DICTAMEN Nº 100 / 2012

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DICTAMEN Nº 100 / 2012

Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 8 de febrero de 2011 compareció “X” ante el Servicio de Atención al Paciente del Hospital Miguel Servet y presentó, por escrito, una reclamación que, sustancialmente, recogía los siguientes hechos:

- En el mes de marzo de 2008 el reclamante comenzó a notar unas molestias, al caminar, en el gemelo izquierdo.

- El 7 de agosto de 2008 fue visitado por el médico de familia, que le remitió al especialista que le correspondía en el Hospital Grande Covián.

- El 11 de agosto de 2008 como su problema no se solucionaba acudió a los servicios de urgencia del Hospital Miguel Servet.

- El 17 de noviembre de 2008 acudió a la Consulta de Angiología y Cirugía Vascular, en donde le fue diagnosticada falta de riego sanguíneo en la parte baja de la pierna izquierda. Diagnóstico que fue confirmado mediante una prueba de escáner realizada en el Hospital Miguel Servet el 15 de diciembre de 2008.

- El 19 de diciembre de 2008 el especialista del Hospital Grande Covián le informó

del diagnóstico: aneurisma poplíteo izquierdo, aconsejando resección e injerto, iniciando a

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acerca de cómo se realizaría ésta y de sus riesgos.

- Una vez ingresado se le volvió a explicar en qué consistía la operación así como los riesgos. En definitiva consistía en realizar un bypass “en la pierna izquierda con la vena safena de la pierna derecha, porque en la pierna izquierda no tengo por operación de varices”, en palabras del reclamante.

- La operación fue larga y según le informaron se había complicado por lo que quedó sondado y en ayuno total por si había que volver a quirófano de nuevo.

- En la operación y para realizar el bypass se tuvo que utilizar material “artificial”

que le explicaron se había obtenido del talón de la pierna izquierda operada.

- Desde entonces tiene dolor en el talón y una sensación de adormilamiento e insensibilidad en toda la planta del pie izquierdo.

- El 16 de enero de 2011 se le concedió incapacidad permanente en grado total para su trabajo habitual.

En su reclamación el paciente se pregunta por qué una operación de la que se le informó que era sencilla se complicó tanto y por qué no se le hicieron más pruebas. Y si realmente falló el diagnóstico y estaba la pierna peor de lo que se esperaba por qué no fue informado. En consecuencia pretende una indemnización que compense las secuelas actuales.

SEGUNDO.- El informe de alta efectuado el 3 de julio de 2009 recoge que tras la operación el paciente presentó trombosis precoz del injerto en NII manteniéndose con claudicación a medianas distancias MII. Siendo valorado en sesión clínica en el sentido de practicar por el momento un tratamiento conservador. El estado de las heridas quirúrgicas se consideraba bueno.

El diagnóstico principal fue “isquemia crónica grado IIB MII por trombosis de aneurisma poplíteo secundario a tratamiento poplíteo”.

TERCERO.- El 21 de febrero de 2011 la Secretaría General Técnica de Salud y Consumo dio traslado de la reclamación a la aseguradora Zúrich España, S.A.

El 21 de marzo de 2012 la misma Secretaría solicitó a la Gerencia Sector II – Hospital Universitario Miguel Servet, la historia clínica del paciente y el informe del Servicio de Cirugía Vascular.

En la misma fecha solicitó del paciente documentación acerca de las causas médicas

por las que se le concedió la incapacidad permanente total y en relación con la lesión en el

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ciático interno aportación de los informes de resultados de las pruebas que se le habían efectuado.

CUARTO.- El 8 de marzo de 2011 el reclamante aportó resolución del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Dirección Provincial de Zaragoza, concediéndole incapacidad permanente total para profesión habitual por las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes:

claudicación gemelar a medias distancias, afectación importante de su lecho arterial pero que mantiene buena perfusión de su EI izquierda por compensación.

También acompañó un informe del Departamento de Neurofisiología Clínica elaborado el 28 de enero de 2010 y que concluía indicando que el paciente tenía una “lesión parcial de ciático poplíteo interno con patrón neurógeno en los músculos tributarios y alteración sensitiva”.

QUINTO.- El 10 de marzo de 2011 la Secretaría General Técnica comunicó al reclamante la incoación del procedimiento, el plazo y el órgano para resolver.

El 14 de marzo de 2011 se remitió desde el Hospital Universitario Miguel Servet la historia clínica del paciente.

En la citada historia se incluye un informe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular fechado el 18 de junio de 2010 que señala que la evolución del paciente desde su intervención quirúrgica el 3 de julio de 2009 era compatible con una neuropatía por lo que se había realizado una electromiografía el 28 de enero de 2010 que “evidenció la existencia de una lesión parcial del ciático poplíteo interno con patrón neurógeno en los músculos tributarios y alteración sensitiva”

SEXTO.- En la historia remitida figura el consentimiento informado para la intervención quirúrgica y el consentimiento informado para la anestesia y reanimación preoperatoria, ambos debidamente firmados.

SÉPTIMO.- El 18 de julio de 2011 el Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular presentó el informe que le había sido requerido por la Secretaría General Técnica del Departamento. Informe que finalizaba con la siguiente conclusión:

“Se trata de un paciente joven que presentaba claudicación intermitente corta en

miembro inferior izquierdo, incapacitante en relación con su edad. Dicha claudicación,

tras las pruebas diagnósticas funcionales y de imagen realizadas se comprobó que era

debida a trombosis de aneurisma de arteria poplítea, a su vez originado éste por

compresión extrínseca de dicha arteria (síndrome de atrapamiento poplíteo). Dadas las

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extremidad por medio de un injerto sustituyendo la zona afectada de las arterias.

La severa afectación arterial encontrada “in situ” en el lecho arterial al abordarlo obligó inexcusablemente, para intentar conseguir la revascularización, a un abordaje más extenso de dicho lecho arterial. Este abordaje, necesariamente más complejo y profundo, precisa de una mayor separación y tracción de las estructuras adyacentes a la arteria como son venas, músculos, tendones y ramos nerviosos, siendo estas últimas estructuras las más sensibles a las tracciones y elongaciones. En este hecho con toda probabilidad reside la causa de la afectación neurológica con molestias dolorosas y parestésicas en talón y pie que el paciente refiere de forma permanente, afectación que muy difícilmente se hubiera dado de ser posible el habitual abordaje poplíteo posterior previsto”.

OCTAVO.- El 26 de agosto de 2011 la Inspección Médica, analizada la historia clínica y los informes obrantes al expediente, concluyó que “las actuaciones médicas se realizaron de acuerdo a la lex artis, por lo que entiendo que no hay justificación para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial por parte de la Administración”.

También emitió un informe la Asesoría Médica de la compañía de seguros, Dictamed I&I, S.L., elaborado el 29 de noviembre de 2011 por un especialista en Cirugía Cardiovascular y en Cirugía general.

El informe tras analizar los antecedentes y realizar distintas consideraciones médicas acerca de los aneurismas arteriales concluyó que:

“1. El caso fue correctamente diagnosticado.

2. La operación quirúrgica fue correcta.

3. La técnica quirúrgica propuesta correcta.

4. La longitud del injerto venoso extraído, resultó corto debido a que la arteria a la que en principio se pretendía hacer la anastomosis distal era impracticable, por lo que correctamente se aumentó su longitud con un injerto sintético.

5. La trombosis posterior al injerto no se debió a una mala práctica quirúrgica, sino a los malos vasos distales que no permitían con correcto desagüe del injerto.

6. A pesar de una buena actuación médica las complicaciones han de ser asumidas, por

pacientes y médicos, porque nunca jamás la medicina puede ofrecer el 100% de buenos

resultados, aunque siempre intenta conseguirlos”.

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NOVENO.- Con fecha 3 de enero de 2012 se practicó el trámite de audiencia, retirando el reclamante de una copia de todos los documentos obrantes al expediente y se recogieron sus alegaciones de las que cabe destacar las siguientes:

“Yo le puedo decir que sí que asumo las complicaciones que me han quedado de la intervención, además del problema que yo ya tenía, que lo sigo teniendo, el pie como usted ya sabrá ha pasado de estar en perfecto estado a tener una sensación de

“hormigueo” y siempre que apoyo el pie siento dolor en el perímetro del talón además de los fuertes dolores que a veces siento en el dedo gordo del pie.

No es mi intención denunciar a nadie y soy consciente de que esta “alegación” no va a servir para que cambie su dictamen de la resolución, pero sólo he encontrado en el expediente puntos de vista médicos como si hubiese que justificar a alguien y créame que tenía que exponerle mi punto de vista y decirle que yo sí que asumo complicaciones como paciente lo que no me queda claro es la que asume la medicina”.

El escrito está dirigido al Secretario General Técnico del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.

DÉCIMO.- El Consejero del Departamento solicitó del Consejo Consultivo de Aragón dictamen preceptivo, solicitud registrada de entrada el 24 de abril de 2012, a la que se adjuntaba el expediente administrativo y una propuesta de resolución desestimatoria.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I

El dictamen solicitado entra dentro de las competencias del Consejo Consultivo tal y como se regula en el artículo 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, que dispone la necesidad de consulta preceptiva al Consejo Consultivo en el supuesto de “reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de cuantía superior a 6.000 euros”.

En este supuesto la cuantía de la indemnización solicitada no supera esa cifra, puesto

que la única referencia a una cuantía concreta solo puede hacerse respecto de la consideración

que hace el reclamante en su escrito de 8 de Febrero de 2011 en los siguientes términos “…que

sea compensado por la pérdida de poder adquisitivo (de cobrar 1770€/mes a 990€/mes) que me

ha originado dicha intervención, en la medida que se convenga”.

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citada y a ninguna otra en los Antecedentes (una eventual petición de subsanación de la petición) o en los fundamentos de derecho.

Y tampoco se cita cantidad alguna en la comunicación dirigida a la Compañía aseguradora.

No obstante, como la valoración efectuada de “pérdida de poder adquisitivo” debe, necesariamente, referirse a un plazo superior a un año ya que el reclamante ha sido declarado incapaz permanente en grado total para la profesión habitual, el Consejo, al igual que en otras ocasiones similares (Dictamen 53/2012), emitirá su dictamen.

En función de lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Ley 1/2009, de 30 de Marzo, citada, resulta competente la Comisión del Consejo Consultivo para la emisión del dictamen.

I I

La Comisión del Consejo Consultivo ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del expediente tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica, procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación con las secuelas padecidas por “X” que le impiden ejercer su profesión habitual, como consecuencia, según alega, de la intervención quirúrgica que le fue realizada en el Hospital Universitario Miguel Servet, de Zaragoza, para revascularización de su pierna izquierda.

Por lo que se refiere a la normativa aplicable, ha de recordarse que en el derecho español vigente la institución de la responsabilidad patrimonial de la administración, recogida en el art. 106.2 de la Constitución, atribuye a los particulares el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y se cumplan los demás requisitos dispuestos por el ordenamiento jurídico (los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

I I I

La viabilidad de la declaración de responsabilidad patrimonial de la administración

requiere conforme a lo establecido en el art. 139 LRJAPAC citado: a) La efectiva realidad del

daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o

grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los

servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin

intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia

de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño

cabalmente causado por su propia conducta.

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I V

Ello no obstante, la primera cuestión que ha de examinarse al analizar la documentación remitida es si el escrito de reclamación ha sido presentado en plazo.

Al respecto el artículo 142.5 de la LPAC dispone: “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En el caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación de las secuelas”.

En este caso, se trata de una solicitud de una indemnización indeterminada por secuelas que se habrían producido como consecuencia de una operación quirúrgica para “sección de fascículo muscular más injerto compuesto de PTFE y vena safena interna invertida de poplítea a TP en MII” realizada, según la documentación del expediente, el 19 de Junio de 2009, y con la finalidad cierta de impedir que el paciente perdiera su pierna izquierda.

Con posterioridad a la operación, en la exploración de electromiografía que le fue realizada el 28 de Enero de 2010 el paciente ya conoció que padecía una “lesión parcial de ciático poplíteo interno con patrón neurógeno en los músculos tributarios y alteración sensitiva”, secuela que el mismo identifica como la razón de su reclamación (apartado Octavo de su escrito inicial) y que persistiendo dio lugar a una petición primero, y a una resolución después, de la Dirección Provincial de Zaragoza del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que declaró la incapacidad permanente en grado total para la profesión habitual del reclamante.

Por tanto, conocido el alcance de la secuela desde el 28 de Enero de 2010 la reclamación efectuada el 8 de Febrero de 2011 está fuera del plazo al que se refiere el artículo 142.5 de la LPAC citado.

V

Ello no obstante, en el presente caso y a pesar de la lamentable y casi permanente secuela padecida por el Sr. “X”, procede señalar que el daño sufrido solo puede calificarse como jurídico, en la medida que se produce por razón del padecimiento que sufría el propio reclamante y no por los medios empleados para su curación, con inexistencia de responsabilidad para la administración.

Conforme a reiterado criterio de este Consejo y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la sanidad asistencial el éxito no puede garantizarse nunca, sino que la responsabilidad se vincula a una utilización no conforme a los principios de buena práctica médica (lex artis ad hoc) de aquellos medios personales y materiales de los que se dispone.

Disconformidad que de acuerdo con los informes obrantes en el expediente no ha existido en

ningún momento.

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En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón formula el siguiente

DICTAMEN

:

Que, de acuerdo con la propuesta de resolución, procede desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria formulada por “X” y derivada de una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza por haberse promovido fuera del plazo legalmente previsto.

En Zaragoza, a veintinueve de Mayo de dos mil doce.

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