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CAPÍTULO IV HALLAZGOS, SUGERENCIAS PRÁCTICAS Y CONCLUSIONES

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87 CAPÍTULO IV

HALLAZGOS, SUGERENCIAS PRÁCTICAS Y CONCLUSIONES

En esta sección de la investigación, se dan a conocer los hallazgos del trabajo, partiendo de los objetivos trazados, de igual forma se presentan las conclusiones, algunas sugerencias prácticas y recomendaciones que se consideran pertinentes para la consecución del propósito central así como el despliegue de los objetivos específicos trazados, ofreciendo una mayor claridad para la comprensión integral del análisis llevado a cabo.

1. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

Culminada la revisión bibliográfica documental y procediendo a la interpretación de los postulados teóricos de los autores que han sustentado la investigación, se procede a desplegar los hallazgos de este estudio. En ese orden de ideas, en cuanto al paramilitarismo, se puede deducir que las organizaciones paramilitares, sirven a los intereses del Estado, o grupos de poder en él enquistados, y generalmente están fuera de la ley. De hecho, el paramilitarismo en Colombia, transformó a la estructura institucional y política de este país. Borró de un plumazo los múltiples intentos de reforma agraria.

En el contexto territorial, haciendo referencia a las causas del paramilitarismo en el Departamento del Magdalena, puede decirse que los actores armados emplearon y pusieron en práctica políticas e instrumentos de intimidación, amedrentamiento y de presión sobre el electorado, para que inclinaran el voto por los candidatos apoyados, financiados y validados por

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ellos, así como también que fueran defensores de los intereses de su plataforma política y militar. Esta situación, se traduce de manera inmediata en una violación a la democracia, porque el voto esta direccionado por los candidatos de sus conveniencias políticas y económicas, generando una vulneración de la libertad de expresión política.

En otros casos, los grupos paramilitares en su afán de conseguir el apoyo del electorado recurrieron al clientelismo armado, mediante el cual los actores ilegales con poder militar dado a través de las armas, entran en la lógica del clientelismo en busca de empresas electorales que perseguían la obtención del voto por intermedio de la compra y venta del sufragio, lo cual, según Peñate, citado por Hoyos (2009), le permitía facilitar atajos hacia las arcas de los recursos públicos, siendo acompañado también de intimidaciones y amenazas a la población.

Dentro de este marco, las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron tarde al departamento del Magdalena en comparación con otros de la región Caribe como Cesar, Bolívar y Sucre. En este sentido, es importante especificar, que este proceso de incursión armada en el territorio departamental se presenta según Hoyos, (2009) en los inicios de la década de los noventa. Puede afirmarse, que el territorio del departamento del Magdalena contaba con grupos de autodefensa o paramilitares, pero agrupados a través de campesinos, pequeños productores y seguidores de un líder, sin ningún tipo de entrenamiento militar, posesión de armas rudimentarias, cuyo objetivo era defender la propiedad de la tierra de la guerrilla existente en el territorio.

En cuanto a la presencia territorial de estos grupos armados, en la parte nororiente se concentraban las autodefensas de El Mamey, orientadas por Hernán Giraldo Serna, las cuales tenían influencia político y militar en la

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parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el costado sur del departamento del Magdalena, hacían presencia grupos paramilitares liderados por Chepe Barrera, quienes tenían radio de acción en la zona plana del territorio, o sea en el centro del Departamento.

De igual forma, existían las autodefensas del corregimiento de Palmor, con fuerte incidencia en el municipio de Ciénaga, las cuales a mediados de la década de los noventa ya se encontraban diezmadas. Esta situación, indica que ya en esa década, los grupos paramilitares crecían militarmente y ganaban espacios en el contexto social, económico, político e institucional, debido a las acciones que ejercían en el departamento del Magdalena.

De ahí que los resultados sean coincidentes con la opinión de Castaño (2015), cuando expresa que el fenómeno del paramilitarismo colombiano construyó su identidad autodefiniéndose como constituido por grupos de autodefensa campesina. De igual forma son coincidentes con lo expresado por Cepeda (2007), cuando señala al paramilitarismo como recurso para luchar contra la subversión es una política de Estado así no esté consagrada legalmente. Se trata de una doctrina institucional aplicada sistemáticamente, que ha comprometido todas las instancias de la Fuerza Pública

En resumen en cuanto a las causas del paramilitarismo, los hallazgos demuestran que el mismo se debe a la impotencia estatal ante el desafío guerrillero así como al debilitamiento del monopolio estatal de la fuerza. En ese sentido estos resultados son coincidentes con Galindo (2014), cuando manifiesta que las causas son la desmovilización total, la difusión del terror, el inmovilismo político, la desarticulación de la sociedad y el aislamiento de sus fracciones más radicalizadas.

Dentro de este marco, se puede expresar que allí donde nace el paramilitarismo hay profundos conflictos históricos de clase fundamentados en la explotación y la dominación; es justamente la posibilidad o el intento de

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subvertir esas condiciones lo que le da vida al paramilitarismo. Por ende, dentro de las causas esta la impotencia estatal ante el desafío guerrillero, puesto que se trató en ese caso de grupos civiles armados por el Estado, con funciones relativamente precisas y condiciones que suponían al menos cierto nivel de disciplina. Sin embargo, el contexto político en el que surgieron contribuyó a que sus objetivos fluctuaran ampliamente.

En efecto, en casi todos los casos estos grupos contribuyeron a agravar las condiciones de violencia y a reforzar los enfrentamientos políticos entre civiles. De ahí que los resultados sean coincidentes con la opinión de Betancur y García (1990), cuando afirman que la violencia renació tras los frustrados esfuerzos de pacificación y rehabilitación, y bastante importancia tuvieron en algunas fases de ese renacimiento los antiguos miembros de los grupos civiles armados enfrentados a la guerrilla, conocidos entonces como pájaros

Asimismo, los hallazgos coinciden con lo manifestado por Buitrago (1984), cuando expresa que el Estado resultó incapaz de derrotar militarmente a la guerrilla o de reducir su capacidad de reproducción eliminando algunos de los factores sociales o políticos que favorecían su surgimiento. De este modo, iba haciéndose patente la incapacidad del Estado para garantizar el orden en las zonas de conflicto armado rural, donde una persistente lucha por la tierra y una miseria generalizada ofrecían un ambiente propicio al crecimiento de la guerrilla.

Esta débil presencia del Estado era también evidente en el deterioro creciente del sistema judicial.

Otra causa fue debilitamiento del monopolio estatal de la fuerza, como se dijo anteriormente, de hecho esto coincide con Molinari (2009), cuando manifiesta que la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad individual ha llevado incluso a que en algunas ocasiones voceros suyos hayan invitado a la población en general a organizar su propia defensa ya armarse para ello. Por ende, aunque la insuficiencia del Estado hizo que nunca se lograra, a lo largo de

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este siglo, imponer el principio del monopolio legal de las armas por parte del Estado, la abdicación de este monopolio, reforzada por el auge de los vigilantes y guardaespaldas privados, se ha ido haciendo más grave ante el desarrollo de los conflictos sociales y políticos que tienen como escenario el mundo rural colombiano ya los que ya se ha aludido.

De igual forma, se puede considerar como causa el contexto urbano de desempleo, en un ambiente de creciente movilidad social, de rápido desarrollo económico y de cambios radicales en los valores sociales, ofreció además una amplia oferta de personal disponible para la ejecución de crímenes violentos:

desde fines de los setentas la figura del sicario joven que asesina a sus víctimas desde una motocicleta en movimiento, acompañado de una subametralladora y armas modernas, se hizo habitual esta modalidad, la cual estaba acompañada por el pago de grandes sumas de dinero.

En relación con las consecuencias del paramilitarismo, se puede decir que con el surgimiento del paramilitarismo, como señala Castro (2005), el terror se difundió rápidamente y las masacres en varias regiones del país se generalizaron, desde entonces una de sus principales consecuencias es el desplazamiento forzado. De ahí que los hallazgos coincidan con los señalamientos de Pécaut (1988), para quien la difusión del terror debería acabar con la banalidad de la violencia, pero la crueldad y la brutalidad del conflicto se han vuelto instrumentales y estratégicas para los protagonistas.

A lo cual también ha contribuido la prolongación de la violencia, haciéndola prosaica, irracional, sin sentido

Otra consecuencia son las masacres, de ahí que se coincida con la opinión de Acevedo (2011), quien refiere que la política que sustentan estas alevosas y sediciosas masacres es, desde las diferentes perspectivas ideológicas de los actores amados, eliminar el enemigo y sus colaboradores en una guerra que es la cultura de la muerte que se ha impuesto para el

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logro de sus objetivos políticos, militares y económicos. En ese sentido, los resultados coinciden con el Informe de Desplazados (1999), para quien la estrategia paramilitar, frente a las poblaciones señaladas como aliadas de la guerrilla oscila entre el asesinato selectivo, la masacre, la expulsión de la región o la exigencia de colaboración con las fuerzas armadas y/o los paramilitares.

Asimismo, se considera una consecuencia el ataque a líderes y sindicalistas, en ese orden esto es coincidente con lo expresado por Clavijo (1996), cuando relata en el periódico El Tiempo, que periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos se asumían así como obstáculos para que las fuerzas militares pudiesen derrotar a los insurgentes, llegándose a señalamientos que ponían en peligro sus vidas al acusarlos de ser áulicos de la guerrilla.

Los hallazgos coinciden con el informe de ACNUR (2011), que manifiesta que en 2003 fueron muertos cuatro concejales en el departamento, tres de ellos en el municipio de Zona Bananera: el 25 de enero, desconocidos asesinaron a Aníbal José Redondo; el 15 de febrero desconocidos dieron muerte a Juan Manuel Avendaño y el 6 de diciembre, también desconocidos le provocaron la muerte a Daniel José Lara Ospino.

Finalmente, el 30 de abril de 2003, miembros de las FARC asesinaron a la concejala de Plato, Modesta Sepúlveda Ortega. Además que educadores, sindicalistas y líderes comunitarios, incluyendo también concejales de varios municipios del departamento del Magdalena fueron asesinados por paramilitares

En referencia a la tipología de paramilitares, se pudo comprender partiendo de Kalyvas y Arjona (2011), que dentro de la tipología de paramilitarismo resalta dos dimensiones esenciales: la territorial (local o supralocal) y su tamaño (pequeño o grande), en consecuencia de estas resultan

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cuatro tipos en donde se ubican los vigilantes, quienes en la mayoría de los casos dicen ser defensores de cierta clase de justicia social. En ese orden de ideas, normalmente estos grupos están compuestos por principiantes y personas que se involucran en actos violentos a tiempo parciales.

También se tiene a los escuadrones de la muerte, los cuales según Campbell (2000) son organizaciones clandestinas y usualmente irregulares, con frecuencia de naturaleza paramilitar, los cuales llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales y otros actos violentos (torturas, violaciones, incendios intencionales o bombardeos. Asimismo, se hallan los Guardianes locales, quienes generalmente, se conforman a nivel local (involucrando solo a personas del mismo pueblo) y están compuestos por hombres de la localidad (aunque algunas veces incluye mujeres) cuyas actividades están más fuertemente ligadas a su comunidad. Por ello Se coincide con Jones y Molnar (1965), el propósito de las milicias es el control de la población

En cuanto a las Milicias y ejércitos paramilitares, se pudo decir que son grandes y móviles, operan en áreas bastante amplias o se mueven de diversas zonas, ellos tienen un comando altamente unificado y están en capacidad de realizar operaciones coordinadas de gran magnitud, también desarrollan estructuras formales o cuasi-formales paralelas a las que tienen los ejércitos regulares y tienden a parecerse a los ejércitos guerrilleros. Colombia es un ejemplo bien conocido de este tipo de paramilitarismo.

En ese sentido, se halló que las organizaciones paramilitares son unas herramientas claves para controlar los territorios ocupados, de ahí que los resultados coincidan con Finley (1994), cuando afirma que los ocupantes suelen sorprenderse al descubrir la facilidad que tienen para reclutar nativos y frecuentemente encuentran que el número de voluntarios supera las vacantes disponibles.

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En referencia al segundo evento de análisis en esta investigación, denominado procesos electorales, revisada la bibliografía se puede afirmar que se llama proceso electoral al conjunto de elementos que hacen posible la democracia representativa y que culmina en la transferencia de la representación del conjunto de los ciudadanos de un Estado a favor de los miembros que componen los órganos representativos de ese Estado

En este orden de ideas, los resultados coinciden con Dieter (2006), al decir que el sistema electoral tiene por finalidad determinar las reglas según las cuales los electores expresan sus preferencias políticas en votos y según las cuales se pueden convertir votos en escaños parlamentarios o en cargos de gobierno.

En función del proceso electoral parlamentario en el departamento del Magdalena, se encontró que de acuerdo con Calderón (2015), cada región representa un contexto y una historia política propiamente definido. En efecto, el estudio del comportamiento electoral permite comprender las dinámicas políticas propias de cada contienda electoral, entre las respuestas que brinda se encuentran: la comprensión de las tendencias del electorado en una determinada región, las intenciones de su voto, la competencia entre los partidos, la distribución de las curules, la implantación electoral y los partidos políticos relevantes o con mayor fuerza relativa dentro del sistema.

En consecuencia los hallazgos son coincidentes con López y Acevedo (2008) quienes afirman que la presencia de grupos armados ilegales (guerrillas y paramilitares) ha influenciado en las decisiones políticas que toman los ciudadanos en algunos departamentos incluido el Magdalena. Por ende, el patrón, que en su gran mayoría forma parte de una familia política tradicional, establece conexiones con líderes locales o departamentales de base, quienes actúan como un mediador o un operador entre el patrón y el cliente.

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Al respecto de la categoría elecciones parlamentarias, se encontró que las mismas en Colombia son aquellas en las cuales el ciudadano o pueblo elige a senadores y representantes ante el Congreso y que los requisitos para ser representante an la cámara se encuentran (Art. 177 de la CPC 1991), y para ello debe ser ciudadano en ejercicio., tener más de 25 años a la fecha de la elección. Mientras que con respecto a la categoría campaña electoral, se halló que de acuerdo con Austen-Smith, citado por Martínez (2008, p, 1) la misma intentar convencer a las audiencias de que tomen un tipo de decisión en lugar de otra.

Cuando se trabajó la categoría factores de votación en el proceso electoral parlamentario, se pudo hallar coincidencia con los señalamientos de Hernández (1986), quien considera que un factor importante es la agilidad y eficiencia con que se efectúan los escrutinios, han redundado en una alta credibilidad de los resultados electorales, a pesar del clima permanente de violencia política en que se encuentra inmerso el país

Otro factor encontrado en el análisis fue la seguridad (que se implanta en forma de un operativo conjunto que se desarrolla con el fin de salvaguardar la logística electoral); para ello cuenta con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado, especialmente con el Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S).

En cuanto al financiamiento a partidos políticos y a campañas electorales, los hallazgos demuestran según Navarrete (2010), que la financiación de las campañas electorales en Colombia tiene varios componentes, a saber, primero, los límites establecidos por el Estado y segundo el mecanismo de financiación. De esta manera coinciden los resultados con las disposiciones constitucionales, verbigracia con el art. 109, que establece que el Estado participa tanto de la financiación del funcionamiento de las

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organizaciones políticas como de la propia de todas las campañas, incluyendo las que realicen los grupos significativos de ciudadanos

Todo ello, sin embargo se halla acompañado de mecanismos de regulación por parte del Estado, de ahí que se encuentre punto de acuerdo con la opinión de Vargas (2010), cuando afirma que la forma como se encuentra establecido el sistema otorga un rol preponderante al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales. El Fondo mencionado, establecido por la ley 130 de 1994 como un sistema especial de cuentas adscrito y administrado por el Consejo Nacional Electoral

En efecto, el financiamiento de la política es una acción legítima y participativa. Cuando está cimentada en un marco normativo adecuado genera beneficios para todos los actores que intervienen en el ejercicio político y electoral, y no sólo para quienes reciben los recursos

Otro factor resaltante es el constreñimiento al sufragante, de ahí que se coincida con el portal CongresoVisible.Org de la Universidad de Los Andes, según el cual éste consiste en el ofrecimiento o entrega de dádivas para determinar el voto de un ciudadano. También son concordantes con Barrios (2010), directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), al afirmar que el constreñimiento encierra todo lo que impida que el elector sufrague libremente.

No obstante es bueno, resaltar que para que se configure el delito de constreñimiento al sufragante, la persona debe ejecutar cualquiera de las siguientes tres conductas, utilizar, amenazar o impedir. De ahí que los hallazgos coincidan con la MOE (2010), cuando manifiesta que en el país los casos de constreñimiento más comunes son los siguientes: trashumancia electoral, la cual consiste en hacer que otros ciudadanos inscriban sus cédulas en sitio diferente al lugar de residencia

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En relación con las consecuencias en el proceso electoral parlamentario en el departamento del Magdalena, se pudo hallar que los diferentes pactos realizados evidencian que la imposición de candidatos a todos los cargos y corporaciones de elección popular no tenían como objetivo sólo ganar representatividad política sino capturar las funciones de gobierno y estado que tendrían los candidatos que resultaran elegidos

Dentro de esas consecuencias se encuentra el fraude electoral, y el mismo se define como el recurso a acciones clandestinas para alterar los resultados electorales. En ese sentido, esto coincide con la MOE (2010), cuando manifiesta que el principal factor de alerta no son los grupos ilegales, sino los políticos.

En cuanto a la otra consecuencia, conocida como parapolítica, se pudo encontrar que ese es el nombre con el que se conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006, por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia

De ahí que estos resultados concuerden con las investigaciones llevadas a cabo por López (2003) y basada en las estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, cuando planteaban que entre 1998 y 2001 se incrementaron los asesinatos de dirigentes políticos por parte de los paramilitares. En efecto se halla coincidencia también con Duncan (2005), cuando expresa que el fantasma de la parapolítica sacude con ruido y cubre con un manto de duda a las campañas de los dos principales aspirantes a la gobernación, inclusive por cuenta de sus propios ecos.

Estos resultados permiten señalar que el fenómeno del paramilitarismo se halla presente en la historia de las elecciones parlamentarias del

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Magdalena, debido a las grandes redes de poder desarrolladas por los grupos al margen de la ley y por la debilidad estatal para el desarrollo de estrategias que permitan erradicar ese flagelo del país e instaurar climas de paz ente sus habitantes.

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