México Distrito Federal, dieciséis de junio de dos mil doce.

Texto completo

(1)

EXPEDIENTE: SDF-JDC-781/2012 ACTOR: EFRAÍN GÓMEZ ROJAS AUTORIDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ARANA MIRAVAL

SECRETARIO: ISMAEL ANAYA LÓPEZ

México Distrito Federal, dieciséis de junio de dos mil doce.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SDF-JDC-781/2012, promovido por Efraín Gómez Rojas, en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, a fin de controvertir la sentencia de ocho de mayo de dos mil doce, dictada en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano TEE/JDC/048/2012-1, y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De lo expuesto por el actor en su demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes:

1. Inicio de procedimiento electoral local. El primero de enero de dos mil doce, el Consejo Estatal del Instituto Electoral

(2)

de Morelos declaró el inicio del procedimiento electoral local dos mil doce, en el que se elegirá Gobernador, Diputados locales e integrantes de Ayuntamientos, todos de la mencionada entidad federativa.

2. Convocatoria. El cuatro de marzo de dos mil doce, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Morelos emitió convocatoria, para participar en el procedimiento interno de selección de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos de esa entidad federativa, entre otros, el correspondiente al Municipio de Yautepec.

3. Primer escrito de inconformidad. El nueve de marzo de dos mil doce, Efraín Gómez Rojas presentó, ante la Delegación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en Morelos, escrito que denominó de inconformidad, a fin de hacer del conocimiento que fue excluido de las reuniones que el Delegado del Comité Directivo Municipal del citado instituto político en Yautepec sostuvo con los aspirantes a candidatos a Presidente Municipal de esa localidad; asimismo, expuso que algunos aspirantes al mencionado cargo de elección popular seguían en funciones como servidores públicos.

4. Solicitud de registro. El quince de marzo de dos mil doce, Efraín Gómez Rojas presentó, ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Morelos, solicitud de registro como precandidato a Presidente Municipal de Yautepec, en el aludido estado.

5. Segundo escrito de inconformidad. El diecinueve de marzo de dos mil doce, Efraín Gómez Rojas presentó, ante el

(3)

Consejo Estatal del Instituto Electoral de Morelos, escrito al que denominó recurso de inconformidad e impugnación, a fin de controvertir diversos actos vinculados con el procedimiento llevado a cabo por el Partido Revolucionario Institucional, para elegir al candidato a Presidente Municipal de Yautepec, en la aludida entidad federativa.

6. Remisión del segundo escrito de inconformidad. Mediante oficio IEE/SE/193/2012 de fecha veinte de marzo de dos mil doce, recibido en la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en Morelos el mismo día, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal del Instituto Electoral en esa entidad federativa, remitió el escrito precisado en el numeral que antecede, para que resolviera lo que en Derecho procediera.

7. Tercer escrito de inconformidad. El veintiocho de marzo de dos mil doce, Efraín Gómez Rojas presentó, ante la Delegación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en Morelos, escrito por el cual hizo del conocimiento que no era verdad que solamente se registró un precandidato a Presidente Municipal de Yautepec, en esa entidad federativa; asimismo, se inconformó de las actuaciones del Presidente de la Comisiones Estatales de Procesos internos y de Justicia Partidaria, ambas del aludido partido político en ese Estado.

8. Cuarto escrito de inconformidad. El nueve de abril de dos mil doce, Efraín Gómez Rojas presentó, ante el Comité Directivo Estatal de Partido Revolucionario Institucional en Morelos, escrito por el cual solicitó, entre otros puntos, la cancelación del registro de Julián Abarca Toledano o Julián

(4)

Abarca R., como precandidato a Presidente Municipal de Yautepec, en la mencionada entidad federativa.

9. Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano local. El veinticuatro de abril de dos mil doce, Efraín Gómez Rojas presentó, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano local, a fin de controvertir la omisión de respuesta a los escritos que se han precisado en los numerales tres, cinco, siete y ocho, de este resultando.

El aludido medio de impugnación estatal quedó radicado, ante el citado Tribunal Electoral, con la clave de expediente TEE/JDC/048/2012-1.

10. Informe de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en Morelos. Por escrito de veintinueve de abril de dos mil doce, recibido en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, el Presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en esa entidad federativa rindió, en cumplimiento al requerimiento formulado por ese órgano jurisdiccional electoral local, informe circunstanciado en el juicio ciudadano estatal promovido por Efraín González Rojas; asimismo, remitió el documento identificado como “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS”, de la resolución dictada en la inconformidad promovida por el citado ciudadano.

11. Sentencia impugnada. El ocho de mayo de dos mil doce, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de

(5)

Morelos dictó sentencia en el juicio precisado en el numeral nueve de este resultando.

La parte conducente de la sentencia impugnada, es al tenor siguiente:

SEGUNDO.- Improcedencia por falta de materia. Este Tribunal Colegiado considera que en el presente juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, se actualiza el sobreseimiento previsto en el artículo 336 fracción III del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que el medio de impugnación ha quedado sin materia.

El artículo 336 fracción III del ordenamiento legal antes invocado, prevé que procede sobreseer el medio de impugnación promovido, cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o resolución impugnada, de tal manera que quede totalmente sin materia el respectivo medio de impugnación.

De lo anterior, es de enfatizar que el legislador local al señalar los términos “autoridad electoral”, debe interpretarse en sentido amplio y no de manera literal; toda vez que en términos del artículo 298, fracción II, del código de la materia, señala como partes a la autoridad que será el organismo electoral que realice el acto o que dicte la resolución que se impugna; de tal forma, que al tratarse de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, los órganos internos intrapartidista responsables, adquieren tal carácter; lo anterior es así, ya que como es sabido el juicio ciudadano procede en contra de los actos o resoluciones de las autoridades electorales administrativas, y dicha procedencia se da cuando se ven afectados los derechos político electorales del ciudadano, con motivo del ejercicio de derechos de los partidos políticos o coaliciones, respecto a sus órganos de dirección, por tanto, los órganos internos partidarios, de igual forma deben tener el carácter de órganos responsables.

Una vez precisado lo anterior, el sobreseimiento procede en el medio de impugnación promovido, cuando el órgano interno partidista responsable modifique o revoque el acto o resolución impugnada, de tal manera que quede totalmente sin materia el respectivo medio de impugnación.

Cabe mencionar que el citado sobreseimiento contiene dos elementos:

(6)

1.- Que el órgano interno partidista responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque,

2.- Que tal decisión genere, como efecto inmediato y directo, que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, antes de que se dicte resolución o sentencia en el juicio o recurso respectivo.

Sin embargo, sólo el último componente es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental, en tanto que el segundo es sustancial, es decir, lo que produce en realidad el sobreseimiento es el hecho jurídico de que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, en cambio, la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es sólo el medio para llegar a esa situación jurídica.

Es pertinente señalar que el proceso tiene por finalidad resolver una controversia respecto de intereses de trascendencia jurídica, mediante una sentencia, que debe emitir un órgano del Estado, autónomo e imparcial, dotado de facultades jurisdiccionales. Esta sentencia, como todas, se caracteriza por ser vinculatoria para las partes litigantes.

Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia y por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la etapa de instrucción del juicio, la cual tiene el carácter de fase de preparación de la sentencia.

Asimismo, pierde todo objetivo el dictado de una sentencia de fondo, es decir, la que resuelva el litigio o controversia de intereses jurídicos.

Ante esta situación lo procedente, conforme a Derecho, es dar por concluido el juicio o proceso, mediante el dictado de una sentencia de sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida.

Ahora bien, aun cuando en los juicios que en materia electoral se promueven, para controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que ha tipificado expresamente el legislador, que es la revocación o modificación del acto o resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso, como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también se debe considerar el sobreseimiento en comento.

(7)

Lo anterior, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 34/2002, mismo que a la letra dice:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El

artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la

autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del

precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de

dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso

jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de

Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la

admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del

proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en

materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.

Como se puede advertir, en el texto de la tesis en consulta se precisa que la razón del mencionado sobreseimiento se concreta y justifica precisamente al faltar la materia del

(8)

proceso, lo cual vuelve ocioso y completamente innecesario iniciar o continuar la instrucción del juicio electoral promovido. En la especie, el acto reclamado por el promovente consiste en la negativa del Partido Revolucionario Institucional, de dar respuesta a diversos escritos, de parte del Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Estatal de Justicia Partidaria y Comité Directivo Estatal, todos del Partido Revolucionario Institucional, de fecha nueve, diecinueve y veintiocho de marzo y nueve de abril de la presente anualidad. Ahora bien, de los escritos que alude el actor de los cuales fueron omisos en dar respuesta los órganos internos partidistas del Partido Revolucionario Institucional, se advierte que las pretensiones del enjuiciante son idénticas, al existir una vinculación entre sí, como a continuación se expone:

A) Escrito de fecha nueve de marzo del dos mil doce, dirigido al Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en el cual el promovente, solicita:

“Con fecha 4 de marzo del año en curso se publico por internet la convocatoria emitida por el partido Revolucionario Institucional (PRI) por conducto de su comité directivo estatal, el día 6 del mismo mes y año. Asistí a las oficinas correspondientes para hacer del conocimiento y registrarme como aspirante a la presidencia municipal de este mi municipio que es Yautepec. Se supone señor delegado que a partir de esa fecha todos los que aspiramos podríamos tener reunión si así lo considerase. El Sr. Fernando Figueroa Nájera Delegado Especial designado por el Comité Directivo Estatal en este municipio. Cosa que no ha sido en ese sentido, ya que el delegado en mención se ha reunido en dos o tres ocasiones antes de la convocatoria para tomar acuerdos diferentes aspirantes y yo fui excluido de esas reuniones. Pero hasta este momento he sido respetuoso de los tiempos para pronunciarme como aspirante.

[…]

Además me inconformo también porque los priistas Julián Abarca Toledano y Jovita Herrera Gutiérrez se siguen desempeñando como diputados activos en el congreso local, así como el ciudadano Miguel Ángel Quiroz Maldonado que sigue funcionan como Secretario del H. Ayuntamiento que preside el ciudadano Humberto Segura Guerrero, en los tres casos debería de haber pedido licencia en sus respectivos ya que con esta actitud están violentado el artículo 33 de la Constitución de los Estado Unido Mexicanos.”

B) Escrito de fecha diecinueve de marzo del dos mil doce, dirigido al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal, y en la cual el actor refiere:

El día 4 de marzo del año en curso se publico la convocatoria a nivel estado emitida por el partido Revolucionario Institucional (PRI) para la elección de los candidatos a presidentes municipales en todos los municipios que conforman el estado de Morelos. La convocatoria estableció que la fecha de registro de aspirantes seria el jueves 15 del mes en curso.

[…] el día 9 de marzo acudí a las oficinas estatales del PRI a presentar un recurso de inconformidad (anexo copia del oficio) ante el

(9)

ciudadano Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional (PRI), en donde hago mención de la violación a la convocatoria por parte del Delegado Fernando Figueroa Nájera y violentando el artículo 125 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Los ciudadanos Julián Abarca Toledano y Jovita Herrera Gutiérrez, así como el ciudadano Miguel Ángel Quiroz Maldonado violentando el artículo 125 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, puesto que para aspirar a una candidatura de elección popular debieron pedir licencia con anticipación para poder participar en el proceso interno.

Me inconformo y solicito la impugnación de la constancia que acredita el ciudadano Julián Abarca Toledano como candidato único a la presidencia municipal de Yautepec de Zaragoza, ya que cuento con el documento que acredita mi registro como candidato a la Presidencia del Municipio de Yautepec de Zaragoza por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI firmado por la responsable de la mesa receptora la ciudadana Mirna Benítez el día 15 de marzo del año en curso a las 15:30 hrs. (anexo copia del documento que acredita mi registro). En base a lo anterior, pido que se tome en consideración mi petición ya que yo me registre antes de ciudadano Julián Abarca quien llego cinco minutos antes de las 16 horas, al límite que había fijado la comisión receptora de documentos.

Tratándose de un tercer interesado, estoy presentando mi inconformidad ante Usted, por no estar de acuerdo con las anomalías que se presentaron en este proceso, violentado la base octava de la convocatoria emitida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la elección de los candidatos a presidentes municipales, el día 4 de marzo del 2012; donde sus puntos son claros y concisos y no hay porque violentarlos cuando los actos se apegan a derecho. […]

C) Escrito de fecha veintiocho de marzo del dos mil doce, dirigido al Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, y en el cual el promovente alude:

“1) Después de haberme registrado el 15 de marzo como lo marcaba la convocatoria para aspirantes a la presidencia municipal y de haberme registrado con el respaldo del sector campesino (CNC). […]

3) En consecuencia me inconforme en tiempo y forma el día 19 de marzo del 2012 al Instituto Electoral Del Estado De Morelos, pero por instrucciones del Ing. Oscar Garant Herrera consejero presidente del consejo estatal electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos. El C. Lic. José Enrique Pérez Rodríguez secretario ejecutivo del consejo estatal electoral. Turno el oficio y mi documentación a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional que preside el Lic. Manuel Gómez V. funcionario del nivel que sean.

[…]

Me inconformo y protesto la manera de actuar del presidente de procesos internos del partido revolucionario institucional, así como del presidente de justicia partidaria del mismo instituto político (PRI) Lic. Manuel Gómez V. puesto que en la oficialía del Lic. Manuel Martínez Garrigos presidente estatal del PRI […]

(10)

Lo que hago de su conocimiento señor Delegado Joaquín Ernesto Hendricks puesto que usted ya se ha de haber dado cuenta de la inconformidad de una buena cantidad de priistas por los desatinos cometidos en el proceso de elección.

[…]

D) Escrito de fecha nueve de abril del dos mil doce, dirigido al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, y en el cual refiere el actor:

1) Mi inconformidad con el propósito de manifestarle que desde el término que paso el registro de aspirantes a precandidatos a presidente municipal del municipio de Yautepec, que se llevó a efecto el 15 de marzo de 2012, y que violando fraganti el artículo 27 fracción IV del reglamento de impugnación de nuestro partido (PRI) […] […]

3) Sigo impugnando porque a la fecha después de haberme dirigido al Ing. Oscar Garant Herrera Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral que me notifico que mis documentos fueron entregados al Lic. Manuel Gómez Vázquez, firmando de recibido el 21 de marzo de 2012 y este Señor Licenciado es el Presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, y hasta la fecha no he recibido respuesta, por lo cual eso es motivo de mi inconformidad expresa y violatoria a la vez del derecho de un ciudadano partidario de nuestra institución que ni siquiera se han designado en tomar en cuenta mi carrera partidaria como lo demuestro con mi curricula.

4) Sigo impugnando e inconformándome con el carácter del precandidato como lo he mencionado y no he encontrado respuesta alguna como lo demuestro en el cuerpo del oficio recibido por los: CC. Delegado del CEN del PRI, Presidente de la Comisión de procesos internos, CNC Morelos, Comité Directivo Estatal del PRI CNOP y Morelos , con fecha 28 de marzo del 2012. Como lo acredito con la respectiva copia.

5) Estoy solicitando a usted, como Presidente del Comité Estatal del PRI, porque por su conducto usted les haga llegar esta queja e impugnación al C.C. Presidente de la Comisión de Procesos Internos, y al Presidente de la Comisión de Justicia Partido que cancelen el registro del C. Julián Abarca Toledano.

[…]

De los escritos presentados ante los órganos internos partidistas responsables, se advierte que las pretensiones del promovente, son análogas, y que en esencia, son las siguientes:

1) Que el día nueve de marzo del presente año acudió a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional a presentar un recurso de inconformidad ante el Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional, en donde menciona la violación a la convocatoria por parte del Delegado Fernando Figueroa Nájera, al reunirse en dos o tres ocasiones para tomar acuerdos con diferentes aspirantes y el fuera excluido de estas reuniones.

(11)

2) Que los ciudadanos Julián Abarca Toledano y Jovita Herrera Gutiérrez, y Miguel Ángel Quiroz Maldonado violentaron el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no solicitaron licencia con anticipación para poder participar a una candidatura de elección popular en el proceso interno.

3) Que el actor se registró como candidato a la presidencia municipal de Yautepec, el día quince de marzo del dos mil doce, con el respaldo del sector campesino; por lo que el ciudadano Julián Abarca Toledano no es el único que se registró.

4) Que se violentó la base octava de la Convocatoria emitida por el Partido Revolucionario Institucional para la elección de los candidatos a presidentes municipales emitida el cuatro de marzo del dos mil doce.

Como se advierte de las pretensiones señaladas, el actor en varias ocasiones reitera su molestia consistente en diversas violaciones a la convocatoria para participar a la candidatura a presidente municipal de Yautepec, Morelos, por lo que interpone en diversos escritos sus inconformidades e incluso presenta recurso de queja o inconformidad.

En esta tesitura, se advierte en la instrumental de actuaciones que el promovente presentó el día diecinueve de marzo del presente año, recurso de inconformidad e impugnación ante el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, remitiendo dicho medio de impugnación mediante oficio número IEE/SE/193/2012 de fecha veinte de marzo del dos mil doce a la Comisión Estatal de Justicia Partidiaria del Partido Revolucionario Institucional para efecto del trámite correspondiente, como consta a fojas de la 23 a la 25.

En estas circunstancias, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria Revolucionario Institucional, mediante informe justificativo rendido el veintinueve de abril del dos mil doce, refiere que respecto del recurso de inconformidad e impugnación interpuesto por el actor, procedió al análisis de la misma, determinando que no cumplió con lo exigido en las fracciones I y II del artículo 18 del Reglamento de Medios de Impugnación del Partido de referencia, puesto que lo presentó y lo dirigió ante una instancia que no le correspondía, y aunque con ello no interrumpió la prescripción, sin embargo, aún si fuera así, por la fecha en la que fue interpuesto su escrito, ya estaba fuera de tiempo para hacerlo valer, razón por que a la Comisión citada ya no le fue posible admitir el escrito de inconformidad para su trámite correspondiente.

De tal forma que la Comisión de Justicia de mérito, en términos del artículo 23 fracción II del Reglamento de Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional procedió a

(12)

desechar el recurso de inconformidad e impugnación presentado por el hoy actor por no haberse cumplido con las formalidades exigidas en la normatividad, como es el caso, de que el promovente no presentó su medio de impugnación dentro del plazo legal, como lo prevé el artículo 16 del Reglamento antes referido.

Determinación que le fue notificada al promovente, mediante cédula de notificación por estrados, a las nueve horas del día veintitrés de marzo del dos mil doce, en virtud de no haber proporcionado domicilio procesal dentro de la jurisdicción de esa Comisión Estatal de Justicia, tal y como lo dispone el artículo 39 del reglamento mencionado, que en caso de que los promoventes o comparecientes omitan señalar domicilio, éste no resulte cierto o se encuentre fuera de la ciudad en la que tenga su sede la Comisión de Justicia Partidaria respectiva, la notificación se practicará por estrados, probanza que consta en autos a foja 127.

Como se desprende, el Partido Revolucionario Institucional a través de su Comisión Estatal de Justicia Partidaria, dio respuesta al escrito relativo al recurso de inconformidad e impugnación presentado por el ciudadano Efraín Gómez Rojas, el día diecinueve de marzo de la presente anualidad.

Ahora bien, si bien es cierto que los escritos de fecha nueve, veintiocho de marzo y nueve de abril del presente año, no dieron contestación a los mismos, también lo es que las pretensiones que refiere el promovente en los ocursos mencionados, tienen vinculación entre sí, puesto que como ha quedado precisado en líneas anteriores, el enjuiciante informa a los órganos internos partidistas -Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Estatal de Justicia Partidaria y Comité Directivo Estatal- le resuelvan sobre actos que considera que fue objeto de violación para la procedencia de su registro como candidato a Presidente Municipal de Yautepec, también lo es, que las pretensiones enunciadas por el actor, por ser análogas, se deben tener por contestadas, en virtud de que en su momento procesal oportuno fuera resuelta por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, el día veintitrés de marzo del año dos mil doce, y notificado en los estrados de esa Comisión, en esa misma fecha.

Órgano interno partidista que conforme a sus atribuciones y facultades que le son conferidas en los artículos 211, 214, fracción XII de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento de Medios de Impugnación del partido referido, es la instancia idónea para conocer y resolver con plena jurisdicción sobre las controversias que se presenten en la postulación de candidatos, de ahí que las pretensiones aludidas por el

(13)

promovente fueron ya atendidas por el Partido Revolucionario Institucional, por tener vinculación entre sí.

En estas circunstancias, es inconcuso que la causa de pedir del actor quedó satisfecha, al quedar plenamente acreditado que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, como órgano competente de conocer, substanciar y resolver la controversias internas del partido revolucionario institucional, concernientes a procesos internos para elegir dirigentes y postular candidatos a cargos de elección popular, se pronunció y resolvió el escrito de informidad e impugnación presentado por el actor el día diecinueve de marzo del dos mil doce, de manera que, al no subsistir ya el objeto de esta controversia, el juicio en que se actúa ha quedado sin materia.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Colegiado considera que el presente medio de impugnación debe decretarse el sobreseimiento previsto en el artículo 336 fracción III del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Por lo expuesto, fundado y motivado, y de acuerdo con los artículos 295 fracción II inciso c), 297, 304, 313, 336, 339 y 342, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 78 del Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos; se

R E S U E L V E

ÚNICO.- Se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, por actualizarse el artículo 336, fracción III, del código local de la materia, promovido por el ciudadano Efraín Gómez Rojas, en su calidad de militante del Partido Revolucionario Institucional, en términos del Considerando Segundo de la presente sentencia.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El doce de mayo de dos mil doce, Efraín Gómez Rojas presentó, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de controvertir la sentencia precisada en el numeral once del resultando que antecede.

(14)

III. Remisión y recepción de expediente en Sala Regional. Mediante oficio TEE/MP/073-12 de fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el mismo día, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos remitió la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Efraín Gómez Rojas, el respectivo informe circunstanciado y demás documentación atinente a la sentencia impugnada.

IV. Turno. Mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil doce, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional acordó integrar el expediente SDF-JDC-781/2012, con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Efraín Gómez Rojas.

En su oportunidad, el expediente al rubro indicado fue turnado a la Ponencia del Magistrado Eduardo Arana Miraval, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicación. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil doce, el Magistrado Eduardo Arana Miraval acordó la radicación, en la Ponencia a su cargo, del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que motivó la integración del expediente SDF-JDC-781/2012, para los efectos procedentes.

VI. Admisión. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil doce, al no advertir la actualización de alguna causal de improcedencia y considerar satisfechos los requisitos de procedibilidad del medio de impugnación al rubro indicado, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda de juicio

(15)

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado al rubro.

VII. Cierre de Instrucción. Por no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, mediante proveído de quince de junio de dos mil doce, el Magistrado Eduardo Arana Miraval declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en Estado de resolución, ordenando formular el respectivo proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro identificado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), 195, fracción IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1, y 83, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido para controvertir una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional electoral local, relacionada con el procedimiento interno de un partido político, para elegir candidato a Presidente Municipal en Yautepec, Morelos, elección y entidad federativa en la que esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral .

(16)

SEGUNDO. Suplencia por la deficiente expresión de conceptos de agravio. Previo al análisis de los argumentos aducidos por el ciudadano demandante, cabe precisar que al resolver un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, las Salas de este Tribunal Electoral deben suplir la deficiencia en que hubiere incurrido el actor al expresar sus conceptos de agravio, como lo ordena el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En consecuencia, la regla de la suplencia se aplicará al dictar esta sentencia, siempre que se advierta la existencia de agravios, de la narración de hechos contenida en la demanda respectiva, de lo cual se pudieran deducir claramente los correspondientes conceptos de agravio.

Así, se debe analizar cuidadosamente la demanda correspondiente, a fin de atender, en cada caso, a lo que quiso decir el demandante y no a lo que expresamente dijo, con el objeto de determinar, con mayor grado de aproximación, la verdadera intención de los enjuiciantes, ya que sólo de esta forma se puede lograr una correcta impartición de justicia en materia electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, contenido en la jurisprudencia identificada con la clave 04/99, consultable en la Compilación 1997 – 2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, Jurisprudencia, página cuatrocientos once, con el rubro y texto siguientes:

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS

(17)

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.- Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

TERCERO. Conceptos de agravio. Del escrito de demanda presentado por el actor, que motivó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado al rubro, se advierte que expresa los siguientes conceptos de agravio:

AGRAVIOS

PRIMERO.- Me causa agravio la resolución por el que se me sobresee el Juicio para la protección de los derechos Políticos Electorales del Ciudadano en contra del Registro de Candidatos para la integración de los 33 Municipios que contendrá en el presente Proceso Electoral Ordinario del año 2012, y en especifico lo señalado en el resolutivo "ÚNICO, se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, por actualizarse el artículo 336, fracción III, del Código local de la materia, promovido por el ciudadano Efraín Gómez Rojas, en su calidad de militante del partido Revolucionario Institucional, en términos del considerando segundo de la presente sentencia" violentando el principio de legalidad que debe observarse la autoridad jurisdiccional en todos sus actos.

Lo anterior es así, en virtud de que el razonamiento de la autoridad señalada como responsable en su considerando segundo nos dice que hay una causal de improcedencia por falta de materia por el artículo 336, fracción III, del Código Electoral del Estado de Morelos, cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o resolución impugnada, por lo que la autoridad le da la categoría de autoridad electoral a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, y uno de sus argumento fue la

(18)

falta de domicilio dentro de su jurisdicción es decir dentro de la ciudad de Cuernavaca para recibir notificaciones motivo por el que la autoridad partidaria estimo notificarme por estrados negándome al suscrito el acceso a la justicia, en particular a la protección de derechos fundamentales como lo es en el presente el derecho de ser votado.

Más aun la notificación realizada por estados es útil e insuficiente culminar con la exigencia de que tenga que tener domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del estado para poder acceder a la protección de los derechos políticos electorales, pues este requisito limitaría a todo ciudadano que no tenga acceso a un domicilio en la capital, con lo que más del 65% de los ciudadanos que viven en esta Entidad Federativa quedarían excluidos del medio de protección a derechos fundamentales como lo es el de votar y ser votado.

Bajo ese señalamiento es de mencionar que la autoridad responsable convenientemente realiza extremadamente literal de la norma no obstante que la consecuencia natural que el suscrito que efectivamente no proporcione domicilio en la capital del estado pero si puse en cada escrito mi número telefónico, como mi celular así como mi correo electrónico por lo que es inverosímil que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, no me pudo notificar personalmente sino por medio de los estrados de la misma comisión por lo que la única consecuencia es que el suscrito se pudiera defender a efecto de no transgredir mi derecho de audiencia y defensa e incluso definirla por virtud de los estrados, utilizando de forma supletoria lo previsto en el artículo 27, párrafo VI, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral atendiendo el principio de supremacía constitucional a efecto de proteger un derecho fundamental como lo es el derecho a ser votado y segundo salvaguardar mi derecho de audiencia y defensa que en si transgrede la propia norma al no brindar la importancia necesaria a un acuerdo que prevengan al suscrito afecta directamente no solo el derecho de audiencia y defensa sino además el derecho fundamental a ser votado. Ilustra lo anterior la siguiente tesis identificada con el número IV. 2o. T. 61 L de la novena época

La formalidad del procedimiento una de las garantías es la de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consistente en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumpla las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesaria para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1).- La notificación del inicio del procedimiento y sus

(19)

consecuencia; 2).- La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3).- La oportunidad de alegar; 4).- El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas de no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del suscrito, es preciso enfatizar que la garantía de audiencia de todo individuo o gobernado implica dar seguimiento a cada una de las formalidades esenciales del juicio, esto es que la Comisión violo en mi perjuicio los requisitos esenciales lo que avalo la autoridad responsable donde esta da por hecho que la Comisión fijo en sus estrados, lo cual es en mi perjuicio al no ser debidamente notificado ya que se desconoce si en verdad la publicación de estrados fue realizada o no ya que el Presidente de dicha Comisión tiene la facultad por Ley tener fe pública para dar por hecho que efectivamente se cumplió con lo que se presento.

En ese sentido el ilegal sobreseimiento del Tribunal responsable debió tener por cumplido los requisitos de procedencia que se analizara, en virtud de que es obligación de los órganos del Estado cumplir con la garantía de acceso a la justicia, o bien, derecho a la tutela judicial o a la jurisdicción, consignado en los artículos 41, fracción IV; 99. fracción V, y 116, fracción IV, inciso d), en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución federal, porque la finalidad esencial de la función judicial es que los tribunales deben estar expeditos para impartir justicia y resolver, en forma definitiva y firme, así como de manera pronta, completa e imparcial, el medio de impugnación de que se trate, como un derecho de carácter instrumental sencillo, rápido y efectivo que permita controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos u omisiones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votados, así como velar por la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, por medio del voto libre, secreto, directo y universal, así como intransferible y personal, según se establece también en los artículos 35, fracción I; 41, párrafo segundo, fracción I. segundo párrafo, y 116, párrafo 2, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, no existe una prescripción especifica que imponga una obligación en contrario a los comparecientes o actores, esto es, de presentar el escrito de inconformidad con formalidades sacramentales como lo pretende la Comisión Partidista y en base a esto el tribunal responsable, pues de acuerdo con el principio de legalidad electoral, es claro que no se debe llegar a una conclusión que impida el acceso a la tutela jurisdiccional electoral como lo hace el tribunal responsable, sin que ello obste para que se llame a las autoridades responsables para la tramitación, en tiempo y forma, del medio de impugnación y correspondiente publicitación para efectos de que comparecieran los terceros interesados o candidatos que deban deducir un derecho en el

(20)

proceso, además de la oportunidad para que aquéllas rindan el informe circunstanciado de ley.

Ahora bien, la supuesta notificación del desechamiento por falta de termino debió de haber sido de manera personal toda vez que en los escrito de mérito siempre estuvo mi dirección, teléfono y correo electrónico y una vez desahogada por cualquier medio de los que estaban en los escritos, sin que ninguna de las autoridades del partido tuviera la delicadeza de contestarme ninguno de mis escritos, ya que lo único que provocó el tribunal responsable es dejarme en total estado de indefensión, violando con ello el principio de legalidad y certeza contenidos en el artículo 41 y 116 fracción IV de la Constitución General de la República.

Lo anterior es así, ya que de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. empleando la definición ofrecida por el ilustre Maestro Rafael de Pina Vara, la notificación es el acto mediante el cual, de acuerdo con las formalidades previstas, se hace saber de una resolución judicial o un acto administrativo a la persona que se le reconoce como interesada en su conocimiento o se le requiere para que cumpla con un acto procesal. Su objetivo es trascendental en todas las diferentes actuaciones de las autoridades administrativas con los particulares, primordialmente, hacer del conocimiento de la existencia y contenido de un acto autoritario a su destinatario, situación que abre una serie de procedimientos, judiciales o administrativos, tanto como para el particular como para la autoridad emisora, tomando en cuenta la existencia de los términos legales para el ejercicio de sus derechos o cumplimento de sus obligaciones originadas en esos actos; por ejemplo, el derecho a interponer medios de defensa en contra del acto de molestia de que se trate.

Los anteriores actos son unos de los ejemplos más destacados para demostrar la importancia de las notificaciones, razón por las que el legislador prevé reglas bastantes claras, incluso ante la presencia de una omisión o imprecisión se han superado cabalmente por la interpretación ofrecida por la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación

Por lo tanto, a fin de darle mayor certeza al acto el requerimiento en cuestión realizado por el tribunal responsable las cuales deben estar presentes en el procedimiento de una notificación personal, tendiente a contar con una adecuada circunstaciación de los hechos, reuniendo los sucesos y los pormenores acaecidos durante esa diligencia, y se ven corroborados en los criterios interpretativos sustentados en las jurisprudencias que a continuación se invocan:

Registro No. 800020 Localización:

(21)

Instancia Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación X. Agosto de 1992

Página: 590 Tesis: I. 30. A 85 K Tesis Aislada Materia(s): Común

NOTIFICACIONES. FORMALIDADES DE LAS. La notificación es el medio legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero el contenido de una resolución Un acto es procesalmente inexistente mientras no se haga del conocimiento de los interesados y, por tanto, ni les perjudica ni les beneficia; sólo desde el momento en que se practica la diligencia de la notificación comienza a correr el término para interponer los recursos que procedan, es por ello que la notificación tiene una importancia extraordinaria. Dentro de nuestro sistema procesal la notificación es un acto a cargo del órgano del Estado encargado de conocer determinado asunto y, como acto jurídico, está revestida de ciertas formalidades que deben cumplirse, su documentación integra un documento público Cuando se practica una notificación es necesario que el acto haga mención del cumplimiento cabal de todas las formalidades exigidas por la ley, porque es un principio que los instrumentos públicos deben probar su legalidad por sí mismos; y esto impone la necesidad de que la diligencia se ajuste estrictamente a los lineamientos establecidos por la ley, no por simple formulismo, sino porque es el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1623/91. Ramón Creay 30 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente. Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria. Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

De lo anterior se desprende que si las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación legal de notificar a un particular una resolución que afecta sus derechos en cualquier forma que ello sea, es claro que no puede estimarse que la notificación quede legalmente hecha con la solo mención de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI y la autoridad señalada como responsable lo da por hecho que así fue ya que esta le da la categoría de autoridad electoral. Sirve de apoyo lo que establece en la tesis jurisprudencial de Nuestro Máximo Tribunal;

No. Registro: 179,934 Tesis aislada

Materia(s): Administrativa Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004

Tesis: I.15o.A.4 A Página: 1330

DERECHO DE PETICIÓN. AL EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO A ESTA GARANTÍA, ES INDISPENSABLE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA.

Del artículo 8o. de la Constitución Federal y de los criterios jurisprudenciales que lo han interpretado, se desprende que en torno al derecho de petición deben actualizarse las siguientes premisas: la

(22)

existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Sobre esas premisas, es dable concluir que la notificación del acuerdo que recaiga a la solicitud formulada es uno de los elementos constitutivos del derecho público subjetivo en comento; lo que precisa en el juicio de amparo la necesidad de analizar la legalidad de la notificación que se realice para hacer del conocimiento del gobernado la respuesta de la solicitud, bastando para ello la simple argumentación en la demanda de garantías de que no se dictó tal determinación o que no se dio a conocer al solicitante. Se expone tal aserto, porque precisamente la omisión o indebida notificación de la contestación correspondiente, implica la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad contestó la petición formulada, en el entendido de que aun cuando se haya dictado la resolución respectiva, si ésta no fue notificada debidamente provoca, en principio, la creencia de la omisión de su dictado y, por ende, la falta de cumplimiento cabal del derecho de petición. En ese orden de ideas, basta que el quejoso alegue que no tiene conocimiento de la respuesta emitida para que el juzgador de amparo tenga la obligación de examinar si la contestación se emitió y fue notificada al peticionario; proceder este último que le impone, a su vez, el deber de examinar no solamente la existencia de la constancia de una notificación, sino también, si la notificación reúne las formalidades legales, esto es, los elementos jurídicos mínimos que determinan su existencia y el cumplimiento de su cometido, que es, sin lugar a dudas, hacer del pleno conocimiento del solicitante la determinación dictada respecto de su petición; de lo que se sigue que el juzgador de amparo está obligado a examinar que la relativa notificación haya satisfecho su cometido, sin que este examen implique que esté supliendo la deficiencia de la queja.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 25/2004. Director General Jurídico y de Gobierno en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, del Distrito Federal. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Ornelas.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 248, tesis 2a./J. 98/2004, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO." y Tomo VII, mayo de 1998, página 272, tesis la./J. 26/98, de rubro: "INCONFORMIDAD. NO PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO."

Asimismo, el requerimiento hecho por el tribunal responsable debe declararse nulo en virtud de que de los artículos transcritos respecto de las formalidades de las notificaciones cuando se trata de una resolución que afecta de manera inmediata y personal la esfera de sus derechos político electorales debió de practicarse una notificación personal, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:

(23)

a).- previamente, y como un presupuesto esencial, debe requerirse la presencia del interesado o su representante legal; b).- si no se encuentra al interesado o al representante, se les dejará citatorio para que esperen a una hora fija del día siguiente; y

c).- si la persona interesada, o el representante no esperan a la cita, la notificación se practicará con quien se encuentre en el domicilio.

De ello se desprende que una de las formalidades esenciales de ese tipo de notificaciones, es que se entiendan directamente con el interesado, o con su representante, y sólo en el evento de que no se encuentren en la fecha y hora precisados en el citatorio, procederá entender la diligencia con un tercero, circunstancias que deben hacerse constar de manera fehaciente en el acta respectiva, por tratarse de un elemento esencial de la diligencia, para lo cual es menester indicar con precisión la forma y términos en que se llevó a cabo el requerimiento de que se habla, así como las eventualidades que al respecto se conozcan en ese acto.

Luego, si la notificación personal se entendió con una tercera persona, y del acta relativa se desprende que contiene preimpresas cuestiones relacionadas con el requerimiento del representante y su ausencia, es inconcuso que deriva en una actuación ilegal, pues al emplearse un formato elaborado con antelación, surge la duda sobre la coincidencia de lo expresado en esa acta y los hechos previamente asentados en la misma, acontecimientos que no se dan siempre y en todos los casos, sino que se trata de eventualidades futuras cuya realización precisa se conoce hasta el momento en que la notificación se lleva a cabo.

Ello obedece a que, si bien en las diligencias de notificación personal es posible el empleo de formatos previamente elaborados, con el fin de facilitar y agilizar las actividades de la autoridad, esas formas preimpresas únicamente deben contener elementos generales de la notificación, pero no cuestiones especificas de las que sólo puede cerciorarse el notificador en el instante mismo de la actuación. Lo anterior, a efecto de evitar la simulación de una notificación, como aconteció en la especie, toda vez que se trata de proteger la garantía individual de la inviolabilidad domiciliaria contenida en el artículo 16 constitucional, que también aplica al caso de las notificaciones, puesto que se trata de una intromisión a la vida privada.

Sirve de apoyo la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación y que a continuación se transcribe:

Novena Época Instanci9: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXI. Enero de 2005 Tesis: IV.2o.AT12 A Página: 1810 Materia: Administrativa Tesis aislada.

(24)

NOTIFICACIONES FISCALES DE CARÁCTER PERSONAL. ES ILEGAL UTILIZAR FORMATOS PARA SU PRÁCTICA, SI INCLUYEN PREIMPRESOS ASPECTOS RELATIVOS AL REQUERIMIENTO DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE. POR SER UN REQUISITO ESENCIAL PARA SU DEBIDO DESAHOGO Del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación se deduce que, al practicarse una notificación personal, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes: a) previamente, y como un presupuesto esencial, debe requerirse la presencia del interesado o su representante legal: tratándose de personas morales deberá solicitarse la presencia de su representante: b) si no se encuentra al interesado o al representante, se les dejará citatorio para que esperen a una hora fija del día siguiente; y c) si la persona interesada, o el representante no esperan a la cita, la notificación se practicará con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con un vecino. De ello se desprende que una de las formalidades esenciales de ese tipo de notificaciones, es que se entiendan directamente con el interesado, o con su representante, y sólo en el evento de que no se encuentren en la fecha y hora precisados en el citatorio, procederá entender la diligencia con un tercero, circunstancias que deben hacerse elemento esencial de la diligencia, para lo cual es menester indicar con precisión la forma y términos en que se llevó a cabo el requerimiento de que se habla, así como las eventualidades que al respecto se conozcan en ese acto. Por tanto, es incorrecta la utilización de formatos previamente impresos, en los que ya se incluyan frases o expresiones que hagan alusión directa al requerimiento del representante legal y su ausencia en el sitio de la notificación, porque no integra un elemento general de la misma sino un requisito elemental para su debido desahogo, del que no podría percatarse el notificador sino hasta el momento en que realice la actuación. Luego, si la notificación personal se entendió con una tercera persona, y del acta relativa se desprende que contiene preimpresas cuestiones relacionadas con el requerimiento del representante y su ausencia, es Inconcuso que deriva en una actuación ilegal, pues al emplearse un formato elaborado con antelación, surge la duda sobre la coincidencia de lo expresado en esa acta y los hechos previamente asentados en la misma, acontecimientos que no se dan siempre y en todos los casos, sino que se trata de eventualidades futuras cuya realización precisa se conoce hasta el momento en que la notificación se lleva a cabo. Ello obedece a que. si bien en las diligencias de notificación personal es posible el empleo de formatos previamente elaborados, con el fin de facilitar y agilizar las actividades de la autoridad fiscal, esas formas preimpresas únicamente deben contener elementos generales de la notificación, pero no cuestiones específicas de las que sólo puede cerciorarse el notificador en el instante mismo de la actuación. Lo anterior, a efecto de evitar la simulación de una notificación, toda vez que se trata de proteger la garantía individual de la inviolabilidad domiciliaria contenida en el artículo 16 constitucional, que también aplica al caso de las notificaciones, puesto que se trata de una intromisión a la vida privada de los hogares u otros sitios privados, inclusive a las negociaciones abiertas al público, que sólo puede realizarse mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por el precepto constitucional señalado; razón por la cual, los artículos 137 y 138 del Código Fiscal de la Federación, encomiendan este tipo de formalidades a funcionarios que tienen una preparación jurídica, puesto que hacen referencia a "notificadores", y no a empleados auxiliares de éstos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 79/2004. Vías de Comunicación de México. S.A. de C.V. 27 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Edmundo Adame Pérez.

(25)

Amparo directo 96/2004. Aeroservicios de Monterrey, S.A. de C.V. 3 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. Amparo en revisión 205/2004. Electrónicos Animados, S.A. de C.V. 23 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucarío Adame Pérez.

Ahora bien una vez precisado lo anterior, solicito que en plenitud de jurisdicción resuelva respecto a los agravios que dejó de pronunciarse la autoridad señalada como responsable. SEGUNDO.- El acto impugnado trasgrede en mi perjuicio, las fundamentales garantías de legalidad, certeza, equidad, objetividad acceso a la justicia y garantía de audiencia que debieron ser tuteladas al momento en que la Comisión Estatal del Procesos Internos determinó de forma arbitraria y sin una debida fundamentación y motivación la cancelación de las convenciones municipales de delegados y que en su lugar se postularon candidatos de unidad, sin respetar la Convocatoria, el Manual de Organización que establecen el Código Electoral del Estado de Morelos, los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional y la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con número de expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, por lo que en el presente capitulo haré valer los agravios y las diversas causas que ocasionan la nulidad del Acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral de Yautepec, del Estado de Morelos, por el que se registran los candidatos a Ayuntamientos, dado que se traducen en vicios afectan la validez en su contenido, y en consecuencia dicho acuerdo deberá ser revocado por esta autoridad jurisdiccional, y en plenitud de jurisdicción por la fase que trascurre en el proceso electoral local. Resolver de fondo respecto de las cuotas de equidad de género en la integración de las listas a candidatos a presidentes municipales y a diputados locales por el principio de mayoría relativa del Estado de Morelos para que se restituya mi derecho político electoral vulnerado por el órgano señalado como responsable.

Sirve de apoyo la siguiente Tesis. Jurisprudencia 18/2004

REGISTRO DE CANDIDATOS. NO IRROGA PERJUICIO ALGUNO A UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL POSTULANTE. CUANDO SE INVOCAN VIOLACIONES ESTATUTARIAS EN LA SELECCIÓN DE LOS MISMOS Y NO DE ELEGIBILIDAD. (Se transcribe)

La sentencia de mérito que es atacada por que se sobresee cuando el órgano interno partidista responsable modifique o revoque el acto o resolución impugnada, ya que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI, menciono que no fue presentada ante la autoridad competente que es ella misma a demás fue extemporánea que solo tenía 48 horas para interponer el recurso de inconformidad o impugnación en consecuencia se queda sin materia la resolución o sentencia

(26)

por lo que la responsable no puede entrar al fondo del asunto ya que no existe materia ya que una sentencia resuelve el litigio o controversia de interés jurídico.

Además el Tribunal responsable nos dice en su resolución que solo es la negativa del partido Revolucionario Institucional de dar contestación a diversos escritos de fecha 9, 19 y 28 de marzo así como el 9 de abril todos de este año, que estas son análogas que en esencia, son violaciones a la convocatoria para participar a la candidatura a presidente Municipal de Yautepec, en la misma sentencia que se combate dice "que el promovente presento el día 19 de marzo del año en curso, recurso o impugnación ante el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado, con número de oficio IEE/SE/193-2012, remitiéndolo el día 20 de marzo", en su contestación la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI, menciona que no fue presentada ante la autoridad correspondiente que era ella misma así como se tenía un

(TEXTO NO LEGIBLE) término de 48 horas para presentar su inconformidad analicemos estos dos elementos que la autoridad que se combate dice que con esos argumentos son causales para sobresee por falta de materia ya según la misma autoridad electoral le da, la categoría de eso, a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI, modifico o revoco el acto o resolución impugnada;

a).- La responsable acepta que la Comisión dice que se tenía un término de 48 horas para interponer algún recurso o impugnación y toman como base el día 15 de marzo pero se les olvida que el día 18 de marzo, de acuerdo al Manual de Organización expedido por la Comisión Estatal de Procesos Internos, se realizarían las convenciones municipales de delegados a afecto de seleccionar a los candidatos electos a Presidentes Municipales. Se cancelaron las convenciones municipales de delegados y en su lugar se designaron candidatos, motivo que me causa agravio, ya que con oportunidad reunimos los requisitos para participar en el proceso interno de selección de acuerdo a las listas de los candidatos designados a presidentes municipales y diputados locales que se enviaron al Consejo Estatal Electoral del Estado de Morelos por el Consejo Municipal, para su registro, ya que de los 33 ayuntamientos, es decir el suscrito presento el día 19 de marzo ante el Instituto Estatal Electoral del Estado remitiéndolo el día 20 del mismo mes y año por lo que estuvo presentado en tiempo y forma y ante la autoridad correspondiente es decir ante la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI, por lo que esta debió de haberle dado el seguimiento a la inconformidad planteada por el suscrito.

Si bien es cierto que de primera instancia acudí al Instituto Estatal Electoral del Estado dentro del plazo que señala el Reglamento de Medios de Impugnación del PRI, esto quiere decir que las 48 horas que se le otorgar a los inconformes la

(27)

puede ejercer desde la primera hora hasta el último minuto antes de las 48 horas, de igual forma para que estas 48 horas sean efectivas tendría la Comisión que estar abierta precisamente las 48 horas día y noche lo cual no es cierto pues en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional no existe una oficina expresa para dicha Comisión, para recibir se le tiene que hablar vía nextel a su Presidente el Lic. Manuel Hernández Vázquez, pero este en su informe justificativo dice que lo desecho porque no fue dirigido a la instancia correspondiente es decir a él, por lo que no se cumplió con lo establecido por el artículo 18 en sus fracciones I y II del reglamento de medios de Impugnaciones del PRI, y otro lado nos dice en el mismo informe que no se cumplió con el artículo 23 fracción II del mismo reglamento en comento, fue presentado fuera de término lo cual no es cierto ya que mediante oficio IEE/SE/193/2012 de fecha 20 de marzo de 2012, fue presentado en tiempo y forma por el Instituto Estatal Electoral del Estado, ya que como Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI, debe saber los tiempos de la Comisión Estatal de Procesos Internos, en que designo candidatos a las 33 presidencias municipales que este fue el día 18 de marzo de 2012, por lo que no se puede llamar a sorprendido ya que el recurso fue presentado como ya dije en tiempo y forma.

La normatividad interna que fue violentada al no respetar lo establecido en los Estatutos del Partido, hecho que me causa agravio y me deja en estado de indefensión para ser elegido como candidato a la Presidencia Municipal de Yautepec, Morelos, al no haber respetado lo establecido por los órganos electorales.

Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia:

Partido de la Revolución Democrática Vs

Consejo General del Instituto Federal Electoral Tesis XCVIII/2001 ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE ATRIBUCIONES PARA CONOCER DE INFRACCIONES A LOS ESTATUTOS E IMPONER LAS SANCIONES RESPECTIVAS. (Se transcribe)

Cabe citar que los artículos 41 de la Constitución Federal y el artículo 91 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, señalan que son principios rectores de la autoridad electoral, entre otros, los de certeza y legalidad, los cuales no son tomados en cuenta en la aprobación de la resolución impugnada.

La interpretación que ha venido haciendo la autoridad electoral responsable restringiendo o haciendo nugatoria la intención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del legislador ordinario, en favor de la participación de todo

(28)

ciudadano o militante en candidaturas a cargos de elección popular.

Ahora bien, la indebida conducta del Tribunal responsable se agrava al haber sido por completo omiso en su obligación constitucional de cumplir con el principio de 'exhaustividad', en relación al cual es prudente invocar la siguiente jurisprudencia de la Sala Superior:

"Jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 43/2002, de rubro PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS

AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN

OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN', que dice:'...las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, concluyéndose que si no se procede de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral de los referidos artículos 41, fracción III: y 116, fracción IV, inciso b), constitucionales'. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 51."

Cabe insistir en que el acuerdo impugnado infringe dos de los principios rectores en materia electoral:

En primer lugar violenta el principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no existir un precepto vigente que permita fundar válidamente la presunta nueva obligación de los partidos políticos. El mandamiento constitucional invocado dispone que 'nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento'. Este mandato debe ser asociado con el artículo 14 del texto constitucional que en su párrafo segundo dice: 'nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por otra parte incumple con el principio de certeza, establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal, que consiste en que los sujetos destinatarios de la norma electoral tengan un conocimiento cierto de sus alcances y de las obligaciones y deberes que esta les impone.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :