Sistemas políticos contemporáneos

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Sistemas políticos

contemporáneos

PILAR CHÁVARRI SIDERA

IRENE DELGADO SOTILLOS

(Coordinadoras)

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Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

© Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid 201• •

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© M.aPilar Chávarri Sidera e Irene Delgado Sotillos (coordinadoras)

Lourdes López Nieto, Yolanda Casado Rodríguez, Miguel Ángel Ruiz de Azúa Antón, Juan Carlos Monedero Fernández, Mónica Méndez Lago, Eliseo López Sánchez, Paloma Román Marugán, Antonio Ávalos Méndez, Ana Isabel Planet Contreras,

M.aBenita Benéitez Romero y Jesús de Andrés Sanz

Ilustración de cubierta: Jesús de Andrés

Todas nuestras publicaciones han sido sometidas a un sistema de evaluación antes de ser editadas.

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Relación de autores... 17

Presentación... 25

Introducción. EL SISTEMA POLÍTICO Y SUS ELEMENTOS... 29

(Pilar Chávarri e Irene Delgado) 1. El sistema político y su estudio... 31

2. Forma de gobierno y sistema político... 34

3. Estructura territorial del poder político... 37

4. Sistema electoral y elecciones... 40

5. Cultura política y comportamiento político... 44

6. Partidos políticos y sistemas de partidos... 47

7. Otros actores políticos... 51

8. Políticas públicas... 52

9. Bibliografía... 54

Capítulo 1. EL SISTEMA POLÍTICO DEGRANBRETAÑA... 59

(Irene Delgado Sotillos) 1. Introducción... 61

2. Formación político-constitucional... 61

2.1. El Estado moderno... 61

2.2. Fuentes y principios de la Constitución británica... 70

3. Las instituciones políticas... 72

3.1. La Corona... 72

3.2. El Parlamento... 74

4. El gobierno de gabinete... 78

4.1. El Primer Ministro... 83

5. La administración central... 84

6. Los actores políticos y el proceso representativo... 86

6.1. Partidos políticos y sistema de partidos... 86

6.2. Elecciones y comportamiento electoral... 91

(9)

8. Los grupos de presión... 99

9. Relaciones intergubernamentales... 101

9.1. El gobierno local... 101

9.2. La Unión Europea... 103

10. Bibliografía... 104

Capítulo 2. EL SISTEMA POLÍTICO DEFRANCIA:LAV REPÚBLICA... 111

(Pilar Chávarri Sidera) 1. Antecedentes históricos... 113

1.1. Constituciones revolucionarias... 115

1.2. Constituciones napoleónicas... 116

1.3. Constituciones monárquicas... 117

1.4. Constitución revolucionaria republicana... 118

1.5. Las Constituciones del II Imperio... 119

1.6. Las constituciones republicano-parlamentarias... 120

2. La V República: caracteres generales... 122

3. El Presidente de la República... 125

4. El Gobierno... 132

4.1. Nombramiento del Primer Ministro... 133

4.2. Los poderes del Primer Ministro... 136

4.3. La organización del Gobierno... 137

5. La Administración francesa... 139

6. El Parlamento... 141

6.1. Elección de la Asamblea Nacional y del Senado... 142

6.2. Organización y funcionamiento ... 143

6.3. Funciones del Parlamento... 145

7. El Consejo Constitucional... 151

8. Vida política: Partidos y sistema de partidos... 152

8.1. Los partidos políticos... 152

8.2. El sistema de partidos de la V República... 161

9. Los sindicatos... 165

10. La política europea e internacional de Francia... 167

11. Bibliografía... 169

Capítulo 3. EL SISTEMA POLÍTICO DE LAREPÚBLICAFEDERAL DEALEMANIA. 171 (Juan Carlos Monedero) 1. Estado federal, Estado de derecho, Estado de partidos: antece-dentes históricos de la cultura política alemana... 173

(10)

1.1. Alemania fin de siglo: el cierre de una época... 173

1.2. Fases de la política alemana... 176

1.2.1. La era Guillermina... 177

1.2.2. La República de Weimar... 178

1.2.3. El nazismo alemán: el Tercer Reich... 186

1.2.4. La Alemania dividida... 190

1.2.5. La Alemania unificada... 195

2. La Ley Fundamental de Bonn... 198

3. La organización federal del Estado... 201

4. El Presidente Federal... 206

5. El Parlamento... 208

5.1. El Bundestag (Dieta Federal)... 209

5.2. El Bundesrat (Consejo Federal)... 215

5.3. El proceso legislativo... 217 6. El Gobierno y la administración... 220 7. El poder judicial... 224 8. La participación política... 228 8.1. El sistema electoral... 228 8.2. El sistema de partidos... 231

8.3. Los grupos de presión... 238

8.4. Los medios de comunicación... 241

9. La política europea de Alemania y las relaciones internacionales... 243

10. Bibliografía... 245

Capítulo 4. EL SISTEMA POLÍTICO DEITALIA... 249

(Miguel Ángel Ruiz de Azúa) 1. Antecedentes históricos... 251

1.1. La larga marcha hacia la unidad italiana. El Estatuto Alberti-no de 1848... 251

1.2. Las fases de la Unidad... 252

1.3. El ascenso de Mussolini al poder... 256

1.4. La Constituyente... 259

2. El Parlamento... 261

2.1. El funcionamiento del Parlamento... 265

3. El Presidente de la República... 271

4. El Gobierno... 274

4.1. Funciones del Presidente del Consejo y del Gobierno... 276

(11)

6. Órganos auxiliares... 279

7. La Corte constitucional... 280

8. Las regiones... 281

9. La administración pública... 284

10. La vida política en Italia... 285

10.1. Los partidos políticos... 285

10.2. Los grupos de presión... 296

11. Bibliografía... 300

Capítulo 5. EL SISTEMA POLÍTICO DESUIZA... 301

(Benita Benéitez) 1. Introducción... 303

2. Formación político-constitucional... 303

2.1. La Confederación Helvética... 303

2.2. Fuentes y principios de la Constitución Suiza... 308

3. El sistema Federal... 309

3.1. El Estado Federal... 309

3.2. Los Cantones suizos... 309

3.3. Las Comunas... 311

4. Las instituciones políticas... 313

4.1. La Asamblea Federal... 313

4.2. El Consejo Federal... 314

4.3. El Tribunal Federal... 317

5. La democracia en Suiza... 318

5.1. Democracia directa y de consenso... 318

5.2. Derechos políticos del ciudadano... 322

a. La iniciativa popular... 322

b. El referéndum... 324

c. El sistema de milicias... 326

6. Los actores políticos y el proceso representativo... 327

6.1. Partidos políticos y sistema de partidos... 327

6.2. Elecciones y comportamiento electoral... 328

7. Conclusiones... 330

(12)

Capítulo 6. EL SISTEMA POLÍTICO DEBÉLGICA... 335

(Mónica Méndez Lago) 1. Introducción... 339

2. Análisis histórico-político... 341

3. Las principales instituciones políticas... 342

3.1. Jefatura del Estado... 342

3.2. El Parlamento... 343

3.3. El Gobierno... 347

3.4. El Poder Judicial... 351

3.5. Organización territorial... 352

4. Los actores políticos... 354

4.1. Los partidos políticos y el sistema de partidos... 354

4.2. Los grupos de presión y sindicatos... 363

5. La cultura política... 366

5.1. Participación política... 367

5.2. El sistema electoral y las elecciones... 368

6. Bibliografía... 372

Capítulo 7. EL SISTEMA POLÍTICO DE LOSPAÍSESBAJOS... 377

(Eliseo López) 1. Análisis histórico-político... 379

2. Las instituciones políticas... 386

2.1. El Parlamento... 386

2.2. El Gobierno... 391

2.3. El poder judicial y otras instituciones del Estado... 397

2.4. La organización territorial... 399

2.5. El sistema electoral... 400

3. La cultura política: pilarización y despilarización... 402

4. Los partidos políticos... 406

5. Las elecciones... 412

6. El sistema de partidos... 415

7. Los grupos de presión... 419

8. Bibliografía... 421

Capítulo 8. EL SISTEMA POLÍTICO DEDINAMARCA... 423

(Lourdes López Nieto) 1. Introducción... 425

(13)

3. Organización constitucional y vida política... 429

4. El poder legislativo... 430

5. El poder ejecutivo... 432

5.1. La Jefatura del Estado... 432

5.2. El Gobierno... 433

6. La organización territorial... 438

7. El sistema judicial... 440

8. El sistema representativo... 441

8.1. El sistema electoral... 441

8.2. Las instituciones de democracia directa... 446

9. Partidos políticos y grupos de presión... 446

10. El comportamiento electoral... 449

11. Bibliografía... 451

Capítulo 9. EL SISTEMA POLÍTICO DE LAFEDERACIÓNRUSA... 453

(Jesús de Andrés) 1. Introducción... 455

2. La creación y evolución de la URSS... 456

3. La formación del actual sistema político ruso... 461

3.1. La desaparición de la URSS... 461

3.2. La nueva Rusia... 467

4. La Constitución de 1993... 470

5. El Presidente... 472

6. La Asamblea Federal... 473

7. La etapa de Yeltsin: la consolidación del sistema... 475

8. De Putin a Medvédev: dinámicas políticas y modificación del sis-tema... 487

9. Bibliografía... 499

Capítulo 10. EL SISTEMA POLÍTICO DE LOSESTADOSUNIDOS DEAMÉRICA.... 503

(Yolanda Casado) 1. Introducción... 507

2. Análisis histórico-político... 509

2.1. La primera fundación de los Estados Unidos: del Primer Con-greso Continental a la Confederación ... 509

2.2. La Constitución de 1787... 512

2.3. Hacia una conciencia nacional: la permanencia de la Unión y la abolición de la esclavitud... 516

(14)

2.4. La conquista de los derechos civiles, Vietnam y el Watergate.. 517

2.5. Expansión y crisis del gobierno federal: del «New Deal» a la revolución conservadora de los ochenta ... 518

2.6. La proyección en el sistema internacional... 521

3. La Presidencia... 522 3.1. Organización... 524 3.2. Recursos informales... 528 4. El Congreso... 530 4.1. Organización... 533 5. El sistema judicial... 535 5.1. Estructura federal... 537

6. Los partidos políticos... 539

7. Los grupos de presión... 542

8. Las elecciones... 545

8.1. Participación electoral... 548

9. Bibliografía... 551

Capítulo 11. EL SISTEMA POLÍTICO DECANADÁ... 553

(Mireia Grau Creus y Mónica Méndez Lago) 1. Introducción... 559

2. Análisis histórico-político... 559

2.1. Los imperios coloniales de Gran Bretaña y de Francia en América del Norte... 560

2.2. La proximidad de los Estados Unidos de América como con-dicionante... 561

2.3. La vinculación cultural y política con Gran Bretaña... 562

3. La Constitución canadiense... 564

4. Principales instituciones políticas... 565

4.1. La Monarquía y el Gobernador General... 565

4.2. El Parlamento... 566

4.3. El Gobierno... 571

4.4. El Poder Judicial... 574

5. Organización territorial... 576

6. Los actores políticos... 580

6.1. Los partidos políticos y el sistema de partidos... 580

6.2. Los grupos de presión... 587

7. Las elecciones y el sistema electoral... 590

(15)

7.2. La participación política... 593

8. La cultura política... 595

9. Bibliografía... 598

Capítulo 12. EL SISTEMA POLÍTICO DEJAPÓN... 603

(Paloma Román Marugán) 1. Antecedentes históricos... 605

2. La Constitución... 608

3. Las Instituciones... 610

3.1. El Emperador... 610

3.2. La Dieta... 611

3.3. El Gobierno y la Administración Pública... 613

3.4. El poder judicial... 616

4. La dinámica y el proceso político... 617

4.1. La cultura política... 617

4.2. Los actores políticos... 620

4.3. El sistema electoral... 631

5. Las relaciones intergubernamentales... 634

6. A modo de conclusión... 636

7. Bibliografía... 637

Capítulo 13. EL SISTEMA POLÍTICO DELREINO DEMARRUECOS... 643

(Ana Isabel Planet) 1. Introducción... 647

2. Antecedentes históricos de la política nacional... 647

2.1. Pervivencia de las estructuras tradicionales de poder... 649

2.2. La lucha entre la monarquía y las fuerzas políticas por la hegemonía en el juego político... 650

3. Una monarquía constitucional... 651

4. Constitucionalismo y sistema político... 652

4.1. La evolución del texto constitucional... 653

4.2. La reforma constitucional de 1996... 655

4.2.1. Nuevos procedimientos legislativos... 656

4.2.2. El reforzamiento del ejecutivo... 656

4.2.3. La renovación del poder del Rey... 657

4.3. La reforma constitucional de 1996: el funcionamiento de un sistema de gobierno... 658

(16)

5. La organización territorial del Estado... 662

5.1. Una nueva «Ley de regionalización»... 664

5.2. La regionalización, estrategia política... 665

5.3. La Constitución de 2011 y la regionalización... 666

6. El Parlamento y el poder legislativo... 666

7. Gobierno y Administración... 667

8. El Poder Judicial... 667

9. La élite del poder y las relaciones entre los poderes del Estado... 668

10. La participación política... 669

10.1. Los partidos políticos... 670

10.2. Sindicatos y vida política... 675

10.3. Los procesos electorales en las últimas décadas... 676

11. Las vinculaciones supranacionales... 677

12. Análisis global del sistema político... 679

13. Bibliografía... 679

Capítulo 14. EL SISTEMA POLÍTICO DETURQUÍA... 681

(Antonio Ávalos Méndez) 1. Del Imperio Otomano a la República turca: las constituciones políticas turcas... 683

2. Las piezas fundamentales: el ejército y la elite gobernante... 689

3. Orígenes del sistema turco: el kemalismo... 695

4. Los órganos constitucionales... 697

4.1. El Poder Legislativo... 698

4.2. El Poder Ejecutivo... 699

4.3. El Poder Judicial... 702

4.4. El Tribunal Constitucional... 703

5. La sociedad turca y los partidos políticos actuales. El sistema elec-toral... 704

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COORDINADORAS

Pilar Chávarri Sidera es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad

Complutense de Madrid y profesora titular del área de Ciencia Política y de la Administración, en el Departamento del mismo nombre de la UNED des-de 1990, dondes-de imparte la materia des-de Sistemas Políticos Comparados I y II en el Grado de Ciencia Política y de la Administración, y Fundamentos de Ciencia Política en el Máster en «Política y Democracia», ambas titulacio-nes de la UNED. Ha publicado con anterioridad a este libro, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Las elecciones de Diputados a las

Cortes Generales y Extraordinarias. 1810-1813; también ha coordinado la

unidad didáctica Sistemas de Organización Política Contemporánea (UNED, 2002); y ha traducido al castellano, junto a M.ª Luz Morán y Miguel Ángel Ruiz de Azúa, el Manual de Ciencia Política compilado por el profesor Pasquino (Madrid, Alianza, 1988). Ponente y conferenciante en números congresos y seminarios tanto en España como en el extranjero. Es miem-bro de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) y de la Società Italiana di Studi Elettorali.

Irene Delgado Sotillos es profesora titular de Ciencia Política y de la

Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Doctora en Ciencia Política y Diplomada en Social Science Date Analysis

and Colletion por la Universidad de Essex. Ha sido Visiting Scholar en la

Universidad de California en Berkeley. Ha realizado estancias académicas y de investigación en las universidades de Burdeos (Francia), California (EE UU), en la Universidad de la República (Uruguay) y en la Universidad de San José (Costa Rica). Realizó su tesis doctoral sobre el comporta-miento electoral municipal español y ha publicado varios artículos sobre elecciones, cultura política, partidos y élites en diversas revistas nacionales y extranjeras. Es autora de El comportamiento electoral municipal español,

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RESTO DE AUTORES

Antonio Avalos Méndez es licenciado en Derecho y en Ciencia Política y

de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), especialista universitario en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con la memoria titulada «Turquía y la Unión Europea». Actualmente investigador en el proyecto de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología en la UAM: «Análisis empírico de la política exterior española: formulación, ejecución y resul-tado. Dimensión institucional y normativa, actores y procesos». Es miem-bro del Grupo de Estudios Africanos, del Grupo de Estudios en Relaciones Internacionales y del Seminario Interdisciplinar de Semiótica de la UAM. Realiza su doctorado en el programa de «Estudios Internacionales y Afri-canos» del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM. Ha trabajado sobre los elementos de geopolítica en el Medite-rráneo Oriental: Turquía y sobre el Derecho Internacional Humanitario. Actualmente trabaja sobre el discurso de las élites políticas y militares en Turquía y su papel en la integración en la Unión Europea.

Benita Benéitez Romero es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por

la Universidad Complutense de Madrid (2004), profesora contratada-doc-tora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, coordi-nadora del Grado de Ciencias Políticas de la UCM. Su principal línea de investigación se centra en la teoría de la ciudadanía, abordando tanto su estudio contemporáneo como también las características principales de los modelos clásicos de ciudadanía, vid: La ciudadanía en la teoría política

contemporánea: modelos propuestos y su debate, Madrid, UCM, 2004

(Men-ción especial del I Premio Jordi Solé Tura para una tesis doctoral sobre la democracia 2007/8) y «La ciudadanía de la democracia ateniense», Foro

interno, 2005, N. 5, pp. 37-58.

Yolanda Casado es profesora titular de Ciencia Política en la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido «Honorary Fellow» de la Universidad de Wisconsin, en Madison. Autora del libro El pensamiento histórico y político de Raymond Aron (1988) y de varios trabajos sobre teoría de la democracia. Sobre el proceso políti-co en los EE UU destacan: «La reformulación actual del fin de las ideolo-gías» en Debate Abierto n.° 1, 1989; «Notas sobre las elecciones norteame-ricanas de 1992. El fenómeno Perot», Debate Abierto, n.° 9, 1993; «¿Brecha

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en el molde americano? Candidatos de terceros partidos en las elecciones presidenciales norteamericanas de 1996», Revista de Estudios Políticos, n.° 99, 1998.

Jesús de Andrés es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad

Nacional de Educación a Distancia. Doctor en Ciencia Política y de la Administración (con premio extraordinario) por la UNED, licenciado en la misma disciplina por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset (UCM) y diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha realizado estancias de investigación en la Academia de Ciencias de Rusia (Moscú) y en la Uni-versidad de Glasgow. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libro relacionados con las transiciones políticas en la antigua Unión Sovié-tica y las dinámicas políSovié-ticas de la Federación Rusa, así como varios libros, entre los que destacan: El voto de las armas (Catarata, 2000); La ampliación

de la Unión Europea: economía, política y geoestrategia (ed. con P. Chaves y

F. Luengo, El Viejo Topo, 2002); Historia del Comunismo (con M. Flores, Susaeta, 2005), entre otros. En la actualidad dirige el proyecto de investi-gación «Las revoluciones postelectorales de Eurasia: Serbia, Georgia, Ucra-nia y Kirguizistán. Un análisis comparado» (Plan Nacional de I+D+I, CSO2008-02225) y es miembro de la comunidad de investigadores Eura-sianet (http://www.euraEura-sianet.es).

Mireia Grau Creus es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la

Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, donde fue becaria de investigación en el Departamento de Ciencias Políticas y Socia-les entre 1994 y 1998. Desde 1999 es profesora ayudante en la Universidad de Murcia donde imparte docencia en el ámbito de las políticas públicas y la administración. Sus principales líneas de investigación se encuadran en el estudio de la relación entre los sistemas federales y la elaboración de políticas públicas de ámbito estatal, en las relaciones intergubernamenta-les y en el análisis de políticas públicas sectoriaintergubernamenta-les. Su tesis doctoral, un estudio empírico sobre la integración de los intereses autonómicos en las políticas públicas de ámbito estatal, se publicará próximamente por el Instituto Nacional de Administración Pública con el título El federalismo

autonómico. Entre sus publicaciones más recientes destaca la edición

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enfoques y casos, publicado por Tirant lo Blanch. Ha publicado trabajos

sobre perspectivas de análisis en políticas públicas, sobre la formación de la agenda medio ambiental en España.

Lourdes López Nieto es titular de Ciencia Política de la UNED, área en la

que ha desarrollado su larga actividad profesional como docente en diver-sas asignaturas (introducción a la Ciencia Política, Sistemas políticos, Comportamiento político, partidos y Sociología electoral). La actividad investigadora desarrollada en diversos equipos se ha centrado en el análisis de distintos componentes del sistema político español, tanto en el ámbito nacional, como autonómico y local: dirigentes políticos (diputados, alcal-des) y actores políticos (Alianza Popular-Partido Popular); instituciones (parlamentos y gobiernos) así como del comportamiento político de los políticos y ciudadanos y del rendimiento de las instituciones.

Eliseo López Sánchez es licenciado en Ciencias Políticas por la

Universi-dad Complutense de Madrid y doctorando en la UniversiUniversi-dad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado en distintos proyectos de investiga-ción, sobre gobiernos locales comunidades autónomas y de manera espe-cial sobre la Comunidad de Madrid. Fruto de estas investigaciones han sido los capítulos «Desarrollo institucional de la Comunidad de Madrid» y «Las políticas territoriales: bases para un estudio», ambos en: Lourdes López Nieto (ed.) (1999) La Comunidad de Madrid: Balance de quince años de

experiencia autonómica. Editorial Istmo; así como «Functions and Duties of

Spanish Local Chief Executives» en colaboración con L. López Nieto e I. Delgado Sotillos; en: Kurt Klaudi Klausen y Annick Magnier (eds.) (1998):

The Anonymous Leader: Appointed CEO´s in Western Local Government.

Odense University Press, Odense, Dinamarca. También ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid en la asignatura de Políti-ca Europea, que trata los distintos sistemas políticos europeos de forma comparada.

Mónica Méndez Lago es profesora titular de Ciencia Política y de la

Administración en la Universidad de Murcia. Se licenció en Ciencia Políti-ca y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y realizó el doc-torado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha realizado estudios en metodología y técnicas de investigación en la Universidad de Essex, donde obtuvo el diploma en análisis y recogida de datos en las ciencias sociales. Entre 1997 y 1999 fue profesora ayudante de la

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Univer-sidad de Salamanca, donde continúa impartiendo cursos de doctorado sobre metodología de la Ciencia Política. Participa como docente en el programa de doctorado «Gobierno y Administración Pública» del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha realizado estancias en diferentes uni-versidades como la Universidad de Essex y la Universidad de Toronto. Ha escrito diversos trabajos sobre metodología de la Ciencia Política, partidos políticos, comportamiento electoral y sistemas políticos comparados, que han aparecido en diversas publicaciones españolas y extranjeras.

Juan Carlos Monedero es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por

la Universidad Complutense de Madrid. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Heidelberg (1989-1992). Doctor en Ciencias Políticas por la UCM, defendiendo una tesis sobre la Disolución de la República Democrática Alemana; ha sido Gastprofessor en la Universidad Humboldt de Berlín (1998-1999). Actualmente desempeña su docencia como profesor titular de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociolo-gía de la UCM. Es igualmente profesor en el máster de Cooperación y Desarrollo realizado por el Instituto Complutense de Estudios Internacio-nales. Ha publicado La estrategia del orden y el desorden, Madrid, JAC, 1995. Como compilador, El retorno a Europa. De la perestroika al Tratado de

Maastricht, Editorial Complutense, 1993, y, junto a Juan Luis Paniagua, En torno a la democracia en España, Madrid, Tecnos, 1999. Entre otros

traba-jos, recientemente ha publicado el capítulo «Transición posfranquista a la monarquía parlamentaria» en el libro editado por Paloma Román, Sistema

político español, Madrid, McGraw-Hill, 2002. Es el editor de un

monográ-fico de la revista Zona Abierta (núms. 92/93, 2001) con el título «Estado nacional, mundialización y ciudadanía». También es director adjunto del anuario Claves de la Economía Mundial editado por el ICEX. Es el respon-sable del equipo español del estudio Eurospectator dirigido por el profesor Jean Victor Louis, del European University Institute, de Florencia, y finan-ciado por el Banco Central Europeo. Es miembro del Consejo de Redac-ción de la revista Viejo Topo.

Ana I. Planet Contreras es doctora en Filosofía y Letras por la

Universi-dad Autónoma de Madrid, especialiUniversi-dad Estudios Árabes e Islámicos (1997) y Licenciada en Ciencias Políticas (rama de Relaciones Internacionales) por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1993). En la actua-lidad es profesora ayudante en el Departamento de Filologías Integradas (Área de Estudios Árabes e Islámicos) de la Universidad de Alicante y

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miembro investigador en el Taller de Estudios Internacionales

Mediterráne-os y profesora invitada en el Doctorado de EstudiMediterráne-os MediterráneMediterráne-os de la

UAM. Especialista en sociedades magrebíes contemporáneas, migraciones marroquíes a España y diferentes aspectos del islam en España, es inves-tigadora principal del proyecto I+D de la CYCIT La dimensión levantina de

las relaciones entre España y el Magreb central: imágenes, movimientos humanos e historia compartida (2001-2004) y ha participado como

miem-bro investigador en otros proyectos coordinados por el Dr. B. López García de la Universidad Autónoma de Madrid, así como en acciones integradas hispano-marroquíes e hispano-francesas. Entre sus publicaciones destacan:

Melilla y Ceuta, espacios-frontera hispanomarroquíes (Universidad Nacional

de Educación a Distancia-Ciudad Autónoma de Melilla-Ciudad Autónoma de Ceuta, Melilla, 1998), coordinadora en López García, Bernabé (dir.),

Atlas de la inmigración magrebí en España (Dirección General de

Migra-ciones/UAM, Madrid 1996), «La visión de la élite marroquí de España y la Unión Europea» en Desrues, Thierry y Eduardo, Moyano, Cambio,

gober-nabilidad y crisis en el Magreb. Una reflexión desde las dos orillas

(IESA-CSIC, Córdoba 1997, pp. 67-79) o «Marruecos en transición y el modelo español» en Anales de Historia Contemporánea, Universidad de Murcia, n.° 16 (2000), pp. 119-136 (con M. Hernando de Larramendi).

Paloma Román Marugán es doctora en Ciencias Políticas. Profesora

titu-lar de Ciencia Política y de la Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Docente e investigadora principalmente en el campo de la Política Comparada, habiendo impartido Sistemas de Organización Política Contemporánea,

Sis-temas Políticos Comparados, InstitucionesPolíticas Comparadas, Política Comparada, entre otras asignaturas. Autora así mismo de diversas

publi-caciones entre las que destacan lo siguientes libros: Sistemas políticos de la

Unión Europea (junto a R. Cotarelo y J. Maldonado, Ed. Universitas, 1993), Sistema político español (McGraw Hill, 1995 y 2001) y Los movimientos sociales. Conciencia y acción de una sociedad politizada (CJE, 2002).

Miguel Ángel Ruiz de Azúa es Doctor en Ciencias Políticas por la U.C.M.

y profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Adminis-tración I de la misma Universidad. Ha colaborado en los Manuales de la UNED de Introducción a la Ciencia Política (Cotarelo, R. y Paniagua, J.L., comp., 1987) y de Fundamentos de Ciencia Política (De Blas, A. y Pastor, M., comp., 1997). Ha traducido del italiano a los profesores Spreafico,

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Caciagli y Sartori. Ha escrito artículos sobre elecciones y partidos en cola-boración con los prof. Francisco J. Vanaclocha, L. López Nieto y P. Chá-varri. Es decano-presidente del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología y miembro de asociaciones académicas españolas y extranjeras.

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Esta Unidad Didáctica de las asignaturas Sistemas Políticos Contemporá-neos y Sistemas Políticos ContemporáContemporá-neos II correspondientes al tercer y cuarto curso del grado Ciencia Política y de la Administración, se inscribe en la línea del trabajo iniciado en 1973 por el equipo docente formado por los pro-fesores D. Faustino Fernández Miranda y D. Manuel Gonzalo González bajo la dirección del Dr. Joaquín Tomás Villaroya, estas unidades de «Derecho Cons-titucional» analizaban en la segunda parte los principales sistemas de organi-zación política. El profesor D. Julián Santamaría y un grupo de colaboradores bajo la dirección del profesor D. Carlos Ollero editaron en 1975 otras unidades sobre «Teoría del Estado y Sistemas Políticos». Esta labor fue continuada por los profesores D. Ramón Cotarelo y D. Andrés de Blas, en su «Teoría del Esta-do y Sistemas Políticos» de 1989. Fuera de esta Universidad existen otros manuales, algunos agotados por su éxito. R. Cotarelo, P. Román y J. Maldo-nado, Sistemas políticos de la Unión Europea, Madrid, Universitas, 1993; M. Alcántara, Sistemas políticos de la Unión Europea, Valencia: Tirant lo Blanch, 2000; J.M. Colomer, La política en Europa, Barcelona: Ariel, 1995; P. Lucas Murillo, Sistemas políticos contemporáneos, Madrid: Teide, 1984. Sin olvidar el clásico trabajo del profesor D. Manuel García Pelayo, Derecho Cons-titucional Comparado, Madrid: Revista de Occidente, 7.aed., 1964, todos ellos

muy útiles y enriquecedores para los estudiantes de esta materia.

No obstante, dada la peculiaridad de la enseñanza en esta Universidad, es necesario y conveniente la existencia de Unidades Didácticas y las que aho-ra presentamos son una actualización de los sistemas estudiados que inclu-yen los acontecimientos hasta este último año.

El elenco de países incluidos abarca los principales sistemas políticos europeos, dos sistemas norteamericanos (USA y Canadá), uno asiático, Japón, y los de Turquía y Marruecos, dos países musulmanes pero no islámicos1.

1 Vid. Sartori, G., La sociedad multiétnica, Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Madrid, Tau-rus, 2.aed., 2001, p. 2.

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Europa ha sido la pionera en el establecimiento de sistemas políticos democráticos que han servido de modelo en otros continentes, de ahí la atención predominante que se presta a los sistemas europeos ( Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Rusia). Sin embargo, dado el papel que han ido adquiriendo otros países en el esce-nario mundial, este libro también incluye el sistema de los Estados Unidos de América del Norte, ejemplo de sistema presidencialista y otros países no europeos arriba citados. El problema que plantea el incluir en un manual abarcable por los estudiantes un número suficientemente representativo de países justifica las ausencias, pero consideramos que un buen conocimiento de los sistemas incluidos permite a los futuros politólogos tener una idea del funcionamiento comparado de las principales democracias y de países que en estos años realizan un importante esfuerzo por llegar a serlo.

La elección de los autores se ha hecho en función de su especialidad o de sus intereses intelectuales y les une la pertenencia a una común área de conocimiento, así como antiguos y fructíferos lazos de amistad intelectual y personal. Contamos con las contribuciones de Miguel Ángel Ruiz de Azúa, Paloma Román, Yolanda Casado, Juan Carlos Monedero, Eliseo López y Benita Beneitez todos ellos docentes en la Universidad Complutense de Madrid; Mónica Méndez y Mireia Grau de la Universidad de Murcia; Ana Planet, de la Universidad de Alicante; Antonio Avalos de la Universidad Autónoma de Madrid y Pilar Chávarri, Lourdes López, Irene Delgado, Jesús de Andres todos ellos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Este texto universitario parte del conocimiento previo de los conceptos básicos de Ciencia Política y Teoría del Estado, adquiridos en las asignaturas de primero y segundo cursos respectivamente y considera primordialmente al Gobierno como una institución dinámica, por lo que su objetivo principal consiste en analizar las instituciones políticas de cada sistema como existen y funcionan hoy día. Para mejor comprenderlo es preciso aludir, aunque de forma somera, a sus experiencias pasadas, por lo que todos los capítulos incluyen un apartado histórico. Se partió de un plan inicial, que no agota la multiplicidad y riqueza de los distintos autores, respetando la libertad de cátedra de cada quién. La utilización de cuadros y gráficos creemos que acla-ran el estudio y lo acercan al campo de la práctica.

Para facilitar la comparación se ha utilizado una estructura de análisis única. Esa estructura, que constituye las coordenadas en las que cada caso se

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incardina, es estudiada en sus diversas facetas la Introducción, en la que se aborda el estudio del sistema político y sus elementos. A partir de ese marco conceptual y sustantivo, se presentan, en los sucesivos capítulos, la concreta configuración que esos elementos han adoptado en una pluralidad de casos. Se ha prestado especial atención a cuidar la función pedagógica que debe cumplir cualquier manual y que en nuestra opinión no empece la valía de su aportación. Para tener presente los conceptos principales, al final de cada capítulo se incluye una lista de los que se han introducido en el mismo, junto con una breve bibliografía que permitirá al estudiante una mayor profundización en el tema, según sus intereses. El texto de las Constituciones y otros documentos de interés no se incluyen en el manual, porque hoy día resultan muy asequibles para cualquier interesado.

El estudio de las formas de organización política ha estado en el sustrato de la Ciencia Política desde sus orígenes como área del saber. Mucho antes, incluso, de que se constituyera como disciplina académica, buena parte de quienes se acercaban al estudio de la política lo hacían analizando el perfil, la estructura, las características y funciones de los sistemas políticos y sus elementos integrantes.

Hasta fechas relativamente recientes, esos estudios se centraban en los aspectos formales e históricos de las estructuras políticas: el Estado, la con-figuración de sus elementos, sus recíprocas relaciones, así como su evolución en una dimensión diacrónica. Sólo desde principios de sigloXXcomenzaron

a interesar a los estudiosos de la política aspectos dinámicos del proceso y del sistema político, las relaciones efectivas que se daban en su seno entre los diversos actores, los principios que regían su funcionamiento real, las acti-tudes, opiniones y comportamientos de sus ciudadanos y autoridades, etcé-tera. Hoy el estudio de la política constituye una compleja red de áreas temáticas que demandan, incluso, plurales enfoques metodológicos para ser cabalmente comprendidas.

Queremos dar las gracias a todos los colegas que han colaborado en este libro y a todos los miembros del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de esta Facultad, especialmente a D. Andrés de Blas que nos animó a emprender esta labor académica.

Madrid 12 de julio, 2011

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EL SISTEMA POLÍTICO Y SUS ELEMENTOS Pilar Chávarri e Irene Delgado

1. El sistema político y su estudio. 2. Formas de gobierno y sistema político. 3. Estructura territorial del poder político. 4. Sistema electoral y elecciones.

5. Cultura política y comportamiento político. 6. Partidos políticos y sistemas de partidos. 7. Otros actores políticos.

8. Políticas públicas.

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La expresión formas de organización política hace referencia al conjunto de plurales modos en los que los seres humanos han organizado su convi-vencia política a lo largo de los siglos. Si ya es difícil alcanzar un acuerdo que goce del unánime respaldo acerca de qué deba entenderse por convi-vencia política, más arduo resulta aún coincidir en qué queremos denotar al hablar de formas de organización política. No obstante, puede convenirse en que esta expresión, formas de organización política, puede ser someramen-te —y con las debidas reservas— equiparada a la de sissomeramen-tema político, en tan-to entendamos éste en sentido amplio.

Si bien el análisis de las plurales formas en las que los seres humanos han organizado su convivencia ha ocupado a estudiosos desde la Antigüedad Clásica, esas aproximaciones no constituyeron una disciplina académica, en sentido estricto, hasta finales de sigloXIXo principios delXX. Es a partir de

entonces cuando podemos hablar de la Ciencia Política como disciplina, en un sentido moderno, con un ámbito propio, un objeto y unos métodos específicos y diferenciados.

Los estudios tradicionales de Ciencia Política solían concentrar su aten-ción en los aspectos formales de las instituciones de las que se habían dota-do los hombres para ordenar su vida política. Se analizaban la configuración de las estructuras políticas con las que las sociedades organizaban su con-vivencia, fundamentalmente desde la perspectiva de la comparación jurídico-histórica formal. No sería hasta finales de sigloXIXy principios delXX

cuan-do se comenzó a estudiar la política desde una nueva perspectiva, no centrada en la teoría del Estado y sus instituciones estáticas: estos estudios comenzarían a interesarse por los hechos sociales reales y empíricos, adop-tando métodos y conceptos de otros campos del saber, como la sociología y la sicología, para medir objetivamente esa realidad política. Se adoptaba una perspectiva inductiva, basada en la observación y en la medición de los

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nuevos temas de la Ciencia Política: las relaciones de poder, el comporta-miento político de los ciudadanos y las elites, las actitudes y opiniones, los procesos políticos...

Esos precedentes dieron lugar a la expansión de lo que acabaría siendo el enfoque mayoritario en la Ciencia Política, tras la denominada revolución conductista, que ponía el acento en el comportamiento de los individuos y en los procesos políticos, así como en los métodos y técnicas científicas de observación y medición de la realidad social, base de la inducción para la elaboración de modelos generalizables que fueran susceptibles de ser tra-ducidos en teorías y leyes sobre el funcionamiento de la política, contrasta-bles empíricamente y con valor explicativo y predictivo.

El estudio de la política todavía experimentó sucesivas convulsiones, de la mano de la teoría de sistemas, introducida y adaptada al ámbito de los aná-lisis politológicos por David Easton; de la revolución posconductista, que intentó matizar las pretendidas certezas y la asepsia «científicas», así como los excesos «cientificistas» de la metodología conductista; de la tercera revo-lución, la de la teoría de la elección racional (Downs, Olson, Riker), que atiende a las decisiones que adoptan los individuos, actores racionales, en su actuar político, y que entiende éste como un proceso de cálculo racional entre distintas opciones a partir de un grado de información y unos intereses determinados (la acción política es percibida como una acción racional, entendida en términos de eficiencia, para alcanzar los fines o satisfacer los intereses del individuo); y de las corrientes neoinstitucionalistas (Skocpol, March y Olsen, Thelen y Steinmo), que a partir de los años 80 volvieron a mirar hacia las instituciones (ahora en sentido amplio y dinámico) estu-diando las influencias y consecuencias que de ellas se pueden derivar, a modo de contexto, para el procesos político y los actores que en él se desen-vuelven. Todas estas corrientes influyen en la forma en la que en nuestros días la Ciencia Política aborda su esquivo y polisémico objeto de conoci-miento. Sin descartar ninguna de ellas de antemano y desde una perspectiva ecléctica y sinérgica, se exponen a continuación los aspectos más relevantes de lo que podemos entender por sistema político y sus componentes que, con la intención de propiciar la comparación, constituirá el objeto de estudio en las páginas que siguen a esta Introducción.

La noción de sistema político procede, originariamente, de la teoría de sis-temas, desarrollada en el ámbito de la Sociología a partir de los estudios de

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Parsons. Fue David Easton quien, en los años 50, introdujo este paradigma en la Ciencia Política, alejándose de la concepción parsoniana que concebía la arena política como un subsistema de la sociedad. Easton (1973) propuso una orientación conceptual asentada en una serie integrada de categorías empí-ricamente relevantes que permita interpretar la vida política como un sistema de conducta. Para ello, consideró necesario atender más a los procesos de los sistemas que a las formas estructurales (que venían constituyendo el objeto de los estudios de la Ciencia Política hasta entonces), ya que éstas sólo pueden —en su opinión— entenderse cabalmente tras haber establecido inequívoca-mente las funciones características de los sistemas políticos. El objetivo era estudiar cómo logra persistir un sistema político dado en el ambiente en el que está imbuido y cómo reacciona frente a las influencias y tensiones que inciden sobre él. Un sistema político perdurará si cumple sus dos funciones básicas: «asignar valores para una sociedad dada y lograr que la mayoría de sus miembros acepten esas asignaciones como obligatorias, al menos la mayor parte del tiempo» (Easton, 1973: 9 ss. y 221 ss.).

El resultado es un análisis del sistema político en términos dinámicos, que permite interpretar los procesos políticos como un flujo continuado y entrelazado de conductas. El sistema político está inmerso en un medio real (ambiente total) que le es necesario para su existencia y con el que esta-blece interacciones e intercambios recíprocos que someten al sistema políti-co a toda una serie de influencias, tensiones y perturbaciones que actúan sobre él y provocan, en función de cómo reaccione a las mismas, bien su modificación o bien su estabilidad y persistencia. Esas influencias adop-tan, en el análisis de Easton, la forma de insumos o inputs (apoyos para el sistema político y sus autoridades, si son positivos, y demandas, si son nega-tivos). A su vez, el sistema reacciona a esas influencias y proyecta al ambien-te su respuesta en la forma de exumos o outputs, decisiones obligatorias y medidas políticas que influyen a su vez en ese ambiente, provocando una nueva respuesta en éste, que adoptará la forma de una nueva tanda de inputs para el sistema político.

En este proceso circular es fundamental la información que precisan las autoridades acerca de los efectos que produce cada una de sus decisiones y de las reacciones que en la forma de nuevos inputs generan, para poder responder adecuadamente a los mismos. De esta forma, se establece un cir-cuito de retroalimentación cuyo estudio y comprensión permitirá explicar los procesos por los que el sistema político consigue hacer frente a la tensión y,

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reaccionando a la misma con nuevos outputs, persiste manteniendo el nivel de apoyo por encima del mínimo necesario. El análisis de un sistema políti-co debe ser políti-concebido, por tanto, en términos dinámipolíti-cos, políti-como un flujo políti- con-tinuo de conductas que se van sucediendo entralazadamente y que llevarán a que el sistema permanezca o, por el contrario, se modifique al no poder cumplir suficientemente con sus funciones esenciales, esto es, asignar valo-res y conseguir que sean generalmente aceptados.

Se hace imprescindible estudiar, de esta forma, todos los aspectos de ese proceso (ambiente, influencias, instituciones, autoridades, decisiones, reac-ciones), pero no desde una óptica estrictamente formal, sino concibiendo todo ello en una perspectiva también dinámico-procesal.

2. FORMA DE GOBIERNO Y SISTEMA POLÍTICO

La expresión forma de gobierno ha sido utilizada en diversos sentidos, aunque hoy viene a denotar el tipo de relación que se establece entre el Parlamento y el Gobierno en los regímenes democráticos contemporáneos. Se distingue, en este sentido, básicamente entre sistema parlamentario y sis-tema presidencialista, clasificación a la que se añade, como variante de este último, el modelo semipresidencialista.

El sistema parlamentario se caracteriza por haber en él una única insti-tución (de las estatales) legitimada, mediante elección directa, por los ciu-dadanos: el parlamento, los parlamentarios elegidos por los ciudadanos determinarán quién es el presidente del gobierno o primer ministro, que dependerá siempre de la confianza de la cámara; a su vez, el presidente del gobierno o primer ministro suele estar capacitado para disolver el parla-mento y convocar nuevas elecciones. Hasta ese punto se manifiesta la estre-cha conexión que existe entre el poder ejecutivo y el legislativo y la cada vez más difuminada separación entre estos poderes en el sistema parlamentario (Bagelot, 1992: 66). Más aún, si se considera la composición del parlamento, la distribución de fuerzas será una variable que incidirá de forma directa en estas relaciones.

En el sistema parlamentario gobierno y parlamento colaboran en tanto el primero debe contar en la toma de decisiones con el respaldo del segundo, dada su dependencia última respecto de éste; al tiempo, el parlamento

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pres-tará atención (discutiendo y, probablemente, aprobando) a los proyectos de ley gubernamentales, junto con las propuestas que surjan de sus escaños. Además, como manifestación de aquella dependencia, el parlamento con-trola toda la acción del gobierno mediante diversos mecanismos parlamen-tarios (desde las preguntas escritas, hasta el control al presidente del ejecu-tivo en el pleno de la cámara, llegando hasta la moción de censura).

El carácter colegiado del gobierno es otro de los rasgos que caracterizan a este tipo de sistema. El presidente que ha recibido la confianza del parla-mento es el encargado de elegir a los ministros que integrarán con el conse-jo de ministros, teniendo en él el papel del primus inter pares: la responsabi-lidad es colegiada, si bien el presidente tiene un papel destacado tanto en autoridad como en responsabilidad política. Dada esa preeminencia del presidente del gobierno, que normalmente es el máximo dirigente del parti-do mayoritario en el parlamento, muchos de los sistemas parlamentarios contemporáneos acaban adoptando en la práctica un perfil pseudo-presi-dencialista: el presidente del gobierno tiene un poder que excede el que el diseño constitucional del sistema parlamentario le había reservado. Si a todo ello se une una moción de censura de tipo constructivo, como ocurre en Alemania o España, es muy difícil que el presidente del gobierno resulte des-tituido. Este déficit en la responsabilidad política del presidente del ejecuti-vo en los sistemas parlamentarios contemporáneos es una de las caracterís-ticas de éste tipo de régimen que más crícaracterís-ticas ha recibido, en el sentido de que la mediación del legislativo para elegir al jefe del ejecutivo imposibilita que el electorado exija responsabilidades a este último (Horowitz, 1992).

En la mayoría de los sistemas parlamentarios la figura del jefe del Estado adopta un carácter meramente simbólico, teniendo reservadas funciones arbitrales y mediadoras entre el ejecutivo y el legislativo. Dependiendo de que la forma del Estado sea una monarquía o una república, esta institución se personificará de manera diferente, aunque los mecanismos para su desig-nación no varían sus funciones casi simbólicas.

En los regímenes presidencialistas existen dos poderes con legitimidad directa: el parlamento (al que corresponde la función legislativa) y el presi-dente (del Estado, que desempeña la función ejecutiva), elegidos por los ciudadanos en sendos procesos electorales. Se da lugar, así, a una nítida separación de poderes político-constitucionales, que cuentan con su res-pectiva fuente de legitimidad directa. Por ello, no existen mecanismos de

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control sobre el presidente por parte del parlamento, al tiempo que aquél no tiene potestad para disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones. Pue-de casi Pue-decirse que las principales instituciones políticas Pue-del país, presiPue-dente y parlamento, carecen de zonas de contacto. El presidente tiene plena com-petencia para nombrar a los miembros del gobierno, que en ocasiones tienen únicamente la condición de asesores del presidente, dado que sólo éste es el responsable de la toma de decisiones políticas ante el electorado.

La doble fuente de legitimidad y el distinto mecanismo de designación pueden dar lugar a un escenario en el que la mayoría parlamentaria sea de distinta tendencia política que el presidente. Este fenómeno, común en el caso estadounidense, puede dar lugar a bloqueos institucionales que se sol-ventan, normalmente, con la preeminencia del parlamento que está en con-diciones de vetar las medidas legislativas que el presidente quiera ver apro-badas para desarrollar su proyecto político, que se verá a partir de entonces considerablemente entorpecido. También el presidente puede vetar deter-minadas leyes que quiera aprobar el legislativo. Otra desventaja de este tipo de régimen político, y que tan solo apuntaremos, es que puede dar lugar al eventual surgimiento de prácticas populistas (como ha ocurrido en algunos de los sistemas políticos latinoamericanos), que pueden llegar a minar el nor-mal funcionamiento (democrático) de las instituciones.

El sistema semipresidencialista supone una variedad intermedia en la que el presidente y el poder legislativo tienen un ámbito de encuentro en el gobierno: el primer ministro es nombrado por aquél pero debe contar con la confianza y responde (es investido y puede ser censurado) ante parlamento. En este tipo de sistema coexisten un presidente del Estado, con considera-bles poderes ejecutivos (comparte con el gobierno incluso la competencia para disolver las cámaras) elegido mediante sufragio universal y directo, y un primer ministro y un gobierno responsables ante el parlamento, aunque nombrados por el presidente. La influencia del parlamentarismo se percibe en el control político que sobre el gobierno ejercen las cámaras parlamenta-rias. La influencia del presidencialismo se deja notar en el activo papel que en la función ejecutiva desempeña el presidente, que puede, incluso cesar al primer ministro. También cabe la posibilidad, en este tipo de régimen mixto, de que cohabiten un presidente y una mayoría parlamentaria (y, así, un primer ministro) de distinta tendencia política. El poder del presidente se verá, como en el caso anterior, considerablemente mermado por el parla-mento.

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3. ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL PODER POLÍTICO

El nacimiento del Estado Moderno dio lugar a la unificación del poder que puso fin a la atomización medieval del poder político. El resultado fue la configuración de Estados unitarios y centralizados, en los que una única fuente de poder dictaba leyes aplicables en todo el territorio: como dijera Bodin (1985: 74), habrá un único soberano que extiende su poder sobre todo el territorio y que a nadie ni a nada está sometido en su capacidad para «dar leyes a todos, en general, y a cada uno, en particular (...) sin consenti-miento de superior, igual o inferior». Esta unidad y unicidad, que surge precisamente de la unidad del mandatario, no de la de los representados (Hobbes, 1979: 258), supondrá para la teoría liberal —especialmente la fran-cesa y, desde luego, con otro fundamento— una garantía para la igualdad de los ciudadanos: todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin privilegios ni prerrogativas especiales nacidas de su lugar de residencia.

La expansión del Estado, en todas sus dimensiones, y las demandas de autogobierno en distintos niveles han dado lugar a distintas formas de arti-culación de ese poder, en atención a específicas peculiaridades y necesidades territoriales. Así, puede distinguirse el Estado unitario del Estado compues-to, en función de que esas entidades territoriales tengan competencias y recursos propios y no dependientes del poder político central.

El Estado unitario será aquel que concentre todo el poder en su seno, sin reconocer otros núcleos de poder territorial autónomos y, hasta cierto pun-to, independientes de su voluntad. El poder político está concentrado, inclu-so si se contempla algún tipo de articulación territorial de sus competencias: para incrementar la eficiencia en la administración, pueden existir en su seno entidades subestatales, regionales o locales, con competencias y recur-sos delegados, pero que dependerán siempre de la voluntad arbitraria del centro político, que conserva la capacidad de decisión sobre cualquier asun-to en asun-todo el terriasun-torio del Estado. El Estado concentrado (unitario) puede estar descentralizado, pero el centro retiene siempre la capacidad última de decisión y la de revocación de la delegación.

Por el contrario, en el Estado compuesto coexisten distintos núcleos (territoriales) de poder político, autónomos y basados en relaciones hori-zontales, no verticales ni jerárquicas. La capacidad de autogobierno de las entidades territoriales así como los recursos de los que disponen les son

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pro-pios y el poder central en nada interfiere en su ejercicio. Este tipo de Estados suele asumir la forma, en absoluto homogénea en la práctica, del Estado federal. Junto a la entidad federal, que conserva determinadas competencias exclusivas en ámbitos específicos de interés común: defensa, relaciones exteriores, moneda, comercio... (ver Hamilton et al., 1999: 121 ss.), coexisten las entidades o estados federados, que tienen atribuidas el resto de funciones y competencias de autogobierno, y cuentan con instituciones (legislativas, ejecutivas y judiciales) propias.

El reparto de poderes entre la federación y las entidades federadas suele estar formalmente establecido en la Constitución federal, en la que se esta-blece, igualmente, el elenco de instituciones federales, el procedimiento para resolver los conflictos entre la federación y las entidades federadas (o entre éstas entre sí), así como la distribución de las competencias entre una y otras para establecer, recaudar y ejecutar tributos e impuestos. La diná-mica política suele ser la de la cooperación entre entidad federal y entidades federadas, al objeto de hacer frente a demandas, necesidades o problemas colectivos cuyo tratamiento y resolución exige una perspectiva supraregional, al tiempo que hay otros que son mejor articulados en un nivel subestatal o regional.

Otra forma de Estado compuesto, menos precisa en los respectivos con-tornos, es el Estado de las autonomías, tal y como se ha consolidado en España o se está articulando en Gran Bretaña. Se trata de una forma de dis-tribución territorial del poder similar, sustantivamente, a la de los Estados federales, pero en la que no hay un diseño institucional de relaciones hori-zontales y distribuciones competenciales tan claro como en éstos. Las enti-dades territoriales asumen competencias de autogobierno en virtud del reparto competencial establecido en la Constitución o en el respectivo Esta-tuto de autonomía. Ese reparto no suele tener el carácter residual a favor de las entidades regionales que se observa en los Estados federales: en éstos las competencias de la federación están establecidas con carácter excepcional y taxativo, correspondiendo el resto a los estados federados. En el Estado autonómico se establecen competencias exclusivas del Estado, competencias propias de las comunidades o territorios autónomos y competencias com-partidas que desempeñarán uno u otras en virtud de los acuerdos que vayan alcanzándose. El derecho estatal tiene carácter subsidiario y una institución estatal, el Tribunal Constitucional, en cuya composición las comunidades autónomas no intervienen, es la encargada de resolver los eventuales

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con-flictos de competencias que pudieran surgir entre las distintas entidades territoriales. Las comunidades autónomas tienen sus propias instituciones ejecutivas y legislativas, reproduciéndose en el nivel regional las relaciones que se dan entre esos poderes en el ámbito estatal. Carecen, no obstante, de un poder judicial propio, ya que esa es una de las competencias (la función jurisdiccional) que se reserva el Estado. En España se han establecido Tri-bunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, pero en el seno de una jurisdicción única y estatal.

Otra modalidad de organización territorial del poder político es la de la confederación de Estados, constituida por una unión, más o menos intensa, de Estados para la consecución de determinadas fines, metas y objetivos de carácter político, económico, social o cultural. Los Estados miembros man-tienen íntegra su independencia y soberanía (toda decisión requiere la anuencia de los Estados miembros), pero colaboran entre sí en determinados aspectos y con variable grado de compromiso. La confederación implica un entramado institucional, más o menos complejo y sofisticado, con capa-cidad, también variable, para obligar a los Estados miembros en determi-nados ámbitos. En la actualidad no hay muchos ejemplos de este tipo de organización territorial de la convivencia política. Sirvió de precedente para la constitución de Estados federales, como ocurrió con las 13 Colonias nor-teamericanas o con los cantones suizos.

La Unión Europea constituye (especialmente desde la firma del Acta Única y del Tratado de Maastrich, en 1987 y 1992, respectivamente) una for-ma peculiar de articulación territorial del poder político. Se trata de una especie de confederación en la que los Estados miembros han decidido crear instituciones (Comisión, Parlamento y Tribunal de Justicia) cuyas resolu-ciones les obligan, sin que los Estados puedan oponer plenamente su sobe-ranía en determinados ámbitos. La cesión de la sobesobe-ranía de los estados miembros a la Unión en determinados aspectos, que tienden a ser paulati-namente ampliados, es un aspecto singular que determina el carácter abier-to de un proceso integrador en proceso de construcción.

La intensificación de la cooperación y el establecimiento progresivo de mayores vínculos e imbricaciones entre los Estados miembros ha evolucio-nado desde la inicial cooperación económica y militar, pasando por el des-mantelamiento de las barreras arancelarias entre los países, el estableci-miento de una política agrícola y de comercio exterior común, las medidas

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para suprimir los controles en las fronteras para bienes y personas, así como las barreras fiscales, hasta llegar al establecimiento de una moneda única, y los proyectos de establecer una política exterior y de seguridad común, y la cooperación en materia judicial y asuntos interiores. En ese pro-ceso abierto los Estados han ido cedido parte de sus competencias soberanas para alcanzar esta diversidad de objetivos, avanzando hacia un modelo que se ubica entre el Estado federal y la confederación de Estados. No faltan voces que demandan que ese proceso abierto termine en una estructura federal, en la que se integren los Estados miembros.

4. SISTEMA ELECTORAL Y ELECCIONES

Las elecciones son uno de los acontecimientos políticos más importantes que pueden darse en un sistema político democrático: suponen la ocasión en la que todos los ciudadanos (mayores de edad) tienen la ocasión de partici-par, ordenada y formalmente, en la determinación del futuro del sistema político. La mayoría de las instituciones de este tipo de sistemas son confi-guradas, directa o indirectamente, a partir de un proceso electoral, esto es, de la manifestación expresa de la voluntad política de sus ciudadanos.

Es el mejor mecanismo (desde luego, no el único) del que se han dotado los sistemas políticos para trasladar demandas ciudadanas a las institucio-nes, estando representados en ellas los plurales intereses sociales, de mane-ra que los electores sientan que están —indirectamente— presentes en ellas. Al tiempo, ese proceso vincula a los ciudadanos con el sistema político y a éste con los ciudadanos: genera lazos y goznes que implican al ciudadano en las instituciones y en los procesos políticos, reforzando valores compartidos o haciendo que se compartan nuevos, y coadyuvando, en definitiva, a la integración social y política de los individuos de la comunidad. Los ciuda-danos se sienten parte de un colectivo y la mejor manera de afirmarlo es par-ticipar en los procesos en los que se eligen a sus representantes en las insti-tuciones que habrán de dirigir su futuro común, mostrando su respaldo a ese entramado institucional del que forman parte.

En este sentido, las elecciones desempeñan diversas funciones en el sis-tema político, que tradicionalmente se han agrupado en torno a los tres cometidos que se han mencionado sintéticamente en el párrafo anterior: pro-ducir gobierno, generar representación y crear legitimidad.

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Por ello, uno de los elementos más importantes de un sistema político es el sistema electoral, que ha sido definido como el «conjunto de normas, técnicas, procedimientos que rigen el proceso por el que la voluntad política de los ciudadanos se manifiesta en votos, y éstos son transformados en dis-tribución de autoridad gubernamental (normalmente escaños parlamenta-rios) entre las fuerzas políticas contendientes» (Rae, 1971: 14). Se trata, en breves palabras, del instrumento institucional que sirve para articular la voluntad ciudadana en votos y transformar éstos en escaños.

Se ha discutido mucho acera de la cuestión de los efectos de los sistemas electorales desde que Duverger (1972: 252 [e.o. de 1963]) distinguiera entre efectos mecánicos y efectos psicológicos. Los primeros se manifiestan sobre el sistema de partidos y al transformarse los votos en escaños: consisten en la sobre o infrarrepresentación de determinados partidos, esto es, en que se les confiriera mayor o menor porcentaje de escaños que el que les correspon-dería, en estricta proporcionalidad, a su porcentaje de voto, en virtud de que sean las (dos) fuerzas más votadas o de que ocupen posiciones tercera o infe-riores en las preferencias agregadas de los electores, respectivamente. Los efectos psicológicos se dan sobre los ciudadanos y las elites políticas, impli-cando una modificación de su comportamiento en atención a los efectos (mecánicos) que anticipan se derivarán del sistema electoral. De esta forma, aparece el fenómeno del voto útil o estratégico, que consiste en que los ciu-dadanos partidarios de una formación política que no tiene muchas posibi-lidades reales de lograr representación optan por una fuerza política de la que no se sienten tan cercanos, pero que sí tiene posibilidades efectivas de hacerse con un escaño. De esa forma, entienden, su voto no se desperdicia. También puede afectar a las elites políticas que intenten evitar o sacar pro-vecho de los efectos mecánicos del sistema electoral evitando escisiones y propiciando coaliciones preelectorales.

Más recientemente, Sartori (1994: 32 ss.) ha hablado, en el mismo senti-do, de efectos reductores (reductive) y efectos restrictivos (constraining), según se den sobre el sistema de partidos o sobre los votantes, clasificando los sistemas electorales en un continuo en cuyos polos estarían los sistemas débiles y los sistemas fuertes, en atención a las consecuencias que produzcan sobre uno y otros.

En todo caso, la desproporcionalidad que un sistema electoral genera al transformar los votos en escaños es una cuestión de grado: todo sistema

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elec-toral, incluidos los más proporcionales como el holandés, el israelí o el ale-mán, da lugar a algún tipo de desproporcionalidad. El problema es analizar cuánta desproporcionalidad se genera y en qué ámbito (el conjunto del sis-tema o en algunos de sus distritos). Ello nos permitirá clasificar adecuada-mente el sistema electoral como mayoritario o como proporcional.

Todo sistema electoral implica una opción acerca del principio de repre-sentación que se desea asumir: ¿se quiere primar la estabilidad guberna-mental y la gobernabilidad del sistema construyendo mayorías artificiales o manufacturadas pero estables y que propicien que un partido pueda gober-nar sin depender del apoyo de otras fuerzas políticas (lógica de la goberna-bilidad)? ¿o se prefiere optar por un principio de representación más pro-porcional en virtud del cual la distribución de fuerzas en la cámara suponga una réplica, a pequeña escala, pero lo más fiel posible, del apoyo que cada partido ha obtenido en las urnas (lógica de la representación)? Se trata de una decisión política que dará lugar a que el sistema electoral resultante esté más cerca de los mayoritarios (o fuertes, en la terminología de Sartori), o más próximo a los proporcionales (o débiles). En todo caso, la variable que en mayor medida explica la configuración resultante del reparto de escaños es la distribución del voto entre los diversos partidos.

Los principales elementos de un sistema electoral son: el tamaño de la asamblea (su número de escaños), la dimensión del distrito electoral (núme-ro de escaños que se reparten en su seno), la fórmula electoral, la estructura del voto (tipo de voto y forma de la candidatura) y la cláusula legal o barre-ra de exclusión.

La incidencia que tiene el número de escaños de la asamblea estará rela-tivizada por la magnitud de los distritos en los que esos escaños se distribu-yan entre los partidos. El distrito electoral es la unidad básica en la que se procede a la operación de transformar votos en escaños con independencia de lo que ocurra (en cuanto a la distribución de votos y de escaños) en el res-to de las unidades. Es el elemenres-to del sistema elecres-toral que mayor impacres-to tiene sobre la proporcionalidad, pudiendo condicionarla en mayor medida que el resto de elementos juntos (Taagepera y Shugart, 1989: 112). Cuanto mayor sea su magnitud o tamaño (entendiendo por tal el número de escaños que se reparten en su seno) menor será la desproporcionalidad. La determi-nación del tipo de distrito (uninominal o plurinominal), así como la forma en la que se establece el número de escaños que cada uno de ellos tiene

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atri-buido (en atención a criterios vinculados a la población, a la igualdad terri-torial, o a ambos tipos) será otra de las decisiones importantes a adoptar a la hora de establecer el sistema electoral.

La fórmula electoral es el mecanismo matemático utilizado para realizar la operación de transformar los votos en escaños. Las fórmulas pueden ser mayoritarias (de mayoría simple o de mayoría absoluta —normalmente, con éstas, la elección a dos vueltas)—, que atribuyen los escaños a los can-didatos que más votos obtienen (o lo hacen cuando la candidatura haya superado la mitad más uno de los votos) y proporcionales (de cociente o de divisor), que distribuyen los escaños en proporción a los votos que logra cada candidatura en el distrito correspondiente. La virtualidad de este elemento para la generación de efectos más o menos desproporcionales estará condi-cionada por el tamaño del distrito, ya que una fórmula proporcional puede dar lugar a considerables sesgos desproporcionales si se aplica en distritos de escasa magnitud.

La estructura del voto da cuenta, por un lado, del número de manifesta-ciones políticas que puede realizar el elector en el acto de la votación: voto único o voto múltiple (limitado o no). Por otro, la forma de la candidatura hacer referencia al tipo de candidatura (de candidato único o de lista, pudiendo ser, en este caso, de tres tipos: completa, cerrada y bloqueada, completa, cerrada y no bloqueada [con voto preferente], o, en tercer lugar, abierta o de sistema de panachage, dependiendo de las opciones que tengan los votantes para modificar las candidaturas que les presenten los partidos políticos o confeccionar las «suyas» propias). Han tendido a exagerarse los efectos que podrían derivar de este elemento, desconociéndose, en muchas ocasiones, el poco uso que hacen los electores de las posibilidades que el sis-tema electoral les ofrece de convertirse en selectores (allí donde se contem-plan esas posibilidades con unas listas no bloqueadas o «abiertas»).

La barrera legal o cláusula de exclusión consiste en un porcentaje de voto que se exige a las formaciones políticas para ser tenidas en cuenta en las ope-raciones de reparto de los escaños. Las consecuencias de esta cláusula depen-derán, en gran medida, de si el porcentaje mínimo está referido al total de voto del distrito o al del conjunto del territorio sobre el que se verifica la elección (en este caso, muchos partidos de ámbito regional o local quedarán excluidos, cuando de otro modo podrían tener posibilidades reales de acceder a un esca-ño). No obstante, la virtualidad de este tipo de cláusula estará condicionada

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