DICTAMEN Nº 141 / 2012

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DICTAMEN Nº 141 / 2012

Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de

la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en la clínica Quirón de

Zaragoza.

ANTECEDENTES

Primero.- Por escrito de fecha 21 de mayo de 2012 (con registro de entrada en el

Consejo Consultivo de Aragón del día 6 de junio de 2012), el Consejero de Sanidad,

Bienestar y Social del Gobierno aragonés solicita Dictamen en relación a un procedimiento

de responsabilidad patrimonial con motivo de la asistencia dispensada en diferentes centros

sanitarios de la Administración aragonesa, y su propuesta de Resolución de fecha 17 de

mayo de 2012, formulada por el instructor del procedimiento 50/043/11, abierto a instancia

de “X”.

Segundo.- El expediente recibido está ordenado y foliado constando de 98 folios

numerados correlativamente y cotejados con el expediente, tal y como indica en oficio de

remisión el Secretario General Técnico del Departamento. Igualmente se contiene una

propuesta de resolución.

El expediente remitido se inicia por un escrito, con registro de entrada de 26 de abril

de 2011, que suscribe la persona mencionada en el primero de los antecedentes y en el que

señala el despacho de un abogado de Zaragoza a efectos de notificaciones. En dicho

documento se indica lo siguiente:

a)

Que durante varios años la reclamante ha tenido problemas en el túnel

carpiano de ambos brazos. Tuvo seguimiento en el Centro de Salud Ramón y

Cajal de donde fue derivada al Hospital Miguel Servet si bien luego lo fue a la

clínica Quirón de Zaragoza.

(2)

b)

Que en esa clínica fue examinada por un doctor que sin ningún preoperatorio

le dio cita para operar.

c)

Que fue ingresada y operada el 22 de abril de 2010 y por la tarde le dieron el

alta.

d)

Que citada a revisión a los diez días, no puede mover la mano que la tiene

hinchada, fría y con mucho dolor. Es nuevamente citada a revisión y se le da

el alta el 7 de mayo de 2010.

e)

Que como seguía teniendo dolores acudió a su centro de salud y luego fue

citada en el Hospital Miguel Servet.

f)

Que el resultado de todo ello es que la mano le ha quedado inutilizada por lo

que necesitará de nuevas operaciones.

g)

Que en el documento de consentimiento informado que suscribió no constan

los riesgos típicos de la operación y además se dice en él que debe hacerse

un preoperatorio que no se le practicó.

Que por todo ello solicita responsabilidad cuantificando la indemnización en 100.000

euros más intereses de demora, por las lesiones (físicas, psíquicas y/o morales), gastos,

daños y perjuicios, incluyendo cualquier tipo de secuela (física, psíquica y/o moral),

ocurridas sobre sus hechos.

Se solicita la práctica de diversas pruebas y se acompaña el escrito con distinta

documentación.

Finalmente se nombra a un Abogado como representante de la reclamante “a los

efectos de la vía administrativa por responsabilidad médica, ante el Servicio Aragonés de

Salud”.

Tercero.- Uno de los documentos que se aporta el copia del consentimiento

informado. Con la rúbrica de la Clínica Quirón, el documento dice lo siguiente:

“El Dr……colegiado nº…, pone en conocimiento del paciente “X” (el nombre escrito a

mano) mayor de edad con DNI Nº (aparece escrito y a mano) y con domicilio en (espacio en

blanco sin rellenar) que padece las siguientes lesiones:

(espacio en blanco sin indicar nada).

Que el tratamiento más conveniente para reducir las secuelas de las lesiones

descritas, consistiría en realizar previo estudio preoperatorio, una intervención quirúrgica con

anestesia loco-regional consistente en

(lo que viene a continuación está escrito a mano)

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en fecha 22.04.10 (escrito a mano)

Siendo informado de las imprevisibles pero sí posibles complicaciones que limitarían el

resultado previsto

Entiendo con toda claridad las explicaciones recibidas, autorizo dicha intervención

aceptando los riesgos inherentes a la misma, así como efectuar las transfusiones

sanguíneas o cualquier otro procedimiento que fuese necesario.

Zaragoza a (escrito a mano) 22 de abril de 2010.

Fdo. D. (a mano)”.

Se encuentra también en el expediente remitido el documento de consentimiento

informado relativo a la Anestesia loco-regional (pp. 20-21), largo y pormenorizado y en el

que se advierte expresa y específicamente de los riesgos y consecuencias de la anestesia.

Cuarto.- A este escrito de reclamación responde la Secretaria General Técnica del

entonces denominado Departamento de Salud y Consumo, por oficio de 9 de mayo de 2011,

informándole de la admisión a trámite de su reclamación y comunicándole también distintas

cuestiones sobre la tramitación del procedimiento iniciado. Consta en el expediente que por

escritos de 3 de mayo también de 2011 se da traslado de la reclamación, respectivamente, a

la correduría de seguros AON GIL Y CARVAJAL y a la compañía Zurich España S.A.

Igualmente y en idéntica fecha 9 de mayo, el mismo órgano comunica al Grupo

Hospitalario Quirón, concertado con la Administración sanitaria, la presentación del escrito

de reclamación indicándole que se le tiene por interesado en el procedimiento de

responsabilidad abierto a instancias de la reclamante. También por otro escrito de la misma

fecha, se le solicita una serie de documentos.

Quinto.- Consta en el expediente remitido la historia clínica relativa al diagnóstico,

operación y secuelas de la reclamante así como documentación propia del procedimiento de

responsabilidad administrativa que se ha practicado.

Singular importancia tiene en la práctica del procedimiento el informe del médico

inspector, en este caso suscrito por …, que se emite con fecha 12 de julio de 2011. En el

mismo y atendiendo a la historia clínica y a distintos informes presentes en el expediente

administrativo, se contiene un Juicio crítico y unas conclusiones que se transcriben a

continuación:

“JUICIO CRÍTICO

(4)

a) Por una parte, la presencia de un síndrome de atrapamiento del nervio mediano

izquierdo a nivel de la muñeca (túnel carpiano). Este síndrome, denominado

parálisis lenta del nervio mediano, se produce por un atrapamiento del nervio a

nivel de la muñeca en el llamado túnel del carpo constituido por el ligamento

transversal del mismo. El síntoma principal es la parestesia dolorosa en la zona

de distribución sensitiva del nervio y en más de la mitad de los casos, una atrofia

de los músculos tenares inervados por el nervio. El tratamiento, salvo en casos

muy selectivos susceptibles de infiltraciones con corticoides, es quirúrgico y la

técnica se basa en la sección del ligamento transversal del carpo para liberar el

nervio. Debe tenerse en cuenta que el tratamiento (neurolisis + transposición)

impide que siga dañándose el nervio, pero no puede esperarse que el daño al

mismo revierta completamente. Los resultados son buenos inicialmente en un

alto porcentaje de pacientes, aunque a medio plazo solo la mitad de los casos

mantienen resultados satisfactorios.

En el aquí analizado, el resultado de la operación fue satisfactorio, como

demostró el ENG efectuado pocos meses después de la misma (normalidad del

nervio mediano), si bien la paciente, tras la rehabilitación seguía aquejando

parestesias en la zona tenar.

b) En segundo lugar, presentaba una comprensión del nervio cubital a nivel del codo

(en la corredera epitrocleo-olecraniana). Los microtraumatismos repetidos y lo

angosto de la corredera hacen que esta lesión sea frecuente. Los resultados de

su tratamiento son satisfactorios en alrededor de la mitad de los pacientes,

dependiendo de factores individuales y del tiempo de evolución previa de la

lesión. En este caso, como pondría de manifiesto el ENG efectuado el 25-8-10,

se trataba de una lesión en el nervio cubital de larga evolución, de tipo

desmielinizante y de predominio distal, siendo este carácter crónico de la lesión

nerviosa el factor que puede explicar la ausencia de recuperación completa de

este problema a pesar de haberse efectuado una correcta liberación del nervio.

c) Por último, durante la evolución postoperatoria presentó un síndrome

simpático-reflejo o algodistrofia simpático-refleja. En determinados pacientes, como

complicación postraumática, postquirúrgica o relacionada con la misma

inmovilización, se desencadena un proceso conocido como distrofia simpático

refleja o enfermedad de Sudeck. Este cuadro clínico se manifiesta por dolor en la

extremidad afecta, alteraciones de la temperatura de la piel, hipersudoración,

edematización, frialdad y alteraciones motoras.

Se produce una disminución de la vascularización de la zona afectada por una

estimulación del sistema simpático y suele manifestarse cuando se comienza la

movilización después de un período más o menos prolongado. Las zonas más

propensas a desarrollar esta enfermedad son el tobillo y la muñeca y se presenta

con más frecuencia en mujeres de edad media en adelante. La recuperación con

tratamiento puede durar varios años. En esta paciente, según se desprende el

informe del médico rehabilitador, con el tratamiento se ha constatado una clara

mejoría de este problema, estando actualmente en seguimiento por el servicio de

Traumatología.

(5)

No puede considerarse que la persistencia de las molestias señaladas en el

informe de junio de 2011, lo sean como consecuencia de un erróneo o

defectuoso tratamiento, toda vez que se relacionan con la evolución de una lesión

nerviosa desmielinizante afectando al cubital y con la presentación de un

síndrome simpático reflejo que, no siendo típico del tipo de procedimiento

empleado, puede desencadenarse a raíz de un traumatismo quirúrgico, pero

también como consecuencia de la inmovilización, estando en tales casos

relacionada su presentación con la idiosincrasia individual del paciente,

imprevisible e inevitable a pasar de un correcto tratamiento quirúrgico, de cuyos

beneficios y posibles limitaciones, así consta en el documento de consentimiento,

fue informada la paciente.

No pudiendo evidenciarse relación causal entre el resultado y la actuación

desplegada para el tratamiento de la patología que afectaba a esta paciente, que

se ajustó a la lex artis ad hoc, no se cumplen los requisitos legalmente exigibles

para

considerar

la

existencia

de

responsabilidad

patrimonial

de

la

Administración“.

No hay estudio especial en el informe del médico inspector al reproche efectuado en la

reclamación sobre la ausencia de consentimiento informado excepto la mención en una de

las últimas líneas del primer párrafo de las conclusiones, mención de la que parece

desprenderse la conformidad del informe del inspector con su contenido.

Sexto.- Consta también en el expediente remitido el dictamen de la asesoría médica

de la aseguradora de la Administración, que se emite con fecha 14 de septiembre de 2011.

Sus conclusiones son las siguientes:

“1. “X” fue diagnosticada de un síndrome del túnel de carpo a nivel de muñeca y

síndrome cubital a nivel de codo, ambos en MSI.

2. El tratamiento realizado fue quirúrgico, único método capaz de poder actuar

sobre la comprensión o atrapamiento que presentaban dichos nervios.

3. En el período postoperatorio realizó rehabilitación, terapia ocupacional y

electroterapia.

4. El diagnóstico y tratamiento quirúrgico y rehabilitador fue correcto en relación

con la patología de la paciente.

5. Se ha actuado según Lex Artis”.

Y este dictamen pericial de la aseguradora de la Administración, manifiesta en relación

a la problemática del consentimiento informado, lo siguiente:

“En relación con el consentimiento informado, creemos que es correcto, puesto

que en dicho documento se refiere que la paciente presenta un síndrome de túnel

carpiano y cubital en codo de brazo izquierdo y se añade que: siendo informado de las

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imprevisibles, pero si posibles complicaciones que limitarían el resultado previsto.

Creemos que les fueron explicadas sus circunstancias de enfermedad y quirúrgicas,

porque la paciente firma el documento en el que se añade “Entiendo con toda claridad

las explicaciones recibidas, autorizó (sic) dicha intervención, aceptando los riesgos

inherentes a la misma, así como efectuar las transfusiones sanguíneas o cualquier

otro procedimiento que fuese necesario.

Es difícil de entender que una persona adulta con un nivel cultural bueno a

juzgar por sus escritos, sea intervenida sin enterarse adecuadamente de su proceso,

máxime cuando firma el documento de forma libre y voluntaria, aceptando los riesgos

inherentes como se dice en el citado consentimiento”.

Séptimo.- Se ofrece a la reclamante el trámite de audiencia a los interesados por

escrito de 11 de octubre de 2011. La reclamante comparece en dicho trámite a través de su

representante legal por escrito de fecha 25 de octubre de 2011 insistiendo en sus

argumentos iniciales.

También se encuentra en el expediente remitido un escrito de 14 de noviembre de

2011 de una representante del Grupo Hospitalario Quirón indicando que se deben entender

con ella las actuaciones. Y, posteriormente, otro de 18 de noviembre de 2011 de una

procuradora de los tribunales, que actúa en representación del citado Grupo, y en el que con

referencia a los informes del médico inspector y del equipo médico de la aseguradora de la

Administración, niega cualquier tipo de responsabilidad de la clínica Quirón, aportando

también referencias jurisprudenciales que avalarían su posición.

Octavo.- Se encuentra en el expediente remitido un escrito de la aseguradora de la

Administración, Zurich, fechado el 13 de octubre de 2011, y en el que manifiesta que al

tratarse de un centro concertado la clínica Quirón, se encuentra excluido de cobertura por

una cláusula de la póliza de éste.

Noveno.- La propuesta de resolución que acompaña al expediente remitido por el

Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, está suscrita por el Secretario General

Técnico del Departamento y lleva fecha de 17 de mayo de 2012. En la misma se rechaza la

reclamación presentada por falta de causalidad entre la actuación de la Administración y el

resultado dañoso. Y en relación a la falta de consentimiento informado se indica que éste

puede ser verbal y que, en todo caso, la situación producida estaría en consonancia con lo

autorizado por el art. 12.2 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.

(7)

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I

El dictamen solicitado entra dentro de las competencias del Consejo Consultivo de

Aragón tal y como se regula en el art. 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo

Consultivo de Aragón, que dispone la necesidad de consulta preceptiva al Consejo en el

supuesto de “reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de

cuantía superior a 6.000 euros”. Dado que la cantidad reclamada es de 100.000 euros el

Dictamen debe considerarse como preceptivo

En función de lo preceptuado en los arts. 19 y 20 de la misma Ley 1/2009, resulta

competente la Comisión para la emisión del dictamen.

II

El Consejo Consultivo de Aragón ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del

procedimiento tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica,

procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación

con los daños sufridos por una persona atendida en centros sanitarios dependientes de la

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sabemos, en general, que los requisitos para que sea declarada la responsabilidad

patrimonial de la Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y

jurisprudencial, pueden resumirse del siguiente modo: 1º) la efectiva realización del daño o

perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo

de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa

a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o

perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a

reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, computado desde la producción del

hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo).

III

Lo que se ha hecho en el final de la anterior consideración jurídica es un recuerdo a

los principios de la responsabilidad administrativa que, con origen en el art. 106 de la

Constitución y desarrollo posterior en los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, serían los que, en su caso, deberíamos apreciar aquí a los efectos

de concluir en la existencia, o no, de responsabilidad de la Administración.

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En torno a ello debemos indicar que la reclamación fue realizada en plazo, pues se

presentó el 26 de abril de 2011 y la operación quirúrgica causante, para la reclamante, de

sus problemas tuvo lugar el 22 de abril de 2010 siendo dada de alta el 7 de mayo del mismo

año 2010.

Además, el procedimiento se ha tramitado de forma correcta, llevándose a cabo las

actuaciones ordenadas por la normativa aplicable y ofreciéndose el trámite de audiencia a

los interesados que la reclamante, por medio de su abogado, ha utilizado, cosa que

igualmente ha hecho la representación del Grupo Hospitalario Quirón.

IV

En cuanto al fondo del asunto y siguiendo nuestra doctrina consolidada y la

jurisprudencia sobre la materia a la que también nos hemos referido repetidamente, no cabe

duda de que en el ámbito de la sanidad la producción de responsabilidad administrativa no

siempre está ligada a un fracaso en la actuación de los medios personales y materiales de la

Administración, dado que en la sanidad asistencial el éxito no puede garantizarse nunca,

sino que la responsabilidad se vincula a una utilización conforme a los principios de la buena

práctica médica (lex artis ad hoc) de dichos medios personales y materiales.

A esos efectos conviene recordar, en primer lugar, que el Consejo de Estado

(Dictámenes 166 y 692/1999, de 11 y 25 de marzo, entre otros) y la Comisión Jurídica

Asesora, antecesora de este Consejo Consultivo de Aragón (Dictamen 132/2003, de 23 de

septiembre, Dictamen 178/2003, de 2 de diciembre, entre otros), y más tarde este Consejo

Consultivo a través de múltiples dictámenes, vienen sustentando de forma reiterada y con

palabras semejantes a las que reproducimos a continuación que: “para apreciar la existencia

de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la “lex artis”, de modo

que tan sólo en caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la

cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el

caso de que no se infrinja la “lex artis”, ha de concluirse que tales perjuicios no son

imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular sin que generen, en

modo alguno, el derecho apercibir una indemnización”. Al mismo tiempo el Tribunal

Supremo tiene declarado que según el artículo 141.1 de la LPAC sólo serán indemnizables

las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber

jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, pues lo contrario convertiría a las

Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales, lo que

no resulta acorde con el significado de la responsabilidad extracontractual aunque sea

objetiva o por el resultado (Vid. Sentencia del T.S. de 10 de febrero de 2001).

En el caso concreto que ha sucedido y sobre el que se dictamina, está perfectamente

acreditado en distintos documentos presentes el expediente remitido y frente a las razones

esgrimidas por la reclamante, que hubo un tratamiento correcto por parte de los servicios

médicos del Grupo Hospitalario Quirón, titular de la clínica Quirón concertada con la

Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma, todo ello en relación a las vicisitudes

por las que fue pasando la paciente.

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a)

Que las complicaciones surgidas de la operación quirúrgica realizada el 22 de

abril de 2010, son habituales en este tipo de intervención.

b)

Que no está acreditado que las mismas se debieran a una defectuosa praxis

por parte de quienes practicaron la intervención o que, con posterioridad y

hasta que tuvo el alta, atendieran a la reclamante.

c)

Que todo ello se encuentra pormenorizadamente razonado en los únicos

informes médicos presentes en el expediente recibido en este Consejo

Consultivo, como son el del médico inspector y el dictamen pericial de la

aseguradora de la Administración sin que se haya aportado por la reclamante

ningún tipo de informe médico acreditativo de las afirmaciones que realiza

sobre la mala praxis médica ocasionadora de sus problemas.

Por todo ello y en lo relativo específicamente a la operación quirúrgica practicada y sus

consecuencias, este órgano consultivo en función de la documentación presente en el

expediente, no puede, aun constatando el resultado dañoso producido, concluir otra cosa en

que ese daño no se ha producido como consecuencia de una actividad de la Administración

Pública (en este caso del centro concertado con la misma). En modo alguno se han

producido, por tanto, los requisitos a que se refiere el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

V

La problemática del consentimiento informado que la reclamante imputa que no se ha

producido conforme a lo prescrito por el ordenamiento jurídico, debe ser objeto de una

consideración específica en este dictamen. Como se habrá podido observar, en los

antecedentes del mismo se ha reflejado tanto la imputación de mala práctica como se ha

transcrito el concreto consentimiento (vid. el antecedente tercero) así como la escuetísima

opinión del médico inspector en relación al mismo así como la del equipo médico asesor de

la aseguradora de la Administración (bien que se haya observado la inexistencia de

obligación de la aseguradora de pagar la hipotética indemnización que pudiera derivarse al

tratarse de un centro concertado y estar éstos excluidos expresamente por una cláusula de

la correspondiente póliza).

En torno a ello nos parece necesario transcribir en este lugar lo que sobre el

consentimiento informado indica el art. 12. 1 y 2 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud

de Aragón precepto que, por cierto y en referencia solo a su apartado segundo, la propuesta

de resolución que acompaña al expediente remitido, considera bien aplicado. Tal precepto

dice así:

“1. Cualquier intervención que se produzca en el ámbito de la salud requiere el

consentimiento específico y libre de la persona afectada, tras haber sido informada

conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta Ley. El consentimiento debe

realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos

diagnósticos invasivos y, en general, cuando se lleven a cabo procedimientos que

(10)

puedan suponer riesgos e inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de

repercutir en la salud del paciente.

2. Se efectuará un documento de consentimiento para cada supuesto, sin

perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros medios informativos de carácter

general. El documento deberá contener como mínimo información sobre la finalidad y

naturaleza de la intervención, así como sus riesgos y consecuencias más frecuentes”.

Pues bien, es bastante sencillo y no precisa de ningún complejo proceso de

interpretación jurídica el comprobar que el documento de consentimiento informado que se

ofreció a la paciente para su firma:

a) No era específico del supuesto, sino válido para cualquier tipo de intervención

quirúrgica que se quiera imaginar. Ello se observa en cuanto que la concreción del

mismo se realiza a mano y en el espacio específico (más que escueto) que se

dispone para ello.

b) El documento no contiene la más mínima información sobre la finalidad y

naturaleza de la intervención, así como sus riesgos y consecuencias más

frecuentes.

c) Por lo que al margen de que se informara verbalmente –cuestión que este Consejo

no cree conveniente ni oportuno plantear en este lugar ni sobre la extensión que

tuvo- ello no es suficiente para “compensar” las evidentes insuficiencias del

“documento” (que es lo que exige la Ley) en relación al derecho del paciente a la

información sobre su estado y tratamientos que se le aconsejan.

Por lo demás este Consejo Consultivo a lo largo de su actuación ha tenido ocasión de

observar muy distintos documentos de consentimiento informado que en el marco de

distintas reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial se le han hecho llegar

acompañando a los correspondientes expedientes, y en la mayor parte de las ocasiones ha

podido comprobar cómo tales documentos responden, realmente, a las exigencias de la ley

aragonesa (y también, por supuesto, de las de la legislación estatal plenamente congruente

con ella). Desde este punto de vista son inexplicables las groseras deficiencias del

documento presente en este expediente remitiéndonos, otra vez, a la transcripción del

mismo en los antecedentes del dictamen.

Esa falta de la práctica conforme al ordenamiento jurídico engendra responsabilidad de

la Administración y debe ser compensada a título de daño moral, con la cantidad de 2.000

euros.

Una vez establecido esto debemos mencionar que este Consejo es conocedor de la

jurisprudencia existente en torno al deber, o no, de indemnización por la deficiente práctica

del consentimiento informado y que puede resumirse en la siguiente frase de la reciente

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 7 de abril de

2011 (Rec. 3483/2009):

“Es jurisprudencia reiterada de esta Sala la que declara que la falta de

consentimiento informado constituye una infracción de la lex artis ad hoc, pero que

(11)

para que la misma sea merecedora de indemnización se precisa que a quien la invoca

se le haya producido un daño antijurídico que no esté obligado a soportar”.

Pero esta jurisprudencia no puede obviar, en nuestra opinión, la compensación del

daño producido por la misma ausencia de consentimiento informado a título de daños

morales tal y como hemos indicado con anterioridad. Cuestión diversa sería que, además,

se hubiera podido comprobar fehacientemente que la práctica médica en sí misma y como

tal técnica, hubiera sido realizada con infracción de la lex artis ad hoc ocasionando unos

daños materiales a compensar vía indemnizatoria, supuesto que como no se ha producido

nos exime de profundizar en esa situación.

VI

En resumen, a la vista de los hechos que constan en los documentos presentes en el

expediente remitido a este Consejo Consultivo de Aragón y de las consideraciones jurídicas

precedentes, se aprecia: 1) que ha sido formulada la petición de responsabilidad

administrativa e indemnización correspondiente dentro del plazo legalmente establecido; 2)

que se han cumplido las exigencias del procedimiento administrativo aplicable, en el que

tiene especial relevancia la audiencia al interesado que ha tenido lugar tanto en lo relativo a

la reclamante como a la representación de la titularidad del hospital privado concertado con

la Administración; 3) que la asistencia sanitaria prestada por los servicios médicos del

hospital concertado ha sido la correcta respetándose la lex artis ad hoc en lo referido a la

técnica empleada y sus resultados; 4) que, sin embargo, ello no puede extenderse a la

deficiente práctica del consentimiento informado, claramente contraria a lo prescrito por el

ordenamiento jurídico existente y que, por ello, debe ser indemnizada por daños morales en

la cantidad de 2.000 euros; 5) por ello y al margen de lo relativo a estos daños morales no

puede hablarse de la existencia de una lesión en sentido de daño antijurídico ni,

consiguientemente, de una relación de causalidad entre esa actuación y el resultado dañoso

en lo referido a la actuación médica considerada desde un punto de vista técnico.

Estos extremos motivan, por las consideraciones jurídicas anteriormente vertidas que

los justifican, la procedencia de estimar parcialmente la reclamación presentada en relación

a los daños morales provenientes de la deficiente práctica del consentimiento informado.

En mérito a lo expuesto, la Comisión del Consejo Consultivo de Aragón emite el

siguiente DICTAMEN:

Que en disconformidad parcial con la propuesta del Departamento de Sanidad,

Bienestar Social y Familia, procede reconocer a “X” la cantidad de 2.000 euros en concepto

de daños morales consecuencia de la deficiente práctica del consentimiento informado.

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