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La minería, generadora de violencia estructural y directa - el caso de La Vega (Cauca)

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T

ESIS DE MAESTRÍA EN

‘E

STUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE EL DESARROLLO

Título:

La

minería,

generadora

de

violencia

estructural y directa. El caso de La Vega

(Cauca)

AUTOR:GIORGIO SABAUDO

DIRECTOR DE TESIS:MAURICIO URIBE LÓPEZ

ÉNFASIS DE LA TESIS:INVESTIGACIÓN

CONCENTRACIÓN:SEGURIDAD,PAZ Y DESARROLLO

Resumen

Este trabajo analiza los impactos de la exploración y de la explotación minera, legal e ilegal, en los corregimientos del municipio de La Vega, en el Macizo colombiano, intentando averiguar si esta estrategía económica es funcional a la construcción de la paz y al desarrollo de la región o, por el contrario, si es funcional a la exacerbación del conflicto y de la injusticia social.

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Tabla de contenido:

1. INTRODUCCIÓN………...

2. MARCO CONCEPTUAL………..………. 2.1 El Desarrollo: ¿Estrategia de acumulación por desposesión? ………

2.1.2 Una visión general sobre el sector minero colombiano ………. 2.1.3 Los impactos sobre la agricultura. Hacia una relación de dependencia ………. 2.2 ¿Cómo enfrentar la acumulación por desposesión, y construir la paz desde otro desarrollo? ……….

3. PROPUESTA METODOLÓGICA ………... 3.1 Diseño de Investigación ………. 3.2 Muestra………... 3.3 Proceso metodológico... 3.4 Enfoque investigativo... 4. LOS IMPACTOS Y LAS REACCIONES GENERADAS POR LA MINERÍA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA …… 4.1 Contexto geográfico y cultural………... 4.2 El caso de la mina legal ‘La Custodia’, de Carboandes S.A.,en la vereda de Hueco Hondo ………. 4.3 La llegada de la minería ilegal ……… 4.3.1 El caso de la minería ilegal en el Recreo ……… 4.4 Sembrando proyectos de vida. El Proceso Campesino y Popular de La Vega: una mirada desde el territorio y la comunidad ………. 4.4.1 La resistencia a la minería en Cerro Negro ……….. 4.4.2 ASAT: la lucha por el agua ……… 4.5 ¿Cual desarrollo para las comunidades? ¿Cuál paz?... 4.6 Tabla con resumen de los impactos mineros………. 5.CONCLUSIONES... BIBLIOGRAFíA ... ANEXOS... Página 3 7 7 8 10 12 17 17 19 20 21 22 22 23 25 26 29 29 33 35 39 41 44 47

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1. Introducción

Generalmente el concepto de „desarrollo‟ tiene connotaciones positivas y es entendido como

progreso y evolución socio-política de una sociedad. Sin embargo, es generador de conflictos

epistemológicos y paradigmáticos, especialmente cuando el promotor de estas políticas de

desarrollo es el gobierno, y los receptores de las mismas son las comunidades ubicadas en

territorios periféricos, muchas veces en regiones donde el Estado casi nunca estuvo presente. Por

lo anterior, el desarrollo es una moneda de doble cara: si por un lado apunta, y es funcional, a la

construcción de un proceso emancipador, a través del cual las comunidades pueden organizar sus

planes de vida al servicio de sus necesidades y libertades; por el otro lado, el desarrollo, como

proyecto pensado „desde arriba‟, puede contradecir los procesos emancipadores, pensados a nivel

local.

Este documento se enfoca en el análisis de los impactos de la exploración y explotación

minera, tanto legal como ilegal, en los corregimientos del municipio de La Vega, Cauca,

averiguando si esta estrategia económica es funcional a la construcción de la paz en la región o,

por el contrario, si es funcional a la exacerbación del conflicto social. Si bien para el gobierno

esta política es necesaria para el crecimiento económico del país, para muchas comunidades

locales, sean campesinas, indígenas o afro-descendientes, la misma representa una amenaza

socio-política, económica y cultural. Las políticas relativas al extractivismo y al sector agrícola,

aplicadas por el gobierno, parecen ser contradictorias a su deseo de llegar a un acuerdo de paz,

porque las mismas excluyen o niegan las necesidades básicas y los derechos de muchas

comunidades locales, que están en peligro de sobrevivencia debido a la destrucción de su entorno

natural (por la contaminación), a la limitación de sus posibilidades y por los intereses

económicos llamativos para unos grupos armados al margen de la ley.

A través del análisis del caso instrumental de La Vega, Cauca, se comprobará que la minería

no es sustentable, y es generadora de violencia y conflictos. Para hacerlo, se analizará el

desarrollo desde un enfoque crítico del capitalismo mundial, cuya lógica se entiende como una

estrategia de acumulación por desposesión, y desde una perspectiva local y comunitaria. A través

de un marco conceptual que incluya la autonomía, la conservación ecológica y la soberanía

alimentaria, variables principales para que un desarrollo, desde y para la periferia, sea viable, se

presentarán dos teorías incompatibles entre sí: la primera caracteriza la visión de la realidad y las

(4)

gubernamentales; la segunda se refiere a la percepción del concepto de desarrollo, según las

comunidades marginales, periféricas (en cuanto alejadas del mercado y de sus lógicas) y rurales,

como las del Macizo colombiano que hacen parte del Proceso Campesino y Popular de La Vega,

Cauca (PCPV).

Es necesario que la academia analice e investigue esta „diferencia perceptiva y conceptual‟,

sobre todo en este período histórico, en el que Colombia, a través de las negociaciones de La

Habana, está tratando de poner fin a una guerra que lleva 50 años1 . Los acuerdos deberían tener

en cuenta las peticiones y las propuestas de los distintos procesos sociales y concordar con ellos

una proceso culturalmente incluyente, para poner fin no sólo la guerra, sino más bien para

transformar los conflictos en relaciones pacíficas y sostenibles, así como lo propone Lederach

(1997). Por esta motivación, se tendrán en cuenta unos estudios del sociólogo noruego Johan

Galtung, que trata la ética de la paz, estudiando las dinámicas sociales para entenderlas en su

complejidad, y para trabajarlas de manera creativa con el fin de reducir la violencia en sus

diferentes formas2.

El desarrollo, según las teorías económicas (clásicas y neoclásicas, keynesianas, liberales y

mixtas), representa el crecimiento cuantitativo económico, o sea principalmente el aumento del

Producto Interno Bruto (PIB). La locomotora minero energética colombiana y la minería ilegal,

se insertan en un sistema económico neoliberal globalizado3, y se enfocan en la primarización de

la economía y de la rentabilidad; el crecimiento no tiene límites en la lógica vigente del sistema

económico mundial y, para ser constante, necesita expandir sus fronteras acumulativas a través

de un mecanismo de desposesión, así como lo define el geógrafo norteamericano David Harvey

(2003). En este contexto la extracción minera, que en su mayoría está en las manos de unas

pocas multinacionales extranjeras, está orientada hacia la exportación de materias primas como

oro, níquel, carbón y otros minerales. Esta política económica tiene como objetivo satisfacer la

necesidad del mercado de crecer siempre más, para acumular capitales en terrenos que

1

Uppsala Conflict Data Program (Date of retrieval: 2015/03/26) UCDP Conflict Encyclopedia: www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University. Department of Peace and Conflict Research | [email protected]

2

Según Galtung (2003), la violencia es ‘el conjunto de insultos evitables a las necesidades humanas esenciales y, en general, a la vida’: construir la paz significa entender la violencia y sus causas, para poderlas reducir y para crear las condiciones de su superación.

3

Este sistema fue creado por el economista austríaco Friedrich Von Hayek en 1944, y se desarrolló a partir de los aportes del monetarista estadounidense Milton Friedman: en 1973, durante el régimen dictatorial del General chileno Augusto Pinochet, y en 1976, durante la dictadura militar argentina. En el periodo post-colonial, fue introducido en África, a través de los adjustes estructurales del FMI y del Banco Mundial. En 1979, fue instaurado por Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y en 1980 por Ronald Reagan en Estados Unidos. Con la disolución de la URSS, en 1991, se expandió al resto de Europa y América Latina, adquiriendo una hegemonía a nivel planetaria.

(5)

anteriormente eran considerados como fuera de límite para los cálculos de rentabilidad. Las

regiones colombianas donde se prevé será mayor la extracción, son efectivamente aquellas donde

el Estado casi nunca estuvo presente4, sino con la presencia de las fuerzas armadas en la lógica

de la guerra contra las insurgencias.

La investigación se enfocó en el municipio de La Vega, que se encuentra en el corazón del

Macizo colombiano, estrella fluvial del país y uno de los lugares más biodiversos al mundo5. Es

aquí, en el municipio de Almaguer, que limita al norte con el municipio de La Vega, donde los

Andes se dividen en tres cordilleras formando un corredor natural desde la Amazonia hasta el

Océano Pacifico. Almaguer fue fundado en 1550 después de la conquista, y nació como pueblo

minero. Desde 1800 en el Macizo, la base productiva ha sido la parcela campesina que hoy es

puesta en riesgo por la nueva invasión minera. Este sistema productivo, ya al final de los años

70, fue amenazado por los primeros cultivos de coca y de amapola que llamaron la atención de

muchos campesinos que, debido a la ausencia del Estado y a la falta de oportunidades, se

prestaron a ser cultivadores de estos tipos de productos, para poder tener un medio simple y

seguro de ingreso. Debido a estos monocultivos y a la política de las fumigaciones con glifosato

de sodio, muchos territorios en los años vinieron perdiendo sus fertilidades, causando muchos

problemas a las comunidades y generando desplazamiento, sea por la presencia de actores

armados que por la degradación de la tierra.

Como plantea el economista catalán Joan Alier Martínez (2014), el acceso a los recursos

depende de antiguos ciclos biogeoquímicos, que hoy están en riesgo por la siempre más

acelerada explotación, orientada principalmente hacia la exportación. Esta sobreexplotación está

causando la degradación de los suelos y el empobrecimiento de las poblaciones rurales6; efectos

que, de hecho, no son propicios para la construcción de la paz, sino que, por lo contrario,

consolidan la violencia estructural colombiana. El conflicto dicotómico entre las políticas del

4 Según Juan Pablo Reyes (1988), ‘’buena parte de la minería realizada en Colombia es informal, pues alrededor del 60% de los mineros no tienen permiso ni han llenado formalidad alguna, al paso que cerca del 76% de las minas es explotado de forma ilegal’’. Esto confirma que la ilegalidad y la informalidad son los rasgos más importantes de la minería en el país, y que el Estado no ha logrado tomar el control sobre unos recursos que la Constitución la ha asignado como suyos.

5

“Colombia, en términos planetarios, es uno de los dos países con mayor expresión de la diversidad biológica en todos los niveles en que esta condición se expresa alfa (especies), beta (comunidades vegetales o tipos de vegetación) y gama (ecosistemas). Los resultados consolidados hasta agosto de 2005 del programa de investigación inventario de la biodiversidad de Colombia, señalan la existencia de cerca de 1.000 términos con información relativa a tipos de vegetación (diversidad beta)”. (Rangel, 2005, p. 292).

6

Según el Informe ‘Minería en Colombia’ (2013), de la Contraloría General de la República, “la calidad de vida de la población de las zonas de explotación de minerales no sólo no mejoró, sino que, en la mayoría de los casos, vio consolidar su retraso en contraste con otras regiones”.

(6)

agro-negocio y las políticas comunitarias concernientes la agroecología, ya está en marcha, como

hemos podido ver en las movilizaciones campesinas e indígenas de los últimos años (2012,

2013).

Siendo Colombia uno de los países cultural y biológicamente más diversos del planeta, si la

intención es la de llegar a una paz incluyente, se deberían tomar en cuenta los diferentes

conceptos y variables, relativos a la relación entre desarrollo, comunidades locales y medio

ambiente. Finalmente se trata de reconocer cuáles son las necesidades esenciales de cada cultura

o comunidad, para evitar que las mismas sean limitadas y violadas por la aplicación de políticas

totalitarias, llevadas a cabo por intereses particulares.

En este contexto, el objetivo general de la investigación fue ilustrar los efectos negativos de la

explotación minera, tanto de la legal cuanto de la ilegal, en La Vega (Cauca): se analizaron los

impactos que dicha actividad está generando en las veredas El Recreo, Santa Bárbara, Santa Rita,

El Ventiadero, El Mandúr y Hueco Hondo, entre otras, y se mostró que el „desarrollismo

colombiano‟ es funcional a la consolidación de un sistema de dependencia a nivel mundial, que

limita siempre más a las comunidades locales. De esta forma, se están generando siempre más

diferencias entre las comunidades periféricas y los centros de poder, gracias a la primacía de la

economía acumulativa capitalista (economía de cambio) sobre la economía de la naturaleza y la

del sustento (economía de uso)7, cumplida a través de un desposeimiento ecológico siempre más

acelerado. Estas políticas, yuxtapuestas al concepto de paz incluyente, forman evidentemente un

contrasentido.

Para evitar que estos impactos sigan generando conflictos socio-ambientales, a través de sus

implicaciones sobre los modos y medios de vida de las comunidades que en estas áreas viven, y

para poder construir un desarrollo endógeno e integral, funcional a la construcción de la paz en

las regiones, será fundamental entender las causas del conflicto concerniente la tématica minera,

junto con las diferentes necesidades locales.

7

Se considera valor de uso la utilidad o aptitud de los bienes para satisfacer necesidades humanas. Se le contrapone en economía al concepto de valor de cambio, o valor de mercado de las cosas. Por ejemplo, el agua tiene un gran valor de uso y un escaso valor de cambio; por el contrario, el oro tiene un alto valor de cambio y un casi inexistente valor de uso.

(7)

2. Marco conceptual

2.1 El Desarrollo: ¿Estrategia de acumulación por desposeimiento?

En nombre del desarrollo, durante las últimas décadas, las políticas estatales e internacionales

han expandido su campo de influencia e intervención, sobretodo respecto a los recursos

naturales.

Desde los años 80 la conservación de la biodiversidad pasó a ser analizada en el contexto de

las políticas del desarrollo; los recursos naturales fueron considerados de manera análoga a los

demás factores de producción y se asignaron derechos de propiedad sobre la biodiversidad, para

poder sacar provecho de su inserción en el mercado económico mundial. En 1983, la FAO

afirmó que los recursos biológicos son patrimonio de la humanidad y que, en cuanto tales, deben

ser de libre acceso8. A pesar de las directivas de la FAO, en 2012 Colombia adhirió a la Unión

Internacional para la Protección de las Nuevas Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que permite

proteger y privatizar nuevas variedades independientemente del origen de la especie inicial. El

gobierno colombiano, para poder firmar el tratado de libre comercio con EEUU, tuvo que adherir

al UPOV; de esta manera, las especies y sus derivados, corren el riesgo de ser privatizados y

comercializados por el mercado mundial, perdiendo la característica de ser bienes de público

acceso, en lugar de bienes incluidos en un monopolio privado.

A través de estas políticas, según el geógrafo estadounidense David Harvey, se están

causando daños irreversibles a muchas comunidades locales, y especialmente a sus modos y

medios de vida. La visión neoclásica del desarrollo, entendida como crecimiento sin límites, está

promoviendo una destrucción creativa, realizada en las periferias, a través de la formulación de

políticas desde los centros financieros, económicos e institucionales: la economía, para poder

crecer, ha ampliado su frontera acumulativa a través de mecanismos de desposesión; ha ocupado

nuevos campos para poder acumular capitales en terrenos que anteriormente eran considerados

como fuera de límite para los cálculos de rentabilidad. Los recursos naturales y las comunidades

que dependen de éstos, están ahora, quizá como nunca, entre los objetivos del sistema de

acumulación capitalista; distintos procesos de producción sostenible, realizados por unas

comunidades locales, junto con los conocimientos locales y particulares, son comprometidos.

8

En 1983 la FAO aprobó el ‘Compromiso Internacional sobre los Recursos Filogenético’ declarando como principio, que los recursos genéticos son considerados un patrimonio de la humanidad y que por tanto su acceso no debiera ser restringido.

(8)

El desposeimiento, de esta forma, no se queda simplemente en el plan físico, sino que apunta

a incorporar al plan cultural y social de los pueblos, haciéndose totalitario y homogeneizador. Es

lo que diferentes académicos y activistas definen como biopiratería, o sea la expropiación de una

materia prima para fortalecer el proceso de explotación capitalista del conocimiento9.

En este contexto, tanto en la lucha por el control de la tierra (que se manifiesta principalmente

en el antagonismo entre las grandes haciendas y los minifondos10), tanto en la lucha por el

control del territorio (definido como espacio político y económico), ha sido de central

importancia el papel de la violencia, agitada por diferentes actores: por los grupos guerrilleros,

los paramilitares y el ejército, a través de la militarización. La violencia ha jugado y juega un

papel clave en la realización del proyecto neoliberal: el desplazamiento puede considerarse tanto

una estrategia para vaciar el territorio y ocuparlo11, cuanto una manera para determinar la

urbanización forzada y miserable de millones de personas, que van a constituir un gran ejército

de reserva de mano de obra en las grandes ciudades; este fenómeno pisotea los derechos

fundamentales y las necesidades básicas de las víctimas de la guerra, creando un círculo vicioso

sin fin. Por lo anterior, la violencia parece ser endémica y funcional al „devenir‟ del capitalismo,

y corresponde a la necesidad de determinar, dentro del mismo país, unas áreas coexistentes de

desarrollo y de subdesarrollo.

9

Un caso emblemático corresponde a la Resolución 970 del 2010, por medio de la cual ‘se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y uso de semillas en el país, su control y se dictan otras disposiciones’. En primera instancia, la resolución obliga a los campesinos a comprar semillas certificadas, que no pueden volver a ser reutilizadas en las sucesivas cosechas. Esencialmente, la resolución apunta a patentar y monopolizar a las semillas. Al respecto, Vandana Shiva (2011), filósofa y escritora india, ha expresado: La semilla patentada es ecológicamente incompleta y tiene problemas en dos niveles: en primer lugar, no se reproduce por sí misma sino que necesita la ayuda de la compra de insumos, mientras que, por definición, la semilla es un recurso regenerativo. Los recursos genéticos, a través de la tecnología, pasan de ser un recurso renovable a ser un recurso no renovable. En segundo lugar, como las compañías de semillas y químicos se fusionan entre sí (véase Monsanto), la dependencia de los insumos se incrementará (p.1). Como se puede comprobar en el documental de Víctor Solano ‘9.70’ , las consecuencias han sido que, entre 2010 y 2011, el Instituto Colombiano para la Agricultura (ICA), a través de una comisión del organismo, encargado de hacer cumplir la 9.70, ha reportado el decomiso de 1.167.225 kilogramos de semillas de arroz, papa, maíz, trigo pastos, frijol, entre otras, a diferentes campesinos del país. En el año 2012, la misma institución rechazó 2.793.392 kilogramos de semillas de arroz por no cumplir con los requisitos exigidos. Un caso emblemático es el del municipio de Campoalegre, en el departamento del Huila: el 31 de mayo de 2011, el ICA selló 70 toneladas de arroz y procesó judicialmente a los campesinos que guardaban las semillas, por violación a registros y patentes.

Este ha sido una de las causas que ha llevado a los campesinos colombianos a rebelarse en los dos paros agrarios de los últimos dos años (2013 y 2014).

10

Según Daniel Libreros (2014), profesor de Ciencias Políticas de la U.N., en Colombia el 1% de las familias ricas en el campo concentran aproximadamente el 60% de la tierra apta para producir.

11

Según el Informe Mundial 2015 de la organización internacional Human Rights Watch, la violencia asociada con el conflicto armado en Colombia ha provocado el desplazamiento forzado interno de más de 5,7 millones de colombianos desde 1985, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos.

(9)

2.1.2 Una visión general sobre el sector minero colombiano

Ander Gunder Frank, durante los años 60, fue de los primeros autores en analizar la dependencia

entre „países desarrollados y subdesarrollados‟; según el economista y sociólogo alemán, „la

mayoría de los estudios del desarrollo y del subdesarrollo adolecen de no tomar en cuenta las

relaciones económicas y otras entre las metrópolis y sus colonias económicas, a lo largo de la

historia de la expansión mundial y del desarrollo del sistema mercantilista y capitalista‟ (1967,

p.159).

Es en este contexto de dependencia que se han implementado las políticas extractivistas en la

mayoría de los países latinoamericanos, y la locomotora minero energética en Colombia:

Guillermo Rudas Lleras y Jorge Enrique Espitia Zamora (2013) han elaborado un documento,

‘Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos’, que analiza por

municipios y departamentos, el caso colombiano. Los autores escriben que desde el 2004, y muy

especialmente a partir del año 2008, la producción de minerales e hidrocarburos empezó a

desplazar sectores con mayor demanda de empleo por unidad de producto (la agricultura y el

sector manifacturero), dentro de los principales sectores de la economía colombiana:

En términos del producto interno bruto (PIB), entre el año 2000 y el 2007 la participación de este sector (minero) presentó una fuerte caída, pasando de un 7,9% a un 5,7%; pero a partir de ese momento se produce una acelerada recuperación, alcanzando un 7,7% en el 2012, muy cerca del nivel de participación en el PIB a principios del período. En contraste, las participaciones del sector industrial y del sector agropecuario en el PIB perdieron en todo el período, respectivamente, 1,6 y 1,8 puntos porcentuales, generando como resultante una mayor dependencia de la economía de las materias primas del subsuelo. (p. 35)

El crecimiento del sector minero, particularmente del carbón, pero también del oro12 y del níquel,

obedeció no sólo al crecimiento de los precios en el mercado internacional, a partir de 2004 ,

sino a un crecimiento sostenido de de los volúmenes de producción, y por ende de las

exportaciones hacia Norteamérica y Europa.

Los principales productos mineros del país destinados a la exportación (carbón, oro y níquel), se

encuentran concentrados principalmente en 7 de los 33 departamentos (Cesar, La Guajira,

Antioquia, Casanare, Chocó, Córdoba y Meta): el oro se produce prioritariamente en Antioquia,

pero a partir de 2009 la región del Chocó empezó a incrementar su producción, junto a otros

12

(10)

departamentos como el Cauca; fue en este entonces que empezó a implementarse más la

presencia y la llegada de la minería ilegal a las regiones.

En su trabajo, Lleras y Zamora identifican unos indicadores (concernientes las condiciones de vida de la población, el fortalecimiento institucional y la afectación del medio ambiente), para

analizar los grados de desarrollo en las regiones donde se localizan las principales extracciónes

mineras del país: los autores concluyen declarando que „los principales municipios productores

de oro resultan ser significativamente peores con respecto al resto de municipios de la muestra, y

más aún con relación a los municipios no mineros con mayor desarrollo relativo‟ (p. 68). En las

áreas donde se concentra la actividad minera, se diagnostican altos niveles de pobreza, bajos

niveles en la calidad de vida, unos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) elevados,

significativos déficit en la capacidad de las instituciones públicas para ofrecer atención a los

grupos más vulnerables y al medio ambiente, y la existencia de una gran debilidad en las

instituciones locales.

El crecimiento de la minería, durante los últimos años, se ha reflejado en su participación en

el PIB, en su participación en las exportaciones y en el aumento de la inversión extranjera directa

(IED), pero como afirma Joan Martínez Alier (2014):

Sus exportaciones no pagan sus importaciones. Persiste una estructura desfavorable en el comercio exterior, se exportan más toneladas que se importan, y se vende mucho más barato por tonelada que lo que se compra. Y esa gran exportación física no consigue ya pagar las importaciones o lo consigue apenas. Las balanzas comerciales de estos países medidas en dinero están ya en déficit.

Esto es debido a que la inversión extranjera directa puede compensar el déficit comercial, pero

genera rentas que se escapan rápidamente del país.

2.1.3 Los impactos sobre la agricultura. Hacia una relación de conflicto y dependencia

La agricultura ha sufrido cambios negativos por la degradación de muchos terrenos, debido a la

apertura económica de los años noventa y por la especialización hacia la producción de cultivos

(11)

De esta manera, se han incentivado los grandes monocultivos y los latifundios13; según Mario

Alejandro Perez (2014), profesor de la Universidad del Valle y miembro del Instituto de

Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación

del Recurso Hídrico (CINARA), hoy en día la caña de azúcar, el café y la palma aceitera

concentran cerca del 70% del área cultivada en Colombia, produciendo considerables

acaparamientos de tierra, que no son favorables para una política de desarrollo incluyente e

igualitaria. Además, como lo señala Camilo González Posso (2014), presidente del Instituto de

Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y ex ministro colombiano, la locomotora

minero energética, trayendo consigo la desregulación (para ser más llamativa por los

inversionistas extranjeros), ha debilitado la capacidad de control de las entidades ambientales,

favoreciendo la concesión de licencias para un puñado de grandes compañías multinacionales y

la consecuente explosión conflictual con las poblaciones locales.

Por lo anterior, el sector extractivo explica la mayor parte de los conflictos ambientales en el

país14: según los datos publicados por Mario Alejandro Pérez, cerca de 8 millones de personas

han sido o pueden ser afectadas por la explotación minera y el área potencialmente afectada

cubre casi 25 millones de hectáreas, o sea cerca el 2,2% del territorio nacional.

En un contexto de dependencia, los recursos incluidos en los mercados internacionales (sean

semillas, biocombustibles o minerales) responden a una forma de exclusión de la globalización,

con implicaciones negativas para la promoción de la paz, como plantea el geógrafo canadiense

Philippe Le Billon (2001, Pp.561-584): la dependencia de los recursos, según el autor y la

literatura de la ecología política, explica mejor que la escasez o la abundancia, los conflictos

debidos a los cambios ambientales, ya que los países que dependen de la exportación de

productos primarios están en mayor riesgo de inestabilidad política, económica y de desigualdad

social, como bien se puede ver en el caso colombiano, y como también señalan Collier (2009) y

Michael Ross (1999). Esta dependencia resulta ser un producto histórico relacionado con la

13

De acuerdo con los datos reportados en 2014, el coeficiente de Gini, en donde 0 es igualdad total y 1 desigualdad absoluta, en Colombia es de 0,538. Con ese indicador, Colombia es el 14.º país con mayor desigualdad dentro de los 134 observados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

14

En un artículo publicado en El Espectador, Carlos Andrés Baquero (2014 ) utiliza los datos del Atlas de Justicia Ambiental para demostrar el impacto de los conflictos ambientales sobre las minorías indígenas y afrocolombianas: el 47 % de los conflictos ambientales estudiados en Colombia se debe a la minería de oro y carbón; los proyectos de infraestructura generan el 11% de los conflictos con las comunidades y las represas hidroeléctricas el 10 %. El 32 % restante es debido a las plantaciones de palma de aceite, a la explotación de petroléo, de madera y de otros recursos naturales. Las consecuencias ambientales de estas operaciones amenazan principalmente a los ríos (36%), los bosques ( 24 % ), el mar y los humedales (21%). Según Baquero, además de los efectos sobre el ecosistema, muchos grupos étnicos y campesinos han sido expulsados de sus territorios por estas explotaciones.

(12)

formación de la economía mundial, a través de la colonización antes, y por medio de la alianza

entre las elites locales y los intereses comerciales transnacionales hoy en día. En este producto

histórico, la Naturaleza ha sido considerada como campo de acción humana para el

desposeimiento ecológico15, y no como un sistema autogobernado con leyes propias. De esta

manera, los conflictos ambientales se caracterizan por ser luchas políticas intra e interestatales

debidas a las nuevas desigualdades, generadas por la aplicación de políticas hacia el „desarrollo‟

y la rentabilidad, tal como la explotación minera, tanto legal como ilegal.

La crisis ambiental, que resulta de éstas políticas, ha evidenciado el carácter agónico de la

racionalidad intrínseca a la ideología desarrollista, que según Joan Alier Martínez, solo puede ser

superada a través de un cambio epistemológico que permita originar relaciones sustentables (y

fortalecer las que ya existen) entre la naturaleza y las culturas, basándose en los saberes y en las

experiencias de las diversas comunidades: Mario Hernán López Becerra (2011), economista de

la Universidad de Caldas, afirma que „los desafíos para el desarrollo sostenible resultan ser los

mismos que enfrenta la paz; en el terreno epistemológico ambas perspectivas se apoyan en la

gestión de la complejidad, la comprensión de los sistemas complejos, la superación de la

fragmentación del conocimiento, el reconocimiento de la trans-disciplinariedad, el empleo de

múltiples metodologías y la trans-culturalidad en los distintos abordajes‟.

2.2 ¿Cómo enfrentar la acumulación por desposesión, y construir la paz desde otro desarrollo?

Autores como Vandana Shiva complementan estos análisis aportando nuevas propuestas; las

políticas, para subvertir la tendencia acumulativa intrínseca al capitalismo, deberían ser

enfocadas a la soberanía alimentaria (en lugar de la seguridad y de la dependencia)16 y a la

15

Por desposeimiento ecológico, se entiende la transformación de los recursos renovables en recursos no renovables, a través de la tecnología de los recursos genéticos. El cambio de unos procesos ecológicos de producción a unos procesos tecnológicos es la causa de desposeimiento de los agricultores y de la reducción de la diversidad biológica. La biopirateria es el fruto de tal transformación.

16

La definición de Soberanía Alimentaria propuesta por Vía Campesina en Roma (1996) corresponde al “derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su alimentación y su agricultura, a proteger y regular la producción y el mercado nacional de los productos agrícolas, con el objetivo de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, a determinar el grado de autosuficiencia y a limitar el “dumping” de productos alimenticios a sus mercados nacionales”. Por el contrario, el concepto de seguridad alimentaria fue ampliado oficialmente, en la XII Conferencia Mundial de la FAO (1989); apunta a que todas las personas tengan acceso físico, social y económico a los alimentos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. “El objetivo final de la Seguridad Alimentaria en todo el mundo es asegurar que toda la gente tenga, en todo el momento, acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesite (...) la seguridad alimentaria debe tener tres propósitos específicos: asegurar la producción alimentar adecuada; obtener la máxima estabilidad en el flujo de tales alimentos y garantizar el acceso a los alimentos disponibles a los que necesitan.” (MENEZES;

(13)

inclusión social respetuosa de las deferencias. Según Shiva, se deberían reconocer los obstáculos

que marginalizan el contexto rural; el más considerable es la „frontera de la creación‟, o sea la

división impuesta entre conocimiento científico y otros tipos de conocimientos, considerados

como no conocimientos, como los indígenas y los campesinos. Son principalmente estos

„conocimientos desconocidos‟ las bases para que sea posible construir y/o fortalecer modelos de

desarrollo endógeno. Retomando el ejemplo de la certificación de las semillas, y utilizando las

palabras de la autora india (2011):

Si somos serios acerca de la inclusión, tenemos que ser serios acerca de la diversidad; si somos serios acerca de la sostenibilidad, tenemos que ser serios acerca de la diversidad y tenemos que empezar a tomar en cuenta seriamente el conocimiento de nuestros agricultores, las mujeres campesinas, porque ellas han sido las expertas en semillas durante la mayor parte de la historia humana. (…) La frontera de la creación está declarando a nuestras semillas y nuestras plantas como simples contenedores de genes. (p.2) .

Villegas y López (2006) subrayan la importancia que tienen las transformaciones culturales en la

superación de la conflictividad: un desarrollo integral y funcional a los bienes comunes, para

acabar con la frontera de la creación, debe reconocer los usos y costumbres que tienen las

comunidades sobre el territorio, y debe considerar y permitir la regeneración de los ecosistemas

para proteger los patrimonios culturales y naturales de las comunidades. Desde la literatura de la

ecología política, autores como Martínez Alier, proponen modificar la contabilidad económica y

los indicadores de desarrollo, introduciendo la valorización de las pérdida de ecosistemas y de

biodiversidad, o sea de la perdida de aquellos „servicios ambientales‟ que permiten a muchas

familias y comunidades tener un „ingreso de subsistencia‟ favorable para un modelo de vida

autónomo.

Según lo expuesto anteriormente, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos

(EEUU), así como las políticas concernientes al agro negocio y el sector extractivista, puede ser

analizado como una expansión significativa del „Imperio económico‟ en el sector primario del

país latinoamericano. David Harvey se refiere al concepto de Imperialismo, tomando en

préstamo las palabras de Hannah Arendt. Según la autora judía17, el imperialismo es ante todo un

acto político destinado a garantizar el orden social interno y la expansión del mercado fuera de

2001:55). Si la soberanía alimentaria se enfoca en la soberanía productiva, la seguridad alimentaria se concentra en la seguridad de acceso al mercado alimentario.

17

(14)

las fronteras nacionales: a través de acuerdos comerciales o de la fuerza militar, accede a los

mercados extranjeros, a sus materia primas y a la fuerza de trabajo de bajo costo, lo que permite

invertir el excedente del capital no utilizado para acumular siempre más recursos y riquezas.

Harvey ve en el capitalismo (que según el autor tiene como punta de flecha a los Estados

Unidos) un proceso de trabajo a base planetaria, que apunta a anular la distancia geográfica entre

un nodo y otro de la red de producción para sincronizar el flujo de trabajo a su gusto. De esta

manera, el límite entre las zonas económicas capitalistas y las zonas no capitalistas es una

frontera virtual, ya que está siendo desmantelada y reconstruida según sus intereses.

Como afirman Luis Andrango y José Cuerva (2014, pp. 277-303), líderes campesinos de

Ecuador, para salir de este callejón sin salida, hay que volver a la agricultura, devolviendo

espacio a la única agricultura que siempre ha existido: la orgánica, la única capaz de mantener o

recuperar la fertilidad del suelo. Esta debe pensar a la demanda interna y a la soberanía

alimentaria, ya que el 60% de la alimentación mundial viene desde las agriculturas campesinas.

Para construir otro futuro, según el antropólogo colombiano Arturo Escobar, hay que repensar

el desarrollo a partir de las diferencias; la metodología más adecuada es la „ecología política de

la diferencia‟, que permite reconocer los saberes de carácter económico, social y cultural que

configuran las alternativas de lo diferente respecto al proceso dominante. Salir de la visión

hegemónica del desarrollo, para repensar unos modelos de desarrollo endógenos y humanos,

propuestos por las mismas comunidades, implica entender las causas de la desigualdad que

caracteriza el país colombiano; significa reconocer la violencia más ignorada e insidiosa; la que

Johan Galtung (2003, p.11) define como la violencia estructural, entendida como la violencia

causada por los continuos actos de omisión que obstaculizan el cumplimiento de las necesidades

humanas.

Galtung, analizando la violencia estructural, es relacionable con autores significativos para la

implementación de teorías del desarrollo humano, como Amartya Sen. Si para el sociólogo

noruego (2003), la violencia se define como todo lo que obstaculiza la realización completa del

potencial humano, tanto física como mentalmente, para el economista bengalí (1998, p.1) el

desarrollo debería referirse a las personas, y no únicamente a los objetos y al sector económico:

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva

(15)

y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones.

Para acabar con la violencia y para transformar los conflictos, no es suficiente acabar con la

guerra: es importante salir de la dependencia, de la desigualdad y del dominio; ampliar el campo

de estudio a todos los elementos existentes, dinamizando el concepto de paz, que no significa

exclusivamente ausencia de violencia directa o cesación de las hostilidades. Es necesario

desarrollar una relación no instrumental con la naturaleza, que permita construir relaciones

sustentables basadas en las experiencias y en los conocimientos de las diversas comunidades

locales (know how). Si no será así, talvez se podrá terminar el conflicto armado en contra del

Estado, sin pero resolver los otros problemas, así como pasó en Guatemala (1991-1996) y en

Salvador (1992).

Para que el desarrollo humano y la paz sean alcanzables, hay que apuntar a la autonomía en

lugar de la dependencia, ya que esta dependencia limita el potencial humano y las libertades

individuales y colectivas, relacionadas a las capacidades locales. Las personas deben ser libres

para tener derecho a construir sus alternativas y deben participar en la toma de decisiones que

afectan sus vidas: los ciudadanos en fin deben ser los primeros promotores de las políticas de

desarrollo, y deben tener espacios para implementar las mismas.

Camilo González Posso (2014, p.2), recientemente ha criticado los acuerdos de paz de La

Habana, porque carecen de transparencia y porque, hasta el momento, no han tratado como

deberían a la dimensión ambiental de la paz. El ex ministro de salud opina que esta falta expresa

la decisión del gobierno de no negociar asuntos que puedan poner en el centro de la agenda lo

relacionado con las políticas extractivistas, minero energéticas y sus impactos sobre territorios.

Sin embargo, señala que:

Los mayores desarrollos en iniciativas con consecuencias ambientales se encuentran en lo que trata de las Zonas de Reserva Campesina. Aparte de la función que se les asigna como instrumentos de ordenamiento para el “cierre de fronteras” se les atribuyen funciones de apoyo a la economía campesina y de protección de las zonas de reserva forestal.

En el Macizo colombiano, como señala el sociólogo colombiano Alfredo Molano (2011), durante

los últimos dos siglos, la base productiva ha sido la parcela campesina, que hoy en día es puesta

(16)

explotación por acumulación (oro, madera, amapola, coca) por parte de terceros y, por esta

razón, ha sido atractiva para los actores armados ilegales, que han causado el desplazamiento de

las poblaciones rurales y violencia (véase la masacre de Los Uvos18). El estado de abandono

estatal ha hecho que muchos campesinos, durante los años 80, encontrarán en la coca un medio

de subsistencia; muchos de ellos se volvieron ejército de reserva (de mano de obra) para el

narcotráfico y el conflicto. Las únicas intervenciones del Estado han consistido en la

militarización, en las fumigaciones, la erradicación forzada, la concesión minera y la

privatización de las semillas.

En este contexto, el Macizo y su gente son más que nunca amenazados de ser desposeídos de

sus tierras y los enfrentamientos entre los movimientos campesinos y las empresas explotadoras

y el gobierno no se harán esperar mucho19. La perpetuación del conflicto es también

consecuencia de la estrategia de control no sólo de los espacios en relación a los recursos, sino

del modo de explotación de los mismos para el sistema mundial. Nazih Richani (2014),

politólogo venezolano de origen libanés y docente de la Kean University, experto en conflictos

internos de larga duración, en una entrevista por el periódico El Espectador, ha reiterado que el

conflicto civil colombiano es básicamente por la tierra, su distribución y uso y que, para tener un

postconflicto pacífico, es necesario que el Estado apoye a los agricultores pequeños y medianos,

dando a la agricultura campesina un papel central en los procesos de paz. Según el „lo que puede

hacer el Estado es expandir las Zonas de Reservas Campesinas, garantizadas por la Ley 160 de

1994, y darle los baldíos a esas reservas en vez que a las multinacionales‟.

Para poder repensar al desarrollo rural e integral del Macizo colombiano, el trabajo tendrá en

cuenta las propuestas incluídas en el Proyecto Aurora, formulado por del Proceso Campesino y

Popular de La Vega (PCPV), que apuntan también a la construcción de una zona de reserva

campesina, que pueda garantizar la autonomía territorial, la defensa cultural e jurídica de los

campesinos y el cumplimento de sus necesidades; en fin que sea funcional al desarrollo

endógeno de la comunidad y que responda equitativamente a las necesidades ambientales y de

18

El 7 de abril de 1991, las unidades militares del "José Hilario López" ejecutaron extrajudicialmente a 17 campesinos en el corregimiento de Los Uvos, municipio de La Vega. (Fuente: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz)

19

El 30 de Septiembre de 2013, dos hombres desconocidos asesinaron a Adelinda Gómez Gaviria en Almaguer, Cauca. Adelinda Gómez era integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano y había impulsado una audiencia pública en Almaguer en febrero para denunciar los impactos sociales y ambientales de la minería (Fuente: http://lasillavacia.com/content/mineria-en-el-macizo-colombiano-cuando-el-macizo-vive-vivimos-todos-y-todas-46298)

(17)

desarrollo de las generaciones presentes y futuras, buscando superar las desigualdades

imperantes hacia una paz positiva estructural.

Durante la investigación cualitativa y participante, la metodología consistió en aplicar la

„ecología política de la diferencia‟, enunciada por Arturo Escobar, en el municipio de La Vega y

sus corregimientos, cuyo más del 60% del territorio es solicitado o concesionado por la

explotación minera a cielo abierto. El trabajo de campo empezó con la participación al „VII

Encuentro Internacional de Pueblos y Semillas‟20

, organizado por el Proceso Campesino y

Popular de La Vega (PCPV) en la cabecera municipal, entre el 30 de Octubre y el 3 de

Noviembre de 2014.

20

Este encuentro se organiza cada dos años, consiste en el intercambio de saberes y semillas, y vé la participación de diferentes organizaciones populares y campesinas, colombianas y extranjeras. El objetivo del encuentro es fortalecer la económia campesina a través del intercambio de semillas, práctica ilegal según la resolución 9.70.

(18)

3. Propuesta metodológica

3.1 Diseño de Investigación

De acuerdo con el propósito del trabajo de grado, se ilustró cómo la exploración y la explotación

minera, implementada por unas empresas privadas y por grupos al margén de la ley, crea

cambios estructurales sobre los modos y medios de vida de las comunidades de los

corregimientos del municipio de La Vega, en el Macizo caucano, cuyo territorio abarca 64.400

hectáreas21 y hospeda 45.000 habitantes.

Aunque la fase explotativa, en la mayoría de los casos, todavía no ha empezado, existen

ejemplos donde la explotación ya empezó, generando impactos negativos en la población local y

en el medio ambiente: estos casos se refieren principalmente a unas extracciones de oro,

controladas por grupos ilegales y por colonos, en la vereda El Recreo, corregimiento de

Altamira, cerca del Rio Patía, y en varias veredas de otros corregimientos de La Vega. En El

Recreo, hasta el momento, las extracciones han sido llevadas a cabo por colonos y actores

ilegales; sin embargo, en la misma área está prevista una de la más grande concesión minera del

país: el proyecto Dominical, de la multinacional Continental Gold, tomará 24,579 hectáreas.22

En la vereda de Hueco Hondo, corregimiento de Santa Juana, ubicada entre los municipios

de La Sierra y La Vega, está la mina „La Custodia‟, en concesión a la empresa Carboandes S.A,

cuyos derechos de exploración cubren un área de 3.633 hectáreas, bajo un contrato con la

Agencia Nacional de Minería (ANM) . En la investigación se analizaron, a través de las

entrevistas, los impactos que la fase de exploración tuvo en el tejido sociocultural de la

comunidad local.

Sin poder acercarse a las redes de significados locales, sería difícil evaluar en profundidad los

impactos y los cambios impuestos en los modelos de vida locales. Fue inevitable utilizar una

metodología de investigación cualitativa porque, siendo la intención analizar los impactos de las

políticas sobre la población, fue necesario entender las lógicas socio-culturales vigentes en la

comunidad y sus redes de significado. Para comprender la diversidad intercultural e

infra-cultural, (sobre todo acerca de las diferentes interpretaciones del desarrollo, la del gobierno y la

del Proceso Campesino y Popular de La Vega), la investigación fue marcada por una perspectiva

21 Ver mapa del Macizo en los anexos (fig.1) 22

(19)

émica23, para poder comprender los comportamientos humanos desde el punto de vista de los

actores sociales que habitan la región.

La metodología cualitativa es la mejor para entender los impactos del desarrollo sobre las

culturas, porque: El concepto de cultura es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con

Max Weber „‟que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha

tejido‟‟, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo

tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de

significaciones (Clifford Gertz, 1987, p.20). Las culturas y los cambios socioculturales deben ser

analizados a través de estas estrategias, porque un método puramente cuantitativo no es

suficiente para entender en profundidad la gravedad y las causas de los cambios impuestos por

entidades externas. Esto porque, como señalan Bonilla y Rodríguez (2010, p.28) :

El mundo de vida humano es un mundo cargado de sentido, de significados atribuidos y

aceptados por la cultura de la cual hacemos parte. Dichos significados están en la base de

las dinámicas sociales, en torno a las cuales se estructura la cotidianidad de la personas.

[…] La construcción intersubjetiva de sentido tiende a reducir las diferencias

(individuales), y a aumentar las semejanzas entre los miembros de grupos sociales y

culturales específicos. Este es el gran aporte de la metodología cualitativa: el

descubrimiento que no se necesita censar a la población entera, para comprender los

patrones de significados en torno a los cuales se organiza el comportamiento de los

individuos.

El método que se privilegió fue un estudio de caso24, el cual requiere cierta inmersión en el

mismo para captar múltiples detalles relevantes. Esta investigación previó dos técnicas de

recolección de información: la primera que se utilizó fue la „observación participativa‟ aplicada

principalmente por Bronislaw Malinowski en 1922 cuando escribió ' Los argonautas del Pacífico

Occidental‟. El antropólogo polaco dijo que para comprender el punto de vista de los sujetos

23

Una perspectiva émica, o ‘desde adentro’, busca comprender creencias y comportamientos humanos desde el punto de vista del actor social analizado; es una descripción en términos significativos (conscientes o inconscientes) para el agente que las realiza. Por ejemplo una descripción émica de una costumbre tradicional estaría basada en cómo explican los miembros de esa sociedad tradicional el significado y los motivos de esa costumbre. Este abordaje émico se opone a la perspectiva ética, de la que busca tomar distancia.

24

Merrian (1988) define el estudio de caso como descriptivo, heurístico, inductivo y particularista, considerándolo fundamental para estudiar problemas prácticos y situaciones determinadas.

(20)

observados y su visión del mundo, es inevitable insertarse en sus relaciones cotidianas. Por lo

anterior, una perspectiva émica y una metodología cualitativa fueron útiles para comprender la

esencia del problema, o sea la fenomenología, y para poder pensar al desarrollo de una teoría

(local) fundamentada en los datos de campo (grounded theory).

La segunda técnica consistió en recoger historias de vida, a través de entrevistas

semi-estructuradas25 a miembros del grupo focal del Proceso Campesino y Popular de La Vega

(PCPV), para analizar los impactos socio-ambientales y culturales de la extracción minera.

Consideré relevante la historia de Arley Guzmán, líder campesino de El Recreo, amenazado

numerosas veces por grupos ilegales, debido a su oposición a la minería.

Con las anteriores entrevistas nos aseguramos de que los individuos con los que se habló

reflejaran las percepciones que se buscaban indagar, los impactos en los modos y medios de vida

locales. Dichos informantes fueron representativos no en un sentido estadístico, sino en el

„sentido émico-cualitativo‟, porque en ellos se halla el „sentido común‟ de la comunidad

analizada por el estudio. Además se pudo tener una prueba del impacto de la mina en el sector de

la educación, de la agricultura y del ambiente, sectores clave para un desarrollo integral.

3.2 Muestra

Durante el estudio, los protagonistas de la investigación fueron miembros del Proceso

Campesino y Popular de La Vega (PCPV), organización que nació en octubre de 1987 en el

corregimiento de San Miguel del Municipio de La Vega, con la creación de la Asociación de

Juntas Comunales (ASOCOMUNAL)26. Como criterios centrales para esta selección se tuvo en

cuenta que: i) desde hace 27 años trabajan de manera comunitaria, participativa y a través de la

autogestión, para el mejoramiento de la vida de los habitantes de la región, ii) su preparación

académica y empírica es extremamente válida y heterogénea, en el sentido que entre los

miembros se encuentran campesinos, maestros de la „Escuela Normal Rural Superior de Los

25

Las entrevistas semi-estructuradas son entrevistas abiertas, en las cuales el entrevistador intenta que los entrevistados hablen libre y abiertamente.

26

El PCPV en 1991 implementó el Proyecto de Administración Municipal Comunitaria o Movimiento Comunal, con el objetivo de hacer una administración municipal al servicio de la comunidad. En 1992, su candidato resultó electo a Alcalde, y en 1995 fueron elegidos 6 de sus candidatos al Concejo Municipal. Fue una de las primeras organizaciones en Colombia en iniciar con la experiencia de los Presupuestos Participativos: por su participación en pro de la constituyente de 1991, le otorgaron el reconocimiento de Capital Comunal de Colombia. En 1992 se constituyó el Proyecto Despertar Vegueño, para trabajar en cultura y en salud con la niñez del municipio; el proyecto se convirtió en 1996 en la Fundación Proyecto Despertar Vegueño, que pronto fue convertida en una persona jurídica para tener un instrumento legal que le permitía contratar con entes de derecho público y de derecho privado. La Fundación recibió el nombre de Fundación Despertar en el año 1999.

(21)

Andes‟ de La Vega, estudiantes e líderes indígenas Yanaconas, iii) su heterogeneidad cultural y

social es de extrema importancia, para poder analizar los impactos socio-culturales de la

explotación minera, iv) se requería escuchar y dar voz a los actores que casi nunca tienen

posibilidades de expresión en los medios ‘mainstream’, v) el investigador tenía (y mantiene)

cercanía al grupo porque ha trabajado con ellos en otras investigaciones, vi) su plan de vida,

elaborado en el proyecto Aurora, no quiere excluir la modernidad y el desarrollo, sino que tiene

como objetivo remodelar estos conceptos, a partir de las prácticas cotidianas de construcción y

apropiación de la territorialidad y de la satisfacción de las necesidades básicas (vivienda,

alimentos y el sufrimiento ), en lugar de las necesidades ficticias inducidas por el consumismo,

vii) esta pretensión de poder vivir una „otra modernidad‟ está estrechamente relacionada con la

deconstrucción del discurso extractivista.

Con todos estos elementos se consideró más útil y funcional, para alcanzar los objetivos

académicos, focalizarse en las propuestas, críticas y redes de significados de los actores sociales

que rechazan el modelo de desarrollo impuesto por el sistema económico. La validez

(triangulación) se construye sobre las características y la trayectoria ya señaladas de los grupos

tomados como referencia para la investigación. Esto asegura que sus percepciones sean

representativas, no en un sentido estadístico sino como percepciones que representan los

significados que son comunes a la comunidad a la que pertenecen27.

3.3 Proceso metodológico

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en dos fases: la primera parte se centró en el

análisis de los impactos socio-culturales y ambientales de la mina „La Custodia‟, y de otras

minas ilegales, en el municipio de La Vega. Para ilustrar los impactos, se elaboraron una decena

de entrevistas a unos miembros del PCPV; algunas de estas se implementaron con Emidio Erazo

y Duberney Guzman, habitantes de la vereda de Hueco Hondo y miembro del PCPV. Emidio es

el último habitante de la vereda que todavía cultiva su tierra, los demás abandonaron la zona o se

volvieron empleados de la mina. Duberney Guzman, que hace unos años fue víctima de un

atentado por su oposición a la minería, es maestro de la escuela de Hueco Hondo y ha visto el

número de alumnos reducirse en gran medida en los últimos años. En la vereda de El Recreo, fue

27

Por ‘comunidad a la que pertenecen’, no se entiende la población general del municipio de La Vega, sino un grupo heterogéneo de individuos, distribuidos a lo largo del Macizo colombiano, que se ha organizado en el Proceso Campesino de La Vega, organización sombrilla que, a través del Plan Agropecuario Aurora, está intentando construir un plan de vida (o plan de desarrollo) hace años, rechazando la entrada de la minería, sea legal e ilegal, en el territorio.

(22)

entrevistado Arley Guzman, líder comunitario, músico y campesino, amenazado de muerte por

los distintos actores que explotan ilegalmente la mina.

Durante la segunda parte, se analizó el campo teórico de la discusión, se compararon los

diferentes valores y conceptos que caracterizan a las dos visiones distintas y antitéticas de

desarrollo: la del gobierno colombiano, con su lógica inherente a la locomotora minera, y la del

Proceso Campesino y Popular de la Vega (PCPV), caso instrumental del trabajo. En la crítica al

actual modelo de desarrollo, se analizaron las propuestas alternativas, o planes de vida, del

PCPV: se examinaron, porque son un ejemplo muy claro y emblemático de como se podría

implementar un desarrollo rural endógeno, a partir de las experiencias productivas locales.

3.4 Enfoque investigativo

El enfoque que se adoptó fue cualitativo e inductivo, y se desarrolló en un estudio de caso, a

través del cual fue posible mostrar cómo la locomotora minero energética exacerba los conflictos

socio culturales, rompiendo la estructura y las redes de significado de las comunidades locales. A

través de la recopilación de historias de vida, entrevistas a profundidad, de una observación no

estructurada, y la revisión de documentos, se pudieron explicitar los efectos nocivos sobre el

medio ambiente y la población. Sólo así fue posible ilustrar, comprender e analizar los

(23)

4. Los impactos y las reacciones generadas por la minería en el

municipio de La Vega

4.1 El contexto geográfico y cultural

En el Macizo colombiano, la Cordillera Andina Oriental se desprende de la Central, y hacia el

occidente los ramales volcánicos de la Sierra de los Coconucos separan los valles del Patía y del

Cauca28. El Macizo es la estrella fluvial del país29, donde nacen los más importantes ríos: el

Magdalena y el Cauca, cuyas aguas se dirigen al norte; el Caquetá y el Putumayo, que fluyen

hacia el este en la selva amazónica, y el río Patía que lleva sus aguas al occidente en la cuenca

del Pacífico. Su área es de alrededor de 3,2 millones de héctareas, de las cuales 1,3 millones son

bosques; 1,5 millones agro ecosistemas y casi 200 mil son áreas de páramo.

En 1990, la Unesco reconoció esta región como reserva de la Biosfera, debido a que en ella se

albergan 15 páramos, varios volcanes (entre ellos los nevados del Huila, Puracé y Sotará) y 65

lagunas. En este territorio conviven campesinos, indígenas Yanaconas (y en menor grado Paeces

y Coconucos) y afrodescendientes, que basan su economía en la llamada economía campesina,

que se caracteriza por dos características especiales: el uso exclusivo de mano de obra familiar y

la auto subsistencia. En La Vega, más del 90% de la población es rural; productora de café en un

70%, de panela en un 55% y de maíz en el 37%30.

El Atlas de Justicia Ambiental, proyecto apoyado por la Comisión Europea y dirigido por el

profesor Joan Martínez Alier, de la Universidad Autónoma de Barcelona, señana que en el

Macizo reposan 64 títulos mineros otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, a los que hay

que sumar los conseguidos de manera fraudulenta.31El porcentaje de territorio comprometido

(en concesión o solicitud) para la minería, es del más del 60% en los municipios de Bolívar, La

Vega, Almaguer, La Sierra y Rosas.32.

28

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/arqueologia/prehisp/cp15.htm

29

Desde el Macizo colombiano, nace el 70% del agua de Colombia.

30http://lavega-cauca.gov.co/informacion_general.shtml 31

http://ejatlas.org/conflict/mining-in-macizo-colombiano-colombia

32

(24)

4.2 El caso de la mina legal ‘La Custodia’, de Carboandes, en la vereda de Hueco Hondo

La minería entró por primera vez en los corregimientos de La Vega hace 24 años, cuando una

empresa japonesa llegó a la vereda de Hueco Hondo haciendo investigaciones y exploraciones

mineras, orientadas a extraer oro. Se quedó por aproximadamente seis meses y se fue.

En 2008, Anglo Gold Ashanti compró los estudios y la minería accedió nuevamente en la

vereda, con la sociedad Kedahda S.A, filial de la corporación surafricana. La Anglo Gold no

pudo avanzar mucho en los estudios del terreno, porque la mayoría de los pobladores se resistió a

darles los permisos.

En 2010, llegaron a Hueco Hondo unos señores que dijeron ser investigadores de la Universidad

Nacional, sede Bogotá, interesados en hacer un trabajo de grado; solo posteriormente se

presentaron como empleados de la empresa Carboandes de los Andes, empresa colombiana

aliada con Anglo Gold Ashanti, interesados en explotar oro y cobre en la mina de Hueco

Hondo-Santa Lucia, del tamaño de 37 km2. Desde el inicio de las exploraciones, según la empresa, „en

convenio de extensión con la Universidad Nacional de Colombia y su personal calificado, se han

realizado análisis químicos a un total de 34 muestras de sedimento activo, 171 muestras de chips

de roca, 1172 muestras de suelo, además de realizar estudios de petrografía en 86 secciones

delgadas pulidas, 20 muestras de concentrados de batea y la cartografía geológica y de alteración

a escala 1:5000. Paralelamente se ha realizado un estudio magneto métrico detallado del área, en

donde se ha encontrado alteración hidrotermal típica del sistema pórfido33‟. Con el fin de la fase

explorativa, a finales de 2010, durante la cual han sido perforados 18.255 metros a través de 51

sondajes, los empleados se fueron, pero dejaron un campamento instalado y un trabajador que

permanentemente cuida las infraestructuras.

La llegada de la minería generó un gran conflicto en la comunidad y tuvo serios impactos

tanto en el medio ambiente, como en el tejido socio cultural de la vereda. Emidio Erazo34 desde

la llegada de la minería tuvo que enfrentarse a ella: su casa está a 500 metros de las instalaciones

de Carboandes S.A y se encuentra cerca del rio Pancitará, que al occidente, más abajo,

desemboca en el rio Patía que llega a la cuenca del Océano Pacífico. Emidio cuenta que en ese

entonces, los pobladores trabajaban por un sueldo de más o menos 10,000 pesos por día, y que,

33

http://www.carboandes.com.co/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=12

34

Emidio Erazo es un campesino de 50 años que desde su nacimiento vive en su finca de seis hectáreas en la vereda de Hueco Hondo, donde produce caña, café, maíz, plátano, banano, yuca y frijoles entre tantos. Tiene seis hijos, campesinos como él.

(25)

cuando llegó, la sociedad Kedhada ofreció un sueldo mínimo a los campesinos que estaban

dispuestos a dejar sus tierras para trabajar en la mina. La empresa pagaba horas extra a los

empleados, y daba desde 30,000 hasta 50,000 pesos por viaje a los pobladores que arrendaban

sus caballos.

En mi vereda todo el mundo se fue de cabeza hasta la mina, yo le dije „yo no me voy!‟, ellos me decían „Que es que te van a pagar bien!‟, „Listo, me van a pagar bien, pero mientras yo me gano estos 50mil pesos, destruyo lo que tengo! La empresa se va a ir y me deja más mal de lo que estaba antes.

Hubo una ruptura social muy fuerte: la mitad de la población dejó el campo para trabajar en la

mina, los trabajos comunitarios perdieron fuerza y hubo un desplazamiento de la producción;

mucha gente se dedicó a la minería y dejó perder la producción por la cual vivía, que consistía en

el cultivo de caña, maíz y café. Emidio Erazo, desde la llegada de Anglo Gold Ashanti, se opuso

fuertemente a los proyectos mineros e intentó sensibilizar a la población, explicándole los riesgos

de la minería, a través de reuniones y talleres. Por esta razón, dice que fue intimidado y

amenazado más veces:

El señor Eliecer Chito, que era coordinador de la sociedad Khedada, filial de la Anglo Gold Ashanti, me hizo una gran amenaza, por una señalación que hicimos nosotros con la gente explicándole los riesgos de la minería. Me amenazó, me dijo que yo tenía que asumir las consecuencias de que eso traería: es una amenaza para mí‟. „Tuve una persecución que me llamaban hasta por la noche, diferentes llamadas en las cuales no he podido identificar quién me llamaba, pero lo que sí sé es que porque no quiero sacrificar la tierra, y por defender los recursos naturales de la comunidad: el agua, las semillas.. Por eso son las amenazas‟. „Se quemó la finca, no sabemos cómo, una candela muy verraca hace tres años, no solo a mi sino a otros‟.

Una vez que se acabó la fase explorativa, en 2010, Carboandes S.A se retiró y los trabajadores se

quedaron sin trabajo35. Como relata Emidio: „Se va la empresa y queda la gente fregada, sin con

qué vivir, una pobreza en absoluto. Porque mientras ellos estaban trabajando con la minería, se

acabó la finca y se perdieron las semillas‟. Durante el trabajo de exploración se murieron muchos

35

De acuerdo con el informe de Carboandes S.A, en 2010, durante la fase exploratoria, 117 hábitantes de la vereda de Hueco Hondo (el 78% de la población) fueron contratados por la empresa.

Referencias

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