EL ESTADO, SU FORMACIÓN, SU GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

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SU FORMACIÓN, SU GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Derecho y Negocios

Bloque 2

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El presente material recopila una serie de definiciones, explicaciones y ejemplos prácticos de autores especializados que te ayudarán a comprender los temas principales de este bloque.

Las marcas empleadas en la antología son única y exclusivamente de carácter educativo y de investigación, sin fines lucrativos ni comerciales.

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4. El Estado

Según Torres (2012), el Estado se entiende como una organización de la población, con un gobierno, en un lugar determinado. Se forma por tres elementos: el humano, las personas (físicas y jurídicas); el espa- cial, que equivale al territorio (tierra, aguas y espacio aéreo); y el gobierno, que establece las normas que deben respetarse para la vida en común de la población.

4.1 El Estado como comunidad política y social y su evolución

Bracamonte (2002) señala que la primera necesidad de un grupo grande o pequeño es tomar decisiones, considerando las distintas alternativas; como todo grupo dentro de la dinámica social tiene que tomar decisiones, esto implica contar con una estructura de poder, es decir, un sistema jerarquizado de estatus y roles, el cual podemos visualizar a través de las sociedades y su evolución. Desde la época clásica, los griegos desarrollaron una entidad política denominada polis, una comunidad integrada por un conjunto de hombres que residían en un territorio, autosuficiente y regido por un gobierno. La política, entonces, era lo perteneciente a la polis o ciudad (Bracamonte, 2002).

La política es una conducta humana que se produce dentro de la sociedad, que a su vez es considerada como un conjunto de interrelaciones de individuos y grupos y se constituye en el medio natural de la acción humana, por lo que se puede deducir que tiene por finalidad: conocer y ejercer el poder para emplearlo en el gobierno, además del conocer los recursos con los cuales se puede conseguir el bien común.

4.2 El Estado como entidad jurídica y sus funciones

Visto lo anterior, podemos comenzar a comprender las múltiples funciones que realiza el Estado, mismas que deben ser otorgadas por los miembros del propio Estado. Esto se consigna en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), con el fin de tener legitimidad ante sus gobernados y llevar a cabo las tareas asignadas y descritas en ordenamiento legal de referencia.

El artículo 115 constitucional (2020a) menciona que “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre”. Dentro de esta disposición encontramos que:

El Estado, su formación, su gobierno y administración

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— Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

— Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

— Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de la carta Magna, y sus disposiciones reglamentarias.

4.3 El Estado como entidad económica y su función social

Las funciones del Estado se establecen en el artículo 25 de la cpeum (2019).

Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la com- petitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones nece- sarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a gene- rar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución de referencia.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo

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27 Constitucional. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, coo- perativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

4.4 Formas de estado y gobierno

Respecto a las formas de estado y gobierno, podemos encontrar una gran cantidad de clasificaciones, dependiendo del lugar geográfico en el cual nos encontremos o el periodo de tiempo que decidamos estar. De acuerdo con los procesos de centralización, los estados se clasifican como unitarios, regiona- les y federales; si consideramos su forma de gobierno, se pueden dividir en monarquía, democracia y aristocracia; pero si tomamos en cuenta la distribución del poder, encontramos el unitarismo, federalismo y las confederaciones.

4.5 Formas de estado y gobierno en la comunidad internacional

En la actualidad, se distinguen tres tipos de gobierno: monarquía, autocracia y democracia.

— Monarquía: es la forma de gobierno en la cual el jefe del Estado es un rey o príncipe, que posee un poder vitalicio y hereditario, es decir, gobierna de por vida y recibe el poder por herencia, formándose una dinastía o familia real.

— Autocracia: el gobierno se encuentra en manos de una autoridad arbitraria y el poder concentrado en un pequeño grupo de personas o en un solo partido.

— Democracia: el origen de la palabra democracia proviene de los términos griegos demos, que significa pueblo, y kratos, que quiere decir gobierno, autoridad. Por lo tanto, la democracia se define como un sistema de organización política en el que los miembros de la sociedad tienen derecho a participar en la dirección y gestión de los asuntos públicos.

Sin embargo, estas formas de gobierno se ven permeadas de elementos del sistema político.

— Elementos institucionales: son los órganos e instrumentos que dirigen el sistema y cumplen la función de asignar valores a la sociedad.

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— Actores institucionalizados: la sociedad se organiza a través de ellos para transmitir sus demandas, influir o modificar las decisiones de la autoridad.

4.6 Forma de estado y gobierno en México, república, democracia representativa y federal

Para el desarrollo de este punto, es menester recurrir al artículo 40 de la Constitución (2020a), el cual menciona lo siguiente:

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

5. El Derecho Constitucional

Entre los aspectos que aborda el derecho constitucional están cuáles son los estados que integran la federación, a quién debe considerarse mexicano, cuándo y en qué circunstancias un servidor público puede ser sancionado y cómo el Estado debe responder ante los particulares de los daños que el servidor haya ocasionado, etcétera

5.1 Concepto de Derecho Constitucional

El derecho constitucional se encarga de regular el funcionamiento del Estado y de las garantías individua- les que corresponden a todas las personas que estén en territorio nacional. En nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 40 se señala que México es una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en lo que concierne a su organización interior, pero unidos en una federación. También se establecen las delimitaciones del territorio nacional y que el Estado funciona con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; así como las funciones que corresponden a cada uno de ellos.

5.2 La supremacía constitucional de las leyes

En todos los países existe un sistema jurídico, es decir, una serie ordenada de normas que, sin contrapo- nerse entre sí, regulan las actividades de los particulares y de los órganos de gobierno con el propósito

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de lograr un orden social. Evidentemente, las actividades humanas son tan ilimitadas como complejas, debido a que las actividades del gobierno deben relacionarse con ellas: regularlas, fomentarlas, orde- narlas, prohibirlas, etcétera. Entonces, al haber un ilimitado número de normas jurídicas, para que un país funcione debe existir un sistema que indique el orden en el que se deben aplicar con el fin de evitar la confusión.

Conforme a la jerarquía de las normas jurídicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido que los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución, es decir, ninguno de los dos puede prevalecer sobre el otro, pues siempre tendrán el mismo valor jurídico. Es importante destacar que los tratados no pueden contravenir la Constitución, ni ésta puede modificarse para contrariar a los tratados, de manera que el sistema respeta a la comunidad internacional, porque una vez que se ha aceptado y ratificado un tratado internacional conforme a la ley, ha de ser cumplido. Cuando un país ya no quiera estar sometido a algún tratado, puede renunciar, pero siempre con las consecuencias legales y diplomáticas que eso conlleva.

Después de la Constitución están las leyes reglamentarias generales, las cuales regulan algunos pre- ceptos de ella; a su vez, dentro de las leyes reglamentarias, encontramos las federales y las del fuero común. Esta división atiende al contenido de la norma y a la facultad que la propia Constitución señala para su elaboración.

Es importante destacar que sólo el Congreso de la Unión puede legislar las leyes federales, pero no las legislaturas de los estados integrantes de la federación. Por otra parte, existen las leyes reglamentarias locales, o del fuero común, que son elaboradas por los poderes legislativos de cada entidad federativa.

Esas leyes no deben contravenir el pacto federal.

En el tercer lugar del orden jerárquico, está el reglamento que, a su vez, norma una ley. Los reglamentos son generales, abstractos e impersonales y casi siempre son creados por el poder ejecutivo. Además, amplían el alcance de la ley.

Las diferencias principales entre una ley y un reglamento son dos: primero, su jerarquía (el reglamento está por debajo de la ley, ya que su función es complementar a ésta, no crearla ni mucho menos contrade- cirla); y segundo, su origen, pues la ley la crea el órgano legislativo del Estado, en cambio, el reglamento lo hace el órgano ejecutivo que debe aplicar la ley.

5.3 Concepto y características de la soberanía interior y exterior

El vocablo soberanía, está formado por super (encima) y el sufijo –anus (procedencia) y el sufijo -ia. Por tanto, su significado es la cualidad que tiene el soberano, es decir, quien tiene autoridad sobre el resto.

Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. Con base en lo anterior, se puede deducir que la soberanía es un elemento modal de la estructura dinámica de la forma política moderna, que cualifica el poder y determina sus relaciones de la estructura. El diccionario de la Real Academia Española (rae, 2020) también define soberanía como la máxima autoridad dentro de un esquema político y al soberano como el ser superior dentro de una entidad que no es material.

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Entre los tipos de soberanía se encuentra la nacional, que establece que el poder está en manos del pue- blo y que éste se ejerce a través del conjunto de órganos de tipo constitucional, que son representativos de aquel citado pueblo.

Jean Jacques Rousseau sostuvo que quien tiene el derecho a ejercer soberanía siempre es el pueblo.

Para él, todos los ciudadanos son iguales y pueden conducirse con libertad. No hay una persona especí- fica que mande, sino que las órdenes son emanadas de un sujeto, sin determinar que viene a representar la voluntad de la gente.

Sin embargo, este concepto no puede confundirse con el de autodeterminación, ya que la autodeter- minación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, además de estructurarse libremente, sin injerencias externas, de acuerdo con el principio de igualdad. Por su parte, la soberanía radica en la facultad de legislar, sin que otro pueda determinar el contenido de las normas, que no es absoluta ni ilimitada y va más allá de los factores reales de poder existentes en la comunidad. Por ende, el legislador tendrá que respetar el derecho internacional, los derechos humanos y la igualdad jurídica de los Estados.

El ejercicio de la soberanía tiene consecuencias:

a. El pueblo es el poseedor de la soberanía, pero ésta no es distribuida de manera ideal, sino que unas partes del pueblo disponen de más soberanía que otras. Hay partes de la comunidad que disponen de un mayor poder real y de mayor capacidad de influencia en las decisiones políticas, y esas tendrán, por lo tanto, una mayor soberanía que otras.

b. Independientemente del proceso formal de creación de la ley, puede haber un sector de la comunidad que disponga de una capacidad mayor para influir en la creación de derecho y, en consecuencia, en lo que se ha denominado como la “soberanía del Estado”; es decir, la tenencia efectiva, real, definitiva, única y originaria de la soberanía está en el pueblo, pero el proceso de transformación en normas jurídicas pasa por una distinta dimensión y peso de las fuerzas que se mueven en la sociedad.

5.4 La soberanía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se promulgó el 5 de febrero de 1917 y está dividida en dos grandes partes: la primera se conoce como dogmática y abarca de los artículos 1 al 29 y el artículo 123, mientras que la parte orgánica va del artículo 39 al 136. Los artículos 30 al 38 regulan la nacionalidad.

La primera parte contempla las “Garantías fundamentales” de todos los habitantes del país, es decir, sus derechos principales; la segunda parte establece la estructura y el funcionamiento del Estado mexicano.

Con respecto a la soberanía nacional, el artículo 39 de la Constitución (2020a) menciona que el pueblo la posee de manera originaria, es decir, siempre le ha correspondido. De manera esencial, se destaca que sin el pueblo no hay soberanía:

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Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público di- mana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

De esta forma, el poder público corresponde al pueblo mexicano, quien lo permite o delega a sus autori- dades, pero nunca lo pierde. Sólo el pueblo es soberano, es decir, es la máxima autoridad, por lo que no está sometido a nadie.

El artículo antes mencionado es producto de una evolución histórica que pretendía impedir a los caciques, dictadores o emperadores pisotear al pueblo y considerarse soberanos.

6. La administración pública y el poder ejecutivo

La administración pública compete al poder Ejecutivo, sin embargo, los otros dos poderes también ejer- cen algunas funciones de administración pública, pues ésta se relaciona con toda la actividad del Estado tendiente a satisfacer las necesidades de los gobernados y a lograr el cumplimiento de la ley, para el orden social.

6.1 El sistema presidencial

La centralización consiste en establecer una unidad de mando que permita ejecutar todas las órdenes que se generen para la dirección de la política y administración adecuada del país. En México la máxima autoridad federal ejecutiva es el presidente de la República, a él pertenece el mando central, esto es, de él parten las órdenes que se derivan en áreas centralizadas que las hacen cumplir y las respetan. Con esto se intenta lograr una uniformidad entre lo que ordena el presidente y lo que se hace.

De acuerdo al artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (2020b), la administración federal es centralizada y paraestatal:

Artículo 1°. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Con- sejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada.

6.2 Los secretarios de estado

La administración pública federal centralizada está integrada, en primer lugar, por la Presidencia de la República, luego las secretarías de Estado, los departamentos administrativos (que por el momento no existen, ya que el que había era el Departamento del Distrito Federal, ya desaparecido, pues ahora

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tenemos Jefatura de Gobierno del Distrito Federal) y, por último, la Consejería Jurídica del presidente de la República, cuya función consiste en brindar asesoría legal directamente al presidente de la República.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (2020b), en su artículo 26 establece que para los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta con las siguientes dependencias:

— Secretaría de Gobernación

— Secretaría de Relaciones Exteriores

— Secretaría de la Defensa Nacional

— Secretaría de Marina

— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

— Secretaría de Hacienda y Crédito Público

— Secretaría de Bienestar

— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

— Secretaría de Energía

— Secretaría de Economía

— Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

— Secretaría de Comunicaciones y Transportes

— Secretaría de la Función Pública

— Secretaría de Educación Pública

— Secretaría de Salud

— Secretaría del Trabajo y Previsión Social

— Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

— Secretaría de Cultura

— Secretaría de Turismo

— Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

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6.3 El procurador general de la república

La Procuraduría General de la República (pgr) fue:

el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos (Gobierno de México, s.f.) El Procurador General de la República era el titular de esta institución y presidía al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares: la Agencia de Investigación Criminal, las fiscalías especializa- das, la policía investigadora y los peritos. Esta institución actualmente se ha reemplazado por la Fiscalía General de la República.

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La pgr tenía como funciones principales diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de investigación criminal de los delitos; además su función era garantizar la protección y asis- tencia a las víctimas, testigos y el resto de los sujetos que integran el proceso judicial. Incluso asumía la titularidad y sustento de las acciones penales públicas, en representación del Estado y la sociedad en general, ante el Poder Judicial de la Federación.

6.4 Facultades y obligaciones del presidente de la república

Son cuatro los artículos en los que se definen algunas facultades y obligaciones del presidente de la República: 26, 27, 89 y 108. De acuerdo con ellos, el presidente puede:

— Promulgar y ejecutar las leyes hechas por los senadores y diputados.

— Nombrar y remover miembros del gabinete.

— Nombrar a coroneles o cónsules, los cuales deben ser aprobados por el Senado.

— Designar, previa ratificación del Senado, al Procurador General de la República.

— Declarar la guerra en nombre de México y activar a las fuerzas armadas para mantener la seguridad nacional.

— Manejar la política exterior y celebrar tratados con dirigentes de otros países.

— Convocar a sesiones extraordinarias del Congreso.

— Conceder indultos a reos o privilegios limitados a inventores o descubridores.

— Enviar al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos y el Producto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

— Otorgar concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos que son del dominio de la nación a excepción de la radiofusión y telecomunicaciones.

— Reglamentar la extracción y utilización de las aguas del subsuelo y establecer zonas reservadas.

— Perseguir delitos, ejercer la acción penal e intervenir como parte en los juicios de amparo (Milenio Digital, 2018).

6.5 La facultad reglamentaria

Desde el punto de vista jurídico, son las normas de derecho que le dan a una persona la atribución de llevar a cabo actos válidos que producen efectos jurídicos. Esta facultad lleva implícita la capacidad para actuar de forma legal, es decir, se le otorgan a una persona diferentes atribuciones para realizar actos derivados de poderes específicos por el orden normativo.

6.6 Emisión de decretos y circulares

Los decretos se pueden dividir de la siguiente forma:

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— Decreto Legislativo. Se trata de una norma autorizada por el Congreso, que permite al gobierno que posea la facultad para dictarla. El decreto legislativo se ocupa de una materia específica por un plazo determinado. El Congreso habilitará un Decreto legislativo a través de una Ley de Delegación del Ejercicio de la Potestad Legislativa (también llamada ley autoritativa), para que el gobierno lo pueda emitir. El Decreto Legislativo se considera una norma con rango de ley.

— Decreto administrativo. Dentro de ellos hay decretos administrativos o del ejecutivo, decretos de destino, decretos promulgatorios, decretos-ley y decretos delegado.

— Decreto judicial. Es un tipo de resolución judicial que, sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene por objeto permitir el desarrollo normal del proceso u ordenar actos de mera ejecución.

En este sentido, la actividad jurisdiccional se concreta esencialmente en el acto denominado sentencia;

para obtener ésta, existe un proceso con una serie de etapas donde se toman decisiones que comúnmente se llaman decretos. No obstante, los juzgadores con frecuencia utilizan la misma expresión para las etapas y para la resolución final (que corresponde a la sentencia), esto aumenta la confusión de terminología que existe en todas las ramas del derecho.

La circular debe respetar el principio de la jerarquía normativa: no puede contener disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en las Leyes, Decretos, Órdenes acordadas por las Comisiones Delegadas del Gobierno, Órdenes ministeriales y disposiciones de autoridades y órganos inferiores según el orden de su respectiva jerarquía; dentro de estas últimas se enmarcan las circulares y, generalmente, son emitidas por los órganos administrativos con rango de Dirección General.

6.7 Promulgación de leyes

Para la creación de la ley se requiere seguir el proceso legislativo, es decir, el procedimiento necesario para la existencia válida de la ley. Ese proceso consta de varias etapas. Las primeras tres, por lo general, son responsabilidad del Poder Legislativo, que se encarga de su iniciativa, discusión y aprobación. De ser así, las siguientes etapas son: sanción, promulgación y publicación; esta parte del proceso corresponde al Poder Ejecutivo. La última etapa es la iniciación de vigencia de la norma.

La primera etapa, iniciativa de ley, consiste en la entrega al Poder Legislativo de un proyecto que contiene lo que se busca hacer ley. Esta iniciativa sólo puede ser presentada por el Presidente de la República o por los legisladores. Un particular o una empresa carecen de facultades para presentar iniciativas de ley.

En todo caso, si tienen una, deben presentarla por medio de un legislador.

6.8 Inspección y vigilancia de las actividades de los particulares

Con el paso del tiempo, además de las funciones que desempeña el Estado de forma tradicional, han surgido otras que la doctrina llama emergentes. Una de estas funciones es la de verificación o inspección.

Esta actividad es una función administrativa que es atribuida a los órganos del Poder Ejecutivo, tanto federal como estatales y municipales.

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6.9 Sanción por infracción a las disposiciones legales y reglamentarias

El deber ser del orden jurídico hace obligatoria determinada conducta o abstención en todos los seres humanos que viven en un tiempo y lugar determinados. Actuar contra la norma debe generar la sanción respectiva, que implique una compensación a favor de quien fue agraviado en sus derechos.

Se entiende como sanción a la consecuencia del incumplimiento o la infracción de una norma. La sanción puede cobrar la forma de multa, amonestación, privación de la libertad, etcétera.

6.10 Persecución de delitos por violación a las leyes

La persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la cpeum (2019). Por lo tanto, dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido exclusivamente a dicha institución.

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Diccionario de la Real Academia Española. (2020). Soberanía. Recuperado de https://dle.rae.es/?for- mList=form&w=soberan%C3%ADa#

Bracamonte, E. (2002). Política, Estado y gobierno. Revista Ciencia y Cultura, 10. Recuperado de http://

www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232002000100009

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Milenio Digital. (2018) ¿Qué hace un presidente? Milenio. Recuperado de https://www.milenio.com/

elecciones-mexico-2018/que-hace-un-presidente

Torres, E. (2012). Derecho mexicano contemporáneo. México: McGraw-Hill.

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