DE LA SEGUNDA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO: QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS, A EFECTO DE QUE FORTALEZCA LAS ACCIONES DE AYUDA A LOS MEXICANOS INMIGRANTES EN TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA SALVAGUARDAR SUS DERECHOS FRENTE A LAS CRECIENTES MEDIDAS DE DEPORTACIÓN QUE IMPLEMENTAN LAS AUTORIDADES DE ESA NACIÓN MEDIANTE EL “PROGRAMA COMUNIDADES SEGURAS”.
SEGUNDA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA HONORABLE ASAMBLEA
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores instruir a la embajada de México en Estados Unidos a fortalecer las acciones de ayuda a los mexicanos inmigrantes en la ciudad de Nueva York.
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha primero de agosto de 2012, el diputado Jaime Aguilar Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones: “El PRI considera que en nuestras relaciones con Estados Unidos, los asuntos bilaterales, se deben conducir con base en los criterios de: reciprocidad; trato igual entre socios; exclusiva jurisdicción de cada uno en su territorio y con respeto a sus nacionales, en términos de las leyes vigentes, para hacer frente a los temas bilaterales más difíciles de la agenda común.
El flujo migratorio de connacionales y centroamericanos hacia Estados Unidos de América a través de nuestras fronteras, ha significado siempre un elemento de tensión en nuestra relación con el país vecino, situación que se agravó a raíz de los acontecimientos de septiembre de 2001.
A nadie escapa que la situación actual hace necesaria la negociación de un Acuerdo Migratorio con Estados Unidos de América que permita el acceso de más mexicanos al mercado laboral norteamericano, y regularizar a muchos compatriotas indocumentados.
Los priistas reconocemos que la migración puede constituirse en un elemento de beneficio compartido entre los países emisores y receptores, puesto que el migrante que encuentra condiciones favorables para su desempeño laboral, accede a mejores niveles de ingreso y en consecuencia a una mayor calidad de vida, mientras que el país receptor puede satisfacer su demanda de mano de obra. Demandamos que la opinión pública norteamericana, y las autoridades de ese país, reconozcan esta interdependencia, y rechazamos categóricamente toda violación a los derechos humanos de nuestros compatriotas.
Pero hay hechos que añaden continuamente elementos contradictorios. Es el caso de un programa federal impuesto por primera vez en el estado de Nueva York, EUA, hace año y medio, que ya ha resultado en la deportación de aproximadamente mil extranjeros, según cifras oficiales.
También se está acelerando la emisión de órdenes de detención migratoria que dejan a una persona bajo custodia del gobierno para ser deportada, aseguran abogados y activistas. En un estado que ha abierto las puertas a inmigrantes durante décadas, los expertos aseguran que el programa Comunidades Seguras genera un ambiente de inseguridad: daña la relación entre la policía y los hispanos, con mujeres temerosas de reportar incidentes de violencia doméstica, y genera más tensión en zonas como Long Island, donde crímenes agravados por la intolerancia racial contra hispanos ya dejaron un ambiente lleno de controversia hace años.
Nueva York ha sido tradicionalmente sinónimo de libertad y tierra de oportunidades para muchos inmigrantes que se sienten más protegidos en este estado que en Arizona o en Alabama. Comunidades Seguras recuerda a los neoyorquinos que proyectos parecidos a leyes migratorias como la SB1070 de Arizona están más cerca de lo que parecen, aseguran los activistas. Más de 231 mil 541 huellas dactilares han sido compartidas entre Nueva York y el ICE desde que el programa empezó a imponerse en algunos condados del estado, en enero del 2011.
Nuevamente vemos con preocupación una iniciativa que en lugar de abonar al reconocimiento humano y económico del inmigrante lo criminaliza y amenaza indiscriminadamente y ante ello, tenemos que elevar nuestra voz firme y demandante.”
Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:
“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instruya a la Embajada de México en Estados Unidos, a efecto de que fortalezca las acciones de ayuda a los mexicanos inmigrantes en Nueva York, para salvaguardar sus derechos. Asimismo, se solicita que remita una evaluación del número de deportaciones efectivas, el clima de hostigamiento y el impacto en la comunidad mexicana en dicha ciudad, como resultado de las disposiciones implementadas por las autoridades de Nueva York.”
CONSIDERACIONES
I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, compartimos la preocupación del legislador proponente respecto a la implementación del “Programa Comunidades Seguras” y la tensión generada con la comunidad de mexicanos residentes en Nueva York.
Las Comunidades Seguras (Secure Communities) es un programa federal de control de la inmigración indocumentada que consiste en la colaboración de las fuerzas policiales federales, estatales y locales con la Agencia de Inmigración y Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE por sus siglas en inglés) para identificar a extranjeros que han sido arrestados o detenidos para proceder, en determinados casos, a su deportación.
Iniciado en el 2008 en el gobierno de George W. Bush, Comunidades Seguras ha ayudado a deportar en Estados Unidos a 147,400 inmigrantes con antecedentes penales, incluyendo a más de 54,200 acusados de crímenes violentos como asesinato, violación y abuso sexual de niños. Hoy es el principal programa de control migratorio de la administración actual. De acuerdo, a las fuentes consultadas actualmente se aplica en 1,300 comunidades en los Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo las comunidades fronterizas en la zona suroeste. Y de acuerdo al Departamento de Seguridad, la meta es la implementación en todo el país para el año 2013. Otra estadística de la Agencia de Inmigración y Aduanas nos indica que en el año 2010 se realizaron 373,790 deportaciones en ejecución del programa Comunidades Seguras, sólo un poco más del 50% eran criminales: 195,750.
El programa opera mediante la concentración de información biométrica, que se activa cuando una persona es simplemente arrestada (aunque luego no sea encontrada culpable de ningún delito o falta) o detenida por cualquier motivo se le toman las huellas digitales y otros datos biométricos. Estos datos se envían, por un lado, a una base de datos del FBI, para comprobar si esa persona tiene antecedentes criminales o es buscada por las fuerzas del orden. Además, el FBI las reenvía a Ia Agencia de Inmigración y Aduanas que, con esos datos se sabe si la persona arrestada o detenida ha cometido alguna infracción a la leyes migratorias, por ejemplo: Comparando las huellas digitales con las almacenadas en el programa USA, tendrá acceso a la base de datos que guarda todas las huellas que los inmigrantes proporcionan cuando solicitan visas en los consulados, cuando entran al país o cuando son deportados. Así se podrá saber si la persona arrestada o detenida entró legalmente pero dejó expirar su visa y no abandonó el país cuando debía o si ha sido previamente deportada.
Es relevante advertir que cualquier ciudadano extranjero que comenta un delito, aunque sea un residente permanente legal, puede ser “deportado”. Asimismo, si el extranjero resulta ser un indocumentado o una persona sin VISA en orden, también puede ser “deportado”. En estos casos la decisión es de la Agencia de Inmigración y Aduanas, que puede pedir a la autoridad policial que realizó la deportación que, cuando llegue el momento de la liberación del arrestado o detenido, lo retenga hasta 48 horas más para ponerlo a disposición de las autoridades migratorias para proceder a su deportación. Dependiendo del tipo de delito o infracción, la Agencia de Inmigración y Aduanas puede determinar que mientras se tramita la deportación la persona permanezca detenida en alguno de sus centros o puede quedar libre previo pago de una fianza.
Dentro de las principales causas de deportación son la utilización de documentos falsos para entrar a los Estados Unidos; entrar ilegalmente cruzando la frontera violar de las condiciones de una visa de no inmigrante; dejar expirar una residencia temporal (la situación más recurrente es cuando una persona extranjera que se casa con un ciudadano pero su matrimonio acaba en divorcio antes de que transcurran dos años); celebrar un matrimonio de conveniencia; ser condenado por un delito calificado de conducta inmoral, votar en los casos en los que está terminantemente prohibido para extranjeros, como son las elecciones presidenciales; realizar actividades que pongan en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos; declararse ciudadano estadounidense sin serlo, que es una causa de deportación poco conocida, ser un peligro para la salud pública por padecer ciertas enfermedades contagiosas graves; escaparse a gran velocidad de un puesto de control de la "migra"; haber sido condenado por un delito de drogas, por tráfico o por posesión, entre otras causas.
El programa “Comunidades Seguras” reulta controversial porque bajo su amparo se ha producido la deportación de miles de personas sin récord criminal o que han cometido sólo faltas o delitos menores. La Agencia de Inmigración y Aduanas argumenta que “Comunidades Seguras” tiene como prioridad expulsar del país a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional, sin embargo, organizaciones civiles dicen que inmigrantes que no cometen ningún delito o sólo delitos menores, como infracciones de tráfico o no pagar el billete del tren subterráneo, son también objetivo del programa.
II.- El 15 de mayo de 2012 dieron inicio las actividades del Programa “Comunidades Seguras” en el estado de Nueva York y se tienen un reporte que se han registrado 203 mil 500 cateos. Las principales víctimas de esta política son latinos y afroamericanos, pues representan el 87 por ciento de los casos, pese a que sólo 10 por ciento de las personas revisadas fueron arrestadas o recibieron citatorios.
De acuerdo con el Centro deDerechosConstitucionales, no hay evidencia de que la política de "detener y catear" haya contribuido a reducir el crimen en NuevaYork, pero su aplicación persiste. De acuerdo a esta organización no gubernamental del análisis de los datos oficiales se puede observar que "la raza es un factor primordial para determinar" a quién detienen y revisan los policías de la ciudad. Aunque el planteamiento oficial de la implementación del programa es deportar a inmigrantes con antecedentes penales en EstadosUnidos, en la práctica el perfil de los expulsados muestra que la mayoría cometieron faltas administrativas o fueron detenidas sin justificación o de manera ilegal.
El 25 de mayo de 2012 siete congresistas neoyorquinos solicitaron a la encargada del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, en el que solicitan posponer la entrada en vigor del Programa Comunidades Seguras en el estado de Nueva York. La carta está firmada por los congresistas José Serrano, Yvette Clarke, Charles Rangel, Edolphus Towns, Maurice Hinchey y Nydia Velázquez. Los legisladores destacaron que, a pesar de que el programa está diseñado para deportar a criminales, acaba expulsando a inmigrantes que han cometido delitos menores no violentos o simplemente el delito de vivir sin autorización para residir en el país, cita textual de la carta:
"Las estadísticas demuestran que el programa no está siendo usado acorde con su objetivo inicial y, en cambio, está en riesgo de convertirse en una iniciativa para simplemente deportar a cualquier inmigrante indocumentado". Las políticas de control migratorio, en este caso, la implementación del Programa “Comunidades Seguras” del Departamento de Seguridad Nacional en el ámbito nivel federal, forma parte de una nueva etapa de políticas antimigratorias a nivel estatal. De acuerdo a la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos, en lo que va del 2011 los legisladores de Estados Unidos presentaron un total de 600 iniciativas contra los indocumentados, tomando como modelo la ley SB 1070 Arizona. El año 2010 se decretaron 346 fallos que condenan la inmigración indocumentada. En 2008 se promovieron cerca de 800 iniciativas antiinmigrantes, y en 2007 se llevaron a la mesa de la discusión legislativa 1,400 iniciativas de ley relacionadas con el empleo de trabajadores indocumentados.
Esta nueva etapa de políticas estatales antiinmigratorias en los Estados Unidos, se concentra en elevar las penas contra el inmigrante indocumentado, aún cuando estas violen sus derechos humanos como: sanciones a empresas que realicen ventas al gobierno y que empleen indocumentados; aplicación de penas civiles, administrativas o penales en contra de empleadores privados y de los inmigrantes indocumentados contratados por aquéllos; utilización del e-Verify; yel tema de este dictamen, aplicación de las leyes federales de migración por autoridades locales, sanciones a quienes alquilen inmuebles u hospeden a indocumentados, la limitación parcial o total del uso de servicios y beneficios públicos, retención de parte del salario por parte de los empleadores a personas que no cuenten con un número de seguridad social válido,sanciones por transportar, albergar, alojar u ocultar a indocumentados, entre las más importantes.
Pero lo más importante en esta etapa de legislaciones antimigratorias, son los nuevos mecanismos de cooperación, como es la implementación de convenios entre gobierno federal y autoridades estatales para implementar un sistema de identificación in situ para revisar el estatus migratorio del trabajador por parte de los empleadores, policías o agentes de seguridad en las cárceles, o por las autoridades cuando una persona es detenida por algún delito menor o de carácter administrativo
III.- La importancia de la proposición en mérito radica en la compleja situación que actualmente vive la comunidad de mexicanos en los Estados Unidos frente al fortalecimiento de una política antimigratoria con carácter de Estado que violenta los derechos humanos de nuestros connacionales y tensalas relaciones bilaterales de nuestras naciones.El número de mexicanos que residen en Estados Unidos llegó a 11.7 millones en 2010. Los mexicanos constituyen el mayor sector de la población extranjera en Estados Unidos, que sumó 39.9 millones de personas en 2010, un incremento de sólo 1.6 por ciento en relación con 2009, y menor a la estimación de 4 por ciento de aumento de la Oficina del Censo.
La comunidad de mexicanos en el estado de Nueva York, esel grupo de inmigrantes hispanos que más creció en la última década, aumentando un 75.3%, en comparación con el grupo mayoritario depuertorriqueños, que se mantuvo básicamente igual. En el estado de Nueva York contaba con 260 mil 889 mexicanos en el 2000, o un 1.4% del total de población estatal. La población se disparó a 457 mil 288 en 2010, llegando al 2.4% de la población del estado, según datos del censo de Estados Unidos de Norteamérica.
A lo largo de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Segunda Comisión de Trabajo ha tratado diversos temas respecto a la situación que guarda la política exterior mexicana con Estados Unidos, ninguno de ellos puede considerarse menor tratándose de las integridad y seguridad jurídica de nuestros connacionales, como: a) El 22 de mayo de 2012 aprobamos un dictamen con motivo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América sobre la Ley SB1070 del Estado de Arizona.
b) El 5 de junio de 2012 aprobamos un dictamen que exhortaba al Presidente de la República, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie reprobando los resultados del estudio “El cultivo del miedo: la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas inmigrantes en los Estados Unidos a la violencia sexual y acoso sexual”, recientemente publicado por Human Rights Watch.
c) El 19 de junio un dictamen relativo al asesinato del connacional Juan Pablo Santillán por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar de los anuncios de suspensión de las deportaciones deestudiantes migrantes, la actual estrategia migratoria de la administración estadounidense ha superado el número de deportaciones de George Bush. De acuerdo al estudio del Centro de Intercambio de Información de Acceso a Registros Transaccionales (Transactional Records Access Clearinghouse) de la Universidad de Siracusa, el índice de deportaciones de inmigrantes indocumentados durante el gobierno actual es mayor que durante los anteriores. El actual ha deportado a más inmigrantes durante
los primeros nueve meses del año fiscal 2010, que el ex presidente George W. Bush en un periodo similar. En cifras absolutas, significa 279 mil deportaciones por parte de la administración actual comparadas con casi 256 mil de Bush, en toda su administración. Aunque estos datos no están actualizados si muestran una tendencia con fuertes repercusiones para los municipios ubicados en la frontera norte de nuestro país.
El fenómeno de la migración mexicana a los Estados Unidos, brinda beneficios económicos, sociales y culturales generados a partir de la integración de un mercado laboral regional, sin embargo, la falta de un dialogo binacional de atención al fenómeno ha favorecido en la practica por parte de autoridades y el crimen organizado la violación sistemática de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migratorios y sus familias.
La estrategia actual de la administración supera toda capacidad institucional de atención al fenómeno de la inmigración indocumentada, por la carencia de una visión de desarrollo económico que homogenice las condiciones de vida en la región, visiones unilaterales que tienen que ser superados a través del dialogo y la cooperación entre México y Estados Unidos.
En coherencia a la posición de esta dictaminadora en el tema de la protección de los derechos humanos de los mexicanos y de sus familias en el exterior, concluimos que la implementación del Programa Comunidades Seguras, si bien forma parte de la política de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, este no cumple con los objetivos originalmente planteados y se ha convertido en un instrumento de persecución y deportación de ciudadanos extranjeros, generando un clima de hostigamiento y tensión.
El Estado mexicano debe pronunciarse contra este tipo de políticas migratorias que afectan el diálogo en torno al tratamiento de un complejo fenómeno como es la migración, por sus repercusiones en el campo económico, social, cultural, pero sobre todo, sobre la preservación de la unidad e integridad familiar de los migrantes, que frente a las acciones de Programas como Comunidades Seguras, la Ley SB1070 o diversas legislaciones antimigratorias, carecen de cualquier instrumento jurídico que proteja el interés superior de la preservación de la unidad familiar y de la protección de los niños. Es importante mencionar que para la LX Legislatura ha sido un tema central la falta de sensibilidad de las autoridades norteamericanas el tema de las deportaciones de menores de edad en la frontera en horarios nocturnos.
Es fundamental como legisladores velar por el respeto de nuestros connacionales frente a una Política de Estado que se presenta como de seguridad que confunde al trabajador que emigra por necesidad respecto a miembros del terrorismo internacional, México comparte la preocupación de las autoridades norteamericanas en torno al desafió del terrorismo y el crimen organizado, pero de ninguna manera a costa de la violación de derechos humanos. En mérito de lo anterior, esta dictaminadora concuerda con la solicitud del promovente de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instruya a la Embajada de México en Estados Unidos, a efecto de que fortalezca las acciones legales en los casos de violación de los derechos de los mexicanos inmigrantes como consecuencia de la implementación del Programa de Comunidades Seguras y que han padecido el hostigamiento de las autoridades desde el 15 de mayo de 2012. En este mismo tenor se solicita una evaluación del número de deportaciones efectivas, el clima de hostigamiento y las repercusiones en la comunidad mexicana, a partir de la implementación de dicho programa.
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instruya a la Embajada de México en Estados Unidos, a efecto de que fortalezca las acciones de ayuda a los mexicanos inmigrantes en territorio de los Estados Unidos de América, para salvaguardar sus derechos frente a las crecientes medidas de deportación que implementan las autoridades de esa nación mediante el “Programa Comunidades Seguras”. Asimismo, se solicita que remita un informe pormenorizado respecto del número de deportaciones efectivas, el clima de hostigamiento y el impacto en la comunidad mexicana, como resultado de las disposiciones implementadas por las autoridades norteamericanas al amparo de dicho programa.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de agosto de 2012.
