas, 2015, pág. 214)

Por ser un tratado de derechos humanos, se le reconoce un valor constitucional en

muchos países de Latinoamérica, por lo que sus disposiciones son exigibles ante los

tribunales de justicia nacionales e internacionales.

Es el único instrumento jurídico internacional sobre los derechos humanos de los

pueblos indígenas, cabe resaltar que Ecuador lo ratificó en 1998. Este convenio

contiene diversas disposiciones sobre derechos indígenas específicos, como el de la

autonomía, la conservación cultural, de la identidad indígena, el respeto a las prácticas

tradicionales propias y a su propia legislación y justicia comunitarias.

En el caso ecuatoriano, la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), por parte del Estado tiene el carácter de una norma

internacional. Fue aprobado por el Congreso Nacional del Ecuador el 14 de abril de

1998, y ratificado por el Presidente de la República del Ecuador, Dr. Fabián Alarcón en

mayo de 1998, desde esa fecha, este instrumento internacional es Ley para el

Ecuador, y tiene la misma supremacía que la Constitución de la República del Estado,

constituye para el movimiento indígena internacional un gran logro, ya que, a pesar de

que la OIT es una instancia especializada en asuntos laborales del sistema de

Naciones Unidas, fue la primera organización internacional en proponer una

(33)

A diferencia del Convenio Nº 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

que procuraba a los pueblos indígenas ir adaptándose a las exigencias del mundo

occidental, es decir propugnaba la asimilación de la cultura occidental, el Convenio

Nº 169 en cambio propicia un trato especial de absoluto respeto a la tradición,

historia y acervo cultural de los pueblos indígenas. Es importante resaltar que de

acuerdo a este convenio, los pueblos indígenas tienen la plena capacidad para decidir

su destino y construir su visión en un marco integral de reconocimiento, protección y

promoción del Estado. (Arango, 2014, pág. 220).

El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT reconoce

fundamentalmente a los pueblos indígenas como entidades permanentes,

comunitarias, con autodecisión, autocontrol y autorregulación.

Entre sus principales disposiciones tenemos:

El articulo 6 numeral 1 establece que “Al aplicar las disposiciones del presente

Convenio los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas

y en organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y

programas que les conciernen;

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de

esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para

ese fin”. (Convenio Nº 169 de la OIT).

Numeral 2. “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la

finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento a cerca de las medidas

(34)

El artículo 7 establece que, “la consulta previa es para preservar y garantizar el

derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en

la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual

y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de

lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos

deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y

programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

(Convenio Nº 169 de la OIT).

El artículo 15 numeral 1 establece que “Los derechos de los pueblos interesados a

los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente.

Estos derechos comprenden los derechos de esos pueblos a participar en la

utilización, administración y conservación de dichos recursos”. (Convenio Nº 169 de la

OIT).

Numeral 2. “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de

los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos

pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus

tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los

beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por

cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”. (Ecuador,

Asamblea Nacional, 2013, pág. 45)

Es claro que por mandato constitucional el Estado ecuatoriano es el titular de los

recursos naturales no renovables, sin embargo de conformidad con lo que establece

este artículo del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT,

que goza de la categoría constitucional al formar parte del bloque de

constitucionalidad, debe asumirse por parte del Estado un procedimiento especial a los

pueblos y nacionalidades indígenas, puesto que las actividades mineras afectan

directamente sobre su territorio, hábitat y forma cultural de convivencia.

Es importante señalar que existen otros instrumentos internacionales que hacen

(35)

- Declaración de las Naciones Unidas en la Asamblea General de las Naciones

Unidas adoptó el Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos

en 1966.

- La Declaración de principios respecto a los pueblos indígenas, adoptado en la

IV Asamblea General del Consejo Mundial de los Pueblos indígenas en

Panamá en 1986.

- Declaración de la Organización de Naciones Unidas de 1993 como el Año

Internacional de las Poblaciones Indígenas.

- Resolución del Parlamento Europeo sobre el año 1992, los Pueblos Indígenas

y el Quinto Centenario.

- Resolución adoptada en la Primera Reunión Cumbre de los Pueblos Indígenas,

en Guatemala 1993.

- Resolución del Primer Encuentro Continental de la Campaña 500 años de

Resistencia Indígena y Popular, Colombia, 1989.

- Declaración de Quito, Encuentro Continental 500 Años de Resistencia India,

Ecuador 1990.

- Resolución del Segundo Encuentro Continental de la Campaña 500 años de

Resistencia Indígena, Negra y Popular, Guatemala, 1991.

- Convenio Constitutivo del Fondo para Desarrollo de los Pueblos Indígenas de

América Latina y el Caribe, 1992.

- Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos Indígenas, Ratificado por 143 países del mundo, entre ellos, por el

Presidente de la República del Ecuador, en septiembre del 2007.

- Proyecto de Declaración Americana OEA, sobre los derechos de los Pueblos

Indígenas, 2005. (La Cuestión Étnica 500 años después, Instituto

Centroamericano de Estudios Políticos INCEP (Parellada, 2013, pág. 285)

Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Según lo manifiesta (Valle, 2015), desde 1994 se encuentra en estudio por parte de

los Estados, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, luego que fuera

aprobado por la Subcomisión. Afirma que los pueblos indígenas tienen los mismos

derechos que todos los seres humanos e incluye diversas disposiciones relevantes

(36)

- Derecho a la libre determinación. Para ello, tendrán derecho a la autonomía o

autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.

- Conservar y reforzar sus propias características políticas, económicas, sociales y

culturales y sus sistemas jurídicos.

- Derecho colectivo a la paz, libertad y seguridad y ser protegidos contra el genocidio o

cualquier otro acto de violencia.

- A no ser objeto de etnocidio y genocidio cultural y a la prevención y reparación de

estos actos.

- Derecho al desarrollo.

- Poseer, controlar y utilizar sus tierras y territorios.

- Derecho a determinar su propia ciudadanía, según sus costumbres y tradiciones.

- El derecho a la libre determinación es uno de los puntos más controvertidos. El temor

de las delegaciones gubernamentales que asisten a los debates es que este derecho

lleve a la división de los estados existentes. (Berraondo, 2014, pág. 111) 1.2.4 Reseña Histórica de los Pueblos Indígenas del Ecuador

El historiador ecuatoriano (Parellada, 2013) afirma que: “…la conquista

española, considera como el inicio de la articulación de estos territorios una

formación socioeconómica dominante a nivel mundial, marca el final de un

desarrollo autónomo de las formaciones sociales aborígenes. Sin olvidar que la

época posterior a la conquista europea apenas cubre el 2% de nuestra historia,

comparada hoy con una antigüedad de varios milenios, es importante al

respecto abandonar definitivamente el término “prehistoria” y designar a la

primera etapa de nuestro proceso histórico con el calificativo más idóneo de

“Época Aborigen…..”, (pág. 285).

El hecho de que los pueblos y nacionalidades indígenas originarios, base sobre la cual

se levanta hoy el Estado ecuatoriano, no dejaron constancia escrita de su devenir

histórico, eso no significa que no hayan tenido historia y civilización, más bien es un

(37)

organización social, económica y política, constituidas en sociedades comunitarias,

que se caracterizaban por ausencia de la propiedad privada de la tierra.

Con el “descubrimiento” de América ocurrido en el año 1492 se inicia un proceso de

colonización en el continente americano, que con el devenir de los tiempos se produce

un desequilibrio en el crecimiento de la población, con la consiguiente disminución de

población indígena, puesto que es claro que antes de la llegada de los españoles y

otros europeos, la población indígena originaria era mayor que la de los

conquistadores quienes en realidad se constituían en un grupo minoritario, pero que

con las armas superiores y caballos con que disponían, lograron conquistar y

gobernar estas tierras americanas.

El Ecuador no fue la excepción, y los habitantes indígenas fueron duramente

sometidos y gobernados, despojándoles de sus tierras y obligándoles bajo la fuerza a

proporcionar mano de obra para los españoles, forjando riqueza para ellos a cambio

de explotación y miseria para los “indios”, otrora dueños y señores de estas tierras.

La reducción del número de habitantes indígenas fue tal con la llegada de los

españoles al continente americano, que la población del Tahuantinsuyo calculada para

el año 1530 por algunos autores en aproximadamente ocho millones, rebajó a un

millón trecientos mil aproximadamente para el año 1590, las muertes fueron

producidas especialmente por las nuevas enfermedades que trajeron los

conquistadores, y que por no tener defensas y anticuerpos para estas nuevas

enfermedades, que para los europeos ya no eran mortales, sin embargo para los

pueblos nativos tuvieron consecuencias catastróficas, con epidemias mortales. Esto

sumado a la crueldad y menosprecio con que se trataba a los conquistados, significó

que desapareciera el equivalente al 80% de la población indígena. (Arango, 2014, pág.

210)

Frente a este hecho, (Arango, 2014) manifiesta que “El indio fue

despojado de sus tierras y de su dignidad de hombre y reducido a la miseria y

a la servidumbre. El indio ha sido el esclavo del feudalismo español en

América. En la organización del trabajo servil, el indio agonizó y se extinguió en

gran porcentaje, como peón concierto en las haciendas, como mitayo en las

minas y los obrajes, como bestia de servicio y de carga en todas partes”. (pág.

(38)

Para la historia de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, es evidente

que la conquista española fue ambiciosa, racista, discriminatoria, cruel e inhumana.

Para dar un marco de legalidad al trato que se daba a los habitantes de las nuevas

tierras conquistadas en América, se establece la denominada Ley de Indias, la misma

que se dicta durante la colonización española bajo la autoridad con la que fue

investido el hombre español desde la Corona Española. Así los usos, costumbres,

sistemas legales y procedimientos legales fundamentales en el establecimiento del

orden social y la conducta humana de sus miembros, a través de la Ley española fue

catalogada la conducta de los indígenas originarios, como de costumbres

animalescos, producto de su salvajismo y barbarie, eran minimizados y sobrepuestos

por el derecho español como supremacía del derecho civilizado.

Ya en la época de la república, la situación de los pueblos indígenas no había variado

en nada, puesto que continuaba la explotación y la dominación cruel por parte de los

criollos-mestizos, que se convirtieron en la nueva clase dominante que manejaba el

poder y gobernaba en la naciente republica ecuatoriana.

Las políticas integracionistas de la república del Ecuador como nuevo Estado, estaban

inducidos a que el indígena desprecie su cultura, su lengua y hasta a desconocer su

propia identidad, porque lo indígena era sinónimo de lo peor, de un ser despreciable

en la sociedad, era analfabeto, ignorante, según la iglesia de la época no poseía alma,

sentimientos ni sabiduría, era considerado dentro de los grupos de los discapacitados,

menores de edad. (pág. 241)

Según (Molina, 2014) al referirse cómo los funcionarios, los

intelectuales y los políticos de esa época pensaban respecto del indígena

manifiesta, “el indio no progresa porque es explotado y es explotado porque es indio; luego, si deja de ser indio, podrá progresar”. (pág. 338)

Si durante los procesos de la colonia y de la independencia, los pueblos indígenas no

habían tenido un trato humanitario, se esperaba que en la república les tocara

elevarse a la condición de ciudadanos, merecedores de un trato humano y reconocer

la plena vigencia de sus derechos. Sin embargo, la república profundizó y enraizó aún

más la violación de sus derechos, y terminó convirtiendo a sus pueblos y

(39)

desarrollarse, debían haberse sumado a una sola cultura nacional, donde se imponía

una sola lengua, una sola ley o un solo sistema jurídico, una sola nacionalidad.

Sin embargo de ello el pueblo indígena durante todos estos siglos de dominación y

explotación, empezó a reaccionar en defensa de sus derechos y de su identidad.

Actualmente tenemos que han ido surgiendo en nuestro país, líderes

indígenas que han luchado por los derechos de su pueblo, condenando y

denunciando los abusos, Ulcuango Neptali, (1989) alto dirigente indígena

nacional manifiesta que, anteriormente “los abusos, maltratos y crueldades que

cometían los patrones, empleados y gamonales son lo que causaron la

reacción y la rebeldía de los indígenas, hombres y mujeres. Ya sea en las

faenas, ya sea en las tareas, ya en los trabajos por día, ya sea en los arados,

ya sea en las cosechas, o cualquier otro trabajo, se daba ya los

enfrentamientos de hombre a hombre entre empleados y trabajadores (…) las

mujeres se reunían todas, le cogían al empleado cruel, le bajaban del caballo,

les desvestían y le llevaban a bañarle en una acequia de agua con ortiga y

luego le botaban así la gente se fue uniendo y decidieron no salir a las

cosechas o a cualquier trabajo”. (pág. 258)

No obstante de esta realidad de explotación y abuso de poder, los pueblos y

nacionalidades indígena han logrado resistir y mediante la unidad organizativa, la libre

determinación y la autodefinición como instituciones colectivas, con verdaderas

estructuras organizativas han logrado plantearse un proyecto político de vida, que les

reconozca como actores existentes antes de la constitución del Estado ecuatoriano, y

que hoy, en base a su lucha tenaz y constante han logrado que en la Asamblea

Constituyente del 2008, se le reconozca al Ecuador como un Estado intercultural y

plurinacional.

Sin embargo, todo este proceso de unificación de las culturas no logro destruir las

culturas propias de cada uno de los pueblos; de la misma manera, la resistencia y la

lucha de los pueblos indígenas que han mantenido hasta la actualidad han hecho que

sigan viviendo de acuerdo a sus propias formas de vida, usos y costumbres, y además

sean reconocidos y garantizados sus derechos por el ordenamiento jurídico nacional.

Como resultado de la lucha por la reivindicación, respeto y reconocimiento de la

cultura, costumbres, tradiciones e idioma de los pueblos autóctonos del Ecuador en

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